La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) formalizó una adecuación en el esquema de vencimientos correspondiente al Impuesto Inmobiliario Urbano, Rural y Subrural dentro del Período Fiscal 2026. La disposición alcanza de manera directa a un padrón total de 7.653 partidas inmobiliarias que fueron alcanzadas por las recientes tareas de fiscalización catastral y detección de mejoras no declaradas, desplegadas en las plantas urbanas y periurbanas de las localidades de Gualeguaychú y San José, así como a propietarios que adhirieron a la declaración voluntaria de metros construidos en el ámbito provincial.

Con la intención de brindar previsibilidad y un margen temporal adecuado para el análisis y cumplimiento de las liquidaciones, el organismo fiscal determinó que el vencimiento de la quinta cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano y de la tercera cuota del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural operará de manera unificada el próximo lunes 26 de octubre. La medida beneficia a todos los titulares comprendidos en el reempadronamiento, garantizando un plazo extendido para la cancelación de los montos independientemente de la terminación del dígito verificador de cada partida registral. En este sentido, la emisión y distribución postal y digital de las boletas correspondientes se pondrá en marcha este lunes.

Desde la ATER aclararon que las variaciones en el importe final de las boletas responden de forma exclusiva a la incorporación de la superficie construida a la base imponible y no a un incremento en las alícuotas o tablas del impuesto. Asimismo, se ratificó que el resto de los vencimientos contenidos en la Resolución Nº 564/25 ATER y sus normas modificatorias se mantienen plenamente vigentes para el resto de la población tributaria.

Los contribuyentes que deseen consultar, verificar o rectificar la información sobre sus inmuebles pueden ingresar al Domicilio Fiscal Electrónico mediante el sitio institucional de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) con clave fiscal ATER, o dirigirse a las dependencias presenciales. Cualquier trámite de revisión quedará sujeto a fiscalización posterior. Para consultas e inicio de gestiones, el organismo mantiene habilitados su portal web oficial (www.ater.gob.ar), la línea telefónica 0810-888-2837, la casilla de correo consultas@ater.gob.ar y los medios de pago digitales mediante código QR.

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) dio a conocer el cronograma de vencimientos impositivos correspondientes a octubre de 2026, indicando los plazos fijados para los contribuyentes de los distintos tributos provinciales, como así también las modalidades vigentes para la consulta, descarga y abonado de las obligaciones fiscales.

En el marco del esquema tributario provincial, durante este mes vence la quinta cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano y la tercera cuota correspondiente al Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural. Para ambas categorías impositivas, las fechas límites se estructuran según la terminación del dígito verificador de cada partida: el vencimiento para aquellas terminadas entre el 0 y el 4 está fijado para el 15 de octubre, mientras que para las terminadas del 5 al 9 la fecha estipulada es el 16 de octubre.

El detalle completo del calendario, con el desglose por períodos y categorías, se encuentra publicado y accesible de forma permanente en la agenda oficial alojada en la web institucional del organismo www.ater.gob.ar.

En relación con las alternativas para la cancelación de las cuotas y obligaciones, se mantienen operativas diversas opciones tanto electrónicas como presenciales. Quienes opten por efectuar el pago de manera presencial en los centros habilitados de Plus Pagos Servicios pueden hacerlo presentando únicamente el Documento Nacional de Identidad (DNI), número de partida, dominio del vehículo o CUIT, según la naturaleza del trámite, sin necesidad de exhibir la boleta en papel impreso.

A su vez, se encuentran plenamente integrados los medios de pago electrónicos, entre los que se destacan la lectura de código QR mediante billeteras virtuales, las transferencias a través de Home Banking, la adhesión al débito automático y las plataformas digitales disponibles en el sitio web institucional.

Para canalizar dudas, realizar consultas administrativas o recibir asistencia técnica sobre la gestión de trámites, ATER dispone de canales de atención remota: el sitio web www.ater.gob.ar, la línea telefónica 0810-888-2837 (con atención de lunes a viernes en el horario de 8 a 13), el correo electrónico consultas@ater.gob.ar y los perfiles oficiales en redes sociales bajo el usuario @aterinfo.

La Moratoria 2026 concluyó el 30 de septiembre con 1.700 contribuyentes que lograron ponerse al día con deudas municipales acumuladas hasta fines de 2025. El programa había comenzado el 27 de abril y fue prorrogado para ampliar las posibilidades de adhesión.

Durante su vigencia, los vecinos pudieron acceder a reducciones de intereses y multas y elegir diferentes modalidades de pago de acuerdo con su situación. La alternativa de contado contempló la eliminación total de esos recargos, mientras que los planes en cuotas ofrecieron distintos porcentajes de quita y posibilidades de financiación.

La herramienta permitió así que contribuyentes que mantenían obligaciones pendientes pudieran ordenar su situación tributaria, sin afrontar la totalidad de los intereses y multas acumulados y evitar que esas deudas continuaran incrementándose.

El régimen había sido puesto en marcha el 27 de abril y, en principio, tenía vigencia hasta el 31 de julio. La cantidad de adhesiones y consultas llevó posteriormente a extender el plazo hasta el 30 de septiembre, cuando concluyó definitivamente la posibilidad de acceder a las condiciones especiales.

Recursos que vuelven a la ciudad

El resultado de la Moratoria representa también la recuperación de recursos propios para el funcionamiento y las intervenciones que se realizan en distintos puntos de Gualeguaychú. Los fondos provenientes de las tasas contribuyen al financiamiento de trabajos como la reparación de calles, el bacheo, la conservación de espacios verdes, la compra de maquinaria y las mejoras de infraestructura.

