En el marco del trabajo que viene articulando la Mesa Transministerial para el abordaje de Género, el Gobierno de Entre Ríos continúa avanzando en el desarrollo de una herramienta digital que busca facilitar el acceso a una primera orientación ante situaciones de violencia por motivos de género. La propuesta contempla las características y recursos disponibles en el territorio provincial y se construye a partir del trabajo conjunto entre equipos profesionales de los organismos con competencias específicas en la temática.

El recurso estará dirigido a personas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género y necesitan conocer sus derechos, identificar los organismos y servicios que pueden brindar asistencia y acceder de manera sencilla a información sobre los canales disponibles. También permitirá orientar a quienes trabajan cotidianamente en el acompañamiento ante estas situaciones, de acuerdo con las competencias de cada organismo. La herramienta utilizará inteligencia artificial para organizar y ofrecer esta información de manera accesible, a partir de contenidos, normativas, protocolos, circuitos de actuación y recursos institucionales previamente seleccionados y validados.

Su función será brindar orientación inicial y facilitar el acceso a los dispositivos existentes, sin reemplazar la atención profesional, los servicios de emergencia ni la intervención de los organismos competentes. La Dirección de Mujeres, dependiente de la Secretaría de Políticas del Cuidado del Ministerio de Desarrollo Humano, coordina este proceso de trabajo y articula con organismos del Gobierno provincial para relevar, sistematizar y validar la información que formará parte del recurso.

En este marco, participan profesionales de la Dirección de Mujeres; la Secretaría de Justicia; la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito; el Programa Provincial de Prevención y Abordaje en Violencia Social del Ministerio de Salud; la Dirección General de Primer Nivel de Atención de la Policía de Entre Ríos; el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf); la Secretaría de Trabajo y el Consejo General de Educación. También forma parte del proceso un profesional vinculado a la iniciativa en representación del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El trabajo contempla distintas instancias para garantizar que la información disponible sea pertinente y segura: selección y validación de contenidos, revisión de protocolos y criterios de derivación, identificación de escenarios de riesgo, evaluación de las respuestas, actualización de la información y detección de posibles errores o sesgos. La propuesta busca fortalecer y hacer más accesibles los recursos que ya existen en la provincia, a partir de una construcción interinstitucional que permita brindar información confiable y orientar a cada persona hacia los organismos y dispositivos correspondientes.

Un joven de 20 años fue aprehendido este sábado luego de que su madre denunciara que estaba profiriendo amenazas contra ella, durante un procedimiento policial realizado en Gualeguaychú.

El hecho ocurrió alrededor de las 8, cuando personal de Comisaría Cuarta acudió a inmediaciones de las calles Schachtel y Los Timbúes a raíz de un requerimiento por una supuesta riña.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un joven que se encontraba generando disturbios con otro hombre. Según informó la Policía, ante la intervención de los uniformados se mostró reticente e intentó evadir el procedimiento.

En medio del operativo, la madre del joven manifestó ante los efectivos que su hijo se encontraba profiriendo amenazas hacia ella.

Ante esta situación, el hecho fue comunicado a la Fiscalía de Género en turno, desde donde se dispuso la aprehensión del joven.

Finalmente, el hombre de 20 años fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.

El Observatorio de las Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) dio a conocer el informe estadístico correspondiente al seguimiento de casos de violencia de género en el ámbito provincial. Según el reporte acumulado entre el 3 de junio de 2015 y el 30 de mayo de 2026, la provincia de Entre Ríos contabilizó un total de 73 femicidios. Este indicador representa una tasa acumulada de 0,8 casos por cada 100.000 mujeres y disidencias, situándose cercana al promedio registrado en el territorio nacional.

En lo que respecta al período transcurrido durante el año 2026, las mediciones territoriales registraron 3 hechos concretados en el ámbito provincial, en el marco de los 105 casos asentados a nivel federal durante los primeros cinco meses del año. Los datos fueron articulados por el equipo de seguimiento que coordina la referente regional Silvana Lagraña, responsable del relevamiento de indicadores para las provincias de Entre Ríos y Corrientes.

La caracterización de los datos estadísticos señala que el espacio privado constituye el principal ámbito de ocurrencia de estos hechos. El 65% de los episodios relevados tuvieron lugar en la vivienda de la víctima o en el domicilio compartido con el agresor. Asimismo, con relación al vínculo entre las partes, el 69% de los victimarios integraba el entorno íntimo, revistiendo la condición de parejas, exparejas o familiares directos. Por otra parte, el informe detalla que un 8% de los agresores pertenecía a fuerzas de seguridad, habiéndose utilizado el arma reglamentaria en el 52% de dichas situaciones.

