Recordando que el conflicto en la empresa productora de acumuladores y baterías (Fademi) comenzó en mayo de 2024 en el marco de los reclamos que realizó el gremio sobre los incumplimientos de la empresa en materia de condiciones de seguridad en la planta, además de haber ejecutado descuentos sin justificación en los salarios de los trabajadores.

La actualidad y el presente del conflicto es sumamente complicado y de gravedad, la problemática se mantiene en el tiempo y no hay soluciones para los trabajadores.

La ciudad de Gualeguaychú no solo es escenario de movilizaciones obreras, sino también del creciente malestar sindical por el accionar de la Dirección del Trabajo, tanto local como provincial. En diálogo con EL ARGENTINO, el Prosecretario Gremial del Sindicato Químico y Petroquímicos Zárate, Martín Gómez, expresó que realizaron una comunicado para seguir visibilizando la problemática y manifestar la denuncia que se realiza ante los organismos competentes:

“Queremos hacer visible nuestro malestar y total repudio a los responsables del funcionamiento de la Dirección del Trabajo de esta ciudad, como así también el actuar de todos los funcionarios del área de la dirección de trabajo de la provincia de Entre Ríos, quienes no han hecho más que aumentar la conflictividad laboral, sin intervenir correctamente ni establecer reglas claras, sin hacer respetar la ley o los convenios colectivos de trabajo vigentes.”

Desde el sindicato denunciaron permisividad e incumplimientos graves. Según el comunicado afirmaron de manera contundente:

“Incumplen con sus obligaciones mínimas, como pagar salarios en tiempo y forma, y hacer cumplir normas de seguridad. Hacemos saber que las empresas tienen la obligación de presentarse en las audiencias y estas no asisten sin ningún tipo de justificación seria. Todo esto lo hacen con la complacencia de la delegación Gualeguaychú, sin tener consecuencias por parte de la dirección del trabajo, sin multas ni sanciones que deberían existir cuando estos tipos de incumplimientos ocurren.”

La preocupación sindical también apunta a una doble vara en la aplicación de sanciones: “Si esto ocurriera en el caso contrario y los que se ausentaran fueran los representantes de los trabajadores, no tardarían un minuto en sancionarnos y multarnos.”

Desde diciembre de 2023, el sindicato ha tramitado una serie de expedientes que revelan graves incumplimientos legales y convencionales:

“Infinitos expedientes donde obran denuncias por incumplimientos legales y convencionales y conductas desleales antisindicales de las empresas como Fademi de la ciudad de Larroque, que sigue en conflicto desde hace más de un año, con un campamento de obreros a la espera que cumplan con la orden judicial de reinstalación dictada el 10 de enero de 2025.”

Otra empresa señalada por el gremio incluye a Silicatos SAIC, radicada en el Parque Industrial Gualeguaychú, se dedica a la fabricación de materias químicas inorgánicas básicas no clasificadas previamente (n.c.p.). Silicatos SAIC ha sido objeto de reiteradas denuncias por parte de sindicatos y organismos ambientales debido a incumplimientos en medidas de seguridad e higiene laboral.

En el mismo comunicado emitido por el sindicato Químico y Petroquímicos Zárate realizaron una nueva denuncia: “Silicatos SAIC no cumple con medidas de seguridad e higiene, abandona a sus trabajadores a la suerte de que no ocurra nada.”

Otra industria que mencionaron en el comunicado fue Laboratorio PYAM S.A., también del PIG. La empresa se presenta como fabricante de potabilizadores y desinfectantes con estándares farmacéuticos. Desde el sindicato denunciaron que no cumple con medidas de seguridad e higiene, y que se ausenta injustificadamente de audiencias laborales, sin recibir sanciones por parte de la Dirección de Trabajo.

“Los incumplimientos ya están constatados por la Secretaría de Trabajo, pero aquí seguimos a la espera de multas por ausencias injustificadas de las firmas a las audiencias que son legalmente citadas bajo apercibimientos de sanciones, que nunca se aplican.”

