Organizaciones ambientalistas presentaron un amparo colectivo ante la Justicia para frenar la reforma de la Ley de Glaciares aprobada en el Senado, al considerar que vulnera derechos constitucionales y debilita la protección de reservas estratégicas de agua en el país.

La acción fue impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace Argentina, y recayó en el Juzgado Federal de La Pampa. En ese marco, solicitaron una medida cautelar para suspender la aplicación de la norma en todo el territorio nacional.

Según advirtieron, la reforma habilita a las provincias a redefinir áreas de valor hídrico y modificar el inventario de glaciares sin respaldo técnico, lo que podría abrir la puerta a actividades extractivas en zonas antes protegidas.

Además, sostuvieron que la iniciativa contradice el principio de no regresión ambiental y compromisos internacionales asumidos por Argentina, y recordaron que la Ley 26.639, vigente desde 2010, establece un piso mínimo de protección.

El planteo también cuestiona la escasa participación ciudadana en el proceso legislativo y alerta sobre posibles impactos en la seguridad hídrica de varias provincias.

Adriana Defazy (*)

El proceso legislativo que dio lugar a esta modificación estuvo marcado por el impedimento a que 100 mil personas puedan participar del debate y por la ausencia de fundamentos claros en los legisladores que votaron a favor.

Lo que comenzó como una indignación provincial al sur de nuestro país, rápidamente se transformó en una causa nacional que hoy moviliza a miles de personas y organizaciones en defensa del agua y del ambiente.

La reforma expuso una grieta entre la ciudadanía y sus representantes. Más de 1600 personas se habían inscripto para participar en la audiencia pública, pero la gran mayoría no fue escuchada. Este incumplimiento vulneró directamente la Ley de Escazú, que garantiza la participación ciudadana en asuntos ambientales. En Entre Ríos, mientras se debatía en el Congreso, hubo localidades que se manifestaron en contra de la reforma, fue el caso de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y Paraná.

En La Pampa la respuesta fue clara: el Gobernador junto a la Universidad Nacional de la provincia, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos presentaron un amparo colectivo ambiental contra la reforma. La acción judicial busca declarar la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley, argumentando que vulnera derechos consagrados en la Constitución Nacional, como el derecho a un ambiente sano y al acceso al agua (artículo 41). Amparo al que, hasta el día de hoy, adhirieron 600.000 firmas para rechazar la modificación de la Ley.

Aunque La Pampa no posee glaciares, depende del río Colorado, de origen glaciar, que abastece al 45% de la población. El reclamo pampeano se sostiene en principios jurídicos sólidos: la no regresión ambiental, reconocida en el Acuerdo de Escazú, establece que, una vez alcanzado un umbral de protección ambiental, cualquier retroceso requiere una justificación estricta. La reforma, al reducir el alcance de la protección de glaciares y fragmentar la tutela, constituye un retroceso normativo verificable. Por eso, el amparo pide la suspensión inmediata de la aplicación de la ley hasta que se resuelva su constitucionalidad.

El derecho constitucional a defender el ambiente fue vulnerado con la represión en Mendoza, donde ocho personas fueron detenidas por defender pacíficamente el ambiente, entre ellas la docente jubilada Mabel Miatello, muestra que la discusión trasciende lo jurídico y se instala en el terreno de los Derechos Humanos. El artículo 43 de la Constitución Nacional habilita la acción de amparo para proteger el ambiente, y el artículo 75 inciso 22 otorga jerarquía superior a tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. La reforma, al vulnerar estos principios, no solo es inconstitucional, sino también inconvencional.

Organizaciones como FARN, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace convocan a la ciudadanía a sumarse a la demanda colectiva más grande de la historia en defensa del agua. La consigna es clara: “La Ley de Glaciares no se toca, el agua vale más que todo”. La firma en la web www.demandacolectivaglaciares.org no genera obligaciones legales, pero sí construye una fuerza social imposible de desestimar.

Esta reforma no es un hecho aislado: representa un retroceso en la protección de bienes comunes estratégicos como el agua y pone en evidencia la tensión entre intereses económicos y derechos colectivos.

Desde Entre Ríos hasta La Pampa, pasando por Mendoza y otras provincias, la ciudadanía se organiza para defender lo que la política parece haber olvidado: el agua es un derecho humano y un patrimonio de las generaciones futuras.

La columna vertebral de este reclamo es la legitimidad social y jurídica. Como sostiene el principio precautorio, ante la duda debe prevalecer la protección del ambiente. Y como recuerda el principio in dubio pro aqua, el agua debe ser prioritaria frente a cualquier otro interés. La reforma viola estos principios y, por lo tanto, debe ser revertida. La defensa del agua no admite grietas ni colores partidarios: es una causa común que interpela a toda la sociedad argentina.

