Desde hace tiempo que la Justicia Federal puso el ojo en lo que sucede en el Parque Industrial de Gualeguaychú y realizó sugerencias para no llegar a esta encrucijada que se presenta ahora, donde parecen que los tiempos se acotan y si no se revierte la contaminación que se está volcando a arroyos aledaños y al río Gualeguaychú, el Parque Industrial será clausurado.

Ante esto, fue el fiscal Rebollo el que le solicitó ahora al juez Viri que fije una fecha para la realización de una audiencia con el objeto de acordar un plan de acción entre las partes a fin de hacer cesar los efectos nocivos sobre el ambiente que se encuentra provocando el funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú (PIG).

Las previsiones de la Ley 25.675 de Política Ambiental Nacional son muy claras al respecto. Allí se establecen y se ordena el cumplimiento de los principios de política ambiental, en donde se prevé: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente, siendo la audiencia solicitada (y lo que de ella surja) una posible medida eficaz para impedir el desgaste del ambiente”.

Fue a partir de una publicación de EL ARGENTINO del 5 de julio de 2025, que la Fiscalía federal inició la investigación. “Impactante denuncia contra el PIG: "Tiran los efluentes al río sin procesar"”, titulaba la noticia en donde se mencionaba que el Foro Ambiental de Gualeguaychú hizo pública su denuncia. "Se constató que las instalaciones presentan fallas desde el mes de febrero", manifestaron.

Rebollo, en su requerimiento a Viri, argumentó que “el olor nauseabundo e irrespirable en el ámbito de la planta de tratamientos”, que él mismo comprobó en uno de los procedimientos que posteriormente se realizaron en el PIG, fue la prueba que no se atendieron en forma debida las soluciones por parte de la CODEGU.

Un empleado del Parque Industrial declaró ante la Justicia Federal el pasado 19 de noviembre, y esto también se encuentra en la causa, que ha sido testigo de la falta de capacidad de tratamiento de la planta respecto a los residuos recibidos por parte de las empresas. “El exceso que se observa hoy en día se debe a una sobrecarga de materia orgánica, con valores que duplican lo admitido. Esta situación se origina en problemas propios de las industrias que descargan en el sistema, y en este momento se está trabajando en la ampliación de la capacidad de tratamiento de la planta para poder trabajar con los valores de ingreso actuales”.

Por todo ello, Viri dio curso al requerimiento de Rebollo y fijó para el viernes 13 de febrero a las 9.30, una audiencia en la Asociación de Magistrados y Funcionarios del poder Judicial de Gualeguaychú a fines de que se informen los trabajos de ampliación y mejora de la planta, con el objeto de darle las herramientas necesarias a este Ministerio Público Fiscal para evaluar y solicitar -en su caso- si la clausura es pertinente en lo inmediato, con la finalidad de preservar el Ambiente, el derecho a ejercer industria lícita, y de asegurar los fines de cualquier proceso penal.

Uno de los ejes centrales del informe fue el dragado del río Gualeguaychú. Desde el Foro sostienen que el dragado debe limitarse exclusivamente a la desembocadura, puntualmente en la entrada de la Boca. En este marco, se mantuvieron reuniones con funcionarios de Ambiente tanto municipales como provinciales. Según se informó, la responsabilidad del dragado corresponde al Estado Provincial, mientras que la autorización para intervenir en la Boca depende de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Al finalizar el año, el tema continúa sin definición.

El segundo punto abordado refiere a la Planta de Tratamiento Cloacal de la ciudad. Durante 2025, integrantes del Foro realizaron varias visitas a la planta actualmente en construcción y constataron que las lagunas existentes se encuentran saturadas de barro, situación que genera preocupación por su impacto ambiental. De acuerdo a lo informado, esta problemática podría resolverse con la puesta en funcionamiento de la nueva planta, cuya entrega estaba prevista inicialmente para el mes de agosto. A lo largo del año se mantuvieron reuniones con funcionarios municipales, incluido el presidente municipal Mauricio Davico. El estado del tema sigue siendo “en proceso”, a la espera de la finalización de la obra.

