La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó de manera definitiva el archivo de la causa judicial iniciada a raíz del acuerdo financiero suscripto en el año 2018 entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de 57.000 millones de dólares. La resolución, rubricada por los magistrados Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, rechazó el recurso planteado por la representación fiscal y confirmó lo resuelto previamente por las instancias inferiores del fuero federal respecto a las actuaciones tramitadas sobre exintegrantes del Poder Ejecutivo Nacional.

El proceso judicial, dictaminado inicialmente en el Juzgado Federal N° 5 y con ratificación de la Cámara Federal en febrero de este año, se orientaba a determinar si la tramitación del crédito internacional y la posterior administración de las divisas configuraron delitos en perjuicio de la administración pública o incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación comprendía el accionar desarrollado por la conducción del Poder Ejecutivo de dicho período y los responsables de las carteras de Economía, Finanzas y el Banco Central de la República Argentina.

De acuerdo con las pautas vertidas en el texto del fallo judicial, a lo largo de los cinco años de instrucción no fue posible fundamentar una hipótesis delictiva concreta sobre el accionar de los imputados. El dictamen fiscal subrayó que las acusaciones planteadas se centraron en cuestionamientos de índole general a la orientación de las políticas públicas y al modelo económico implementado, en lugar de acreditar infracciones específicas a la normativa legal vigente sobre la aplicación de los fondos.

Al desestimar la existencia de desviaciones en los procedimientos normativos requeridos para la toma de deuda o la afectación irregular de los recursos, la Cámara de Casación clausuró la vía ordinaria de revisión, otorgando carácter de cosa juzgada a la resolución que dispone el archivo de la causa respecto a todos los funcionarios sumariados en la investigación.

El Juzgado Federal de la ciudad de Victoria, a cargo del juez Federico Martín, dictó sentencia en tres acciones de amparo presentadas de manera independiente por trabajadores jubilados bajo el Régimen de Trabajo Agrario. La resolución judicial dispone la suspensión inmediata de la retención del 5 por ciento que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicaba mensualmente sobre los haberes previsionales bajo el concepto “Cargo Aportes Agrarios” o sus denominaciones equivalentes. La medida se mantendrá vigente hasta tanto las autoridades competentes dicten la reglamentación correspondiente al artículo 83 de la Ley N° 26.727.

Asimismo, el fallo judicial declaró la inconstitucionalidad del artículo 3 del Decreto N° 157/2018 y ordenó al organismo nacional un plazo de 60 días para confeccionar la liquidación final de la deuda por aportes omitidos. En dicho informe, la Anses deberá precisar los montos definitivos a descontar o proceder al reintegro de las sumas retenidas en caso de corresponder, imponiendo las costas del proceso al organismo demandado.

Ante la falta de dictado de las normas complementarias por parte de la autoridad de aplicación, la Anses implementó la Circular PREV-27-05. A través de esta disposición interna, el organismo procedió a descontar de forma preventiva un 5 por ciento mensual de los haberes por aquellos períodos de servicios anteriores al 1 de enero de 2012 no registrados formalmente en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Al analizar la fundamentación del fallo, el magistrado interviniente sostuvo que la prórroga indefinida de este esquema provisorio genera un estado de incertidumbre sobre el monto total adeudado y la duración del descuento, afectando la naturaleza alimentaria de las prestaciones previsionales. En la resolución se señaló que el mecanismo derivó en la formulación de cargos preventivos sobre aportes hipotéticos que la administración presupone omitidos, configurando una situación de arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta en los términos de la Ley de Amparo N° 16.986 y el artículo 43 de la Constitución Nacional.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) contra el Estado nacional. En su fallo, declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que suspendió la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) y ordenó al Poder Ejecutivo su puesta en marcha inmediata.

La controversia comenzó tras la sanción de la ley en agosto de 2025. Aunque el presidente Javier Milei la vetó mediante el Decreto 647/2025, el Congreso ratificó el texto original con la mayoría agravada de dos tercios. Al promulgarla, el Ejecutivo condicionó su aplicación invocando el artículo 5° de la Ley 24.629 de Administración Financiera, el cual exige precisar la fuente de recursos para autorizar gastos.

Durante el proceso, las instituciones académicas denunciaron un "fraude constitucional" y un "re-veto" encubierto. La UBA señaló que la prórroga del presupuesto 2023 durante 2024 y 2025 provocó una pérdida del 40% en el poder adquisitivo de los salarios y afectó el funcionamiento de sus centros de salud. Por su parte, el Gobierno sostuvo que la norma demandaba más de un billón de pesos, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal.