Un elemento destacado en el informe del observatorio refiere a la fluctuación en el registro de denuncias previas ante las dependencias correspondientes. Mientras que la media histórica del último decenio ubicaba la presentación de denuncias formales en un 17%, en el transcurso de 2026 dicho porcentaje descendió al 9% de los casos analizados.

Frente a este escenario y el estado de la infraestructura institucional de atención, diversas organizaciones sociales sostienen el pedido para la promulgación de la Declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género, promoviendo el sostenimiento de los programas de acompañamiento, asistencia técnica y protección integral en los distintos municipios de la provincia.

Un hombre de 54 años fue detenido durante un allanamiento realizado en el marco de una causa por lesiones agravadas en contexto de violencia de género en Gualeguaychú.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría Tercera y se llevó adelante durante la tarde en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Misiones y Juan B. Justo, en el barrio Los Espinillos.

La medida había sido ordenada por el Juzgado de Garantías y Transición y, según se informó oficialmente, arrojó resultado positivo.

Durante el operativo, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 54 años, quien quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente. Posteriormente, fue trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú.

Además, durante el allanamiento se secuestraron distintos elementos considerados de interés para la investigación, que quedaron a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como “Lesiones Agravadas en contexto de Violencia de Género” y continúa bajo intervención judicial.

La fiscal de la Unidad de Violencia de Género de Paraná, Elizabeth Comas, dispuso la imputación formal de un hombre acusado de difundir imágenes íntimas y crear perfiles falsos en redes sociales para estigmatizar y hostigar a su expareja. Tras la decisión judicial, el denunciado fue notificado para que se presente junto a su abogado defensor.

En paralelo, el juez de Garantías Eduardo Ruhl ordenó prorrogar las medidas de restricción de acercamiento por un plazo de 90 días.

La víctima, oriunda de una localidad del departamento Paraná, convivió con el acusado entre 2018 y 2024. Según la denuncia, en los últimos años de relación descubrió que el hombre había creado cuentas falsas en Instagram y X (ex Twitter), donde la promocionaba como escort y ofrecía falsos servicios sexuales.

Esta maniobra desencadenó un acoso constante por parte de desconocidos —con mensajes eróticos, fotos explícitas y propuestas sexuales— que la obligó a abandonar su localidad debido a la severa estigmatización social.

La investigación quedó caratulada bajo el delito de “promoción y facilitación de la prostitución”. No obstante, la Fiscalía también evalúa un contexto integral de violencia de género física y psicológica, que incluye episodios de golpes, amenazas y abusos sexuales.

La resolución de la fiscal Comas se produjo tras una ampliación de la declaración testimonial de la víctima, en la que aportó detalles sobre hechos de extrema crueldad y abusos sufridos durante la convivencia que previamente no se había animado a relatar.

En diálogo con AHORA, el abogado querellante, Juan Brondo, valoró los avances de la investigación: “Estamos de acuerdo con el trabajo de la fiscalía. Apoyamos y consentimos la continuación de las medidas restrictivas, ya que protegen a la víctima”, detalló el letrado, al tiempo que agregó: “Esperamos las pericias solicitadas, que traerán aún más luz al caso”.

Respecto al impacto que el daño psicológico y mediático tuvo en la mujer, Brondo remarcó: “Nuestra representada sufrió una exposición en redes sociales muy dañina para su imagen. El denunciado hizo todo lo posible para doblegarla, la anuló como persona y logró que hiciera lo que él quería. Prácticamente no podía decirle que no”.

Actualmente, la querella aguarda que el Ministerio Público Fiscal (MPF) fije fecha para la realización de las pericias psicológicas y psiquiátricas al acusado. “Esta medida lleva tiempo, pero es muy necesaria para la causa”, concluyó Brondo.

Mientras la Fiscalía continúa reuniendo testimonios y material probatorio para sostener la acusación formal en la investigación penal preparatoria, el acusado permanece notificado y con la prohibición absoluta de acercarse a la víctima o a su domicilio.

El acceso de las mujeres a los puestos de máxima decisión política dentro de la Administración Pública Nacional experimentó un marcado retroceso durante los últimos cuatro años. Según un relevamiento exhaustivo del Mapa del Estado, la representación femenina en cargos jerárquicos se redujo del 39% registrado en 2022 a un 22% actual. El informe refleja que casi el 78% de los cargos directivos en ministerios, secretarías y subsecretarías están concentrados por hombres, evidenciando una brecha de género que vuelve a consolidarse en los niveles más altos de la estructura estatal.

De las 177 posiciones de conducción política efectivamente cubiertas en la órbita del Poder Ejecutivo Central, 138 corresponden a varones y solo 39 están ocupadas por mujeres. La disparidad resulta notoria en el Gabinete Nacional, donde únicamente dos de las diez carteras ministeriales existentes —Capital Humano y Seguridad— tienen conducción femenina. La menor participación se percibe con mayor crudeza en las secretarías, donde la presencia de funcionarias cayó del 37% al 15%, y en las subsecretarías, donde la cuota descendió del 42% al 25% en el mismo período, dejando a la conducción intermedia con una clara hegemonía masculina.