En relación al estado del río Gualeguaychú, el Foro solicitó a la Secretaría de Ambiente Municipal la entrega mensual de estudios fisicoquímicos y microbiológicos, así como información sobre los efluentes del Parque Industrial y de la planta de efluentes cloacales de la ciudad. Sin embargo, desde el mes de agosto la provisión de estos datos se interrumpió, sin que se haya informado el motivo. Además, se mantuvo una reunión con autoridades provinciales para abordar los efluentes cloacales provenientes de Pueblo Belgrano que impactan sobre el río, y se planteó la necesidad de realizar un estudio integral de la cuenca. El Foro considera que el tema fue solo parcialmente abordado y sin continuidad en la información oficial.

Otro punto destacado del informe es la situación de la Planta de Tratamiento del Parque Industrial Gualeguaychú (PIG), que se encuentra colapsada. Durante el año se realizaron reuniones con dirigentes de CODEGU, funcionarios municipales y provinciales, vecinos del barrio Don Pedro y su representante legal. La problemática tuvo repercusión en la prensa local, pero al cierre de 2025 no se registraron soluciones concretas.

Finalmente, el informe aborda la problemática de los perros callejeros, vinculada a situaciones de inseguridad e insalubridad. El Foro mantuvo reuniones con PROVOIN y con representantes de organizaciones proteccionistas, quienes insisten en la aplicación del Programa de Equilibrio Poblacional, establecido por la Ordenanza Nº 12.803/2023. Según se indicó, el programa podría comenzar a mostrar resultados en un plazo estimado de 18 meses. No obstante, el tema continúa en discusión y sin una implementación efectiva.

En las conclusiones generales, el Foro Ambiental señala que 2025 estuvo marcado por la persistencia de problemáticas ambientales estructurales en Gualeguaychú. Si bien se avanzó en el diálogo con autoridades municipales y provinciales, varios de los temas centrales quedaron sin resolución. En este contexto, el Foro reafirma su rol de vigilancia, participación y propuesta en defensa del ambiente y de la salud comunitaria.

De cara a 2026, el informe identifica como principales desafíos concretar el dragado en la Boca del río con autorización de CARU, garantizar la puesta en marcha de la nueva planta cloacal, restablecer la entrega periódica de estudios sobre el río, resolver el colapso de la planta del Parque Industrial e implementar de manera efectiva el Programa de Equilibrio Poblacional para perros callejeros.

Las actuaciones se intensificaron luego de que, durante la última semana, residentes del barrio Don Pedro denunciaran fuertes olores desagradables alrededor de la planta ubicada a la vera de la Ruta Nacional 14, lo que reavivó las sospechas sobre su funcionamiento.

EL ARGENTINO publicó la queja de los vecinos del Barrio Don Pedro, quienes exigen soluciones y denuncian “contaminación generada en el PIG”. A través de una carta enviada a los medios de comunicación, los vecinos del barrio ubicado frente al Parque Industrial Gualeguaychú, denunciaron episodios constantes de olores nauseabundos, una situación que se repite en los últimos años.

A diferencia del primer operativo realizado a fines de agosto, esta vez la inspección se extendió a todas las empresas radicadas en el predio industrial. El objetivo es determinar cómo realiza cada firma el pretratamiento de sus desechos antes de enviarlos al sistema colectivo.

El allanamiento se concretó tras la habilitación del Juzgado Federal de Gualeguaychú, que investiga el supuesto deterioro en la estación encargada de procesar los líquidos industriales. Según la denuncia pública del Foro Ambiental Gualeguaychú, la planta “sufre fallas desde febrero y permanece fuera de servicio desde mayo”, afectada por la saturación de barros y el desgaste de distintos componentes.

A partir de esa exposición, se sumaron dos nuevas denuncias formales: una presentada por el abogado ambientalista Ricardo Luciano ante el propio juzgado de Viri, y otra elevada a la Unidad Fiscal especializada en delitos ambientales.

La denuncia de los vecinos

“Los vecinos del Barrio Don Pedro queremos visibilizar una situación que llevamos padeciendo desde hace más de 10 meses: episodios constantes, intensos y extendidos de olores nauseabundos provenientes de la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú”, escribieron.

Asimismo, indicaron que quieren “contarle a la comunidad lo que implica vivir así: Es no poder abrir las ventanas. Es que nuestros chicos pregunten “por qué el barrio tiene olor feo”.