La denuncia sindical va más allá de las empresas y apunta directamente a la inacción oficial:

“Luego livianamente hablan que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, mientras sólo emplean rigurosamente la ley contra los trabajadores, pero son puestos de rodillas junto con las empresas y empresarios inescrupulosos. Todo esto apoyado por un gobierno nacional y provincial, orientado al sometimiento del trabajador y su grupo familiar.”

En diálogo con el EL ARGENTINO, Martín Gómez, Prosecretario Gremial del Sindicato Químico y Petroquímicos Zárate mencionó hace unos meses atrás que: “Nosotros seguimos esperando que la empresa cumpla con el dictamen de ley que dice que tiene que reincorporar a los 25 trabajadores porque fueron mal despedidos”.

Cabe recordar que el dictamen tiene fecha del 10 de enero de este año. La empresa en marzo presentó una apelación a la Corte Suprema de esa resolución que fue dictada por la Cámara Federal de Buenos Aires. “A principios de abril, la corte les rechazó la apelación. Esto significa que ese fallo quedó firme”, relató Gómez en aquel entonces.

Finalmente, Martín Gómez y el Sindicato Químico y Petroquímico Zárate explicaron el motivo de la difusión pública del conflicto:

“El único motivo de que esta información tiene como objetivo el visualizar y contarle a las comunidades de Gualeguaychú y Larroque lo que está pasando con la delegación de la Dirección del Trabajo es porque no saben, no quieren o no los dejan, pero sí tenemos claro que los únicos perjudicados son los trabajadores y sus familias.”

La crisis en la industria frigorífica argentina se agudiza con la pérdida de más de 130 empleos en las últimas horas. El frigorífico Devesa, en Azul, despidió a 40 trabajadores y advirtió que el número podría llegar a 150. Esto se suma a los 90 despidos en La Pampa, generados por una caída del consumo interno de carne, que acumula 16 meses consecutivos de descenso, y una caída del 20% en las exportaciones.

El golpe a la exportación se agravó tras la suspensión de México, uno de los principales mercados, luego de una auditoría del Senasica que reveló fallas en los controles sanitarios, vinculadas al caos interno en el Senasa. La medida afectó a diez frigoríficos, incluido Devesa, y contribuyó al desplome de las exportaciones en marzo, que cayeron un 36% en volumen y 20% en valor, según el Consorcio ABC.

Además, la falta de recursos en el Senasa, como denuncian los gremios, pone en riesgo los mercados internacionales. Los frigoríficos afectados por las sanciones, como Carnes Pampeanas, enfrentan medidas drásticas, con suspensiones y cierres temporales. El clima de incertidumbre se agrava con la amenaza de Donald Trump de bloquear la carne argentina, lo que podría profundizar aún más la crisis en el sector.

“Nosotros seguimos esperando que la empresa cumpla con el dictamen de ley que dice que tiene que reincorporar a los 25 trabajadores porque fueron mal despedidos”, así lo afirmó a EL ARGENTINO, Martín Gómez, Prosecretario Gremial del Sindicato Químico y Petroquímicos Zárate.

Cabe recordar que el dictamen tiene fecha del 10 de enero. La empresa en marzo presentó una apelación a la Corte Suprema de esa resolución que fue dictada por la Cámara Federal de Buenos Aires. “A principios de abril, la corte les rechazó la apelación. Esto significa que ese fallo quedó firme”, relató Gómez haciendo referencia a las últimas novedades del conflicto.

“La empresa no está cumpliendo con nada, no quieren acatar lo que dice la Justicia, dicen que esa gente ya está despedida. Están pagando una multa de 1,5 millones de pesos por día. El sindicato ya pidió a la justicia que le haga cumplir el fallo, sino que eleve el monto de la multa”, mencionó el sindicalista, aunque los trabajadores quieren volver al trabajo y que la empresa cumpla lo que dictaminó el fallo.

