El acto estuvo presidido por el Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Presti, acompañado por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Juan Carlos Romay, junto a las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas y del Estado Mayor Conjunto. Asimismo, asistieron Secretarios y Subsecretarios de la cartera de Defensa, los co-presidentes del Congreso —el Decano de la FIE, Coronel Ing. David Fiorito, y el Decano de la Facultad Militar Conjunta, Coronel VGM (R) Alberto Aparicio—, autoridades militares y civiles, e integrantes de la comunidad académica y tecnológica.

El inicio formal de la jornada estuvo a cargo de los co-presidentes del encuentro, el Coronel Fiorito y el Coronel VGM Aparicio, quienes brindaron la bienvenida a las delegaciones presentes y destacaron la importancia de articular esfuerzos entre las Fuerzas Armadas, el Estado, la academia y el sector productivo ante los desafíos del dominio cibernético.

El CYBER.AR 2026 es fruto de una labor coordinada entre el Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, dependiente de la Facultad Militar Conjunta, y la Facultad de Ingeniería del Ejército (FIE), ambas instituciones integradas en la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). La ejecución del congreso reúne a destacados especialistas civiles y militares, investigadores, docentes y cuadros operativos de las Fuerzas Armadas, en un trabajo conjunto con representantes de organismos públicos, el sector industrial informático y la comunidad académica nacional e internacional.

A continuación, hizo uso de la palabra el Ministro de Defensa, quien dejó inaugurado formalmente el encuentro y profundizó sobre el rol de la ciberdefensa en el escenario estratégico actual:

"Hoy debemos comprender definitivamente que el ciberespacio constituye un dominio más en el que se desarrollan los conflictos contemporáneos. Un dominio con características particulares, pero que es transversal y está estrechamente ligado a los dominios terrestres, marítimos, aéreo y espacial", afirmó.

El titular de la cartera de Defensa subrayó que la ciberdefensa integra la misma realidad operacional de las Fuerzas Armadas: "Una fuerza militar moderna depende de sus comunicaciones, de sus redes, de sus sistemas de comando y control, de sus sensores, de sus sistemas de armas y de su logística. La ciberdefensa permite que una fuerza militar pueda seguir utilizando dichos elementos aun cuando el adversario intente afectarlos".

Asimismo, remarcó el valor del trabajo coordinado e interagencial: "La soberanía no se negocia, y para defenderla se requiere mucho más que una declaración de voluntad. No alcanza con adquirir tecnología, tenemos que desarrollar conocimiento. No alcanza con reaccionar frente a los acontecimientos, tenemos que anticiparnos".

Participaciones académicas de la Armada Argentina

En el marco de los simposios técnicos del congreso, la Armada Argentina tendrá una destacada presencia con ponencias de alto nivel profesional. Por un lado, el Jefe del Departamento Ciberdefensa del Servicio de Comunicaciones, Informática y Ciberdefensa de la Armada (SICC), Capitán de Fragata Jorge Alejandro Ríos, disertó junto a la Licenciada Adriana Silvia Fachal sobre "El factor humano en la ciberdefensa activa: simbiosis cognitiva inteligente en Centros de Operaciones de Seguridad (SOC)", un trabajo centrado en la interacción estratégica entre el personal especializado y la inteligencia artificial en la toma de decisiones dentro de los centros de control.

Por su parte, el Capitán de Fragata de Infantería de Marina Alejandro Ciri expuso sobre "Integración progresiva de la Inteligencia Artificial en Guerra Electrónica para la ciberdefensa de infraestructuras críticas militares del Estado Argentino en el horizonte 2026-2036", abordando la convergencia entre la guerra electrónica y las nuevas tecnologías proyectadas hacia la próxima década para el resguardo de las instalaciones estratégicas de la Defensa Nacional.

Esta participación reafirma el compromiso continuo de la Institución con la capacitación técnica, la investigación aplicada a la defensa y la interoperabilidad conjunta para la custodia de los intereses vitales de la Patria.

En el Proyecto de Presupuesto 2027, que el Gobierno Nacional mandó a la Cámara de Diputados el martes, en lo que refiere a las partidas de Defensa, diplomacia soberana y logística antártica, destina 3.500 millones de dólares para tres submarinos y fragatas en medio de la tensión que Argentina mantiene con el Reino Unido por las Islas Malvinas.

La planilla anexa al Artículo 42 de la iniciativa, que autoriza al Poder Ejecutivo a cerrar operaciones de crédito público, tiene tres ítems. Dos corresponden a la Armada Argentina: 2.300 millones de dólares para la compra de tres submarinos convencionales que se destinarán a la Base Naval Mar del Plata, con un plazo mínimo de amortización de tres años; y 1.200 millones de dólares para dos fragatas multimisión en la Base Naval Puerto Belgrano, también con amortización mínima de tres años. Tercero el Parque Fotovoltaico Cauchari, en Jujuy, por 250 millones de dólares.

Los submarinos y las fragatas no figuran entre los proyectos de inversión del ejercicio 2027, que se hagan efectivos depende de que se especifique el financiamiento y de que el Congreso apruebe el presupuesto en su totalidad.

Lo que sí tiene crédito asignado es la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para Puerto Belgrano, por 37.616 millones de pesos, que integran el programa de mantenimiento de medios e infraestructura para el alistamiento operacional.

El proyecto también contempla el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (Plan ARMA), presentado en mayo de este año, que destina el 10% de lo recaudado por la enajenación, locación o privatización de bienes estatales al reequipamiento militar. En lo que refiere a los activos propios de las Fuerzas Armadas, el porcentaje de reinversión directa en el sistema de defensa aumenta al 70%.

Entre los ítems, la iniciativa incluye: la compra de un sistema de armas para recuperar las capacidades aeroespaciales de la VI Brigada Aérea, la adquisición de munición para reservas estratégicas y operacionales, y avances en el Plan Satelital de la Defensa, como el desarrollo de tecnologías ópticas, electroópticas, criptografía cuántica, radares láser y sistemas de observación.

También la implementación del Plan de Capacidades Militares, el desarrollo de un Comité de Logística Conjunta y la participación en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU.

En materia diplomática, el presupuesto consigna 6.384 millones de pesos a la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, dependiente de la Cancillería, dentro del Programa 23.

Los fondos se utilizarán para llevar a cabo acciones bilaterales y multilaterales ante la ONU y otros foros a fin de continuar con el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, el Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

La iniciativa también precisa la continuidad de pensiones para veteranos de guerra y la gestión del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

Fuente: NA

El Juzgado Federal Nº1 de Concepción del Uruguay procesó a cuatro exintegrantes del del Ejército argentino por distintos delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentran privaciones ilegales de la libertad, vejaciones y torturas, ocurridos en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, en julio 1977, durante la última dictadura cívico militar, en el marco del Plan Cóndor.

La medida fue dictada por la jueza Analía Ramponi, en línea con el pedido realizado por la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, y alcanzó al teniente primero Jorge Enrique Echeverría (77), señalado como oficial de inteligencia; el capitán Horacio Alberto Goris (81); el teniente primero Juan Ignacio Aleman (78), oficial de inteligencia del Regimiento de Caballería de Tanques 6 Concordia, durante 1977; y el sargento ayudante de caballería Miguel Ángel Galeano (75), en su carácter de auxiliar del oficial anteriormente mencionado. Además, a cada uno de ellos se les trabó un embargo de 30 millones de pesos.

La jueza les atribuyó a los imputados haber conformado una asociación ilícita constituida por un aparato estatal perfectamente organizado y ensamblado, destinado a borrar cualquier tipo de vestigio de lo que consideraban peligroso para la Seguridad Nacional y que terminó siendo responsable de un genocidio”, según precisó Fiscales.gob.ar.