Esta problemática data de al menos 10 años atrás, y los vecinos manifestaron su malestar: “Es vivir con miedo, incertidumbre y cansancio, sin saber cuándo volveremos a respirar aire limpio. Es llegar a nuestras casas y no poder disfrutar del propio hogar”.

“Como vecinos, hemos mantenido un fuerte compromiso con el diálogo y la búsqueda de soluciones, pero no podemos seguir naturalizando un funcionamiento que vulnera el más básico de los derechos: respirar aire limpio y vivir sin contaminación”, manifestaron.

“Por esto, hoy queremos resaltar que la planta de tratamiento de efluentes continúa funcionando de manera deficiente. Los episodios de mal olor se encuentran otra vez en un punto crítico, lo que evidencia que existe una problemática estructural que aun no ha sido resuelta”, denunciaron.

Además, recordaron que “el funcionamiento adecuado de esta planta no solo es fundamental para nuestro barrio: sus efluentes, tratados de manera deficiente desde comienzos de año, desembocan directamente en el río Gualeguaychú, un recurso esencial para la vida, el espíritu y la actividad económica de toda la ciudad”.

“Por todo esto, solicitamos a las autoridades competentes que actúen con la urgencia que la situación demanda. Pedimos acciones y plazos concretos, información clara y un compromiso real por parte de la Municipalidad de Gualeguaychú, CODEGU y las autoridades del Parque Industrial para dar un cierre definitivo a esta crisis”.

“Los vecinos del Barrio Don Pedro necesitamos respuestas, soluciones y respeto. No podemos esperar más”, concluyeron.

Tras los resultados del informe del CONICET, el proyecto de dragado del río Gualeguaychú sigue en vías de realización. Sin embargo, este camino recién comienza y aún se deberán llevar adelante más estudios. EL ARGENTINO dialogó con Ivana Zecca, titular de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria; con Martín Alazard, integrante del Foro y de la Asamblea Ambiental; y con Carlos Goldaracena, docente e investigador, para conocer diferentes miradas sobre el estado del río.

El dragado del río es un tema instalado desde las campañas políticas, y en la actual gestión del intendente Mauricio Davico permanece como uno de los proyectos en agenda. Hace unas semanas, se conocieron los resultados de un estudio elaborado por el CONICET y presentados en el Salón Azul (ex salón de La Memoria), ante la presencia del intendente, de la subsecretaria Ivana Zecca, e integrantes de organizaciones ambientales locales.

La subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, explicó los alcances de los estudios preliminares y aclaró que cualquier intervención estará supeditada a controles, autorizaciones y a la protección de la biodiversidad.

“Seguiremos trabajando respecto de lo que es el dragado. Me interesa que quede resaltado que estos son apenas los primeros pasos. Si bien es un objetivo y una preocupación llegar a dragar, se están haciendo todos los estudios necesarios y se continuará trabajando en esa línea”, indicó.

La titular de Ambiente subrayó que los trabajos realizados hasta el momento, batimetría, caracterización del agua y de los sedimentos, se llevaron a cabo “con total transparencia, con datos científicos y siempre con el compromiso de cuidar la salud ambiental del río”.

La funcionaria recordó que el Gualeguaychú tiene “una historia ambiental compleja, con aportes urbanos e industriales que dejaron huellas notorias en el arroyo El Cura”. Por ello, se convocó a instituciones de prestigio como el CONICET, la Universidad Maimónides, la Universidad Nacional de Entre Ríos y el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia.

Los resultados preliminares indicaron que la mayoría de los sitios relevados presentan niveles de metales en sedimentos dentro de los valores de referencia internacionales asociados a la protección de la vida acuática. Sin embargo, Zecca señaló que “hay un punto específico en el arroyo El Cura, aguas abajo, donde se detectaron valores más elevados de cobre y níquel”.

Aclaró además que esos valores se encuentran en el sedimento, pero no en el agua superficial: “En el agua del río, la que usamos con fines recreativos o para potabilizar, los valores de metales medidos están en cero. Esto está asociado exclusivamente al sedimento”.

La subsecretaria explicó que el dragado, al remover barro y sedimentos, puede generar una re-suspensión de partículas en el agua. “Los equipos que se utilizan para estas tareas tienen una suspensión calculada en una proporción menor al 1% de lo que se extrae. Esos metales permanecen asociados a las partículas y, con el tiempo, vuelven a depositarse en el fondo”, sostuvo.

