El Gobierno definió una reestructuración profunda del esquema de subsidios al Gas Licuado de Petróleo (GLP), utilizado por entre 3 y 4 millones de familias que no acceden a la red de gas natural.

La reforma, que comenzará a implementarse en 2026, se enmarca en el nuevo reordenamiento de toda la asistencia estatal a la energía, tanto eléctrica como gasífera.

La medida se desprende de los documentos difundidos en la web oficial de la Secretaría de Energía y forma parte de la consulta pública abierta mediante la resolución 484/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Según el planteo oficial, en un plazo máximo de seis meses se eliminará el Programa Hogar, el mecanismo actual por el que se canalizan los subsidios a la compra de garrafas.

Las autoridades consideraron que el esquema vigente “no funciona muy bien”, debido a que el monto no se actualiza de forma adecuada con la inflación y los beneficiarios no asocian la transferencia con la garrafa, sino como una prestación más dentro de las asistencias sociales.

Actualmente, unas 4 millones de familias consumen garrafas durante todo el año. En los meses fríos, la demanda llega a superar los 10,7 millones de unidades. El Censo 2022 estableció que el 43,9% de la población utiliza GLP.

Desde mediados de este año, el mercado se encuentra desregulado y los precios fueron liberados, lo que redujo significativamente la incidencia del subsidio estatal. Hoy la ayuda que transfiere el Estado equivale solo al 8,5% del valor promedio de una garrafa de 10 kilos, cuyo precio, según YPF Gas, alcanzó los $20.852 en agosto de 2025.

En los despachos oficiales reconocen que, al depositarse el monto en cuentas bancarias sin control, resulta imposible determinar si el subsidio se destina efectivamente a la compra de garrafas.

El cambio más relevante será el método de acreditación. Desde 2026, la asistencia se implementará como reintegro instantáneo (cashback) a través de billeteras virtuales, como Mercado Pago, o mediante plataformas bancarias. El subsidio se aplicará únicamente cuando el usuario compre una garrafa, lo que permitirá asegurar el uso específico del beneficio y evitar desvíos.

La Secretaría de Energía mantiene reuniones con ejecutivos de billeteras digitales para acelerar la operatividad del nuevo sistema. La expectativa es que el mecanismo permita mayor trazabilidad, control y adecuación de los montos según la evolución de precios.

Otro cambio determinante será la puesta en marcha del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF), que reemplazará al actual RASE. Para acceder al subsidio de garrafas, los hogares deberán empadronarse y cumplir con requisitos socioeconómicos actualizados.

Podrán solicitar el beneficio quienes no cuenten con gas de red y perciban ingresos inferiores a dos salarios mínimos, es decir, menos de $644.400. El registro estará disponible tanto de manera digital como de forma presencial en oficinas de ANSES de todo el país, tanto para nuevas inscripciones como para actualización de declaraciones juradas.

El nuevo esquema subsidiará el costo total de una garrafa por mes entre mayo y septiembre, los meses de mayor consumo, y la mitad del valor el resto del año. La mayor concentración de beneficiarios se encuentra en Buenos Aires por la dimensión de su población, pero también destacan provincias del NEA y litoral como Chaco, Santa Fe, Misiones y Corrientes, donde la cobertura de gas natural por red es significativamente menor.

El Gobierno justificó que la implementación se realizará después de las elecciones, tras haber sido “revalidado políticamente”, y en un contexto donde los incrementos graduales de tarifas no encontraron altos niveles de resistencia social. El objetivo declarado es que la asistencia llegue “a quienes realmente la necesitan, cuando la necesitan”, en un marco donde los usuarios pagaban la energía por debajo de sus costos hacia finales de 2023.

La reforma a los subsidios de garrafas se suma a una reorganización más amplia del sistema de ayudas energéticas que continuará en 2026. (Con información de Clarín)

El Gobierno de Javier Milei planea implementar a partir de 2026 un nuevo esquema único y focalizado de subsidios residenciales en las tarifas de electricidad, gas natural, garrafas (GLP) y gas propano por redes en toda la Argentina.

