Gualeguaychú será escenario este jueves de una nueva movilización en defensa de la universidad pública, en el marco de la Quinta Marcha Federal Universitaria, convocada en distintos puntos del país. La actividad local comenzará a las 16.30, con una concentración en la esquina de 25 de Mayo y Perón y una marcha hasta la Plaza San Martín.

La convocatoria fue impulsada por la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), a través de sus afiliados en la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), que llamaron a la comunidad a sumarse a la jornada.

El reclamo principal apunta a exigir al Gobierno nacional la aplicación efectiva de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, además de una recuperación de los ingresos del personal universitario.

Desde el gremio sostienen que el conflicto no se limita a la cuestión salarial, sino que también compromete los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades, las becas estudiantiles, la investigación, la extensión y el mantenimiento de la infraestructura.

El reclamo por los salarios

Uno de los ejes centrales de la marcha es la pérdida del poder adquisitivo de docentes y trabajadores nodocentes. Según los datos citados por AGDU a partir del Decreto 759/2025, entre diciembre de 2023 y julio de 2025 los salarios del personal universitario aumentaron un 128,49%, mientras que la inflación acumulada durante el mismo período alcanzó el 220,45%.

A partir de esas cifras, el sindicato cuestiona la evolución de los ingresos y considera insuficiente un incremento del 3% frente al deterioro salarial acumulado.

La discusión también alcanza al financiamiento del sistema universitario. En ese sentido, AGDU manifestó su preocupación por el proyecto de Presupuesto 2027 y advirtió sobre la diferencia entre los recursos contemplados por el Gobierno y los que, según la organización, se necesitan para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio.

El juez federal Martín Cormick impuso este miércoles multas de $100.000 por día a Diego Santilli, en su carácter de jefe de Gabinete, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución hizo efectivo un apercibimiento que el magistrado había dispuesto ante la falta de cumplimiento de la orden judicial.

La cautelar exige recomponer y actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, además de garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclamó la aplicación de las sanciones, sostuvo que los pagos todavía no se habían registrado.

“En concordancia con lo proveído en el marco de la causa principal, atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026 y disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina”, señaló Cormick en la resolución.

El juez fijó inicialmente la multa en $100.000 por cada día de demora y advirtió que podrá modificar tanto el monto como los funcionarios alcanzados. Las astreintes son una herramienta judicial para presionar al cumplimiento de una obligación: en este caso, la ejecución de la medida cautelar sobre salarios y becas universitarias.

La sanción se aplica en el expediente de la medida cautelar, que sigue vigente. En paralelo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal debe analizar la apelación del Estado contra otro fallo de Cormick: el que declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la ley a la definición de los recursos presupuestarios.

Esa apelación corresponde a la discusión de fondo sobre la norma. La cautelar, en cambio, ya había sido confirmada por la Cámara y quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario del Estado el 25 de junio de este año. Por eso, la revisión del fallo más reciente no dejó sin efecto la orden provisoria sobre salarios y becas.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) contra el Estado nacional. En su fallo, declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que suspendió la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) y ordenó al Poder Ejecutivo su puesta en marcha inmediata.

La controversia comenzó tras la sanción de la ley en agosto de 2025. Aunque el presidente Javier Milei la vetó mediante el Decreto 647/2025, el Congreso ratificó el texto original con la mayoría agravada de dos tercios. Al promulgarla, el Ejecutivo condicionó su aplicación invocando el artículo 5° de la Ley 24.629 de Administración Financiera, el cual exige precisar la fuente de recursos para autorizar gastos.

Durante el proceso, las instituciones académicas denunciaron un "fraude constitucional" y un "re-veto" encubierto. La UBA señaló que la prórroga del presupuesto 2023 durante 2024 y 2025 provocó una pérdida del 40% en el poder adquisitivo de los salarios y afectó el funcionamiento de sus centros de salud. Por su parte, el Gobierno sostuvo que la norma demandaba más de un billón de pesos, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal.

Al desestimar la postura estatal, el juez Cormick remarcó que, tras la insistencia parlamentaria, el presidente debe promulgar la ley de manera irrestricta. Señaló que la propia norma contemplaba mecanismos de financiamiento en su artículo 9° —facultando la reasignación de partidas— y calificó de irrazonable anteponer restricciones legales pasadas a una ley especial y posterior.

La resolución unificó los reclamos del CIN y la UBA, y homologó acuerdos paritarios pactados en junio entre la Secretaría de Políticas Universitarias y los gremios. Dichos acuerdos establecieron una actualización salarial del 24,33%, un incremento del 20% para gastos de funcionamiento desde junio de 2026, $50.000 millones para hospitales universitarios y un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano. Con este fallo, la justicia ratificó la plena vigencia de la norma y exigió al Ejecutivo dictar la reglamentación para garantizar los fondos.

En el marco del plan de lucha nacional por la educación pública, la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) confirmó una nueva medida de fuerza de 72 horas a partir del miércoles 30 de septiembre. "AGDU, informa que la Facultad de Bromatología continúa el plan de lucha nacional en defensa de la Universidad Pública y por el efectivo cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente", aseguraron desde la entidad gremial.

La protesta afecta de manera directa a la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) en Gualeguaychú, donde la comunidad docente exige el efectivo cumplimiento de la Ley aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo.