Además, a Galeano, Aleman y Echeverría les endilgó los delitos de privación ilegal de la libertad, apremios físicos, vejaciones y torturas contra los ciudadanos uruguayos María Julia Suarez, Jesús Silverio Suárez Méndez, Eduardo Robatto Guerreiro y Luis Urrutia, ocurrida el 3 de julio de 1977. Asimismo, se les imputó el abuso sexual de la mencionada María Julia Suárez, y la privación ilegal de la libertad de los también uruguayos Brenda Levith, Luis Suárez y al hijo de ambos, Joaquín Suárez Levith, en julio de 1977.

A los cuatro acusados también los procesó por la privación ilegal de la libertad, torturas y encubrimiento del homicidio del conscripto Jorge Emilio Papetti, que continúa desaparecido. Todas las imputaciones fueron en calidad de coautores.

La jueza consideró que los cuatro acusados estaban dotados de una “organización estructural”, en relación al esquema militar que funcionaba en aquel momento y que dividía al país en zonas, subzonas y áreas. A su vez, determinó que contaban con la colaboración de agentes de otras jurisdicciones para traslados o detenciones y, desde su misma conformación, habrían aceptado la comisión de diferentes delitos como necesaria para el logro de sus objetivos finales.

Ramponi explicó que “el aparato represivo de la jurisdicción Concordia” era dirigido por Naldo Miguel Dasso, entonces jefe del Regimiento de Tiradores Blindados 6 "Blandengues", correspondiente al Área 225, dependiente de la Subzona 22 de la Zona de Defensa 2 del Segundo Cuerpo del Ejército, entre 1975 y fines de 1977.

En esa línea, indicó que las personas detenidas por personal del Ejército y las fuerzas de seguridad en Concordia y otras ciudades cercanas, “eran alojadas en centros clandestinos de detención, en la sede de la Jefatura Departamental de Concordia de Policía de Entre Ríos y en la Unidad Penal N°3 de la misma localidad, donde eran interrogadas y sometidas a diversos tormentos físicos y psicológicos y a abusos sexuales, en algunos casos”.

La magistrada destacó que los hechos investigados se dieron en el marco del denominado "Plan Cóndor" —la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur durante la década del ‘70—, llevado adelante en este caso por los gobiernos uruguayo y argentino durante la última dictadura militar y que, según sostuvo, “tenía como objetivo atacar movimientos guerrilleros, partidos y grupos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos liberales, entre otros supuestos enemigos de dichos gobiernos autoritarios, a través de grupos de tareas conformados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad de los Estados mencionados".

Privación ilegal de la libertad y torturas contra ciudadanos uruguayos

Según la resolución, Galeano, Alemán y Echeverría privaron ilegítimamente de la libertad a cuatro ciudadanos uruguayos el 3 de julio de 1977 y los trasladaron a la Jefatura Departamental Concordia, luego a dos centros clandestinos de detención no identificados y finalmente a la Unidad Penal N°3.

De acuerdo a lo reconstruido por la investigación, en cada uno de esos sitios, fueron interrogados bajo apremios físicos, vejaciones y métodos de tortura como los llamados “plantones”, “submarino seco”, “picana eléctrica” y “teléfono”. Allí los mantuvieron privados de su libertad por más de veinte días, con la finalidad de obtener información, para luego trasladarlos de forma ilegal y clandestina a la República Oriental del Uruguay, donde dos de ellos estuvieron detenidos hasta 1982 y una de las víctimas recuperó la libertad.

Asimismo, en el traslado de las víctimas desde la Jefatura Departamental Concordia hasta el primer lugar donde estuvieron privados de su libertad, también habrían abusado sexualmente de Suárez.

Suárez Méndez, por su parte, fue trasladado primero a la ciudad de Paraná, donde permaneció privado de su libertad por cinco días, para luego ser trasladado a un centro clandestino de detención, en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires, desde donde pudo fugarse.

El caso del conscripto Papetti

Según la investigación, Papetti fue privado de su libertad el 15 de marzo de 1977 en la Guardia de Prevención del Regimiento de Tiradores Blindados 6 "Blandengues" de Concordia, donde cumplía el servicio militar obligatorio, presuntamente, por integrar la organización Montoneros y por participar de actividades “subversivas”, según la versión militar. En dicho lugar, junto a otras dos víctimas detenidas ilegalmente, habrían sido sometidos a apremios y torturas.

El 18 de marzo de ese mismo año, Papetti fue visto en muy malas condiciones físicas, con el pecho hundido, sangre en la boca, con dificultades para mantenerse erguido y con una tos permanente como consecuencia de los tormentos padecidos.

Al día siguiente, habría sido conducido, junto con las otras dos personas detenidas, a un lugar ubicado en el paraje conocido como “La Tortuga Alegre” próximo a Salto Grande, donde las torturas habrían continuado sobre todos los trasladados.

Entre el 19 y 20 de marzo, los tres habrían sido trasladado en el baúl de un automóvil a la ciudad de Paraná, donde fueron alojados en el Escuadrón de Comunicaciones Blindado 2.

Finalmente, según la investigación, el 21 de marzo, Papetti y otro de los detenidos fueron trasladados a la Unidad Familiar de la Unidad Penal N°1 de Paraná, donde fueron sometidos a nuevas sesiones de tortura y donde el conscripto murió a raíz de los tormentos padecidos.

El encubrimiento del homicidio

A los cuatro procesados también se les atribuye haber encubierto el homicidio de Papetti mediante el montaje de un simulacro de fuga sobre la ruta nacional 18, cerca del kilómetro 135, en jurisdicción de Concepción del Uruguay, el 22 de marzo de 1977.

Según la resolución, ese montaje consistió en labrar actuaciones administrativas y declaraciones falsas para simular un traslado durante el cual Papetti habría escapado, hecho que resultó imposible ya que, según fue probado en otra causa, para entonces ya había sido asesinado en Paraná.

Para completar el plan de ocultamiento de la privación ilegal de la libertad, torturas y homicidio de Papetti en manos militares, se destruyeron los registros del Regimiento, como lo demuestra el acta de incineración de los libros de novedades de la guardia de prevención, confeccionadas entre 1976 y 1983.

El plan del Gobierno nacional para deshacerse del patrimonio inmobiliario del Estado avanza a ritmo acelerado. Bajo la premisa de liquidar bienes considerados “ociosos” para reducir gastos, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) encabeza una ofensiva que busca rematar más de 400 propiedades públicas para 2028. Sin embargo, los cuestionamientos legales, las denuncias por irregularidades y las pérdidas patrimoniales irrecuperables comenzaron a generar fuertes tensiones políticas y judiciales.

Hasta el momento, la venta de apenas 32 inmuebles generó ingresos por más de 351 millones de dólares. Entre las subastas más destacadas figuran cotizadas hectáreas del Ejército en el barrio porteño de Palermo —adquiridas por el desarrollador Eduardo Costantini por 127 millones de dólares— y la histórica sede del INTA sobre la calle Cerviño, adjudicada por 81 millones de dólares. El destino de esos fondos desmiente los argumentos oficiales de "auxilio financiero" a las reparticiones: en el caso del INTA, menos del 10 por ciento de lo recaudado regresó al organismo, mientras que el resto fue absorbido de forma directa por el Tesoro Nacional.

El paquete de remates abarca desde el Comando Conjunto de Ciberdefensa en Puerto Madero hasta predios estratégicos de la Armada en Ushuaia, clave para el control del Atlántico Sur y la geopolítica antártica. Asimismo, el desprendimiento de tierras alcanza a campos del INTA, centros de asistencia y farmacias del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), las unidades turísticas de Embalse y Chapadmalal, y terrenos vinculados al desmantelado programa Procrear, como el predio “Paraná” en Entre Ríos.

