Con motivo del cierre de las actividades conmemorativas por el Mes de la Salud Mental, la Asamblea de Salud Mental Gualeguaychú convocó a la comunidad local a participar de una agenda pública centrada en la visibilización de reclamos del sector, la exigencia de políticas públicas y el fortalecimiento del abordaje comunitario en la atención sanitaria. El espacio está integrado por referentes de organizaciones locales, trabajadores del ámbito de la salud y la educación, personas jubiladas y usuarios del sistema.

Las actividades comenzarán el jueves 29 de octubre a las 19:30 horas con una vigilia en el Espacio Cultural Sinergia, ubicado en Leandro N. Alem N° 36, donde se ofrecerán propuestas abiertas como cine debate, una representación teatral sobre la identidad y un servicio de cantina a precios populares. La programación continuará el viernes 30 de octubre con una concentración fijada a las 17:30 horas en Plaza Urquiza, desde donde la movilización se desplazará hacia la Plaza San Martín. En el lugar de llegada se dará lectura a un documento institucional y se llevará a cabo un festival con la presentación de artistas locales de la música, el baile y la poesía.

Según señalaron desde la organización a través de un comunicado oficial enviado a este medio, las jornadas apuntan a reinstalar las prioridades presupuestarias y asistenciales de la zona. Desde la Asamblea explicaron que la convocatoria busca "reivindicar los derechos conquistados, alzar la voz en defensa de aquellxs a los que se les esta quitando los mismos y volver a poner en agenda las demandas que atraviesan al sector".

Entre los puntos que integran el petitorio figuran el financiamiento real para la salud pública, el acceso universal a tratamientos gratuitos, la consolidación de redes comunitarias de cuidado, la aplicación de la Ley Nacional N° 26.934 de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos y la declaración de la emergencia en salud mental.

Uno de los ejes centrales expresados en la gacetilla radica en el cumplimiento efectivo de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, sancionada en el año 2010. Al respecto, el espacio evaluó el estado de aplicación de la normativa y manifestó: "Su artículo 32 establece que el poder ejecutivo debe destinar como mínimo el 10% del presupuesto total de salud al campo de la salud mental y nunca se alcanzó ese porcentaje. La falta de presupuesto, los recortes en salud se traducen en guardias colapsadas, turnos a meses de distancia, tratamientos interrumpidos, y equipos territoriales diezmados".

Asimismo, agregaron que "aplicar la ley implica un presupuesto real, que postula pasar del encierro a la comunidad, del control a una perspectiva de derechos, y de una mirada individual a una mirada comunitaria y social".

Por otra parte, el documento emitido por la Asamblea manifiesta la oposición del colectivo a las propuestas de reforma legislativa en debate parlamentario. Según expresaron en la comunicación oficial, "los intentos de modificación presentados en el Congreso significan un retroceso al avance de los derechos humanos", debido a que "el proyecto de mayoría reinstala el modelo basado en el hospital psiquiátrico, debilitando así el abordaje comunitario".

También señalaron que "habilita las internaciones involuntarias con criterios poco claros" y "desplaza la lógica interdisciplinaria hacia un modelo con mayor preeminencia del enfoque médico". Frente a las deficiencias detectadas en el sistema actual, la organización concluyó que "la respuesta no puede ser volver a un modelo que se ha revelado dañino para las personas e ineficaz", ratificando la invitación a la ciudadanía a sumarse a las actividades programadas para el cierre de octubre.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo a nivel técnico sobre la tercera revisión del programa en el marco del Servicio Ampliado del organismo.

“Las políticas macroeconómicas disciplinadas y las reformas orientadas al mercado continúan respaldando el proceso de desinflación y las mejoras de la posición externa de Argentina, y la acumulación de reservas supera los compromisos asumidos en el marco del programa”, detalló el comunicado oficial.

De esta manera, el Gobierno se encamina a recibir un desembolso de aproximadamente US$900 millones. Todavía resta la aprobación final del Directorio Ejecutivo del organismo, el cual dará el visto bueno a principios de diciembre.

El Fondo Monetario informó que alcanzó un acuerdo a nivel técnico con la Argentina para completar la tercera revisión del programa de 48 meses bajo el Servicio Ampliado.

El entendimiento aún requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo.

El organismo destacó el superávit fiscal, la desaceleración de la inflación y la acumulación de reservas.

Según el comunicado, el BCRA compró cerca de USD 16.000 millones en lo que va de 2026 y la revisión sería tratada a principios de diciembre.

La aprobación de la tercera revisión del acuerdo a nivel del personal del FMI resulta un paso fundamental, ahora solo resta que el directorio del organismo internacional lo trate.

Una vez que ello suceda se va a destrabar el desembolso pendiente por USD 900 millones (600 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG)).

Es poco probable que suceda antes del próximo lunes cuando el Gobierno tiene que enfrentar un vencimiento por USD 800 millones en concepto de intereses con el organismo internacional.

“El programa de las autoridades, respaldado por el FMI, continúa arrojando resultados impresionantes, a pesar de un contexto global más complejo”, destacaron en el comunicado del organismo.

Aseguran que son el resultado de las prudentes políticas fiscales y monetaria que han permitido de la continuidad de la desinflación y la compra de reservas por parte del BCRA.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, destacó que "avanza el programa de estabilización, creando bases sólidas para el crecimiento sostenido, sin desequilibrios, para ayudar a toda la población".

En el plano fiscal, el organismo aseguró que el superávit primario de 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026 seguirá siendo fundamental para el programa.

Y que para 2027 se espera un esfuerzo similar como se refleja en el proyecto de presupuesto 2027 que envió el Gobierno al Congreso, siendo el cuarto año consecutivo de orden en las cuentas públicas.

“La disciplina en el gasto y las reformas a los marcos tributario y fiscal impulsarán aún más los esfuerzos de consolidación, al tiempo que se protege el gasto prioritario en infraestructura y servicios sociales”, agregaron.

A nivel de reservas internacionales del BCRA, el FMI sostuvo que para fortalecer la resiliencia, la entidad que conduce Santiago Bausili va a seguir comprando.

