En el marco de la preocupación creciente por la presencia del Picudo Rojo de las Palmeras en la región, Gualeguaychú será sede de una jornada técnica clave. En diálogo con El Argentino, Guillermo Treboux, encargado de la Reserva Las Piedras y coordinador de Conservación y Planes de Manejo del Municipio, brindó detalles sobre el alcance del encuentro y puso en valor la trascendencia de articular acciones preventivas.

“Esta actividad del Picudo Rojo se enmarca en el alerta regional que hay por los primeros registros de la plaga en la Argentina. Por un lado, el que se dio primeramente en la Isla Martín García y ahora el que apareció en Entre Ríos y muy cerca de nosotros, que es el registro de Colonia Elías, donde se detectó en una palmera Fénix la presencia de la plaga y que mostró signos de estar afectada hasta que murió”, explicó Treboux.

La detección confirmada en la localidad vecina encendió las alarmas locales debido al potencial impacto del insecto exótico. En este sentido, el funcionario remarcó la necesidad de un abordaje conjunto entre los diferentes niveles del Estado: “Este tema atraviesa distintos estamentos, tanto organismos nacionales como Senasa o Parques Nacionales —Senasa se encarga del control de plagas y Parques Nacionales resguarda áreas protegidas como el Parque Nacional El Palmar—, así como a las autoridades de aplicación provinciales y los municipios”.

Frente a este escenario, Gualeguaychú asumirá un rol protagónico al recibir a los equipos técnicos y representantes de los departamentos del sur provincial. “Gualeguaychú es anfitrión de este encuentro, en donde vamos a aprovechar a contar lo que se está haciendo desde el municipio para la prevención, el cuidado y la respuesta ante eventuales casos positivos”, indicó el coordinador.

Treboux hizo hincapié en el riesgo que representa el avance del insecto en el ámbito local, donde el patrimonio arbóreo posee un valor histórico de relevancia. “Es una preocupación porque hay muchas palmeras dentro de la ciudad y muchas de ellas tienen un valor patrimonial e histórico importante. En función de eso se despliegan acciones preventivas que se están llevando adelante”, subrayó.

Finalmente, el referente municipal destacó el objetivo final de la jornada de trabajo: “A lo largo de las presentaciones se irán poniendo sobre la mesa los datos y la idea es compartir la información generada últimamente para ver de qué manera se da una respuesta más organizada hacia adelante”.

Durante la reunión se abordarán diagnósticos actualizados, protocolos de actuación, normativas para la tala y disposición final de ejemplares atacados, como así también la regulación sobre fitosanitarios. La convocatoria incluye a responsables ambientales departamentales, administradores de áreas protegidas y empresas de mantenimiento de palmeras.

La ciudad recibirá a especialistas, productores y funcionarios en una jornada de trabajo enfocada en el abordaje del Picudo Rojo de las Palmeras. La actividad busca coordinar tareas de vigilancia, respuesta rápida y manejo sanitario frente a la presencia de esta plaga en la región.

El encuentro se llevará a cabo de 9:30 a 14 h en el Teatro del Puerto. La organización está a cargo del SENASA, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, el INTA, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la provincia, el Parque Nacional El Palmar y el Gobierno de Gualeguaychú, mediante la Dirección de Espacios Verdes y la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria.

Durante la sesión se informará el diagnóstico actualizado en el territorio provincial y los registros de presencia detectados a la fecha. Asimismo, los equipos técnicos del SENASA expondrán los protocolos oficiales de actuación, el Plan de Contingencia específico y la normativa para la tala y disposición final de ejemplares atacados.

La convocatoria abarca a responsables de áreas ambientales de los departamentos Islas del Ibicuy, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y Concordia. También están citados administradores de áreas protegidas, responsables de emprendimientos turísticos y rurales, y empresas dedicadas al mantenimiento y tratamiento de palmeras.

Dentro del temario se incluye la regulación sobre la aplicación de productos fitosanitarios y las distancias de resguardo vigentes. A su vez, el equipo local presentará las medidas preventivas que se aplican en el ejido urbano. Sobre el cierre, se habilitará una mesa de trabajo entre prestadores de servicios para evaluar la capacidad de respuesta y las herramientas disponibles en la zona.

Entre Ríos consolidó su posición como una de las provincias de referencia a nivel nacional en la inserción de residuos agropecuarios dentro del modelo de economía circular. Durante las XXIII Jornadas Argentina Sustentable 2026, la secretaria de Ambiente provincial, Rosa Hojman, expuso el balance del último ciclo operativo anual de gestión de envases vacíos de fitosanitarios, un esquema desplegado de manera conjunta con la Asociación Campo Limpio.