(*) Comunicadora popular y miembro de la Campaña plurinacional en defensa del agua para la vida

Con 129 diputados presentes, el oficialismo consiguió el quórum para avanzar en la sesión para sancionar definitivamente. Además de los diputados libertarios, dieron quórum el PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca, Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz y, por el bloque Unidos, estuvieron Jorge Rizzotti, Ignacio Aresca, José Nuñez, Sergio Capozzi, Alejandra Torres y la presidenta del bloque, Gisella Scaglia.

El número en la votación con el que el oficialismo consiguió darle sanción definitiva a la norma fue mayor. Pasada la una de la mañana y luego de una larga sesión, la pantalla señaló que los votos positivos fueron 137 contra 111 en contra.

Se estipulaba que se iba a votar más tarde, pero una sesión más tranquila y con un tránsito más apacible para el oficialismo de lo que tenía pensado originalmente cambió los planes y cada uno de los diputados de LLA que se había anotado como orador, uno a uno se fue bajando. "Están los votos, que se queden con los discursos“, dijo a Infobae un diputado libertario.

Activistas de Greenpeace cuelgan una pancarta en el Congreso Nacional exigiendo a los diputados que no traicionen la Ley de Glaciares, vista parcial tras una reja ornamental.

La seguridad de triunfo libertario quedó plasmada alrededor de las 22 horas, un par de horas antes de que se votó, cuando ingresó al recinto de la Cámara de Diputados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se ubicó en el palco de la presidencia de la Cámara y observó el último tramo del debate.

La sesión comenzó con 9 pedidos de apartamiento de reglamento donde todos fueron pedidos por la oposición encarnada en el bloque Izquierda y de Unión por la Patria en donde el oficialismo hizo valer. Uno de los apartamientos de la diputada Paula Penacca tuvo que ver la citación para una interpelación a Manuel Adorni al recinto, que terminó su alocución emulando al Jefe de Gabinete diciendo “fin”. La votación, otra vez, fue a favor de LLA, que contó con el apoyo de los socios. Uno de los apartamientos que suscitó la atención fue el que presentó el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica en donde señalaba el tratamiento de 3 proyectos respecto de $Libra. Otra vez, el oficialismo mantuvo su mayoría y lo rechazó.

Luego de esos momentos en donde el bloque de LLA no pasó nerviosismo pero sí prestó atención al número que juntaba la oposición y cuán lejos estaba de los 129 que necesita para abrir la sesión.

Pasado esto, comenzó el debate de la modificación de la Ley con la exposición del diputado sanjuanino José Peluc, de La Libertad Avanza, quien fue el que comandó el debate en las comisiones. Luego de hacer un breve repaso de la norma, el diputado con tono cancino comenzó el debate por la modificación de la Ley de Glaciares. "Ustedes leen hasta donde quieren y entienden hasta donde quieren“, respondió el legislador a las críticas de la oposición.

El santafesino libertario Nicolás Mayoraz fue otro que salió en defensa del proyecto y señaló que “con este proyecto de ley, que ya tiene media sanción del Senado, estamos demostrando que la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles. Que el medio ambiente se protege, que las economías regionales se desarrollan y que una Argentina grande es posible”.

Uno de los diputados que se mostró fuertemente opositor a la norma desde sus inicios fue Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, que consideró la reforma como “totalmente regresiva e inconstitucional” y apuntó contra las mineras y algunos gobernadores. “No tengo ningún problema en decirlo: el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo”, denunció.

Otro que se opuso fue Miguel ángel Pichetto, diputado de Encuentro Federal, y uno de los que “empujó” la sanción de la ley que se modifica. “La ley que se ha votado en 2010 es una ley autosuficiente que permitía perfectamente conciliar los intereses de un gobierno nacional que, como el de su presidente, tiene una vocación minera, conciliando también con las provincias y acordando fundamentalmente a través de un órgano técnico, científico, que es el IANIGLA, que pasa prácticamente a ser liquidado por esta decisión que van a tomar hoy a la tarde. Por lo tanto, estoy en contra de esta ley. Ratifico lo que voté en el año 2010. No existe ningún argumento ni técnico, ni económico, ni político que avale este cambio”, expuso.

El diputado kirchnerista Juan Grabois también se opuso y señaló que el proyecto oficialista “es una ley envenenada. Mienten cuando dicen que la minería en glaciares no envenena. Van a envenenar el agua. Esta ley es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de tu casa”, apuntó.

Así fueron pasando, uno a uno, los diputados de la oposición de los diferentes bloques que se oponían al proyecto de modificación de la ley de Glaciares frente al silencio de los legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR; que solo esperaron que pasara el tiempo para votar sin más contratiempo que alguna palabra elevada y no mucho más.

Fuente: Infobae

Una persona fue detenida por los incidentes se registran esta tarde entre militantes y la Policía en medio de la protesta contra la Ley de Glaciares que se trata en la Cámara de Diputados, según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

El hecho tuvo lugar en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde efectivos de la Policía de la Ciudad intentaban dispersar a los manifestantes con el objetivo de que permanezcan en el Congreso.