Al desestimar la postura estatal, el juez Cormick remarcó que, tras la insistencia parlamentaria, el presidente debe promulgar la ley de manera irrestricta. Señaló que la propia norma contemplaba mecanismos de financiamiento en su artículo 9° —facultando la reasignación de partidas— y calificó de irrazonable anteponer restricciones legales pasadas a una ley especial y posterior.

La resolución unificó los reclamos del CIN y la UBA, y homologó acuerdos paritarios pactados en junio entre la Secretaría de Políticas Universitarias y los gremios. Dichos acuerdos establecieron una actualización salarial del 24,33%, un incremento del 20% para gastos de funcionamiento desde junio de 2026, $50.000 millones para hospitales universitarios y un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano. Con este fallo, la justicia ratificó la plena vigencia de la norma y exigió al Ejecutivo dictar la reglamentación para garantizar los fondos.

Bloques opositores pidieron este jueves una sesión especial para el próximo 15 de octubre para debatir los proyectos de prórroga de discapacidad y la derogación del DNU 70/23, con el objetivo de restituir la ley de tierras que limita la venta de tierras a extranjeros.

La solicitud fue realizada por el bloque de Unión por la Patria, la izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Provincias Unidas, como lo había adelantado este miércoles la Agencia Noticias Argentinas.

También se incluyó en el temario el proyecto sobre el endeudamiento familiar, donde el oficialismo pudo imponer el dictamen de mayoría.

Ahora la oposición deberá alcanzar acuerdos con otros bloques que no firmaron el pedido de sesión especial para poder conseguir el quórum de 129 legisladores y así habilitar el debate de la sesión.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, resolvió conceder un recurso de casación impulsado por la representación legal de Máximo Kirchner, Florencia Kirchner y Sebastián José Sánchez, este último en calidad de director de las firmas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. La medida habilita una nueva instancia de revisión orientada a expedirse sobre la vigencia y ejecución de las medidas cautelares que pesan sobre diversos inmuebles vinculados a la causa judicial.

La representación técnica, a cargo del abogado Luis Joel Goldin, había elevado la apelación luego de que el tribunal de primera instancia rechazara los planteos iniciales. En la fundamentación del recurso, la defensa sostuvo que la decisión recurrida generaba un gravamen de imposible reparación ulterior al avanzar con actuaciones preparatorias referentes al patrimonio. Asimismo, se argumentó que existe un recurso de queja pendiente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación referente a la cuantificación y procedencia de las disposiciones patrimoniales, invocando la necesidad de evitar situaciones irreversibles previas a la intervención del máximo tribunal.

Paralelamente, la defensa de las personas jurídicas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. fundamentó la presentación señalando que el mantenimiento de cautelares sobre bienes titularidad de las sociedades vulnera la autonomía patrimonial y la personalidad jurídica diferenciada de ambas entidades. Según la postura volcada en el expediente, la postergación del tratamiento formal de la situación de las empresas mientras persisten las restricciones cautelares afectaría el derecho de propiedad y la garantía de defensa en juicio.

Con la apertura de esta vía apelativa, la Cámara Federal de Casación Penal deberá analizar los alcances del dictamen originario, el cual involucra propiedades ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —entre ellas un departamento situado en la calle San José al 1111 y unidades en el complejo Madero Center— así como otros inmuebles localizados en la provincia de Santa Cruz.

La resolución de fondo sobre estos activos se enmarca en la etapa posterior al fallo dictado en la denominada causa Vialidad, en la cual el TOF N° 2 había establecido a fines de agosto un embargo preventivo sobre los bienes alcanzados por el proceso por un monto total de $684.990.350.139,86, resguardo dispuesto con el objeto de preservar los activos de manera previa a la resolución definitiva sobre su destino legal.

La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la denominada Ley de Tierras Rurales, al considerar que la entidad que promovió la demanda carecía de legitimación.

El máximo tribunal sostuvo que “frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”.

La sentencia, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, advirtió además sobre la actuación de tribunales inferiores que reconocen legitimaciones alejadas de los requisitos constitucionales para habilitar una causa judicial.

“A pesar de que existe una clara y reiterada jurisprudencia de esta Corte respecto de los recaudos constitucionales para la configuración del caso judicial, todavía existen tribunales nacionales que insisten en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas de ella”, señaló el fallo.

La Corte aclaró, sin embargo, que la decisión se limita al rechazo de la demanda por falta de legitimación de la actora y por ausencia del requisito constitucional de caso o controversia.

En ese sentido, precisó que el pronunciamiento “no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023” ni implica interferencia sobre la intervención del Poder Legislativo prevista por la Constitución Nacional.

