El Hospital Garrahan volvió a ser noticia, esta vez no por sus logros médicos ni por sus estándares de calidad internacional, sino por un conflicto gremial que puso en riesgo la estabilidad laboral de decenas de trabajadores. El Juzgado Nacional de Primera Instancia N° 32 resolvió suspender los despidos de 11 empleados vinculados a la actividad sindical y la sanción de otros 29, tras el amparo presentado por la Junta Interna de ATE.

La medida judicial llega en un contexto de tensión creciente. Hace pocas semanas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había anunciado públicamente la decisión de avanzar con los despidos, argumentando que los trabajadores habían ocupado ilegalmente oficinas de la dirección en octubre de 2025. El Gobierno incluso solicitó el desafuero de 10 gremialistas para poder ejecutar las cesantías.

Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Garrahan y uno de los apuntados en el sumario, celebró la resolución judicial: “El fallo confirma lo que veníamos denunciando. Se busca disciplinar la organización de los trabajadores. El Gobierno quiere venganza por el gran triunfo obtenido el año pasado y no quiere que vuelva a repetirse”, dijo en diálogo con la prensa.

Lipcovich advirtió que la intención oficial es “establecer un régimen represivo dentro del hospital” y silenciar reclamos que persisten, como la falta de personal, la precarización laboral mediante contratos de monotributo y el incumplimiento de la Ley de Emergencia Pediátrica.

Por su parte, Gerardo Oroz, secretario adjunto de ATE Garrahan, sostuvo que si bien el fallo es un paso importante, “seguramente será apelado por los funcionarios del hospital”. Y agregó: “Continuamos con la campaña contra estos sumarios truchos y la persecución a los delegados y activistas. No nos van a doblegar”.

Tras la resolución judicial, los trabajadores mantienen la convocatoria a un “abrazo al Garrahan” para este jueves a las 13 horas, con el objetivo de visibilizar el conflicto y sumar apoyo de organizaciones sociales, familiares y sindicatos. Además, el miércoles ofrecerán una conferencia de prensa en el hospital.

La movilización busca repetir la masiva participación lograda el año pasado, cuando miles de personas se acercaron para respaldar al principal centro pediátrico del país frente a lo que consideran un ataque directo del Gobierno.

La intervención del Hospital Garrahan, a través de su abogada sumariante, recomendó el despido de Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), junto a otros nueve trabajadores —en su mayoría delegados gremiales con tutela sindical— y la suspensión de una treintena más. En total, 44 empleados fueron alcanzados por el sumario abierto tras las protestas de octubre de 2025, cuando se ocuparon oficinas de la dirección en rechazo al ajuste y a descuentos salariales.

El pedido de desafuero busca levantar la protección sindical de los dirigentes para proceder con las cesantías. Según la intervención, los acusados “dirigieron y tomaron ilegalmente las oficinas” durante el conflicto.

Norma Lezana denunció que Adorni conoció y festejó el contenido de la notificación antes que los propios trabajadores, lo que calificó como “una decisión revanchista, insensible, de persecución evidente del gobierno nacional”. Recordó que lleva 39 años en el hospital y que las protestas de 2025 lograron aumentos salariales y evitaron la renuncia masiva de profesionales. Para Lezana, las sanciones son “el banco de prueba” de la reforma laboral que se discute en el Congreso, destinada a castigar la protesta social. “Vamos a resistir las sanciones, vamos a volver a ser causa nacional abrazando a quienes defendimos el hospital y vamos a movilizarnos contra la reforma laboral y toda la andanada de atropellos”, afirmó.

En respuesta, el equipo de salud del Garrahan convocó a una conferencia de prensa este miércoles a las 12 en la entrada principal del hospital (Combate de los Pozos) y ratificó un Cabildo Abierto a las 16 con decenas de organizaciones. Allí se definirán los pasos a seguir frente a las sanciones, la reforma laboral y el tratamiento de otras leyes en el Congreso. (Con información de APFDigital)

Elías Nicolás Schmid Molina es un niño de 10 años, oriundo de Seguí, y el junio del año pasado fue diagnosticado con leucemia linfoblástica. Inició su tratamiento en el Hospital San Roque de Paraná y luego fue derivado al Hospital Garrahan, en Buenos Aires.

Desde su traslado, la familia del pequeño ha realizado pedidos de ayuda para poder costear los gastos de permanencia en otra provincia y este jueves, su mamá volvió a apelar a la solidaridad de la comunidad.

Según relataron, han sido meses extensos y complejos, atravesados por internaciones, controles constantes y distintas complicaciones propias de la enfermedad. No obstante, destacaron que la evolución del niño es favorable, lo que renueva la esperanza y el ánimo para continuar con el proceso médico.

El tratamiento de Elías aún demandará varios meses más, ya que se trata de bloques considerados de alto riesgo. Por ese motivo, aunque en algunos períodos recibe el alta, los controles son muy frecuentes y existe la posibilidad de nuevas internaciones por bajas defensas, plaquetas u otras complicaciones. Esta situación impide el regreso de la familia a Entre Ríos hasta que finalice completamente el tratamiento.

Ante este escenario, la madre explicó que necesita mantener un alquiler fijo en Buenos Aires, con el fin de garantizar un lugar estable donde alojarse junto a su hijo. A ello se suman los gastos cotidianos de alimentación, higiene y otros insumos básicos necesarios para la vida diaria durante la permanencia en la ciudad.

Durante estos meses, la familia logró sostenerse gracias a la venta de bonos y a distintas colaboraciones solidarias, que permitieron continuar con el tratamiento sin interrupciones. Sin embargo, el reciente aumento del alquiler generó mayores dificultades económicas, lo que motivó un nuevo pedido de ayuda.

“Cualquier aporte, por pequeño que sea, suma muchísimo”, expresaron, al tiempo que remarcaron que compartir la situación también resulta de gran ayuda. Finalmente, agradecieron el acompañamiento constante, los mensajes de aliento y la solidaridad recibida a lo largo de este camino, que consideran fundamental para seguir adelante.

El alias para colaborar es: molina.pris.mp; a nombre de Priscila Indiana Molina.

El gobierno nacional tiene decidido avanzar en la media sanción del Presupuesto 2026. En la reunión de Comisión de hoy, la primera y única, ya hizo circular el dictamen apenas comenzó la comisión.

Sin embargo, la suposición de que el oficialismo iba a mantener el mismo proyecto de ley que envió en septiembre y que había obtenido dictamen de mayoría en noviembre con el fin de acortar los plazos, no se cumplió.

El jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, hizo una pequeña introducción respecto del proyecto y señaló que hoy iban a buscar dictamen favorable “para darle claridad a los argentinos y a los inversores del mundo para que vean que la Argentina de Milei es seria".

Pero rápidamente cambió el clima porque el presidente del bloque de Fuerza Patria, Germán Martínez, le pidió a Bornoroni que explique si es el mismo proyecto y, si no, que explique las modificaciones. “Hubo modificaciones del proyecto presentado en noviembre que están plasmadas en el dictamen que le circulamos a la mayoría de los bloques”, respondió el cordobés sin avanzar en los detalles de los cambios.

Finalmente se conoció que el proyecto actual respecto del enviado por el Ejecutivo establece la eliminación de la ley de financiamiento para las Universidades nacionales, la ley de Emergencia en Discapacidad y los fondos para el Garrahan.