A su vez, estos ingresos permiten sostener servicios cotidianos como la recolección de residuos, el barrido de calles, las obras sanitarias y el mantenimiento de los espacios públicos. Contar con recursos propios amplía la capacidad de planificación y permite establecer prioridades de acuerdo con las necesidades de la ciudad.

La Moratoria alcanzó deudas correspondientes a la Tasa General Inmobiliaria, Obras Sanitarias, Contribución sobre Cementerio, Derecho de Edificación, Derecho de Publicidad y Contribución por Mejoras, cuyos vencimientos hubieran operado hasta el 31 de diciembre de 2025.

Entre las alternativas disponibles, el pago de contado contó con una quita del 100 % de intereses y multas. También se establecieron planes de tres y seis cuotas sin intereses de financiación y con reducciones sobre los recargos, además de opciones de 12 y 18 cuotas.

Con el cierre del régimen, 1.700 contribuyentes lograron regularizar obligaciones que mantenían pendientes y $900 millones ingresaron nuevamente al circuito de recursos propios destinados al sostenimiento de servicios, infraestructura y trabajos que se desarrollan en la ciudad.

Los contribuyentes que mantengan deudas alcanzadas por la Moratoria 2026 todavía pueden acceder al régimen impulsado por el Gobierno de Gualeguaychú para regularizar sus obligaciones. Restan 3 días para que finalice el plazo de adhesión.

La moratoria comprende deudas de la Tasa General Inmobiliaria, Obras Sanitarias, Contribución sobre Cementerio, Derecho de Edificación, Derecho de Publicidad y Contribución por Mejoras, correspondientes a períodos vencidos hasta el 31 de diciembre de 2025. La Tasa de Comercio no se encuentra incluida.

El régimen contempla distintas alternativas según la modalidad elegida. Quienes realicen el pago de contado acceden a una quita del 100 % de multas e intereses. Para planes de tres cuotas, el beneficio alcanza el 90 % en ambos conceptos, con un anticipo del 10 % y sin interés de financiación.

En seis cuotas se aplica una reducción del 80 % en multas y del 70 % en intereses, con un anticipo del 20 % y sin interés de financiación. También existen opciones de 12 cuotas, con una quita del 70 % de las multas y del 60 % de los intereses, y de 18 cuotas, con reducciones del 60 % y 50 %, respectivamente. En estos dos últimos casos se requiere un anticipo del 20 % y se aplica la tasa de financiación vigente al momento de la adhesión.

Para ingresar al régimen es requisito tener canceladas las obligaciones con vencimiento posterior al 1 de febrero de 2026 correspondientes a la tasa, derecho o contribución que se pretenda regularizar.

La adhesión puede realizarse a través de GualeActiva. En los casos que requieran atención presencial, los contribuyentes pueden acercarse a la Dirección de Rentas, ubicada en Yrigoyen 75, de lunes a viernes de 7 a 13 h.

El miércoles 30 de septiembre será el último día para acceder a los beneficios previstos por la Moratoria 2026.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, tomó hoy juramento a Santiago Roldán, Natalia Cecilia Crede y María Ángeles Ramos, quienes se desempeñarán como fiscales generales ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, y a Pedro Rebollo, quien lo hará como fiscal federal de Gualeguaychú.

Roldán, Crede y Ramos fueron seleccionados a través del concurso abierto y público de oposición y antecedentes N°125 y designados en sus cargos al frente de las fiscalías generales N°2, N°3 y N°4 ante los T.O.P.E. por los decretos del Poder Ejecutivo Nacional N°877/2026, N°876/2026 y N°884/2026, luego de recibir los correspondientes acuerdos del Senado de la Nación.

Por su parte, previo acuerdo del Senado nacional, designaron a Rebollo mediante el mediante el decreto PEN N°936/2026. Había sido seleccionado en el concurso abierto y público de oposición y antecedentes N°122, sustanciado para cubrir la fiscal ante el Juzgado Federal de primera instancia de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

La jura se realizó en función del artículo 54 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que prevé que los fiscales, al tomar posesión de sus cargos, “deberán prestar juramento de desempeñarlos bien y legalmente, y de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos y las leyes de la República”.

En el acto estuvieron presentes el gobernador y el ministro de Seguridad de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio y Néstor Roncaglia y el diputado nacional Guillermo Michel, magistradas y magistrados, funcionarios y funcionarias del Ministerio Público Fiscal de la Nación y del Poder Judicial de la Nación, familiares y allegados de los fiscales generales y el fiscal federal.

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) detalló el alcance de las medidas de alivio fiscal destinadas a los contribuyentes del sector turístico provincial. El esquema contempla una rebaja impositiva del 20 por ciento en el Impuesto a los Ingresos Brutos para un conjunto definido de prestaciones y un régimen de exención parcial en el Impuesto Inmobiliario Urbano para establecimientos de alojamiento habilitados.

En relación con el Impuesto a los Ingresos Brutos, la resolución 317/26 de ATER fijó las alícuotas reducidas que se aplicarían sobre los ingresos devengados entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2026. La nómina de rubros alcanzados contempla a los servicios de alojamiento, la actividad gastronómica, las agencias de viajes, las empresas de turismo aventura, los servicios de apoyo al turismo, la organización de convenciones y exposiciones, la producción de espectáculos artísticos y el funcionamiento de museos.