El referente local Diego Zanetti y el gremio provincial señalaron a este medio que "la propuesta del Gobierno nacional de un incremento salarial del 3% resulta totalmente insuficiente frente al deterioro constante de los ingresos". Desde el Frente Sindical Universitario sostienen "que la recomposición pendiente asciende al 33,4% y demandan, además, el reconocimiento de la deuda salarial acumulada."

El trasfondo del conflicto alcanza una dimensión de gravedad institucional en la provincia y la ciudad. La vigencia de una medida cautelar vinculada con los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 mantiene en vilo el marco legal, dado que la propia Corte Suprema informó que el litigio iniciado por el Consejo Interuniversitario Nacional busca la aplicación inmediata de los incrementos que aten a los salarios a la inflación del INDEC.

Los datos oficiales del propio Gobierno reflejan la pérdida de poder adquisitivo: el Decreto 759/2025 reconoció que entre diciembre de 2023 y julio de 2025 los sueldos del personal universitario crecieron un 128,49%, frente a un IPC acumulado del 220,45%.

Desde Gualeguaychú, la docencia de la Facultad de Bromatología de la UNER remarcó: "El reclamo supera la paritaria salarial e involucra el sostenimiento integral de las funciones esenciales en Entre Ríos: docencia, investigación, extensión, becas estudiantiles, infraestructura y hospitales universitarios". La seccional ratificó su compromiso con una educación superior gratuita, inclusiva y de calidad, e instó a la sociedad local a acompañar las acciones de visibilización.

Los docentes de las universidades nacionales anunciaron un paro de entre 48 y 72 horas que comenzará el miércoles 30 de septiembre. La medida fue convocada para exigir al gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición de los salarios.

La protesta formará parte del plan de lucha previo a la quinta Marcha Federal Universitaria, programada para el 15 de octubre. La duración definitiva del cese de actividades deberá coordinarse entre las federaciones nacionales del sector.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) condicionó la realización del paro a que el Poder Ejecutivo cumpla, antes del martes 29, con el aumento del 33,4% que el gremio considera contemplado en la Ley 27.795.

El reclamo por los salarios

Los sindicatos y las universidades, según publicó Infobae, calcularon que los salarios acumulaban una recomposición pendiente del 31,2%. La última oferta realizada durante la negociación paritaria consistió, según la convocatoria gremial, en un incremento del 3%, considerado insuficiente por las organizaciones.

La medida fue definida durante un plenario del Frente Sindical de Universidades Nacionales. Conadu buscará coordinar la protesta con Conadu Histórica y con los demás sectores que representan a los trabajadores universitarios.

El paro será acompañado por actividades destinadas a visibilizar la situación salarial y presupuestaria del sistema público de educación superior.

El Gobierno nacional proyectó para las universidades públicas un presupuesto 33% inferior al solicitado por los rectores para 2027. La iniciativa enviada al Congreso contempló $7,3 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calculó que el sistema necesitará $11 billones.

La diferencia ascendió a $3,7 billones y profundizó el conflicto entre el Ejecutivo y las autoridades de las casas de estudios. El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, advirtió que los recursos contemplados no garantizarían el normal funcionamiento durante el próximo ciclo lectivo.

“Si no logramos que el Congreso introduzca modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027, vamos a tener serias dificultades para empezar a dar clases el año que viene”, alertó Bartolacci.

Las universidades presentaron su cálculo

El CIN expuso su propuesta ante diputados y senadores nacionales, en representación de las 60 universidades públicas del país. El cálculo de $11 billones incluyó salarios docentes y no docentes, funcionamiento, infraestructura, ciencia y tecnología, becas y hospitales universitarios.

Los gastos salariales representan cerca del 90% del presupuesto del sistema. Según las autoridades universitarias, la estimación también incorporó los recursos necesarios para aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y actualizar otras áreas afectadas por el incremento de los costos.

Bartolacci explicó que, si el Gobierno hubiera contemplado plenamente el cumplimiento de la normativa vigente, debería haber presupuestado aproximadamente $9,8 billones. El monto solicitado alcanzó los $11 billones al sumar actualizaciones para funcionamiento, infraestructura y programas universitarios.

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales confirmó que dará continuidad a las medidas de protesta durante la próxima semana luego del paro nacional realizado en las instituciones educativas de todo el país. La decisión se adoptó tras el rechazo a la oferta del Gobierno Nacional en la última mesa paritaria, que consistió en una recomposición salarial del 3 por ciento para septiembre.

En el ámbito local, la jornada de protesta tuvo un alto impacto en la Facultad de Bromatología. Diego Zanetti, docente y referente de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), brindó detalles sobre la repercusión de la medida en la ciudad y las acciones previstas para los próximos días.

"En la Facultad de Bromatología el paro ha tenido un acatamiento similar a los anteriores. Lo que se ha establecido con el correr del tiempo y la agudización del conflicto en estos tres años es un piso de entre el 70% y el 80% de acatamiento en cada una de las oportunidades que se hace un paro de estas características", dijo a El Argentino el dirigente sindical.

