La diputada nacional Blanca Osuna solicitó al gobernador Rogelio Frigerio que revise la Ley de Agroquímicos N° 11.178, sancionada en diciembre de 2024, tras una resolución judicial que prohibió las fumigaciones con drones en campos cercanos a viviendas en Aldea Salto, departamento Diamante.

El fallo fue dictado por la jueza Adriana Acevedo, vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, quien ordenó suspender las aplicaciones aéreas con vehículos no tripulados en la zona. La magistrada consideró acreditada la existencia de daño genético en una niña que habita el lugar y advirtió que los requisitos legales para el uso de drones —inscripción, registro y habilitación— no fueron implementados en la provincia, lo que vuelve su utilización ilegal.

Osuna, a través de su cuenta en X, celebró la decisión judicial y renovó sus críticas a la legislación vigente. “La salud y el ambiente sano son derechos. No pueden quedar supeditados a intereses económicos. La salud de las niñas y niños entrerrianos no se negocia”, expresó.

La legisladora del Frente de Todos sostuvo que la sentencia “vuelve a poner en evidencia lo que el Gobierno provincial eligió ignorar: fumigar cerca de zonas habitadas pone en riesgo la salud de nuestras infancias”. En ese sentido, reclamó una revisión integral de la ley para “garantizar una protección real a la población” y promover prácticas agropecuarias seguras y sostenibles.

El caso reaviva el debate sobre el uso de agroquímicos en Entre Ríos, un tema de larga conflictividad social y judicial, especialmente en zonas rurales próximas a escuelas y viviendas. Organizaciones ambientales y colectivos vecinales volvieron a exigir mayores controles, mientras sectores productivos advirtieron sobre el impacto económico de nuevas restricciones.

La decisión de la jueza Acevedo podría tener repercusión en otros departamentos donde se emplean drones para fumigaciones, un método cada vez más extendido en el sector agrícola. Por el momento, el Gobierno provincial no se pronunció oficialmente sobre el fallo ni sobre el pedido de revisión planteado por Osuna.

La vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, Adriana Beatriz Acevedo, resolvió prohibir el uso de drones para fumigar campos linderos a una vivienda familiar en Aldea Salto, departamento Diamante. La medida cautelar se dictó en el marco de un amparo ambiental impulsado por Gerardo Gareis, quien denunció que las aplicaciones con agrotóxicos realizadas por sus vecinos afectaron la salud de su hija de 12 años.

El planteo judicial se basó en estudios genéticos que evidenciaron daño genotóxico crónico en la menor, atribuible a la exposición continua a agroquímicos. Ante ello, la magistrada resolvió suspender las fumigaciones con vehículos aéreos no tripulados hasta que se dicte sentencia definitiva.

Gareis, representado por los abogados Aldana Sasia y Lisandro Garabentos, solicitó la prohibición de fumigar dentro de un radio de 1.000 metros para aplicaciones terrestres y de 3.000 metros para las aéreas y con drones. Además, pidió que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 63° y 66° de la Ley de Agroquímicos N° 11.178 y su Decreto Reglamentario N° 1719/2025, por considerar que vulneran derechos fundamentales.

El fallo señala que los artículos cuestionados permiten aplicaciones con mochilas o drones a solo 10 metros de zonas habitadas, 100 metros con maquinaria terrestre y 200 metros con aeronaves tripuladas. Según la demanda, estas distancias violan el derecho a la salud, a un ambiente sano y los derechos de niños y adolescentes, además del principio de progresividad ambiental.

En los fundamentos de la resolución, Acevedo destacó que en Entre Ríos aún no se ha implementado un sistema de registro ni habilitación para el uso de drones en tareas de pulverización agrícola. El Ministerio de Producción confirmó que la provincia está elaborando una normativa específica, pero hasta el momento no existe un marco legal operativo.

Por esa razón, la jueza consideró que las fumigaciones con drones “constituyen actualmente una infracción a la Ley 11.178, en tanto se efectúan incumpliendo la normativa vigente”. También remarcó que las recetas agronómicas no contemplan este tipo de aplicaciones, por lo que no son válidas.

Aplicando el principio precautorio, Acevedo ordenó la suspensión de las fumigaciones aéreas con drones “hasta que se dicte sentencia definitiva” en el proceso. (Con información de Era Verde y ElOnce)

El fallo valoró especialmente los estudios realizados en el Laboratorio de Genética de Río Cuarto, Córdoba, por la especialista Delia Aiassa y su equipo, quienes confirmaron que la niña presenta “daño genético sostenido” e “indicadores de genotoxicidad crónica”.

La magistrada sostuvo que “la parte actora ha traído prueba que da cuenta de los problemas de salud que viene sufriendo la niña y vestigios de daño genético, el cual podría acarrearle consecuencias futuras”. Consideró que el riesgo acreditado y la exposición crónica justifican la medida precautoria ante el peligro en la demora.

Acevedo fundamentó su decisión en el artículo 41° de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano, y en la Convención sobre los Derechos del Niño, que prioriza el interés superior de la niñez. Además, citó la Ley General del Ambiente N° 25.675, la Constitución de Entre Ríos, y el Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la justicia ambiental.