La causa se inició a partir de una acción de amparo presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el Poder Ejecutivo Nacional, con el objetivo de obtener la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del DNU.

La Corte Suprema rechazó que una asociación pueda accionar en defensa de la soberanía territorial como si fuera un derecho de incidencia colectiva amparado por el artículo 43 de la Constitución Nacional.

En diciembre de 2023 se derogó mediante DNU la ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. Durante la feria judicial de enero de 2024, el juez federal de La Plata Ernesto Krepak dictó una medida cautelar que repuso la vigencia de la ley. El juez Alberto Recondo posteriormente dejó sin efecto esa cautelar y rechazó la presentación por considerar que la agrupación demandante no tenía legitimación.

La Sala III de la Cámara Federal de La Plata revirtió esa decisión, admitió la demanda, declaró la inconstitucionalidad del punto del DNU y ordenó reinscribir la causa como colectiva; esa resolución fue apelada por el Estado Nacional.

Al analizar el caso, la Corte sostuvo que la Cámara había admitido la legitimación del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Integración de la Comunidad (CECIM) bajo la idea de que la soberanía nacional es un bien colectivo y que, en consecuencia, la asociación podía defender un derecho de incidencia colectiva. La Corte afirmó que “el encuadre de la pretensión de la actora realizado por la Cámara, al considerarla apta para sustentar un proceso que tiene por objeto la protección de derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos, carece de todo fundamento”.

El tribunal explicó que la soberanía territorial es “uno de los elementos constitutivos del Estado” y que, por esa razón, no puede ser considerada un bien colectivo en el sentido del artículo 43 de la Constitución Nacional ni de la jurisprudencia que regula la acción colectiva.

Agencia NA

La Justicia procesó este martes al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, en la causa que investiga presuntas coimas en la compra de medicamentos.

La medida fue adoptada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

Además de Spagnuolo, también fueron procesadas otras 18 personas, a quienes se las acusa de haber conformado una presunta asociación ilícita.

Caso Andis: detectaron un desfasaje de $158.717 millones

Por otro lado, la Cámara Federal rechazó un planteo realizado por la defensa de otro de los imputados que pedía anular la causa, ya que cuestionaba si los audios que dieron inicio a la investigación fueron conseguidos de forma lícita.

Los procesamientos habían sido dictados por el juez Sebastián Casanello en febrero de este año. La causa se encuentra ahora en manos del juez Ariel Lijo, actual subrogante del Juzgado Federal N°11.

Según la hipótesis del fiscal Franco Picardi, Spagnuolo sería el jefe de un esquema de corrupción con el pedido de coimas para direccionar la contratación a determinados laboratorios en la compra de medicamentos e insumos.

Los jueces señalaron en el fallo que “se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios”, cuya finalidad era la “obtención de ganancias indebidas”.

Además, apuntaron que el extitular del ANDIS habría tenido “intervención en las maniobras ilícitas desarrolladas en el seno del organismo que se encontraba a su cargo”.

La decisión de la Cámara se da luego de que se conoció que una auditoría encontró un desfasaje de $158.717 millones en los registros internos de la ANDIS, y un día después de la salida de quien era su actual titular, Alejandro Vilches.

Además, este miércoles se espera la declaración de Nadia Beller, la exnovia de Fernando Cerimedo, quien aseguró tener pruebas de que el exasesor de Javier Milei fue quien filtró los audios atribuidos al extitular del ANDIS.

El tribunal integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg absolvió a Julio De Vido, Carlos Castellano, Daniel Freidin, Daniel Nasif y Karina Nasif. Paralelamente, los magistrados condenaron al exsecretario de Obras Públicas José López y al exsubsecretario Abel Fatala a dos años y nueve meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como coautores de administración fraudulenta. Asimismo, los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender, recibieron penas de dos años y ocho meses y dos años y cuatro meses de prisión en suspenso, respectivamente, en calidad de partícipes necesarios.

En el caso de la condena a Sergio Schoklender, la pena es de dos años y nueve meses de prisión en ejecución condicional, en el marco de la causa penal iniciada para investigar irregularidades en la administración financiera del programa de viviendas «Sueños Compartidos». La resolución judicial atribuye al imputado responsabilidad en el delito de desvío de fondos de origen público destinados a la ejecución de obras habitacionales desarrolladas bajo el amparo institucional de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Luego de la notificación de la sentencia dictada por los integrantes del tribunal, Schoklender brindó declaraciones a los medios de comunicación en las inmediaciones de los tribunales federales de Comodoro Py. Durante el intercambio periodístico, el querellado negó la existencia del desvío de recursos económicos afirmando que la totalidad de los giros financieros cuestionados por la instrucción judicial se encuentran respaldados en los registros contables correspondientes a los servicios de proveedores operados durante el período de su gestión directa al frente de las obras.

