La sentencia, dictada el 2 de julio, confirma que el Gobierno de Entre Ríos debe garantizar la circulación del arroyo en el sector conocido como “Puente de Piedra”, rechazando el recurso de la Fiscalía de Estado. Además, ordena las obras necesarias para restaurar su curso natural.

En otro punto central, los vocales Carubia, Soage, Schumacher, Medina y Carlomagno obligan a la provincia a garantizar la participación ciudadana en la evaluación ambiental sobre actividades de Cristamine S.A., especialmente en la parcela 24.856, explotada sin autorización durante años.

La Secretaría de Ambiente debe, en 30 días, presentar un Plan de Trabajo que incluya:

Según la vocal Soage, la Secretaría tiene competencias específicas como impulsar investigaciones, controlar la calidad ambiental y garantizar participación social. El fallo exige articulación técnica y social para cumplir con el principio de recomposición.

Soage fundamentó que el daño causado por Cristamine SA es “cierto y actual”. La propia empresa reconoció impactos irreversibles en el expediente N° 16677947:

“La destrucción del suelo en la cava de extracción es irreversible” “En la zona de la cantera (11 ha) la pérdida del suelo es total”

También menciona la desaparición de fauna autóctona por actividades agrícolas y mineras en la zona, y advierte que cualquier posibilidad de reparación debe ser evaluada por organismos especializados, debido a la complejidad científica del tema.

Si se confirma la posibilidad de recomposición, el juez ordenará las medidas pertinentes a cargo de Cristamine. De lo contrario, se fijará una indemnización.

La Fundación CAUCE logró no solo el reconocimiento del derecho al libre fluir de los ríos, sino también el fortalecimiento de la participación ciudadana en la defensa del ambiente y la salud colectiva. (Con información de APFDigital)