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad aducen que las enajenaciones ejecutadas mediante los decretos 950/2024 y 322/2026 violan el artículo 75 de la Constitución Nacional, dado que la atribución de disponer de las tierras públicas recae exclusivamente en el Congreso. Además, remarcan que un predio por el que el mercado paga cifras millonarias dista de ser un bien "sin uso", advirtiendo que se financian gastos corrientes sacrificando soberanía territorial.

Por su parte, el rol del Ministerio de Defensa suma un capítulo opaco a la controversia. Frente a pedidos formales de acceso a la información pública sobre el estado patrimonial, equipamiento y personal de las unidades del Ejército y la II Brigada Aérea en la provincia de Entre Ríos, la cartera resolvió denegar los datos invocando la clasificación de "secreto militar" mediante normas dictadas en 1963. Paradójicamente, mientras la ciudadanía y los legisladores no pueden acceder a los registros oficiales de Defensa, el predio entrerriano de 250 hectáreas correspondiente a la brigada aérea ya fue inventariado en la base de datos de la AABE a la espera de su remate.

(Fuente: Analísis)

El proceso de reestructuración del sistema de salud para el personal militar y las fuerzas de seguridad ha alcanzado un punto de inflexión decisivo. Tras la oficialización de la medida que dispuso la fragmentación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Poder Ejecutivo nacional se encuentra abocado a ultimar los pasos burocráticos para la puesta en marcha definitiva de la Obra Social de las Fuerzas Armadas.

En la actualidad, las autoridades del área de Defensa avanzan a ritmo acelerado para concretar la personería jurídica propia y la legitimación procesal de la nueva entidad. Asimismo, se están incorporando los recursos técnicos y la infraestructura informática indispensable para lograr la autonomía total respecto de la antigua estructura.

Mientras que el personal dependiente de las fuerzas de seguridad ya fue transferido a un esquema diferenciado con prestación a través de medicina privada, el sector militar mantendrá una lógica prestacional pública y propia. Esto implica que el personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada continuará utilizando la red de hospitales militares y centros asistenciales históricos, principalmente aquellos distribuidos en el área metropolitana y en nodos estratégicos del interior del país.

Durante este período de transición, una comisión asesora conformada por representantes de diversas carteras gubernamentales y organismos de control supervisa la migración de datos y expedientes. Para la tranquilidad de las familias afiliadas, el ente residual continúa garantizando las prestaciones médicas indispensables y los servicios de salud esenciales.

Las Fuerzas Armadas han iniciado un esquema de regularización para cancelar el porcentaje de la deuda que les corresponde, mientras que el saldo restante, vinculado a los sectores de seguridad, aún requiere una definición operativa. Desde la administración central se ha previsto que, en caso de ser necesario para garantizar el equilibrio de la nueva etapa, el propio Estado interviene para sanear las cuentas adeudadas entre organismos públicos y asegurar que el servicio de salud nazca sin condicionamientos financieros.

Una nueva crisis diplomática se desató entre la República Argentina y la República Islámica de Irán, luego de que el gobierno asiático rechazara de forma categórica la decisión de la administración del presidente Javier Milei de clasificar a la Fuerza Quds como una organización terrorista. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, calificó la determinación de la Casa Rosada como inaceptable bajo los parámetros del derecho internacional y peligrosa en términos políticos, argumentando que no se puede etiquetar de ese modo a un ala oficial de las fuerzas armadas de una nación soberana. En este contexto, el funcionario advirtió formalmente que la medida implementada por el Estado argentino recibirá, sin lugar a dudas, una respuesta adecuada por parte de Teherán.

La medida del Ejecutivo argentino se oficializó mediante un comunicado de la Oficina del Presidente, fundamentando la decisión en la peligrosidad inherente a este grupo militar, al que se señala por especializarse en el adiestramiento para perpetrar ataques en territorio extranjero. El documento oficial, respaldado por ministerios clave y la Secretaría de Inteligencia del Estado, enfatizó que la Argentina fue víctima directa de la Fuerza Quds —división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica— durante la década de 1990 con las voladuras de la Embajada de Israel en 1992 y de la AMIA en 1994. Asimismo, se denunció de forma explícita que Ahmad Vahidi, uno de los líderes históricos de dicha organización, formó parte de la planificación de aquellos atentados en Buenos Aires.

A partir de esta resolución, la Fuerza Quds quedó incorporada formalmente al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Esto activa de manera inmediata severas sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a congelar recursos y proteger el sistema económico local de posibles maniobras de financiamiento. Paralelamente, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Guideon Saar, celebró la iniciativa y la calificó como un paso trascendental que robustece el frente internacional contra el terrorismo iraní, al tiempo que instó públicamente a otras naciones del mundo a seguir el camino de la Argentina y denominar a estas estructuras por su nombre.

La Fuerza Quds es un cuerpo de élite concebido para operar fuera de las fronteras de Irán con el fin de proyectar la influencia de Teherán en Medio Oriente de forma directa o encubierta. Su denominación significa "Jerusalén" en árabe y farsi, y diversos análisis internacionales la conectan con el financiamiento, entrenamiento y asesoramiento de milicias regionales como Hezbollah en el Líbano o agrupaciones chiítas en Irak y Afganistán. Mediante esta dinámica de delegación de capacidades bélicas, la organización actúa como la herramienta estratégica del régimen iraní para expandir su poder geopolítico y mitigar las posibilidades de un choque armado directo frente a las potencias occidentales.

Fuente: APFDigital

En las primeras horas de la mañana, los estudiantes de los stand comenzaron a llegar al Corsódromo. Herramientas en mano, fletes, mates y tortas fritas para compartir, se instalaron en las parcelas que les corresponden.

Poco a poco, el predio empezó a vestirse de celeste y blanco, mientras el aire fresco acompañaba los preparativos de una jornada que promete ser inolvidable. Este años serán 69 los puestos de venta que estarán ubicados a lo largo de la avenida Estrada, junto al Corsódromo.

Con el apoyo de padres, familiares y amigos, los stands ya están en marcha para celebrar el lunes la fecha patria. Entre risas, trabajo y mates calientes, los grupos ajustan los últimos detalles para que todo quede listo.

El Corsódromo se va transformando de poco en un escenario de pura tradición, donde cada rincón refleja el entusiasmo por vivir el 25 de Mayo.

La Dirección de Educación participará con los ocho Espacios Municipales de Primera Infancia, que presentarán producciones realizadas por niños, docentes y familias en el marco del proyecto “Vivimos el 25 de Mayo”. El stand incluirá juegos tradicionales, propuestas lúdicas y dibujos para colorear, con el objetivo de revalorizar las costumbres de la época colonial y promover experiencias compartidas.

La Dirección de Ambiente inició su tarea desde las 8:00, entregando recipientes para aceites y grasas vegetales usados en cada puesto, además de calcomanías para diferenciar residuos orgánicos e inorgánicos. La propuesta busca fomentar la separación en origen y el compromiso ambiental durante la celebración.

El equipo de Educación Vial de la Dirección de Tránsito estará presente con actividades para toda la familia, enfocadas en el rol del peatón y el uso responsable de los medios de transporte. Juegos y dibujos serán parte de la propuesta para promover hábitos seguros y respeto por el espacio público.

Defensa Civil desplegará un equipo de 16 personas distribuidas en el circuito, comunicadas con una base operativa en la Casa Rosada. Su tarea será acompañar y cuidar a los vecinos, en coordinación con Policía, Bomberos y Salud.

La Subsecretaría de Salud brindará asistencia durante el Tedeum y en el Corsódromo, con equipos de promotores y enfermeros. Se realizarán acciones de prevención vinculadas a dengue, hipertensión y tabaquismo, además de un puesto de enfermería para atención primaria.