El fenómeno sociológico conocido como el techo de cristal —la barrera invisible que frena la proyección laboral de las mujeres hacia los estratos de mayor jerarquía e ingresos— se profundizó a partir de la reestructuración orgánica encarada por la gestión de Javier Milei. Entre los hitos del proceso se destaca la disolución formal del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, sumada al desmantelamiento de la instrucción presidencial que exigía criterios de paridad para las designaciones públicas. Expertos del CONICET advierten que la falta de normativas orientadas a corregir las asimetrías acentuó el sesgo de género en la función pública.

Las diferencias se expresan con distinta intensidad según la repartición. En el Ministerio de Defensa la participación femenina en cargos de decisión política es nula, mientras que en Seguridad representa apenas un 8% y en Justicia alcanza un 13%. Del otro lado, el Ministerio de Capital Humano encabeza la mayor representación con un 37%, seguido por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría General de Presidencia, ambas con un 32%. A nivel general, el análisis sobre la totalidad del personal del Estado revela que solo en ocho de las 87 dependencias descentralizadas las mujeres superan el 60% de la nómina laboral.

Durante la madrugada de este sábado, un hombre de 47 años fue aprehendido en el marco de una causa por presunta violencia de género, tras ser denunciado por agredir físicamente a su pareja.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 en la intersección de las calles Saraví y Troisse, donde intervino personal de Comisaría Segunda.

Según las primeras actuaciones, una mujer de 37 años manifestó que se dirigió al domicilio de un amigo, lugar donde se encontraba su pareja. Allí se habría originado una discusión durante la cual, de acuerdo con su denuncia, el hombre le propinó un golpe en la frente, provocándole una lesión visible.

Ante la denuncia y las evidencias constatadas por el personal policial, se realizaron las actuaciones de rigor y se dispuso la aprehensión del acusado, quien quedó a disposición de la Fiscalía de Género interviniente.

En el procedimiento también participó personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, que colaboró con la recepción de la denuncia y las actuaciones correspondientes.

La distribución del ingreso en la Argentina urbana sufrió un marcado deterioro durante los primeros tres meses de 2026. El indicador que mide la desigualdad entre los hogares retrocedió a niveles que no se registraban desde comienzos de 2024, según el último informe de Evolución de la Distribución del Ingreso publicado por el Indec, basado en los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). El panorama muestra un escenario complejo donde el 16,6% de la población urbana percibió un ingreso per cápita familiar por debajo de los $250.000 mensuales.

El Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar escaló a 0,442 puntos en el primer trimestre de 2026, mostrando un retroceso frente a los 0,435 puntos registrados en el mismo período del año anterior. Este indicador macroeconómico mide la concentración del ingreso en una escala de 0 a 1 (donde 0 es igualdad absoluta y 1 es concentración total); el registro actual se posiciona como el más alto desde el primer trimestre de 2024, cuando la fuerte devaluación de finales de 2023 había llevado el índice a un pico de 0,467 puntos.

El 3 de junio se cumplen 11 años del primer #NiUnaMenos convocado por mujeres de diversas partes de nuestro país, en repudio a los femicidios y a la violencia de género.

En el marco de esta fecha que se desarrolla dentro de un contexto de creciente violencia hacia las mujeres y las infancias, desde el sector sindical docente creemos imprescindible remarcar el papel fundamental de la ESI en las escuelas.

Este año, la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral cumple 20 años desde su sanción. De allí a esta parte, la implementación de la ESI en las escuelas ha permitido que muchos niños, niñas y jóvenes ejerzan su derecho de construir su identidad, de vincularse a partir de nuevos esquemas, de expresarse, de desandar estereotipos de género, de conocer sus derechos y de respetar lo diverso.

Sin embargo, en el camino nos encontramos con diversos obstáculos que dificultan la plena implementación de la ley en las aulas: la falta de políticas de gobierno en materia de formación docente, la resistencia de las familias y las lógicas de una institución escolar que, muchas veces, opera desde su esencia fundacional como disciplinadora de los cuerpos y de las ideas.

Frente a esto, la ESI no puede estar en pausa. Ante estas dificultades, es necesario actuar en comunidad. Planificar acciones conjuntas con otros organismos sociales, trabajar en torno a material de actuación ante casos de violencia y abuso sexual contra las infancias, elaborar proyectos institucionales, conocer otras experiencias de trabajo, formarnos, leer, conocer la normativa que nos ampara, debatir, intercambiar ideas; nunca en soledad.