Lo que se complementará con la implementación sostenida de la estrategia de financiamiento en divisas de las autoridades, que continuará movilizando financiamiento de los mercados de capitales nacionales, socios oficiales y los ingresos por privatizaciones.

El acceso a la vivienda propia continúa siendo una de las principales preocupaciones de miles de familias entrerrianas. En ese contexto, el programa de créditos hipotecarios Raíces, impulsado por el gobierno provincial a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), comenzó a mostrar resultados concretos a cinco meses de su relanzamiento.

Desde su nueva puesta en marcha, el 21 de mayo pasado, la herramienta ya acumula 247 créditos aprobados y otras 195 solicitudes se encuentran en la etapa final de evaluación. Los números reflejan una demanda sostenida y un creciente interés de familias que buscan construir, ampliar o mejorar sus viviendas.

Uno de los datos más destacados tiene que ver con la rapidez del proceso. Los primeros 100 créditos fueron aprobados en apenas 94 días desde la apertura de carpetas, lo que representa una reducción del 37 por ciento respecto de los tiempos que había demandado el programa anterior para alcanzar la misma cantidad de beneficiarios.

Además, el 92 por ciento de esos primeros cien créditos obtuvo la aprobación en menos de 90 días, una señal de la mayor agilidad administrativa que busca consolidar la nueva gestión del programa.

La iniciativa contempla dos líneas de financiamiento: la construcción de viviendas en terrenos propios y la ampliación o refacción de casas ya existentes. De esta manera, ofrece respuestas tanto a quienes buscan acceder a su primer hogar como a familias que necesitan mejorar sus condiciones habitacionales.

Otro aspecto relevante es el perfil de quienes lograron acceder al financiamiento. Entre los primeros 100 titulares aprobados, el 46 por ciento tiene menos de 35 años, una estadística que evidencia una fuerte presencia de jóvenes que encuentran en esta herramienta una oportunidad para concretar proyectos que muchas veces resultan inaccesibles a través del sistema financiero tradicional.

Asimismo, el programa amplió el rango de ingresos permitidos. Actualmente pueden acceder grupos familiares con ingresos de hasta diez salarios mínimos, vitales y móviles, cuando anteriormente el límite se ubicaba en ocho. Según los datos oficiales, un hogar típico beneficiario registra ingresos equivalentes a 5,7 salarios mínimos, es decir, alrededor de 2,2 millones de pesos mensuales.

La política habitacional también muestra un marcado alcance territorial. Hasta el momento se evaluaron 1.130 carpetas correspondientes a postulantes de 85 localidades distribuidas en los 17 departamentos de Entre Ríos, permitiendo que las obras se ejecuten en los mismos lugares donde las familias viven y trabajan, con el consecuente impacto en las economías locales.

Desde el IAPV señalaron que el objetivo es continuar perfeccionando los procesos para reducir demoras vinculadas a la documentación y agilizar las evaluaciones. En paralelo, se prevé habilitar nuevos lotes de análisis para más de 1.100 postulantes ya inscriptos.

Con una demanda que supera las 2.200 familias entre expedientes evaluados y solicitudes pendientes de revisión, Raíces se consolida como una de las principales herramientas habitacionales de la provincia y apunta a alcanzar los 1.000 créditos aprobados durante 2027.

En un paso decisivo para saldar una deuda histórica en materia de saneamiento y desarrollo urbano, la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos Limitada de Pueblo General Belgrano asumirá de manera integral el financiamiento, la contratación y la ejecución de las obras destinadas a optimizar el sistema de tratamiento y disposición final de los efluentes cloacales de la localidad.

El plan de trabajo quedó formalizado a través de un convenio de cooperación institucional firmado entre el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el intendente de Pueblo General Belgrano, Francisco Fiorotto; y el presidente de la entidad cooperativa local, Cristian Zanandrea. El marco del acuerdo establece que la cooperativa no solo se hará cargo de la puesta en funcionamiento de los trabajos y de la gestión de todos los permisos ambientales correspondientes, sino que también absorberá íntegramente los costos económicos requeridos para la adquisición del terreno necesario donde se ampliará la planta.

Por su parte, el Estado provincial acompañará el proceso garantizando el respaldo legal y legislativo. Para ello, la Provincia tramitará ante la Legislatura un proyecto de ley que declare de utilidad pública el predio delimitado, habilitando su expropiación con transferencia directa a favor de la cooperativa, sin perjudicar la posibilidad de que la entidad alcance un acuerdo de compra voluntaria con los propietarios del inmueble.

Esta intervención permitirá encarar una problemática ambiental y sanitaria que llevaba dos décadas sin resolverse y que incluso contaba con derivaciones en el ámbito judicial debido a la urgencia de adecuar los vuelcos de los efluentes. La propuesta técnica contempla la ampliación y optimización de la laguna sanitaria y proyecta una conexión directa con el río Gualeguaychú, incorporando además nuevas bombas para potenciar el esquema general.

Desde la conducción de la cooperativa destacaron que el entendimiento representa el punto de partida definitivo para resolver una traba que condicionó el crecimiento de la zona durante 20 años. Paralelamente, las autoridades municipales remarcaron que, una vez concretadas las tareas operativas a cargo de la cooperativa, la localidad logrará llevar la cobertura de la red cloacal al 90 por ciento de la población, manteniendo al mismo tiempo la totalidad del suministro de agua potable y devolviendo la previsibilidad necesaria para la llegada de nuevas inversiones.

Los títulos soberanos de la Argentina encadenaron una racha de siete jornadas consecutivas en terreno negativo, provocando un incremento en el índice de riesgo país que elabora la entidad financiera JP Morgan. El indicador, que mide la brecha entre el rendimiento de la deuda pública nacional y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, se posicionó en los 678 puntos básicos tras registrar un ascenso diario de 30 unidades, alcanzando de esta manera su valor más elevado en los últimos doce meses.

La cotización de los bonos hard dollar —tanto Globales como Bonares— sostiene una trayectoria descendente iniciada dos meses atrás, en un escenario de volatilidad en los mercados internacionales y demandas operativas de la plaza local.

