La Jefatura Departamental de Policía de Gualeguaychú fue el lugar elegido para alojar a la importante cantidad de detenidos que el personal de la Unidad de Procedimiento e Investigaciones de la Gendarmería Nacional, con asiento en Concordia, y funcionarios policiales de la ciudad, trasladaron desde distintos barrios y de la Unidad Penal 9, en el marco de una investigación por narcotráfico impulsada por la fiscal Martina Cedrés.

Todo el procedimiento se realizó bajo un gran hermetismo y hasta el momento se desconoce el número total de personas que fueron detenidas. Además, uno de los lugares allanados fue la propia cárcel de la ciudad, donde también hay personas involucradas.

Según pudo saber EL ARGENTINO, además de los detenidos, hubo secuestro de armas y elementos para el fraccionamiento de estupefacientes.

Efectivos de la Sección Seguridad Vial “Ceibas”, dependiente del Escuadrón 56 “Gualeguaychú” de Gendarmería Nacional, detectaron el traslado ilegal de 227 aves silvestres durante un operativo de control realizado en la madrugada de este viernes sobre la Ruta Nacional N.º 12.

El procedimiento se llevó a cabo cuando los uniformados inspeccionaron un vehículo particular que circulaba en sentido norte-sur. Durante la revisión, encontraron 201 ejemplares de cardenal copete rojo (Paroaria coronata) y 26 jilgueros (Sicalis flaveola).

Ante el hallazgo, se dio intervención a la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de la provincia, que dispuso el decomiso de las aves y su posterior liberación en el mismo lugar del procedimiento, debido a que se trata de ejemplares autóctonos de la región.

Una vez finalizadas las actuaciones correspondientes, el conductor pudo continuar con su recorrido, mientras que las actuaciones administrativas quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Efectivos de Gendarmería Nacional detectaron el transporte ilegal de 30 ejemplares de cardenal copete rojo durante un operativo de control realizado sobre la Ruta Nacional Nº 12, en la provincia de Entre Ríos.

El procedimiento tuvo lugar durante la tarde del sábado 21 de junio, cuando personal de la Sección Seguridad Vial “Ceibas”, dependiente del Escuadrón 56 “Gualeguaychú”, inspeccionó un vehículo particular que circulaba en sentido norte-sur.

Durante la requisa, los uniformados constataron que el conductor transportaba treinta ejemplares de cardenal copete rojo (Paroaria coronata), una especie protegida por la Ley Nacional de Conservación de la Fauna Silvestre Nº 22.421 y por la Ley Provincial de Caza Nº 4.841 de Entre Ríos.

Ante la infracción detectada, se dio intervención a la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de la provincia, organismo que dispuso el decomiso inmediato de las aves. Debido a que los ejemplares son autóctonos de la región, las autoridades ordenaron su liberación en el mismo lugar donde se llevó a cabo el procedimiento.

Finalizadas las actuaciones correspondientes, el involucrado continuó con su itinerario, mientras que las actuaciones administrativas quedaron a disposición de los organismos competentes.

El cardenal copete rojo es una de las aves más características del litoral argentino y su captura y comercialización ilegal constituyen una amenaza para la conservación de la fauna silvestre.

Este viernes comenzó en Entre Ríos la tercera etapa de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, destinada al personal estratégico que cumple funciones esenciales para el funcionamiento de la sociedad. La medida incluye a docentes, personal no docente y efectivos de las fuerzas de seguridad y defensa, quienes podrán acercarse a los vacunatorios habilitados para recibir la dosis correspondiente.

La campaña provincial comenzó el 11 de marzo y se desarrolló en fases:

Los vacunatorios habilitados en toda la provincia ya están preparados para recibir a este nuevo grupo, con el objetivo de ampliar la cobertura y reducir el impacto de la gripe en la población.

La Campaña Antigripal 2026 en Entre Ríos se enmarca en la estrategia nacional de inmunización, que busca disminuir la circulación del virus y prevenir complicaciones en los grupos más vulnerables. La llegada de nuevas partidas de vacunas asegura la disponibilidad de dosis y permite avanzar en la protección de sectores clave.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de un control de rutina efectuado por efectivos de la Sección Seguridad Vial “Gualeguaychú”, dependiente del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional.

Según se informó, los uniformados detuvieron la marcha de un vehículo y, durante la inspección, constataron que en el interior trasladaban 16 astas de ciervo axis. Al solicitar la documentación correspondiente, se verificó que carecían de la Guía de Tránsito Federal requerida para el transporte de subproductos derivados de fauna silvestre.

Ante esta situación, se dio intervención al inspector Silvio Arenas, perteneciente a la Dirección de Recursos Naturales de Entre Ríos, quien dispuso la incautación de la totalidad de las astas, en el marco de una presunta infracción a la Ley Provincial de Caza Nº 4841.