La instrumentación técnica del descuento en Ingresos Brutos se efectúa de forma directa al momento de confeccionar la declaración jurada mensual en el sistema informático del organismo. La persona contribuyente debe seleccionar la opción de alícuota reducida asignada a su código de actividad, aplicando la deducción del 20 por ciento sin requerir trámites ni autorizaciones adicionales ante la dependencia fiscal.

Por su parte, el beneficio referente al Impuesto Inmobiliario Urbano está dirigido de forma exclusiva a los inmuebles donde funcionen establecimientos hoteleros debidamente habilitados. El esquema de exenciones está vinculado de manera proporcional con la nómina de personal registrado en la empresa:

Estas herramientas impositivas buscan reducir los costos operativos de las prestadoras y se articulan con las políticas de apoyo al desarrollo local promovidas por la Municipalidad de Gualeguaychú en coordinación con los organismos públicos provinciales. Las consultas normativas y el acceso a los formularios digitales correspondientes se encuentran disponibles a través de la plataforma web oficial de ATER.

El Gobierno nacional formalizará este martes la presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2027 en la Cámara de Diputados, cumpliendo con los plazos institucionales fijados por la Ley de Administración Financiera.

De manera previa a la entrega del texto normativo, la Jefatura de Estado mantendrá un encuentro este lunes en la Casa Rosada con los integrantes de los bloques de La Libertad Avanza de ambas cámaras parlamentarias con el fin de definir la estrategia legislativa que acompañará el debate de la norma.

La convocatoria parlamentaria se produce en medio de una coyuntura económica compleja, atravesada por la caída sostenida del nivel de actividad industrial, el deterioro del consumo interno y la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos familiares. Asimismo, los presupuestos proyectados para las provincias y las partidas destinadas a los sistemas sanitarios y educativos continúan bajo una fuerte presión financiera producto de la recesión generalizada.

El mapa de tensiones institucionales abarca los reclamos de diversas jurisdicciones subnacionales referidos al financiamiento de obras públicas de saneamiento e infraestructura vial, como así también las partidas para asistencia social y programas sanitarios. En forma paralela, el inicio del período premencionatorio de cara al turno electoral del año próximo añade rigidez a las negociaciones sobre el reparto de recursos coparticipables y las transferencias corrientes, aspectos clave para destrabar el proceso de aprobación en el recinto.

El Gobierno nacional oficializó la designación de Pedro Mariano Rebollo como fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, luego de que su nombramiento recibiera el acuerdo constitucional de la Cámara de Senadores de la Nación.

La medida quedó establecida mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.

“Nómbrase fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, al doctor Pedro Mariano Rebollo”, establece el artículo primero de la normativa.

La oficialización completa el procedimiento institucional previsto para la cobertura del cargo, que requiere el acuerdo previo del Senado antes de que el Poder Ejecutivo concrete la designación.

El nombramiento se realizó en el marco de las atribuciones establecidas por la Ley 27.148, Orgánica del Ministerio Público Fiscal, y la Constitución Nacional.

De esta manera, Rebollo asumirá formalmente sus funciones dentro del Ministerio Público Fiscal en Gualeguaychú, tras completarse las distintas instancias requeridas para su designación.

En las primeras horas de este domingo, personal de la Comisaría Sexta de la Policía de Entre Ríos llevó a cabo un operativo de control preventivo en las inmediaciones de las calles Nágera y Doello Jurado. La intervención finalizó con la detención de dos masculinos por diferentes causas legales, en el marco de las tareas habituales de patrullaje e identificación de personas que se realizan en la zona.

El hecho se registró aproximadamente a la 01:00 horas, cuando los efectivos policiales observaron a dos personas en la vía pública y procedieron a interceptarlas con el objetivo de verificar sus identidades. Durante la solicitud de la documentación correspondiente, uno de los hombres, de 33 años de edad, reaccionó de manera agresiva e intentó alejarse del lugar para evadir la inspección. Ante la negativa reiterada a colaborar con las órdenes impartidas y la oposición directa hacia los agentes, el sujeto fue aprehendido en el acto bajo la imputación del supuesto delito de resistencia a la autoridad.

En forma simultánea, el personal actuante procedió a corroborar la identidad del segundo individuo, de 28 años de edad, mediante la consulta con la base de datos del sistema informático policial. La verificación arrojó un resultado positivo, confirmando que sobre dicho ciudadano pesaba una orden de detención vigente emitida el pasado 30 de agosto de 2026, vinculada a una causa judicial por el delito de hurto.

Frente a este hallazgo, los efectivos procedieron de manera inmediata a la detención del sujeto para dar cumplimiento al requerimiento del magistrado interviniente. Finalizadas las primeras actuaciones en el sitio del procedimiento, se entabló comunicación con la fiscalía de turno para informar los pormenores del operativo.

Por disposición de la Magistratura, ambos aprehendidos fueron trasladados hacia las instalaciones de la Jefatura Departamental de Gualeguaychú. Allí ingresaron en calidad de detenidos, donde permanecen alojados a la espera de ser citados para prestar la correspondiente declaración indagatoria y continuar con las diligencias procesales pertinentes en cada uno de los expedientes.

Culminó ayer la primera parte de un juicio que comenzó la semana pasada, que tiene como imputado a un joven policía de 21 años que fue llevado ante la Justicia de Gualeguaychú por los graves hechos que fueron denunciados por una mujer de 20 años que fue su pareja durante unos meses.