El imputado puntualizó que los fundamentos técnicos correspondientes al veredicto emitido por el Tribunal Oral N° 5 serán dados a conocer formalmente en el mes de noviembre. A partir de la lectura de las consideraciones finales de la sentencia, las representaciones legales de las partes involucradas contarán con el marco normativo habilitado para interponer los recursos de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal y, eventualmente, solicitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para determinar la resolución definitiva del proceso penal.

La Justicia federal de los Estados Unidos declaró culpable al empresario Federico “Fred” Machado por los delitos de conspiración para lavar dinero y fraude electrónico. El fallo, dictado por el Tribunal Federal del Distrito Este de Texas, se produjo luego de que Machado admitiera su responsabilidad a cambio de retirar los cargos por narcotráfico, los cuales conllevaban penas sensiblemente mayores.

Extraditado desde la Argentina a fines del año pasado tras haber sido detenido en Río Negro en 2021, el financista aguarda la fijación de su condena definitiva. La resolución reavivó el entramado de vínculos políticos con el exdiputado José Luis Espert. Durante la campaña legislativa de 2025, se reveló que el dirigente libertario había percibido transferencias millonarias no declaradas y utilizado aviones privados del empresario durante sus giras electorales.

El escándalo de financiamiento irregular derivó en denuncias por inconsistencias en los gastos de campaña y un severo costo político que culminó con la renuncia de Espert a su candidatura en la provincia de Buenos Aires y a su banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

El informe oficial presentado por el organismo en su sitio web precisa que el expediente contra la casa madre del fútbol argentino se enmarca en cuatro artículos específicos del Código Disciplinario. Las imputaciones responden a presuntas infracciones sobre la prohibición de servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones ajenas al juego, conducta inadecuada, discriminación y agresiones racistas, además de faltas a los protocolos de orden y seguridad en los estadios.

Según justificó la entidad madre del fútbol mundial, las actuaciones se iniciaron a partir de cánticos y gestos discriminatorios, demoras en el inicio de los encuentros, incumplimiento de normativas de seguridad, exhibición de mensajes inapropiados por parte del plantel y de los espectadores, e incidente de lanzamiento de objetos a la cancha durante diversos partidos disputados por el seleccionado nacional a lo largo del certamen internacional.

En paralelo, el órgano rector del fútbol evaluará de manera individual el comportamiento de los futbolistas argentinos Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada, así como el del integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala —quien protagonizó un altercado con Dani Olmo tras el encuentro definitivo—, junto con el accionar del mediocampista español Pablo Martín Páez Gavira, "Gavi".

Estas investigaciones individuales responden a la recepción del informe elaborado por el procurador designado para casos disciplinarios y de ética, encargado de examinar los incidentes registrados durante el partido decisivo del torneo.

Siguiendo la recomendación del fiscal interviniente, la FIFA formalizó la apertura de un proceso por posibles faltas vinculadas a agresiones directas. En ese apartado, Molina afronta dos cargos —uno consumado y otro en grado de tentativa—, Paredes acumula tres cargos en su contra, y Ayala registra un cargo. Por su parte, en lo respectivo a la figura de conducta antideportiva, la nómina de imputados incluye a Thiago Almada, a Nahuel Molina y al propio Gavi, con un cargo imputado a cada uno.

De acuerdo a los procedimientos reglamentarios estipulados por el Código Disciplinario, la FIFA concedió a la AFA, a los futbolistas y al colaborador del cuerpo técnico un plazo legal para presentar sus descargos y exponer su postura oficial antes de que la Comisión Disciplinaria emita un fallo definitivo sobre las eventuales sanciones.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Santa Cruz condenó a tres años de prisión condicional al excapitán de navío destituido Claudio Javier Villamide (62) por su responsabilidad en el hundimiento e implosión del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, donde fallecieron sus 44 tripulantes.

En el mismo veredicto, el tribunal absolvió al contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo (66), al capitán de navío (RE) Héctor Aníbal Alonso (61) y al capitán de fragata (RE) Hugo Miguel Correa (57), quienes también llegaron a juicio acusados por el hecho.