La Municipalidad de Pueblo Belgrano, junto a todas sus áreas de gobierno, comenzó a trabajar en la organización de los festejos por el Día de la Bandera, que se realizarán el próximo 20 de junio. La celebración, tradicional en la localidad, tendrá este año modificaciones sustanciales para ampliar la participación y mejorar la logística.

La jornada dará inicio a las 9 con el izamiento del Pabellón Nacional y la colocación de una ofrenda floral en la Plaza Manuel Belgrano. Luego, las actividades se trasladarán al predio de la Curva de Fiorotto, donde se desarrollará el acto protocolar, la ceremonia de Promesa de Lealtad a la Bandera por parte de los alumnos de 4º grado y, finalmente, el desfile cívico-militar. Este recorrerá la Avenida Fiorotto desde la intersección de calle 30 de Noviembre y Avenida 1° de Diciembre, con la participación de Fuerzas Armadas y de Seguridad, Veteranos de Guerra, familiares de caídos en Malvinas, instituciones educativas, deportivas y organizaciones de la sociedad civil.

Al finalizar el desfile, comenzará la gran celebración popular en el Predio de la Curva, que contará con un patio gastronómico con más de 30 stands de comidas típicas, un Paseo de Artesanos y Emprendedores —priorizando a los trabajadores locales— y un escenario principal con diversos números artísticos durante toda la jornada. El espacio elegido ofrece mayor capacidad que la Plaza Belgrano, evitando la interrupción del tránsito vehicular y permitiendo una mejor circulación del público.

Las inscripciones para participar en la Feria de Emprendedores se realizan de manera presencial en la Oficina de Empleo (30 de Noviembre 255). Quienes deseen colocar puestos gastronómicos deberán inscribirse en Mesa de Entradas de la Municipalidad (Ipperi 152). Los artistas interesados en integrar la grilla deberán enviar sus condiciones al correo direcciondeculturapgb@gmail.com, detallando estilo artístico, rider técnico y remuneración pretendida.

En todos los casos, las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 5 de junio. Se aclara que la inscripción no garantiza automáticamente el lugar, ya que la confirmación dependerá de las áreas organizadoras.

En el marco del Día de la Armada Argentina, el almirante Juan Carlos Romay publicó una columna con fuertes advertencias sobre la situación naval del país. Sin mencionar directamente al gobierno de Javier Milei, el jefe de la fuerza reclamó “inversión previsible y sostenida” y alertó sobre los riesgos que genera la discontinuidad presupuestaria en defensa.

Las declaraciones se producen días después de que trascendieran recortes en partidas destinadas a alimentos y servicios básicos para las Fuerzas Armadas. Romay subrayó que “las Armadas son muy sensibles a la discontinuidad presupuestaria” y ejemplificó: “Un buque sin mantenimiento pierde disponibilidad. Un sistema de armas sin actualización queda obsoleto. Un stock crítico sin reposición deja a la Fuerza sin respuesta”.

El jefe naval también insistió en la necesidad de reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y alertó sobre la pérdida de capacidades para controlar espacios estratégicos. “Hoy debemos pasar de la vigilancia al conocimiento del entorno marítimo”, señaló, aunque aclaró que “ninguna arquitectura de información reemplaza una premisa básica: el mar se controla estando en el mar”.

Romay vinculó el deterioro de capacidades con el escenario internacional actual y mencionó conflictos en el Golfo Pérsico y el Mar Rojo para advertir sobre la importancia geopolítica de las rutas marítimas y la seguridad energética. “La seguridad marítima es un bien público que demanda políticas de Estado sostenidas”, escribió.

Sobre el final de su columna, enumeró las condiciones necesarias para sostener una estrategia marítima: “medios, aptitudes, autoridad, marco legal y voluntad política”. Y reclamó acciones de gobierno perdurables para garantizar un poder naval con capacidades adecuadas para la defensa nacional.

En el Día de la Armada, sus palabras resonaron como un llamado a la reflexión sobre el rol estratégico de la fuerza y la necesidad de inversión para sostener la soberanía marítima argentina.

Tras la decisión del gobierno nacional de Javier Milei de elevar a ALTO el nivel de seguridad en territorio nacional debido a la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de la represa Salto Grande se reunió con autoridades de Gendarmería y Prefectura para planificar un incremento de medidas de seguridad en el complejo ubicado en la frontera entrerriana con Uruguay.

El objetivo del encuentro fue “continuar fortaleciendo las medidas preventivas y los dispositivos de resguardo del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande”, se comunicó oficialmente desde la Represa.

De la reunión participaron el presidente de la Delegación Argentina, Alejandro Daneri; el vicepresidente, Pedro Galimberti; el gerente General de Salto Grande, Gustavo Araujo; el jefe del Escuadrón 4 Concordia de Gendarmería Nacional, Matías Andrés Pérez; el tiular de Prefectura Concordia, Jorge Horacio Ribinski; y el jefe de Prefectura Salto Grande, Néstor Alfredo Hoffmann.

Al confirmarse la escalada bélica en Irán el fin de semana pasado, el gobierno nacional informó oficialmente que decidió elevar a ALTO el nivel de seguridad en todo el país. Según comunicó la Oficina del Presidente, la medida alcanza a “todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”.

La represa hidroeléctrica ubicada sobre el río Uruguay en la frontera de Entre Ríos y Uruguay es uno de esos “objetivos sensibles”, lo que motivó el encuentro entre autoridades locales con Fuerzas Armadas. “Se fortalecerán, de modo preventivo, los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos”, señaló el comunicado oficial del Gobierno días atrás. Ahora

El gobierno de Chile informó este domingo que los devastadores incendios en el sur del país dejan hasta el momento al menos 16 muertos y más de 50.000 evacuados. Frente a esta situación, el presidente Gabriel Boric viajará a las zonas afectadas.

“Además del fallecido del día de ayer, tenemos 15 fallecidos en lo que va el transcurso de esta mañana, específicamente estos en la región del Biobío”, sentenció el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

En medio del verano austral, con altas temperaturas y fuertes vientos, los bomberos continúan combatiendo 14 focos de incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

“Estamos enfrentando un cuadro complejo”, dijo el ministro del Interior, Alvaro Elizalde. Horas antes el presidente chileno Gabriel Boric había declarado el estado de emergencia en esas regiones del sur. “Ante los graves incendios en curso, he decidido declarar el estado de desastre natural para las regiones de Nuble y Biobio (...) Todos los recursos están disponibles”, señaló el jefe de Estado.

La medida implica, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas tomarán el control allí. Asimismo, el Presidente electo, José Antonio Kast, se pronunció sobre el desastre natural y pidió apoyar a las autoridades en la lucha contra las llamas. “Frente a los devastadores incendios en Ñuble y Bio Bio, hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia. No hay espacio para la política en este momento crítico de la emergencia”, aseveró en sus redes sociales.

El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, advirtió que la situación actual supera en gravedad a la vivida tras el terremoto de 2010 y señaló que las condiciones meteorológicas previstas —altas temperaturas y viento— podrían intensificar la propagación del fuego en las próximas horas. Tras una reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) nacional, el ministro Elizalde explicó: “La proyección meteorológica para las próximas horas, particularmente para la jornada de mañana, no es buena. Da cuenta de temperaturas extremas y, por tanto, de una situación que hace más complejo el combate a los incendios forestales”.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), su directora Alicia Cebrián reforzó el mensaje y subrayó que el calor extremo, además de favorecer la expansión de los incendios, representa un riesgo directo para la salud de la población. “Hoy y mañana tendremos temperaturas extremas que son un riesgo para la salud por la exposición, pero que además generan condiciones propicias para la propagación de incendios forestales. Es un escenario complejo”, sostuvo, y solicitó a la ciudadanía mantenerse informada y evitar desplazarse hacia las zonas de emergencia para no obstaculizar el trabajo de los equipos desplegados.