El municipio prevé realizar simulaciones de distintos escenarios, con especial atención a la dispersión de metales y la definición de puntos críticos o límites de acción. “Estamos ocupados en proteger la vida acuática, no en poner en riesgo a peces, crustáceos ni a la biodiversidad. Pensamos que el dragado, hecho de manera responsable, puede ser parte de la solución: mejorar la circulación del agua, mitigar en parte las inundaciones y favorecer la navegabilidad”, subrayó Zecca.

La subsecretaria enfatizó que aún no hay definiciones sin respaldo técnico: “Esto no es la última palabra, sino un punto de partida. No se va a hacer un dragado sin controles, sin monitoreos y sin información pública. Se requiere de todas las autorizaciones de las autoridades nacionales y provinciales”.

Finalmente, remarcó: “Este es un proceso que lleva tiempo, porque intervienen varios actores. Avanzamos a partir de un pedido de nuestro intendente en un plan que sea serio, transparente, con base científica y con participación de la comunidad”.

Martín Alazard, integrante del Foro Ambiental y de la Asamblea Ambiental, participó de la presentación y dejó algunas reflexiones.

“La exposición del CONICET fue apenas un somero estudio de la situación. Hablo como asambleísta que viene peleando contra la contaminación desde hace más de 20 años. Todo dragado genera un proceso contaminante porque se revuelven sedimentos acumulados durante años. Ya en 2010 un informe hablaba de la presencia de metales pesados que afectaban incluso a los peces”, señaló.

Para Alazard, el debate sobre el dragado desvía la atención del problema de fondo: “No tengo claro si es para mejorar la navegabilidad, para evitar inundaciones o para otra cosa. Lo más importante es atacar la raíz de la contaminación. La planta de tratamiento de efluentes cloacales está colapsada y no se resuelve. Lo mismo pasa con las plantas industriales y con Pueblo Belgrano, que no tiene tratamiento. Todo va a parar al arroyo El Cura, la zona más crítica”.

También advirtió sobre la falta de control de vertidos fuera del parque industrial: “Hay curtiembres, fábricas de baterías y hasta domicilios que tiran sus efluentes directamente. La contaminación avanza más rápido que los controles”.

Sobre el financiamiento, fue contundente: “El dragado requiere inversiones millonarias y aún no está justificado. Si tiene un objetivo claro y un beneficio concreto, hagámoslo. Pero primero hay que destinar recursos al saneamiento. La inversión más grande que debemos hacer es en plantas de tratamiento y en controlar las fuentes de contaminación. También en reducir el uso de agroquímicos, que impactan directamente en la vida del río”.

Carlos Goldaracena, docente de Toxicología Aplicada y Ambiental en la Facultad de Bromatología y en la UADER, además de integrante del Foro Ambiental, también expresó reparos.

“Me sorprendió que no hayan estudiado la presencia de Arsénico, Plomo, Mercurio y Cadmio, que son metales pesados muy tóxicos, que se bioacumulan y biomagnifican. Tampoco se investigaron compuestos orgánicos que no se degradan, como nonilfenoles etoxilados, dioxinas, furanos, PCB, ni plaguicidas organoclorados como el endosulfán. Y últimamente el glifosato, que fue detectado por el fallecido investigador Damián Marino en diversas matrices y publicado en revistas de toxicología de alto nivel”, sostuvo.

Para Goldaracena, remover esos sedimentos “sería un serio inconveniente para el río”. Aunque valoró el trabajo del CONICET, insistió: “El estudio no fue completo y, según mi entender, no sería conveniente dragar hasta no tener un diagnóstico más exhaustivo”.

Como destacó la Subsecretaria de Ambiente, “esto no es la última palabra, sino un punto de partida”, y restará esperar los pasos siguientes que requerirá un proyecto que demanda una gran ocupación, sobre todo desde el lado ambiental.

La medida, que comenzó a media mañana, fue solicitada por la Fiscalía Federal a cargo del fiscal Pedro Rebollo, en el marco de una investigación preliminar para determinar presuntas irregularidades en la Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales del predio, donde operan 34 empresas.

La investigación se originó a partir de una denuncia pública del Foro Ambiental de Gualeguaychú, que en julio alertó sobre la paralización de la planta. “No funciona desde hace meses; se estima que arrastra fallas desde febrero de este año”, indicaron desde la organización ambiental.