En el orden local, los analistas de mercado señalan la atención sobre la estrategia de financiamiento para atender los compromisos de deuda en moneda extranjera proyectados para el próximo año, que superan los 21.000 millones de dólares entre acreedores privados y organismos internacionales. Paralelamente, la exclusión de ciertos títulos públicos en dólares de las licitaciones del Tesoro por el costo de las tasas de interés demandadas por el mercado refleja las condiciones vigentes para el acceso al crédito voluntario.

A este panorama se suma el comportamiento de las reservas internacionales del Banco Central y el ritmo de la actividad económica y el consumo doméstico. La evolución de los indicadores de recaudación fiscal y el escenario previo al ciclo electoral del próximo año forman parte de las variables bajo análisis técnico que explican la brecha del 5 por ciento acumulada desde el mes de julio entre los activos locales y el comportamiento general del resto de los mercados emergentes.

Diversas instituciones, organizaciones sociales, prestadores de servicios y familias vinculadas al colectivo de la discapacidad en la provincia de Entre Ríos hicieron pública una declaración conjunta tras la imposibilidad de alcanzar el quórum necesario para tratar el proyecto relativo a la emergencia del sector en el recinto legislativo.

El documento al que pudo acceder El Argentino se suscribió en la ciudad de Gualeguaychú con fecha 17 de octubre de 2026, el mismo, expone la inquietud de los sectores convocantes ante la interrupción del debate parlamentario y remarca la "necesidad de dar continuidad a las herramientas normativas vigentes a dos décadas de la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".

En la misiva, los firmantes señalan que "la falta de actualización en los aranceles y la discontinuidad en los aportes financieros han llevado a una situación operativa compleja a los centros de atención, escuelas especiales y espacios terapéuticos". Según argumentan los referentes del colectivo, "la falta de presupuesto adecuado afecta de manera directa la sostenibilidad económica de los prestadores privados e institucionales, derivando en eventuales cierres de establecimientos y en la consecuente interrupción de los tratamientos y el acompañamiento profesional que reciben los usuarios".

El pronunciamiento cuenta con la adhesión de numerosos espacios de atención y agrupaciones civiles del departamento Gualeguaychú y de distintas localidades de la provincia. Entre las instituciones firmantes se encuentran el Centro de Día Casa Club, la Asociación de Sordos de Gualeguaychú, la Asociación Síndrome de Down Gualeguaychú, la Fundación Incluir, Padres Síndrome de Down, la EPEI N° 15 Taller Protegido Emanuel, la EPEI N° 28 IDEEA, el Centro de Día e Instituto IDEEA, la Red de Familias TDAH y la Asociación TGD Padres TEA Gualeguaychú.

A la convocatoria local se sumaron entidades de otros municipios de Entre Ríos, tales como la Asociación Hablamos de Autismo (Concepción del Uruguay), Asociación ALAS (Gualeguay), Asociación Civil TEA Padres y Fundación Manos a la Obra (Concordia), el Espacio LUDOLANDIA (Larroque), junto a las organizaciones NeuroCEA, Neurodiversidad San Benito, MIRARTEA y TEA Azul, procedentes de la capital provincial y zonas de influencia.

Otras instituciones que se sumaron fueron: el Centro de Día CREAN, Centro de Rehabilitación CREAN, el Cuentero de Rehabilitación Visual CREAN Gualeguaychú, Centro de Día IDEEA Gualeguaychú, la Asociación Civil TEA Padres Concordia, Fundación Manos a la obra de Concordia y la Cooperadora Escuela de Educación Integral N°34 Flavia Mena Paraná.

En el marco de una política pública orientada al fortalecimiento de los proyectos productivos entrerrianos, a principio de este mes un total de setenta emprendedores de Gualeguaychú recibieron financiamiento a través del Programa Microcréditos para el Impulso Local. Esta herramienta de financiamiento estatal se implementa desde el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Integración Económica y Desarrollo Comunitario, en articulación directa con los municipios.

Esta política pública busca garantizar accesibilidad al financiamiento, sin tasas de interés, permitiendo que pequeños productores, artesanos y prestadores de servicios adquieran equipamiento, herramientas de trabajo e insumos para consolidar sus unidades productivas.

En esta entrega en Gualeguaychú, la inversión conjunta superó los 28 millones de pesos, abarcando proyectos vinculados a la gastronomía, la producción textil, la estética, la carpintería, la decoración y el mantenimiento de espacios verdes.

“Nuestro emprendimiento nació hace dos años como un sueño por cumplir de mi mamá que hoy lleva su nombre y me acompaña desde otro plano”, narró la emprendedora.

“Hoy en día cuesta mucho emprender y sostener una actividad independiente, es un trabajo de hormiga y cada día vamos por ese camino”, agregó.

“Cuando me enteré del crédito enseguida pensé en presentarme para solicitarlo. Para mí era una gran oportunidad para crecer. Pensé que sería una ayuda enorme para comprarme máquinas que me hacían falta para mejor trabajo”, recordó, en este sentido. Al tiempo que mencionó que el emprendimiento funciona en su casa: “Ya compré máquinas que justo se me habían quemado y son muy necesarias. Me sobró algo de dinero y compré insumos”.

“El trámite fue fácil, porque los chicos te ayudaban a completar las planillas y si hacía falta algún otro papel te llamaban para avisarte. El crédito se devuelve, pero es una devolución muy accesible y, lo principal, no tiene intereses”, remarcó la emprendedora de la ciudad.

“Este emprendimiento se basa en crear accesorios para mascotas de manera artesanal. Por el momento estoy haciendo pretales, collares y correas, pero más adelante anexaré otros productos”, contó.

En cuanto a la necesidad del crédito la emprendedora explicó: “Tuve que tomar la decisión de solicitar este tipo de ayuda por escasez de dinero y capital, debido a la falta de trabajo”. Y, ya con el dinero ya otorgado, contó que “el financiamiento está destinado a la compra de insumos y de otros materiales que me servirían para fabricar chapitas de identificación”.

En este sentido, “este microcrédito será de mucha ayuda para impulsar más mi proyecto, comprando más cantidad de insumos puedo aumentar mi producción y por ende el capital será más amplio”, remarcó la entrevistada.