Según la acusación, los hechos se produjeron durante la relación de pareja y se extendieron desde mediados de 2025 hasta febrero de 2026. La Fiscalía y la querella describieron durante el juicio una relación signada por situaciones de violencia sexual, física y psicológica, además de amenazas y otros episodios que fueron incorporados a la imputación.

Abusos sexuales durante la relación

El primero de los hechos atribuidos al policía corresponde a reiterados episodios de abuso sexual que, según la acusación, tuvieron lugar mientras mantenían la relación de pareja, lo cual es un agravante dentro de la acusación. De acuerdo con lo expuesto durante el juicio, el imputado la habría obligado en distintas oportunidades a mantener relaciones sexuales y a practicarle sexo oral contra su voluntad.

Los episodios habrían ocurrido principalmente en los domicilios donde convivieron en Gualeguaychú. La acusación sostuvo que el imputado le quitaba la ropa, la tocaba, la penetraba vaginalmente, además de obligarla a practicarle sexo oral pese a sus negativas.

La Fiscalía también describió un contexto previo de sometimiento psicológico. Según la imputación, al comienzo de la relación el joven le habría prohibido mantener amistades, la habría alejado de su familia y durante la convivencia la habría descalificado reiteradamente. También le habría manifestado que se encontraba abrumado por deudas económicas y que la única solución era quitarse la vida, expresiones que, de acuerdo con la acusación, generaban temor en la joven.

Uno de los episodios puntuales señalados ocurrió el 2 de diciembre de 2025, cuando ambos se encontraban en el departamento donde vivían en calle Guido Spano. Según la acusación, él intentó mantener relaciones sexuales con ella, pero ante su negativa la tomó fuertemente de los brazos, provocándole marcas. La joven habría logrado escapar y encerrarse en el baño, desde donde le manifestó que iba a denunciarlo.

Siempre de acuerdo con la imputación, en ese momento el joven funcionario le habría dicho que no le serviría de nada recurrir a la Jefatura de Policía porque, según sus palabras, “era la casa de los policías” y que a él no le ocurriría nada. Para la acusación, esa situación incrementó el temor de la denunciante.

El embarazo y la interrupción

El segundo hecho incorporado al expediente se relaciona con un embarazo de aproximadamente seis semanas y media que cursaba la joven a fines de enero de 2026.

Según la acusación, el agresor tomó conocimiento del embarazo y la habría obligado a interrumpirlo, pese a que ella le manifestó en reiteradas oportunidades que no quería hacerlo. De acuerdo con lo expuesto en el juicio, el imputado la habría llevado en distintas oportunidades al Hospital Centenario y finalmente el 30 de enero la acompañó hasta el establecimiento, donde ella debía realizar los trámites y retirar la medicación indicada para la interrupción del embarazo.

La acusación sostiene que ese mismo día, una vez que regresaron al domicilio de Guido Spano, el joven le habría indicado que realizara el procedimiento. Ella habría comenzado a atravesar el proceso en el baño de la vivienda, presentando, según el relato incorporado al expediente, vómitos con sangre, contracciones y abundante sangrado.

Siempre según la imputación, ante los planteos de la joven respecto de que no quería interrumpir el embarazo, el acusado le habría respondido que debía hacerlo y que, de continuar con el embarazo, le arruinaría la vida. También habría utilizado expresiones amenazantes vinculadas con ella y con la criatura, según fue expuesto durante el debate.

El episodio del cuchillo y el arma reglamentaria

El tercer hecho ocurrió, según la acusación, el 12 de febrero de 2026 alrededor de las 22.30, en el departamento de Guido Spano. La imputación señala que, luego de que ella le pidiera ingresar al baño, él habría entrado detrás y la habría tomado del cabello para sacarla del lugar, mientras le exigía que se bañara y comiera. La joven, entre llantos, habría arrojado un recipiente de shampoo contra el imputado, quien le habría manifestado que estaba cansado de verla llorar.

Más tarde, durante la cena, según la acusación, el sujeto le habría dicho que se matara y, utilizando un cuchillo tipo Tramontina con el que estaba comiendo, le habría provocado varios cortes en la cara anterior del antebrazo izquierdo.

La imputación agrega que, después del episodio, el joven se habría acostado y le habría pedido perdón, manifestando que no sabía lo que había hecho. Sin embargo, ante el estado de angustia y temor de la víctima, habría dejado su arma reglamentaria a disposición de la joven y le habría dicho que, si se sentía tan mal, se matara. Luego se habría retirado del domicilio para cumplir un servicio adicional.

La privación de la libertad y otro episodio de violencia

Al día siguiente, el 13 de febrero, se produjo otro de los hechos incluidos en la acusación. Según el expediente, el acusado regresó durante la tarde o noche al departamento que compartía con ella, quien había preparado sus pertenencias debido a que el joven se retiraría de la vivienda.

En ese contexto, la joven le habría recriminado por relaciones que mantenía con otras mujeres mientras convivían. De acuerdo con la acusación, el muchacho reaccionó diciéndole que estaba loca, la empujó sobre la cama y la tomó del cuello. Ella habría logrado liberarse y correr hacia la puerta, pero la acusación sostiene que el imputado había arrojado las llaves al exterior del departamento, impidiendo que pudiera salir. Luego, siempre según el relato llevado a juicio, volvió a tomarla del cuello y la colocó sobre un ropero.