El Fiscal Rebollo confirmó a EL ARGENTINO que está a la espera del informe final, y que luego tendrá "un panorama más claro. El allanamiento surge a raíz de una investigación preliminar de la fiscalía", aclaró.

Asimismo, Rebollo indicó que “se tomaron las muestras y ahora se harán las pericias pertinentes para luego evaluar qué otras medidas disponer”.

Respecto a los tiempos de los análisis de las muestras, el Fiscal Federal dijo que “no podría precisar cuántos días” y adelantó que este jueves tendrá una reunión con la Policía Federal.

Ambientalistas de la ciudad habían denunciado que los vertidos industriales iban por una tubería sin el tratamiento correspondiente.

La denuncia fue realizada en el mes de julio, durante la feria judicial de invierno, argumentando la gravedad del daño ambiental. Esto fue impulsado luego de que el Foro Ambiental Gualeguaychú advirtiera que, desde febrero, los efluentes industriales se vuelcan “prácticamente sin tratamiento” al río.

El Juzgado Federal local, cargo del juez Hernán Viri, recibió la presentación penal que apunta a la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (Codegu), al Municipio y al Gobierno de Entre Ríos por presunta contaminación del río Gualeguaychú, vinculada al funcionamiento deficiente de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial (PIG).

Allí, exigieron pericias técnicas independientes y que se cite a declarar a los responsables de Codegu, del Municipio y del gobierno provincial. El Foro también reclamó mayor transparencia en los informes técnicos, que suelen mantenerse en reserva.

“No hay nada que esconder”

A días de la denuncia, desde Codegu reconocieron los inconvenientes en la planta, como acumulación de barros y desgaste de piezas, pero negó haber vertido efluentes crudos al río. Su presidente, Tommy Fogg, afirmó que contrataron especialistas externos, que tres de las cuatro piletas ya funcionan correctamente, y que “no hay nada que esconder”, invitando al Foro a participar de auditorías.

Asimismo, se había definido un plan de acción en curso, con optimización de procesos y control de olores, especialmente en el barrio Don Pedro.

Se preveía que para este mes de agosto, se concluya la limpieza y reparación, dependiendo del clima, y ya se habrían retirado barros de dos de las tres piletas, según Ivana Zecca, titular de Ambiente municipal.

Un problema con historia

Desde hace años se contabilizan antecedentes de monitoreos periódicos en la planta del PIG: en abril de 2024 se realizaron cuatro muestras quincenales según la ordenanza municipal 12.798/2023.

Asimismo, en 2023 se avanzó en la ampliación de las lagunas de tratamiento, pasando de 50 a 270 m³/h, con pruebas hidráulicas en curso

En febrero de 2025, Codegu informó que el PIG cuenta con 34 empresas cuya gestión de efluentes es monitoreada periódicamente, aunque remarcó que no tiene poder sancionador, función que le corresponde al Estado.

La causa judicial será clave para determinar si las autoridades incumplieron normativas ambientales graves o si las fallas operativas fueron subsanables sin daño ambiental significativo. En paralelo, el Municipio reforzó su vigilancia y se comprometió a mantener informada a la comunidad sobre los avances.

La denuncia, realizada aun durante la feria judicial de invierno, argumentando la gravedad del daño ambiental, fue impulsada luego de que el Foro Ambiental Gualeguaychú advirtiera que, desde febrero, los efluentes industriales se vuelcan “prácticamente sin tratamiento” al río.

El Juzgado Federal de Gualeguaychú –a cargo del juez Hernán Viri– recibió una presentación penal que apunta a la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (Codegu), al Municipio y al Gobierno de Entre Ríos por presunta contaminación del río Gualeguaychú, vinculada al funcionamiento deficiente de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial (PIG).

El Foro sostiene que, desde hace meses, la planta opera por debajo de su capacidad, y que las tareas de extracción de lodos no se realizan correctamente, lo que derivó en la descarga directa al río . En su presentación judicial, piden que se investigue la posible violación de la Ley de Residuos Peligrosos (24.051), que contempla hasta 10 años de prisión si se pone en riesgo el ecosistema o la salud pública.