Una vez concluidas las actuaciones administrativas de rigor, el conductor y sus acompañantes pudieron continuar viaje, mientras que los elementos secuestrados quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Mientras el equipo carbonero pasó ya hacia la Argentina por el paso fronterizo entre Colón y Paysandú, la hinchada eligió hacerlo por el cruce entre Gualeguaychú y Fray Bentos. Unos 17 colectivos y 4 utilitarios pasaron por el puente internacional San Martín hacia la Argentina, llevando al grueso de la hinchada.

El personal de Gendarmería Nacional con asiento en Gualeguaychú y la Policía de Entre Ríos realizaron el operativo que comenzó en las primeras horas de este jueves y se extendió hasta poco después de las 8, que pasó el último micro que trasladaba a parte de la hinchada de Peñarol.

Durante el procedimiento se identificó a cada uno de los pasajeros y según pudo conocer EL ARGENTINO, todo se desarrolló con normalidad, sin personas detenidas ni episodios que revistieran una intervención de las fuerzas de seguridad.

Las cinco fuerzas de seguridad federales protagonizarán una protesta inédita el próximo 2 de abril para reclamar por los bajos salarios y una severa crisis en su obra social, en un clima de fuerte interna política. Se trata de la primera vez en la historia que miembros de la Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Servicio Penitenciario Federal y Policía Federal convocan de manera conjunta a una movilización, que consistirá en un abrazo solidario en el edificio Centinela de Retiro, sede de la Gendarmería.

El malestar exhibe una profunda contradicción con la narrativa del Gobierno, que por un lado asegura “cuidar a quienes nos cuidan” y por el otro paga salarios por debajo de la línea de la pobreza. Esta situación obliga a muchos efectivos a buscar un trabajo alternativo, como manejar un Uber, para poder llegar a fin de mes. Un uniformado confirmó a LPO la tensión que se vive en las bases: “Los grupos de Whasapp están en llamas”.

A la crisis salarial se suma el colapso de la obra social Iosfa. El Gobierno la dividió en dos, OSFFESEG para las fuerzas de seguridad y OSFA para los militares, y además prometió un plan básico de OSDE para gendarmes y prefectos, pero la medida todavía está en el aire. En la práctica, los uniformados se encuentran casi sin prestación médica.

Además, la gestión de la exministra Patricia Bullrich generó un descontento que ahora eclosiona. Según fuentes del sector, Bullrich benefició a los jefes de la Gendarmería por su relación personal con el jefe de la fuerza, Claudio Miguel Brilloni. Esta decisión produjo un doble efecto, ya que generó malestar en los rangos bajos que no fueron alcanzados por la mejora salarial y provocó la bronca en el resto de las fuerzas, que se sintieron discriminadas.

Críticas a la gestión de Monteoliva

La preocupación más fuerte en la Casa Rosada apunta a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a quien señalan como una “académica” sin capacidad de conducción. Un experto en seguridad con paso por varias gestiones explicó a La Política Online su visión sobre el liderazgo de la funcionaria: “Monteoliva no tiene don de mando y puso como segundo a un chico que no entiende donde está”.

En el Gobierno también existe un antecedente que genera escalofríos. Algunos funcionarios recuerdan que la misma Monteoliva conducía el Ministerio de Seguridad de Córdoba cuando el 3 y 4 de diciembre de 2013, la Policía se acuarteló y la capital provincial vivió horas dramáticas. Por este hecho, la ministra fue eyectada del cargo.

Por otra parte, la crisis salarial se entrelaza con la interna que Alejandra Monteoliva mantiene con su exjefa, Patricia Bullrich. La ministra decidió cerrar filas con Karina Milei en su disputa con la actual senadora. En el marco de esa tensión, Monteoliva tiene un enfrentamiento muy duro con el jefe de la Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni.

Otro ejemplo de lo que consideran una gestión errática se produjo semanas atrás, cuando la ministra levantó la custodia de las fuerzas federales a 60 establecimientos vinculados a la colectividad judía en la Capital Federal. La medida encendió protestas reservadas de la DAIA y ocurrió justo cuando Irán catalogó a Javier Milei como enemigo y en la semana del aniversario del atentado a la embajada de Israel. Ante la revelación periodística, la ministra negó el hecho. Un funcionario al tanto de las tensiones que levantó el caso afirmó: “O miente o no le informan, que sería peor”.

Gendarmería Nacional, bajo el pedido del fiscal Federal Pedro Rebollo, la orden del juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, y la rápida acción del Ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, allanó este viernes por la tarde el Pabellón E de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú donde se aloja un poderoso jefe narco de Diamante, que tenía un plan criminal para asesinar al juez Federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal Federal de esa misma ciudad, José Ignacio Candiotti.

El principal implicado es un hombre oriundo de Diamante, a quien señalan las fuentes como un narco de mucho poder, que incluso “maneja la cárcel y a los guardias”, que habría pagado 40 mil dólares a uno sicario uruguayo para asesinar a los funcionarios judiciales durante la estadía de ambos en Punta del Este.