La medida dejará atrás tanto la segmentación por niveles (N1, N2 y N3) como los programas separados, el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas, para establecer un solo régimen simplificado. Solo existirán dos categorías: hogares que recibirán asistencia estatal y hogares que afrontarán el costo pleno de la energía. El objetivo declarado es transparentar el precio real del servicio, aumentar la proporción del gasto que asumirán los usuarios y consolidar la disciplina fiscal.

La Secretaría de Energía abrió este viernes a consulta pública el proyecto, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, que establece un plazo de quince días hábiles para recibir opiniones y observaciones de la sociedad civil y de los actores del sector. A la vez, los beneficiarios actuales podrán actualizar sus datos mediante declaración jurada si lo requieren. Según el equipo económico, la menor tensión política tras la última victoria legislativa de La Libertad Avanza permite encarar el reordenamiento del sistema a partir del año próximo.

El acceso al subsidio quedará restringido a hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalentes a $3.641.397 mensuales. Este umbral es más restrictivo que el vigente y se mantendrán las exclusiones por criterios patrimoniales: no podrán acceder quienes posean embarcaciones o propiedades adicionales.

El nuevo sistema sustituye todas las categorías previas. Las personas ya inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) serán migradas automáticamente, con la posibilidad de actualizar su información. En tanto, quienes utilicen gas propano indiluido por redes o garrafas de GLP de 10 kilos, y aún no estén registrados, tendrán la que hacerlo a través del sitio oficial www.argentina.gob.ar/subsidios.

En electricidad, los hogares que califiquen recibirán una bonificación base del 50% sobre un bloque de 300 kWh por mes en los períodos de mayor demanda (invierno y verano) y de 150 kWh en meses templados (primavera y otoño). Para el gas natural por redes, el subsidio estatal cubrirá la mitad del precio solo entre abril y septiembre, meses considerados de elevada demanda, sin bonificación para el resto del año. El bloque subsidiado de gas natural se definirá según región, manteniendo los criterios de necesidades estacionales vigentes. Infobae

En el caso de los usuarios de garrafas y gas propano, se prevé un subsidio directo transferido a través de billeteras virtuales. Los que ya perciben el Programa Hogar —alrededor de 3,3 millones de familias— serán migrados automáticamente al nuevo régimen y mantendrán la protección estatal, con reglas más claras y uniformes. Además, quienes utilicen gas propano indiluido por redes y aún no estén inscriptos podrán anotarse a partir de enero en el sitio oficial. El subsidio para garrafas comprenderá el equivalente a media garrafa por mes durante todo el año y una garrafa adicional en invierno, con el monto acreditado como bonificación directa tras la compra en sistemas de pago electrónico como Mercado Pago.

Filmado, en flagrancia. La denuncia fue radicada el miércoles por un hombre de 69 años, quien informó que en las inmediaciones de calles Nágera y 3 de Caballería le sustrajeron dos garrafas de 10 kilos. A partir de la investigación policial y el análisis de registros de videovigilancia, se logró individualizar al sospechoso.

Con estos elementos, el Juzgado de Garantías N° 1 libró una orden de allanamiento y registro domiciliario. El operativo fue llevado a cabo por personal de la Comisaría Sexta en una vivienda del Barrio 140, Sector A, donde reside el acusado.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una gorra de lana con la inscripción "Nike", de color violeta en su frente, que habría sido la utilizada por el autor del hecho al momento del robo. Esta prenda coincide con la que se observa en las imágenes de las cámaras de seguridad y es una prueba clave en la acusación. Las garrafas no fueron localizadas en el inmueble y el sospechoso no fue detenido, sólo quedó identificado por el delito de hurto.

En agosto de 2025, ANSES continúa con el pago del Programa Hogar, un subsidio que cubre el 80% del costo de una garrafa de 10 kilos para familias que no tienen conexión a la red de gas natural.

El beneficio se deposita de forma directa y mensual, junto con otros pagos del organismo, siguiendo un calendario según la terminación del DNI.

Este mes, el acceso al Programa Hogar requiere cumplir con requisitos de ingresos y condiciones específicas para garantizar que el subsidio llegue a los hogares que más lo necesitan.