Además, exigen pericias técnicas independientes y que se cite a declarar a los responsables de Codegu, del Municipio y del gobierno provincial. El Foro también reclamó mayor transparencia en los informes técnicos, que suelen mantenerse en reserva.

Respuesta de Codegu y del Municipio

Codegu reconoció inconvenientes en la planta, como acumulación de barros y desgaste de piezas, pero negó haber vertido efluentes crudos al río. Su presidente, Tommy Fogg, afirmó que contrataron especialistas externos, que tres de las cuatro piletas ya funcionan correctamente, y que “no hay nada que esconder”, invitando al Foro a participar de auditorías.

Por su parte, la subsecretaria de Ambiente, Ivana Zecca, indicó que se labraron actas de infracción, que se están removiendo sedimentos acumulados y que se realiza un monitoreo quincenal de la planta y de las industrias del PIG. También definió un plan de acción en curso, con optimización de procesos y control de olores, especialmente en el barrio Don Pedro.

Se prevé que en aproximadamente 30 días se concluya la limpieza y reparación, dependiendo del clima, y ya se habrían retirado barros de dos de las tres piletas, según Zecca.

Versiones contrapuestas y tensión comunitaria

El Foro Ambiental sostiene que la planta "sigue fuera de régimen" y que los efluentes alcanzan el río con tratamiento parcial, cuando deberían salir completamente depurados.

Asegura que la situación persiste desde hace más de un mes y atribuye la contaminación a la falta de personal técnico y al colapso de la planta, inaugurada en 2019.

Frente a este dilema, los vecinos del barrio Don Pedro se manifestaron esta semana en el acceso al parque industrial, entregando volantes y reclamando respuestas concretas.

En las reuniones realizadas, funcionarios municipales aseguraron que intensificarán los controles, no solo con análisis de demanda bioquímica y química de oxígeno, sino también con inspecciones quincenales y firmas digitales de control.

Contexto y próximos pasos

Desde hace años existen antecedentes de monitoreos periódicos en la planta del PIG: en abril de 2024 se realizaron cuatro muestras quincenales según la ordenanza municipal 12.798/2023.

Asimismo, en 2023 se avanzó en la ampliación de las lagunas de tratamiento, pasando de 50 a 270 m³/h, con pruebas hidráulicas en curso

En febrero de 2025, Codegu informó que el PIG cuenta con 34 empresas cuya gestión de efluentes es monitoreada periódicamente, aunque remarcó que no tiene poder sancionador, función que le corresponde al Estado.

La causa judicial será clave para determinar si las autoridades incumplieron normativas ambientales graves o si las fallas operativas fueron subsanables sin daño ambiental significativo. En paralelo, el Municipio reforzó su vigilancia y se comprometió a mantener informada a la comunidad sobre los avances.

El 2 de julio, un equipo integrado por miembros del Foro Ambiental se presentó en la planta para inspeccionar la situación. “Durante la visita, se constató que las instalaciones presentan fallas desde el mes de febrero del corriente año y se encuentran fuera de servicio desde hace un mes, debido a la saturación de barros y al deterioro de diversos componentes, producto de la falta de mantenimiento y control”, señalaban en el informe difundido a la prensa

Asimismo, informaron que la planta aparece “colapsada de barros”, lo cual ha generado su paralización y el consecuente vertido sin procesamiento al río Gualeguaychú.

La denuncia del Foro Ambiental destaca la preocupación por los efectos que estos vertidos generan en el cauce y el ecosistema ribereño. En palabras de los referentes ambientales:

“Está siendo vertidos directamente al río sin ningún tipo de tratamiento, afectando gravemente a un bien común fundamental como lo es nuestro río y el ambiente que compartimos”

Se advierte que, luego de más de un mes de inactividad de la planta, los líquidos industriales –con posibles componentes tóxicos o contaminantes orgánicos– se integran al río, con impactos desconocidos a mediano y largo plazo. Además del daño ecológico, preocupa el posible perjuicio sobre la salud de la población, el turismo local —clave para el verano— y la reputación del Parque Industrial.

La Municipalidad de Gualeguaychú, a través de su Dirección de Ambiente, ha realizado inspecciones periódicas a la planta de tratamiento durante años. En 2016, por ejemplo, se intensificaron los controles en respuesta a olores molestos y denuncias de vecinos del barrio Don Pedro.