Luchar desde una carpa

El acampe frente a la fábrica lleva 7 meses. “En la carpa un día es bueno y otros no tanto. Los trabajadores que están ahí, cumplen el horario de trabajo, cada uno en su turno. Llegan a las seis de la mañana y se van a la una, por ejemplo los del turno mañana”, describe Martín y mencionó las condiciones del acampe, “hay una carpa grande donde tienen para cocinar, hacen torta fritas, comida, hacen mate. Los muchachos comparten tiempo entre ellos, conversan con los vecinos, alguno que pasa se suma a la charla, algunas veces, también van las familias. Y, están aguantando, son muchos meses y la cabeza empieza a trabajar”, comentó Gómez que ve esa realidad como lamentable, “porque los que tienen que intervenir no están haciendo nada”.

Las familias de los trabajadores despedidos están siendo sostenidas por sus propios compañeros, “se realizó una gran colecta que organizó el sindicato a mediados de septiembre. Además, estamos haciendo coletas con otras compañías. También, el sindicato le está dando mercadería una semana y la otra semana le damos un bolsón de carne”, relató el dirigente sindicalista y agregó que “la idea es que tengan algo como para sobrevivir. Lamentablemente nadie se está haciendo cargo de la situación de esta gente. La justicia sacó eso, pero no pueden hacer cumplir el fallo”.

Medidas de fuerza para la semana que viene

Martin Gómez afirmó que “el día 30 de abril, el miércoles que viene vamos a ser una movida. Estamos organizando una marcha con la gente y con las familias de los trabajadores. Vamos a salir de la puerta de la fábrica, a recorrer la ciudad de Larroque y vamos a pasar por el municipio, para que vea la gente de Larroque que el problema no está solucionado”, finalizó el sindicalista.

Los trabajadores apoyados por el sindicato aseguraron que mientras qué los despedidos no sean incorporados, van a permanecer en la puerta de la planta en protesta.

37 despidos sin indemnización

FADEMI nació hace 50 años, como una empresa familiar en la ciudad de Larroque, es productora de acumuladores y baterías. En junio del 2024 sus trabajadores reclamaron incumplimientos por parte de la empresa sobre las condiciones de seguridad de la planta y por haber ejecutado descuentos injustificados. Al no tener respuesta, los trabajadores hicieron uso del derecho a huelga. A partir de esto, la empresa empieza a descontar horas de trabajo y suspende trabajadores.

Con medidas de fuerza más acentuadas, la Justicia decretó dos conciliaciones obligatorias, sin buenos resultados para el sector trabajador. Al profundizar esas medidas, la empresa despide a dos trabajadores. Unas semanas posteriores llegan cartas documentos con el despido para 35 trabajadores, bajo la imputación de ausencias injustificadas.

Finalmente, la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló en contra de la empresa química FADEMI S.A, ubicada en la provincia de Entre Ríos, y le ordenó reincorporar a los 25 trabajadores despedidos por haber participado de una huelga convocada por el Sindicato de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate (SPIQyP).

El derecho a huelga y su protección legal

La Constitución Nacional Argentina, en su artículo 14 bis, garantiza el derecho a huelga como una herramienta legítima de los trabajadores para defender sus intereses. Este derecho también está respaldado por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que establece que la participación en medidas de fuerza no puede ser motivo de despido.

En el Día Mundial de la Justicia Social, cinco regionales de la Confederación General del Trabajo (CGT) deliberaron sobre los principios fundamentales del concepto, que radica en apunta a garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, independientemente de su origen, etnia, nivel socioeconómico, género y cualesquiera otras características sectoriales.

“La justicia social puede ser comprendida de distintas formas, pero siempre gira en torno a la idea de que las sociedades pueden mejorar y garantizar un reparto más justo de las riquezas. En general, apunta a disminuir los márgenes de exclusión y discriminación y a combatir la pobreza y la desigualdad”, expresa el comunicado difundido tras la reunión que los gremios de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Gualeguay, Concordia y Paraná mantuvieron en el predio del sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas, en Pueblo General Belgrano.

“El Trabajo es el ordenador social por excelencia que permite dentro de su forma digna alcanzar los parámetros señalados por la justicia social. Los sindicatos y sus organizaciones gremiales bregan constantemente por el estado de bienestar que permita acceder a una igualdad de oportunidades, garantizando condiciones universales, como un acceso generalizado a la educación a la salud y a las oportunidades de empleo, y que no se vean obstaculizadas por ninguna forma de discriminación”, sostiene el documento.