Respecto a la modalidad y al alcance de la medida en la unidad académica local, Zanetti explicó: "Este paro fue docente y no docente, por lo tanto se hace evidente fundamentalmente por aulas vacías de docentes que no desarrollan sus actividades de tipo presencial y por oficinas igualmente vacías porque los compañeros no docentes también están en la misma situación que nosotros. Hubo muy poca actividad, con una o dos aulas por turno, sin tareas de laboratorios ni clases ni administrativa".

En cuanto a la continuidad del reclamo en la ciudad, el representante de AGDU anticipó las modalidades de visibilización que implementarán los trabajadores. "La idea desde los gremios es mantener lo más que se pueda la visibilización de este conflicto. Seguramente la semana que viene tendremos algunas clases públicas en el marco de la jornada nacional. Nos estamos organizando con distintos espacios como la CTA, gremios docentes, grupos de estudiantes y no docentes para ir viendo la convocatoria a la próxima marcha federal, insistiendo por la implementación de la ley de financiamiento universitario y siguiendo atentos a las paritarias, intentando que el aumento sea superior al 3% ofrecido y se acerque a lo que legalmente nos corresponde", concluyó.

A nivel nacional, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) reportó un acatamiento casi total. El reclamo central del sector se enfoca en la actualización de los salarios, el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y la recomposición de los montos de las becas estudiantiles.

Según los gremios, la brecha para recuperar el poder adquisitivo perdido se ubica en torno al 32 por ciento. Las negociaciones paritarias tienen previsto un nuevo encuentro el próximo 17 de septiembre.

Docentes y nodocentes reclaman recuperar lo perdido frente a la inflación, financiamiento para las casas de estudio y un presupuesto que no asfixie al

sistema universitario.

El fracaso de la reunión paritaria del 1 de septiembre volvió a encender el conflicto en las universidades nacionales. Sin respuestas salariales ni presupuestarias, el Frente Sindical Universitario resolvió profundizar el plan de lucha.

Según detalló Pagina Gremial, la primera medida será un paro nacional universitario el martes 8 de septiembre. Una semana después, el martes 15, docentes y nodocentes realizarán una jornada nacional de clases públicas bajo la consigna “La universidad en la calle”.

El cronograma continuará el 17 de septiembre con un acto frente al Palacio Pizzurno, en el marco de la convocatoria a una nueva paritaria.

La expectativa sindical está puesta, sin embargo, en la construcción de una nueva movilización federal que vuelva a reunir a la comunidad universitaria en las calles.

“La situación no puede esperar”

Desde el Frente Sindical advirtieron que la situación salarial y presupuestaria “no puede esperar” y cuestionaron la falta de respuestas del Gobierno frente a un deterioro que afecta a los trabajadores de las universidades y pone en riesgo el funcionamiento del sistema público.

“Con la certeza de que la necesidad salarial y presupuestaria no pueden esperar y que no vamos a mirar pasivamente cómo desmantelan el sistema universitario nacional”, señalaron las organizaciones al anunciar las nuevas medidas de fuerza.

El reclamo se centra en la defensa de la Ley de Financiamiento Universitario y la reapertura de paritarias que permitan recuperar el salario perdido frente a la inflación. Incluye también la actualización de las becas Progresar y Belgrano y la definición de un presupuesto que garantice el funcionamiento de las universidades.

El Frente Sindical está conformado por las federaciones docentes Conadu, Conadu Histórica, Ctera, Fagdut, UDA y Fedun, y la federación nodocente Fatun.

Los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales llevarán adelante un paro total de actividades durante este jueves 27 y viernes 28 de agosto. En la provincia, la medida fue ratificada por la Asociación del Personal de la Universidad de Entre Ríos (Apuner), que se pliega al plan de lucha definido a nivel país por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun).

La huelga, que se desarrollará sin concurrencia a los lugares de trabajo, coincidirá con el paro ya anunciado por los docentes universitarios, lo que implicará una paralización casi total de las actividades académicas y administrativas en las distintas facultades públicas durante el cierre de la semana.

El objetivo central de la convocatoria es visibilizar los reclamos del sector frente al atraso salarial y plantarse en férrea defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. En ese contexto, los gremios apuntaron directamente contra el Ejecutivo nacional por los recortes presupuestarios.

Desde el sector cuestionaron duramente el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual, según señalaron, lleva más de 300 días sin ser cumplida por parte de la gestión actual.

Para graficar la gravedad de la situación que atraviesan las casas de altos estudios, los trabajadores cerraron su convocatoria con un mensaje de alerta contundente: “Sin ley de financiamiento no hay universidad pública posible”. APF/Ahora

Los gremios docentes nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), en conjunto con organizaciones como FEDUBA, anunciaron un paro nacional de 48 horas para los días 27 y 28 de agosto. La medida de fuerza profundizará el plan de lucha que mantiene el sector con el Ejecutivo nacional en demanda del envío de partidas presupuestarias y recomposiciones salariales.

Desde el ámbito universitario denunciaron que las casas de altos estudios no están recibiendo las transferencias contempladas en la Ley de Financiamiento Universitario, norma que fue ratificada por el Congreso luego del veto presidencial. Autoridades del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) remarcaron que la falta de recursos afecta los gastos de funcionamiento operativo de las facultades y las becas estudiantiles, a pesar de existir fallos judiciales que exigen girar los fondos.