Respecto a proceso de solicitud y acreditación, Gina expresó: “Fue muy sencillo y los administrativos municipales colaboraron en la escritura de mi proyecto”.

“Fue de mucha ayuda, ya que es un dinero con el cual no podía contar de otra manera. Respecto a las próximas metas a seguir, tengo pensado continuar con ventas minoristas y mayoristas, realizando envíos a todo el país. Y, por supuesto, seguir innovando productos y capacitándome en ventas y en creación de contenido en redes sociales”, concluyó.

Una multitud se movilizó este jueves por la tarde en Gualeguaychú para reclamar al Gobierno nacional la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. La manifestación se desarrolló en simultáneo con otras convocatorias realizadas en distintos puntos del país, en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria.

La concentración comenzó alrededor de las 16:30 en la intersección de 25 de Mayo y Perón, frente a la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Cerca de las 17:15, los manifestantes iniciaron su recorrido por las calles céntricas hasta llegar a la Plaza San Martín.

La convocatoria estuvo impulsada por la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) y reunió a docentes, estudiantes, graduados y trabajadores no docentes de la UNER y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). También participaron representantes de AGMER, integrantes del Centro de Estudiantes de Bromatología, organizaciones sociales y vecinos autoconvocados.

El principal reclamo estuvo dirigido al Gobierno nacional para que avance con la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

La normativa fue sancionada por el Congreso de la Nación luego de que ambas cámaras reunieran los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial. Sin embargo, su implementación quedó condicionada por el Decreto 759/2025 del Poder Ejecutivo.

En este contexto, el pasado 6 de octubre el juez federal Martín Cormick declaró la inconstitucionalidad de ese decreto y ordenó al Gobierno nacional aplicar la legislación.

La movilización en Gualeguaychú formó parte de una jornada de alcance nacional que tuvo su convocatoria central frente al Congreso, en Buenos Aires, donde miles de personas se manifestaron bajo la misma consigna: exigir el cumplimiento efectivo de la ley y reclamar mayores recursos para el sostenimiento de las universidades públicas.

La instrumentista entrerriana Delfina Díaz Brau, de 22 años de edad y oriunda de Concepción del Uruguay, fue seleccionada como becaria del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina (SOIJAr) para formar parte de una presentación especial junto a la Orquesta del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISATC).

En forma paralela a este hito en su trayectoria académica, la joven sostiene una campaña de financiamiento colectivo con el objetivo de adquirir un instrumento de nivel profesional que le permita rendir las pruebas de ingreso a la mencionada institución porteña.

Díaz Brau, quien integra activamente la Orquesta Escuela “Río de los Pájaros” en su ciudad natal, fue elegida para representar al programa nacional SOIJAr en el concierto de cierre de la temporada orquestal. El evento está programado para el jueves 26 de noviembre en la Sala Ballena Azul del Palacio Libertad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Los aportes financieros para colaborar con la adquisición de la flauta traversa profesional se canalizan mediante la cuenta de Mercado Pago bajo el alias flautadelfi, o a través de la cuenta en Banco Galicia mediante el CBU asociado GOLF.CABO.BLOQUE. Asimismo, la información institucional y el seguimiento de la campaña se encuentran disponibles en la plataforma Instagram a través del usuario @delfina.db.

La industria de la construcción atraviesa un escenario caracterizado por la estabilización en niveles reducidos de actividad, registrando un descenso del 25% en comparación con su último pico histórico alcanzado a mediados del año 2023. De acuerdo con las estimaciones presentadas por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), el sector experimentó la pérdida de aproximadamente 120.000 puestos de trabajo formales en un período de doce meses, junto con el cese de operaciones o dificultades financieras estructurales en cerca de 2.000 empresas contratistas a nivel nacional.

Si bien la evolución de la actividad presenta disparidades regionales —impulsada por el dinamismo de la obra privada vinculada a los desarrollos energéticos y mineros en la región patagónica—, el volumen generado en dichas provincias no logra compensar la contracción registrada en el resto del territorio argentino. A esta dinámica se suma una paralización persistente en la obra pública nacional y una baja tasa de ejecución en proyectos habitacionales privados, originada por el incremento de los costos de edificación medidos en moneda extranjera.

De acuerdo con estudios elaborados por el Consejo de Políticas de Infraestructura, sostener un ritmo de crecimiento económico cercano al 3% anual requeriría niveles de inversión continuados en el área equivalentes al 25% del Producto Bruto Interno (PBI).

En ese marco, la representación empresarial remarcó la importancia de articular mecanismos institucionales de financiamiento público y privado para la ejecución de obras estratégicas. Según las estadísticas internacionales consolidadas, los proyectos de infraestructura de baja rentabilidad directa o alto impacto social dependen mayoritariamente del aporte estatal, resultando insuficiente el capital privado para cubrir la totalidad de las necesidades estructurales de un país.

Las proyecciones del sector prevén la continuidad de estos niveles de actividad durante los próximos meses, supeditando una eventual recuperación al fortalecimiento de las líneas de crédito hipotecario, la reactivación paulatina de proyectos clave y la instrumentación de alternativas financieras compatibles con el equilibrio fiscal institucional.

Un grupo integrado por aproximadamente un centenar de estudiantiles pertenecientes a distintas instituciones de educación superior ingresó al hall central del Palacio Sarmiento, sede operativa de la Secretaría de Educación de la Nación, con el objetivo de presentar una serie de petitorios dirigidos a las autoridades del área gubernamental.

La medida incluyó la realización de una permanencia en el interior del establecimiento ubicado sobre la calle Pizzurno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañada por concentraciones de apoyo en la vía pública organizadas por sectores afines a la actividad académica.

Durante el desarrollo de la jornada, los referentes de las delegaciones estudiantiles precisaron que el motivo principal de la convocatoria radica en solicitar la ejecución efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, norma aprobada por el Congreso de la Nación para regular las partidas presupuestarias del sistema de educación pública superior.