El proyecto de ley del oficialismo incorpora el art. 75, el cual dice: “Se derogan las leyes 27.793 y 27.795”, la primera es la de emergencia en Discapacidad y la segunda es la de los presupuestos universitarios. Respecto del Garrahan, el Gobierno asegura que ya cumplió.

Estos cambios generaron una fuerte crítica de los sectores de la oposición que adelantaron que también presentarán un proyecto y un dictamen propio y que no acompañarán ni la ley de Presupuesto que propone el Ejecutivo ni la ley de Inocencia Fiscal. Hasta se “coló” la reforma laboral en donde algunos adelantaron que tampoco acompañarán.

“Fue responsabilidad del Gobierno no tener presupuesto. No quiso en 2024 y en 2025 para incrementar los niveles de discrecionalidad con los que se manejó. Nos alegra que el Gobierno ahora quiera un Presupuesto, pero necesitamos otro presupuesto, por eso nosotros en noviembre recomendamos que el Ejecutivo haga una reformulación pero ahora vamos a ir con un dictamen y un proyecto propio”, explicó Martínez.

“Nosotros estamos en contra del Art. 30 del proyecto del oficialismo que deroga el 6% para el financiamiento educativo. También proponemos garantizar el financiamiento de la ley de educación técnica y estamos en contra de su eliminación”, señaló Martínez entre los ejemplos que citó para marcar las diferencias. “Por cada tema vamos a tener una propuesta alternativa siempre, porque nosotros no nos rendimos”, sentenció.

Pero no solo la comisión iba a tener un dictamen del oficialismo y otro del peronismo, sino que iba a aparecer un tercer dictamen y el encargado de presentarlo fue el diputado Nicolás Massot del interbloque Unidos.

El bonaerense tuvo un fuerte discurso respecto del proyecto del oficialismo. “Sin que el gobierno se sonroje elimina las tres leyes que sancionó el Congreso, que el gobierno derogó y que el Congreso volvió a aprobar por amplia mayoría. Luego de pocas semanas de decir que no había dinero para esas leyes, volvieron a ampliar los fondos para la SIDE. había dinero para que, por 9 vez, para bancar vaya a saber qué y que es el pozo negro de fondos de la administración Milei que son los fondos de la SIDE. ¿Alguien tiene la audacia de explicarnos qué diablos estamos votando? hay fondos para subvencionar a las empresas que pudieron reportar ganancias y no para las universidades. El 3% de reducción de aportes patronales y la eliminación del impuesto cedular, son más altos que el costo fiscal que se le niega a las universidades, discapacitados y a los pacientes infantiles”, señaló Massot minutos antes de entregar el dictamen con las tres firmas de la representación del bloque en la comisión.

El oficialismo logró, a la hora de comenzar el debate, el dictamen de mayoría con 28 firmas. Es decir, los 20 propios más el PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo, Elijo Catamarca, Innovación Federal e Independencia. En estas 28 firmas hubo 6 disidencias. Respecto a la ley de Compromiso Fiscal también obtuvo el dictamen de mayoría con 28 firmas y 4 disidencias.

El segundo dictamen, y el primero de minoría, fue el de Fuerza Patria con 18 firmas que se suma a otro de minoría de Unidos.

Con estos números ya tiene listos los proyectos de ley para el miércoles ir al recinto en busca de la media sanción de ambas leyes. (Fuente: Infobae)

Autoridades del hospital Garrahan anunció un incremento salarial del más del 60% para sus médicos. Fue confirmado por un comunicado de prensa de la institución este martes y sus trabajadores definieron la medida como un "triunfo histórico".

La Dirección Médica del Hospital aprobó, a través del Consejo de Administración, un incremento del 61% sobre la asignación básica, en cumplimiento con la Decisión Administrativa 29/2025 del Poder Ejecutivo Nacional.

El porcentaje está destinado al personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución. "Una decisión que reconoce el esfuerzo de quienes todos los días hacen posible la atención pediátrica de mayor complejidad del país", indicó el texto.

A su vez, detallaron que "la medida será implementada de forma inmediata e indeterminada" a la par de que "el personal recibirá el retroactivo de octubre en los próximos días".

El primer cobro incluirá un "retroactivo respecto del sueldo de octubre", de acuerdo a un comunicado de parte de sus trabajadores y agregaron que "sin admitirlo, el Gobierno empieza a aplicar parcialmente la ley votada en el Congreso".

Es un "extraordinario triunfo de la lucha" del Hospital y a la vez "una derrota de Milei, Lugones y la gestión del Garrahan, que se jugaron a reventarnos sistemáticamente sin lograrlo", señalaron en el texto.

Entre las medidas que destacaron, mencionaron "asambleas generales sin distinción de afiliación, tarea o sector; paros; movilizaciones; festivales; acciones de visibilización y un sinfín de hechos" con los trabajadores como protagonistas y "acompañados por un apoyo popular sin precedentes". De esta forma, lo definieron como un "triunfo histórico que merecemos festejar".

Por su lado, el secretario general de ATE Garrahan Alejandro Lipcovich agregó que el incremento repercute en varios ítems como por ejemplo "las horas extras, los plus que se cobran por trabajar en área cerrada, en terapia por alta complejidad", entre otros.

También sostuvo que "es un triunfo gigantesco en el país de las paritarias al 1%" luego de una lucha con "huelgas durante 6 meses, movilizaciones, una asamblea general única de todos los trabajadores y una pelea con un enorme apoyo popular".

Así, lo definió como "un aumento que no tiene precedentes" y que "rompe el techo paritario": "Se empezarían a modificar el reglamento de residencias que lo habían transformado en becas; volvería para atrás, que es otro de los puntos de la ley", sostuvo. (Fuente: Ámbito)

El sábado se llevó a cabo en la zona portuaria de Gualeguaychú la jornada de solidaridad Flor de Lis Solidaria, organizada por el Grupo Scout Ceferino Namuncurá con el acompañamiento de la Municipalidad. El objetivo central de la actividad fue la recolección de tapitas plásticas para colaborar con la Fundación Garrahan, en apoyo al Hospital Garrahan.

El evento contó con la presencia del director de Distrito del Grupo Scout, Walter Conculini; el asistente de Distrito en Logística e Infraestructura, Alan Rego y la jefa del grupo Ceferino Namuncurá, Pamela Díaz. En representación del Municipio, participaron el director de Relaciones Institucionales y Culto, Ricardo Rodríguez, y la directora de Habilitaciones, Diana Visconti.

Durante la jornada, se ofreció música en vivo, cantina y espacios de encuentro para grandes y chicos. Pero el motor solidario fue la recolección de tapitas plásticas, que serán destinadas al Hospital Garrahan mediante el Programa de Reciclado de la Fundación Garrahan.

El programa de reciclado de la Fundación Garrahan – que acompaña al Hospital Garrahan – funciona desde 1999 y abarca la recolección de materiales como papel, tapitas plásticas, llaves de bronce y latitas de aluminio. Una vez recolectadas, las tapitas se seleccionan, compactan y transforman en nuevos productos mediante un proceso de reciclaje, y los ingresos que se generan contribuyen al funcionamiento del Hospital Garrahan, su equipamiento, capacitación médica y a la Casa Garrahan.