“Las cifras de personas afectadas podrían aumentar durante el día, ya que solo es posible dimensionar completamente los daños cuando no existe peligro para los equipos de emergencia”, agregó Elizalde.

Durante la jornada se han emitido 87 mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), lo que ha implicado la evacuación de más de 50.000 personas. En paralelo, continúan habilitados seis albergues en Ñuble y ocho en Biobío, con más de 160 y 700 personas albergadas, respectivamente. En este contexto, el ministro adelantó que el Gobierno evalúa decretar toque de queda, especialmente en horario nocturno, como medida para limitar los desplazamientos y evitar la aparición de nuevos focos de incendio. “Este estado de excepción permite restringir ciertos derechos y libertades, y se adoptarán las medidas que sean necesarias para proteger la vida de las personas”, recalcó Elizalde.

Los incendios forestales han afectado gravemente el centro-sur de Chile en los últimos años. En febrero de 2024, varios incendios se produjeron simultáneamente cerca de la ciudad de Viña del Mar, al noroeste de Santiago, que causaron 138 muertes, según la fiscalía.

Unas 16.000 personas resultaron afectadas por esos incendios, según las autoridades.

Hace casi un año la zona centro-sur de Chile también fue afectada por múltiples incendios. En la región de Valparaíso el siniestro duró cinco días y causó 131 fallecidos, en lo que fue considerada la peor tragedia del país desde el terremoto del 27 de febrero de 2010. (fuente: Infobae, con información de AFP y AP)

Diplomáticos de Estados Unidos encabezados por John McNamara, encargado de negocios para la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, arribaron este viernes a Caracas para realizar una evaluación inicial sobre la posible reapertura gradual de la embajada estadounidense en el país sudamericano, cerrada desde 2019. La misión tiene como objetivo analizar las condiciones para retomar de manera progresiva las operaciones diplomáticas en Venezuela, en el marco de la transición política que se vive en el país tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro el pasado fin de semana.

Esta semana, la agencia Bloomberg aseguró que el gobierno de Trump está actuando con rapidez para restablecer la presencia diplomática en Venezuela, solicitando al personal local que se prepare para la llegada de funcionarios estadounidenses a su embajada en Caracas esta misma semana.

Según la información disponible en la página web de la embajada de Estados Unidos en Colombia, McNamara es originario de la ciudad de Nueva York y cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en el Servicio Exterior de Estados Unidos. Se desempeña actualmente como encargado de negocios, ad interim, en la embajada estadounidense en Bogotá, Colombia, desde el 1 de febrero de 2025. Su experiencia incluye cargos como jefe de misión en el Caribe Neerlandés, sub jefe de misión y encargado de negocios en Lima, y diversas funciones en la embajada estadounidense en Bogotá, donde trabajó en áreas consulares, de lucha contra el narcotráfico y como oficial político.

Durante su carrera, McNamara también fue consejero político durante las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y ocupó el cargo de encargado de negocios en la embajada de Estados Unidos en Nassau. Fuera del continente americano, sirvió como asesor provincial en Babilonia, Irak, y posteriormente como subdirector del equipo de transición en el Ministerio del Interior en Bagdad. Además, realizó dos asignaciones en Afganistán como subdirector del equipo de reconstrucción provincial de Kandahar y director de la sección de asuntos internacionales de narcóticos y aplicación de la ley en la embajada de Estados Unidos en Kabul.

En Washington, el diplomático ejerció como oficial principal de la Oficina de Venezuela, oficial político y subdirector de la Oficina de Asuntos Mexicanos, y fue profesor en la Universidad de Defensa Nacional. Es veterano del Ejército de los Estados Unidos, con experiencia en América Latina y una asignación en el Estado Mayor Conjunto en el Pentágono. Obtuvo su licenciatura en ciencias en la Academia Militar de West Point y una maestría en artes del Colegio de Comando y Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, y domina el español.

La medida quedó oficializada mediante el Decreto 924/2025, publicado en el Boletín Oficial, que habilita la firma de un contrato de financiamiento con el banco Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB). El acuerdo cuenta con cobertura de una Agencia de Crédito a la Exportación y prevé un monto total de 71.676.175,26 euros, que serán utilizados exclusivamente para la compra de las aeronaves.

Según se indicó, el financiamiento se enmarca en un programa orientado a fortalecer las capacidades operativas de la Armada mediante la incorporación de medios embarcados. El Banco Central de la República Argentina evaluó que la operación tendrá un impacto limitado en términos macroeconómicos y sobre la balanza de pagos, mientras que la Oficina Nacional de Crédito Público consideró que el costo financiero resulta menor al que el país podría obtener en los mercados internacionales en el contexto actual.

La ejecución del programa y la administración de los fondos estarán a cargo del Ministerio de Defensa, a través del Estado Mayor General de la Armada. El decreto establece además que cualquier modificación posterior al contrato deberá respetar el objeto original del financiamiento, sin incrementar el monto del préstamo ni alterar la jurisdicción prevista para eventuales controversias legales.

Desde el Gobierno señalaron que la operación forma parte de la política de actualización y fortalecimiento del sistema de defensa nacional y no implicará desvíos en el destino de los recursos. En ese marco, destacaron que la incorporación de los helicópteros permitirá mejorar las capacidades de vigilancia y protección de los recursos marítimos.

La decisión se suma a otras iniciativas recientes en materia de reequipamiento de las Fuerzas Armadas, entre ellas la incorporación de aviones de combate F-16, con el propósito de modernizar la flota y avanzar en la formación de personal especializado, sin que ello represente un impacto significativo en el equilibrio macroeconómico.

Corría septiembre cuando un nutrido grupo de afiliados y prestadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) se manifestó en la delegación Gualeguaychú de la obra social, donde presentaron una nota dirigida a la directora del Iosfa, Bettina Zurballe, y a Luis Petri, por entonces ministro de Defensa de la Nación. En el medio, Petri fue electo diputado y, días pasados, renunció a la Cartera que ahora conduce el teniente General Carlos Pestri, primer militar en el gobierno civil argentino desde el regreso de la democracia.

Lamentablemente para los afiliados al Iosfa, los cambios políticos no tuvieron su correlato en las prestaciones médicas. “No cambio nada, al contrario, se empeoró. No funciona en ningún aspecto la obra social, pero la cuota de afiliado te la descuentan religiosamente. Por tres adherentes te cobran 380 mil pesos, y dependiendo de lo que cobres puede ser más, pero el servicio no funciona”, reclamó, en diálogo con EL ARGENTINO, Juan Martínez, uno de los afiliados que había motorizado las protestas en la sede de Rucci 37.

En esa última ocasión, los afiliados habían puesto sobre la mesa los problemas en la cobertura de discapacidad, como la atención médica en general y el suministro de medicamentos; los cortes en farmacias y la falta de respuestas en los estudios complementarios y reintegros, entre los principales puntos.

“Muchos prestadores e institutos están al borde de cerrar sus puertas por no poder continuar esperando a las familias, (a las cuales) les es imposible afrontar el costo de terapias y apoyos educativos terapéuticos. Es fundamental que no dejen en situación de abandono a los afiliados de Iosfa, que están transitando por una cuestión de salud que implica riesgo de vida y calidad de vida, que implica, sobre todo, prestación de apoyos a las personas con discapacidad, ya que la salud es un derecho”, remarca, en su momento.

Ahora, más de cien días después, los afiliados aseguran que “los prestadores están desde junio sin cobrar. Es un problema que viene de antes, pero este gobierno lo profundizó aún más, a tal punto que ni te atienden el teléfono en la delegación Gualeguaychú”.

“Seguimos a la buena de Dios, si queremos atención tenemos que pagar la consulta de 30 a 40 mil pesos, dependiendo de cada profesional. Y es una mentira que después te reintegran, aunque nuestros aportes estén al día, no te reintegran nada. No funciona la obra social y parece que a nadie le importa”, se quejó Martínez, quien tiene más de 40 años de aportes.