Duras críticas al gobierno provincial

Por otra parte, entre los párrafos más críticos, los cegetistas valoraron el trabajo de los sindicatos, que “protegen a los trabajadores en la defensa de sus intereses y mejorar su nivel de vida en un contexto marcado por la desigualdad económica entre empleadores y empleados valiéndose del marco legal que lo ampara”, y cuestionaron: “en este contexto lo que hoy nos ocupa es la falta de los instrumentos y la desidia en la aplicación de las normas laborales, es allí donde la secretaria de Trabajo Provincial pierde el valor que ha caracterizado siempre, de ser la herramienta de negociación colectiva y en la solución de los conflictos laborales, a través de la mediación, conciliación y el arbitraje, ejerciendo el poder de policía del trabajo”.

“¿Qué hizo la Secretaría de Trabajo ER (de Entre Ríos), el Secretario de Gobierno de la provincia y el mismísimo gobernador?”, se preguntaron sobre sus roles ante el conflicto que tiene el Sindicato Químico con la empresa Fademi S.A., que “ante la indiferencia de los entes gubernamentales tuvieron que recurrir a la Cámara Nacional De Apelaciones Del Trabajo - Sala Feria, que ordenó la inmediata reincorporación de 25 trabajadores de Fademi S.A. y que el Juzgado de Trabajo Nº 1 de Gualeguaychú tuvo que dictar una medida cautelar para evitar que la empresa ingrese rompehuelgas”.

En esta línea, las regionales de la CGT cuestionaron la inacción del gobierno de Rogelio Frigerio ante la situación de los trabajadores de la Granja Tres Arroyo en Concepción del Uruguay, en situación de conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de Nacional.

“Unilateralmente la empresa incumple y cierra la planta (Lockout patronal). Será una medida casual y arriesgada o hay contactos con el Gobierno Nacional de Milei. ¿De quiénes son estas empresas? ¿Por qué se animan tanto? ¿Quiénes les permiten hacer lo que hacen? Quién permite el siga, siga..? ¿El gobierno del ajuste en jubilaciones, salud, educación y vivienda?”, apuntaron.

El conflicto docente, al cual se alineó la CGT a nivel nacional, también tuvo un apartado en el comunicado emitido. Así como el tren y el Banco Nación: “El ámbito gremial crece en grado de conflictividad, los docentes el 24/02 inician el ciclo lectivo con paro, se anuncia el remate de la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística, también se informó de transforma al Banco de la Nación Argentina en una Sociedad Anónima (S.A.), un paso previo a su eventual privatización”.

“Intervenciones a sindicatos y obras sociales con el solo propósito destrucción a la contención social. Exigimos una fuerte corrección de rumbo para la defensa del trabajo genuino y una búsqueda de soluciones que garanticen una mejor calidad de vida de las y los trabajadores en definitiva los integrantes de nuestra comunidad”, sostuvieron. Y, por último, realizaron un llamado a la unidad sectorial: “Plantaremos las banderas de la resistencia apoyando a cada sindicato que vea lesionado los derechos laborales, porque somos conscientes que en la unidad del movimiento obrero está la fuerza transformadora de la realidad”.

La jueza de Garantías de Gualeguay, Alejandra María Cristina Gómez, ordenó que los hermanos Taffarel permanezcan alojados en la Jefatura Departamental hasta el próximo 1 de marzo. Como argumento central de la determinación esgrimió que existe el riesgo de que los acusados entorpezcan la investigación si están en libertad.

Los hermanos Mauricio y Cristhian Taffarel, quienes fueron sindicados y apresados como supuestos responsables de un grave mensaje mafioso: en la puerta del domicilio de Gualeguay, donde viven María Silvia de Miguel (66) y María Laura Díaz de Miguel (39), la primera directiva de la empresa y la segunda personal jerárquico, habrían dejado una caja de cigarrillos con dos balas.

