En medio de la cuenta regresiva para definir las leyes aprobadas por la oposición, el presidente Javier Milei confirmó el veto a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica N° 27.796. La medida se oficializó este jueves a través del Decreto N° 651/2025 en el Boletín Oficial y el proyecto volverá al Congreso de la Nación, donde deberá ser tratado nuevamente.

El texto había sido sancionado el 22 de agosto en el Senado con 62 votos a favor y ocho en contra. La iniciativa establecía un plazo de un año de emergencia, con recomposición salarial, incremento presupuestario y prioridad en la asignación de insumos médicos esenciales.

En los fundamentos, el Gobierno sostuvo que la norma “carece de financiamiento genuino” y que presenta una “redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad”. Además, advirtió que generaría distorsiones salariales dentro del sistema de salud, comprometería programas esenciales y afectaría la coparticipación federal.

La administración nacional señaló que la exención en el pago de Ganancias prevista en el proyecto implicaría una merma de más de 115.000 millones de pesos para el Tesoro. También cuestionó que los fondos para la ley debían ser reasignados de la partida ya disponible en el Ministerio de Salud de la Nación.

“Como dijo el Presidente, se va a rechazar todo. No hay plata”, había adelantado una fuente cercana a Casa Rosada, en referencia a los 65.573 millones de pesos que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), demandaría la aplicación de la norma.

La norma también contemplaba un ajuste salarial inmediato para el personal de salud que atiende a la población pediátrica, incluidos los residentes nacionales de todas las especialidades. Además, establecía que la actualización de haberes no podía ser inferior a la percibida en noviembre de 2023 en términos reales.

Otra medida prevista era la eximición del pago de Ganancias para profesionales y residentes que realicen guardias, horas extras o tareas críticas en efectores públicos y privados.

En paralelo, aún se espera la definición sobre la ley que modifica el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que anticipa nuevas tensiones con los gobernadores.

Este jueves, el Senado de la Nación abre una sesión cargada de asuntos sensibles, con iniciativas de alto impacto político y social. Entre los temas principales figuran el financiamiento a las universidades nacionales, la declaración de emergencia sanitaria en pediatría y la revisión de decretos delegados. También se incorporarán acuerdos vinculados a temas militares.

La agenda fue definida en la reunión de Labor Parlamentaria realizada el miércoles, encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien atraviesa un rol cada vez más desdibujado tras las críticas del presidente Javier Milei. Pese a esa tensión interna, la convocatoria se mantuvo en pie, aunque originalmente se había previsto para la tarde del miércoles y finalmente se trasladó a hoy.

El pedido de sesión especial fue presentado por un grupo de senadores opositores que no integra Unión por la Patria. Entre las firmas destacaron Martín Lousteau, Pablo Blanco, Beatriz Ávila, Alejandra Vigo, Guadalupe Tagliaferri y Mónica Silva. En el documento, remarcaron “la trascendencia de los asuntos a tratar”, en particular la recomposición de los salarios docentes y el sostenimiento del sistema de salud infantil.

Los proyectos ya cuentan con dictámenes de comisión. El financiamiento universitario y la mejora salarial fueron debatidos en el plenario de Educación, Cultura y Presupuesto, mientras que la emergencia pediátrica pasó por las comisiones de Salud, Población y Desarrollo Humano, además de Presupuesto y Hacienda. Con esa base, los impulsores de la sesión esperan que los expedientes avancen en el recinto.

La situación en el Hospital Garrahan y en residencias pediátricas del país sumó presión política, con denuncias de falta de insumos, reducción de personal y demoras en la cobertura de tratamientos. En paralelo, los rectores universitarios advirtieron que sin refuerzo presupuestario muchas casas de estudio podrían interrumpir su funcionamiento antes de fin de año.

El oficialismo llega a la sesión en una posición incómoda: mientras Milei mantiene un enfrentamiento abierto con las universidades y relativiza las demandas salariales del sector, la presión de bloques opositores intermedios podría forzar la aprobación de medidas que el Ejecutivo rechaza. En ese escenario, la sesión se perfila como un nuevo capítulo de la disputa por el control de la agenda legislativa.

La votación de los decretos delegados, en tanto, será un test clave sobre la capacidad del gobierno de sostener su estrategia de gobernar con herramientas de excepción. Allí, el apoyo o rechazo de sectores opositores no alineados resultará decisivo.

El resultado final marcará no solo el rumbo inmediato en temas educativos y sanitarios, sino también el equilibrio de fuerzas en un Senado que, cada vez más, se convierte en campo de batalla entre un oficialismo en minoría y una oposición que busca articular mayorías circunstanciales.