Un gigante en problemas

Con más de 600.000 afiliados activos y pasivos, se trata de la tercera obra social más grande del país, tan solo superada por el PAMI y IOMA. Así y todo, el flamante ministro de Defensa, Carlos Presti, heredó una deuda estimada en más de $ 200.000 millones.

Para el ex ministro Petri, una de las razones del mal manejo de Iosfa es la fusión de las tres obras sociales de las Fuerzas Armadas que antes funcionaban en forma separada, dispuesta por el decreto 637/2013, firmado ese año por la entonces presidenta Cristina Kirchner. Pero, desde el Foro de Generales Retirados se atribuyó la responsabilidad de la crisis a las sucesivas gestiones de los mendocinos Oscar Sagás y Roberto Fiochi, designados por Petri.

En los últimos dos años se sucedieron varios reclamos en el Directorio de la obra social, integrado por representantes de las fuerzas, para que se auditaran las polémicas gestiones de Sagás y de Fiochi. Pero los pedidos no encontraron eco en la presidencia de Iosfa ni en el Ministerio de Defensa.

“Cuando asumió el gobierno de La Libertad Avanza, la obra social de los militares tenía reservas positivas por más de $25.000 millones y un adecuado nivel de prestaciones, sin cortes de cobertura médica. En dos años, tras las gestiones de Sagás y Fiochi, el déficit asciende a más de $160.000 millones, a lo que se suma una caótica situación prestacional”, ya había denunciado el foro militar en mayo pasado, tras la renuncia de Fiochi. Con el correr de los meses, el pasivo creció a unos $200.000 millones y la cobertura de la obra social no deja de empeorar.

La palabra de los afiliados

“La cuestión burocrática es uno de los problemas más recurrentes, te piden mil cosas y se toman muchísimo tiempo para autorizarte una terapia o aprobarte un reintegro. Además, todo lo tenés que pedir por nota, y ellos nunca responden esas notas dentro de los términos o los tiempos legales”, expuso una de las mujeres que se manifestaron en Rucci 37.

“Siempre hubo inconvenientes con la obra social, pero no tan graves como ahora. Si te vas a atender siempre algo tenés que pagar a de más de la orden. Quienes tenemos Certificado Único de Discapacidad (CUD) tenemos que pagar las terapias y esperar el supuesto reintegro que tardan meses en pagarte”, expuso, otra de las afiliadas.

Por otro lado, “los valores de las sesiones van de 15.000 a 36.000 pesos”. Y “nuestros hijos necesitan, como mínimo, dos terapias por semana, lo que se nos vuelve imposible de pagar. Lo mismo con el acompañamiento en el aula, la maestra de apoyo cobra 30.7000 pesos. La mayoría de las familias no lo pueden pagar si la obra social no responde”, apuntó otra de las madres presentes en la delegación local del Iosfa.

Luis Petri presentó formalmente su renuncia al Ministerio de Defensa de la Nación, con vigencia a partir del 9 de diciembre de 2025. En una extensa carta dirigida al presidente Javier Milei, el funcionario destacó que haber sido parte del gabinete “quedará grabado para siempre” y aseguró que la gestión concluye con “una misión cumplida” en términos de modernización, equipamiento y fortalecimiento operativo de las Fuerzas Armadas.

Petri asumirá ahora nuevas funciones en la Cámara de Diputados, tras haber sido electo en los comicios del 26 de octubre por la provincia de Mendoza. “Desde ese lugar seguiré defendiendo a su gobierno y a los millones de argentinos que confían en el cambio definitivo que estamos llevando adelante”, afirmó.

El exministro recordó que su desembarco en el gabinete se dio con un mandato central: reconstruir la capacidad operativa del sistema de Defensa, modernizar las Fuerzas Armadas y garantizar respaldo institucional a militares y civiles tras “décadas de desinversión, cancelación y demonización ideológica”.

Durante su gestión, destacó la recuperación de material crítico, reformas en doctrina, fortalecimiento del adiestramiento, cooperación con países aliados y cambios en la formación de cadetes y soldados voluntarios. “Gracias a su respaldo permanente pudimos encarar reformas que durante años parecían imposibles”, señaló en su carta dirigida a Milei.

El exministro aseguró que el proceso de transformación se inició tras décadas de desfinanciamiento y “cancelación kirchnerista”, y valoró que, bajo la conducción presidencial, las Fuerzas Armadas “volvieron a ser respetadas por la sociedad”.

En un tono elogioso hacia Milei, Petri afirmó que el gabinete actuó como un “equipo real” que resolvió problemas estructurales sin excusas: “Como usted siempre nos recuerda, venimos a cambiar definitivamente la Argentina”.

Petri agradeció al Estado Mayor Conjunto y a cada una de las Fuerzas Armadas, y celebró el profesionalismo del equipo del ministerio. También felicitó a su sucesor, el teniente general Carlos Presti, a quien le deseó éxito en la profundización de la agenda iniciada en diciembre de 2023.

El exministro anticipó que el 9 de diciembre viajará a la Antártida, lugar donde inició su gestión junto al presidente. “Argentina, bajo su liderazgo, será el país más libre del mundo”, sostuvo.

La carta cierra con un mensaje emotivo: “Le reitero mi enorme respeto, mi infinita gratitud y mi orgullo por haberlo acompañado. Viva la libertad, viva la patria”. (Ámbito)

Si bien todavía no asumió formalmente en el cargo, el designado ministro de Defensa, Carlos Presti, logró su primer triunfo de gestión al imponer a sus candidatos para la cúpula de las Fuerzas Armadas y se prepara para los desafíos que va a enfrentar en la gestión, entre los cuales está resolver los conflictos en IOSFA, la obra social de los militares y la tercera más grande del Estado.

El teniente general ya tiene decidido solicitar su pase a disponibilidad en los próximos días para continuar teniendo el rango a pesar de asumir en el Gabinete, al menos durante seis meses, que es el plazo máximo que permite la ley para que un uniformado permanezca en esa condición.

De esta manera, mantendrá su jerarquía cuando tome el control, el próximo 10 de diciembre, de la cartera que dejará en sus manos Luis Petri, quien pasará a ocupar una banca en la Cámara de Diputados y ya tiene lista sus últimas actividades antes de salir del Gabinete.

También conservará su grado cuando tenga que nombrar formalmente a su sucesor, el general de división Oscar Zarich, que será finalmente quien ocupará su lugar como jefe del Ejército.

Su reemplazo, actual comandante de Adiestramiento y Alistamiento, no solo es uno de sus compañeros de la promoción 118, que se graduó en 1987, sino que además es alguien muy cercano, con el que compartió varias misiones en diferentes destinos.

Entre las tareas que desempeñó a lo largo de su carrera, Zarich integró el primer batallón argentino de Naciones Unidas en Croacia en 1992; fue jefe de la Base Antártica “San Martín”; estuvo en el Regimiento de Infantería Mecanizado 25 y en la Brigada Mecanizada IX, ambas en Chubut, y en la extinta Compañía de Cazadores de Monte 19, que se ubicaba en Formosa.

Quienes lo conocen, escucharon al general de división celebrar su ascenso destacando que Presti es “un amigo personal”: “Lo tomo como un desafío mayor, porque no puedo defraudarlo al tratarse de él”, le confesó a uno de sus colegas.

Por otra parte, el futuro ministro también evitó un eventual conflicto al elegir para liderar el Estado Mayor Conjunto al vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, un hombre de la Armada, institución que desde hacía tiempo reclamaba este lugar.

El designado ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, iniciará su gestión con un cambio de mandos. Anunció que el presidente Javier Milei renovó la conducción de las Fuerzas Armadas y aceptó sus propuestas para conformar la cúpula militar que lo acompañará en su nueva función.