El Programa Hogar, que garantiza el abastecimiento de garrafas a un precio accesible, auxilia a 2.103.708 beneficiarios.

Desde el organismo remarcaron que “los pagos de este mes se liquidan junto con las Pensiones No Contributivas (PNC) y las Asignaciones Universales, siguiendo el cronograma habitual por terminación de DNI”. Esto significa que los beneficiarios no deben realizar trámites adicionales para cobrar, ya que el depósito se acredita automáticamente en la cuenta bancaria registrada.

Requisitos para cobrar el Programa Hogar en agosto

Para recibir el subsidio, el hogar no puede tener ningún integrante con una conexión de gas natural a su nombre ni haber solicitado la Tarifa Social de Gas. El ingreso total del grupo familiar debe ser igual o inferior a dos salarios mínimos vitales y móviles, o hasta la categoría C si son monotributistas.

En caso de que un miembro del hogar posea Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite de ingresos se eleva a tres salarios mínimos o categoría D en monotributo.

ANSES recomienda a quienes soliciten el beneficio que verifiquen su situación en la sección “Mis Cobros” dentro de la plataforma Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí podrán confirmar si el subsidio fue asignado o si es necesario iniciar el trámite.

Motivos por los que ANSES puede suspender el pago en agosto

El pago del Programa Hogar puede interrumpirse si el grupo familiar supera el tope de ingresos permitido. En la mayoría de las provincias, el límite es de dos salarios mínimos o tres en caso de discapacidad; en las provincias patagónicas, es de 2,8 salarios mínimos o 4,2 si hay un integrante con CUD.

Otro motivo de suspensión es la detección de una conexión de gas natural activa o la existencia de un medidor de gas operativo en el domicilio. En estos casos, el titular debe gestionar un certificado de negativa ante la empresa prestadora y presentarlo en ANSES para evitar la baja del beneficio.

También se suspende el pago si más de una persona dentro del hogar cobra el mismo subsidio, si se detecta cobro duplicado o si el beneficiario deja de retirar el monto durante tres meses seguidos. En estas situaciones, es necesario solicitar un turno en ANSES y presentar la documentación para regularizar la situación y volver a acceder al programa.

Los trabajos encarados por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) progresan en dos frentes. En la ruta provincial Nº 5, desde la ruta provincial Nº 2 hacia el límite con Concordia -en jurisdicción de Chajarí-, donde se realiza una reposición de ripio de 5.500 metros cúbicos en diferentes tramos críticos de la traza.

La mejora de la traza mencionada responde a una vieja demanda de productores y vecinos. Hasta el momento se transportaron más de 2.000 metros cúbicos de ripio, a la vez que se ejecutaron tareas previas de limpieza y desmalezado, entre otros trabajos que benefician al sector productivo.

En cuanto a la obra en la ruta provincial Nº 29, tienen lugar en Colonia Baylina, en pleno corazón arrocero del departamento San Salvador. Se reponen 3.048 metros cúbicos de material calcáreo y la misma cantidad de ripio sobre un tramo de tres kilómetros, entre el arroyo El Palmar y el establecimiento Las Camelias.

Allí ya se finalizaron las tareas de limpieza, desmalezado, preparación de calzada, reparación y reposición de alcantarillas y cauces. También se completó el transporte de brosa y se comenzó con el transporte de ripio. La obra avanza en el tiempo estipulado.

Desde el ente vial se solicita circular con precaución por las zonas de obra arriba mencionadas.

El gobierno de Javier Milei decidió suspender este año el tradicional desfile militar por el Día de la Independencia que debería realizarse el próximo miércoles 9 de julio, confirmaron fuentes del Ministerio de Defensa a Noticias Argentinas.

Según trascendió, la decisión se adoptó con la idea de ahorrar el gasto de fondos públicos que obliga un evento con ese despliegue, aunque no deja de sorprender ya que el año pasado la gestión libertaria realizó el desfile, destacando su importancia y recuperándolo luego de que no se llevara a cabo durante la administración anterior de Alberto Fernández.

Aquel desfile es recordado también por haber registrado la última imagen de Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel posando juntos y sonrientes, mientras se encontraban subidos a un tanque militar.