Las estadísticas oficiales arrojaron un récord histórico para la provincia al alcanzarse la cifra de 435.819 kilogramos de plástico recuperado del sector agropecuario. Este volumen representa un incremento del 71,13% en comparación con los períodos anteriores, un salto cuantitativo que convalida los modelos de regionalización y la articulación técnica implementada entre el Estado entrerriano, los municipios y los actores del sector privado.

Esta normativa de vanguardia reemplaza de manera definitiva a la vieja Ley Nº 6260 de prevención de contaminación industrial, la cual se encontraba vigente y sin modificaciones desde hacía décadas en el territorio provincial.

Desde el área ambiental subrayaron que la actualización legal constituye un hito clave para la modernización de la provincia, debido a que agiliza sensiblemente los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). El punto neurálgico del nuevo esquema es la creación del Certificado Único Ambiental (CUA), una herramienta técnica diseñada para desburocratizar los trámites administrativos complejos y brindar previsibilidad a las inversiones del sector industrial, garantizando de manera simultánea un control dinámico del resguardo de los recursos naturales entrerrianos.

Fuente: APFDigital

El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos oficializó la aprobación del “Protocolo de Buenas Prácticas en Materia de Fitosanitarios” mediante la resolución publicada en el Boletín Oficial Nº 28.343. La normativa aprueba establece el marco de fiscalización que aplicará la Dirección de Agricultura provincial para hacer efectiva la Ley Provincial N° 11.178, la cual "regula en el ámbito de la provincia de Entre Ríos todas las actividades vinculadas a la importación, elaboración, formulación, fraccionamiento, distribución, expendio, aplicación, transporte y almacenamiento de productos fitosanitarios".

Según los considerandos del texto, el protocolo se apoya en la Resolución Conjunta N° 1/2018 de los Ministerios de Agroindustria y de Ambiente de la Nación, los manuales técnicos de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), y los documentos elaborados por la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos.

El documento definitivo se validó bajo un clima de marcada tensión sectorial durante la reunión del Consejo Asesor Fitosanitario, realizada el pasado 10 de diciembre de 2025 en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Prof. Antonio Serrano”.

Al encuentro asistieron representantes de diversas entidades técnicas, gremiales y gubernamentales: INTA, la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (Copaer), la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNER, la Sociedad Rural Argentina, la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (Fearca), el Ministerio de Salud, el Consejo General de Educación (CGE), la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Cámara Empresaria de Proveedores de Insumos Agropecuarios del Litoral (Cepial) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).

El Anexo de la norma define a las Buenas Prácticas de Aplicación de Fitosanitarios (BPAF) como el "conjunto armónico de técnicas y prácticas aplicables al uso de fitosanitarios, tendientes a asegurar que el producto pueda expresar su máxima capacidad para la que fue concebido, disminuyendo al máximo los posibles riesgos emergentes a la salud y el ambiente". Para ello, el texto impone reglas estrictas y traslada las responsabilidades operativas a cada eslabón de la cadena:

Productores (Usuarios): Tienen la obligación de "poseer receta agronómica digital antes de la aplicación de productos fitosanitarios y vigente al momento de efectuarse la aplicación". Si operan en zonas de amortiguamiento, deben avisar a la policía, comuna o junta de gobierno con un mínimo de 48 horas de anticipación. Ante escuelas rurales, el protocolo los obliga a "comunicar fehacientemente a la Dirección de las escuelas rurales y controlar que la aplicación se realice en contraturno escolar, en recesos, fines de semana y/o días feriados". Además, deben guardar los remitos comerciales visados por cuatro años y responder por el triple lavado y descarte de envases en los centros de acopio (CAT).

Aplicadores y Operarios: Se les exige contar con verificación técnica vigente en sus maquinarias y "adoptar un medio de control tecnológico de las aplicaciones que permita almacenar las condiciones meteorológicas durante la aplicación, indicar el inicio y finalización de la aplicación y georreferenciar el equipo aplicador durante la misma". Tienen prohibido aplicar en zonas de exclusión y, en áreas de amortiguamiento, solo podrán usar productos de bandas toxicológicas clases III y IV. Tampoco podrán transportar fitosanitarios sobre las máquinas agrícolas ni realizar cargas de tanques en áreas sensibles.

Topes rigurosos al viento y la temperatura: El operario no podrá aplicar si el clima no encaja en rangos específicos: "la dirección del viento debe ser contraria al área sensible, la velocidad del viento durante la aplicación debe ser mayor a 5 Km/h y menor a 18 Km/h (...) y los valores de delta temperatura deben estar entre 2 y 8". Los remanentes de producto en el tanque no podrán descartarse libremente: "se deberá diluir el sobrante del caldo en agua (dilución 1:5) y aplicarlo en el mismo lote donde se realizó el tratamiento".