En materia salarial, las federaciones docentes cuestionaron que los aumentos de los últimos meses fueron fijados de manera unilateral y por debajo de la pauta inflacionaria. Según registros gremiales, los trabajadores del sector acumulan una pérdida de poder compra cercana a un tercio respecto a finales del año pasado.

La devaluación del salario impacta tanto en las dedicaciones simples y semi-exclusivas como en los cargos de dedicación exclusiva, lo que genera alarma por la posible fuga de profesores e investigadores formados dentro del sistema universitario. Por este motivo, las organizaciones exigen la apertura de negociaciones paritarias de forma urgente.

La medida fue convocada por CONADU Histórica y se extenderá hasta el sábado 22 de agosto. Durante estas jornadas podrán verse afectadas las clases y otras actividades académicas, dependiendo del nivel de adhesión en cada universidad.

El reclamo se concentra principalmente en la situación salarial de docentes y trabajadores universitarios y en los recursos destinados al funcionamiento de las casas de altos estudios.

Reclamos por salarios y financiamiento

Los gremios sostienen que los aumentos salariales otorgados durante los últimos meses fueron insuficientes frente a la pérdida del poder adquisitivo. A esto se suma el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya implementación es cuestionada por las organizaciones sindicales. También reclaman mayores recursos para gastos de funcionamiento, becas estudiantiles y hospitales universitarios.

Habrá otro paro a fin de mes

El conflicto tendrá continuidad durante la última semana de agosto.

FEDUN y FATUN anunciaron un paro de 48 horas para el jueves 27 y viernes 28 de agosto, mientras que CONADU también confirmó medidas de fuerza para esas fechas.

De esta manera, el segundo cuatrimestre continuará atravesado por jornadas de protesta en el sistema universitario mientras los gremios y el Gobierno nacional mantienen sus diferencias.

La respuesta del Gobierno

Desde el Gobierno nacional rechazaron los cuestionamientos sobre el financiamiento universitario y señalaron que se están realizando las transferencias correspondientes.

A través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano, se informó que se avanzó con partidas destinadas a hospitales universitarios y que se dio cumplimiento al acta paritaria firmada el 10 de junio con representantes docentes y no docentes. En materia salarial, el Gobierno informó haber transferido $666.823.011.021 correspondientes a gastos en personal e incrementos salariales de junio de 2026 y a la primera cuota del Sueldo Anual Complementario.

Desde el Ejecutivo sostienen que los aumentos acordados se están abonando de acuerdo con los montos y cronogramas establecidos. Sin embargo, los gremios consideran insuficientes las respuestas oficiales y decidieron mantener el plan de lucha, con nuevas jornadas de paro previstas para los próximos días.

Fuente: Entre Ríos Hoy

Durante martes, miércoles, jueves y viernes, las actividades académicas de las instituciones alcanzadas por la medida podrían verse afectadas por la adhesión de los docentes.

La protesta se suma a las jornadas realizadas durante las últimas semanas y a nuevas medidas ya previstas para los últimos días de agosto, por lo que el conflicto amenaza con extenderse durante buena parte del segundo cuatrimestre.

El nuevo esquema de protesta contempla una primera etapa entre el martes 18 y el sábado 22 de agosto. La convocatoria fue realizada por CONADU Histórica y contempla paro docente y distintas actividades de visibilización del reclamo.

Esto significa que los estudiantes de universidades públicas cuyos docentes adhieran a la medida podrían encontrarse con actividades suspendidas o modificadas durante la semana posterior al feriado.

La medida no alcanza a las escuelas primarias y secundarias en general. Se trata de un conflicto específico del sistema universitario y la suspensión de actividades dependerá de la adhesión de los docentes de cada institución.

El principal reclamo de los gremios está relacionado con la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación vienen reclamando desde hace meses.

Las organizaciones sindicales denuncian que el Gobierno no implementó de manera integral la norma sancionada por el Congreso y reclaman además una recomposición de los salarios docentes y mayores recursos para las universidades públicas.

A esto se suman reclamos vinculados con las becas estudiantiles, los gastos de funcionamiento y el financiamiento de los hospitales universitarios.

El conflicto también tiene una dimensión judicial. La Justicia dejó vigente la obligación de avanzar con determinados aspectos del financiamiento, mientras que las universidades y los gremios sostienen que el Gobierno todavía no cumplió de manera integral con lo establecido.

La discusión por los salarios se convirtió en uno de los principales ejes de la disputa entre las federaciones docentes y el Ejecutivo.

Los gremios sostienen que los incrementos otorgados durante los últimos meses no alcanzaron para compensar la pérdida del poder adquisitivo y reclaman una recomposición que permita recuperar parte del salario perdido.

La discusión salarial se desarrolla en paralelo al reclamo presupuestario. Para los sindicatos, ambos problemas están relacionados: el deterioro de los ingresos docentes se suma a la falta de recursos suficientes para sostener el funcionamiento de las casas de altos estudios.

Habrá más paros a fin de mes

El conflicto no terminará con la medida de esta semana. FEDUN y FATUN, federaciones que representan a docentes y trabajadores no docentes universitarios, ya anunciaron un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto.

Por su parte, CONADU también confirmó un paro de 48 horas para esas fechas y mantiene un plan de lucha que incluye actividades de protesta y visibilización frente al Palacio Pizzurno.