El secretario general de ATE, Oscar Muntes, confirmó las medidas de fuerza que se llevarán a cabo en la provincia, tras la reunión del Consejo Directivo Provincial (CDP). Las acciones incluyen tres jornadas de lucha definidas y la organización de una gran movilización provincial.

Cronograma de medidas de fuerza

Muntes detalló el calendario inmediato de las acciones gremiales:

Jornada Provincial de Lucha para este jueves que incluirá "asamblea, retiros, movilizaciones" en los lugares de trabajo.

Jornada Provincial de Lucha para el jueves que viene con la misma modalidad.

El 4 de noviembre se realizará una movilización provincial para "acompañar a los paritarios provinciales para fortalecer las demandas que tenemos los trabajadores".

El dirigente enfatizó que las demandas no se centran solo en lo salarial: "No solamente del salario, que es lo principal, sino la renovación de todos los contratos de los trabajadores que están pendiente y del que culminan el 31 de diciembre, que el instructivo de recategorizaciones sea realmente efectivo y cómo se acordó en paritaria por las condiciones de trabajo".

Además de las jornadas definidas, el CDP recibió el mandato de avanzar en la coordinación de una acción unificada con otros gremios y organizaciones. El objetivo es claro: Un mensaje contundente "con un claro mensaje en defensa del Estado", según Muntes.

Apoyo nacional al Garrahan y rechazo a las políticas de Milei

Consultado sobre el anuncio de un paro nacional en solidaridad con el Hospital Garraham y en rechazo a las políticas de ajuste, el secretario General ratificó la participación de ATE Entre Ríos.

"Las jornadas provincial y nacional, van en coordinación para poder pararle definitivamente el avance que tiene Milei con respecto a la destrucción del Estado, de la economía regional y todo lo que tiene valor para el pueblo argentino," concluyó Muntes. (Fuente: APFDigital)

El Gobierno promulgó este martes las leyes de emergencia pediátrica (también conocida como Ley Garrahan) y de financiamiento universitario, ambas ratificadas por el Congreso el 2 de octubre luego de que los legisladores rechazaran los vetos del presidente Javier Milei. No obstante, su aplicación quedó postergada hasta que el Parlamento determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto 2026.

La decisión se formalizó mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, con los cuales el Ejecutivo promulgó las leyes 27.795 y 27.796. Sin embargo, al igual que ocurrió con la ley de emergencia en discapacidad, el Gobierno aclaró que las medidas no podrán ejecutarse sin una definición clara de cómo se cubrirán los costos.

En esa línea, el Ejecutivo recordó que el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente” la forma de financiar las erogaciones que implican estas normas. El argumento replica lo expuesto en septiembre por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuando el oficialismo ya había advertido que la falta de partidas específicas impide aplicar leyes que generan nuevos compromisos fiscales.

La Ley 27.795, promulgada a través del Decreto 759/2025, establece un esquema de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente. También contempla recursos para becas estudiantiles, tecnología, investigación y formación académica, con la actualización de salarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según estimaciones oficiales, la implementación plena de la norma demandaría $1,07 billones en 2025 y más de $2 billones en 2026, cifras que el Gobierno considera “inviables” sin una definición del Congreso sobre los recursos disponibles. La Procuración del Tesoro advirtió que aplicar la ley sin fondos específicos sería incompatible con el artículo 5° de la Ley 24.629, que regula la ejecución del gasto público, y podría generar “responsabilidad funcional” para los funcionarios que la implementen.

En respuesta a la dilación del Gobierno para promulgar la ley de Financiamiento Universitario, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) realiza un paro hoy y mañana, ante el vencimiento de los plazos legales para sancionar la norma. Este martes, habrá una jornada de protesta y el miércoles se llevará a cabo un paro de 24 horas en todo el país.

En tanto, el Decreto 760/2025 promulgó la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias nacionales de profesionales de la salud por un año. La norma busca garantizar el acceso equitativo a los servicios médicos para niños y niñas, fortalecer los hospitales pediátricos y recomponer los salarios del personal sanitario, además de ofrecer incentivos fiscales a quienes trabajen en áreas críticas.

El Hospital Garrahan fue designado como centro de referencia nacional de alta complejidad. El costo fiscal de la medida se estima en $196.270 millones, monto que el Ejecutivo considera difícil de afrontar dado el déficit de $102.400 millones que presenta actualmente el Ministerio de Salud.

El decreto advierte que aplicar la ley sin financiamiento concreto podría afectar programas esenciales, como la entrega de medicamentos a personas vulnerables o la prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. También señala que la norma incluye disposiciones que “invaden competencias del Poder Ejecutivo”, al intentar derogar resoluciones del Ministerio de Salud, lo que (según el Gobierno) vulneraría la división de poderes.

Las dos leyes fueron aprobadas con amplio respaldo opositor, luego de que el Senado volteara los vetos presidenciales. En ese marco, el Ejecutivo decidió promulgar las normas para cumplir con el trámite formal, aunque condicionó su ejecución a la disponibilidad presupuestaria.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, buscó relativizar las tensiones políticas y económicas al asegurar que “la Argentina atraviesa un momento complicado, pero está lejos de una situación terminal”, en alusión a declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había dicho que el país “lucha por su vida”.

Adorni sostuvo que el Gobierno “heredó un desorden enorme” y que “aún falta mucho por recorrer”, pero insistió en que la gestión actual “logró evitar un colapso financiero”. En ese sentido, defendió la postura oficial de condicionar las leyes sociales y educativas a la definición de fuentes de financiamiento, al considerar que “no se puede gastar lo que no se tiene”. (Fuente: Ámbito)

A las 10 de la mañana de este jueves comenzará una sesión clave en el Senado ya que la oposición podría volver a darle un golpe duro al Gobierno. De la misma manera que lo hicieron con la ley de emergencia en discapacidad, buscarán insistir sobre las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en salud pediátrica, ambas vetadas por el presidente Javier Milei.

La sesión fue pactada este martes tras una reunión en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que contó con la presencia de todos los jefes de bloque de la Cámara alta. El eje central del debate será el futuro de los vetos.

El antecedente directo en la Cámara de Diputados expresó una amplitud en la construcción opositora de los dos tercios. La emergencia en salud pediátrica reunió 181 a favor, 60 en contra y una abstención. En tanto, la Ley de Financiamiento Universitario -cuyo futuro estaba más comprometido en el inicio de la sesión- reunió 174 a favor; 62 en contra y dos abstenciones.

En tanto, en la última votación en el Senado, durante el mes de agosto, la definición también fue holgada: 58 votos a favor y 10 en contra para el fondo de universidades y 60 apoyos y 8 rechazos para la iniciativa del Garrahan.

Bajo el título “El rol estratégico del sector nuclear para el desarrollo nacional”, la oposición rechazó el Decreto 695/2025 publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que dispuso la privatización de parte de la empresa. La iniciativa cuenta con la firma de José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta, y de otros 24 senadores.

El bloque peronista buscará incluir este proyecto en el temario durante la reunión de comisión de Ciencia, que espera incorporarlo y dictaminar. De todas formas, como no está incluido en el plan de Labor Parlamentaria, para que este tema sea tratado durante la sesión del jueves tendrá que contar con el apoyo de dos tercios de los presentes.