La fiscal Ana Paula Elal solicitó la prisión preventiva de los mencionados imputados por el plazo de treinta días, en razón de los siguientes fundamentos: A los fines de resguardar el proceso; que entiende que existen indicios suficientes como para acreditar en ese sentido la autoría de los imputados en el hecho; entiende que existe un peligro de entorpecimiento en caso de que los imputados permanezcan en libertad, pues existieron algunas maniobras; entiende también de que la prisión preventiva de ambos imputados resulta importante hasta tanto se cuente con la pericia de los teléfonos ya que pueden surgir datos muy importantes como a sí mismo otras personas que se encuentren involucradas en este hecho.

La representante del Ministerio Público Fiscal agregó que las víctimas se “encuentran con mucho miedo, que se lo han manifestado, que claramente estamos ante un hecho de mucha gravedad y en el cual las amenazas han ido escalando de una manera sideral en el cual ellos ya en este momento no encuentran forma de resguardarse”.

El abogado de los acusados, que a su vez ejerce la defensa del sindicato Químico y Petroquímico de Zárate en el conflicto con la fábrica de Larroque afirmó que la difusión de imágenes con la caja conteniendo los proyectiles hizo que la investigación dejara de ser privada.

“Deja de ser un hecho puntual. Tiene un contexto que se enmarca en un conflicto y que se quiere utilizar a la ley penal para dar una versión de que los trabajadores son gente al estilo Moyano (Hugo Moyano, sindicalista camionero y ex-secretario general de la CGT) que bloquea una fábrica, que amenaza, amedrenta, y nada de eso existe en esa causa”. APF

El conflicto entre la principal industria de Larroque, Fademi, y el sindicato Químico y Petroquímico de Zárate suma un nuevo y grave capítulo. Luego de meses de acampe en el ingreso de la planta, despidos, marchas y contramarchas, dos ex empleados fueron detenidos.

Según el parte policial al que accedió EL ARGENTINO, los hermanos Mauricio y Cristhian Taffarel fueron sindicados y apresados como responsables de un grave mensaje mafioso: en la puerta del domicilio de la ciudad de Gualeguay, donde vive María Silvia de Miguel, de 66 años, y María Laura Díaz de Miguel, de 39 años, la primera directiva de la empresa y la segunda, personal jerárquico, encontraron una caja de cigarrillos con dos balas.

Sucedió el 28 de enero, aproximadamente a las 2 de la mañana, y la caja de cigarrillos estaba envuelta con un papel que decía “Familia de Miguel”, escrito con un fibrón negro. “Acto seguido procedimos a la apertura de la misma, encontrándonos en su interior con dos balas, las que identificamos como una fal 7.65 y una 45 milímetros, ambas armas de uso militar”, indicaron las denunciantes.

“Esta amenaza se suma al accionar de otro ex empleado que distribuía por mensajes de Whatsapp un sticker macabro en el que se ve a un miembro de la comisión directiva del sindicato bonaerense con las cabezas sangrantes y degolladas de un socio y un miembro del staff jerárquico de Fademi”, expusieron desde la firma.

Anteriormente, la empresa había denunciado a distintos ex empleados por “daños en la vivienda personal de uno de los socios; por destrucción de alambrados de la empresa y por el atentado contra un personal jerárquico en el que arrojaron bombas de alto poder en su vivienda personal, donde habita junto a su esposa e hijos pequeños”.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Diario El Argentino (@diarioelargentinogchu)

Además, desde la firma indicaron que han sufrido “distintos aprietes” por parte de miembros del sindicato. A raíz de los cuales, la Justicia ordenó prohibiciones de acercamiento y otras medidas a directivos jerárquicos de la firma de Larroque, que viven en Gualeguay.

En este sentido, en la denuncia policial, a la que accedió EL ARGENTINO, María Laura Díaz de Miguel manifestó que tiene un botón antipánico y una medida de restricción vigente contra los delegados sindicales Ignacio Gervasoni, Rodrigo Maciel, Aurelio Benedetti y Sebastián González, en el marco de una denuncia tramitada en la Fiscalía de Gualeguaychú a cargo del doctor Facundo Álvarez.

