La actividad fue impulsada por la ONG Patitas, Padres TEA, Provoín y un grupo de proteccionistas locales. Entre ellas, Coqui Carbó, referente del bienestar animal en la ciudad, quien fue una de las voces centrales del encuentro.

La propuesta apuntó a visibilizar las múltiples dimensiones del daño que produce el uso de pirotecnia. “No es un solo ruido, son miles, todos juntos, y se vuelven insoportables. La pirotecnia entra sin permiso en los hogares, donde no sabemos qué está pasando: quizá hay un bebé enfermo, un niño con autismo, animales asustados. Nadie debería sentir miedo o angustia por algo que ocurre afuera”, expresó Carbó, remarcando que la celebración no debería convertirse en un motivo de sufrimiento para otros.

Durante toda la tarde, voluntarios distribuyeron folletos informativos y conversaron con vecinos y turistas, insistiendo en la necesidad de ponerse “en el lugar del otro”. La campaña busca recordar que concientizar no implica prohibir la alegría, sino asumir que se vive en comunidad y que cada decisión repercute en quienes nos rodean. “No pedimos que se apague la fiesta. Pedimos que se encienda la consideración”, sintetizó Carbó.

La actividad también se apoyó en la ordenanza municipal que prohíbe la pirotecnia en Gualeguaychú. Sin embargo, desde el sector proteccionista señalan que la normativa necesita mayor presencia estatal para ser efectiva.

Reclamaron más controles intensivos en los barrios donde se denuncia la venta ilegal, pidieron campañas públicas de difusión y acompañamiento concreto a las organizaciones que trabajan en la temática.

“Hablamos de responsabilidad ciudadana, pero también existe la responsabilidad del funcionario de facilitar y ponerse a disposición del voluntariado, que hace un enorme esfuerzo económico y humano”, cuestionó la proteccionista.

Carbó insistió en que cada detonación de un segundo puede arruinar la noche para miles de familias. Aun así, cada fin de año se repiten frases como “es solo un ratito” o “no exageren, siempre se hizo así”. Para las organizaciones, el cambio cultural requiere constancia, empatía y presencia del Estado. “El bienestar de todos es lo que debería importar, y más aún a quienes hoy tienen el privilegio y la oportunidad de cambiarlo”, remarcó.

El compromiso de las más pequeñas

Un capítulo especial lo protagonizaron Albertina y Alfonsina, de 10 y 8 años, quienes participaron activamente de la jornada. Recorrieron el centro, hablaron con vecinos y explicaron por qué están en contra de la pirotecnia y por qué consideran necesario respetar la prohibición vigente desde el 2016.

Después de cada charla entregaban un dibujo hecho por ellas y un caramelo, gesto que sorprendió y emocionó a muchos de los presentes. Para las organizaciones, su participación simboliza la fuerza del mensaje cuando nace de la ternura, el compromiso y la conciencia temprana.

Críticas y propuestas

Las críticas también alcanzaron a la gestión municipal. Según denunciaron los proteccionistas, “no hay recursos suficientes destinados a campañas de prevención ni programas que aborden problemáticas como la tracción a sangre, mientras que sí se han destinado fondos para obras cuestionadas, como el cerramiento del puerto”.

Para las organizaciones, ese contraste revela una falta de prioridades en un tema que afecta de manera directa a personas vulnerables y animales.

La jornada concluyó con un pedido claro: reforzar el cumplimiento de la ordenanza, acompañar a las organizaciones y sostener campañas permanentes. Porque, tal como repiten quienes trabajan cada día con los más afectados, la pirotecnia no es solo un ruido: es una decisión colectiva que puede transformar una fiesta en angustia o en inclusión.