Asesores Fitosanitarios (Ingenieros Agrónomos): Los profesionales que dirijan técnicamente a las empresas aplicadoras están obligados a "supervisar en forma presencial los tratamientos que se lleven a cabo en zonas de amortiguamiento". Asimismo, los asesores de las agronomías deberán firmar obligatoriamente el visado del remito comercial para habilitar la entrega del producto.

El protocolo determina que "la formación será continua y obligatoria a los sujetos alcanzados por la Ley 11.178", responsabilizando a las empresas y operarios de su actualización. En el plano administrativo y penal, establece que el control quedará en manos de la Secretaría de Agricultura, organismo que tramitará los expedientes y "aplicará las sanciones previstas en el Decreto N.º 1719/25-GOB".

Para denunciar aplicaciones irregulares o presuntos incumplimientos, el protocolo habilita a los ciudadanos a concurrir al destacamento o comisaría policial de la jurisdicción. La presentación exige datos precisos: ubicación, fecha, hora, descripción de los hechos e identificación de los implicados, acompañados obligatoriamente por "fotografías, videos u otras pruebas", con copia digital al correo sanidadvegetal.dga@gmail.com.

De comprobarse la anomalía, los inspectores labrarán un Acta de Infracción que iniciará un sumario donde el acusado tendrá plazos legales establecidos para presentar descargos y defenderse antes de la resolución.

La medida se originó tras dos operativos realizados en 2024 en la intersección de las rutas 11 y 174, donde personal de la Policía de Entre Ríos interceptó al infractor en dos oportunidades circulando con envases fitosanitarios en forma ilegal. En total, se detectaron más de 900 unidades ocultas en el vehículo.

La autoridad ambiental destacó la gravedad del hecho, al constatarse que el infractor intentó ocultar la carga para evadir los controles policiales y que los materiales eran transportados hacia destinos no autorizados. Según las actuaciones, el transporte se realizaba con fines comerciales y de lucro, sin ningún tipo de habilitación ambiental, ni protocolo de seguridad.

La resolución de la Secretaría, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, obliga al infractor a abonar el monto en un plazo de 10 días. De este modo, la provincia reafirma su compromiso con la fiscalización territorial y apela a la responsabilidad de todos los actores de la cadena agroindustrial para utilizar exclusivamente los Centros de Almacenamiento Transitorios (CAT) habilitados, asegurando así un ambiente sano para todos los entrerrianos.

Convocados por la Filial Puiggari del Distrito III de la Federación Agraria Argentina, dirigentes y actores del sector agropecuario del departamento Diamante se reunieron para debatir la situación de los productores afectados por amparos judiciales vinculados a las distancias de aplicación de productos fitosanitarios en Colonia Ensayo y Aldea Salto. El encuentro contó con la participación de referentes gremiales y asesores legales que siguen de cerca las causas en curso.

En la zona se registran tres amparos judiciales relacionados con esta problemática. En ese marco, se explicó que la Federación Agraria Argentina se presentó como “tercero interesado” en uno de ellos, de carácter colectivo, con el objetivo de acompañar a los productores involucrados.

Durante la reunión, los abogados detallaron el estado de situación de las causas y se generó un intercambio sobre cómo se desarrollaron los hechos. El contexto, coincidieron, genera una profunda preocupación tanto en la zona como en el conjunto del sector productivo.

“La Filial Puiggari es la única entidad agropecuaria en el departamento Diamante. Estamos acompañando a los productores y vinimos con un equipo de abogados. La situación es compleja: los productores aseguran que no se hizo nada fuera de regla. Existe una ley provincial que llevó años de trabajo y consenso entre todos los sectores, y que cuenta con respaldo científico. Queremos trabajar con tranquilidad”, expresó Carlos Bender, presidente de la filial.

En la misma línea, el director de la entidad, Matías Martiarena, destacó que la Federación se presentó como tercero interesado para acompañar a los productores afectados y se refirió a las gestiones que se vienen realizando. Además, remarcó la necesidad de retomar el proyecto de ley de ordenamiento territorial y defender la Ley Provincial de Fitosanitarios. “Es una norma que demandó mucho esfuerzo y existe una vocación unánime del sector por sostenerla”, señaló.