Asimismo, el pliego de demandas presentado ante la Mesa de Entradas del organismo incluye la actualización de los montos asignados al programa de Becas Progresar y el establecimiento de instancias formales de diálogo con el titular de la Secretaría de Educación, Carlos Torrendell, para evaluar la situación financiera de los centros de estudios del país.

Representantes de los centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires informaron que la iniciativa surgió tras una concentración inicial realizada en las inmediaciones del edificio, la cual derivó en el ingreso a las instalaciones administrativas para requerir respuestas institucionales. De acuerdo con lo expresado por dirigentes gremiales universitarios, la acción busca visibilizar la necesidad de garantizar el presupuesto operativo de las facultades, el financiamiento de proyectos de investigación científica y el sostenimiento de las condiciones necesarias para el dictado de clases y el desarrollo de las carreras de grado.

La actividad desarrollada en la dependencia pública coincide con la fase previa de organización de una nueva convocatoria nacional impulsada de forma conjunta por federaciones de estudiantes, gremios de docentes y personal no docente. Dicha movilización, prevista para desarrollarse en la zona del Congreso de la Nación en los próximos días, articulará los reclamos de la comunidad educativa con demandas referidas al presupuesto de otras áreas de la administración pública nacional. Tras la entrega de las notas formales en la mesa de recepción del organismo, los manifestantes mantuvieron la presencia en el sector de ingreso al edificio a la espera de ser recibidos por funcionarios del ministerio.

El Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de Entre Ríos abrió oficialmente la convocatoria para el Programa de Desarrollo Productivo del Sector Apícola, una iniciativa orientada al fortalecimiento integral de la producción provincial. La propuesta dispone de herramientas financieras y técnicas estructuradas en cuatro modelos diferenciales, diseñados en función del volumen de producción y el grado de asociatividad de las unidades apícolas operativas en la región.

Las facilidades de asistencia técnica e inversión se diferencian según el perfil productivo del solicitante. Para productores y productoras no asociados a cooperativas que dispongan de hasta 150 colmenas, la línea prevé la entrega de kits compuestos por 20 colmenas. Para aquellos emprendimientos de mayor escala no asociados, que posean entre 151 y 300 colmenas, se dispone de módulos tecnológicos destinados a la diversificación de la producción, específicamente enfocados en la extracción e higienización de polen y propóleo. Asimismo, quienes cuenten con una infraestructura de 201 a 300 unidades productivas pueden tramitar créditos apícolas a tasa cero dirigidos a las tareas de acondicionamiento de salas de extracción.

El cuarto pilar del programa está orientado de forma directa a las cooperativas apícolas radicadas en los distritos seleccionados. Esta línea otorga equipamiento especializado para salas de extracción, procesamiento de miel y cera, como así también tecnología para el envasado del producto final, con el objetivo de optimizar la cadena de valor local.

La ejecución técnica y operativa de la iniciativa es llevada a cabo por el gobierno provincial mediante el financiamiento internacional del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), en el marco del Programa Promoción de Sistemas Agroalimentarios Resilientes y Sostenibles para la Agricultura Familiar (Prosap).

Más allá del aporte directo de equipamiento e insumos, la planificación contempla obras de infraestructura complementarias para el sector rural, entre las que destacan la adecuación de cuatro accesos a salas de extracción apícola y la mejora del camino productivo que conecta las localidades de Maciá y Guardamonte. De forma paralela, el programa contempla un esquema de asistencia técnica y capacitaciones referidas a sanidad, manejo de colmenas, agroecología, planes de negocio y gestión cooperativa.

El trámite de postulación se realiza de forma digital completando la planilla disponible en el sitio web institucional del programa (www.entrerios.gov.ar/programaapicola/) y adjuntando la documentación requerida. Para resolver dudas técnicas o administrativas, la Coordinación de Apicultura mantiene habilitada la línea telefónica (0343) 4207957 y la dirección de correo electrónico apiculturafidaentrerios@gmail.com.

La Municipalidad de Gualeguaychú y el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos concretaron la firma de convenios del Programa de Microcréditos para el Impulso Local, una iniciativa que permitirá a 70 emprendedores de la ciudad acceder a financiamiento directo para el crecimiento de sus emprendimientos.

El programa contempla una inversión total de $28 millones aportados por el Gobierno provincial, destinada a brindar recursos concretos a los proyectos seleccionados en el ejido urbano y acompañar el desarrollo de sus actividades económicas.

La jornada institucional contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso; la viceintendenta de Gualeguaychú, Julieta Carrazza; el secretario de Desarrollo Humano municipal, Juan Ignacio Olano; la directora general de Economía Social y Políticas Comunitarias, Rosario Ledri; además de concejales, equipos técnicos provinciales y locales, beneficiarios y sus respectivos garantes.

Durante el encuentro, las autoridades repasaron los alcances de la política pública y valoraron la tarea previa de inscripción, evaluación y asistencia técnica realizada entre los equipos municipales y provinciales. Posteriormente, los 70 emprendedores y sus garantes rubricaron la documentación necesaria para efectivizar la entrega de los fondos.

El Gobierno de Entre Ríos anunció un programa de alivio financiero para empleados públicos y jubilados provinciales, con medidas orientadas a reorganizar deudas y prevenir nuevos casos de sobreendeudamiento. La iniciativa incluirá créditos de Sidecreer, refinanciación a una tasa del 35% y un límite del 40% para la afectación de los haberes mediante préstamos personales o ayudas económicas.

La presentación estuvo encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y el presidente de Sidecreer, Mariano Reyno Buch.

El Ejecutivo sostuvo que el programa buscará atender las dos dimensiones del problema: brindar mejores condiciones a quienes necesitan reestructurar compromisos financieros y establecer reglas para evitar que los descuentos absorban una proporción excesiva de los ingresos.

Un límite del 40% sobre los haberes

Una de las principales medidas será la aplicación de un límite del 40% sobre los haberes para la contratación de préstamos personales o ayudas económicas.

Según explicó Frigerio, la disposición tendrá como finalidad preservar una parte significativa del ingreso mensual de trabajadores y jubilados y evitar que las cuotas y descuentos reduzcan excesivamente el dinero disponible para los gastos cotidianos.