Otro de los puntos que está en duda para la próxima sesión es la prórroga, por cinco años, de la vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Mirta Delia Tyden. También se podría debatir la propuesta para que el sistema de Alerta Sofía -desaparición de personas- deje de estar regulado por decreto y el mismo sea por una ley sancionada por el Congreso, publicó Ámbito.

En 5 años, desde 2018 hasta el 2023, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) contribuyó a reducir a la mitad los embarazos adolescentes en la Argentina. Según datos oficiales, los embarazos adolescentes pasaron del 49,2% al 27% durante este período, lo que significa una disminución de casi el 50 % en las mujeres de entre 10 y 19 años que se convirtieron en madres.

Entre Ríos, una de las doce provincias donde se aplicó el ENIA, también evidenció muy buenos resultados: el porcentaje de niñas y adolescentes embarazadas pasó del 15.8%, en 2018, al 9.6% en 2022, lo que representa una reducción del 57.5%. Además, en el caso de las menores de 15 años la caída fue aún más significativa, alcanzando cerca del 70% (de 97 embarazos anuales a 30).

Pero en mayo del año pasado la motosierra libertaria recortó este programa, del que participaban, en Entre Ríos, más de 70 profesionales de diversas disciplinas, como psicólogas, trabajadoras sociales, licenciadas en obstetricia, médicas y docentes. Quienes se encargaban de garantizar el acceso a información científica, prestaciones de salud, espacios terapéuticos y asesorías en salud sexual y reproductiva. Además, capacitaban y acompañaban a equipos de salud y docentes en escuelas, centros de salud, hospitales y espacios comunitarios.

El pedido de continuidad provincial del ENIA por parte de las profesionales encontró un contundente rechazo del gobernador Rogelio Frigerio, alineado con el achicamiento del Estado ejecutado por la Nación. ¿Cuáles son las consecuencias de tales recortes? ¿qué se está haciendo en la actualidad desde la provincia? ¿por qué el ENIA fue tan importante?

Desfinanciamiento de la salud pública

Valeria Isla fue directora de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación entre 2019 y 2023, dirección de la que dependía el Plan ENIA. En diálogo con EL ARGENTINO, se refirió al “impacto negativo” que la discontinuidad del plan tiene para la población adolescente.

“Toda la política pública de acceso a la salud sexual de adolescentes estuvo basada en estrategias de equipos interdisciplinarios que iban a buscar a los y las adolescentes de las zonas del país donde las tasas de embarazo eran más altas, entre las que estaba la provincia de Entre Ríos. También uno de los ejes fue ofrecer los métodos anticonceptivos de larga duración, entonces cada adolescente que se colocaba un implante o un DIU y tenía una cobertura de tres años o más, depende del método. Ahora se homologaron implantes que duran cinco años y DIUS que duran diez años”, explicó la ex funcionaria. Y puntualizó: “Para un adolescente tener la cobertura de métodos de larga duración puede implicar terminar su secundario, poder elegir qué hacer luego, tener una perspectiva de desarrollo profesional”.

La compra y distribución de métodos anticonceptivos por parte del gobierno nacional se cortó a cero en 2024. Lo que generó el traslado de esta responsabilidad a provincias y municipios, y el consecuente faltante en centros de salud y hospitales.

“Se resintió mucho el sistema de salud, se desvincularon y se echaron a más de 700 personas que estaban distribuidas en 12 provincias. No eran personas que estaban sentadas en una oficina, eran equipos territoriales que trabajaban dentro de las escuelas, favoreciendo y estimulando la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI) y conectando la escuela con el centro de salud”, relató Islas.

“En 2024 y 2025 se sub ejecutó totalmente el presupuesto, le sacaron plata para poner en temas fiscales, como se está viendo ahora con lo que está pasando con el Garrahan, que tienen la plata, pero la tienen invertida en la bicicleta financiera”, cuestionó la ex funcionaria nacional.

Falta de políticas para las adolescencias

Por otra parte, Georgina López, a cargo de la Dirección Materno Infanto Juvenil del Ministerio de Salud de Entre Ríos, también dialogo con EL ARGENTINO. La funcionaria habló de la “autonomía que ha generado este sistema actual de gobierno”, que “ha hecho que cada provincia se repiense y trate de formularse algunas estrategias que, por supuesto, permitan el acceso a la salud de todos los adolescentes en el caso de la primera consulta”.

Consultada por el impacto que generó en la provincia el recorte del Plan ENIA, remarcó: “se podría decir que se fortalecieron muchos convenios que se han hecho desde escuelas con centros de salud. Uno de ellos fue el que hace muy poquito, en la jornada que hicimos, en el Juan L. Ortiz, de Adolescencia, que tiene que ver con la escuela agrotécnica y con el centro de salud que está en San Cristóbal”.

“Así como este convenio, tenemos muchos más donde aseguramos que las asesorías se puedan realizar dentro de las escuelas y los turnos también estén protegidos. Ese es uno de los modos a través de los cuales nuestra provincia puede dar respuesta”, puntualizó.

Pero, más allá de la mirada oficial, quienes han formado parte del ENIA en Entre Ríos remarcan la insuficiencia de este tipo de políticas, que muchas veces se quedan en el plano institucional. Gabriela De La Cruz es psicóloga y trabajó como “consejera” del Plan desde su implementación, en 2018, en el departamento Gualeguaychú (Paraná y Concordia fueron los otros dos departamentos entrerrianos en los que se implementó).

“En cada departamento había cuatro equipos diferentes. Yo fui parte del equipo de consejeras en salud integral, compartía el espacio con una médica generalista y una licenciada en obstetricia. Nuestra función era capacitar a profesionales y personas empleadas en dispositivos de Salud, los otros equipos estaban presentes en las escuelas, trabajando directamente con adolescentes y en los barrios, con adolescentes sin escolarización”, explicó para esta nota.

“Nosotras no trabajamos directamente con adolescentes, pero en los equipos de salud era muy solicitado poder trabajar sobre violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y violencia por motivos de género. Hoy no se está desarrollando ningún tipo de política similar, ni a nivel nacional, ni provincial ni municipal. No hay programas que trabajen específicamente sobre la población del embarazo adolescente. No hay políticas públicas pensadas para las adolescencias, en lo referido a la salud integral”, remarcó.

“La discontinuidad de este tipo de políticas trae mayores problemáticas a quienes más los necesitan y a las poblaciones más vulnerables. El ENIA no solo se trataba de prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia, sino que garantizaba espacios de contención para adolescentes, de potenciar decisiones informadas para el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, además velaba para que puedan acceder a métodos anticonceptivos con información confiable y segura”, agregó la profesional.

En la actualidad, esos espacios de contención y escucha para adolescentes no existen más y son demandados por la población objetivo. De eso dan cuenta los directivos de las escuelas secundarias, sobre todo. En tanto la falta de cobertura integral en métodos anticonceptivos marca el deterioro de una política que supo ser muy virtuosa y mostró buenos resultados.

Al respecto, la directora de Materno Infanto Juvenil del Ministerio de Salud entrerriano se refirió a la baja de natalidad que experimenta todo el territorio argentino y, en ese marco, la “colocación de implantes de larga duración”.

“En función de la tasa de fertilidad nos planteamos cuánto debemos comprar y la provincia asume ese costo, como el resto de las de las provincias”, aseguró López, aunque lo cierto es que la mayoría de los municipios entrerrianos han tenido problemas con la provisión de métodos anticonceptivos porque los recursos que llegan desde la provincia han sido insuficientes. Por otro lado, la colocación de anticonceptivos de larga duración en años anteriores continúa garantizando bajas tasas de nacimientos en esta franja etaria. Pero, lógicamente, en necesario el sostenimiento en el tiempo de este tipo de políticas.