Por mayoría, los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Alberto Giménez consideraron a Villamide —quien comandaba la Fuerza de Submarinos al momento del siniestro— autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte. Además de la pena condicional, se le impuso la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

El equipo de fiscales anticipó que, luego de que el 21 de agosto se difundan los fundamentos del fallo, analizarán recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal. En sus alegatos del 22 de junio, el Ministerio Público Fiscal (MPF) había solicitado penas de entre tres y cinco años de prisión para los cuatro acusados, además de la inhabilitación especial perpetua.

Tras las últimas palabras de los imputados, quienes se declararon inocentes, el tribunal rechazó los planteos de nulidad de la defensa y dictó el veredicto. Aimismo, declaró improcedentes los pedidos de la fiscalía sobre la aplicación de medidas cautelares de activos y el levantamiento de la suspensión de la actuación administrativa iniciada en 2017 para determinar el costo material de la pérdida de la nave.

El proceso de venta de los activos de la cooperativa láctea SanCor quedó completamente paralizado. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, Santa Fe, hizo lugar al recurso de queja presentado por Fidulac SA, la sociedad liderada por el empresario de medios Gustavo Scaglione. Con este fallo, el tribunal habilitó la apelación contra la resolución del juez de primera instancia, Marcelo Gelcich, quien había aprobado el pliego de la licitación, fijado los valores base de los siete lotes y establecido el cronograma para la enajenación de los bienes.

La decisión judicial lleva la firma de los camaristas María José Álvarez Tremea, Duilio Maximiliano Hail y Pablo Lorenzetti. La resolución implica que la licitación de las plantas y de las marcas comerciales de SanCor no podrá seguir adelante hasta que la propia Cámara analice el fondo del planteo presentado por Scaglione, quien cuestionó severamente el mecanismo elegido para llevar adelante la venta de la histórica firma láctea.

El conflicto sumó tensión el pasado 19 de junio, cuando Fidulac SA —que reviste el doble carácter de acreedor en el proceso y de potencial interesado en adquirir activos— apeló la resolución del 11 de junio que ponía en marcha la subasta. Sin embargo, el 26 de junio el juez Gelcich rechazó el planteo dictaminando que el escrito era "inexistente", bajo el argumento de que la firma de Scaglione se había realizado de manera electrónica mediante la plataforma DocuSign y no en forma manuscrita. Ante esto, la firma recurrió en queja directa a la Cámara.

Los camaristas rechazaron de plano el criterio del magistrado de grado, señalando que incurrió en un “exceso de rigor formal” apoyado en un argumento que “paradójicamente no existe”. Recordaron que la firma electrónica está plenamente reconocida por la ley argentina y goza de presunción de validez mientras no sea desconocida por su autor. “Mal puede el juzgador sustituir a la parte y desconocer de oficio una firma que su propio autor incluso reivindicó”, enfatizaron, sumando que el escrito contaba además con la firma digital del abogado patrocinante y un poder general por escritura pública.

Si bien la Ley de Concursos y Quiebras restringe las apelaciones para evitar dilaciones, la Cámara consideró que este caso es una excepción debido a la "trascendental importancia" de la venta de SanCor, cuyas consecuencias podrían ser irreversibles para la continuidad de la empresa.

En su reclamo de fondo, Fidulac alega que vender los activos por separado atenta contra la unidad económica de la láctea, critica que no se realizara una tasación integral y denuncia que los acreedores solo podían acceder a los informes mediante un Data Room pago. También objetó la rebaja del 20% en el valor de la planta de Sunchales tras el incendio del 7 de junio, argumentando la falta de un informe técnico que la respaldara. Ahora, la Cámara deberá definir el futuro de la venta.

Setenta años después de uno de los episodios más emblemáticos de la violencia política en la Argentina, la Justicia Federal de San Martín declaró que los fusilamientos de José León Suárez constituyeron crímenes de lesa humanidad. La sentencia, dictada por la jueza Alicia Vence en el marco de un Juicio por la Verdad, responsabilizó al Estado argentino por su planificación y ejecución, y dispuso un conjunto de medidas de reparación y preservación de la memoria para las víctimas y sus familiares.

El fallo representa un hito en la búsqueda de verdad y justicia sobre los hechos ocurridos entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de junio de 1956, cuando un grupo de civiles fue detenido ilegalmente y trasladado a los basurales de José León Suárez. Allí, varios de ellos fueron ejecutados por fuerzas policiales de la autodenominada Revolución Libertadora. Aquellos acontecimientos fueron reconstruidos y difundidos por Rodolfo Walsh en Operación Masacre, considerada obra fundacional del periodismo de investigación en América Latina.

La sentencia fue leída en el Auditorio Hugo del Carril de San Martín, a pocos metros del lugar de los fusilamientos. La magistrada dio por probado que personal policial allanó de manera ilegal una vivienda en Florida por orden de las máximas autoridades de facto de la época, encabezadas por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Francisco Rojas.