Qué dice la ordenanza vigente

Tal como detalla la ordenanza aprobada en diciembre de 2016 por el Honorable Concejo Deliberante, a partir del 1 de marzo 2017 se encuentra prohibido "el uso, fabricación, depósito y comercialización, tanto en carácter minorista como mayorista, de artificios pirotécnicos en todo el ejido de la Municipalidad de San José de Gualeguaychú”

La prohibición incluye a los denominados “Globos aerostáticos” o similar, en tanto constituyen riesgo potencial de incendio. Quedan excluidos de la ordenanza los artificios pirotécnicos usados para señales de auxilio, emergencias náuticas, para el uso de las fuerzas armadas, de seguridad y/o defensa civil.

Para realizar denuncias los vecinos podrán comunicarse al teléfono 423399.

Los artificios explosivos generan efectos perjudiciales, que impactan negativamente en la salud y seguridad de las personas, aumentan la ocurrencia de accidentes y generan contaminación ambiental por los efectos lumínicos, sonoros y químicos. Estos últimos afectan particularmente animales (silvestres y domésticos), ya niños y adultos mayores.

Así también, los ruidos emanados por el uso de pirotecnia pueden generar en los seres humanos y animales: taquicardia, temblores, aturdimiento, pérdida de control, miedo y/o muerte; provocando además grandes molestias, trastornos permanentes a las personas que no comparten esta forma de festejos, o personas enfermas con determinadas patologías.

El juicio sustanciado contra Alberto Nelson Barnada, de 76 años, por el traslado de 500 kilos de explosivos por una ruta entrerriana, llegó a su fin este viernes con la lectura de la sentencia en el Tribunal Oral Federal de Paraná.

Según confirmó el fiscal José Ignacio Candioti, Barnada fue condenado a 3 años de prisión condicional, al tiempo que la Jueza Federal Noemí Berros, hizo lugar al pedido del decomiso de la Toyota Hilux y de los 500 kilos de gelamón que traslada el hombre en su camioneta.

Prisión condicional para el hombre que trasladó 500 kilos de explosivos en una camioneta

Vale recordar que durante los alegatos, la Fiscalía había solicitado la pena de 4 años de cumplimiento efectivo por entender que Barnada “había cometido un delito de gravedad” y tuvo una actitud “temeraria” al conducir con los explosivos en su camioneta, a lo que se suma que estuvo detenido durante varias horas a escasos metros de una estación de servicios.

La defensa de Barnada, a cargo de Andrés Bacigalupo, había pedido la absolución del acusado y, en forma subsidiaria, que la pena sea condicional. Argumentó que la ausencia de detonadores impedía un estallido y que el material “era absolutamente inofensivo”.

Además, se recordó que el tribunal “ordenó el pedido de la fiscalía para investigar el destino del material explosivo y el origen del mismo”.

Los explosivos fueron secuestrados en junio pasado en el puesto caminero ubicado entre el empalme de la Ruta 12 con la Ruta Nacional 127 y la localidad de Cerrito. Según confirmó el abogado defensor, Andrés Bacigalupo, el imputado iba a declarar este martes, luego de que en la instancia anterior no pudo hacerlo. Se esperaba también para la audiencia del martes la declaración de los funcionarios policiales que participaron del procedimiento y la requisa del vehículo.

Por su parte, el abogado Ladislao Usín Olleros aclaró a Elonce que el cargamento “no se trasladó por caminos vecinales ni rurales para eludir controles, sino en horario diurno por rutas y autopistas nacionales que cuentan con vigilancia y cámaras en los peajes”. “El material iba en la caja de una camioneta y no hubo actitud elusiva. A él se le encomienda el traslado de esa mercadería desde Córdoba a Misiones”, sostuvo el defensor.

En relación al cargamento, indicó que “más allá de la dimensión que se le adjudica, si no tiene los detonantes y elementos que faciliten la deflagración y explosión, es absolutamente inofensivo”. Además mencionó que los responsables de la empresa no fueron citados a declarar, aunque se libró un oficio para que informen el destino de la mercadería.