Así como el ENIA y la fuerte inversión en salud pública que implicó su puesta en funcionamiento mostraron buenos resultados en el mediano y largo plazo, los resultados del recorte y el desfinanciamiento también lo harán en los años venideros. Especialmente en las provincias que venían evidenciando índices superiores a la media nacional en el tema, como Entre Ríos.

Diputados rechazó los dos vetos contra la emergencia en pediatría y el financiamiento universitario por amplio margen en cada una de las dos votaciones y ahora todo pasa a la órbita de la Cámara de Senadores de la Nación.

La oposición revirtió hoy en la Cámara de Diputados los vetos del presidente Javier Milei para ratificar la ley de aumento de financiamiento universitario y la declaración de Emergencia en Pediatría, por la crisis en el Hospital Garrahan.

El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), en alianza con el PRO, llegó debilitado a la sesión para alcanzar el tercio de votos necesarios que se requiere para sostener los vetos, tras perder las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre frente al peronismo. Desde hace meses, el Gobierno viene sufriendo varias derrotas consecutivas en el Congreso, en la previa de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En la oposición había optimismo y cierta cautela en lograr el objetivo de la insistencia de las leyes que refuerzan los fondos destinados al hospital pediátrico insignia y las universidades nacionales. Pero en las últimas horas, la Casa Rosada articuló varias estrategias para conseguir el apoyo para blindar los vetos, con nuevos fondos a gobernadores aliados y dialoguistas, y el anuncio de futuros aumentos al personal del Garrahan.

Fue un golpe duro para el Gobierno, porque en el Senado la oposición cuenta con una amplia mayoría de dos tercios para confirmar la insistencia de las dos leyes.

El diputado nacional entrerriano Atilio Benedetti (UCR) anticipó que este miércoles rechazará los vetos presidenciales a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, que se discutirán en la Cámara de Diputados.

El legislador sostuvo que comparte “el esfuerzo por tener un país con una macroeconomía saneada”, pero aclaró que ello “también implica ser muy transparentes y ejemplares en cualquier proceso que involucre sospechas de corrupción”. En ese marco, aseguró: “No voy a respaldar el veto presidencial”.

Su definición marca un cambio respecto a su votación anterior en la Cámara baja. El 6 de agosto, cuando la Emergencia Pediátrica obtuvo media sanción, Benedetti se había pronunciado en contra. Ahora, adelantó que acompañará la norma, a la vez que mantendrá su respaldo al proyecto de financiamiento universitario.

De confirmarse su postura, el radical entrerriano se sumará al sector opositor que buscará ratificar ambas leyes, en un debate que promete alta tensión política y que será seguido con atención por universidades y organizaciones vinculadas a la salud infantil.

La sesión de este miércoles se inscribe en una fuerte pulseada entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, en la que el oficialismo intentará sostener los vetos como herramienta de control fiscal, mientras que la oposición insiste en la necesidad de garantizar recursos para universidades públicas y hospitales pediátricos.

El Hospital Garrahan atraviesa una crisis inédita que pone en riesgo la atención de miles de niños en todo el país. El Dr. Mauro García, jefe de Terapia Intensiva, expresó su preocupación y advirtió: “La fuga de profesionales puede desmantelar el hospital”.

Según explicó el médico, desde hace más de 18 meses los trabajadores perdieron poder adquisitivo y muchos decidieron abandonar el centro de salud. “Ayer contabilizamos 245 renuncias desde que comenzó el conflicto. En oncología, por ejemplo, había cinco puestos para ocupar y se ocupó uno solo. Este hospital atiende el 40% de los pacientes oncológicos del país. Estamos preocupados por el futuro”, subrayó.

García recordó que la Ley de Emergencia Pediátrica, recientemente vetada por el Gobierno, buscaba actualizar los salarios a fines de 2023 y compensar la inflación. “No es una gran cantidad de dinero, pero lograría compensar algo de todo esto”, explicó en diálogo con Radio Rivadavia.

El especialista enfatizó que la pérdida de profesionales altamente capacitados afecta de manera crítica el funcionamiento del hospital. “Es el peor momento en mis 27 años en el hospital y en los 38 que tiene de vida”, remarcó.

El médico también alertó sobre la precarización laboral en áreas clave: “En terapia intensiva nos ofrecieron contrato de locación. Un médico que estudió medicina, pediatría y terapia intensiva va a ser una guardia de domingo sin recibo de sueldo, vacaciones, aguinaldo ni licencia”, denunció.

Respecto a los residentes, detalló que muchos optaron por la beca institucional frente a la ministerial, a pesar de perder derechos laborales. “Les ofrecían 800.000 pesos en la beca ministerio y 1.300.000 en la institución, pero no van a tener recibo de sueldo ni antigüedad, y las licencias dependen de la jefatura. Esto refleja la precarización que estamos viviendo”, indicó.

En cuanto a las medidas de fuerza, García informó que el paro comenzó a las 7 de la mañana y se extendió hasta el día siguiente, con un receso nocturno. Aclaró que “las emergencias se atienden”, aunque se reprograman turnos.

Sobre las gestiones políticas, destacó que hubo reuniones con diputados y gobernadores antes del veto. “La salud pública es fundamental. Este país no puede funcionar sin salud pública. Si el veto persiste, recurriremos a la judicialización”, afirmó.

Finalmente, advirtió que lo más grave es la fuga de profesionales formados y comprometidos: “Se van al sector privado, muy difícil de reponer”. (NA)

La oposición convocó hoy a una sesión especial en la Cámara de Diputados el miércoles 17 de septiembre para debatir los recientes vetos presidenciales y la creación de comisiones investigadoras sobre temas sensibles para el gobierno de Javier Milei.

El pedido de sesión fue oficializado este viernes luego de que el presidente Javier Milei vetara dos leyes aprobadas por el Congreso: la de financiamiento universitario, que actualizaba por inflación los fondos para las universidades nacionales y ordenaba reabrir las paritarias del sector, y la ley de emergencia pediátrica, que buscaba fortalecer los recursos hospitalarios y recomponer ingresos del personal de salud infantil. Según argumentó el Poder Ejecutivo, ambas medidas implican un costo fiscal “excesivo” que pondría en peligro la estabilidad macroeconómica.

La sesión de la semana que viene se desarrollará en un clima de alta tensión por la presión de rectores universitarios, médicos pediátricos y sindicatos docentes. De hecho, este viernes ambos sectores se movilizaron a la Plaza de Mayo y adelantaron que volverán a marchar el día de la sesión.

Sin embargo, el temario de la convocatoria incluye otros temas incómodos para el Gobierno, como pedidos de informes verbales a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, en torno a la difusión de audios que los vinculan con supuestos pagos ilegales y contrataciones sin licitación en el área de discapacidad. También se busca interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y autoridades del área sobre presuntas irregularidades en la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS) y sobre denuncias de cobros indebidos en procesos vinculados a prestaciones sociales.

Además, la convocatoria incorpora el debate de varios proyectos para la creación de comisiones especiales investigadoras orientadas a esclarecer hechos relacionados con la comercialización de fentanilo contaminado en el sistema de salud, así como la determinación de posibles responsabilidades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en la fiscalización de estos casos.