Doce personas fueron detenidas y trasladadas primero a la comisaría de San Martín y luego a un descampado donde se produjo la ejecución. Murieron Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión, mientras que otros siete sobrevivieron, entre ellos Juan Carlos Livraga, quien aportó su testimonio desde Estados Unidos durante las audiencias.

La jueza calificó los hechos como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía. Aunque todos los responsables directos e indirectos ya fallecieron, estableció su responsabilidad penal y señaló que, de haber sido juzgados en vida, les habría correspondido prisión perpetua. “Existen hechos cuyo juzgamiento conserva relevancia jurídica e institucional, aun cuando ya no resulte posible una respuesta penal”, fundamentó.

El juicio se desarrolló en tres jornadas con la participación de familiares, investigadores, periodistas y organismos de derechos humanos. El contexto histórico fue central: los fusilamientos se produjeron tras el levantamiento encabezado por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco contra la dictadura que había derrocado a Juan Domingo Perón en 1955. La represión incluyó ejecuciones sumarias en distintos puntos de Buenos Aires, con un saldo de 31 militantes asesinados.

Entre las medidas reparatorias ordenadas figuran la rehabilitación del buen nombre de las víctimas, la publicación de la sentencia en boletines oficiales, la incorporación de los hechos en contenidos educativos y la instalación de placas conmemorativas en los sitios vinculados a la masacre. Además, se dispuso la creación de un sitio de memoria en el predio de los antiguos basurales de José León Suárez y la inclusión de los nombres de las víctimas en el registro estatal de violencia institucional.

El antecedente inmediato fue el Juicio por la Verdad sobre la Masacre de Napalpí, realizado en 2022, cuando se reconoció como crimen de lesa humanidad el ataque perpetrado en 1924 contra comunidades indígenas en Chaco. Para los familiares, el fallo constituye una reparación largamente esperada. “Que esto se conozca, que sean declarados crímenes de lesa humanidad”, expresó Berta Carranza, hija de uno de los fusilados.

Los fundamentos completos se darán a conocer el 16 de julio, pero el veredicto ya quedó inscripto como una decisión histórica: por primera vez la Justicia argentina reconoció formalmente que los fusilamientos de José León Suárez fueron crímenes de lesa humanidad, reafirmando el valor de la memoria, la verdad y la justicia como pilares de la democracia.

En las últimas horas, la Justicia de Morón autorizó a la familia del Indio Solari la cremación del cuerpo del artista. La medida fue firmada por el juez de Garantías Jorge Rodríguez, luego del multitudinario funeral del fin de semana ocurrido en Villa Domínico, por donde pasaron más de 300 mil personas. La cremación ocurrirá en un cementerio bonaerense, donde la familia del cantante realizará una despedida privada.

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que el juez Rodríguez dio el permiso tras la aprobación del fiscal Lucio Rivero, que ordenó la autopsia al cuerpo del Indio en el marco de una causa por averiguación de causales de muerte para descartar cualquier criminalidad o hecho dudoso.

La autopsia, precisamente, determinó que Solari había fallecido por un ACV hemorrágico. Sin embargo, Rivero decidió esperar a los estudios complementarios a la autopsia. Tras recibirlos, autorizó la cremación, de acuerdo a los deseos de la familia.

Tras el rechazo por parte de la justicia brasileña de los dos últimos recursos de apelación presentados por la defensa de Juan Darthés, el condenado por violación a Thelma Fardin cuando ella tenía 16 años, debe cumplir su condena efectiva de seis años y medio de prisión en un penal de Brasil.

La propia Thelma Fardin, a través de un video donde hace un recorrido de los largos 8 años de proceso judicial que involucró a tres países, fue la encargada de dar la noticia hace minutos, desde sus redes sociales junto a Amnistía Internacional y su querella integrada por Carla Junqueira y Martín Arias Duval.

Este fallo, en el que el hoy condenado por abuso sexual con acceso carnal utilizó todas las herramientas de dilación y gran cantidad de recursos económicos, sienta un precedente jurídico internacional en la defensa de los derechos humanos de las infancias, adolescencias y mujeres.

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Mientras en Argentina un gobierno dispuesto a arrasar con los tratados internacionales de protección a infancias y mujeres, Thelma nos recuerda una de sus expresiones más contundentes: “¿Pretenden que las víctimas nos filmemos mientras somos violadas?”.