El motivo del narco para cometer estos crímenes, según pudo saber EL ARGENTINO por la declaración del testigo, se debe a que el juez Ríos le había “inventado una causa” y Candiotti “tiene todo arreglado para que le de 15 años de condena en un juicio que empieza el martes”.

¿Cómo llega todo esto a oídos de las autoridades? En principio, hay un interno que contó al detalle todo lo que está ocurriendo dentro de la Unidad Penal de Gualeguaychú y el poder que ejerce este capo narco con los demás internos y con el personal penitenciario.

Fue el ministro Néstor Roncaglia quien tomó inmediatamente conocimiento de todas estas acusaciones a través del Director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos y del Director de la Unidad Penal 9, Lucas Duffour. El preso relató todo ante el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, y fue este funcionario quien le requirió al juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, la orden de allanamiento que se cumplió este viernes por la tarde.

El procedimiento lo llevó adelante el personal del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional con asiento en Gualeguaychú, con la presencia de numerarios de la Policía de Entre Ríos bajo la órbita del ministro Roncaglia. Secuestraron teléfonos, anotaciones, cocaína y documentación, confirmó una alta fuente judicial, y aseguró que se sigue investigando por la gravedad de todo lo denunciado.

La investigación judicial se encuentra a cargo y bajo la dirección del Fiscal Federal, Pedro Rebollo.

El destacamento de Gendarmería Nacional en Federación dejó de funcionar oficialmente y su personal será trasladado a la ciudad de Chajarí. La decisión, que ya había sido anticipada días atrás, fue confirmada por fuentes oficiales y se enmarca en un proceso de reorganización operativa y presupuestaria que afecta a distintas provincias del país.

La determinación implica el cese total de actividades en Federación, donde la fuerza mantuvo presencia durante más de 20 años. Desde la institución se aclaró que no se trata de un caso aislado, ya que en los últimos meses se dispuso el cierre de otros destacamentos bajo el mismo criterio.

El Escuadrón con asiento en Concordia, del cual dependía el destacamento de Federación, dispuso el traslado completo del área administrativa, incluyendo documentación, archivos y material operativo. Todo se encuentra en proceso de embalaje con destino a Chajarí. Como parte del procedimiento, también se retiró la cartelería oficial, paso formal que marca el cierre definitivo.

En relación al personal, se informó que los efectivos serán reubicados conforme al nuevo esquema operativo definido por la fuerza. No obstante, por razones de confidencialidad institucional, no se brindaron detalles sobre las situaciones particulares de cada agente.

Respecto al inmueble, se detalló que el terreno pertenece al municipio de Federación, mientras que las instalaciones son propiedad de Gendarmería Nacional. Por el momento, no existe una definición oficial sobre el destino final del lugar, quedando la resolución en manos de las autoridades competentes.

Autoridades de la fuerza confirmaron que se comunicaron formalmente con el Municipio de Federación para informar la medida. En ese marco, la secretaria de Gobierno, Alejandra Di Gresia, intervino como nexo institucional para mantener el diálogo y orientar sobre los pasos a seguir.

Con esta decisión, Gendarmería Nacional pone fin a más de dos décadas de presencia en Federación, en una medida definitiva e irreversible que deja a la ciudad sin destacamento propio. (Con información de La Última Campana)

Gendarmería Nacional informó a la comunidad que, en el marco de la implementación del Código QR como herramienta facilitadora de los trámites migratorios, el personal de la Sección “Puerto Unzué”, dependiente del Escuadrón 56 “Gualeguaychú”, viene desarrollando acciones coordinadas destinadas a optimizar el control fronterizo y mejorar la experiencia de los usuarios en las adyacencias del Paso Internacional.

El objetivo principal de estas acciones es agilizar los trámites migratorios, reducir los tiempos de espera y favorecer una mayor fluidez del tránsito vehicular, especialmente en los períodos de mayor circulación. Para ello, el trabajo se lleva adelante de manera conjunta con los distintos organismos que integran el Área de Control Integrado, sumando además dispositivos de seguridad vial que refuerzan el orden y la seguridad en la zona.

Desde su puesta en funcionamiento, el uso del Código QR permitió una disminución significativa de los tiempos de espera en las filas de control, una mejora sustancial en la circulación vehicular y la reducción de situaciones de conflictividad generadas, principalmente, por la falta de documentación requerida. Estas mejoras se ven fortalecidas por la presencia activa del personal de Gendarmería y la implementación de medidas de seguridad vial que acompañan el operativo.

De esta manera, Gendarmería Nacional reafirma su compromiso con un control fronterizo eficiente, seguro y orientado a brindar un mejor servicio a la comunidad, promoviendo procedimientos más ágiles y ordenados en uno de los pasos internacionales más transitados de la región.

Un operativo federal terminó con el secuestro de casi 8 kilos de metanfetaminas valuadas en más de 200 mil dólares, además de la detención de tres personas al presentarse a retirar una encomienda en la Ciudad de Buenos Aires.