La violencia también llega a nosotras. Docentes con más de 50hs semanales dedicadas a nuestra tarea, no solo en las aulas sino en nuestros hogares. Responsables de los trabajos de cuidado en casa y de nuestros adultos mayores, sostenes de familia con salarios de hambre, sin posibilidad de acceso a tratamientos de salud mental, y, en muchos casos, víctimas de violencia de género.

En este contexto, nos parece también imprescindible que todas las docentes conozcan aquella normativa que nos ampara como trabajadoras en caso de sufrir violencia de género. En 2018 se sancionó la Ley provincial N° 10.571 como norma complementaria que amplía el Decreto 5923/00 “Régimen Unificado de Licencias de la Provincia de Entre Ríos” donde se establece en una serie de artículos específicos, el derecho a una “licencia laboral por violencia de género” con goce de haberes para trabajadoras del sector público y docentes de la provincia de Entre Ríos.

Como trabajadoras de la educación, productoras de conocimiento y garantes del acceso a los derechos de las infancias y juventudes, exigimos una vida digna libre de violencias, donde nuestro trabajo sea reconocido con un salario acorde a nuestra labor, con acceso a un sistema de salud de calidad que nos permita llevar a las aulas nuestra mejor versión.

No estamos solas.

* Lucía Benetti. Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género. AGMER Gualeguaychú

Todo comenzó cerca de las 14:10, cuando el hombre acudió a la comisaría para asegurar que durante el fin de semana le habían sustraído un calzado desde el patio de su vivienda. Según relató, sospechaba de una mujer a quien había encontrado horas antes en la vía pública y a la que decidió increpar para reclamarle por el objeto.

En su exposición, reconoció que la empujó luego de no obtener una respuesta que lo conformara.

Minutos más tarde, la situación dio un giro inesperado cuando la mujer señalada se presentó también en la dependencia policial. La mujer, de la misma edad, tenía visibles lesiones en el rostro y aseguró que había ido a la casa del hombre, que reaccionó violentamente y la golpeó varias veces en la cara.

A partir de esa denuncia y de las lesiones constatadas, la Fiscalía de Género dispuso la detención del sujeto y ordenó avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes, mientras todo prosigue bajo investigación.

Gualeguaychú volverá a ser escenario de una movilización en el marco de la consigna “Ni Una Menos”. La concentración está prevista para el miércoles 3 de junio a las 17 horas en la intersección de 25 de Mayo y Rocamora, desde donde partirá la marcha que busca visibilizar la violencia de género y exigir políticas públicas de prevención y justicia.

La movilización se enmarca undécimo aniversario del movimiento “Ni Una Menos”, surgido en 2015, que desde entonces moviliza a miles de personas en todo el país.

En Gualeguaychú se espera la participación de organizaciones sociales, feministas y vecinos que históricamente acompañan esta fecha de reivindicación.

“Que bajen los femicidios siempre es una buena noticia. Pero decir que la violencia de género ya no es un problema o que el Estado puede retirarse con una variación de un sólo año, es falaz”, explicó Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

En este sentido, las especialistas advierten que la reducción en los números no implica que la violencia haya disminuido, sino que en muchos casos las intervenciones previas y dispositivos de prevención lograron evitar desenlaces fatales. La mayoría de las víctimas nunca había denunciado previamente, lo que refleja que la violencia más letal sigue ocurriendo en silencio.

“Las mujeres que lograron denunciar fueron siempre la minoría entre las víctimas de femicidio. Entre el 73% y el 87% de las mujeres asesinadas nunca habían llegado al sistema judicial. La violencia más letal sigue ocurriendo en silencio, fuera del radar del Estado”, concluyó Gherardi.

La marcha del 3 de junio en Gualeguaychú se sumará a las movilizaciones previstas en todo el país, reafirmando que la lucha contra la violencia de género continúa vigente y que la sociedad exige respuestas concretas para garantizar la vida y la seguridad de mujeres y diversidades.

Se cumplen once años de la primera marcha. Fue el 3 de junio de 2015 cuando, bajo la consigna “Ni Una Menos”, miles de mujeres se movilizaron en todo el territorio nacional para exigir el fin de la violencia de género. En ese momento el detonante fue el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada en Santa Fe.

Hoy, a más de una década de la histórica movilización, las cifras de la Fiscalía de Género de Gualeguaychú evidencian que la violencia hacia las mujeres sigue siendo un fenómeno persistente: fueron 416 las denuncias ingresadas en lo que va de 2026; 323 las medidas de protección; 52 las imputaciones y 16 las condenas.

El Argentino dialogó con las fiscales Carolina Costa, Eliana Ghiglione y Alejandra Montiel, quienes reflexionaron sobre el impacto del 3J, los desafíos de la Justicia y los cambios necesarios para fortalecer la lucha contra la violencia de género. “El 3J fue un hito en la historia del feminismo, desde lo institucional, las políticas públicas, y desde la forma de ver la educación sexual. Expuso la gravedad de un hecho que ya estaba instalado”, afirmó Ghiglione, quien subrayó la importancia de la creación de la Fiscalía Especializada en Género en Gualeguaychú a fines del 2022.

Para Costa, la fecha “no es solamente simbólica, en estos tiempos en que pareciera que la violencia de género ha disminuido, no es así. Lamentablemente, la violencia de género y contra las diversidades sigue plenamente vigente. El sistema machista no ha cambiado, la sociedad sigue siendo mayormente patriarcal y requiere de respuestas concretas del Estado y de la sociedad en su conjunto”.

En esta línea, la funcionaria dijo que “la violencia de género es un problema de Estado” y señaló que una vez hecha la denuncia “la fiscal tiene el deber de actuar y proteger a esa mujer”. Este trabajo se hace siguiendo los protocolos de la Procuración y de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que permiten identificar factores de riesgo.

“Hay una mayor conciencia social desde las luchas”, aseguró, por su parte, Montiel. “La mujer se siente un poquito más protegida, pero nos encontramos con muchas mujeres que no se animan a denunciar o casos donde la denuncia llega tarde”.

Dificultades y desafíos

Las fiscales coincidieron en que los obstáculos son multifactoriales. Ghiglione explicó: “En una casa en la que coexisten patrones de violencia, una situación económica complicada, problemas de salud mental y de consumo se hace un combo para que se complique la protección de la víctima, y también para que se pueda llegar a un juicio”.

Montiel, en tanto, detalló el proceso de medidas: “Lo primero que hacemos son medidas inhibitorias, provisión de contacto y de acercamiento en un determinado radio. Además, el Botón de Alerta Personal (BAP) en el teléfono celular, que algunas tienen y otras no”.

Las fiscales compartieron también historias de resiliencia. Gracias al seguimiento constante de cada caso, el vínculo con las víctimas se sostiene en el tiempo, hasta que logran sentirse empoderadas. “En un caso de violencia, el hombre se quedó detenido. Ella –la víctima– comentó que a partir de esa medida y el proceso iniciado había empezado a tener otra vida. Su hijo había empezado a hablar y ella había conseguido trabajo”, contó Costa.

Consultadas sobre los cambios necesarios, Ghiglione señaló: “La falta de recursos hace que los turnos de asistencia psicológica sean muy a largo plazo. Necesitamos que las situaciones puedan ser abordadas en el momento”. En este sentido, Montiel aportó: “La violencia de género está atravesada por muchos factores. Los cambios se tienen que dar también desde lo institucional, la política y la educación”.

“Buscamos la aplicación de la ley, y que se sancione la conducta del agresor”, indicó Costa, y además aclaró “nosotros no hacemos prevención”.

Por último, las fiscales remarcaron la necesidad de incluir a los varones en el proceso. “Entendemos que también los hombres son víctimas del sistema patriarcal, entonces hay que tratarlos a ellos”, dijo Ghiglione, quien destacó la importancia de la Educación sexual Integral (ESI): “Es fundamental para entender un montón de cosas desde edades tempranas”.

“La violencia de género tiene que estar en las agendas políticas y tiene que estar en los medios de comunicación. Pese a la realidad de los números, se debe seguir luchando, para que la mujer pueda salir de esa situación de violencia, que el agresor sienta que la ley es un freno”, indicaron las funcionarias.

En una sesión marcada por el consenso, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó un protocolo de actuación para prevenir e intervenir en casos de violencia laboral y violencia laboral por motivos de género. La medida apunta a construir ámbitos laborales sanos, respetuosos y seguros.

El protocolo tiene como objetivo establecer mecanismos de prevención, orientación, asesoramiento y abordaje ante casos de acoso, maltrato o violencia en el ámbito legislativo. Regirá para todas las personas vinculadas a la Cámara, sin importar la modalidad de contratación, cargo, función o antigüedad, incluyendo empleados públicos, locaciones de obra o de servicio y otras formas de prestación.

El documento define conceptos clave como violencia laboral, violencia laboral con motivo de género y violencia digital laboral. Entre las medidas de protección, contempla que la persona afectada pueda solicitar la modificación de su lugar o horario de trabajo para resguardar su integridad. Además, establece que las actuaciones serán confidenciales y se regirán por principios de no revictimización y reserva de identidad del denunciante. También dispone la obligatoriedad de capacitaciones anuales en la materia para todo el personal y autoridades jerárquicas.

El área de Personal será la autoridad de aplicación, a través de un equipo interdisciplinario encargado de brindar asistencia de primera escucha y orientación. La diputada Carolina Streitenberger (Juntos por Entre Ríos), presidenta de la Comisión Especial de Prevención e Intervención en Casos de Violencia Laboral y de Género, destacó que el proyecto es fruto de “un trabajo colectivo de la Comisión que propuso este instrumento con procedimientos claros y concretos”. Por su parte, la diputada Laura Stratta (PJ) subrayó la importancia de contar con “un marco desde el que construir un camino para erradicar la violencia por razones de género” y resaltó la necesidad de “espacios de trabajo y relaciones laborales sanas, respetuosas y seguras”.

La aprobación se produce semanas después de la denuncia de la titular de la Federación Universitaria de Entre Ríos contra el diputado socialista Juan Manuel Rossi y dos años después del inicio del proceso por violencia institucional que involucró a la diputada María Laura Stratta y al presidente de la Cámara, Gustavo Hein. En este contexto, el protocolo representa una respuesta institucional concreta.

El Hogar de Protección Integral “Alas Desatadas” funciona en Gualeguaychú como un dispositivo clave para resguardar a mujeres que no pueden permanecer en su hogar porque implica un riesgo concreto para su integridad. Se trata de una política pública iniciada bajo la gestión de esteban Martín Piaggio y sostenida por el actual Gobierno municipal.

“La casa no es un hostel, es una casa de seguridad. Acá llegan mujeres con riesgo de vida”, explicó Claudia Fiorotto, la actual responsable del área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables. El ingreso se da en contextos de urgencia, cuando no existen redes familiares que puedan contener la situación, y el tiempo de permanencia es transitorio, con un máximo de tres meses, en línea con las medidas judiciales vigentes.

El dispositivo no solo garantiza alojamiento, sino también condiciones básicas de cuidado: alimentación diaria equilibrada, seguimiento sanitario, acompañamiento psicológico y acceso a la educación para los niños que ingresan junto a sus madres. Desde el primer día, el trabajo está orientado al egreso, con el objetivo de que cada mujer pueda reconstruir una vida fuera del circuito de violencia.

En este proceso interviene un equipo interdisciplinario compuesto por profesionales de la psicología, trabajo social y abogadas, que articula con el sistema de salud, el ámbito educativo y organismos de protección de derechos. Además, se sostienen espacios de escucha semanales y acompañamiento permanente ante situaciones de crisis.

Según el diagnóstico institucional del dispositivo, la mayoría de las mujeres alojadas atraviesa múltiples desigualdades: solo el 9% cuenta con empleo formal, más del 50% no completó la secundaria y en el 89% de los casos la violencia proviene de parejas o exparejas. Estos datos reflejan que la violencia de género no puede abordarse de manera aislada, sino en relación con condiciones estructurales como la dependencia económica y la falta de vivienda.

En ese sentido, Alas Desatadas incorpora instancias de formación y producción orientadas a la autonomía. Durante su estadía, las mujeres participan de talleres donde elaboran productos para la venta y desarrollan oficios, al tiempo que se impulsa una huerta que les permite aprender a producir su propio alimento y generar ingresos. Estas propuestas fomentan la organización colectiva, el aprendizaje y la posibilidad de construir herramientas concretas para el egreso.

A su vez, el trabajo del área no se limita al espacio de la casa. Mientras que Alas Desatadas funciona como un dispositivo cerrado y protegido, las acciones comunitarias se desarrollan en territorio, con presencia en distintos barrios de la ciudad. Este abordaje territorial permite llegar a mujeres que muchas veces no acceden directamente al dispositivo, facilitando el primer contacto con el área y fortaleciendo las redes de contención en cada barrio.

El trabajo integral incluye además el abordaje con varones que ejercen violencia, mediante dispositivos específicos que buscan promover procesos de reflexión y modificación de conductas, entendiendo que la problemática requiere intervenciones sobre quienes ejercen la violencia y no solo sobre las víctimas.

Para quienes necesiten asistencia, las líneas de contacto permanentes:

Casa de la Mujer (24 horas): +54 9 3446 53-7333

Área de Género: +54 9 3446 53-5286

Masculinidades: +54 9 3446 20-9363

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 30 años, quien indicó que se encuentra separada de su expareja desde hace aproximadamente una semana. Según su testimonio, el hombre se presentó en el domicilio, la insultó e ingresó sin autorización. En ese momento, le sustrajo el teléfono celular y posteriormente lo dañó al arrojarlo contra el suelo.

Ante lo ocurrido, y por disposición de la Fiscalía de Género, se procedió a la aprehensión de un hombre de 29 años, quien fue localizado en la vereda frente a la vivienda de la víctima.

El sospechoso fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó a disposición de la Justicia.

La Cámara de Senadores a través del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos; y el Instituto de Formación Legislativa, implementaron los cursos de capacitación en Ley Micaela Nº27.499 (formación en género y violencia de género) y Ley Yolanda Nº27.592 (capacita en temáticas ambientales, desarrollo sostenible y cambio climático), que se ponen a disposición del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos para brindarlos a sus matriculados.

La rúbrica del convenio se llevó a cabo este martes al mediodía en el Salón de la Vicegobernación de Entre Ríos. Participaron la vicegobernadora de la provincia y presidenta de la Cámara de Senadores, Alicia Aluani, junto al presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santiago Esquivel.

Estuvieron presentes, además, las coordinadoras de Observatorio de Géneros y Derechos Humanos; Lucia Borroni y el Instituto de Formación Legislativa, Ivana Balbi; la prosecretaria y la coordinadora de la Cámara de Senadores, Sara Foletto y Julieta Sosa; y los asesores legales Fernando Monge, María Luisa Domínguez, Rubén Sieber.

Luego de la ceremonia, el presidente del Colegio de la Abogacía, expresó: “La firma de este convenio reviste de vital importancia porque es fundamental tener colegas capacitados. A través de la Vicegobernación, se abre la posibilidad de poder acceder a la firma de un convenio sumamente importante para todos los matriculados y matriculadas de la provincia, como es la capacitación en la Ley Yolanda y en la Ley Micaela, con lo cual creemos que un beneficio para los colegas va a redundar a la larga en un beneficio para la sociedad”, remarcó abogado. (Fuente: APFDigital)

Este 8 de marzo de 2026, Día Internacional de la Mujer, el Ministerio Público de la Defensa (MPD) de Entre Ríos ratificó su compromiso de trabajo por los derechos de las mujeres, bajo los lineamientos institucionales trazados por el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez. El acceso igualitario a la justicia, la protección de niñas y adolescentes, el control de legalidad en situaciones de salud mental y la prevención de la violencia son ejes centrales de esta tarea.

Bajo el lema de Naciones Unidas “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”, el MPD se suma a la convocatoria global que busca garantizar sistemas jurídicos inclusivos y equitativos, eliminando prácticas discriminatorias y fortaleciendo protecciones legales.

El MPD promueve medidas para proteger derechos fundamentales y garantizar asistencia jurídica integral a personas en situación de vulnerabilidad. Aunque estas acciones alcanzan a toda la población, las mujeres enfrentan mayores obstáculos para acceder a la justicia, lo que interpela a defensores, equipos técnicos y agentes. Las 100 Reglas de Brasilia señalan que el género es una de las causas de vulnerabilidad en el acceso a la justicia.

Las defensorías civiles brindan asistencia gratuita en temas de familia, salud y vivienda, impulsando medidas de protección en casos de violencia de género, reclamos alimentarios y prestaciones de salud. Las defensorías penales garantizan derechos de personas acusadas sin recursos, mientras que las de Ejecución de Penas atienden especialmente las condiciones de mujeres en instituciones penitenciarias.

El MPD también implementa dispositivos innovadores, como el abordaje para varones imputados en contextos de violencia de género, en conjunto con la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y el Dispositivo de Entrevistas Testimoniales Videograbadas, que protege a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual evitando su revictimización.

La defensa pública trabaja además en la protección de niñas y adolescentes, garantizando el interés superior del niño/a en procesos de guarda y adopción a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción (RUAER) y el nuevo dispositivo de referentes de cuidado.

En materia de salud mental, el Órgano de Revisión y la Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental velan por los derechos de personas internadas involuntariamente y supervisan efectores públicos y privados.

Con esta mirada transversal, el MPD reafirma que la igualdad ante la justicia es un deber ineludible y que la perspectiva de género, junto con la capacitación permanente prevista en la Ley Micaela, son herramientas esenciales para transformar la práctica jurídica y garantizar derechos humanos en toda la provincia.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú llevará adelante una sesión especial destinada a rendir homenaje a mujeres que han dejado huella en distintos ámbitos de la vida social, cultural y política de la ciudad. La iniciativa se inscribe en una política institucional que busca visibilizar la lucha por la igualdad de género y reconocer el aporte de quienes trabajan por una sociedad más justa.

El próximo lunes 9 de marzo, a las 20.30 horas, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) realizará una sesión especial en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, tal como lo establece la Ordenanza N° 13.008/2025. Esta normativa, sancionada en junio del año pasado, instituye un homenaje anual a mujeres destacadas de la comunidad, con el objetivo de visibilizar la lucha por la igualdad de género y el compromiso en áreas clave como el compromiso social y comunitario, la defensa de los derechos humanos y de género, la cultura y el arte, el deporte, la educación y la ciencia, la innovación y el emprendimiento, y el liderazgo político y social.