De esta manera, las universidades nacionales enfrentarán un calendario con nuevas interrupciones de las actividades durante la segunda mitad del mes. Ámbito Financiero.

Los gremios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) —Aduba en el sector docente y Apuba en el no docente— confirmaron un paro total de actividades para el próximo miércoles 12 de agosto, en reclamo por lo que califican como un triple incumplimiento en el financiamiento por parte del Gobierno nacional. La medida de fuerza, aprobada tras el inicio del segundo cuatrimestre, cuenta con el respaldo de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) y la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), por lo que se prevé que la huelga se extienda a las casas de altos estudios de todo el país.

El conflicto se centra en tres ejes: la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, la interrupción en las partidas prometidas para gastos de funcionamiento y hospitales universitarios —que representan unos 50.000 millones de pesos—, y el no cumplimiento efectivo del fallo cautelar ratificado por la Corte Suprema de Justicia. Dicha medida judicial obliga a actualizar los salarios docentes y no docentes con relación al Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde finales de 2023, así como a equiparar la totalidad de las becas estudiantiles.

Desde la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano catalogaron la huelga como "ilegítima y prematura". Fuentes oficiales sostuvieron que la Administración Central cumplió con la pauta paritaria pactada en junio, la cual estableció un incremento del 21,33% en junio y contempló un 3% adicional para octubre. Además, indicaron que las transferencias del presupuesto ordinario se encuentran al día y remarcaron que se solicitó una partida ampliatoria de 1,3 billones de pesos para atender las demandas judiciales a medida que avancen las notificaciones formales.

Frente a la negativa del Gobierno, la comunidad universitaria planea profundizar las medidas con un plan de lucha que incluirá una semana de movilizaciones del 18 al 21 de agosto, abrazos simbólicos a los centros de salud universitarios y protestas frente a la Secretaría de Educación.

El prolongado conflicto en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) sumó un capítulo definitorio en el plano judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo unánime mediante el cual rechazó un recurso extraordinario que había presentado el Ministerio de Capital Humano. De esta manera, el máximo tribunal obligó al Gobierno Nacional a poner en marcha la normativa de manera inmediata, ratificando las medidas cautelares previas que protegen las partidas destinadas a la educación superior.

La resolución judicial resguarda de manera urgente los recursos vinculados a:

Según los cálculos de las autoridades nacionales, la aplicación efectiva de la ley implicaría para las arcas del Estado un desembolso estimado de entre 1,3 y 3,6 billones de pesos. Los voceros oficiales advirtieron que la ley vulnera de forma directa el artículo Nro. 38 de la Ley de Administración Financiera, el cual establece taxativamente que toda norma que demande un gasto extra debe precisar su fuente de financiamiento.

Bajo la óptica oficial, al no existir partidas asignadas, la única alternativa material para cumplir con la ley sería recurrir a la emisión monetaria. Esta opción es rechazada de plano por el Ministerio de Economía comandado por Luis Caputo, bajo el argumento de que dispararía la inflación y desestabilizaría el plan económico de estabilización vigente.

"Este fallo de la Corte Suprema salió porque el acta no conforma a la masa de docentes y no docentes. Se armó un repudio generalizado en todo el país... Se empezó a generar un debate y un ánimo de que en agosto, cuando comience el segundo cuatrimestre, se vuelva a retomar el plan de lucha", advirtió Celotto.

Respecto a la discusión sobre el origen de los fondos, la dirigente gremial aseguró que "es muy fácil decir de dónde sale la plata". Señaló que el Ejecutivo otorga constantemente prebendas y concesiones a diversos sectores económicos concentrados, recursos que bien podrían reorientarse a los salarios de los trabajadores universitarios.

Por su parte, el Gobierno Nacional aclaró que el fallo del máximo tribunal de Justicia "no resuelve la cuestión de fondo" respecto a si la normativa es o no constitucional. Como contraofensiva ante la resolución, las autoridades le solicitaron a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que profundice e intensifique las auditorías contables sobre el uso de los fondos públicos en todas las facultades autónomas del país.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves una medida cautelar que obliga al Estado Nacional a dar cumplimiento inmediato a dos artículos clave de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Al rechazar el recurso extraordinario interpuesto por el Poder Ejecutivo sobre la base de que no se trata de una sentencia definitiva, el tribunal ratificó la vigencia de las órdenes judiciales previas encaminadas a la actualización de los haberes de la totalidad del personal docente y no docente, así como a la recomposición integral de los programas destinados al estudiantado.

La causa se originó por medio de un amparo colectivo impulsado de manera conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional y diversas casas de altos estudios públicas del país. Los demandantes solicitaron que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, normativa mediante la cual el Gobierno de Javier Milei había subordinado y condicionado la ejecución de la ley a que el propio Congreso determinara previamente las fuentes de financiamiento específicas para su sostenimiento económico. Ante dicho escenario, la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo ordenó de modo precautorio al Ejecutivo aplicar los artículos 5 y 6 del texto legislativo, determinando que la postergación estatal causaba un deterioro que vulneraba los derechos constitucionales de enseñar y aprender.