Por otro lado, se incluyó en el temario la modificación del régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia –con propuestas para limitar las atribuciones del Ejecutivo y fortalecer el rol del Congreso–, así como la discusión de la reforma democrática de ANDIS y la derogación de artículos de normativas vigentes sobre discapacidad. Otros expedientes incluyen la creación o fortalecimiento de programas de prevención del embarazo adolescente en el Ministerio de Salud y la transformación institucional de organismos como el INA y el INPRES en el ámbito científico y policial.

El trasfondo político de la sesión estará marcado por negociaciones activas entre la oposición y gobernadores peronistas y radicales, que exigen respuestas a las demandas de fondos para las provincias. El oficialismo, por su parte, busca el respaldo de aliados estratégicos y evalúa la posibilidad de incorporar paliativos presupuestarios en el proyecto de Presupuesto 2026 para evitar que la oposición alcance la mayoría especial requerida para rechazar los vetos.

Para rechazar los vetos la oposición necesita dos tercios de los votos presentes en ambas cámaras, un escenario incierto donde el respaldo de diputados provinciales será determinante.

La convocatoria a sesión especial, finalmente, incluye el tratamiento de diversos mensajes del Poder Ejecutivo, como la transformación de organismos nacionales y la aprobación de estatutos para instituciones como la Policía Federal y la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

El presidente Javier Milei se enfrenta a otro traumático paquete de vetos tras la paliza electoral sufrida por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y con el gobierno nacional ya inmerso en la delicada campaña para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. El mandatario tiene tiempo hasta jueves para vetar las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario además de la ley de reparto de Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN) impulsada por todos los gobernadores de provincias.

Desde que el Senado, en emergencia pediátrica y financiamiento universitario, y Diputados, en el caso de la ley de distribución de los ATN, comunicaron formalmente la sanción de las normas al Poder Ejecutivo Nacional, comenzaron a correr los 10 días hábiles que Milei tiene para vetar parcial o totalmente las leyes. Ese plazo se cumplirá este jueves.

El Presidente viene de sufrir el rechazo a su veto a la emergencia en discapacidad y la sostenibilidad de nuevos vetos está en duda en el Congreso no sólo tras la derrota política en la provincia de Buenos Aires y el alejamiento de gobernadores aliados que conformar el bloque de Provincias Unidas, sino porque el oficialismo atraviesa un momento de extrema debilidad legislativa en medio de la campaña electoral.

La semana pasada en el marco de su viaje a Los Ángeles, durante su disertación en el Instituto Milken, Milei advirtió que “en el Congreso Nacional, los políticos llevan tres meses intentando lanzarnos un misil fiscal que aumente el gasto público, con la intención de tumbarnos el superávit y retornar el sendero de la emisión, inflación y miseria. El Congreso opositor quiere forzar al Ejecutivo a gastar más para que pierda una elección”.

Frente a un eventual nuevo veto que debería ser publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno quedaría expuesto a una nueva dura pelea en el Congreso, ya que la oposición se encuentra en condiciones de insistir sobre las leyes con dos tercios de los votos en el recinto. La ley de emergencia pediátrica se aprobó en el Senado con 62 positivos, por encima de los dos tercios mientras que el financiamiento universitario obtuvo 58 positivos y quedó a solo un voto de alcanzar esa mayoría calificada, reseñó el medio gráfico Ámbito.

Esta semana las universidades del país emitieron comunicados y realizarán acciones para pedirle al Presidente la reglamentación de la ley de financiamiento, que prevé la convocatoria a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes según la inflación, la actualización de los gastos de funcionamiento y la creación de fondos destinados a infraestructura y becas, entre otros puntos.

Otro incómodo veto que deberá definir Javier Milei en las próximos horas apunta a la ley de distribución de los ATN impulsado por los 24 gobernadores. En medio de la convocatoria lanzada a los mandatarios provinciales para que se reúnan con Francos tras la paliza electoral en Buenos Aires, la Casa Rosada se enfrenta a un escenario delicado.

La ley ya aprobada de los ATN elimina la discrecionalidad política en la distribución de esa partidas al plantear un mecanismo automático de reparto acorde a la ley de coparticipación. Dispone que a la Nación le corresponderá el 41,2% de ese fondo, mientras que el 58,8% restante se repartirá entre las provincias según los coeficientes de coparticipación. De acuerdo a la estimación de los gobernadores, el costo fiscal equivaldría solo al 0,03% del PBI ($253.000 millones). Y advierten: “Si nos convocan a una mesa de diálogos y arrancan vetando esta ley, va a ser una declaración de guerra. Además son recursos que ya les pertenecen a las provincias”.

Entre las voces críticas, se alzó con fuerza la del diputado provincial y ex Intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, quien en una entrevista advirtió sobre el impacto que estas medidas pueden tener, no solo en la producción agropecuaria, sino también en la sostenibilidad ambiental, la innovación tecnológica y la vida democrática de las instituciones.

“Las decisiones que tomó el Gobierno Nacional preocupan seriamente porque hubo un fuerte desconocimiento de instituciones como el INTA y el INTI. Es absolutamente impensado llevar a cabo mejoramientos de los procesos productivos sin estas instituciones. No tiene que ver sólo con la incorporación de tecnologías, sino también con el sostenimiento ambieNtal”, afirmó el legislador a EL ARGENTINO.

Bahillo explicó que no se trata únicamente de producir más o mejor, sino de hacerlo en línea con estándares internacionales que hoy son cada vez más estrictos: “El mundo demanda procesos sostenibles en términos ambientales. En materia de alimentos es mucho más exigente en términos de inocuidad, de calidad y de procesos productivos sostenibles. Además del mejoramiento permanente que hay que ir haciendo en estos procesos de producción de alimentos”.

Más allá de la cuestión productiva y ambiental, Bahillo advirtió que las decisiones del Gobierno implican un serio retroceso en la gobernanza del organismo: “Pierde una gobernanza que era muy virtuosa. En el INTA, el gobierno pretendía modificar todo lo que tiene que ver con el consejo directivo”, dijo, refiriéndose a la intención del oficialismo de cambiar la composición del órgano que históricamente ha definido las prioridades de investigación y asignación de recursos.

El diputado explicó que este esquema de gobernanza mixta, con participación del Estado, las universidades, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil, había sido clave para garantizar que las decisiones del INTA respondieran a una visión plural y a las necesidades reales de la producción: “La agenda del INTA era una agenda mixta. Cuando se definían las prioridades, el Estado estaba en igualdad de condiciones con el sector privado y juntos, entre los sectores de la producción y los funcionarios de turno, se le daba prioridad a esa agenda. En función de eso se ejecutaba el presupuesto”.

Lo que propone el Gobierno, según Bahillo, es desandar todo este camino: “Pretenden sacar a las universidades, eliminar este consejo directivo y dejarlo solo en cabeza de la Secretaría del Ministerio de Economía, con lo cual es una manera encubierta de vaciarle el presupuesto. El gobierno no va a definir una agenda de trabajo, no va a definir una agenda de prioridades, no va a asignar presupuesto a esta lista. Va a tener un manejo absolutamente discrecional y unilateral, por lo cual es un retroceso en términos de participación ciudadana y de los sectores involucrados”.