Poco después de aquel evento, la relación entre ambos continuó escalando en tensión hasta seguir caminos separados y prácticamente sin retorno, por lo que desde allí sólo compartieron muy pocos actos públicos en los que entre ellos primó la distancia y la frialdad.

El desfile del 9 de julio de 2024 se realizó con toda la parafernalia militar, sobre un tramo específico de avenida del Del Libertador en el barrio porteño de Palermo, donde se presentaron más de 6.000 efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Argentina, junto a más de 2.000 veteranos de la Guerra de Malvinas.

Pero este año prevaleció la "motosierra" y Presidencia de la Nación y el Ministerio de Defensa, encargados de organizar en conjunto el desfile militar, resolvieron no realizarlo.

El del año pasado implicó un costo de más de 720 millones de pesos (720.000 dólares al tipo de cambio oficial de aquel momento) y, si se actualiza por inflación, su realización de este año demandaría casi 1.000 millones de pesos.

El desfile militar del 9 de Julio fue una tradición durante décadas, hasta que se dejó de llevar a cabo con la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia. Durante las dos gestiones posteriores de Cristina Kirchner tampoco se realizaron y se retomaron cuando Mauricio Macri asumió la Primera Magistratura. (NA)

El ex presidente Alberto Fernández se presentará este viernes a las 10 en los tribunales de Comodoro Py para ampliar su declaración indagatoria en la causa Seguros, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

El ex mandatario había pedido ampliar su declaración ante el juez Sebastián Casanello, por lo que fue citado para este viernes. Casanello había reimplantado el 9 de abril último la inhibición general de bienes a Fernández y otro medio centenar de personas físicas y jurídicas en el marco de la investigación del caso Seguros.

Casanello asumió la subrogancia del juzgado federal 11, donde se lleva el caso y todavía está pendiente de resolución la situación procesal de Fernández y el resto de los acusados, que ya fueron indagados en la causa que investiga presuntos delitos en la contratación de pólizas de seguros por parte de organismos públicos durante el gobierno del Frente de Todos (FdT).

En la decisión en la que se dispuso volver a inhibir bienes, el juez entendió que hay estado de sospecha suficiente ya que fueron indagados al disponer la medida sobre cuentas corrientes y cajas de ahorro de los involucrados.

La medida abarcó a Fernández; al broker investigado como beneficiario de las maniobras Héctor Martínez Sosa, y a la esposa de éste y ex secretaria privada del ex mandatario María Cantero, entre otros. (NA)

Este jueves por la mañana, Gualeguaychú fue escenario del primer encuentro del foro "Pensar el Clima, Construir Respuestas", una iniciativa impulsada por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, en el marco del diseño del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático. La jornada se llevó a cabo en la Facultad de Bromatología de la UNER, ubicada en el Polo Educativo de calles Presidente Perón y Güemes.

El Foro convocó a ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y actores institucionales involucrados en la acción climática, con el objetivo de generar aportes concretos para el desarrollo de un plan que contemple medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático.

La Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria municipal participó activamente del encuentro, reafirmando el compromiso de la ciudad con políticas públicas ambientales que promuevan la sostenibilidad y la resiliencia.

El encuentro se desarrolló en formato de taller participativo, lo que permitió reflexionar colectivamente sobre los desafíos climáticos del territorio y proponer estrategias en sintonía con los lineamientos de la Ley Nacional 27.520. Esta normativa establece presupuestos mínimos para la gestión del cambio climático en todo el país y alienta a las provincias a desarrollar sus propios instrumentos de planificación.

Desde la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria destacaron la importancia que este tipo de espacios se descentralicen: “Es fundamental que el diseño del Plan provincial parta desde el territorio y con participación real. Este tipo de encuentros permiten escuchar a quienes enfrentan a diario los efectos del cambio climático y pensar soluciones colectivas”.

El Foro continuará en los meses de julio y agosto en distintas localidades de Entre Ríos, consolidando un proceso de construcción participativa que busca fortalecer las capacidades locales ante los efectos del cambio climático.