Sin embargo, la reciente denuncia sugiere que los controles regulares no evitaron el deterioro de los sistemas de saneamiento industrial, y que el mantenimiento no se ejecutó con la frecuencia ni el rigor necesarios.

Reuniones y exigencias

Tras difundir la denuncia, el Foro Ambiental gestionó una reunión urgente con el intendente Mauricio Davico, además de una solicitud formal de encuentro con todos los miembros de la Corporación del Desarrollo, un órgano compuesto por instituciones, actores industriales y representantes municipales.

El objetivo de estas reuniones: plantear con urgencia soluciones concretas que reactiven la planta, garanticen el tratamiento adecuado de los efluentes y restablezcan el control ambiental real en el PIG

Las demandas incluyen: Restauración inmediata del funcionamiento de la planta de tratamiento: limpieza de barros, recambio o reparación de bombas y decantadores, y puesta en marcha de sistemas.

Cronograma público de mantenimiento: para evitar que el colapso se repita, se solicita un plan estructurado de intervenciones periódicas.

Monitoreo ambiental externo: análisis independientes del agua y sedimentos del río, realizados por laboratorios acreditados.

Transparencia en el proceso: la comunidad exige saber qué empresas vierten sus residuos, con qué características, y bajo qué concesión opera la planta.

Sanciones ante negligencias comprobadas, en caso de que registros administrativos prueben falta de acción o mantenimiento por parte de empresas o autoridades.

Contexto del PIG

Inaugurado en 1976 y ubicado a 7 km del centro de Gualeguaychú, el Parque Industrial abarca 214 hectáreas y aloja más de 60 empresas de diversos rubros: agroquímicos, metalmecánica, tecnología y laboratorios, entre otros

Entre sus infraestructuras se incluye una planta de tratamiento de efluentes, que en teoría debería asegurar que los líquidos industriales sean decantados y tratados antes del vertido.

Sin embargo, esta denuncia revela grietas significativas en la operatividad de ese sistema, poniendo en evidencia problemas estructurales y de gestión de todo el complejo industrial.

Gualeguaychú depende del río para actividades turísticas de temporada, pesca artesanal y actividades recreativas en parques ribereños.

Reacción municipal: ¿Qué dicen las autoridades?

Hasta el momento, no se ha publicado una respuesta oficial reciente del municipio respecto a esta denuncia particular.

Queda pendiente pronunciamiento sobre cómo se actuará esta vez, qué medidas inmediatas se adoptarán y si habrá control externo e independiente.

Se prevé que los próximos pasos incluyan una reunión entre el intendente Davico y la Corporación del Desarrollo para conocer las medidas a adoptar.

Una posible inspección oficial con apoyo técnico (provincial o nacional) para elaborar un plan de contingencia y habilitación de la planta.

También se solicita un monitoreo ambiental periódico, con análisis comparativos aguas arriba y aguas abajo del desagüe.

Informe comunitario: el Foro Ambiental podría presentar un documento público con resultados, responsables y cronogramas.

La denuncia del Foro Ambiental Gualeguaychú encendió las alarmas: una planta considerada crucial para el saneamiento industrial del PIG está hace al menos un mes fuera de servicio, contaminando el río con efluentes sin tratamiento. La situación presenta una amenaza real para el ambiente, la salud humana y la economía local.

Asimismo, los vecinos del Barrio Don Pedro, ubicado frente al Parque Industrial, aseguraron que contaban con la palabra de los referentes de la Codegu para avanzar en una mejora urgente.

El viernes 6 de junio, a partir de las 15, se realizará el primer Foro Internacional de Derecho Ambiental de Entre Ríos en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú (Estrada 1080). La actividad se desarrollará en modalidad presencial y virtual, a través de la plataforma Zoom.

El evento es organizado de manera conjunta por la Municipalidad de Gualeguaychú, la Cámara Contencioso Administrativa de Concepción del Uruguay, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos (AMFJER) y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción del Uruguay.

La jornada contará con la participación de especialistas en Derecho Ambiental y está dirigida a miembros de AMFJER, profesionales del derecho, estudiantes de carreras afines, empleados del Poder Judicial, y personal municipal y provincial.

La participación es gratuita y se entregarán certificados.

Las inscripciones se realizan a través del siguiente enlace: https://forms.gle/G5XNYzt4wcThSspX9