Según precisaron fuentes judiciales a Diario Río Uruguay, también hubo allanamientos en Moreno (Buenos Aires) y Eldorado (Misiones), como también una importante cantidad de marihuana secuestrada en los domicilios allanados. El presunto despachante de la droga en Misiones permanece prófugo.

Los imputados fueron indagados este jueves, por haber intervenido en el transporte de la droga, en su modalidad agravada por la cantidad de personas implicadas, y permanecerán detenidos mientras avanza la investigación.

El procedimiento se inició durante un control de rutina sobre la Ruta Nacional 14, a la altura de Concordia, cuando personal del Escuadrón IV Concordia de Gendarmería inspeccionó un camión de una empresa de transporte de encomiendas que viajaba desde El Dorado, Misiones, hacia la Ciudad de Buenos Aires. El can antinarcóticos marcó una de las cajas y, al ser abierta con intervención de testigos, se hallaron alrededor de 8 kilos de metanfetaminas, tanto en su estado puro (“cristal”) como en pastillas.

La investigación es dirigida por el Juzgado Federal de Concordia, y desde la Justicia manifestaron una profunda preocupación por el creciente número de secuestros de drogas remitidas por encomiendas y consideraron que deberían reforzarse fuertemente los controles sobre la identidad de los remitentes y los despachos en las sucursales de origen.

En este caso, la droga fue reemplazada por una sustancia inocua y se permitió que la encomienda continuara su recorrido, mientras el estupefaciente original quedó bajo resguardo. La encomienda en cuestión tenía como destino final un domicilio particular de la Ciudad de Buenos Aires, pero fue redirigida para su retiro a una sucursal de la empresa ubicada en el barrio porteño de Chacarita.

Cuando la caja llegó a esa sucursal, tres hombres paraguayos cuyas identidades no fueron reveladas se presentaron para retirarla y fueron inmediatamente detenidos en el lugar por personal de Gendarmería.

Las intervenciones telefónicas y mensajes obtenidos y analizados en el expediente dan cuenta de cómo coordinaban horarios, destino de la encomienda y autorizaciones para el retiro, exhibiendo una operatoria que combinaba logística tradicional con un uso intensivo de aplicaciones de mensajería.

A partir de esas detenciones se ordenaron allanamientos en la localidad de Moreno, en domicilios vinculados a los tres detenidos. Allí se secuestró una gran cantidad de marihuana, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa, además de quedar identificadas otras cinco personas vinculadas con actividades en infracción a la ley 23.737.

En simultáneo, se dispuso un allanamiento en El Dorado, en un inmueble relacionado al presunto despachante de la encomienda, quien no fue localizado y permanece prófugo. DRU

“Cumplí con la misión que me encomendaron y ya no era necesario que siguiera en Gualeguaychú”, contó Piaggio a EL ARGENTINO con cierta melancolía sobre su alejamiento del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional sin acto de traspaso y en mucho silencio institucional. El motivo es trasladar hacia la ciudadanía la solemnidad de los tiempos que transcurren y por ello su reemplazo arribó a la ciudad con el mismo bajo perfil.

El comandante Miguel Medeiro Ramírez llegó a Gualeguaychú tras su paso por la provincia de Jujuy como Jefe de la Unidad de Inteligencia Criminal y como segundo Jefe del Escuadrón 48 de la provincia de Corrientes. “Estoy contento porque es una linda ciudad, muy tranquila, la gente muy amable”, relató a EL ARGENTINO sobre sus primeras impresiones de Gualeguaychú.

El militar ruso fue detenido el 2 de agosto en un procedimiento de Gendarmería – Sección Puerto Unzué - en el Puente Internacional Libertador General San Martín. En el sector de Migraciones saltó el aviso de que este hombre, identificado como Román Tarada, tenía un pedido de captura con fines de extradición cargado en el sistema de Interpol.

El viernes pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná resolvió “rechazar el recurso de apelación deducido por la defensa de Román Tarada y, en consecuencia, confirmar la resolución del 12 de agosto, en cuanto no hace lugar a la excarcelación del nombrado, bajo ningún tipo de caución…”.

Los magistrados tuvieron en cuenta para negarle la extradición que “la elevada cuantía punitiva prevista para el delito por el cual es requerido el nombrado, el cual surge de la alerta roja emitida por Interpol, que sería la figura de “Abuso de autoridad con consecuencias graves, previsto y sancionado en la Sección 3, artículo 285 del Código Penal ruso”, con pena máxima aplicable de 10 años; y que el mismo se encontraba “prófugo buscado para proceso penal”, solicitado por la República Federativa de Rusia”.

La defensa pública refirió que “no se valoró la situación de solicitante de refugio en nuestro país de Román Tarada. Explicó las condiciones personales del nombrado, haciendo énfasis en que por su preparación militar se vería obligado a participar del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania; y que el mismo no quiere participar por motivos morales y personales. Remarcó las consecuencias que acarrearía para Román Tarada dicha negativa”.