En medio de esa situación, el acusado habría llamado a su madre para que fuera a buscarlo. Después de esa comunicación, según la acusación, tomó un cuchillo, se lo arrojó a su joven novia sobre la cama y le dijo que se matara. Posteriormente habría tomado el mismo cuchillo y se lo habría colocado sobre el abdomen.

La situación terminó cuando ella tomó el teléfono celular del policía y logró comunicarse con la propietaria del departamento. La mujer concurrió al lugar junto con su esposo, abrió la puerta y permitió que víctima pudiera salir de la vivienda.

Al día siguiente, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, el acusado le envió un mensaje por Instagram a ella con amenazas de muerte y que no la dejaría en paz, que si la veía con otro hombre le iba a disparar y que debía quitarse la vida.

Por estos hechos, la fiscal Cedrés mantuvo la calificación de abuso sexual con acceso carnal reiterado, lesiones leves agravadas reiteradas, privación ilegítima de la libertad, amenazas simples y aborto doloso. Esta acusación fue sostenida por el querellante y ambos coincidieron en el pedido de pena de 17 años de prisión. El abogado defensor, Alfredo Vitale, sostuvo en los alegatos que los hechos no pudieron ser acreditados durante el juicio contra su defendido y que sea absuelto por el beneficio de la duda.

Todo esto quedó en manos del juez Mauricio Derudi, que dará a conocer su adelanto de veredicto el próximo jueves 8 de septiembre y ante los pedidos de que se le mantenga el arresto domiciliario al acusado, el magistrado resolvió que quedara en libertad con medidas restrictivas porque no han surgido fundamentos para considerar que existiera riesgo de fuga.

La Fiscalía de Bolivia solicitó 180 días de prisión preventiva para Fernando Cerimedo, señalado como principal acusado por la presunta tentativa de feminicidio contra su ex pareja, la abogada Nadia Beller, quien sobrevivió a un ataque a tiros ocurrido el lunes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La petición será presentada ante un juez, que deberá definir si corresponde ordenar su reclusión mientras avanza la investigación.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, explicó que la comisión encargada del caso trabaja en la formalización de la imputación. “En un término de 24 horas será la autoridad jurisdiccional que decida”, afirmó. También confirmó que el Ministerio Público pedirá que la detención preventiva se extienda durante seis meses.

Cerimedo permanece detenido en dependencias policiales desde la madrugada del martes. Su aprehensión se produjo en el aeropuerto internacional de Viru Viru, después de que llegara a Santa Cruz procedente de La Paz, pocas horas después del ataque contra Beller.

La investigación comenzó luego de que dos hombres, que aparentaban ser repartidores de comida, se aproximaran a la víctima en las inmediaciones de un hotel. Uno de ellos efectuó varios disparos contra la mujer, mientras el segundo tomó sus pertenencias y escapó del lugar.

La fiscal Yolanda Aguilera, integrante de la comisión investigadora, confirmó que Beller ya prestó declaración ante las autoridades. Cerimedo decidió no responder durante su comparecencia. “Se abstuvo de declarar”, indicó la fiscal.

El Ministerio Público incorporó además registros de las cámaras de seguridad y otros elementos obtenidos durante las primeras diligencias. Aguilera señaló que esas actuaciones forman parte de las pruebas que serán consideradas en el desarrollo de la causa.

El expediente también generó atención por la relación profesional que Cerimedo mantuvo con el presidente boliviano, Rodrigo Paz. El Gobierno negó que el detenido haya ocupado formalmente el cargo de asesor presidencial o que haya pertenecido a la estructura estatal, publicó Infobae.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, explicó que Cerimedo fue un “colaborador cercano” de Paz durante la campaña para las elecciones generales de 2025. Según su versión, después de ese período continuó participando en asuntos específicos relacionados con la comunicación, pero sin incorporarse oficialmente al aparato gubernamental.

Gálvez sostuvo que el detenido no recibió un trato privilegiado por su relación con Paz y afirmó que “no ha recibido ni recibirá ningún tipo de protección política”.

El propio presidente boliviano se pronunció sobre el ataque y expresó su respaldo a Beller. Paz aseguró que impartió instrucciones para que las autoridades desarrollen una investigación que permita determinar lo ocurrido y ofreció garantías de seguridad para la víctima. “Quiero expresar mi solidaridad con la señora Nadia Beller ante los hechos ocurridos”, manifestó el mandatario.

Paz también sostuvo que el esclarecimiento debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. “La verdad debe estar por encima de todo”, afirmó.

Beller, por su parte, cuestionó públicamente el manejo inicial de la investigación y pidió que el expediente no sea declarado reservado. Su solicitud fue atendida por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, quien informó que se instruyó al juez responsable de la causa mantener el proceso fuera de reserva.

La abogada también sostuvo que había tenido conocimiento de información relacionada con presuntas irregularidades y denunció antecedentes de violencia que, según su versión, deben ser considerados por los investigadores.

Con la imputación formal y la audiencia cautelar pendientes, la Fiscalía deberá presentar ante la Justicia los elementos que sustentan su acusación. El juez será quien determine si Cerimedo permanecerá detenido durante los 180 días solicitados o si corresponde aplicar otra medida cautelar mientras continúa la investigación.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que tiene a su cargo la ejecución de la condena por la denominada 'Causa Vialidad', dispuso nuevos embargos preventivos y medidas cautelares sobre inmuebles, entre ellos el del departamento de San José 1111 en el que la ex presidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.