El legislador entrerriano puso como ejemplo la importancia que el INTA ha tenido para las economías regionales, que suelen tener menor escala que las grandes zonas productivas del país: “El INTA tiene un rol absolutamente central. Y además tiene un rol muy importante en las economías regionales, que por lo general no tienen una escala económica importante como las economías centrales. Allí, el Estado, a través del INTA, promueve líneas de mejoramiento de los procesos. Por ejemplo, me refiero a mejoramiento de la genética de las plantas para lograr mayor rendimiento por unidad de superficie; un mejoramiento en el aprovechamiento del agua y el riego”.

Incluso recordó que el organismo tuvo un papel decisivo en avances científicos históricos: “El INTA fue fundamental en el descubrimiento de la vacuna contra la aftosa. Esto está relacionado con el estatus que tenemos en la materia. El INTA fue quien llegó a ese desarrollo. Después siempre hay una articulación con los sectores privados que son los que la producen y la comercializan”. Por eso, Bahillo considera que las decisiones del Gobierno no solo debilitan la institucionalidad, sino que ponen en riesgo la capacidad del país para sostener y mejorar estándares de producción, calidad y sostenibilidad ambiental.

El legislador vinculó estas decisiones con un modelo político y económico que, a su entender, prioriza únicamente el ajuste fiscal sin contemplar su impacto social: “Estamos ante la opción de decir: seguimos sosteniendo un sistema republicano de gobierno con división de poderes y con respeto entre los poderes, o le seguimos dando a un gobierno altamente autoritario que está demostrando cada vez menos transparencia y de dudosa honestidad en su proceder. Le seguimos dando un cheque en blanco a un gobierno que hace del ejercicio del poder un hecho de crueldad y de violencia hacia lo que no piensan igual. Es realmente inusitado y no se corresponde con una época democrática”.

Bahillo reconoció que el país necesita equilibrio fiscal, pero cuestionó con dureza el camino elegido por el oficialismo: “Es cierto que había que transitar un camino de mayor equilibrio a la economía de nuestro país, pero esto se podría haber logrado claramente afectando o involucrando a otros sectores, como son los grandes sectores financieros, la energía, la minería, los grandes contribuyentes de este país. Hoy, el cincuenta por ciento de este ajuste es a costa de matar de hambre a nuestros jubilados y destruir el sistema previsional”.

El diputado también fue muy crítico con actitudes del Presidente hacia distintos sectores de la sociedad, en especial hacia el Garrahan y hacia quienes trabajan en áreas sensibles como la salud infantil: “No debe haber en mi consideración una profesión o una actividad más altruista que trabajar con chicos con pacientes oncológicos. Desde los médicos, los pediatras, hasta los trabajadores de la salud, enfermeros, camilleros… Si hay algo que demuestra vocación y amor al prójimo tiene que ver con quienes desempeñan esa profesión. La verdad que demonizar a los pediatras y a los trabajadores de Garrahan, que se ocupan de nuestros chicos con problemas de cáncer, vamos a hacer las cosas como son, es de una violencia inusitada”.

Bahillo también cuestionó el agravio del mandatario a un adolescente con autismo: “Pelearte con un chico de 12 años, que es autista, es no entender la responsabilidad que se tiene como Presidente. La violencia de arriba genera más tarde, más temprano, violencia abajo. Tenemos mayores responsabilidades en la vida pública y el presidente de la Nación, sea quien fuere, tiene la mayor de las responsabilidades. Tenemos que ser los primeros en cuidar la paz social y la convivencia entre los distintos sectores de la sociedad y no andar rompiendo todo”.

Finalmente, Bahillo aseguró que el ejercicio del poder no puede desligarse de valores éticos y de una mirada humanista: “La función pública es, antes que nada, una vocación de servicio. No importa qué responsabilidad tenés, después vemos en qué responsabilidad nos toca, pero antes de nada es vocación de servicio, es amor al prójimo. Tenés que tener vocación de servicio, amor al prójimo, pensar en una sociedad mejor y querer a tu país. La construcción de una sociedad mejor no puede ser sobre la base de la crueldad y de la violencia como lo ejerce este gobierno. Eso siempre termina mal”.

Con esta mirada, Bahillo dejó en claro que el debate sobre el INTA excede lo productivo y se enmarca en una discusión más amplia sobre el rumbo económico, político y social del país. Recordemos que estos DNU fueron anulados en el Congreso, por lo que se sigue de cerca cómo continuará el tema. Desde el Gobierno no descarta una posible judicialización.

Una votación que reflejó tensiones políticas, con 62 votos afirmativos y 8 negativos, el Senado sancionó la ley que declara por un año la emergencia en salud pediátrica y en las residencias nacionales. Los votos en contra provinieron de legisladores libertarios como Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto, además del formoseño Francisco Paoltroni y la diputada del PRO Carmen Álvarez Rivero. Entre las ausencias destacadas estuvieron Alfredo De Ángeli, Juan Carlos Romero y Claudia Abdala Ledesma.

La ley reconoce al Garrahan como centro nacional de referencia en alta complejidad pediátrica y garantiza su funcionamiento pleno. En medio de un conflicto sanitario que se profundiza, la norma busca asegurar el acceso equitativo a servicios esenciales para niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa contempla la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos y personal esencial. También establece la recomposición salarial del personal de salud, incluyendo residentes, con un piso equivalente al nivel real de noviembre de 2023. Además, se propone eximir del Impuesto a las Ganancias a quienes desempeñen tareas críticas en el sistema.

El Poder Ejecutivo deberá reasignar partidas dentro del ejercicio vigente y podrá ampliar recursos mediante reservas sanitarias. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud, encargado de reglamentar la ley. Se crea también una comisión de seguimiento integrada por representantes legislativos, del Ministerio, COFESA y la Sociedad Argentina de Pediatría, que emitirá informes públicos trimestrales sobre el cumplimiento de la norma.

Durante el período de emergencia, los programas de salud infantil tendrán prioridad presupuestaria, con especial atención en áreas críticas como neonatología, urgencias y oncología pediátrica. La sanción de esta ley representa un paso importante en la defensa del derecho a la salud de las infancias, en un contexto donde la atención pública enfrenta desafíos estructurales.

Ocho horas fue el tiempo que le llevó a un equipo médico interdisciplinario del Hospital Garrahan preparar y separar a dos bebas siamesas oriundas de la ciudad santafesina de Rosario que estaban unidas por el esternón y que compartían el hígado. “Están estables, en terapia intensiva. Fue una cirugía amplia y compleja, pero evolucionan bien”, contaron dos de los especialistas que participaron de una intervención poco frecuente.

Luego de la operación llevada adelante una semana atrás, las niñas de apenas tres meses de vida permanecen alojadas en ese centro de salud, pero ya no necesitan ser asistidas con respirador mecánico, informó, en diálogo con radio La Red, Nicolas Morcillo, neonatólogo de terapia intensiva.

La intervención a la que fueron sometidas las bebas no es algo común en el Garrahan. Suele haber entre uno o dos casos por año. No más. Fueron ocho horas en las que las bebas estuvieron dentro del quirófano: dos para prepararlas para que se durmieran, se las entubara y se les colocara una vía central y el tiempo restante fue para, finalmente, separarlas.