La resolución de la Corte Suprema llevó las firmas de sus tres integrantes en funciones: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes además desestimaron recusaciones previas contra magistrados de instancias inferiores y pedidos de excusación hacia ellos mismos que el Estado había presentado bajo el argumento de que ejercen la docencia universitaria. Si bien en términos puramente prácticos el fallo carece de un efecto presupuestario inmediato —ya que el 10 de junio el Ministerio de Capital Humano había firmado un acta de aumento de la masa salarial del 24,33%, una suba de gastos de funcionamiento del 20% y fondos para hospitales— la lectura política y jurídica convalida y respalda la supremacía legal dictada por el Congreso Nacional frente al intento del Ejecutivo de frenar su puesta en marcha.

A partir de esta definición judicial, queda firme la orden de recomponer los sueldos universitarios según el desfasaje acumulado y la inflación, además de garantizar incrementos del 50% en planes de asistencia fundamentales como las Becas Manuel Belgrano. Mientras las partes involucradas mantienen pautado un cuarto intermedio paritario hasta el próximo 15 de septiembre para continuar evaluando las variaciones del Índice de Precios al Consumidor, la disputa de fondo respecto a la validez constitucional del decreto presidencial de restricción continuará tramitándose de manera independiente en los tribunales federales ordinarios.

Fuente: Infobae

El Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron un acuerdo salarial y presupuestario para aliviar el conflicto por los fondos para sostener el funcionamiento de las universidades públicas.

Pese al principio de acuerdo, las entidades educativas mantendrán la demanda ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la norma votada favorablemente y ratificada en el Congreso que continúa sin aplicarse.

La propuesta en discusión incluyó un aumento salarial de 24,33% en dos tramos, un ajuste de 21,33% en julio y otro de 3% en octubre. Esa recomposición equivale a 7 puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y el resto busca compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. También está prevista una reunión paritaria con los gremios.

Qué incluye la oferta

El acuerdo económico no implica el cierre del litigio. Los rectores hicieron saber que “no retirarán la demanda judicial”, sobre la causa que analiza la Corte Suprema de Justicia por los fondos universitarios.

Además de la suba salarial, el oficialismo incorporó el compromiso de evitar que los salarios universitarios sigan perdiendo frente a la inflación durante 2026. El acta rubricada hoy también incluye un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. Ese programa promueve el acceso, el avance y la finalización de estudios de pregrado y grado en áreas consideradas claves para el desarrollo del país. A eso se sumó un financiamiento de $50 mil millones para hospitales universitarios.

Las conversaciones también abarcaron una negociación puntual para el personal docente de los establecimientos preuniversitarios. En esos colegios de nivel medio, la situación salarial es más delicada porque los docentes también perdieron poder adquisitivo por la quita del Fondo de Incentivo Docente, el FONID.

Ese deterioro forma parte de la negociación abierta entre el Ejecutivo, las universidades y los gremios. El reclamo alcanza tanto a docentes como a no docentes, en un contexto en el que los rectores exigen que cualquier salida incluya una instancia paritaria real y un acuerdo con las organizaciones sindicales.

La causa judicial y la reacción sindical

La causa por la Ley de Financiamiento Universitario tiene una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades, aunque hoy permanece suspendida por un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. La decisión final quedó en manos de la Corte Suprema, que no tiene un plazo establecido para pronunciarse.

La posición del Gobierno es que la ley sancionada por el Congreso es “ilegal” porque, bajo su interpretación, no cumple con la normativa de administración financiera que exige identificar la fuente de los recursos. Por ese motivo, el Ejecutivo sostiene que mantener la demanda judicial es incompatible con un acuerdo económico entre las partes.

Del lado sindical, la desconfianza continúa. “Por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El gobierno tiene que convocar a paritaria, cosas que no hace hace años”, dijeron desde Conadu.

Las universidades siguen en estado de alerta. El martes 26 de mayo, centros de estudiantes de la UBA, gremios docentes y otras organizaciones de la comunidad universitaria realizaron clases públicas frente al Palacio de Justicia para reclamar a los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz una definición sobre la cautelar.

También hubo medidas de fuerza en los colegios preuniversitarios. Estudiantes del Nacional Buenos Aires y del Carlos Pellegrini tomaron los establecimientos como protesta.

Fuente: Infobae

La universidad pública argentina atraviesa un momento crítico. Tras la multitudinaria Marcha Federal Universitaria, los gremios docentes y nodocentes resolvieron profundizar las medidas de fuerza ante la falta de respuestas del Gobierno. La decisión impactará de lleno en el dictado de clases, mesas de exámenes y actividades administrativas en las más de 60 universidades nacionales distribuidas en todo el país.

Los docentes universitarios, organizados en las federaciones nacionales y acompañados por asociaciones locales, anunciaron un paro de cinco días consecutivos entre el 26 y el 30 de mayo. La medida busca visibilizar el deterioro salarial y exigir la apertura de paritarias que permitan recomponer ingresos frente a la inflación.

Por su parte, los trabajadores nodocentes, nucleados en la Fatun y en sus gremios de base, resolvieron en reunión de consejo directivo un plan de acción que incluye cuatro semanas de protesta y tres jornadas de paro nacional: el 29 de mayo, 3 y 4 de junio. La decisión fue tomada de manera unánime por representantes de 56 asociaciones adheridas, quienes remarcaron la necesidad de fortalecer la unidad y la solidaridad en defensa de la universidad pública.