Presti, quien no pasará a retiro para asumir como ministro, sino que permanecerá en situación de disponibilidad, eligió para su sucesión en el Ejército al general de división Oscar Santiago Zarich, quien fue su compañero de promoción en el Colegio Militar, donde ambos se graduaron a fines de 1987. Zarich, de 59 años, es actualmente comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la fuerza, responsable de la preparación y el entrenamiento de los oficiales, suboficiales y soldados del Ejército.

Ante las propuestas del nuevo ministro, el Presidente dispuso el pase a retiro del jefe de la Armada, almirante Carlos María Allievi, quien será sustituido por el vicealmirante Juan Carlos Romay, de 59 años, director general de Educación desde diciembre pasado, a cargo de los institutos de formación del personal naval.

También le concedió a la Armada, después de treinta años, la conducción del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, al designar jefe del organismo al vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, de 60 años, quien se venía desempeñando como subjefe. Acompañaba a su superior, el brigadier general Xavier Julián Isaac, quien pasará a retiro.

Por el contrario, al aceptar la proposición de Presti, Milei mantuvo en el cargo al jefe de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Gustavo Javier Valverde, de 58 años, piloto e instructor de vuelos que en noviembre de 2024 asumió al frente de la plana mayor aeronáutica.

Los nombramientos se conocen poco antes de la asunción de Presti como ministro de Defensa –aunque no se anunció oficialmente, sería puesto en funciones el martes próximo- y de la presentación de los seis aviones de combate F-16, que llegarán este viernes a Córdoba y serán presentados oficialmente el domingo por el presidente Milei, acompañado por el actual ministro Petri.

Como comandante de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército, el general Zarich tenía a su cargo todas las operaciones militares en el Ejército. Este miércoles acompañó a su superior Presti y al ministro saliente Petri en el Cuartel Militar de Boulogne, donde fueron presentados los vehículos de combate blindados a rueda (VCBR) Stryker 8x8, recientemente incorporados a la fuerza como parte del proceso de modernización de sus capacidades.

En agosto pasado, Zarich tuvo a su cargo la realización del ejercicio militar Libertador, una operación que reunió a 2500 efectivos y 300 vehículos en territorios de las provincias de Chaco y Formosa. Participaron efectivos y medios de San Luis, La Pampa, Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.

Nacido en Santa Fe, Zarich estudió en el Liceo Militar General Belgrano, de esa ciudad, y ocupó el orden de mérito número 17 en la promoción 118 del Colegio Militar. Entre otros destinos, fue comandante de la IX Brigada Mecanizada, con sede en Comodoro Rivadavia, entre 2022 y 2024.

El vicealmirante Dalle Nogare, nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, es porteño y forma parte de la promoción 116 de la Escuela Naval Militar, donde se graduó como guardiamarina en 1987. Fue compañero de estudios del jefe saliente, el almirante Allievi.

En enero de 2024 asumió como subjefe del organismo militar encargado de coordinar y planificar las operaciones conjuntas de las tres fuerzas. Desde las campañas antárticas hasta el despliegue de efectivos y medios en zonas de frontera y tareas de control y vigilancia en los espacios marítimos, como el Atlántico Sur.

Además de prestar servicios en distintos comandos navales, fue agregado militar y de Defensa en la embajada argentina en Sudáfrica y se desempeñó como director general de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

A la promoción siguiente de la Escuela Naval Militar –la número 117- pertenece el vicealmirante Romay, nuevo jefe de la Armada.

Nacido en Buenos Aires, fue nombrado director general de Educación de la fuerza naval en diciembre de 2024 y, entre otras misiones, fue comandante del buque multipropósito ARA Punta Alta, el buque logístico ARA Patagonia y la Fragata Libertad. Condujo, además, la Escuela Naval Militar y fue director general de Personal y Bienestar de la Armada.

En tanto, el brigadier Valverde se mantendrá como jefe de la Fuerza Aérea. Fue jefe del Departamento de Operaciones en Desarrollo del Comando Conjunto Aeroespacial durante la reunión del G-20 en Buenos Aires, durante la presidencia de Mauricio Macri, y en 2020 fue agregado de Defensa en España.

Valverde se formó en el Liceo Militar General Espejo, de Mendoza, y se graduó en 1989 en la Escuela de Aviación Militar. En noviembre pasado fue puesto en funciones por el ministro Petri como jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, tras el relevo del brigadier general Fernando Luis Mengo, por el uso indebido de aeronaves militares, utilizadas para fines personales y denuncias de acoso laboral y abuso de autoridad. (La Nación)

El presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro, enfrenta las amenazas de Donald Trump fiel a su estilo: este lunes bailó durante un acto público en las afueras del Palacio de Miraflores, en Caracas, frente a miles de personas.

El mandatario aprovechó la ceremonia de juramento de un nuevo buró político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), para declarar a diciembre como mes de la "rumba y más rumba", mientras se movía al ritmo de una canción del género venezolano "changa tronic". La letra decía "No war, no crazy war... peace, peace, yes peace" ("no a la guerra, no a la guerra loca; paz, sí, paz", en inglés). Sonaba en la voz del mismo Maduro, ya que se trata de un remix que usa sus declaraciones.

Este baile es interpretado por los analistas internacionales como un abierto desafío a la presión de Donald Trump para que Maduro abandone Venezuela. Según la agencia Reuters, en la llamada telefónica del 21 noviembre, Trump habría ofrecido a Maduro un salvoconducto para él y su familia, junto a un ultimátum: debía dejar el país antes del viernes 28 de noviembre.

???Maduro baila durante un mitin público en medio de las amenazas de EE.UU. a Venezuelahttps://t.co/e9xsDpjIaq pic.twitter.com/SaKoA5nGWR

— RT en Español (@ActualidadRT) December 1, 2025 El mandatario latinoamericano habría pedido en cambio inmunidad judicial para él y otros 100 funcionarios frente a procesos judiciales, y mantener el control tanto sobre las fuerzas armadas como sobre la conducción política, con Delcy Rodríguez presidiendo el país. Ante la falta de acuerdo, Trump le dio el ultimátum. Y Maduro bailó sobre él, celebrando la Navidad y arengando al público al grito de "A mí no me para nadie".

Mientras tanto, en Washington, la Casa Blanca comunicó que "el presidente hará un anuncio” a las 16 de este martes. Si bien no se especificó el tema, se especula que podría tratarse de un anuncio sobre una posible intervención en Venezuela.

El escenario es complejo para Trump, que ya desplegó en el Caribe una cantidad de tropas y armamento militar nunca vista desde la invasión a Panamá en 1989, con más de 15 mil hombres, el portaaviones nuclear más importante de la flota y una fuerza aérea compuesta por cazas, misiles y drones. Sin embargo, los analistas internacionales coinciden en que todo ese poderío no sería suficiente para una incursión militar exitosa en Venezuela.

Por lo tanto, si Trump no consigue persuadir a Maduro de que abandone el poder, la situación corre peligro de estancarse. El gasto militar de Estados Unidos en el Caribe aumenta cada día desde hace cuatro meses, y ya levanta intensas críticas tanto entre la oposición como entre algunos republicanos. Según una encuesta difundida por la cadena de noticias CBS, el 70% de los ciudadanos estadounidenses desaprueban una intervención militar en Venezuela.

Otro tema persigue a Donald Trump puertas adentro: la dudosa legalidad de un ataque estadounidense en el Caribe. El 2 de septiembre, un misil destruyó una embarcación venezolana que supuestamente traficaba drogas, y los sobrevivientes quedaron a la deriva. Según publicó el Washington Post, un segundo misil los mató cuando ya no eran peligrosos. El vicealmirante Frank Bradley enfrenta acusaciones de crímenes de guerra por esta operación.