Mariano Boglione, el jefe del área de cirugía del centro de salud porteño, explicó que existe “una gran variedad de gemelos unidos, como se llama médicamente a los siameses, donde algunos pueden compartir torso, otros la cabeza”.

En este caso en particular, las niñas solo estaban unidas por el abdomen y compartían el hígado, no tenían otra malformación. Sin embargo, indicó Boglione, cada una de ellas tenía sus respectivas arterias y venas y la vía biliar propia, “por eso es que las pudimos separar, ya que cada una contaba con su vehículo hepático”.

Ahora, tras la intervención exitosa, cada una de las bebes vive con un hígado funcionando correctamente. “Les quedó una marca en la línea media del abdomen. Se cerró la pared abdominal con un cirujano plástico especialista en reconstructiva, pero se es una incisión bastante cosmética”, contó el cirujano ante la pregunta de los periodistas sobre el postoperatorio.

“Las chicas van a poder tener una vida totalmente normal”, resaltó, aliviado, Boglione. Por el momento, las niñas van a continuar internadas en el Garrahan hasta que puedan valerse por sus propios medios, como alimentarse.

Los padres primerizos de las niñas habían recibido el informe de que sus niñas, que crecían en el útero de la mamá, eran siamesas. “Luego, la familia llegó a nosotros a través de una nuestro programa de diagnóstico fetal, que busca captar este tipo de patologías en las embarazadas par poder brindar una atención inmediata en los casos que lo requieran”, explicó el neonatólogo Morcillo.

Tras iniciado el seguimiento, los médicos indicaron que en la semana 33 del embarazo había que hacer la cesárea, procedimiento que se llevó a cabo en el Hospital Argerich, en el barrio de La Boca. Una vez que nacieron las niñas, fueron derivadas al Garrahan, donde estuvieron tres meses hasta que se tomó la decisión de intervenirlas quirúrgicamente para separarlas.

Vale aclarar que, previo a la operación, el equipo realizó una simulación para garantizar la precisión del procedimiento que permitió separar los órganos y asegurar que cada bebé conserve su hígado en correcto funcionamiento.

“Este tipo de intervenciones son las que estamos haciendo hace tiempo en el hospital. Este es el lugar que ocupa el Garrahan, donde nos dedicamos con mucho amor y orgullo”, cerró Morcillo, en medio de la disputa con el Gobierno por las pasantías y sueldos de los profesionales. (Fuente: La Nación)

El presidente Javier Milei dará este viernes a las 21 horas una cadena nacional para explicar los vetos a las leyes de emergencia en discapacidad, aumento en jubilaciones y moratoria previsional. El eje del mensaje será explicar "la necesidad de mantener el equilibrio fiscal" ante la toma de medidas antipáticas para la población.

"Milei va a amurallar el déficit cero y la política monetaria", explicó un colaborador presidencial a este medio sobre el contenido del mensaje, que fue anunciado en conferencia de prensa por el vocero Manuel Adorni.

El mensaje se grabará a las 18 en el Salón Blanco de Casa Rosada y se prevé que dure entre 30 a 40 minutos, agregaron fuentes del Ejecutivo. Si bien todavía no está confirmado, podría sumarse a la cadena nacional el ministro de Economía, Luis Caputo, y parte del equipo económico.

En el oficialismo confían en que podrán sostener en el Congreso los vetos que se publicaron este lunes en el Boletín Oficial. Ante una consulta de este medio, en el Ejecutivo ratificaron que, en caso de un escenario adverso, apelarán a la Justicia.

Además de argumentar los vetos ya firmados, el jefe de Estado abordará el revés que sufrió el miércoles en la Cámara de Diputados, cuando se aprobó y giró al Senado la Ley de Financiamiento Universitario y la ley de emergencia de salud pediátrica, provocada por la situación en el Hospital Garrahan. El duro golpe para el oficialismo se completó con el rechazo -durante la misma sesión- de cinco DNU clave para el Gobierno (Disolución de organismos de Economía, Reorganización de la Secretaría de Transporte, Reforma de organismos de Cultura, Transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos y Régimen de excepción para la Marina Mercante).

Sobre este último punto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos argumentó este viernes en declaraciones radiales que el Gobierno mantendrá las medidas que fueron impulsadas por las facultades delegadas que aprobó el Poder Legislativo. “Es medio ridícula la situación… Si te delegan y después te rechazan cuando utilizas la delegación, es como una cosa medio ilógica”, cuestionó, apuntando al Congreso.

El presidente Javier Milei oficializó el lunes a través del Boletín Oficial el veto total a los tres proyectos de ley de carácter social que había sancionado el Congreso: el de aumento a las jubilaciones, el que reinstauró la moratoria previsional y el que declaraba la emergencia en discapacidad.

El Ejecutivo publicó además un comunicado en cual justificó la medida oficial y lanzó una advertencia a la oposición por la sesión de este miércoles.

"Esta semana se tratarán nuevos proyectos en el Congreso, del mismo calibre y con la misma intención: pretenden forzar al Gobierno nacional a gastar más sin decir de dónde sacar el dinero. Esta administración confía en que una parte del arco político comprenda la relevancia histórica de este momento y apoye la decisión de romper con una tendencia de más de 100 años que ha sumido a millones de argentinos en la pobreza", reza el comunicado oficial.

Durante la semana, distintos actores cuestionaron la medida e incluso se movilizaron al Congreso. En el marco de la celebración por San Cayetano, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, lanzó duras críticas al Gobierno durante su homilía, al pedir que las autoridades no abandonen a los sectores más desprotegidos. “ No podemos desentendernos de los jubilados ni de las personas con discapacidad”, expresó el prelado, en un mensaje con fuerte contenido social y político.

Este jueves, una multitud integrada por trabajadores, médicos, residentes y gremios del Hospital Garrahan marchó desde el Congreso Nacional hasta Plaza de Mayo, en una movilización que combinó reclamos salariales, denuncias por precarización laboral y un fuerte rechazo al ajuste del sistema de salud público.

La protesta fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital y sumó el respaldo de gremios de la CGT, las dos CTA y organizaciones sociales y políticas. El reclamo, que se hace sentir en medio de un contexto de ajuste generalizado, apunta contra la parálisis presupuestaria del Gobierno nacional.

“Los salarios están por debajo de la canasta básica”, advirtieron los gremios, que también denunciaron la falta de insumos, la sobrecarga horaria y la negativa del Ejecutivo a pasar a planta al personal contratado.

La columna partió desde el propio hospital, con una primera parada frente al Congreso, y desde allí avanzó por avenida de Mayo rumbo a Casa Rosada. Mientras tanto, el Garrahan no se detuvo: en simultáneo con la marcha, se realizaron cinco cirugías de alta complejidad, entre ellas un trasplante hepático infantil y neurocirugías. La protesta incluyó un paro de 24 horas, aunque se garantizó la atención de urgencias y pacientes internados.

Pese a que desde el Gobierno recordaron que rige la conciliación obligatoria, los trabajadores ratificaron sus demandas. “Lo que está en juego es la salud de miles de niños y niñas”, advirtieron.

La UBA también expresó su apoyo y cuestionó las modificaciones al régimen de residencias médicas impulsadas por el Gobierno, al considerar que eliminan derechos laborales y afectan la calidad del sistema público.

La movilización concluyó frente a la Casa Rosada, con un mensaje claro: sin inversión en salud, no hay futuro.