Finalmente, los presentes coincidieron en la importancia de garantizar seguridad jurídica en la provincia como condición clave para el normal desarrollo de la actividad productiva. El reclamo apunta a que las reglas de juego sean claras y estables, evitando que decisiones judiciales aisladas generen incertidumbre en el trabajo cotidiano de los agricultores. Fuente: Federación Agraria Argentina – Filial Puiggari

El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Desarrollo Económico, dictó la resolución N° 105/26 mediante la cual impuso una multa de 38.878.101 de pesos a dos ciudadanos de la provincia de Santa Fe por el transporte irregular de más de 3.800 envases vacíos de fitosanitarios.

El hecho data de 2025 y fue detectado en un operativo de control en la intersección de la ruta provincial N° 11 y la ruta nacional N° 174, en cercanías a la ciudad de Victoria.

El procedimiento administrativo se inició tras constatar que los infractores transitaban en un camión con acoplado cargado con bidones cortados por la mitad, sin contar con los permisos ni autorizaciones exigidas por la ley nacional N° 27.279. La normativa vigente prohíbe expresamente el transporte y la entrega de estos envases por fuera del sistema de gestión oficial, que establece un circuito obligatorio y controlado hacia los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT).

Se ratificó la continuidad de los operativos de fiscalización en rutas estratégicas y puntos de acopio, con el objetivo de garantizar la trazabilidad de los residuos peligrosos y sancionar las infracciones que vulneren los protocolos de seguridad ambiental vigentes en la provincia.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos informó que se declaró el estado de emergencia fitosanitaria nacional por detección de Picudo Rojo de las Palmeras en Isla Martín García, en provincia de Buenos Aires.

Se trata de un flagelo de particular interés en la provincia, atento la gran cantidad de palmeras que habitan el territorio.

La medida dispuesta desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria se publicó este jueves en el Boletín Oficial (Resolución 133/2026) y rige hasta el 30 de junio de 2027.

Su objetivo es prevenir la dispersión y el establecimiento de esta plaga en el país y define que debe dar aviso al Servicio Sanitario toda persona que detecte la presencia de ejemplares compatibles con ella y/o daños sospechosos del Picudo rojo de las palmeras.

Asimismo, establece el Plan de Contingencia específico cuyas medidas fitosanitarias deben ser implementadas ante la detección del insecto a fin de contener y controlar la mencionada plaga. En relación a ello, la norma autoriza los productos fitosanitarios para ser utilizados en tratamientos contra el Picudo rojo de las palmeras.

El objetivo de esta norma es preservar la integridad de las palmeras, consideradas en el país de importancia cultural, histórica y biológica emplazada en el arbolado y bosque urbano, parques nacionales y áreas protegidas cuya preservación para las generaciones futuras es primordial e invaluable. (APFDigital)

Durante 2025, en Entre Ríos se recuperaron 398.881 kilos de envases vacíos de fitosanitarios, una cifra que marca un avance significativo en la gestión ambiental vinculada al sector agropecuario.

El dato refleja un crecimiento sostenido: la recuperación fue un 57% superior a la de 2024 y más del doble respecto de 2023, posicionando a la provincia entre las más activas en la materia a nivel nacional.

El resultado se explica por la combinación de controles más estrictos, capacitaciones y un trabajo territorial que involucra a municipios y comunas. En el marco de la Ley Nacional 27.279, se reforzó la coordinación con la Policía de Entre Ríos, capacitando a más de 100 efectivos en tareas de fiscalización. Estos operativos permitieron frenar el transporte y comercio ilegal de envases, asegurando que los residuos lleguen a los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) habilitados y gestionados por la Asociación Campo Limpio.

Uno de los puntos más relevantes del año fue la clausura de dos centros de acopio clandestinos, uno en la costa del Paraná y otro en la del Uruguay. El operativo más resonante ocurrió en Aranguren, sobre la ruta nacional 12, donde se desmanteló un establecimiento que funcionaba de manera ilegal desde hacía más de una década. La sanción incluyó una multa superior a los 46 millones de pesos y la obligación de remediar el predio afectado.

Gabriela Joubert, coordinadora de Buenas Prácticas Agropecuarias, destacó que las capacitaciones insisten en la prohibición absoluta de reutilizar o incinerar envases de fitosanitarios, prácticas que ponen en riesgo la salud de las comunidades. “La gestión responsable de estos residuos es clave para proteger el ambiente y garantizar la seguridad de la población”, señaló.

El avance en la recuperación de envases muestra que el compromiso con la economía circular empieza a consolidarse en el sector agropecuario entrerriano. Más allá de las cifras, el desafío sigue siendo sostener los controles y evitar que prácticas ilegales vuelvan a instalarse en el territorio