“Sabemos que muchas veces el crédito, que debería ser una solución, termina transformándose en un problema para muchas familias”, afirmó el gobernador.

Añadió que esa situación se produce cuando las deudas y los descuentos comienzan a representar una proporción cada vez mayor del salario o del haber previsional.

Aunque sostuvo que Entre Ríos se encuentra entre las provincias con menores niveles de sobreendeudamiento, remarcó que la problemática representa un drama para cada hogar alcanzado. “Eso no quiere decir que para cada familia que sufre esta situación no sea algo que le quita el sueño. Frente a esta realidad tenemos que actuar”, manifestó.

Créditos de Sidecreer por $2.000 millones

El programa también contemplará una nueva línea de préstamos administrada por Sidecreer. Para financiarla, la Provincia anunció una inversión de $2.000 millones.

Frigerio señaló que los créditos tendrán una de las tasas más bajas disponibles en el mercado, aunque durante el anuncio no se precisaron los montos máximos por beneficiario ni los requisitos para acceder.

La herramienta estará dirigida a empleados públicos y jubilados provinciales. Los detalles operativos, las condiciones de solicitud y la fecha de habilitación deberán informarse al momento de la implementación.

El objetivo será ofrecer una alternativa dentro del sistema provincial para quienes necesiten financiamiento, con condiciones que reduzcan el riesgo de recurrir a préstamos con costos elevados.

Refinanciación al 35% en hasta 48 meses

Sidecreer también participará del plan mediante un esquema destinado a reestructurar deudas existentes. La propuesta tendrá una tasa del 35% y un plazo de amortización de hasta 48 meses.

El nuevo mecanismo se sumará al programa de desendeudamiento y unificación de pasivos implementado mediante un acuerdo entre la Provincia y el Banco Entre Ríos.

La finalidad será que los beneficiarios puedan concentrar o reordenar sus compromisos financieros mediante cuotas más previsibles y plazos más extensos.

“Vamos a hacer un nuevo plan de refinanciamiento de deudas, que se suma al del Banco Entre Ríos, con una tasa del 35% y plazos de amortización de 48 meses”, resumió Frigerio.

Las autoridades deberán precisar posteriormente qué tipos de deuda podrán incluirse, los criterios de elegibilidad y el procedimiento para adherir al programa.

Educación financiera en las escuelas

El anuncio incorporó además una línea preventiva vinculada con la formación de niños y jóvenes. El Gobierno informó que trabaja con el Consejo General de Educación para sumar contenidos de educación financiera en las aulas.

La propuesta buscará brindar herramientas para comprender el funcionamiento del crédito, las tasas de interés, el endeudamiento y la administración responsable de los ingresos.

“Como Estado no solo tenemos el rol de poner límites y ayudar a sobrellevar una situación difícil, sino también el de capacitar y educar financieramente a nuestros jóvenes”, expresó el mandatario.

Frigerio sostuvo que esa formación deberá comenzar desde edades tempranas y ampliarse progresivamente durante la trayectoria educativa.

Las medidas anunciadas

El programa provincial tendrá cuatro ejes principales: la fijación de un límite del 40% para la afectación de haberes, la creación de una línea de préstamos de Sidecreer, la inversión de $2.000 millones para financiarla y la refinanciación de deudas al 35% en un plazo máximo de 48 meses.

A esas herramientas se añadirá la incorporación progresiva de educación financiera dentro del sistema educativo entrerriano.

El Gobierno provincial deberá comunicar ahora la reglamentación, la fecha de entrada en vigencia y los canales mediante los cuales trabajadores estatales y jubilados podrán solicitar los créditos o incorporarse al esquema de refinanciación. ElOnce

La Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió para analizar la coyuntura económica y compartir la visión actual sobre los diferentes rubros productivos. Los representantes de distintos sectores y regiones de la industria expresaron su preocupación por la falta de recuperación de la actividad, la caída en el empleo y la persistencia de los costos que restan competitividad a la producción.

La producción industrial, según el INDEC, registró una caída de -4,9% respecto de julio de 2025. En términos sectoriales, 12 de los 16 sectores que componen el IPI cayeron respecto de julio de 2025, y 15 en términos mensuales (sólo la refinación de petróleo presentó una suba mensual).

Ante este escenario, la UIA remitió a la Subsecretaría PyME un documento técnico con propuestas para aliviar las dificultades que sufren las pymes. Estas ideas están respaldadas por los relevamientos del CEU y del Observatorio PyME sobre actividad, morosidad y empleo, indicaron.

Algunas de las propuestas enviadas para aliviar la presión fiscal son la suspensión de embargos por 180 días, la migración entre planes de pago, la reducción de la tasa de financiación ARCA para pymes, el diferimiento de vencimientos impositivos (IVA) de 180 días para actividades estacionales, la anualización de cargas sociales y la postergación de Contribuciones Patronales para economías regionales, además de una agilización en la devolución de saldos a favor de impuestos nacionales.

Recordaron que la presión fiscal formal en la Argentina es de 56%, récord en el mundo. La industria produce bienes transables que compiten con el mercado internacional, y por lo tanto requieren tener una presión fiscal similar a la de los productos que vienen de países donde esa presión es normal.

Plantearon que otro problema que sufre la industria -y sobre todo las pymes- es el costo energético. Los usuarios categorizados como GUDI (Grandes Usuarios de la Distribuidora) recibieron facturas con un incremento del orden del 90 al 100% en el costo básico, motivo por el cual se duplicó el costo del mes anterior y casi triplicó el valor de dos meses previos.

En este marco, se destacó la iniciativa de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba para avanzar en un esquema de financiamiento de los cargos estabilizados del Mercado Eléctrico Mayorista, luego de los planteos que realizó la UIA junto a las uniones industriales territoriales. La UIA propone al gobierno nacional el establecimiento de cuotas para hacer frente a las facturas, y el prorrateo de los vencimientos.

La morosidad en Argentina llegó a un número récord en julio, con el 12,9%, y, si bien desde el Gobierno nacional sostienen que las personas se endeudan más porque hay mayor facilidad para acceder a un crédito, un informe precisó que el pico del financiamiento no se dio durante el año en curso.

