Federación Agraria Argentina de Entre Ríos (Faaer) advirtió en sus redes sociales que los pronósticos respecto al evento climatológico de El Niño no son los mejores. En este sentido se indicó que “llegaría con toda su fuerza a la zona de islas, en la provincia de Entre Ríos, en el período octubre-diciembre”.

Desde la Federación se indicó que “los productores isleños y aquellos que han llevado su hacienda a las islas, con anticipación, están abocados a encontrar campos para trasladar su hacienda, antes de que las aguas empiecen a subir. En toda la zona de Islas y campos inundables entrerrianos el número es de poco más de 492.000 cabezas”.

Ocuparse más que preocuparse

El productor Federado, José Luis Peter de Villa Paranacito, quien nació y se crío en medio de una naturaleza única y crecientes que se repiten cada diez, o menos, años, destacó que “más que preocuparnos, debemos ocuparnos, de una crecida que según los especialistas va a golpear en toda la zona de islas”.

Peter indicó que “a raíz de informes elaborados por profesionales, el Fenómeno Niño, está tomando temperatura en el Océano Pacífico. Todo indica, acorde a los informes, que será un Niño de una intensidad muy fuerte, razón por la cual en nuestra zona (Departamento Islas del Ibicuy), se está analizando, pensando que hacer a futuro, como sacar y donde ubicar la hacienda (264.182 cabezas) que tenemos en la zona”.

El productor isleño, contó que “junto con las entidades estamos buscando un lugar para hacer un embarcadero en Villa Paranacito”. Además se suma un grave problema que es el de que en “la Zona de Islas del Ibicuy que más cabezas tiene la provincia, cuenta con pocos transportes fluviales aptos para trasladar hacienda, razón por la que, lo más lógico sería contar con un embarcadero y corrales donde el barco pueda descargar la hacienda en los corrales mencionados y cargarlas en camiones con destino a un campo alto, o bien a remates ferias”.

En este punto aclaró que “hay que hacer las cosas con anticipación antes de que las lluvias, precipitaciones que se estarían dando con intensidad en el período octubre-diciembre, lleguen a las islas.”

La preocupación está

En aquel contexto se señaló que “Villa Paranacito, un solo barco reúne las condiciones para trasladar hacienda, y el tema de los corrales que daría a una rápida salida a la ruta, no está solucionado, debido a que el camino, que llega hasta el lugar, sería tapado por al agua, si no se hacen las obras que se requieren en lo que es un largo reclamo de los productores”.

Desde la Federación se exhibió que “productores que no quieren que se repita la historia de crecientes pasadas como las del 82/83, 98 y 2016, cuando muchos tuvieron que malvender su hacienda en remates especiales. Hoy, la situación es diferente, dado que la tecnología, con una precisión muy alta, alerta, con tiempo, sobre la presencia de fenómenos climáticos”.

También se señaló que “es así, que inmobiliarias, consignatarias, han recibido llamadas de productores que se están ocupando de la situación; aunque la oferta de campos ‘Altos’ es magra y en la zona norte de Entre Ríos está la amenaza latente de la garrapata”.

Ganado en zona de Islas y Campos inundables

Diamante 65.102

Gualeguay 46.549

Islas del Ibicuy 264.182

La Paz 22.178

Paraná 13.224

Victoria 80.872

Datos a tener en cuenta

El Centro de Predicciones de la Agencia Climática de EE.UU. (CPC-Noaa por sus siglas en inglés) acaba de actualizar el pronóstico relativo a la evolución del fenómeno ENSO para la campaña 2026/27.

Para el trimestre julio-septiembre de 2026, la mayor probabilidad (57%) corresponde a la ocurrencia de un “Niño” de intensidad fuerte, según el modelo de CPC-Noaa.

Para el período comprendido entre agosto y octubre de este año, la probabilidad de ocurrencia de un “Niño” fuerte es del 42%, mientras que la de una fase “muy fuerte” del evento crece al 48%.

El pronóstico cambia en el trimestre comprendido entre septiembre y noviembre de 2026, cuando el modelo del CPC-Noaa estima que las chances de un “Súper Niño” alcancen nada menos que el 71%

“Existe un 81% de probabilidad de que se presente un evento ‘El Niño’ muy fuerte durante el período de octubre a diciembre próximo, que estaría posicionándose entre los eventos de ‘El Niño’ más grandes en el registro histórico, que data desde el 1950”, señala el informe de CPC-Noaa”. APF

El arroz, uno de los pilares de la economía regional entrerriana, atraviesa un momento delicado. La Filial San Salvador de Federación Agraria Argentina expresó su preocupación por la “extrema vulnerabilidad” que afecta a los productores, quienes enfrentan una combinación de factores que los deja sin margen de rentabilidad.

La entidad describió un marcado “efecto pinza” que compromete la sostenibilidad de las explotaciones:

En el plano provincial, se concretaron reuniones con el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, para coordinar una agenda de trabajo que priorice el sostenimiento de la cuenca arrocera, considerada un pilar clave de la economía regional.

La Filial reafirmó su compromiso con la defensa de los pequeños y medianos productores y adelantó que continuará trabajando para que se reconozca el valor estratégico del arroz dentro de la matriz productiva nacional.

Fuente: APFDigital

Convocados por la Filial Puiggari del Distrito III de la Federación Agraria Argentina, dirigentes y actores del sector agropecuario del departamento Diamante se reunieron para debatir la situación de los productores afectados por amparos judiciales vinculados a las distancias de aplicación de productos fitosanitarios en Colonia Ensayo y Aldea Salto. El encuentro contó con la participación de referentes gremiales y asesores legales que siguen de cerca las causas en curso.

En la zona se registran tres amparos judiciales relacionados con esta problemática. En ese marco, se explicó que la Federación Agraria Argentina se presentó como “tercero interesado” en uno de ellos, de carácter colectivo, con el objetivo de acompañar a los productores involucrados.

Durante la reunión, los abogados detallaron el estado de situación de las causas y se generó un intercambio sobre cómo se desarrollaron los hechos. El contexto, coincidieron, genera una profunda preocupación tanto en la zona como en el conjunto del sector productivo.

“La Filial Puiggari es la única entidad agropecuaria en el departamento Diamante. Estamos acompañando a los productores y vinimos con un equipo de abogados. La situación es compleja: los productores aseguran que no se hizo nada fuera de regla. Existe una ley provincial que llevó años de trabajo y consenso entre todos los sectores, y que cuenta con respaldo científico. Queremos trabajar con tranquilidad”, expresó Carlos Bender, presidente de la filial.

En la misma línea, el director de la entidad, Matías Martiarena, destacó que la Federación se presentó como tercero interesado para acompañar a los productores afectados y se refirió a las gestiones que se vienen realizando. Además, remarcó la necesidad de retomar el proyecto de ley de ordenamiento territorial y defender la Ley Provincial de Fitosanitarios. “Es una norma que demandó mucho esfuerzo y existe una vocación unánime del sector por sostenerla”, señaló.

Finalmente, los presentes coincidieron en la importancia de garantizar seguridad jurídica en la provincia como condición clave para el normal desarrollo de la actividad productiva. El reclamo apunta a que las reglas de juego sean claras y estables, evitando que decisiones judiciales aisladas generen incertidumbre en el trabajo cotidiano de los agricultores. Fuente: Federación Agraria Argentina – Filial Puiggari

Delegados de la Federación Agraria Argentina de toda la provincia rechazaron el viernes 13 en reunión que se realizó en Villaguay, los cambios en el sistema de vacunación antiaftosa y antibrucélica aprobado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a través de la Resolución Nº 201/2026.

En aquel encuentro se señaló que “en momentos en que la ganadería comienza a transitar una senda de buenas expectativas, con valores históricos del ganado, estas medidas parecen atender más a caprichos de un grupito de funcionarios, que a un análisis técnico y de riesgo que esta medida podría acarrear para nuestra ganadería nacional”.

Este miércoles 18 de marzo, la institución agraria avanzó en las críticas y resaltó que “a sanidad animal en la Argentina es un enorme capital construido con el esfuerzo de todos: los productores, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y las entidades del sector. Es un sistema solidario que ha funcionado muy bien durante muchos años y que permitió sostener estándares sanitarios reconocidos en el mundo”.

Ante la decisión unilateral que debilita un sistema que demostró ser eficaz se sentó posición y se cuestionó que “por eso preocupa que hoy se lo ponga en riesgo con una medida tomada de manera inconsulta”.

Desde FAA Entre Ríos se reconoció que “los productores queremos bajar costos, claro que sí. Pero ese no es el camino. Desde hace tiempo venimos planteando que aquellos entes donde los costos están desfasados debían ser controlados y ordenados. Ese control no se hizo”.

“Controlar el precio de la vacuna y de su aplicación, y actuar donde las cosas no se hacen bien, es una obligación del Estado. Pero eso no se resuelve debilitando un sistema sanitario que ha demostrado que funciona” se expuso desde la entidad federada.

En la misma línea se cuestionó que “con la medida tomada la semana pasada se restringe el poder de contralor por parte del SENASA, en caso de una emergencia los entes ya no tendrán la misma capacidad de generar anillos y contenerla. El problema radica en el control efectivo de la aplicación de la vacuna, que ha sido lo que lograron los entes sanitarios bajo la articulación público-privada”.

Finalmente se sostuvo que “el verdadero camino es fortalecer el sistema sanitario argentino. Vivimos en un mundo cada vez más exigente en materia de sanidad y trazabilidad, y así sostener y ampliar los mercados de la ganadería argentina”. (Fuente: APFDigital)

El viernes 13 de marzo, representantes de la Federación Agraria Argentina (FAA) de Entre Ríos se reunieron en Villaguay y definieron manifestar su oposición a la Resolución Nº 201/2026 del Senasa, que introduce cambios en el sistema de vacunación antiaftosa y antibrucélica. Los productores recordaron que en la década del 90, cuando se dejó de vacunar, la enfermedad reapareció y los mercados externos se cerraron por completo, generando graves consecuencias para la ganadería nacional.

En un contexto en el que el sector comienza a transitar una etapa de expectativas positivas, con valores históricos para el ganado, los delegados señalaron que la medida parece responder más a decisiones políticas que a un análisis técnico serio. Consideraron que la resolución implica un riesgo innecesario para la producción y para la apertura de mercados internacionales, que exigen garantías sanitarias estrictas.

Durante el encuentro también se abordó el impacto negativo de la influenza aviar en la avicultura entrerriana. Los productores remarcaron que el cierre de mercados y la caída en los valores del huevo y del pollo han generado un fuerte golpe económico en la región. La situación se agrava por la sequía que afecta a los departamentos del sur de la provincia, especialmente Gualeguaychú, donde ya en febrero se había solicitado la declaración de emergencia agropecuaria.

Los delegados coincidieron en que la falta de lluvias ha deteriorado los suelos y reducido la disponibilidad de pasturas, afectando directamente la producción ganadera y agrícola. La emergencia hídrica se suma a los problemas sanitarios y económicos, configurando un escenario complejo para los productores entrerrianos.

El encuentro de Villaguay también permitió analizar la realidad de otros sectores productivos. Los forestales del Delta, los citricultores, los arroceros y los tamberos atraviesan dificultades que se suman a la situación general de la agricultura. La FAA advirtió que la combinación de crisis sanitarias, climáticas y económicas requiere respuestas urgentes y coordinadas de los organismos nacionales y provinciales.

Los productores remarcaron que la defensa de la sanidad animal es clave para sostener la competitividad de la ganadería argentina y que cualquier retroceso en las políticas de vacunación puede tener consecuencias irreversibles. En este sentido, reiteraron su rechazo a la resolución del Senasa y reclamaron un debate amplio con participación de las entidades rurales antes de implementar cambios que afecten a toda la cadena productiva. Fuente: APFDigital

Señaló que fue un período intenso, con múltiples desafíos pero también avances concretos producto del trabajo gremial y territorial de la entidad. La Federación Agraria tuvo una fuerte presencia, con reclamos firmes y gestión constante, siempre con el objetivo de defender al productor de menor escala y sostener la producción como forma de vida.

Uno de los ejes centrales fue el reclamo por las retenciones. Martiarena destacó que se logró una baja adicional de dos puntos porcentuales y el compromiso del presidente Javier Milei de continuar en ese camino hasta su eliminación. Además, se impulsa un proyecto de ley para disminuirlas de manera progresiva y segmentada, de modo que las primeras toneladas no tributen y el impuesto desaparezca gradualmente, aliviando a los productores más pequeños.

El año también estuvo marcado por emergencias climáticas y por la reactivación de la CORUFA. Martiarena fue designado consejero alterno en el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y asumió la presidencia de la Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa, reforzando la presencia institucional del distrito.

La problemática de la garrapata fue otro tema clave, con 1.025 focos registrados en Entre Ríos. Más de 350 establecimientos están siendo tratados y pasarán en marzo a la etapa de revisación para obtener el estatus de “libre”. Martiarena subrayó que convivir con la garrapata implica pérdidas de $220.000 por animal, mientras que erradicarla cuesta $35.000, y destacó que Entre Ríos es la única provincia con un plan superador.

En ganadería, reconoció que muchos productores aún se recuperan de cuatro años de sequía, con ventas forzadas y caída del stock, que lentamente comienza a recomponerse. En agricultura, los rindes fueron buenos, pero los precios no acompañaron y la presión impositiva sigue siendo elevada, con más del 60% de lo producido destinado a impuestos.

La reforma laboral también fue debatida, especialmente en relación con la citricultura y el trabajo estacional. Martiarena propuso sistemas de altas y bajas diarias con trazabilidad para garantizar derechos laborales sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas.

Finalmente, destacó el rol de la Federación Agraria como entidad plural y representativa, con capacidad de renovación y compromiso con los pequeños y medianos productores. “El trabajo gremial muchas veces no se ve, pero está presente todos los días. El objetivo es simplificar la vida al productor y defender esta forma de vida que va más allá del negocio”, concluyó.

El Vicedirector del Distrito III de Federación Agraria Argentina, Luciano Challio, cuestionó con dureza la medida del Gobierno nacional que eliminó las retenciones por apenas tres días. “Fue un negociado para unos pocos, los de siempre, los que en todo gobierno sacan grandes tajadas, mientras que los pequeños y medianos productores la seguimos viendo pasar”, afirmó.

El dirigente sostuvo que la supuesta quita de derechos de exportación solo favoreció “a exportadores y grandes acopiadores”, y que los productores “ya liquidaron todo para poder afrontar la próxima campaña”.

Desde Federación Agraria, añadió, se insiste en que las retenciones deben eliminarse definitivamente. “Pedimos que se segmenten de acuerdo con la escala de cada productor, porque los pequeños y medianos no tienen espaldas para aguantar y venden lo que producen para poder seguir en el sistema”, remarcó.

Challio también destacó la necesidad de políticas que contemplen la realidad del interior productivo: “La macroeconomía es importante, pero no hay que olvidarse de la micro, que sostiene a los pequeños y medianos productores y a la mayoría de las economías de los pueblos”.

En relación con los anuncios del gobernador Rogelio Frigerio para el sector arrocero, valoró la reducción del costo fijo de energía eléctrica durante los meses en que los pozos de riego no están en uso. “Finalmente se concretará algo por lo que venimos trabajando hace tiempo: la reducción del costo fijo, que oscilaba entre 1,4 y 1,6 millones de pesos mensuales por pozo, incluso sin funcionamiento”, explicó.

Según indicó, el riego demanda unos 100 días de uso intensivo, y en los períodos restantes, a partir de la próxima campaña, “se pagará solo el 10% del valor de una factura”. Consideró que la medida representa “un alivio” en un contexto de caída del precio del arroz cáscara —entre un 40 y 45%— y una superficie sembrada menor.

Challio celebró además el avance de las obras en el puerto de Concepción del Uruguay, al que calificó como “vital para embarcar lo producido, ganar en operatividad y reducir considerablemente la distancia hasta puerto”. El dirigente subrayó que su puesta en marcha permitirá “abaratar los fletes y costos operativos para un arroz, como el entrerriano, que tiene su propio sello de calidad”.

La eliminación transitoria de retenciones a granos y subproductos, que el Gobierno nacional anunció el 22 de septiembre, concluyó apenas tres días después al alcanzarse el cupo de u$s 7.000 millones en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). La medida, que se extendía hasta el 31 de octubre, benefició principalmente a grandes exportadores, según la Federación Agraria Argentina (FAA) de Entre Ríos.

El vicepresidente de la entidad provincial, Luciano Challio, aseguró que la breve vigencia fue “premeditada”. “El gobierno ya había arreglado con los exportadores y grandes acopios”, señaló, al remarcar que los productores pequeños y medianos no tuvieron oportunidad de acceder al beneficio. “No tenemos granos en stock, porque invertimos en insumos y otras compras”, añadió.

En este contexto, Challio anticipó que la Mesa de Enlace solicitará una reunión con el Ejecutivo para “hacer las cosas como tienen que ser” y reclamar un esquema más equitativo. La crítica se suma a la que ya había expresado el presidente de la FAA entrerriana, Matías Martiarena, quien calificó la disposición como “un anuncio recaudatorio y de corto plazo que solo favorece a los grandes exportadores, mientras los productores seguimos quedando al margen”.

Desde la oposición entrerriana también cuestionaron la marcha atrás del Gobierno, a la que calificaron de “estafa”. El episodio reflota las tensiones en torno a la política impositiva sobre el agro y profundiza el malestar entre las bases productivas, que reclaman previsibilidad y un trato más equitativo frente a los sectores concentrados.

Martiarena fue consultado sobre el alcance de la medida por Radio Plaza. “Hace dos meses atrás planteábamos la eliminación definitiva de las retenciones a cero en un programa en el cual todos se puedan adecuar a esta cuestión”, recordó.

Según explicó, los derechos de exportación inciden en múltiples sectores, desde la producción de balanceado para engorde de hacienda, hasta la avicultura y la producción de huevos en la zona de Crespo. “El hecho de que la medida tenga una fecha de vencimiento deja en claro que es netamente recaudatoria, que no contempla todas estas cuestiones y genera muchas distorsiones dentro del mercado”, cuestionó.

Sostuvo que para un productor entrerriano “es difícil ser únicamente productor de cereales” y que la diversificación en otras cadenas queda perjudicada por el esquema temporal. “No deja de ser nada más que una medida con el fin de recaudar, muy parecida, si no igual, a las que planteaba el ex ministro de Economía Sergio Massa”, remarcó.

En esa línea, subrayó que la decisión solo beneficia a quienes trabajan con granos, pero perjudica al resto de las cadenas productivas. “Para algunos es beneficioso, a otros los perjudica, pero lo que sí está claro es que es un volantazo importante en cuanto a las decisiones del gobierno”, señaló.

Además, observó que la falta de una estrategia de largo plazo refleja las dificultades económicas. “El balance comercial entre los dólares realmente está muy complejo y el plan económico se ve muy debilitado”, agregó.

Consultado sobre los principales problemas del sector, Martiarena fue tajante: “Hoy es la presión fiscal, sin dudas”. Y agregó: “El 80% de lo que el productor entrerriano produce se lo lleva en materia de impuestos. El 90% de eso son impuestos nacionales, que además no te hacen competitivo hacia afuera”.

El dirigente advirtió que el encarecimiento de insumos básicos, como el alimento balanceado para la producción porcina, agrava la situación. “Ese costo de producción no lo va a poder transpolar al costo final porque ingresan cerdos de Brasil. Si aumenta, no lo va a poder vender”, ejemplificó.

Insistió en que el camino para el agro es bajar la carga impositiva: “Tenemos que ser más competitivos y en eso pasa por disminuir la presión fiscal. No solamente para el sector agropecuario, sino para todos los que producen algo en el país”.

La postura fue definida en la reunión que la entidad mantuvo este lunes, donde se analizó el impacto que esta resolución genera en un contexto en el que el campo mantiene elevadas cargas impositivas.

Según el planteo de la Federación, la situación es particularmente crítica para el cultivo de soja, que afronta una próxima campaña con un escenario de quebranto prácticamente asegurado debido a la combinación de altos costos y presión fiscal. “Mientras otros sectores reciben beneficios, al agro se le exige seguir soportando una carga impositiva que atenta contra su sostenibilidad”, remarcaron dirigentes presentes en el encuentro.

La entidad recordó que, a diferencia de la minería, el sector agropecuario no solo se ve limitado por las retenciones, sino también por las dificultades derivadas de la volatilidad de los mercados internacionales, el encarecimiento de insumos y la inestabilidad climática. En ese marco, la quita de tributos a otra actividad económica sin una medida similar para el campo es vista como un gesto de inequidad y falta de coherencia en la política económica nacional.

Otro punto central de la reunión fue la reiteración de la preocupación por el proceso de desguace del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo que en Entre Ríos tiene un rol clave en la asistencia técnica, la investigación y el acompañamiento a las economías regionales. “En una provincia con una diversidad productiva tan marcada, el INTA es un socio indispensable para el desarrollo sustentable y la innovación tecnológica. Debilitarlo es ir en contra de nuestro futuro”, señalaron.

El análisis de la Federación Agraria incluyó también un apartado dedicado a la problemática de los arrendamientos rurales. Se reconoció que el actual esquema de alquileres de tierras en la provincia impone condiciones que resultan insostenibles para pequeños y medianos productores, quienes deben afrontar cánones elevados y plazos contractuales que no siempre permiten planificar a largo plazo.

Para abordar este tema, la organización impulsará un proceso de debate ampliado que incluya a otros sectores vinculados al agro, como asociaciones de productores, arrendadores, cooperativas y legisladores provinciales. El objetivo es generar propuestas concretas que apunten a equilibrar la relación entre propietarios y arrendatarios, favoreciendo acuerdos más justos y sostenibles.

La Federación Agraria advirtió que, sin cambios de fondo en las políticas públicas hacia el sector, la viabilidad económica de una gran parte de los productores entrerrianos seguirá en riesgo. Y remarcó que la defensa del trabajo rural, de la investigación científica y de la equidad tributaria será una prioridad en su agenda de reclamos.

Entre Ríos produce casi el 3 % del PBI nacional, apalancada por un agro que en 2024 generó exportaciones por más de 79 mil millones de dólares. Sin embargo, los productores enfrentan una presión impositiva agobiante que se incrementó durante la actual gestión.

El gobernador Rogelio Frigerio anunció a inicios del año pasado que destinaría el 50 % del Impuesto Inmobiliario Rural a obras viales y en marzo de este año prometió elevar esa cifra al 100 %. En los papeles, eso representa más de $10.000 millones anuales para reparar 30.000 kilómetros de caminos. Pero, según datos oficiales, sólo se licitaron obras sobre 16.000 kilómetros y menos del 30 % de lo recaudado se ha ejecutado efectivamente en obras.

A esto se suma la incertidumbre fiscal. La comisión creada con las entidades rurales para revisar los impuestos provinciales aún no emitió ningún decreto reglamentario. Mientras tanto, la liquidación 2025 llegó con subas nominales de hasta 160 %. El efecto: la presión tributaria sigue intacta.

La falta de financiamiento para el sector es otro de los puntos críticos en la actualidad. Mientras que, durante la sequía que se extendió desde el 2020 al 2023, una de las secas más importantes en toda la historia argentina, el gobierno provincial otorgó créditos a tasa cero a los productores afectados -beneficiando a sectores como la lechería, apicultura, ganadería y citricultura-, en la actualidad no existen líneas provinciales de asistencia efectiva. Situación que se complejiza con la caída de precios internacionales de algunos granos, especialmente de la soja y sus derivados.

Caminos, sin solución

Durante la gestión 2015–2023, la presión impositiva provincial sobre el agro era menor. Entre 2017 y 2019, Entre Ríos adhirió al Consenso Fiscal nacional y comenzó a reducir alícuotas de Ingresos Brutos y Sellos. Además, impulsó créditos a tasa cero para sectores afectados por inundaciones y sequías.

En cuanto a infraestructura, la provincia firmó en 2022 un acuerdo con la CAF para financiar con USD 38 millones obras rurales claves en Nogoyá, Paraná y Diamante. Además, con apoyo nacional, se invirtieron más de $3.300 millones en mejoras de rutas y compra de maquinaria, incluyendo los accesos a Viale, Aldea San Rafael y tramos estratégicos, como la RP 32–34. (Fuente: Gobierno de Entre Ríos y CAF)

Frente a esto, la actual gestión de Frigerio sólo ha esbozado un fideicomiso rural y propiciado la creación de consorcios camineros. Pero el impulso real no llega: falta maquinaria, operarios y recursos, y los caminos continúan intransitables.

Respecto a la situación de los caminos rurales, José Colombatto, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), reconoció el “esfuerzo” de volcar el 100% del Impuesto Inmobiliario a su mantenimiento, “pero no alcanza”. Ya que “es tal la desidia, en el personal, en la falta de mantenimiento de maquinaria; quizá hay buenas intenciones, pero el problema de fondo persiste. Creo que hay que repensar una Vialidad más moderna”.

“En algunas zonales hay mucha gente, pero no hay maquinista, o de las seis maquinas que hay, cinco están rotas. La provincia sabemos que no está pasando una situación preponderante en lo económico, no hay mucha inversión en Vialidad, y no alcanza para la red vial que tiene la provincia de Entre Ríos. Eso crea un enorme problema, porque los caminos son la columna vertebral de la producción y, a nivel poblacional, hay mucha gente que decide vivir en el campo y no puede”, remarcó el productor entrerriano, en diálogo con EL ARGENTINO.

“Un empleado de vialidad arranca a las seis, desde que se organiza llega al camino a las 10 y está hasta las dos de la tarde. Son pocas horas las que se destinan a arreglar un camino puntual”, apuntó el vicepresidente de CRA. Y agregó: “Hay muchas maquinarias rotas, conseguir un repuesto es muy burocrático, y nos encontramos que, de acuerdo a la voluntad del jefe de Vialidad, hay zonas que funcionan y otras que no. Lo central es que Vialidad no funcionan como nosotros queremos”.

Por su parte, Matías Martiarena, director del Distrito III de la Federación Agraria Argentina (FAA), dijo que “todavía las respuestas no se han visto” y apuntó a la “maquinaria totalmente obsoleta”.

“En el departamento Gualeguaychú creo que andan tres máquinas para 23.000 kilómetros”, cuestionó. “Se están armando distintos mecanismos, como consorcios camineros, que brindan algunos parches, pero se necesitan soluciones de fondo y la deuda todavía sigue siendo importante. Ni hablar lo que es la infraestructura a nivel nacional, las rutas están hechas un desastre todas”, remarcó.

“Provincias como Córdoba funcionan bien, porque toda la red vial está a cargo de consorcios camineros, pero en Entre Ríos cuesta mucho poder encontrar a las 23 personas necesarias para conformar un consorcio y que se pueda realizar. En el corto plazo lo que se necesita es conseguir la maquinaria, conseguir los fondos, desburocratizar las cosas. Porque, para arreglar una alcantarilla de 3 o 4 tubos de 1,50 de diámetro, estamos hablando de un costo de 25 o 30 millones cada tubo, pasan 3 o 4 meses para dar una solución”, enfatizó el referente de la FAA.

Retenciones que van y vienen: promesas que no llegan

El retorno de las retenciones anunciado por el gobierno nacional golpeó con fuerza al campo entrerriano. En enero 2025, el presidente Javier Milei había suspendido temporalmente las alícuotas, pero en junio firmó el decreto 439/2025 que restableció el 33 % a la soja y 12 % al maíz y al sorgo. La Mesa de Enlace reaccionó con un duro comunicado y el gobernador Frigerio apenas se limitó a “acompañar el reclamo”.

En esa coyuntura, el productor mediano vuelve a quedar en el medio: sin alivio nacional, sin financiamiento provincial y atrapado entre el barro y los boletines oficiales. Al respecto, Colombatto remarcó el “momento de zozobra” que atraviesa la producción de soja y maíz: “El productor mantenía la ilusión de que el presidente iba a seguir con la tendencia a la baja, para tener un horizonte más claro, pero se empezó a desanimar porque siente que, siempre, el color político que esté gobernando vuelve a meter manos sobre el campo, pareciera que fuera la única caja”.

“El presidente venía prometiendo en campaña que estaba en contra (de las retenciones), pero nosotros lo que queremos es que lo que se dice la teoría se vea un poco más en la práctica. Volver a las retenciones del 33% a la soja, le quita un 10% al productor”, criticó Colombatto.

En esta misma línea, Martiarena aseguró que, en la actualidad, “el mayor problema del sector es la falta de rentabilidad”. Y ejemplificó: “Estamos en un costo de rinde de 2.900 kilos y en la provincia tenemos un rinde promedio de 2.200 kilos. Entonces estamos en un desfasaje, y hay quienes pueden sostenerlo y quienes no, que son los más chicos”.

“El presidente en su campaña avizoró que las retenciones iban a bajar, que la presión fiscal iba a disminuir, y esas cosas no han pasado. Nosotros pedimos que no suban y que empiece a haber un esquema de reducción sostenido en el tiempo, eso también te marca la previsibilidad de un sistema productivo”, indicó, en diálogo con EL ARGENTINO. Al tiempo que recordó el proyecto presentado por la FAA en el Poder Legislativo: “estipula una reducción progresiva en cinco años, donde las primeras 300 toneladas sean libres de retenciones el primer año; en el segundo, las primeras 600 para todos los productores. Y así, sucesivamente, hasta eliminarlas el quinto año”.

El agro entrerriano es demasiado vital para seguir postergado. Mientras la Nación reinstala retenciones y la Provincia repite anuncios sin ejecución, los productores enfrentan deudas, rindes ajustados y una red vial devastada.

Hoy, los anuncios de Frigerio chocan con el barro de la producción. Sin infraestructura ni alivio real, Entre Ríos corre el riesgo de sembrar frustración y cosechar abandono. La deuda del Estado con el campo no es ideológica: es de obra, de gestión y de resultados concretos.

La reunión que mantendrá este martes el presidente Javier Milei con la Mesa de Enlace del agro genera expectativa en la Federación Agraria Argentina (FAA) de Entre Ríos, que observa con atención si el Gobierno nacional dará un giro ante los reclamos del campo, cada vez más acuciado por la crisis y por decisiones oficiales que, según denuncian, los marginan.

Luciano Challio, vicepresidente de la filial entrerriana de la FAA, expresó que las entidades rurales esperan que Milei escuche los planteos de los productores, y sobre todo, que actúe en consecuencia. “Tenemos las mejores perspectivas y el mejor augurio de que el Presidente va a escuchar y tomar cartas en el asunto”, declaró. Para Challio, el encuentro puede servirle al mandatario para “saber cómo actuar”, y espera que surjan “respuestas para que podamos seguir siendo productores”.

El contexto no es alentador. La vigencia de los derechos de exportación –especialmente sobre los complejos de soja y maíz– sigue siendo una fuente de malestar. En este escenario, la baja sostenida de los precios internacionales, que hoy están en sus niveles más bajos de los últimos quince años, acentúa la preocupación entre los productores que enfrentan altos costos y escasa rentabilidad.

La FAA entrerriana decidió enfocar su reclamo en dos ejes centrales: las economías regionales y la presión tributaria. “Las economías regionales están sufriendo de gran manera”, subrayó Challio, quien recordó que la mayoría de los pequeños y medianos productores “están produciendo por debajo del costo”, una situación que, de persistir, amenaza con dejar fuera del sistema a miles de agricultores familiares.

Otro punto crítico que la entidad planteará a Milei es el recorte en el entramado institucional del sector. En particular, alertaron sobre la quita de autarquía al INTA y el cierre del Instituto Nacional de Semillas (Inase), dos decisiones del Ejecutivo que consideran "un error grave". Ya la semana pasada, la FAA de Entre Ríos había emitido un comunicado en rechazo a estas medidas, por entender que afectan herramientas clave para el desarrollo tecnológico y la soberanía productiva.

Con la presión del interior en aumento y el malestar extendido en todos los eslabones del agro, el resultado de la reunión podría marcar un punto de inflexión. La FAA, por ahora, elige una postura de cautela esperanzada. Pero el margen para seguir esperando se acorta. El campo, una vez más, exige señales. Y respuestas.

Martiarena señaló: “Tenemos una complicación importante en la región, y esto también incluye a la República Oriental del Uruguay, donde el ministro de Producción del país vecino manifestó que “hay que tomar el toro por las astas”. Entre Ríos cuenta con un plan superador en este sentido”. Acotó que, “según lo que hemos conversado con funcionarios, vemos que en otras provincias también se están tomando cartas en el asunto, dentro del marco de un plan que se busca aplicar en esos territorios”.

El dirigente federado, que también integra el Consejo de la Fundación contra la Lucha de Fiebre Aftosa (Fucofa), destacó que la fundación tiene registro de “novecientos campos con garrapata, aunque sabemos que el número real es mayor”.

Remarcó además la importancia de “trabajar mancomunadamente con los productores. Tener garrapatas no es un delito, sí un gran problema. Se trata de un ectoparásito que no conoce límites geográficos, fronteras ni alambrados. Esto se nota en una provincia como Entre Ríos, que no cuenta con una infraestructura ideal. Y entendemos que no se combate únicamente con productos”.

Martiarena subrayó que para dar un abordaje serio y poder erradicarla, “es indispensable saber con exactitud cuántos campos están infectados. Desde Fucofa, y también desde los gobiernos provincial y nacional, se están haciendo todos los esfuerzos para detectarla, pero si no contamos con el total acompañamiento de los productores, la tarea se torna muy compleja”.

Finalmente, expresó que se planteó como meta “llegar a marzo del año que viene con el relevamiento de muchos campos que hoy están en tratamiento. Además, se está trabajando en la creación de una infraestructura que permita optimizar los recursos disponibles y, en consecuencia, obtener mejores resultados”.

La Federación Agraria de Entre Ríos expresó su preocupación ante la inminente finalización del plazo para la reducción temporal de las retenciones al sector agropecuario. Según indicaron, la medida vence el lunes 30 de junio y, de no mediar una prórroga, a partir del martes los derechos de exportación volverían a sus valores anteriores, alcanzando el 33%.

Al respecto, el director del Distrito III de la Federación Agraria Argentina, Matías Martiarena, explicó a Elonce que hasta el momento no hubo señales del gobierno nacional sobre una posible extensión del beneficio. "En vez de subir las retenciones, deberían bajarlas porque producir soja en Entre Ríos, donde el 80% de los campos son arrendados, es casi inviable", sostuvo.

Martiarena detalló que el costo de producción en la provincia ronda los 2.950 kilos por hectárea, mientras que los rendimientos actuales promedian los 2.800 kilos. "Ni siquiera con una cosecha récord se cubren los costos. En algunas zonas como La Paz hubo rindes mínimos, de apenas 1.200 kilos", agregó.

El dirigente también explicó que persisten dificultades logísticas para la liquidación de la cosecha debido a que la soja argentina presenta baja proteína y debe mezclarse con otras variedades. "Los cupos de exportación están casi colapsados y eso complica las operaciones", remarcó.

Pese a esta situación, Martiarena señaló que el sector ha cumplido con las liquidaciones durante el plazo de reducción de retenciones. "Este año fue el que más se liquidó. El productor atendió el pedido del gobierno", afirmó. Y, en ese sentido, el dirigente recordó que el presidente Javier Milei había mencionado que, si las metas económicas se cumplían, la medida se iba a prolongar. "El gobierno se comprometió a reducir impuestos y hacer reformas, pero hasta ahora no se han visto grandes cambios. El campo sigue siendo la variable de ajuste", apuntó.

Además, cuestionó que lo recaudado por retenciones no se traduce en mejoras en infraestructura. "Hace 23 años que pagamos retenciones y no vemos caminos, ni puertos nuevos. Lo que el Estado se va a llevar con la suba de las retenciones es el equivalente a una fila de 1.200 kilómetros de camiones", graficó.

Sobre el escenario próximo, Martiarena anticipó: "Estamos esperanzados en que haya una prórroga. Si no, vamos a endurecer los reclamos. No queremos estar todo el tiempo protestando, queremos producir e invertir, pero estas medidas generan el efecto contrario".

El productor explicó que la mayor parte de la producción ya fue liquidada para afrontar compromisos y financiar la siembra de trigo. "El campo es tomador de precios, no formador. Además, soportamos el impacto del aumento del gasoil, que es nuestro principal insumo, sin poder trasladarlo al precio", concluyó.