La Casa Blanca dijo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizó inicialmente el ataque letal contra el barco, que transportaba a 11 presuntos miembros del Tren de Aragua –calificado como organización terrorista por Trump–, pero que fue Bradley quien decidió el "seguimiento" para eliminar a dos hombres que flotaban en el agua tras el primer impacto. Esto fue interpretado por expertos en derecho internacional como una violación flagrante de las leyes de guerra. La Operación Lanza del Sur, que supuestamente busca terminar con el narcotráfico de origen venezolano en el Caribe, ya se cobró 83 víctimas fatales.

Cuando el Washington Post destapó este escándalo, el gobierno de Trump lo calificó como “fake news”. Un tiempo después, el presidente afirmó: "Pete (por Hegseth) dijo que no ordenó la muerte de esos dos hombres. Y yo le creo". Pero a medida que la presión del Congreso aumentaba, la situación cambió. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo: "El secretario Hegseth autorizó al almirante (Frank) Bradley llevar a cabo estos ataques cinéticos". Y agregó: "El almirante Bradley actuó bien dentro de su autoridad y la ley al ordenar la ofensiva para asegurarse de que el bote fuera destruido y la amenaza a los Estados Unidos de América fuera eliminada".

Mientras el escándalo crece, Maduro baila, dispuesto a celebrar su Navidad número 12 como presidente de Venezuela. (Perfil)

El presidente Javier Milei encabezó este martes en la Casa Rosada el primer acto junto al futuro ministro de Defensa, Carlos Presti, que hoy es el jefe del Ejército y confirmó que no planea pedir su retiro. También estuvo el ministro saliente, Luis Petri, que llegó sobre la hora.

Con el Salón Blanco en su máximo de capacidad y la fanfarria de los Granaderos en el exterior, sobre el pasillo, Milei hizo entrega de sables y diplomas a 35 nuevos generales, almirantes y brigadieres.

Cuando terminó el acto, en el que no hubo discursos ni tampoco menciones al funcionario entrante, Milei cantó la Marcha de San Lorenzo afuera, en la galería, al ritmo de los granaderos. Petri la entonó también, a viva voz, parado a su lado y acompañados los dos por la secretaria general, Karina Milei.

Concluido el evento oficial y tras encontrarse con el asesor Santiago Caputo, en diálogo con medios, Presti afirmó: “Voy a cumplir lo que determina la ley, voy a seguir con jerarquía militar pero en una situación distinta”.

El futuro ministro de Defensa dijo que el nuevo status que asumirá “está contemplado legalmente”, pero no dio más precisiones.

Fuentes de la Casa Rosada hicieron saber que la idea es que Presti no pase a retiro, sino que quede “en disponibilidad” mientras esté en el cargo.

Eso implicaría que si terminado su mandato quiere retomar su carrera castrense, podría hacerlo. El pase a disponibilidad en el ámbito militar tiene que ser por un período determinado. Es una figura que normalmente se usa por motivos de salud. En ese caso, la persona en cuestión percibe sus haberes. Esa es la principal diferencia con el retiro, que es equivalente a una jubilación. “Presti no tiene por qué renunciar”, sostenían en Balcarce 50 esta mañana.

Según la ley 19.101, el personal militar podrá estar en disponibilidad cuando se encuentre en espera de designación para funciones del servicio efectivo.

Sin embargo, la norma aclara: “En esta situación, el personal no podrá ser mantenido por un tiempo mayor de un año, cumplido el cual la superioridad deberá asignarle destino o someterlo a las respectivas juntas de calificaciones. De ser considerado en aptitud para el servicio, deberá asignársele destino”.

Por estas horas, el futuro ministro -que tiene 41 años en la fuerza- evalúa el equipo que le propondrá al Presidente.

La oficialización de que el teniente general pasaría a integrar el Gabinete generó polémica ya que por primera vez desde el retorno de la democracia un militar toma el mando del área de Defensa nacional.

El nombramiento de Presti fue cuestionado por la oposición, con el kirchnerismo a la cabeza. Los referentes de ese espacio consideran que el área debe estar a cargo de un civil.

Asimismo, Presti recibió críticas de parte del radicalismo y Oscar Aguad, exministro de Defensa del gobierno de Mauricio Macri, señaló ayer que el nuevo funcionario debería dejar su carrera militar para asumir de forma oficial.

El Gobierno, por estas horas, hace caso omiso a los reclamos. A través de funcionarios y de sus propagandistas en redes, la gestión libertaria promocionó la llegada de Presti a la cartera que dejará Petri para asumir la banca que ganó en Mendoza a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA).

Mientras tanto, en Defensa ya se preparan para posponer el acto de bienvenida a los F-16. Es que los aviones de combate llegarán el 5 de diciembre y estaba previsto que Petri y Milei viajaran a Río Cuarto, Córdoba, para recibirlos.

Pero ese mismo día, el Presidente estará en Estados Unidos para el sorteo del Mundial. El acto encabezado por Milei, entonces, se pasaría al 12 de diciembre.

La presencia del Gabinete en el acto de entrega de sables fue menor debido a la gran cantidad de familiares de los galardonados que ocuparon buena parte de la sala. Karina Milei quedó ubicada al costado, junto a parte del equipo de comunicación, y las primeras filas centrales fueron para los receptores de los sables. La prensa no pudo entrar, pero el evento se transmitió por los canales oficiales.

Detrás del Presidente se ubicó el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el brigadier general Xavier Julián Isaac, quien lleva más de cinco años con la máxima jerarquía aeronáutica y dejaría su cargo tras el ascenso del nuevo ministro al Gabinete.

También participaron del acto los jefes de la Armada, almirante Carlos María Allievi, y de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Gustavo Valverde. (Fuente: La Nación)

Este martes desde las 9.30 tendrá lugar en Casa Rosada una nueva reunión del gabinete de Javier Milei, que marcará el debut de sus dos nuevos ministros: Alejandra Monteoliva en Seguridad y Carlos Presti en Defensa. Se trata de dos nombramientos que combinan continuidad con simbolismo, y que pretenden redefinir la estrategia de poder al interior del Ejecutivo para la segunda parte de la gestión.

Monteoliva, hasta ahora secretaria de Seguridad, asume en lugar de Patricia Bullrich, mientras que Presti, teniente general del Ejército y ex jefe del Estado Mayor, remplaza a Luis Petri. El anuncio -realizado por la Casa Rosada para formalizar la transición antes de que Bullrich y Petri pasen al Congreso el 10 de diciembre- no solo tiene un impacto institucional, sino también un fuerte componente político.

Desde el oficialismo destacan que estos movimientos implican continuidad en el rumbo iniciado en 2023. Según el comunicado presidencial, Monteoliva “ha sido una pieza fundamental de la llamada ‘Doctrina Bullrich’”, especialmente en su enfoque duro contra el narcoterrorismo y el crimen organizado, apuntalando una narrativa de “orden y seguridad” que ha sido central para el gobierno libertario.

Pero la designación de Presti tiene un peso simbólico aún mayor: es la primera vez desde el regreso de la democracia que un militar de carrera llega al ministerio de Defensa. En la Casa Rosada lo presentan como un gesto de “desdemonización” de las Fuerzas Armadas, un mensaje hacia el interior castrense pero también hacia un electorado que valora la disciplina institucional.

En paralelo, La Libertad Avanza (LLA), da señales de movilización. Su secretaria general, Karina Milei, prepara un acto masivo en la provincia de Buenos Aires para mostrar músculo político tras las elecciones y consolidar su liderazgo en el territorio bonaerense. Esa jugada no es menor: fortalecer su poder local puede traducirse en mayor respaldo legislativo, un activo clave si el gobierno quiere empujar reformas ambiciosas. (Con información de Ámbito)