Este recorrido devastador para Thelma deja un mapa en relación a la revictimización a la que son sometidas las víctimas y las madres de quienes son abusadas y expone sin fisuras el daño irreparable que pretenden instaurar desde el Poder Legislativo Nacional con el Proyecto de Falsas Denuncias, impulsado por la senadora Carolina Losada y Andrea Guacci, esposa de Diego Guacci, entrenador de fútbol femenino de la AFA y 8 veces denunciado.

Recordemos que Dhartes, ha recurrido hasta la embestidura religiosa de pastor evangélico y aún así, a partir de ahora y durante los próximos seis años y medios, dormirá en la celda de un penal brasileño.

Fuente: Página12

El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 6 de Concordia resolvió condenar a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) a afiliar de manera inmediata a una menor de edad como integrante del grupo familiar primario de su tutora legal. La decisión se produjo luego de que la entidad se negara a otorgar el alta, lo que ponía en riesgo el acceso de la niña a estudios médicos urgentes.

La causa se inició a partir de una acción de amparo presentada por el abogado Emmanuel Almirón. Según el letrado, OSER rechazaba la afiliación pese a que el vínculo de tutela legal estaba debidamente acreditado y vigente.

En su fallo, el magistrado consideró que la interpretación de la obra social resultaba restrictiva y contraria a derechos de jerarquía constitucional. OSER había fundamentado su negativa en que el caso “no encuadraba dentro de los supuestos previstos en su normativa interna”. Sin embargo, el juez remarcó que la tutela legal es condición suficiente para integrar a la menor dentro del grupo familiar primario de la afiliada titular.

Un factor determinante para el dictado de la medida fue el estado de salud de la niña. El tribunal valoró que la falta de cobertura generaba una situación de extrema vulnerabilidad, dado que la menor requería estudios de complejidad, entre ellos una tomografía. La urgencia del cuadro clínico aceleró los tiempos de la Justicia, que entendió que la demora administrativa se traducía en una barrera de acceso a un servicio esencial.

Finalmente, el juez estableció un plazo máximo de diez días para que OSER cumpla con la afiliación y garantice la cobertura integral de las prestaciones.

La medida surge tras un fallo judicial favorable que habilita el camino al río, permitiendo que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar del paisaje del Parque Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, un área protegida de máxima conservación creada por ley en 2024, que es clave para potenciar el ecoturismo regional.

La recuperación de este acceso es el resultado de un proceso extenso y complejo encabezado por la Fiscalía de Estado, que contó con el acompañamiento estratégico del Ministerio de Gobierno y Trabajo en vínculo con el municipio y de la Secretaría de Ambiente. Este logro institucional no solo resuelve una demanda histórica de la localidad, sino que consolida la política estatal de garantizar que los bienes naturales de dominio público sean accesibles para el disfrute de todos los ciudadanos.

El Fiscal de Estado Adjunto, Martin Rettore, recorrió el lugar, junto al intendente del Parque Provincial Alberto Zapata; el diputado provincial Silvio Gallay; y el presidente municipal de Colonia Elía Ramón Barrera. "Con esta acción, la provincia reafirma su compromiso con la defensa del acceso público a las costas entrerrianas, transformando una victoria judicial en un beneficio tangible para todos los vecinos de la zona, que podrán acceder a la costa del río de forma totalmente libre y gratuita", afirmó Rettore.

Por su parte, Zapata sostuvo que la creación de este parque provincial es un cambio fundamental para la calidad de vida en Colonia Elía. "La habilitación del camino al río permite que el área protegida se consolide como un polo de desarrollo sustentable, integrando la conservación de la biodiversidad con el aprovechamiento turístico responsable y la generación de oportunidades de empleo para los vecinos de la región", cerró.

En un giro clave para el escenario gremial educativo, la Unión Docentes Argentinos (UDA) que conduce Sergio Romero, dirigente de la CGT, logró que la Justicia suspenda la aplicación de la reforma laboral sobre el sector. El fallo pone en pausa la declaración de "esencialidad" del servicio educativo, un punto central de la reciente normativa que buscaba limitar la capacidad de medidas de fuerza de los trabajadores de la educación.

La medida judicial no es menor: alcanza a la totalidad de los docentes del país. Con esta resolución, queda suspendida temporalmente la aplicación de la Ley N.º 27.802 en lo que respecta a la restricción de derechos sindicales bajo el rótulo de servicio esencial.

La conducción de UDA, señaló que el espíritu de la reforma laboral colisionaba directamente con garantías constitucionales del sector docente.

Sergio Romero, un referente del sector educativo y de la calle Azopardo, se mostró conforme tras conocerse la decisión judicial y subrayó que el foco de la gestión pública debería estar en la inversión y no en el recorte de libertades.

"Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo, y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones", sostuvo el cuadro sindical.

Días atrás, la Justicia laboral suspendió, de manera provisoria, más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, luego de una medida cautelar presentada por la CGT.

La Justicia de Brasil dictaminó que la abogada argentina Agostina Páez deberá pagar una caución de 18 mil dólares para regresar a la Argentina, tras ser denunciada por el delito de injuria racial.

Sebastián Robles, uno de los defensores de la letrada, informó a Noticias Argentinas que el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro aceptó el habeas corpus.

El juez Luciano Silva Barreto dispuso retirarle la tobillera electrónica a Páez, que permaneció en el país vecino luego de ser condenada a la pena de 2 años de prisión en suspenso.

Además, según el magistrado, la retención de la santiagueña de 29 años implicaba una restricción indebida de su libertad, por lo que revocó la decisión de primera instancia.

Más temprano, la letrada dialogó con NA y manifestó que se encontraba “muy angustiada, saturada y desbordada” mientras esperaba el fallo definitivo. “Siento mucha ansiedad”, precisó.

Tras el fallo de este lunes, la abogada podrá continuar el proceso en la Argentina, pero con las condiciones impuestas por las leyes brasileñas.

La injuria racial es un ilícito que se tipificó hace tres años en Brasil, donde se fijó una pena máxima 15 años de prisión, y hasta el momento se reportaron pocos casos similares como el de Páez.

La joven protagonizó un altercado en un bar donde fue filmada cuando realizaba gestos que simulaban ser un mono frente a los empleados del establecimiento.

El conflicto que derivó en su detención se originó, según la versión de la imputada, por una discusión sobre una cuenta mal cobrada mientras vacacionaba con amigas. Páez relató que se retiró del lugar a los gritos tras un cruce con los mozos, pero su gesto discriminatorio quedó registrado en un video que se volvió viral y sirvió como prueba fundamental para la justicia brasileña.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires y ministro de Economía durante la presidencia de Cristina Kirchner realzó considerablemente su perfil en su carrera por la instalación hacia 2027. Hubo un episodio fundamental: el presidente Javier Milei lo subió al ring discursivo luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York anulara la condena de primera instancia que ordenaba al país abonar USD 16 mil millones por la expropiación de YPF, una decisión ejecutada por el hoy gobernador en 2012. Kicillof cerró la semana en el centro de la escena política y aceleró su construcción federal.

El fallo de YPF puso nuevamente al presidente y al gobernador bonaerense a mostrar credenciales. Milei encabezó una cadena nacional en la que se despachó contra el mandatario bonaerense y la expresidenta. “A la expresidenta solo la mencionó; en cambio del gobernador hizo una consideración personal: “Hay quienes quieren leer esta noticia como un logro que de la administración que expropió las empresas en un pimer lugar. Lo voy a decir con nombre y apellido: hablo de Cristina Kirchner y del inefable Axel Kicillof”, dijo.

Ayer, viernes, en diálogo con Infobae en Vivo, Kicillof volvió a confrontar con Milei; luego de que el presidente le endilgará la judicialización realizada producto de la expropiación de la petrolera de bandera. “Me parece triste, lamentable, penoso lo de Milei. Ese proceso se hizo en base a normas y leyes de la Constitución Nacional que le da derecho a los países a declarar determinado bien como patrimonio de interés estratégico”, dijo.

El caso de YPF es la continuidad de una semana que tuvo distintos cruces con la administración nacional. Desde la gestión bonaerense buscarán contraponer modelos y sostener el reclamo por el recorte de fondos. Será parte de su agenda discursiva a nivel nacional. Dar cuenta del recorte de fondos a todas las provincias. En el caso de Buenos Aires, Kicillof anunció que la Fiscalía de Estado bonaerense hará una nueva demanda ante la Corte para que Nación actualice y destrabe el pago correspondiente al Pacto Fiscal sellado en 2017 y actualizado en 2021. Es la octava demanda que se genera desde La Plata. La estrategia judicial desplegada no tuvo mayores avances, con excepción de la demanda por el giro de fondos a la caja previsional de la provincia vía ANSES. Como contó este medio, en el Ejecutivo provincial hay cierta expectativa de que esa causa avance. Hubo una primera audiencia y habrá una nueva el 21 de abril.

Ante 62 intendentes, el mandatario provincial pidió el acompañamiento político a la avanzada judicial contra la Nación. También prometió que el 16% de lo que se logre recuperar, será coparticipado a los municipios. El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, ya convocó a sus pares a la audiencia del mes de abril. Los intendentes definen los pasos a seguir.

Fuente: Infobae