La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación del Fentanilo Contaminado tendrá un nuevo encuentro este miércoles, al cual fue invitado el ministro de Salud, Mario Lugones, quien -pese a la invitación- no participará de la reunión. Sin embargo, si asistirían funcionarios de la ANMAT.

La comisión que preside la diputada de Encuentro Federal Mónica Fein se reunirá este miércoles desde las 9 de la mañana, mientras que la semana que viene tendrán un último encuentro para presentar un dictamen y el informe final.

En los próximos días, los distintos sectores políticos aportarán sus matices para seguir puliendo el texto. La comisión cuenta con las vicepresidencias de Silvana Giudici de La Libertad Avanza y Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria.

La Justicia lleva contabilizadas 124 muertes debido a la crisis sanitaria que produjo la ingesta de fentanilo contaminado. No obstante, el número final se sabrá antes del comienzo de la feria judicial, que comenzará el 26 de diciembre y finalizará el 31 de enero del 2026.

El miércoles pasado estuvo en la comisión el juez federal Ernesto Kreplak, quien confirmó que, luego de un análisis de trazabilidad, se constató que circularon más de 154 mil ampollas adulteradas en el sistema de salud.

Durante su presentación, el magistrado explicó que el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) inmovilizó siete lotes que habían despertado sospechas por posible contaminación. Tras los estudios correspondientes, dos de ellos dieron resultado positivo.

Kreplak realizó además una reconstrucción cronológica de la secuencia que desencadenó la crisis sanitaria. Recordó que el primer foco se detectó en el Hospital Italiano de La Plata, donde se registraron inicialmente 15 personas afectadas y dos muertes. A partir de esa investigación, el análisis de trazabilidad permitió identificar la magnitud real del problema y el volumen total de ampollas manipuladas.

El juez precisó que la sustancia cuestionada provenía de un lote específico de la empresa HLB Pharma Group SA, en el cual se detectaron dos bacterias. Este hallazgo motivó la denuncia presentada ante la ANMAT, la emisión de la alerta sanitaria y la posterior intervención judicial. (Fuente: Ámbito)

La Justicia confirmó que Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, quedará detenido preventivamente mientras la Justicia investiga las 96 muertes ocurridas a raíz de la administración de fentanilo contaminado. Además, fue embargado por $1 billón de pesos.

Semanas atrás, en su declaración indagatoria ante el juez Ernesto Kreplak, García Furfaro aseguró que, si el fentanilo está contaminado con bacterias, “las puso otra persona”. En ese sentido, apuntó contra Andrés Quinteros, quien fuera su mano derecha y apoderado del laboratorio que está bajo investigación.

La decisión fue tomada por el juez Kreplak y también recae sobre otros directivos que ya habían prestado declaración indagatoria. La causa contra Furfaro se basa en el artículo 201 bis del Código Penal, que establece penas de 10 a 25 años. La misma abarca situaciones en las que envenenamiento de sustancias alimenticias o medicinales provoca la muerte de personas.

Además de Ariel, Kreplak también dictó procesamiento y prisión preventiva para; Diego Hernán García; Nilda Furfaro; Javier Martín Tchukrán; José Antonio Maiorano; Carolina Ansaldi; María Victoria García; Wilson Daniel Pons; Adriana Iúdica; Arzolidys Dayana Astudillo Bolvar; Rocío del Cielo Garay; Edgardo Gerardo Antonio Sclafani; Eduardo Darchuk.

Quedó definido el esquema de autoridades de la comisión investigadora sobre el caso de fentanilo contaminado en la Cámara de Diputados. La diputada, Mónica Fein (Encuentro Federal) asumirá la presidencia, mientras que la representante del PRO y dirigente cercana a Patricia Bullrich, Silvana Giudici, ocupará la vicepresidencia. En tanto, Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) completará la conducción del cuerpo.

La creación de la comisión había sido aprobada por unanimidad en la sesión del 17 de septiembre. Estará integrada por 31 legisladores, con participación proporcional de las distintas fuerzas políticas. De acuerdo con la resolución constitutiva, el organismo tiene como plazo máximo el 9 de diciembre para presentar su informe final, que quedará disponible un día antes de la renovación del Congreso.

El mandato de la comisión abarca desde relevar la cantidad total de casos —confirmados, probables y sospechosos— vinculados al consumo de fentanilo adulterado, discriminados por fecha, cuadro clínico, institución de atención y jurisdicción; hasta reconstruir la cronología de cómo se detectó el brote, evaluando las alertas tempranas, las notificaciones iniciales, las comunicaciones oficiales y los protocolos que se pusieron en marcha. (Con información de Ámbito)

El empresario Ariel García Furfaro recibió su primer revés judicial: junto a su madre y su abuela de 90 años, fue procesado por “sobrefacturación de importaciones y operaciones comerciales con China por las que declaró un monto falso ante la Aduana, realizadas a través de varias empresas, entre ellas HLB Pharma Group SA, el laboratorio investigado por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, por haber elaborado fentanilo adulterado al que se lo vincula con decenas de pacientes fallecidos”. La causa tramitó en el Juzgado en lo Penal Económico n.º 2, a cargo de Pablo Yadarola.

Además de García Furfaro, en el expediente fueron procesados dos directivos de HLB Pharma: su madre, Nilda Furfaro, y su abuela de 90 años, Olga Luisa Arena, a quienes comprometió judicialmente al alternarlas en la presidencia de la sociedad “porque pasaba por un divorcio complicado y no tenía personas de confianza para poner”, según el mismo Ariel García explicó ante Infobae.

En la causa se precisa que, a través de HLB Pharma Group SA y Alpharma, importó maquinarias para elaboración de medicamentos desde el gigante asiático. Por la operación declaró un monto de USD 5 millones, cuando el monto real era de USD 500.000.

Según la Aduana, el empresario, que intentó distribuir en el país la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19, presentó documentación falsa. La defensa de la familia García Furfaro apeló el procesamiento. También el embargo de $25.000.000.

Quien fue beneficiado en el expediente fue Sebastián Nanini, el abogado que el 28 de marzo de 2025 había adquirido el 100 % del paquete accionario de HLB Pharma y figura en la Inspección General de Justicia (IGJ) como “presidente” de la empresa, pero que, cuando estalló el escándalo del fentanilo mortal, que se elaboró el 18 de diciembre de 2024, ejecutó la cláusula de indemnidad que tenía por seis meses y desistió de la operación. Sin embargo, García Furfaro no formó un nuevo directorio y, por esa razón, Nanini aún aparece como presidente de la sociedad.

El expediente que investiga las maniobras de contrabando agravado involucra a varias personas físicas y jurídicas, además de la familia García Furfaro: Walter Norberto Allocco, Guillermo Enrique Gallo, ALFARMA S.R.L., CIMA Industries Inc. y HLB Pharma Group SA. Las actuaciones ya pasaron a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

“En momentos en que se elaboró la partida 31202, la presidenta de la empresa era la abuela de García Furfaro, una jubilada que nunca tomó ninguna resolución ni se la vio en las instalaciones de la planta elaboradora de medicamentos de su nieto”.

A todos ellos, más otra veintena de personas, Kreplak les inhibió sus bienes y les prohibió la salida del país. En las próximas horas, el juez federal de La Plata podría resolver también la situación procesal del clan García Furfaro.

Según pudo saber Infobae, la decisión será tomada después de que el juez Kreplak analice los resultados de los estudios que realizó el Instituto Malbrán sobre las partidas contaminadas de fentanilo de HLB Pharma y los hemocultivos de los pacientes fallecidos. Ayer el juez recibió el estudio de las primeras 20 historias clínicas de pacientes fallecidos, realizadas por el Cuerpo Médico Forense. De ese total, al menos 12 pacientes empeoraron su cuadro después de recibir el medicamento contaminado con dos bacterias.

En medio de la conmoción por las muertes vinculadas al suministro de fentanilo contaminado en distintos hospitales de todo el país, el Gobierno descartó cualquier posibilidad de pedirle la renuncia al ministro de Salud, Mario Lugones, foco de las críticas opositoras. La posición de Javier Milei la transmitió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien defendió la actuación de la cartera sanitaria y aseguró que el funcionario “no tiene ninguna responsabilidad en este tema”.

“Está tratando el tema la Justicia. El juez Kreplak está investigando junto a los fiscales. Estamos al tanto de todo y el ministro de Salud tiene perfectamente en claro cómo es el tema, está colaborando y tomó medidas”, afirmó Francos este martes en declaraciones radiales. Y agregó: “El ministro Lugones seguro que no tiene ninguna responsabilidad. De ninguna manera presentó la renuncia, porque no lo hace: no tiene ninguna responsabilidad en este tema”.

El jefe de Gabinete insistió en que el origen de la crisis se remonta a un manejo irregular del laboratorio privado HLB Pharma. “Viene de hace mucho tiempo el tema con una persona que generó una fortuna, nadie sabe cómo, y no estaba en condiciones de llevar el laboratorio adelante”, sostuvo Francos, en alusión a García Furfaro, empresario farmacéutico investigado por la Justicia. Como ejemplo de sus contactos, el funcionario recordó que Furfaro “viajó en el avión presidencial que iba a buscar las vacunas Sputnik a Rusia, eso revela otro nivel de contacto”. Milei vinculó públicamente a Furfaro con el kirchnerismo y apuntó contra el juez Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal n.° 3 de La Plata, por ser hermano de Nicolás Kreplak, ministro de Salud de Axel Kicillof.

El Gobierno salió así al cruce de las críticas que se multiplicaron en los últimos días. Una de las más resonantes fue la del periodista Alejandro Fantino, quien desde su programa en el steaming Neura pidió la renuncia de Lugones al considerar que el ministerio no reaccionó con la celeridad necesaria frente a las casi cien muertes por el fentanilo contaminado.

La intervención del conductor alimentó el debate en redes sociales y en la arena política sobre el alcance de la responsabilidad del ministro. Días antes Fantino había logrado un éxito político en el Gobierno: ubicó a su socio en Neura Sergio “Tronco” Figliuolo como candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la lista bonaerense que encabeza José Luis Espert.

En la Casa Rosada, sin embargo, la estrategia es cerrar filas en torno a Lugones y derivar el foco a la investigación judicial. “Hay que iniciar los sumarios correspondientes y hacer la denuncia que haya que hacer”, remarcó Francos en radio Mitre, al tiempo que subrayó que el ministerio ya está trabajando en coordinación con la Justicia y con los equipos de fiscalía.

Un informe del Cuerpo Médico Forense constató que en 12 de las 20 historias clínicas de pacientes muertos por la inoculación del fentanilo contaminado hubo un “nexo concausal” del opioide, desarrollado por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., que incidió en el desenlace fatal.

El peritaje se llevó a cabo en base al lote Lote 31202 realizado el 18 de diciembre de 2024 y adulterado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, y constató “un factor agravante significativo de la condición clínica del paciente portador de un cuadro clínico complejo con múltiples comorbilidades y contribuyó al desenlace fatal”.

Los especialistas señalaron que el fármaco contaminado estaba presente en la sangre de los fallecidos, los cuales son 87 confirmados, mientras que otros 9 se encuentran bajo investigación.

El análisis se llevó a cabo en nueve historias clínicas de los siguientes centros de salud: Hospital Italiano de Rosario; Hospital Italiano de La Plata, Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario; Sanatorio Parque de Rosario; Sanatorio Parque de Entre Ríos; Sanatorio Cullen de Santa Fe y el Instituto Dupuytren Traumatología y Ortopedia.

Darío compartió el difícil momento que atraviesa su familia después de que su bebé, Giovanni, sufriera un grave episodio respiratorio. El hombre relató que el pequeño, que se recuperaba en su hogar, debió ser internado nuevamente en terapia intensiva, pero actualmente mostró signos de mejoría.

La familia, oriunda de Córdoba, denunció que el pequeño habría recibido fentanilo contaminado en la clínica en la que nació. Según explicaron, luego de presentar complicaciones respiratorias, los médicos de neonatología lo debieron entubar y le administraron el sedante para evitar que reaccionara contra el respirador.

Solo después de la alerta emitida por la ANMAT el 9 de mayo, cuando se detectó la contaminación de ciertos lotes del fármaco, la familia sospechó un vínculo entre el sedante y el agravamiento del cuadro clínico de su hijo.

A partir de ese momento, el equipo médico cambió la sedación de Giovanni a morfina. No obstante, según la familia, el pequeño ya había contraído Klebsiella, una superbacteria resistente a los antibióticos que, denuncian, habría ingresado junto al medicamento adulterado.

Darío relató que el bebé se recupera "de a poquito" y afirmó que, a raíz del incidente, padece de “secuelas a nivel respiratorio”.

Finalmente, el padre aseguró que su hijo va a requerir la atención de "muchos especialistas" para su recuperación, un proceso que podría tomar "varios años", ya que sus pulmones son “muy sensibles” y podría necesitar “oxígeno después en la casa”. (Fuente: Agencia Noticias Argentinas)

Las muertes por fentanilo contaminado llegaron a 96 en todo el país, aunque sigue la investigación sobre algunos fallecimientos, y estiman que el número de víctimas fatales podría elevarse con el transcurso de la causa.

Entre las personas que perdieron la vida está Renato Nicolini, de 18 años, la víctima fatal más joven del brote de fentanilo contaminado en Argentina.

En diálogo con Elonce, Sol Francese, madre de Renato, relató cómo la medicación administrada durante su internación derivó en complicaciones que le costaron la vida. “Cueste lo que cueste, voy a buscar justicia”, aseguró.

Renato, oriundo de Chascomús, fue trasladado al Hospital Italiano desde La Plata tras un accidente. Allí recibió fentanilo para mantenerlo sedado mientras estaba conectado a un respirador. “Los primeros dos días estuvo grave, pero estable. Luego empezó a mejorar; le bajaron la sedación y se despertó”, recordó Francese.

Sin embargo, su cuadro se complicó por una neumonía provocada por dos bacterias presentes en el fármaco contaminado. Estuvo 10 días internado y falleció el 5 de mayo, aunque su familia se enteró del brote una semana después, a través de una persona ajena al hospital.

“Todos los días se vuelcan nuevas fojas con investigaciones e ilícitos nuevos que surgen de esta gente. Se está trabajando un montón y como familia estamos contentas con la investigación que se está haciendo”, señaló. Rechazó, además, la posibilidad de apartar al juez: “Es el único que nos escuchó y que se puso la causa al hombro. Vamos a hacer todo lo posible para que no lo saquen”.

En cuanto a las expectativas, fue contundente: “Queremos que se condene a los dueños del laboratorio, que sabían lo que estaban haciendo, y también a farmacéuticos, bioquímicos y jefes técnicos que no controlaban la temperatura ni los tiempos de fabricación de los lotes, muchas irregularidades e igual se siguió trabajando. Todos son responsables”.

Tras ello, mencionó que “cuando me dijeron que era el fentanilo lo que le había causado todas las complicaciones a Renato, no dudé en buscar justicia. Sabía que era contra un laboratorio grande e iba a ser difícil, pero me propuse que lo iba a llevar a cabo. Estoy convencida que los van a condenar, van a ir presos y cueste lo que cueste, voy a buscar justicia. Por eso no queremos que se saque al juez, que es el único que nos escuchó y que se puso la causa al hombro”.

Francese advirtió que hay casos en ciudades no previstas inicialmente, como Bahía Blanca y Tandil. “Hay que chequear todos”, remarcó.

La convocatoria bajo el lema "A un encubridor no se le da la bienvenida" surge a raíz de denuncias que involucran al prelado con hechos ocurridos durante su gestión como obispo de Santa Rosa, La Pampa.

El origen del repudio se vincula a la historia de Vicente Suárez Wollert, joven oriundo de Santa Elena que en 2015, con 19 años, viajó a Intendente Alvear para integrarse a la Fraternidad de Belén, dirigida por el cura José Miguel Padilla.

Allí, según relató el propio Suárez Wollert, sufrió acosos sexuales por parte de Padilla, quien fue luego juzgado y absuelto en 2023 por el beneficio de la duda, pese a la gravedad de las denuncias. El sacerdote había sido expulsado de la congregación antes de su muerte en 2024.

Suárez Wollert denunció que durante su estancia en la Fraternidad, Padilla lo citó a su habitación bajo el pretexto de atender su salud y allí lo acosó físicamente, afirmando que “yo era solamente de él” y que lo sentía “un poquito más suyo”. El joven llevó el caso ante la Justicia, pero asegura que Raúl Martín, entonces obispo de Santa Rosa, desoyó sus pedidos de ayuda pastoral, negó conocer los hechos y minimizó las denuncias públicamente, cuestionando incluso la veracidad del testimonio de la víctima.

El denunciante relató que Martín, frente a la prensa, llegó a afirmar que no todo lo que dicen las víctimas debía considerarse verdad y desestimó su relato, lo que generó malestar y acusaciones de encubrimiento. A raíz de estas circunstancias, Suárez Wollert decidió dar un paso simbólico y contundente: solicitó formalmente su apostasía, renunciando al vínculo religioso que lo unía a la Iglesia desde su bautismo.

En la carta presentada al Arzobispado de Paraná, argumentó que su decisión se fundamenta en la conducta del arzobispo, a quien acusa de avalar con su silencio los abusos cometidos, omitir la asistencia pastoral solicitada, no impulsar las investigaciones correspondientes y faltar a la verdad durante el juicio.

La visita de Martín a Santa Elena generó así una respuesta inmediata de la comunidad, que prepara actos de protesta durante la fiesta patronal. Organizaciones locales y vecinos consideran que su presencia constituye una afrenta a la memoria de las víctimas y un símbolo de la falta de responsabilidad de la Iglesia frente a denuncias graves de abuso.

El caso de Suárez Wollert evidencia la tensión existente entre la institución eclesiástica y quienes denuncian encubrimiento de delitos sexuales. La reacción de Santa Elena se suma a un debate más amplio sobre la responsabilidad de los líderes religiosos frente a casos de abuso, la necesidad de transparencia y el derecho de las víctimas a recibir apoyo y justicia efectiva. La movilización prevista para este domingo busca visibilizar la postura de quienes consideran que la visita del arzobispo no debe celebrarse sin cuestionamientos y sin reconocimiento de los errores pasados por parte de la Iglesia.

Durante su exposición, Tolosa Paz detalló que el Laboratorio Ramallo tenía dos lotes del medicamento adulterado: el 31244 y el 31202. El primero fue incautado en su totalidad, mientras que una parte del segundo llegó a aplicarse en pacientes, alcanzando las 45 mil dosis administradas.

Cada lote constaba de 155 mil ampollas. La trazabilidad de los envíos y la documentación de compra permiten confirmar estos números, aunque la dimensión total de la crisis podría ser mayor, dado que muchos casos solo se reportan cuando familiares de los afectados notifican a las autoridades.

El juez Ernesto Kreplak confirmó la gravedad de la situación y advirtió que la cifra de víctimas podría aumentar en los próximos días. En el Hospital Italiano de La Plata, por ejemplo, se registraron 18 fallecimientos tras suministrarse 1.300 ampollas del fármaco, lo que refleja la magnitud del riesgo sanitario.

La problemática pone en evidencia fallas graves en el control y la regulación de los medicamentos críticos utilizados en anestesia. Tolosa Paz y otros legisladores demandan medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los pacientes y la trazabilidad de los fármacos distribuidos en el sistema sanitario.

Los diputados de todos los bloques acordaron solicitar informes al titular de la ANMAT, Luis Lugones, sobre los procedimientos de control de calidad y la supervisión de laboratorios. Además, se analiza la creación de una comisión investigadora que permita determinar responsabilidades y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

La crisis del fentanilo contaminado se suma a otros escándalos de control sanitario y genera preocupación entre los profesionales de la salud, los pacientes y sus familias, que exigen respuestas rápidas y sanciones a los responsables. Las autoridades sanitarias nacionales mantienen reuniones de emergencia para coordinar la retirada de los lotes afectados y revisar protocolos de administración en los centros médicos de todo el país.

La exposición de Tolosa Paz ante la Comisión de Salud busca presionar al Ejecutivo y a los organismos de control para establecer mecanismos de prevención y garantizar la seguridad de los pacientes en el futuro, además de ofrecer contención a quienes ya fueron afectados por la crisis. La situación sigue siendo crítica y la vigilancia de los lotes de fentanilo contaminado se mantiene en curso para proteger a la población.

La investigación por las muertes en clínicas y hospitales de todo el país a causa de dos lotes de fentanilo contaminado suma víctimas fatales confirmadas a medida que avanza: el juez federal a cargo de la causa, Ernesto Kreplak, actualizó este domingo a 76 la cifra de personas que murieron por las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

A partir de versiones que circularon especialmente en redes sociales, donde se decía que había fentanilo contaminado circulando por centros de salud de todo el país, Kreplak llevó tranquilidad y aclaró que, según la investigación, existen todavía 30 mil ampollas en poder de hospitales que nunca se aplicaron tras el descubrimiento del caso y el alerta sanitaria pero que “ya no circulan”, de modo que pidió “bajar un poco la espuma”.

En una entrevista con Radio con vos admitió que la cantidad de personas que murieron como consecuencia de la administración de fentanilo infectado con estas bacterias ultrarresistentes probablemente se incremente en la medida que avancen con la investigación. “Esto no llegó al techo, lamentablemente con el correr de los días puede incrementarse el número de víctimas”, avisó el juez.

Dos días atrás, Infobae publicó una entrevista con Kreplak en la que el magistrado detalló el complejo entramado de investigación que demanda el caso, dado que el fentanilo increíblemente no tiene trazabilidad en Argentina y que muchos hospitales y clínicas trabajan las historias clínicas de sus pacientes de manera precaria, sin sistematizar y en modo analógico, es decir, en papel.

El medicamento, elaborado por Laboratorios Ramallo S.A. y HLB Pharma Group, se encontraba contaminado con dos tipos de bacterias y, según la investigación, está vinculado hasta el momento con la muerte de 68 personas, mientras que otros 20 casos continúan en análisis.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso el 11 de mayo pasado la prohibición del uso, distribución y comercialización del lote contaminado mediante la disposición 3156/2025. Se trata del producto “Fentanilo HLB / Citrato de Fentanilo 0,05 mg/ml”, solución inyectable en frasco ampolla de 5 ml, con vencimiento en septiembre de 2026 y número de certificado 53.100.

El juez Kreplak investiga las responsabilidades penales de 24 personas, entre ellas Ariel García Furfaro, señalado como principal involucrado, junto a sus hermanos, su madre y su abuela de 90 años, quienes habrían participado en la estructura societaria de las firmas señaladas. En la causa también están bajo la lupa los directores técnicos de los laboratorios y los responsables del control de calidad de los medicamentos.

La Justicia determinó que las 154.530 ampollas del lote en cuestión fueron producidas el 18 de diciembre de 2024 y vendidas en su totalidad. Desde entonces, parte de esa producción fue administrada a pacientes con patologías graves, incluyendo un caso emblemático: Giovanni, un bebé cordobés que habría sido infectado tras la aplicación del fármaco.

En el marco de la causa judicial (expediente 17371/2025), el juez resolvió el embargo general de bienes de los 24 imputados el pasado 10 de julio. Previamente, el 23 de mayo, dictó también la prohibición de salida del país para todos los involucrados, como medida preventiva para evitar riesgos procesales, como fuga o entorpecimiento de la investigación, y para preservar los bienes que pudieran tener origen en actividades delictivas.

Actualmente, continúa el proceso de recupero de las ampollas aún no utilizadas, que desde el 11 de marzo están bajo prohibición sanitaria. Las autoridades buscan determinar con precisión cuántas de las dosis restantes fueron descartadas o aún se encuentran almacenadas.

La causa, por su alcance y gravedad, se perfila como una de las más importantes vinculadas a la seguridad sanitaria y farmacológica de los últimos años en Argentina.

El escándalo sanitario por el fentanilo clínico contaminado sigue creciendo: de las 154.530 ampollas distribuidas por HLB Pharma Group SA y su elaborador Ramallo SA, solo se han recuperado 64.003, según confirmó la Justicia. Esto significa que más de 90.000 unidades están aún “pendientes de recupero” en distintas partes del país, con posibilidad de haber sido administradas a pacientes o puestas en cuarentena tras la alerta.