La Cámara expresó que “tratándose de un proceso de extradición, tal peligro procesal queda ceñido a evitar que el extraditable se sustraiga de la acción de la justicia, impidiendo que se efectivice su traslado a la República Federativa de Rusia -en caso de corresponder- e imposibiliten al Estado Argentino de cumplir con sus compromisos internacionales asumidos mediante Ley de Cooperación Internacional en materia penal –N° 24.767”.

Despiste y vuelco. Los Bomberos Voluntarios de Ceibas acudieron con un móvil hacia el lugar del siniestro y al arribo encontraron al camión detenido en el cantero central y el acoplado completamente volcado, con la carga de tablones de madera esparcida sobre la calzada.

La situación provocó importantes complicaciones en el tránsito. En una primera instancia, el tránsito fue asistido por personal de Bomberos Voluntarios, hasta la llegada de Gendarmería Nacional y agentes de la Caminera Vial de Gualeguaychú, quienes coordinaron el desvío y encauzamiento de los vehículos que circulaban por la zona.

También se solicitó la intervención de una cuadrilla de Vialidad Nacional, que trabajaron con maquinaria pesada para remover la carga y despejar la ruta. Asimismo, se pidió servicio de auxilio para levantar el acoplado volcado.

El camión involucrado era un IVECO Stralis 490, perteneciente a la empresa Transporte Rivero, y se dirigía desde la provincia de Corrientes hacia Buenos Aires. Viajaban a bordo dos hombres: el conductor, de 52 años, y su acompañante, de 23, ambos domiciliados en la ciudad de Curuzú Cuatiá. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó lesionado.

Se trata de la causa por la que se encuentra preso Andrés Donnet, un hombre de Gualeguaychú, detenido desde el 10 de marzo de 2023, acusado de brindar el servicio de hangar de un helicóptero que fue utilizado para el intento de fuga de Lindor Alvarado, un capo narco rosarino condenado en la cárcel de Ezeiza.

Ahora, se conoció que se detuvo a fines de julio a Daniel Guategui, en algún lugar del Litoral, quizás en Curuzú Cuatiá, no muy lejos de las pistas clandestinas de aterrizaje, a la vera de la Hidrovía, que, desde el aire, conocía como las palmas de sus manos. El motivo: formar parte del grupo comando contratado por Esteban Lindor Alvarado para fugarse de Ezeiza.

El 10 de marzo del 2023, un tal «Lobo» -que no era Guategui- partió desde Entre Ríos, pero a poco de andar el Robinson 44, aterrizó en un predio del Country Club Banco Provincia, en Moreno, provincia de Buenos Aires. Nunca llegó a sobrevolar Ezeiza.

En simultáneo, las autoridades requisaron la celda de Alvarado, incautaron la aeronave y detuvieron a Andrés Donnet y Gianluca Orpianesi en Gualeguaychú. La investigación comenzó una semana antes, el 2 de marzo de 2023, cuando un testigo de identidad reservada denunció en el Ministerio de Seguridad el plan de fuga de Alvarado y otro interno a concretarse al día siguiente. Y hasta aportó las coordenadas desde donde despegaría un helicóptero pintado de negro.

A contra reloj, los fiscales Cecilia Incardona, de Lomas de Zamora, y Diego Iglesias, de la Procunar, buscaron, por todos los medios, desbaratar la operación. Y la suerte estuvo de su lado: por diversos contratiempos, Alvarado postergó el plan de extracción para el 10 de marzo. Para ese día, las autoridades ya tenían todo bajo control.

El juez federal Ernesto Kreplak procesó a Alvarado, Donnet y Orpianesi por el contrabando de importación agravado por la cantidad de intervinientes, el medio de transporte aéreo y el lugar de aterrizaje empleados y por el valor del bien ingresado; favorecimiento de evasión en grado de tentativa; y falsificación y supresión de la numeración de un objeto registrado de acuerdo a la ley, todos delitos en concurso real.

La situación de Donnet

El piloto de Gualeguaychú, de 42 años, fue procesado por el juez federal Ernesto Kreplak por contrabandear un helicóptero, falsificar su matrícula y conformar una asociación ilícita junto a Gianluca Orpianesi y Lindor Alvarado para la evasión de la cárcel de Ezeiza. Puntualmente, los tres fueron considerados coautores de los delitos de “contrabando de importación agravado por la cantidad de intervinientes, el medio de transporte aéreo y el lugar de aterrizaje empleados y por el valor del bien ingresado; favorecimiento de evasión en grado de tentativa; y falsificación y supresión de la numeración de un objeto registrado de acuerdo a la ley”.

El abogado defensor de Donnet, Fabián Otarán, apeló ese procesamiento con la finalidad de conseguir un arresto domiciliario y sacar a su cliente del penal de máxima seguridad de Marcos Paz, pero no lo logró y desde entonces permanece detenido. Pero logró un avance muy importante: “La Cámara de Apelaciones de La Plata dejó sin efecto el procesamiento por asociación ilícita, lo que significó una gran mejora en su situación procesal al desvincularlo de la banda de mafiosos y narcotraficantes que se aprovecharon de él para enredarlo en este caso”, mencionó a EL ARGENTINO.

