El Gobierno nacional oficializó este martes una reestructuración integral de las fuerzas federales de seguridad. La medida se formalizó mediante una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial, que introducen modificaciones en el funcionamiento de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

El rediseño abarca cambios orgánicos, estatutarios y funcionales en cada institución. Las reformas buscan “consolidar una política de seguridad pública integrada, con estructuras más flexibles”, reglas homogéneas y articulación interinstitucional frente a delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas y la criminalidad organizada.

Uno de los puntos más relevantes es el traspaso del Servicio Penitenciario Federal del Ministerio de Justicia al de Seguridad, una decisión que apunta a unificar criterios de combate contra el delito que opera incluso desde los establecimientos carcelarios.

Además, se aprobó un nuevo estatuto, en reemplazo del que regía desde 1967. El texto incorpora una Dirección de Comunicaciones y Tecnologías, y otra de Formación y Bienestar del Personal, así como reformas en el régimen de carrera, con mayor transparencia, control institucional y capacitación técnica.

En el caso de la Prefectura Naval Argentina, se actualizaron sus competencias para eliminar funciones obsoletas —como el otorgamiento de beneficios postales o el juzgamiento de contravenciones—, y reforzar su rol como Policía de Prevención de la Contaminación proveniente de buques.

El nuevo marco legal también reorganiza internamente la fuerza, unificando competencias vinculadas con la pesca, el control ambiental marítimo y el sistema guardacostas, y fortalece su participación en investigaciones y cooperación internacional.

En cuanto a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la reforma permite que la fuerza, cuya función principal sigue siendo la protección de los aeropuertos, pueda ahora intervenir fuera del entorno aeroportuario, a requerimiento del Poder Ejecutivo.

También se incorpora la figura del cadete, se crea un escalafón técnico profesional, y se introduce un nuevo sistema disciplinario con control externo y un tribunal de disciplina propio. Además, se jerarquizan sus cargos para alinearlos con los del resto de las fuerzas federales.

En el caso de la Gendarmería Nacional, se derogó la ley sancionada en 1972 y se la reemplazó por un estatuto actualizado. Se eliminan las referencias al Ejército y al Ministerio de Defensa, consolidando su carácter civil y dependiente del Ministerio de Seguridad.

Entre los cambios más relevantes figuran la reducción de la estructura organizativa, la actualización del régimen de jerarquías y carrera, y la incorporación de mecanismos para la prevención de la corrupción interna. Además, se habilita su participación en misiones internacionales y se fortalece su rol en la prevención e investigación de delitos dentro de su jurisdicción.

Según señalaron fuentes oficiales, la reforma tiene como eje central construir una seguridad pública más integrada y eficiente, adaptada a los desafíos de un contexto dinámico, con normas comunes entre las distintas fuerzas y mejores mecanismos de control. (Fuente: Infoabe)