“El caso recibió un sensacionalismo exacerbado. Si hubiera existido una actitud o propósito doloso, sería distinto; pero el material era inocuo para inducir una explosión”, afirmó Usín Olleros. Los alegatos del juicio están previstos para la semana próxima.

Fue detenido el año pasado en la Ruta 12 y, este jueves, comenzó el juicio donde la discusión pasa por la gravedad de su conducta y el nivel del peligro generado. Declararon testigos expertos en explosivos de la Policía de Entre Ríos y continuará la semana próxima.

Barnada tiene 77 años, es nacido en Chajarí, pero desarrolló su vida en Posadas, Misiones. Se dedica al comercio de equipos viales y mineros, y tiene el título terciario de piloto comercial de avión.

El 12 de junio del año pasado, conducía su camioneta Toyota Hilux por la Ruta Nacional 12 cuando policías del puesto caminero Santa María, cerca de la localidad de Cerrito, detuvieron su marcha para un control de rutina.

Cuando le preguntaron por lo que llevaba en la caja, dijo que eran agroquímicos, pero al observar mejor, los efectivos advirtieron que eran cajas de otro material. Se comprobó poco después que el hombre llevaba 500 kilos de Gelamon V.F. 65% en 20 cajas de cartón. Cada una tenía 15 panes del material explosivo, que iban debajo de una lona. En total, todo el contenido pesó 500 kilos.

El procedimiento tuvo trascendencia nacional, fue presenciado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y luego los policías que descubrieron la carga fueron reconocidos por el gobernador Rogelio Frigerio.

Barnada provenía con la carga desde Córdoba, donde había comprado el Gelamon en la empresa FATMAN (nombre clave que le pusieron a la bomba que Estados Unidos arrojó en Nagasaki, Fat Man). A esta empresa se lo había vendido legalmente Fabricaciones Militares.

Lo que no se sabe es cómo llegó a manos del entrerriano radicado en Misiones sin haber presentado ningún tipo de documentación, permiso, habilitación o todo lo que la reglamentación vigente estrictamente requiere para la compra o manipulación de este tipo de elementos.

Se expone a 6 años de cárcel

El delito imputado es la “tenencia simple de materiales explosivos sin la debida autorización o sin poder justificar su uso doméstico o industrial”, que tiene una pena de tres a seis años de prisión.

El juicio se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado en forma unipersonal por Noemí Berros. Por la acusación pública, el fiscal general es José Ignacio Candioti, mientras que el acusado es defendido por Andrés Bacigalupo y Ladislao Uzin Olleros. La primera jornada del debate, Barnada la presenció mediante videoconferencia, comenzó con su identificación, pero por problemas en la conexión este paso se demoró. El hombre tenía intenciones de declarar, pero lo hará personalmente en la próxima audiencia.

Luego, declararon tres testigos, integrantes de los Bomberos Zapadores, especializados en explosivos. El comisario Julio Godoy, quien contó que Barnada no cumplía con ninguna de las normas de seguridad al momento de transportar el material, desde la señalética en el vehículo hasta una lona antichispa, por ejemplo. Explicó que el Gelamon es uno de los explosivos de más alto voltaje y poder rompedor, que sirve para volar rocas, minas y canteras.

Pudo ser una tragedia

Además, refirió la gravedad de haber cruzado el Túnel Subfluvial, lo cual está prohibido, y, ante las preguntas del fiscal, dijo que en caso de que se hubiese producido un accidente con derramamiento de combustible, las consecuencias hubiesen sido gravísimas tanto para el viaducto como para la vida humana.

En tanto, las 316 unidades de Gelamon secuestrado, clasificado como “alto explosivo con Nitroglicerina”, había sido trasladado a la sede del Ejército Argentino en Paraná, desde donde luego pidieron llevarlo al polvorín del Batallón del Arsenales 603, sito en la localidad de Fray Luis Beltrán, San Lorenzo, donde había condiciones para su almacenamiento. Análisis