El medicamento, perteneciente al lote 31202 y producido el 18 de diciembre de 2024, fue prohibido por la Disposición 3156/2025 de la ANMAT el pasado 11 de mayo. La decisión fue tomada luego de que el Hospital Italiano de La Plata denunciara la contaminación bacteriana de varias ampollas, que derivó en la infección de 18 personas y la muerte de 15 pacientes.

A partir de esa denuncia, el juez federal Ernesto Kreplak ordenó el retiro de todos los lotes distribuidos por el laboratorio. Sin embargo, el avance en la recuperación es parcial y lento. La ANMAT, junto con el Ministerio de Seguridad a través de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, interviene en la ejecución del operativo judicial.

En la provincia de Buenos Aires se hallaron 15.637 ampollas, incluyendo 8.229 que estaban en poder del Hospital Italiano. Pero es Santa Fe la provincia que concentra la mayor cantidad, con 17.678 ampollas contaminadas localizadas en 23 instituciones de salud. Córdoba, por su parte, recibió 1.582 ampollas distribuidas en seis clínicas privadas, mientras que Formosa y Jujuy registran 14.065 y 500 unidades respectivamente. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también se detectaron 68 ampollas conservadas en la farmacia de la Clínica CIAREC.

El lote 31202 fue identificado como el principal responsable de los casos fatales. En total, en el país se distribuyeron unas 540.000 ampollas de fentanilo HLB —contaminadas y no contaminadas— en 16 provincias, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Salud. Las jurisdicciones que encabezaron la adquisición del anestésico fueron Santa Fe (302.000), Córdoba (251.000) y Buenos Aires (126.000).

El procedimiento de retiro sigue bajo la órbita judicial y se desplegará con estrictos controles, aunque persisten dudas sobre el destino de las ampollas no recuperadas. La magnitud del caso pone en cuestión los mecanismos de fiscalización del sistema sanitario, el control de calidad en los laboratorios y la trazabilidad de los medicamentos que se administran a diario en centros de salud públicos y privados.

El fentanilo es un opioide de altísima potencia, utilizado en entornos clínicos para anestesias y tratamientos paliativos. La contaminación bacteriana de este tipo de drogas puede ser letal en pacientes vulnerables, como quedó demostrado en los casos denunciados. Las autoridades sanitarias no descartan que puedan aparecer más afectados y exhortan a los centros médicos a revisar sus stocks y colaborar con el retiro de los productos en cuestión.

Este jueves, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de La Plata, a cargo del Dr. Ernesto Kreplak, ordenó una medida cautelar para asegurar un lote de ampollas de fentanilo en el Hospital Santa Rosa de Villaguay.

En cumplimiento de la resolución, personal de la División Unidad Operativa Federal Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina (PFA), junto al equipo directivo y farmacéutico del hospital, se presentó en el establecimiento para realizar el procedimiento.

Según indicaron desde la PFA a Elonce, se firmó un acta compromiso con el fin de dejar a resguardo un lote de 55 ampollas de fentanilo y demás medicamentos vinculados al laboratorio HLB Pharma. Con esta medida, se busca garantizar la inmovilización de los productos y brindar tranquilidad a pacientes y vecinos.

El operativo sucede en el marco del escándalo del fentanilo contaminado que provocó al menos 52 muertes en todo el país. Hasta el momento quedan más de 550.000 dosis aún en circulación en hospitales, farmacias y droguerías.

Según la ANMAT, muchos de los lotes han sido inmovilizados mediante disposiciones como la 3156/25, que prohibió su uso, comercialización y distribución, aunque la recuperación total del stock avanza de forma lenta y exige la firma de actas por parte de cada institución.

El magistrado Kreplak intervino activamente en la investigación. El Juzgado Federal cuenta con facultades para ordenar la inmovilización de lotes sospechados, lo que ha permitido la actuación de la PFA y de fuerzas provinciales en múltiples puntos del país. Además, los procedimientos se complementan con operativos en droguerías y laboratorios, coordinados con Anmat, que permitieron incautar insumos sospechosos, ampollas, bidones y registros vinculados a casos con pacientes afectados. (APFDigital)