Durante el primer trimestre del 2026, el 58,7% de los hogares urbanos recurrió a algún tipo de financiación, según un estudio de la Fundación Encuentro al que tuvo acceso Noticias Argentinas.

Esa cifra no marca el pico de la serie: el máximo histórico ocurrió en el cuarto trimestre del 2019 con un 61,6% de financiamiento.

Al analizar los diferentes hogares, la organización detectó que aquellos en los que hay menores de edad son los que más piden financiación: un 62,8%, frente a 52,7% de las viviendas sin niños/as.

Casi el 30% de los hogares argentinos pidió dinero prestado para llegar a fin de mes durante el tercer trimestre de 2025

El tener o no empleo formal también incide a la hora de poder financiarse. Según los datos del reporte, el 71,1% de los hogares en los que hay un trabajador asalariado se financian mientras que esa cifra cae al 55,8% en los sectores informales.

En las casas de ingresos más altos, 7 de cada 10 se financian: son el estrato socioeconómico que más recurre al financiamiento.

En contraposición, en los hogares de menores recursos 6 de cada 10 se vieron obligados a solicitar financiamiento.

Si se analiza por ubicación geográfica, el Noroeste es la región en la que más gente apela al financiamiento: 7 decada 10 personas reconocieron haber pedir prestado para llegar a fin de mes.

CONCLUSIONES DEL INFORME:

58,7% de los hogares urbanos recurrió a financiamiento en 2026.

2019: el año en el que más hogares tomaron deuda.

1 de cada 3 hogares se financia con fiado o con tarjeta.

2 de cada 10 combina distintas modalidades.

6 de cada 10 hogares tienen menores a cargo.

7 de cada 10 hogares con el mayor poder adquisitivo financian sus gastos.

6 de cada 10 hogares con menores ingresos deben pedir dinero prestado para llegar a fin de mes.

Fuente: NA

La Cámara de Diputados de la Nación concluyó una jornada plenaria en la que se otorgó sanción a un conjunto de proyectos de ley orientados a la reestructuración del sistema financiero y la regulación del marco tributario. Entre los dictámenes aprobados por el cuerpo legislativo se destacan la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y la ampliación del régimen de inocencia fiscal, iniciativas tratadas en el marco de los consensos logrados entre las diversas bancadas parlamentarias.

Las reformas introducidas en la normativa de la autoridad monetaria establecen limitaciones formales a los mecanismos de emisión e intervención directa, con el propósito de otorgar mayor previsibilidad al mercado crediticio e institucionalizar el funcionamiento de la entidad. Respecto al régimen tributario, las disposiciones aprobadas buscan facilitar el ingreso de ahorros en moneda extranjera al circuito bancario formal bajo parámetros y restricciones específicas, promoviendo la liquidez dentro del sistema financiero.

Durante las exposiciones en la Cámara Baja, el titular del cuerpo, Martín Menem, detalló que el temario de la sesión incluyó propuestas impulsadas tanto por la gestión ejecutiva como por representantes de diferentes bloques parlamentarios. La dinámica de debate permitió articular acuerdos transversales para el tratamiento de las normas aprobadas, priorizando medidas tendientes a la regularización del crédito, la reducción gradual de los niveles de morosidad y el establecimiento de pautas normativas de largo plazo.

Por otra parte, la actividad legislativa abordó el análisis sobre la continuidad y el financiamiento de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En el marco de las discusiones sobre la optimización de los recursos públicos y la simplificación de los procesos electorales, se evaluaron propuestas para la revisión de este mecanismo de participación, proyectando la reasignación de partidas presupuestarias hacia otras áreas prioritarias del Estado.

El tratamiento de esta agenda de reformas se dio en un contexto de seguimiento de los indicadores de crédito residencial e hipotecario, donde se analizan programas de refinanciación y alternativas de acceso al financiamiento para los diversos sectores productivos y sociales. Con las sanciones obtenidas, las normativas aprobadas continuarán su trámite correspondiente según los procedimientos previstos por la Constitución Nacional.

En una clasificación que incluyó a 16 países latinoamericanos, el sistema bancario de la Argentina exhibió el mayor nivel de morosidad en sus préstamos al sector privado con un 7,3% de la cartera en situación irregular, muy por encima del 2,78% de irregularidad como promedio de la región.

Al mismo tiempo, y pese a haber exhibido una mejora en los últimos dos años, otro indicador financiero central para el crédito ubicó a la Argentina en el último puesto de la tabla. El ratio crédito/PBI argentino es de 14,3%, el más bajo de los 16 países rankeados. El promedio regional es del 47,3%.

Los datos surgen de un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), entidad que agrupa a 540 bancos de la región, con cifras al primer trimestre de este año. Y se limitan al sector bancario tradicional, que en la Argentina tiene en sus manos casi dos tercios de los $14 billones en préstamos en situación irregular. El otro tercio de los créditos en mora corresponde a las fintech y a proveedores de crédito no bancario como las tarjetas de los supermercados o cadenas de electrodomésticos, las cooperativas y las mutuales.

A nivel regional, la irregularidad viene creciendo, según Felaban: “La cartera vencida del sistema bancario latinoamericano reforzó su tendencia alcista y cerró en marzo de 2026 con un saldo cercano a USD 104.621 millones, registro 10% superior a aquél de diciembre de 2025 y 44% por encima del registrado un año atrás. A pesar de lo anterior, el indicador agregado de morosidad aumentó hasta 2,78% en marzo de 2026 versus 2,51% un año atrás. Nuevamente, los niveles de morosidad más altos se registraron en Argentina, Brasil y Colombia (7.3%, 4.3% y 3.7%, respectivamente), mientras que los más bajo se observaron en República Dominicana, El Salvador y Uruguay (1.1%, 1.4% y 1.7%, respectivamente).”

La situación del crédito

La combinación de ambos datos, la alta morosidad y el escaso volumen de financiamiento, muestra a las claras la situación del crédito en la Argentina. Tradicionalmente, la baja profundidad del sistema financiero argentino era a la vez un elemento que lo protegía de cualquier riesgo: no hay grandes preocupaciones sistémicas si se presta poco. Y su índice de morosidad se ubicaba cerca del promedio de la región, e incluso por debajo de él.