La ordenanza resalta la importancia histórica de esta fecha, recordando hitos como las movilizaciones de trabajadoras textiles en Nueva York a principios del siglo XX y el trágico incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en 1911, donde perdieron la vida 146 mujeres, impulsando avances en derechos laborales y de género. A pesar de los progresos logrados, la norma enfatiza que persisten inequidades como las brechas salariales, la violencia de género y la falta de acceso equitativo a oportunidades laborales, lo que hace necesario continuar con acciones de reflexión y visibilización.

En esta sesión especial, cada bloque deliberativo ha designado de manera autónoma a una homenajeada, fundamentando su elección en la destacada trayectoria de cada una en los ámbitos mencionados. Las mujeres reconocidas serán Carina Leonardi, Natalia Sosa, Clotilde Massaferro y Mariela Novoa, quienes representan el esfuerzo diario por una sociedad más justa e igualitaria.

Este acto no solo simboliza un reconocimiento a sus contribuciones individuales, sino que también reafirma el compromiso institucional del HCD con la promoción de la igualdad de género y la eliminación de barreras estructurales que afectan a las mujeres. La invitación a la comunidad a participar busca fomentar un espacio de reflexión colectiva sobre los avances y desafíos pendientes en materia de derechos de las mujeres.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú llevará adelante una sesión especial destinada a rendir homenaje a mujeres que han dejado huella en distintos ámbitos de la vida social, cultural y política de la ciudad. La iniciativa se inscribe en una política institucional que busca visibilizar la lucha por la igualdad de género y reconocer el aporte de quienes trabajan por una sociedad más justa.

El próximo lunes 9 de marzo, a las 20.30 horas, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) realizará una sesión especial en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, tal como lo establece la Ordenanza N° 13.008/2025. Esta normativa, sancionada en junio del año pasado, instituye un homenaje anual a mujeres destacadas de la comunidad, con el objetivo de visibilizar la lucha por la igualdad de género y el compromiso en áreas clave como el compromiso social y comunitario, la defensa de los derechos humanos y de género, la cultura y el arte, el deporte, la educación y la ciencia, la innovación y el emprendimiento, y el liderazgo político y social.

La ordenanza resalta la importancia histórica de esta fecha, recordando hitos como las movilizaciones de trabajadoras textiles en Nueva York a principios del siglo XX y el trágico incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en 1911, donde perdieron la vida 146 mujeres, impulsando avances en derechos laborales y de género. A pesar de los progresos logrados, la norma enfatiza que persisten inequidades como las brechas salariales, la violencia de género y la falta de acceso equitativo a oportunidades laborales, lo que hace necesario continuar con acciones de reflexión y visibilización.

En esta sesión especial, cada bloque deliberativo ha designado de manera autónoma a una homenajeada, fundamentando su elección en la destacada trayectoria de cada una en los ámbitos mencionados. Las mujeres reconocidas serán Carina Leonardi, Natalia Sosa, Clotilde Massaferro y Mariela Novoa, quienes representan el esfuerzo diario por una sociedad más justa e igualitaria.

Este acto no solo simboliza un reconocimiento a sus contribuciones individuales, sino que también reafirma el compromiso institucional del HCD con la promoción de la igualdad de género y la eliminación de barreras estructurales que afectan a las mujeres. La invitación a la comunidad a participar busca fomentar un espacio de reflexión colectiva sobre los avances y desafíos pendientes en materia de derechos de las mujeres.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Italia dio un paso histórico en la lucha contra la violencia de género. Con 237 votos a favor, el Parlamento aprobó una ley que reconoce al feminicidio como un delito autónomo, enviando un mensaje contundente sobre la gravedad de estos crímenes y la necesidad de sanciones ejemplares.

La nueva normativa define el feminicidio como un crimen impulsado por odio, discriminación, dominación o control hacia una mujer por el hecho de ser mujer. También abarca los asesinatos perpetrados tras la ruptura de una relación o aquellos destinados a limitar su libertad y autonomía.

El texto aprobado establece la cadena perpetua como pena máxima para quienes cometan este tipo de homicidios, reforzando el compromiso del Estado italiano con la protección de las mujeres y la erradicación de la violencia basada en género.

Con esta medida, Italia se suma a los países que han tipificado el feminicidio en sus legislaciones, consolidando un marco legal más robusto frente a la violencia de género. La decisión no solo tiene un impacto interno, sino que también envía un mensaje internacional sobre la importancia de reconocer y sancionar estos crímenes de manera específica.

La incorporación del feminicidio como delito autónomo en el Código Penal italiano marca un hito en la lucha por la igualdad y la justicia. La sanción de esta ley refuerza la protección de las mujeres y constituye un avance significativo en la construcción de una sociedad más segura y equitativa