La huelga nodocente afectará tareas esenciales para el funcionamiento de las instituciones: limpieza, apertura de sedes, servicios administrativos y soporte técnico. Esto significa que en los días de paro no habrá condiciones para el dictado de clases ni para la realización de trámites académicos, impactando tanto en estudiantes como en docentes.

La unidad de los gremios docentes y nodocentes marca un punto de inflexión en el conflicto. La coincidencia de medidas en semanas consecutivas generará un escenario de paralización casi total en las universidades nacionales, en un momento clave del calendario académico con exámenes parciales y finales en curso.

Los reclamos centrales apuntan a:

Con estas medidas, la comunidad universitaria busca enviar un mensaje claro: sin financiamiento, salarios dignos y condiciones de trabajo adecuadas, la universidad pública no puede sostener su rol de inclusión, producción de conocimiento y movilidad social.

El calendario de huelgas ya está definido y anticipa semanas de alta conflictividad. La expectativa está puesta en que el Gobierno convoque a una mesa de diálogo que permita destrabar el conflicto y garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales.

La multitud que se concentró en Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires y los grupos que colmaron distintas zonas del país para reclamar que se giren los fondos para las universidades no movieron al Gobierno de la postura que sostuvieron sus funcionarios en la previa: negar un ataque directo a ese sector educativo y vincular este tipo de reclamos a espacios políticos opositores a la gestión nacional.

Distintos funcionarios del oficialismo enfatizaron en que buscan auditar lo que llamaron “las cajas”, discutir el arancelamiento y “eficientizar el uso de los recursos”.

De momento, en la Casa Rosada esperan la definición de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la ley de financiamiento universitario que salió del Congreso y que el Gobierno no aplicó.

Mientras que en el documento final de la marcha al Ejecutivo le achacaron que “incumple la regla democrática y constitucional básica” por no poner en marcha esa legislación, ya judicializada, desde el Gobierno alegaron que la medida cautelar solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) “no está firme hasta que se expida la Corte”.

El máximo tribunal del país tiene que decidir sobre un Recurso Extraordinario Federal. Esto será clave para saber si avala o no la postura de la gestión Milei, que se ancla en que la legislación del Congreso no tiene especificado de dónde saldrían los fondos para el financiamiento. “Lo tiene la Corte y tendrá que resolver. Estamos a la expectativa”, resumió una alta fuente de la Casa Rosada ante la consulta de La Nación. Este martes a la tarde, el sistema universitario le pidió a la Corte que acompañe y que “escuche el clamor de las plazas de toda la república”.

La ciudad de Paraná volvió a ser escenario de una poderosa movilización en defensa de las universidades y la Educación Pública. La marcha se sumó a las que se realizaron en distintas plazas del país, reclamando la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, vigente por decisión del Congreso y fallos judiciales, pero aún incumplida por el Gobierno Nacional.

En Entre Ríos, el texto incluyó además reclamos específicos como la situación de las paritarias estatales y docentes, y la intención del Poder Ejecutivo provincial de avanzar en una reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

La movilización ratificó la histórica defensa de la Educación Pública en Paraná y se inscribió en el marco de la Marcha Federal Universitaria, que busca garantizar el financiamiento de las universidades nacionales y la continuidad de políticas educativas inclusivas.

La hora señalada para la cita depende de cada una de las plazas, las calles y los predios de toda la Argentina en los que este martes tendrá lugar la cuarta Marcha Federal Universitaria. Es que el reclamo, que encabezarán docentes, no docentes, autoridades universitarias, estudiantes y graduados, pero que ya fue masivamente acompañado en manifestaciones anteriores por buena parte de la sociedad, resuena en todo el país.

En todo el país se le exige al Estado nacional que cumpla con lo que dispone la Ley de Financiamiento Universitario, que recomponga los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales, que deposite el dinero que necesitan los hospitales que dependen de esas Casas de Altos Estudios para poder atender a sus pacientes y enseñar a los médicos en formación.

En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración está convocada a las 17 en Plaza de Mayo, aunque habrá actividades en distintas facultades y espacios públicos desde más temprano. Incluso este lunes hubo clases públicas en distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para visibilizar el reclamo, que se viene profundizando desde que empezó la gestión de Javier Milei en la Presidencia.

Un dato alcanza para empezar a dimensionar los motivos detrás de la exigencia: en 2023, el presupuesto destinado a todo el sistema universitario nacional era del 0,72% del PBI; ahora equivale al 0,47% del PIB.

Otro dato sirve para pensar qué es lo que está en juego: el 59,5% de quienes ingresaron en 2026 a la UBA son la primera generación en acceder a ese nivel educativo en sus familias. El 57,6% de quienes se graduaron en 2024 son también la primera generación en obtener un título universitario en sus hogares. La universidad pública cambia las historias de esas familias.

“Son los peores números presupuestarios desde la recuperación democrática”, dice Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la UBA, en diálogo con Infobae, y suma: “Desde que asumió Milei, el presupuesto universitario se redujo un 45,60% en términos reales”. El impacto más visible de ese deterioro presupuestario es en los salarios.

“Los cargos de dedicación simple -casi el 70% de los docentes- van de $177.117,18 a $351.995,41 por mes. Los cargos de dedicación exclusiva van de $885.590,04 a $1.582.283,34. Un docente de la categoría más alta, que son los titulares de cátedra con dedicación exclusiva, gana $1.582.283,34, apenas $150.000 por encima de la canasta básica, que es de $1.434.464 para una familia tipo de cuatro integrantes (N. de la R.: esa canasta básica no contempla un alquiler, en caso de que el docente no sea propietario del lugar en el que vive). El cargo máximo, un titular con dedicación exclusiva, es el único que le gana a la canasta básica de una familia”, describe el funcionario de Hacienda de la universidad que, con 304.000 estudiantes, es la más cuantiosa del país.

Los hospitales universitarios, que son epicentro de la formación de los residentes que acaban de terminar de estudiar Medicina y un centro asistencial para miles de personas, no han recibido un peso de los gastos operativos en lo que va de 2026. Es una transferencia que debe hacer el Estado nacional.

Hace apenas una semana, las autoridades de algunos de los hospitales más emblemáticos de la UBA, como el Hospital de Clínicas y el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, aseguraron en una conferencia de prensa pública que “la situación es crítica” y que, con esos números, sólo podrían funcionar 45 días más. En total, los centros asistenciales de la UBA atienden a 700.000 personas al año: son casi 2.000 pacientes por día.

La marcha -la suma de todas las marchas que se llevarán a cabo este martes en todo el territorio nacional- le exige al Estado que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, que implica actualizar los salarios y aumentar los gastos de funcionamiento, y con el depósito de los fondos que corresponden a los hospitales de las universidades nacionales.

Un éxodo docente que no para

En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA se produjeron 438 renuncias de docentes e investigadores entre enero de 2024 y abril de este año. Esa institución pierde, en promedio, un profesor cada dos días. En la Facultad de Ingenería, según información del área de Hacienda de la UBA, hubo 342 profesores que renunciaron desde 2023, y en la Facultad de Agronomía fueron más de 100 dimisiones entre 2024 y 2025. Allí las bajas más frecuentes fueron de docentes e investigadores de entre 30 y 40 años, algunos con doctorados y postdoctorados, que migraron universidades de otros países.

De la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA se fueron 103 docentes entre enero de 2024 y abril de 2026. La planta de profesores allí se redujo casi en un 20% en algo más de dos años. Las dos escuelas pre-universitarias más prestigiosos de la UBA, el Carlos Pellegrini y el Nacional de Buenos Aires, perdieron en total a 227 trabajadores en ese mismo tiempo. Sólo contemplando esas facultades y escuelas, se fueron más de 1.200 trabajadores en los últimos dos años y medio.

El éxodo docente impacta directamente en la formación de los estudiantes, además de que las universidades pierden no sólo a docentes, sino a investigadores cuyos proyectos, a la vez, sufren recortes constantes en el financiamiento disponible. A eso se suma que los docentes que se quedan suman otros trabajos para poder cubrir sus gastos básicos. El pluriempleo es, como en otros sectores, cada vez más frecuente y deteriora la calidad de la enseñanza.

“Cuantitativamente, la Facultad de Ciencias Sociales no ha perdido docentes. Pero han adelantado su proceso de jubilación docentes de mucha jerarquía que podrían haber estado más tiempo con nosotros y que se retiraron por temor a que cambien las leyes previsionales”, le dice a Infobae la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Ana Arias.

“Muchos docentes y no docentes volvieron a otros niveles educativos en los que estaban antes, como el secundario o el primario, y otros tienen cada vez más empleos para poder mantener a sus familias. También es muy gravosa la situación de los no docentes, que suman otros trabajos y extienden sus jornadas laborales a doce o más horas, lo cual genera enormes problemas de salud mental dentro de nuestra propia planta”, suma Arias.

“Hay muchos trabajadores que quieren a la facultad y desarrollan aquí sus actividades, y es gente que está cobrando un sueldo que ya no es que no le alcanza para vivir, sino que no le alcanza para tomar el colectivo y tener la plata que requiere almorzar en medio de la jornada de trabajo”, describe Alejo Pérez Carrera, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA.

Allí, además de los 103 docentes que renunciaron para llevar su conocimiento a otras instituciones o para dedicarse a una actividad completamente distinta que pague mejor, se suman otros 18 profesores que, desde 2024 a esta parte, apelaron a una jubilación anticipada, también por temor a que cambie el marco regulatorio de los retiros.

Según Ricardo Manetti, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, allí también impactaron el deterioro salarial y el temor a un posible cambio en las leyes previsionales. “Lo más complejo que atravesamos en los últimos dos años fue la jubilación temprana de docentes que fueron y serán referentes absolutos del campo de las ciencias sociales y las humanidades, que han optado por la jubilación a los 60 años las mujeres y los varones a los 65, donde antes continuaban hasta los 70 años. Los motivos son varios. Por un lado, los bajos salarios. Pero, por otro lado, también, el miedo a una modificación en la ley del sistema previsional. Estamos perdiendo figuras muy valiosas”, sostiene.

En Filosofía y Letras hay cada vez menos docentes que optan por una dedicación exclusiva, que no permite tener otros trabajos, justamente porque el salario de esa categoría, aunque sea el más alto del esquema docente universitario, no alcanza para llegar a fin de mes.