Donnet luego volvió a declarar siguiendo la estrategia defensiva, destinada a modificar su situación procesal respecto del delito de contrabando agravado y de la evasión. Para ello, explicó cómo fue que lo contrataron para hangarar un helicóptero y que nunca supo ni pudo imaginarse que fuera proveniente del Paraguay.

“No lo podía sospechar por el rumbo por el que ingresó la aeronave, por el sur”, relató Otarán a EL ARGENTINO, y agregó que su cliente “tampoco pudo imaginarlo por la autonomía que tiene, que es poca. No más de 300 kilómetros, por lo que es imposible imaginar una procedencia tan lejana como de aquel país”.

La detención de Guategui era una de las patas que le faltaba a la Justicia Federal para terminar con un a causa que lleva varios meses de investigación y que mantiene a varias personas involucradas, entre ellas la figura de Andrés Donnet. (Con información de Encripdata)

La Justicia citó a indagatoria a Héctor Guerrero, el gendarme que le disparó al fotógrafo Pablo Grillo durante la represión que se llevó a cabo durante la marcha de los jubilados del 12 de marzo. La medida se da luego del informe de Mapa de la Policía, donde se pudo reconstruir el momento el hecho, que casi la cuesta la vida al reportero gráfico mientras realizaba su tarea en la marcha.

De acuerdo a la información que aportó la periodista de judiciales Vanesa Petrillo de C5N, Guerrero deberá comparecer ante la Justicia el próximo 2 de septiembre. Además, la restricción rige sobre el gendarme una restricción para salir del país.

"Surge la hipótesis de que el disparo del proyectil que derivó en las lesiones sufridas por Grillo, provino por parte del personal de la Gendarmería Nacional Argentina que se hallaba ubicado en la intersección de la avenida Yrigoyen y la calle Solís, más precisamente del cabo primero Jesús Héctor Guerrero", sostiene el pedido de indagatoria.

Además, de acuerdo a los datos que aportó Petrillo, en la resolución de Servini se ordenó: "Disponer la realización de una pericia de estilo a los fines de reconstruir el disparo que hirió de gravedad a Pablo Grillo el día 12 de marzo del año en curso, la cual será encomendada a la División Balística de la Policía de la Ciudad, dependencia que deberá designar los peritos/personal que llevarán a cabo tal peritaje y solicitar la colaboración a la División de dicha fuerza de seguridad que estime necesaria", precisó.

El peritaje tendrá como objetivo determinar la trayectoria del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo desde su origen hasta el punto de impacto.La velocidad alcanzada por el proyectil en cuestión desde su origen hasta el momento del impacto.La posición en la que se hallaba el arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil.Si el proyectil impactó previo a herir a Grillo sobre otra superficie o no y en tal caso si aquella circunstancia le hizo perder o ganar velocidad o desviarse.La ubicación del fotógrafo al momento de recibir el impacto del proyectil y del gendarme en ocasión de efectuar el disparo.

La fecha de la audiencia para la indagatoria es el 2 de septiembre a las 10 hs.

Días atrás, la justicia recibió un nuevo informe sobre el disparo del cartucho de gas lacrimógeno que dejó al fotógrafo Pablo Grillo en grave estado.

A pedido del juzgado, el Mapa de la Policía presentó un informe detallado sobre la reconstrucción audiovisual del disparo que dejó a Grillo en estado gravísimo en el marco de la represión en una manifestación por los jubilados.

El informe ya es parte del expediente y da cuenta, paso a paso, de la recopilación de material audiovisual a través de diversas fuentes y del análisis que permitió la reconstrucción por parte de los peritos científicos Rodolfo Guillermo Pregliasco y Martín Onetto; y del cineasta Alejo Fraile.

La reconstrucción demuestra que el disparo de la granada que impactó en la cabeza de Pablo Grillo fue “realizado de manera irregular, es decir con un ángulo de tiro horizontal”, en dirección a Pablo y sin que hubiera ningún rebote.

Según el informe, “no se trató de un incidente anómalo o extraordinario”, ya que, a partir de las imágenes, se detectaron muchos disparos por parte de distintos efectivos con idéntica modalidad.

Tras publicar el primer video, el Mapa de la Policía recibió más aportes de material audiovisual que permitió la identificación del gendarme que disparó el proyectil en cuestión, a través de su vestimenta y accesorios.

También, el hallazgo de su insignia con el apellido, en una imagen fotográfica: Cabo Guerrero. Y la corroboración a través de fuentes abiertas de que Guerrero pertenece al grupo SEI (Sección de Empleo Inmediato), incluyendo su número de legajo.

El Gobierno nacional oficializó el “Plan Güemes”, una estrategia integral de seguridad para fortalecer el control en la frontera con Bolivia, especialmente en los municipios salteños de Aguas Blancas, Orán, Tartagal y Profesor Salvador Mazza. El plan apunta a combatir el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando, mediante operativos tácticos y tecnología de vigilancia.