Por otra parte, según se hizo trascender desde Fademi, la misma interpuso una denuncia por el delito de “Desbaratamiento de empresa”, previsto en el Artículo 174, inciso 6 del Código Penal, ya que “es indudable que estas acciones delictivas junto con un acampe que lleva más de siete meses, tienen como propósito afectar el normal desenvolvimiento de la industria poniendo en vilo la totalidad de las fuentes de empleo que genera”.

En comunicación con EL ARGENTINO, Martín Gómez, prosecretario gremial del Sindicato Químico y Petroquímicos de Zárate, evalúo la actualidad del conflicto que ya lleva ocho meses de idas y vueltas, de conciliaciones obligatorias, despidos y, lo más grave, el no acatamiento de la firma Fademi a lo resuelto por la Cámara Federal.

La actualidad

El 10 de enero pasado, la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio lugar al reclamo del Sindicato de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate, que conduce Oscar Casco, y la química entrerriana Fademi S.A deberá reincorporar provisionalmente a los 25 trabajadores despedidos por participar de una huelga convocada por el gremio.

Sobre el fallo, Martín Gómez afirmó: “estamos esperando que la empresa acate lo dictado por la justicia, los trabajadores están esperando que los notifiquen para volver a trabajar. Con este fallo a favor de los trabajadores, la Justicia no le permite a la empresa tomar nuevos empleados”.

A la lucha se han sumado diferentes sectores del departamento y la provincia. Recordemos que Fademi nació hace más de 50 años, como una empresa familiar en la ciudad de Larroque, hoy sus empleados están en alerta y recibe denuncias del gremio por acciones que violan los convenios de trabajo.

“Llevamos cuatro meses de acampe. En estos cuatro meses, la empresa ha intentado entorpecer la lucha de los trabajadores de diferentes maneras, intimidando a sus familiares, haciendo denuncias falsas e, inclusive, tratando de contratar nuevo personal para así entorpecer la huelga”, mencionó el representante gremial.

Otra medida que el gremio solicitó fue que se condene a la empresa por práctica desleal, invocando los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El conflicto

“El conflicto se inició más o menos en mayo del 2024, por temas de seguridad e higiene. Veníamos haciendo reclamos en mejoras de unos sectores que no venían siendo atendidos por la empresa. Entonces, debido a la ausencia de respuestas, decidimos hacer uso del artículo 26 del Convenio Colectivo de Trabajo. El artículo dice que si el puesto no está en condiciones para trabajar y correr riesgo la integridad física del trabajador éste se puede negar a trabajar”, explicó Gómez, en relación a los orígenes del conflicto.

En este sentido, hizo referencia a la actitud que tomó la firma en relación a esa primera medida: “a raíz de esto la empresa empieza con una persecución, descontando horas de trabajo, suspendiendo gente e inventando causas. Se hicieron las denuncias correspondientes al Ministerio de Trabajo y se dejó asentado que íbamos a realizar más medidas de fuerza. Cuando realizamos esta medida de fuerza la persecución se agravó más y se dictó la primera conciliación obligatoria”.

Primera y segunda conciliación obligatoria

“Una conciliación obligatoria que no retrotrajo ni la suspensión ni los descuentos indebidos. Lo que hizo es garantizar la producción al empresario”, denunció Gómez. “Cuando termina esta conciliación obligatoria, volvemos a realizar otra medida de fuerza. Entonces, se dictó la segunda conciliación obligatoria, en las mismas condiciones. Al terminar con la segunda conciliación obligatoria despiden los primeros tres trabajadores, enseguida se realizó una asamblea y se decidió salir en apoyo de estos en repudio a los despidos”, relató el gremialista.

“A medida que pasaron los días la empresa empezó a intimar a los compañeros que estaban haciendo uso del derecho a huelga y después de esa intimación le llegaba la carta documento con el despido”, explicó Gómez. En total, fueron 37 trabajadores despedidos bajo la imputación de ausencias injustificadas y el argumento de que la acción gremial no formaba parte del derecho constitucional de huelga.