El desempeño históricamente pobre de la Argentina en materia crediticia con relación a la región se vincula a la inflación, que restringe los incentivos de ambos lados, tanto para prestar por el lado de los bancos como para endeudarse por parte de familias y empresas. La Argentina es el único de los países analizados que tiene una inflación de dos dígitos anuales, algo que tienen muy pocos países en el mundo. Bolivia tuvo un 20,4% de inflación en 2025 pero lo redujo en la primera mitad de este año. El análisis de Felaban no incluyó a Venezuela, el único país de América Latina con más inflación que la Argentina.

El financiamiento al sector privado avanzó en los últimos dos años, de la mano de la desaceleración de la inflación, la menor “competencia” de los títulos remunerados del Banco Central y la estabilidad cambiaria. La recuperación del crédito fue responsable, en parte, de la recuperación en “V” de la economía tras la fuerte caída post-devaluación. Pero eso trajo también un alza de la irregularidad que hoy se debate con intensidad. Mientras el Gobierno asegura que no hará nada al respecto (“es un asunto entre privados”, se repite) analistas y voces de la oposición recomiendan que el Banco Central tome algún grado de participación en el asunto para auxiliar a los cerca de 7 millones de argentinos que mantienen deudas con entidades financieras, ya sea en bancos, fintech u otras instituciones de crédito.

Con respecto a las previsiones del sistema -dinero inmovilizado por los bancos para sostener sus operaciones en caso de impago de sus clientes-, el informe de Felaban explicó: “En términos relativos, el indicador de cobertura (gasto en provisiones ÷ saldo de cartera vencida) disminuyó hasta 164% (marzo de 2026) desde 170% (marzo de 2025). Similar a ediciones anteriores, la banca dominicana, uruguaya y ecuatoriana reportó los mayores indicadores de cobertura (316%, 226% y 210%, en cada caso), mientras que Argentina y Panamá se posicionaron como los únicos países con indicadores de cubrimiento inferiores a 100% (84% y 93%, respectivamente)”. Infobae

La cifra representa el 46 por ciento de los 6.306 inscriptos hasta el momento. Además, otro 40 por ciento de las solicitudes se encuentra en trámite, por lo que el programa continúa avanzando en la evaluación y resolución de las situaciones financieras de trabajadores y jubilados que buscan ordenar sus deudas.

La iniciativa fue puesta en marcha en mayo pasado con el objetivo de brindar una herramienta concreta para que los entrerrianos puedan cancelar deudas vigentes con bancos, financieras, mutuales, cooperativas y otras entidades, y unificarlas bajo condiciones financieras más favorables. El plan contempla una tasa fija del 60 por ciento, hasta 72 meses de plazo y un período de gracia de hasta dos meses.

Del total de personas inscriptas, 776 casos -el 16 por ciento- no califican para acceder al programa debido a las condiciones que presentan como deudores frente al Banco Central.

En tanto, los 2.609 inscriptos restantes se encuentran en distintas etapas del proceso: algunos ya fueron analizados y están a la espera de completar documentación, mientras que otros continúan en instancia de análisis.

Una herramienta que alcanzó también al sector privado

Uno de los aspectos destacados del programa es su alcance, ya que no está dirigido exclusivamente a trabajadores de la Administración Pública Provincial y jubilados provinciales. Del total de inscriptos, el 21 por ciento corresponde a empleados que no pertenecen a la Administración Pública Provincial ni son jubilados provinciales.

De esta manera, la herramienta también alcanzó a trabajadores del sector privado, en línea con el objetivo de ofrecer alternativas para mejorar el perfil financiero de las familias entrerrianas y liberar recursos destinados al pago de cuotas elevadas. El Banco Entre Ríos contempla como destinatarios a empleados públicos, privados y jubilados.

El Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos se implementó como una política orientada a ordenar las finanzas personales, reducir la carga mensual de las familias y brindar una alternativa de financiamiento en mejores condiciones, a partir de la unificación de obligaciones vigentes. Prensa Gobernación

El debate sobre el presente de la industria cultural y el impacto de las políticas públicas en el sector audiovisual sumó la voz de reconocidos referentes de la escena nacional. Durante la presentación de la propuesta teatral Dribbling, el actor Carlos Portaluppi analizó de manera crítica el escenario que enfrentan el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Instituto Nacional del Teatro (INT), calificando el presente de los organismos de fomento como un proceso de desmantelamiento perjudicial para la creación de contenidos locales.

Según el análisis de Portaluppi, la paralización o interrupción drástica de los programas de apoyo a la cinematografía no solo detiene los circuitos de producción interna, sino que desplaza a la Argentina de la competencia regional. En ese sentido, puntualizó que naciones limítrofes como Uruguay, Brasil y Chile están captando crecientes volúmenes de inversión de plataformas e industrias internacionales, atrayendo proyectos de gran escala que anteriormente elegían las localizaciones y el capital humano del mercado argentino.

Asimismo, la discusión sobre la sostenibilidad de las obras de arte reabrió el interrogante acerca de los parámetros para medir el éxito cultural. Frente a los discursos que fundamentan el financiamiento en los números inmediatos de taquilla o volumen de espectadores, se remarcó que el valor artístico e histórico de una producción no puede evaluarse con criterios exclusivamente comerciales. Muchas piezas cinematográficas o teatrales de escasa concurrencia inicial adquieren con el paso del tiempo un peso simbólico fundamental para la identidad y el patrimonio de la sociedad.

En paralelo, el plano conceptual de las artes escénicas fue abordado como una herramienta de comunicación y concientización social. Los protagonistas enfatizaron que el teatro y el audiovisual cumplen una función pedagógica y crítica al poner en agenda problemáticas complejas como la manipulación mediática, la impunidad del poder, los desbordes emocionales asociados a la fama o delitos de gravedad como la trata de personas. Desde esa perspectiva, la cultura trasciende la noción de mero entretenimiento para consolidarse como un espacio indispensable para la reflexión colectiva.