La medida fue impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y quedó formalizada con la Resolución 830/2025, publicada en el Boletín Oficial. La coordinación estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Nacional, que podrá designar un responsable específico para su implementación.

En ese marco, se creó el Comando Unificado “Plan Güemes”, integrado por efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal y la Policía de Salta. La conducción operativa estará en manos de un Coordinador General designado por la Gendarmería Nacional. El Ministerio Público Fiscal de la Nación y el de la Provincia fueron invitados a nombrar enlaces institucionales.

Aunque el plan se activó formalmente desde este martes, algunas acciones ya estaban en marcha. Prefectura Naval patrulla el río Bermejo, una vía crítica usada por redes delictivas. En el acto de presentación realizado el año pasado, Bullrich expresó: “Salta va a ser más segura, sus ciudadanos van a poder vivir en paz, recuperar sus calles y sus fronteras”. También se refirió al impacto social: “Sabemos del dolor de las madres que pierden a sus hijos por el consumo o las bandas narcoterroristas. Este plan devuelve dignidad y oportunidades”.

El Ministerio de Defensa complementa la estrategia con la Operación Julio Argentino Roca, que incluye el despliegue de 1.900 efectivos y el uso de drones, radares, móviles y helicópteros. Desde abril, más de 10.000 integrantes de fuerzas federales participaron en acciones coordinadas en zonas terrestres y aeroespaciales, consolidando una presencia inédita en el norte argentino. (Con información de Infobae)

El Tribunal Oral Federal de Corrientes impuso penas de hasta tres años de prisión, multas y decomiso de bienes a cuatro hombres que en 2019 intentaron atravesar la ruta 14 con casi trescientos pares de zapatillas sin aval aduanero. El caso se resolvió mediante un juicio abreviado: los acusados admitieron su responsabilidad y la calificación de contrabando agravado por uso de documentos falsificados.

El operativo que originó la causa ocurrió el 20 de marzo de 2019 cuando efectivos de Gendarmería detuvieron una Renault Duster Oroch en el Puesto “Paraje Cuay Grande”, cerca de Santo Tomé. En la caja hallaron bolsas negras con 279 pares de zapatillas, valuadas en 581 811 pesos. El conductor declaró que venían de Posadas rumbo a Colón, Entre Ríos, y presentó pólizas supuestamente emitidas por la Aduana misionera a nombre de tres tripulantes.

La documentación, sin embargo, despertó sospechas: los talonarios correspondían a la serie 2018 pero exhibían fecha 19 de marzo de 2019, y uno de los sellos pertenecía a una funcionaria fallecida dos meses antes. Un llamado a la Aduana de Santo Tomé confirmó la falsedad de los papeles y habilitó el secuestro de la mercadería, el vehículo y los teléfonos.

Identificados como Oscar Daniel Sampallo (51), Lucas Matías Sampallo (25), Juan Ramón Verón (53) —todos entrerrianos— y Richard Nahuel Rodríguez Rivera (27), uruguayo, los ocupantes fueron procesados por contrabando y, en tres casos, por uso de documento apócrifo. Tras más de cinco años de trámite, fiscalía y defensas pactaron un juicio abreviado que evitó el debate público y permitió un fallo rápido.

El juez subrogante Juan Manuel Iglesias homologó el acuerdo y dictó penas de tres años para los hermanos Sampallo y Rodríguez Rivera, y de dos para Verón. Todas quedaron en suspenso por dos años, condicionadas a la fijación de domicilio, el control de la Dirección de Ejecución Penal y la prohibición de nuevas infracciones. De reincidir, deberán cumplir la condena en prisión efectiva.

Además, el tribunal dispuso el decomiso definitivo de la Duster y de las zapatillas, que podrán subastarse o donarse una vez firme la sentencia. El decomiso alcanza incluso los gastos de depósito. En el caso del ciudadano uruguayo se notificará a Migraciones y a su embajada, paso habitual cuando un extranjero recibe sentencia penal.

La resolución, subrayan fuentes judiciales, busca desincentivar el contrabando que utiliza rutas mesopotámicas para ingresar mercadería desde Paraguay y Brasil. Aunque la pena quedó en suspenso, los magistrados advirtieron que la reincidencia implicará prisión efectiva y agravará futuras responsabilidades.

“Fue a lomo de caballo que se formaron caminos, se defendieron fronteras y se construyó la Patria, recordándonos que la historia se escribió al galope, al viento, y con honor”, leyeron desde la locución del desfile al paso del personal del Escuadrón 56.

La patrulla montada despertó una ovación espontánea, evocando el legado histórico de las fuerzas federales en la defensa del territorio nacional. El cuadro se integró armónicamente con la participación del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” del Ejército Argentino y efectivos montados de la Policía de Entre Ríos, conformando una postal que unió pasado y presente de la historia argentina.

El comandante principal del Escuadrón 56 Gualeguaychú, de Gendarmería Nacional, Luis Piaggio, se mostró sorprendido por la respuesta del público que “se sacaba fotos y se acercaban a acariciar” a los ejemplares que se destinaron para el desfile patrio.