El inmueble pertenece a la firma Los Sauces S.A., sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner, y forma parte de los activos societarios y benes de los condenados por los que el fallo ordenó cubrir los 685.000 millones de pesos fijados como monto a decomisar.

La medida abre además el interrogante sobre si Cristina Kirchner deberá eventualmente evaluar otro domicilio para continuar cumpliendo su condena, aunque el tribunal aclaró que los nuevos embargos no implican una subasta o realización inmediata de los bienes ni modifican por ahora su titularidad registral.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso explicaron que las cautelares tienen como objetivo garantizar la indisponibilidad jurídica de los activos mientras continúa el trámite destinado a determinar el decomiso definitivo, con intervención de las partes.

La resolución forma parte de una segunda etapa de ejecución patrimonial. La primera había incluido 111 propiedades solicitadas por el fiscal Diego Luciani y posteriormente aprobadas por el TOF 2 para su decomiso.

De ese conjunto, en noviembre el tribunal había dispuesto avanzar sobre 20 inmuebles vinculados a la familia Kirchner, 85 pertenecientes a Lázaro Báez y sus empresas y otros seis bienes correspondientes a los restantes condenados.

En febrero, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el criterio adoptado por el TOF 2 respecto de esos bienes y ordenó avanzar con el decomiso. Cristina Kirchner y Báez recurrieron esa decisión, por lo que la definición final sobre ese primer grupo de propiedades quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Mientras el máximo tribunal analiza esos planteos, el TOF 2 comenzó a avanzar sobre un segundo conjunto de activos, que comprende 144 bienes entre inmuebles y vehículos, además de participaciones accionarias en distintas sociedades.

En esta nueva etapa también fueron incluidos cinco millones de dólares que Florencia Kirchner tenía depositados en una caja de seguridad del Banco Galicia.

Los jueces fundamentaron la extensión de las medidas sobre bienes de Máximo y Florencia Kirchner a partir de las conclusiones de la sentencia condenatoria, que determinó que la maniobra fraudulenta vinculada con la obra pública produjo beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner.

Según el tribunal, durante el período investigado, entre 2003 y 2015, existió una conexión económica y comercial comprobada entre las empresas de Báez y los negocios de la familia Kirchner.

En ese marco, las compañías del empresario patagónico alquilaron, explotaron turísticamente y realizaron construcciones en hoteles y propiedades pertenecientes a los Kirchner, tanto en forma personal como a través de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.

Para el TOF 2, esa operatoria permitió que parte del dinero proveniente del delito circulara y quedara asentado en activos de esas sociedades.

A partir de ese criterio, el tribunal sostuvo que pueden ser alcanzados por el decomiso los bienes que los nueve condenados incorporaron a sus patrimonios entre 2003 y 2015, y consideró necesario adoptar medidas cautelares sobre los activos comprendidos en esta segunda etapa para evitar su disposición mientras se define su situación jurídica.

La resolución también invocó el artículo 23 del Código Penal, que permite alcanzar a personas jurídicas o sociedades que se hayan beneficiado con el producto o provecho de un delito y contempla, además, la posibilidad de avanzar sobre bienes o participaciones que hayan sido cedidos o transmitidos gratuitamente a terceros.

De esta manera, el TOF 2 mantiene abierto el proceso de ejecución patrimonial de la condena de la Causa Vialidad mientras la Corte Suprema debe resolver los recursos pendientes sobre el primer grupo de bienes.

Agencia NA

Un rápido operativo desplegado por efectivos de la Comisaría Segunda concluyó este domingo con la aprehensión de dos personas y la recuperación de una bicicleta que había sido sustraída minutos antes. El hecho delictivo tuvo lugar en horas del mediodía en las inmediaciones de las arterias Pellegrini y Avenida Parque, cuando los sospechosos se apoderaron de un rodado 26.

La intervención policial comenzó cerca de las 11:30, tras una alerta emitida por el Comando Radioeléctrico. El aviso incluyó datos precisos sobre las características físicas y las prendas de vestir de las dos personas observadas al momento del hurto, lo que permitió activar un patrullaje de rastrillaje preventivo en las inmediaciones de la zona.

Gracias al aporte del denunciante, la patrulla interceptó a los sospechosos a pocas cuadras de donde se concretó el hecho, en el cruce de las calles Montevideo y Belisario Roldán. En esa esquina, el personal policial identificó a una mujer de 35 años y a un hombre de 29 años mientras trasladaban la bicicleta en cuestión, constatando que sus fisonomías y vestimentas coincidían de forma exacta con la alerta emitida.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a la aprehensión de la pareja y al secuestro preventivo del vehículo para su posterior devolución. El procedimiento fue notificado de inmediato a la Fiscalía en turno, la cual dispuso la iniciación de las actuaciones correspondientes y la permanencia de ambos involucrados a disposición de la Justicia mientras avanza la causa por el supuesto delito de hurto.

Cerca de las 5:50, cuando las personas abandonaban los establecimientos dedicados al esparcimiento nocturno sobre la calle Rocamora, casi en su intersección con 3 de Caballería, se desencadenó un episodio de alteración del orden público que requirió la intervención inmediata de los uniformados asignados a la custodia de la zona.

El conflicto se originó cuando un joven de 23 años fue expulsado del interior del recinto bailable por el personal de seguridad privada debido a conductas inadecuadas. Una vez en la vereda, el muchacho reaccionó de manera descontrolada: tomó botellas con agua y comenzó a arrojarlas contra los trabajadores del lugar, generando momentos de tensión e inquietud entre el resto de los peatones que transitaban por la zona de la Costanera y el centro.

Ante la gravedad del alboroto, el personal que prestaba servicio adicional en la puerta del boliche solicitó el apoyo de las patrullas apostadas en las inmediaciones. Los efectivos del área de Minoridad se acercaron rápidamente para intentar calmar los ánimos y despejar la arteria. Sin embargo, el individuo continuó con una actitud sumamente hostil, profiriendo gritos, insultos y amenazas directas hacia las autoridades presentes en el lugar.

Ante la imposibilidad de solucionar la falta mediante el diálogo, los funcionarios debieron proceder a su reducción mediante el uso de la fuerza mínima e indispensable para neutralizar el riesgo. Tras ser controlado en el suelo y esposado, el revoltoso fue subido al móvil policial y trasladado a la sede correspondiente para su identificación.

El caso quedó a cargo del fiscal de turno de la ciudad, quien dispuso la imputación formal del muchacho por el delito de resistencia a la autoridad. Tras someterse a las revisiones médicas de rigor, el aprehendido quedó alojado en las celdas de la Jefatura Departamental Gualeguaychú.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:45, en la intersección de las calles Eva Perón y Concordia, cuando una joven de 18 años transitaba a pie junto a dos amigas. Mientras el grupo caminaba con tranquilidad por la vereda, un hombre se les interpuso en el camino portando un arma blanca y las amenazó directamente para quitarle sus cosas a una de las chicas.

Bajo la amenaza del arma, el agresor logró apoderarse de una cartera de color negro perteneciente a la joven y emprendió la fuga a pie por las calles aledañas. Sin embargo, la secuencia fue observada por un muchacho que se encontraba en las inmediaciones. Lejos de quedarse de brazos cruzados, el testigo decidió intervenir de inmediato y corrió tras el asaltante. A las pocas cuadras, logró alcanzarlo, reducir la situación y recuperar el bolso sustraído para devolvérselo intacto a la víctima.

Al mismo tiempo, la llamada de alerta a las patrullas del sector permitió que el personal del área acudiera rápidamente al lugar. Con los datos aportados por las damnificadas y los vecinos, los uniformados desplegaron un rastrillaje por la zona que culminó con la localización y detención de un joven de 20 años que coincidía con las descripciones brindadas.

El joven detenido fue trasladado a la dependencia correspondiente y puesto a disposición de la Fiscalía de turno. Desde el organismo judicial se ordenaron las medidas de rigor para avanzar con la imputación formal por el delito de robo calificado por el uso de arma, mientras que la víctima pudo recuperar sus pertenencias gracias al compromiso del vecino y el rápido accionar en la vía pública.

Personal de la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal concretó un destacado operativo este viernes alrededor de las 11:30 horas, logrando la aprehensión de un hombre de 34 años sobre quien pesaba una orden de captura activa en el marco de una causa por el delito de robo.

El procedimiento se llevó a cabo en las inmediaciones de las calles Furquez y 17 de Agosto, dando estricto cumplimiento a un oficio emanado desde el Juzgado de Garantías y Transición N.º 2, a cargo del Dr. Ignacio Telenta. La detención fue el resultado directo de diversas tareas de inteligencia previas que permitieron a los efectivos establecer la localización y el domicilio actual del sospechoso.

Luego de ser notificado formalmente sobre la medida judicial en su contra, el ciudadano fue trasladado a las instalaciones de la Jefatura Departamental. En dicha dependencia permanecerá alojado en calidad de detenido, a la espera de ser citado por la Fiscalía interviniente para la continuidad de las actuaciones legales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este miércoles en una conferencia de prensa el proyecto de Inocencia Fiscal II, que será enviado al Congreso para modificar el Régimen Simplificado de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias que administra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Se trata de la iniciativa con la que el Gobierno intentará movilizar los dólares que los argentinos tienen “bajo el colchón”.

La iniciativa apunta a introducir cambios sobre la ley aprobada por el Congreso a comienzos de año, que reformó el Régimen Penal Tributario y creó un esquema simplificado para el pago de Ganancias. Entre otras medidas, esa norma habilitó el uso de ahorros de hasta $100 millones sin sanciones fiscales para los contribuyentes alcanzados, siempre que no superen ingresos anuales de $1.000 millones ni un patrimonio de $10.000 millones.

El principal objetivo del nuevo proyecto es corregir aspectos que generaron críticas entre los contadores, especialmente el riesgo de perder los beneficios del régimen ante diferencias detectadas por ARCA en las declaraciones juradas. Para atender esos planteos, el Gobierno propondrá eliminar los topes actualmente vigentes y permitir que los contribuyentes puedan rectificar sus declaraciones juradas para corregir inconsistencias sin quedar excluidos del régimen. De esa manera, podrán conservar los beneficios siempre que regularicen su situación.

El anteproyecto también establece que, hasta el 31 de diciembre de 2027, los fondos utilizados por los contribuyentes alcanzados por la presunción de exactitud prevista en la ley mantendrán un tratamiento especial.

La Oficina Anticorrupción (OA) postergó hasta el 31 de agosto el plazo que tienen los funcionarios públicos para presentar sus declaraciones juradas patrimoniales anuales debido a la extensión del plazo hasta el 27 de julio del plazo para la presentación de declaraciones juradas de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2025.

"La Oficina Anticorrupción extiende el plazo a fin de brindar a los funcionarios alcanzados por la Ley 25188, un período razonable para cumplimentar la presentación de su Declaración Jurada Patrimonial Integral anual 2025", explicó un comunicado oficial del Gobierno.

Dicha obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales ante el organismo recaudador está estipulada en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública 25.188.

El deadline para presentar las declaraciones juradas de funcionarios publicos era el 31 de julio, pero la OA extendió el plazo hasta el 31 de agosto, ya que entre el 27 de julio y el 31 de julio habían apenas cuatro días hábiles para cumplimentar la obligación.

La presentación se realiza a través del formulario F-1245 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el cual integra, cuando corresponda, la información proveniente de las declaraciones juradas impositivas de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

"En los casos en que dichas presentaciones no se encuentren realizadas, los datos deberán ser completados de manera manual", se aclaró.

Fuente: Agencia NA

En el marco del 32° aniversario del atentado a la AMIA, el presidente de la mutual judía, Osvaldo Armoza, pronunció uno de los discursos más contundentes de los últimos años respecto a la falta de avances judiciales en la causa. Ante la mirada en primera fila del presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Armoza sentenció que el Estado argentino, colmado de desidias, complicidad y errores sistemáticos, ha sido incapaz de ofrecer luz ante una de las páginas más oscuras de la historia nacional.

A pesar de las duras críticas institucionales, el titular de la AMIA valoró y celebró la postura geopolítica de la actual administración, destacando su firmeza al ubicarse del lado correcto de la historia, manifestar su apoyo expreso al Estado de Israel y haber declarado a la organización Hamás como terrorista. No obstante, el elogio dio paso a firmes exigencias dirigidas tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, las cuales incluyeron un pedido de refuerzo inmediato en los controles de la Triple Frontera y de los pasos fronterizos con Bolivia y Chile, el reclamo de acelerar el nombramiento de vacantes judiciales y la solicitud de que el Congreso instrumente leyes modernas para combatir el terrorismo.

Desde la Casa Rosada tomaron de buena forma los reclamos y ratificaron su apoyo sustancial a la comunidad judía, aunque fuentes inobjetables del oficialismo aclararon que por el momento no hay nuevos proyectos legislativos en materia antiterrorista dentro de la carpeta gubernamental. En los pasillos del Ejecutivo argumentan que la gestión ya sacó la Ley de Juicio en Ausencia y que, si bien comprenden la frustración social por la falta de resultados inmediatos, representa una nueva institución que no puede nacer mal y en la cual se deben tomar todos los recaudos legales pertinentes.

Respecto a la cobertura de vacantes en los tribunales, el Ministerio de Justicia prevé continuar con el envío de pliegos al Congreso tras el receso invernal de dos semanas, aunque el proceso será más dosificado debido a la magnitud política y complejidad de los cargos que restan concursar. En sintonía con la demanda de celeridad, Armoza también apuntó a los laberintos burocráticos del Poder Judicial, exigiendo a los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, de la Cámara Federal de Casación Penal, que resuelvan de manera urgente la validez del juicio en ausencia.

Finalmente, el reclamo impactó en el Ministerio Público Fiscal. Si bien se valoró el impulso del fiscal Sebastián Basso al frente de la UFI-AMIA, se catalogó de nulo el aporte de su cotitular, el fiscal Julio Miranda, y se cuestionó al responsable del Área de Análisis, Pablo Ouviña, exigiendo profundizar las líneas de investigación pendientes.

Entre Ríos fue incluida entre las tres provincias con mayor transparencia fiscal del país, de acuerdo con el último Índice de Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal elaborado por la prestigiosa Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

La provincia litoraleña alcanzó una performance perfecta al obtener 100 puntos, la calificación máxima prevista por el riguroso relevamiento de la entidad. De este modo, quedó resguardada dentro del denominado Grupo I, que distingue a las administraciones de "cumplimiento estricto". En este selecto nivel de excelencia fiscal solo lograron ubicarse, además de Entre Ríos, las provincias de Córdoba y Santa Fe, siendo las únicas tres jurisdicciones de toda la República Argentina que lograron reunir la totalidad de los exigentes requisitos evaluados por los técnicos del organismo.

El pormenorizado informe analizó de manera exhaustiva la información fiscal y presupuestaria que publican de forma oficial los gobiernos provinciales que se encuentran debidamente adheridos al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno. Para esta oportunidad, la medición técnica tomó como referencia el cierre del ejercicio fiscal de 2025 y el relevamiento de campo fue ejecutado durante los primeros quince días de abril de este año.

En lo que respecta puntualmente al desempeño de Entre Ríos, la entidad consignó de manera positiva la publicación efectiva del Presupuesto 2026.

Detrás del lote de vanguardia que integra Entre Ríos, se ubicó un segundo pelotón con 90 puntos. En este espacio quedaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco, Formosa, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y Tucumán; distritos que cumplieron con la mayor parte de las exigencias pero fallaron en tener actualizada la información sobre sus plantas de empleados públicos.

Por su parte, Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Misiones se posicionaron en un nivel de "cumplimiento intermedio". En una situación más deficitaria, provincias de gran peso como Buenos Aires, Mendoza, Chubut, San Juan, Corrientes, Jujuy, Río Negro y Tierra del Fuego integraron el grupo de "cumplimiento bajo". Finalmente, los estados de La Pampa y San Luis directamente quedaron excluidos del análisis por no encontrarse adheridos al régimen federal vigente.