“Se eliminan los precios de referencia. Los precios libres son la mejor brújula para un mercado sano”, escribió el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger en un posteo en su cuenta oficial de X en el que detalló otras medidas para desregular el mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a partir del Decreto 446/2025.

Hasta la entrada en vigor del nuevo esquema, la Secretaría de Energía fijaba precios de referencia para garantizar un abastecimiento regular y continuo, así como para promover la inscripción de empresas en registros oficiales. Los valores orientativos desde finales de 2024 eran de $10.500 para garrafas de 10 kg, $12.600 para las de 12 kg y $15.750 para las de 15 kg. Estos precios incluían IVA e ingresos brutos, y buscaban evitar el comercio clandestino y asegurar acceso uniforme en todo el país.

Sturzenegger resaltó también que la norma eliminó la obligación que tenían las empresas de pedir permiso previo para operar como fraccionador, distribuidor o comercializador de GLP. Ahora se requiere únicamente el cumplimiento de requisitos de seguridad. Una vez presentada la documentación, la autoridad de aplicación cuenta con un plazo de diez días para solicitar correcciones.

El funcionario señaló que la reforma “busca reemplazar un modelo restrictivo por uno que respete el derecho al comercio". Sostuvo que antes el Estado limitaba la actividad privada con autorizaciones expresas y ahora se la habilita automáticamente si se cumplen normas de seguridad. Además, la Secretaría de Energía podrá recurrir a organismos públicos o privados para verificar condiciones de seguridad, algo que antes estaba limitado al Enargas. Infobae

El Gobierno nacional modificó este jueves aspectos centrales de la Ley 26.020, que regula la actividad del gas licuado de petróleo (GLP), comúnmente conocido como gas en garrafa o gas envasado.

Mediante el Decreto 446/2025, publicado en el Boletín Oficial, se estableció que el Estado dejará de intervenir en temas relacionados con los precios, la oferta y la demanda, limitando su participación a tareas de fiscalización. En adelante, esas cuestiones estarán “regidas por el funcionamiento libre y competitivo del mercado, que constituye el mecanismo más eficiente para asignar recursos y promover el desarrollo del sector”.

Uno de los cambios clave permite que “se podrán instalar nuevas plantas o ampliarse las existentes sin otro requisito más que el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación”, eliminando trabas burocráticas para el desarrollo de la industria.

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía será ahora la única autoridad de aplicación y organismo de fiscalización, y tendrá funciones limitadas a inspecciones técnicas, pruebas e intervenciones orientadas exclusivamente a “resguardar la salud pública”.

En este marco, “verificará la veracidad y el cumplimiento de la información y documentación aportada al momento de la presentación de la documentación e indicará las subsanaciones que correspondan dentro de un plazo de diez días hábiles contados desde su presentación”. Se aclaró además que, “cumplido ese plazo, el silencio tendrá sentido positivo”, lo que implica una aprobación automática si no hay respuesta oficial.

Respecto a la comercialización, se estableció que “los fraccionadores podrán envasar GLP de cualquier productor, comercializador o importador con el solo cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad, pudiendo hacerlo para más de una marca o leyenda”, abriendo la competencia en toda la cadena de valor.

El nuevo esquema también habilita la libre importación del combustible: “sin otro requisito que el cumplimiento de la normativa vigente y sin necesidad de autorización previa”, mientras que “la exportación será libre una vez garantizado el volumen de abastecimiento interno”.

Otro aspecto relevante de la reforma establece que “el envasado de GLP en envases que no sean de su marca o leyenda podrá ser acordado libremente entre fraccionadores mediante contratos bilaterales”, promoviendo el intercambio entre actores del sector.

Además, se impone la obligación de recibir envases usados de cualquier marca, con el objetivo de garantizar la devolución y reutilización del material. Cada nuevo llenado deberá ser registrado mediante una etiqueta con el nombre de la planta envasadora.

En los considerandos del decreto, el Gobierno señala que el régimen anterior “otorgaba un rol protagónico a la autoridad de aplicación en materia de regulación económica, técnica y operativa”, lo que, según explican, “generó en muchos casos sobrerregulación, duplicación de funciones, distorsiones de mercado y sobrecostos operativos que impactan negativamente en los precios al consumidor”.