Esta patrulla montada es utilizada en todo despliegue institucional, cumplimiento de funciones en zonas rurales y urbanas, como además en reconocimientos de terrenos en los límites de la Patria y patrullajes de seguridad ciudadana. También se destaca la actuación de los caballos en situaciones de actuación en el orden público.

El Gobierno avanzó con la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la eliminación de la Agencia de Seguridad Vial y la concesión de 9.120 kilómetros de rutas. Tras el anuncio en Casa Rosada, este martes se confirmó la medida, a través del Decreto 461/2025 publicado en el Boletín Oficial.

La norma lleva la firma del presidente Javier Milei y los ministros Luis Caputo (Economía), Guillermo Francos (Jefe de Gabinete) y Patricia Bullrich (Seguridad). Allí, se precisan los alcances y detalles de la disolución del organismo encargado del control de las rutas y caminos del país.

El vocero Manuel Adorni comunicó este lunes, en conferencia, los cambios que se realizarán por decreto, a horas del fin de las facultades delegadas. "La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada", dijo.

En una conferencia de prensa convocada al filo de que venzan los superpoderes que el Congreso le otorgó al presidente Javier Milei a través de la ley Bases, el portavoz dio a conocer una serie de modificaciones que impulsarán por decreto, entre los que se encuentran las reformas y supresiones de organismos relacionados al área de vialidad.

La eliminación de Vialidad Nacional y de su contraparte de Seguridad Vial estaba dentro de los planes de la administración nacional desde hace tiempo, pero hasta ahora no se había formalizado. Finalmente, este lunes Adorni anticipó que se llevará a adelante el cambio a través de una medida que será publicada en las próximas horas en el Boletín Oficial. Este martes 8 de julio finalizarán la delegación de facultades.

Para justificar los cambios, el vocero se refirió a la causa Vialidad por la que fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde, según dijo, la Justicia halló "maniobras fraudulentas" mediante la "adjudicación de contratos públicos amañados, la ejecución anticipada de adelanto financieros millonarios sin justificación, el abandono de obras sin penalización y las ampliaciones injustificadas de plazos". "No se construyeron las rutas y la plata se la quedaba igual", denunció Adorni.

Javier Milei oficializó hoy, a través del Decreto 461/2025 la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. Los cambios son parte de un reordenamiento estructural del sistema de transporte y control vial en el país.

El propio ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, habló de una medida con peso simbólico al vincularla con la causa que derivó en la condena a la expresidenta Cristina Kirchner.

Además, a través del decreto, se reorganizó la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. "Será la autoridad de aplicación en lo que refiere a normas, actos administrativos relacionados a la fiscalización de concesiones viales", continuó Adorni y anticipó que se dará paso a la licitación de 9.120 kilómetros de rutas.

Otro de los cambios es que la Gendarmería Nacional asumirá las tareas de prevención y control del tránsito en rutas nacionales, desplazando así a la ANSV, que queda eliminada del esquema operativo. Mientras tanto, Las funciones de seguridad vial que cumplía la Agencia serán absorbidas por la Secretaría de Transporte.

El vocero explicó que la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía absorberán las funciones vinculadas al diseño y planificación de la infraestructura vial, mientras que el control de concesiones pasará a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Según afirmaron desde el Gobierno a través de un comunicado, el esquema actual cuenta con "una dotación elevada" y una "configuración jerárquica extensiva que dificultan la toma de decisiones y restan agilidad a la ejecución de proyectos, lo que redunda en altos costos operativos para el Estado Nacional".

La Dirección Nacional de Vialidad cuenta actualmente con 5.184 agentes: 1.091 se encuentran en Casa Central y 4.053 agentes están asignados a los 24 distritos viales.

"La disolución de este organismo generará un ahorro anual estimado para el Estado Nacional de 100 millones de dólares, y sus funciones serán asumidas entre la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y dos unidades organizativas dentro del Ministerio de Economía, una en la órbita de la Secretaría de Transporte y otra en la Secretaría de Obras Públicas", afirmaron.

Con la reestructuración, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. "Se focalizará en la verificación del cumplimiento normativo y contractual, y en la investigación de los accidentes ferroviarios", informaron. En tanto que el resto de las funciones de la CNRT serán absorbidas por la Subsecretaría de Transporte Automotor de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

En lo que respecta a la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), el Gobierno dio a conocer que con el nuevo esquema "dejará de funcionar como tal, reducirá considerablemente su alcance y gasto" y se llamará Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.

"Limitará su ámbito de actuación exclusivamente al transporte aéreo civil para dar cumplimiento con los estándares técnicos y normativos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)", anticiparon.

En cuanto a las funciones inherentes de la JST referidas a la investigación técnica de sucesos automotores, los absorberá la Secretaría de Transporte. Asimismo, las relacionadas a "sucesos del ámbito ferroviario estarán a cargo de la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte".