La inspección, que se extendió hasta el viernes, forma parte del proceso de habilitación oficial y marca un punto de tensión en la relación comercial, ya que Argentina busca reforzar sus controles en un contexto de creciente competencia regional.

La misión técnica comenzó con una reunión en la sede del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), donde se presentaron los lineamientos del procedimiento y los criterios que se aplicarán durante la verificación. Los auditores argentinos revisarán infraestructura, protocolos de bioseguridad, trazabilidad, manejo de residuos y cumplimiento de normas internacionales de inocuidad alimentaria.

Si bien ambos países destacan públicamente la cooperación sanitaria, la auditoría también es interpretada como un filtro clave para definir qué plantas podrán ingresar al mercado argentino, uno de los más exigentes de la región. En un escenario de alta competencia por la exportación de proteína animal, cada habilitación o rechazo tiene impacto directo en la industria porcina paraguaya, que busca consolidar nuevos destinos y diversificar su oferta.

Las autoridades paraguayas consideran que el proceso es una oportunidad para demostrar la capacidad sanitaria del país y avanzar hacia una mayor integración comercial. Sin embargo, reconocen que la decisión final dependerá de la evaluación técnica del Senasa, que en los últimos años ha endurecido sus requisitos para importaciones de origen animal.

La inspección incluye recorridas por los dos establecimientos postulados, revisión documental y entrevistas con responsables técnicos. Una vez finalizado el trabajo de campo, Argentina emitirá un informe que determinará si los frigoríficos cumplen con los estándares necesarios para ser habilitados.

Más allá del resultado, el proceso representa un paso relevante en la relación bilateral y en la estrategia paraguaya de posicionar su carne porcina en mercados con mayores exigencias sanitarias.