El Poder Ejecutivo afirma que “el sector privado es el principal interesado en expandir la producción, el fraccionamiento y la comercialización de GLP”, y que cuenta con la capacidad necesaria para “mejorar la calidad del servicio, diversificar la oferta y optimizar la operación de la industria”, especialmente en lo referido al canje de envases.

Finalmente, la norma, que lleva las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo, remarca que “solo resultaría suficiente que se cumpla con los requisitos establecidos en la ley y su reglamentación para poder operar en los distintos segmentos de la industria, sin necesidad de una autorización previa por parte de la Autoridad de Aplicación”. Según el Gobierno, estas medidas buscarán “asegurar el suministro regular, confiable y económico de gas licuado de petróleo" a sectores sociales residenciales de escasos recursos. (Con información del Boletín Oficial)

Por los aumentos ocurridos y la compleja situación económica actual, se instó al gobierno entrerriano a gestionar ante Nación la actualización de los montos de subsidios del Programa Hogar que financia un porcentaje del costo de las garrafas.

“En un contexto macroeconómico caracterizado por una recesión prolongada y una ausencia de actualizaciones salariales congruentes con el índice de inflación, la capacidad de los hogares para absorber el incremento en los costos de este recurso esencial se ve gravemente disminuida”. La afirmación es parte de los fundamentos del proyecto de resolución que presentó la diputada del bloque justicialista, Silvia Moreno, este miércoles en la Cámara de Diputados de la provincia, instando al gobierno provincial “a adoptar las medidas necesarias para asegurar un tope máximo en el precio de las garrafas de gas licuado de uso doméstico en Entre Ríos”.

Moreno manifestó que “es crucial que cualquier proceso de eliminación de subsidios esté respaldado por un criterio de segmentación que permita identificar y proteger a los usuarios más vulnerables”.

La diputada sostuvo que “la libre competencia, por el contrario de lo que anunciaba el Gobierno Nacional, ha resultado perjudicial para los usuarios de todo el país, ya que el precio no se respeta y oscila entre 15.000 pesos su valor en los Centros de Distribución y entre 17.000 pesos y 20.000 pesos, puesta en el domicilio del usuario o en estaciones de servicio. Como ya lo expresamos en agosto de 2024 a través del Expediente 27.426 ingresado a esta Cámara ‘todas estas medidas, son lesivas y repercuten negativamente en la economía de los sectores más vulnerables y de la clase media’”.

Moreno expresó que el contexto económico-social “compromete directamente el acceso a un bien básico como el gas, lo que, a su vez, deteriora la calidad de vida de las familias afectadas. La supresión de un tope máximo en el precio de las garrafas de gas, sin una previa segmentación adecuada ni un análisis de las necesidades reales de la población, exacerba las desigualdades sociales preexistentes”.

También resaltó que “los sectores más desprotegidos, que dependen significativamente de los subsidios para acceder al gas licuado, se encuentran en una posición de extrema precarización frente a esta medida. La imposibilidad de acceder a este recurso esencial, indispensable para la calefacción y la cocción de alimentos, no solo reduce sustancialmente el bienestar de estos hogares, sino que también refuerza la exclusión social y económica”.

En el proyecto de resolución también solicitó que el Poder Ejecutivo Provincial “instrumente las acciones pertinentes ante el Gobierno Nacional con el fin de que se actualicen los montos de subsidios del Programa Hogar que tiene por objetivo financiar un porcentaje del costo de las garrafas de gas licuado en los hogares, dado los aumentos ocurridos y la compleja situación económica actual” y “la implementación de un programa específico, en el marco de la campaña de invierno, que contemple la garantía de acceso a garrafas de gas licuado para la temporada invernal para las familias de sectores más vulnerables y los espacios comunitarios de la Provincia de Entre Ríos”.

Finalmente se manifestó la “más profunda preocupación por los potenciales efectos adversos derivados de los aumentos significativos en el costo de las garrafas y la energía para toda la población de la Provincia de Entre Ríos sin acceso a la red de gas natural, en particular para los sectores más vulnerables”. (APFDigital)