Hasta el momento se registró el arresto de un activista que participó de los desmanes en el centro porteño mientras se trata el proyecto impulsado por el Gobierno.

Fuente: AgenciaNA

Seguí el debate:

El 8 de marzo, en el marco de la movilización organizada por Enredada Feminista Gualeguaychú–Pueblo Belgrano, se dio lectura al documento central que sintetiza las demandas y denuncias del movimiento. Con memoria histórica y mirada crítica, el texto recuerda a las trabajadoras que en 1908 fueron encerradas y calcinadas en Nueva York mientras reclamaban por mejores condiciones laborales, y enlaza esa lucha con las amenazas actuales: reformas que precarizan, gobiernos que desmantelan derechos y políticas que profundizan desigualdades.

El documento rechazó de manera contundente la Ley de Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Milei, señalando que favorece a un puñado de empresarios y traslada el ajuste a los hogares.

Se denunció la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que desvía aportes del sistema previsional y debilita jubilaciones y asignaciones. También se cuestionó la flexibilización del tiempo de trabajo mediante bancos de horas y negociaciones individuales, que afectan especialmente a mujeres en sectores precarizados como comercio, cuidados y casas particulares. “Decimos que esta ley es esclavista”, afirmaron en el texto, porque habilita la contratación informal sin sanciones y amplía la brecha de acceso a empleos formales y jubilaciones dignas.

El documento vinculó la reforma laboral con un modelo extractivista y bélico que amenaza territorios y vidas. Se denunció el RIGI como “legalización del saqueo” y la reforma de la Ley de Glaciares como un atentado contra el agua de las futuras generaciones. “Nuestros recursos no son mercancía. Los glaciares no se tocan. El agua no se vende”, se proclamó.

Además, se repudió el bombardeo contra una escuela en Irán y el genocidio en Palestina, señalando que las guerras y el extractivismo son dos caras de la misma violencia patriarcal y colonial. La consigna fue clara: nuestros territorios, nuestros cuerpos y nuestros glaciares no son zonas de sacrificio.

El documento leído en el acto central también denunció el avance del negacionismo y los intentos de indultar a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Se señaló que estas iniciativas impulsadas por referentes de La Libertad Avanza representan “una afrenta a la memoria de los 30.000 desaparecidos” y un quiebre con el pacto democrático de 1983. A las puertas de los 50 años del golpe militar, se advirtió que la impunidad de ayer es la garantía para la represión de hoy. La consigna se reafirma: Nunca Más es Nunca Más.

La voz feminista también se detuvo en la violencia patriarcal que se expresa en los más de 600 femicidios y transfemicidios ocurridos desde la asunción de Milei. “No son una estadística policial, son asesinatos políticos”, se subrayó, responsabilizando al desmantelamiento de las políticas de género y al discurso de odio oficial. El Estado, al negar la violencia, entrega el arma al femicida.

En materia de salud, se denunció el desfinanciamiento del sistema sanitario y la mercantilización de los cuidados. Durante 2025 no se distribuyó un solo preservativo bajo el Programa VIH, la ESI fue desmantelada y se busca retroceder en la Ley de Salud Mental hacia un paradigma manicomial. La falta de medicamentos, vacunas y tratamientos golpea especialmente a mujeres y personas trans, mientras se incrementan los problemas de sufrimiento psíquico y consumos en un contexto de precarización. “Nos encontramos con gobernantes que desprecian la vida de la clase trabajadora”, se afirmó, reclamando salud pública accesible y digna.

El plan original del Gobierno de Milei para apurar el tratamiento de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados tendrá que esperar. Este miércoles, durante un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, el oficialismo debió ceder ante los planteos de diputados opositores y convocó a una audiencia pública para el próximo 25 y 26 de marzo.

El pedido de audiencia fue presentado por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica ARI), “no solo en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú, sino también de la Ley General de Ambiente en lo que respecta a preservar principios que están establecidos como el de no regresión y el precautorio”.

El diputado de la Coalición Cívica propuso que la audiencia dure más de un día y tenga carácter interjurisdiccional. “Tiene que realizarse distintos días, tiene que tener un claro criterio federal de participación de las provincias y en el cual puedan ser escuchadas las provincias donde hay comprometida la cuestión de cuencas hídricas. La audiencia pública no puede ser solo un día en la Cámara. Queremos un debate interjurisdiccional”, exigió.

También remarcó la necesidad de convocar a una audiencia pública la diputada Sabrina Selva (Unión Por la Patria). “No alcanza con que la audiencia sea pública, tiene que ser federal tal como comentó Ferraro. Nuestra propuesta es que sea una audiencia pública, transparente y federal en virtud de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas que están en juego con esta Ley de Glaciares. Que la participación sea totalmente abierta, no se puede cercenar la participación. Si tienen que ser hasta 10 días de audiencias, debe darse”, dijo a sus pares.

Ante la presión de los diputados opositores, y en un giro inesperado, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, aceptó la propuesta y anunció la convocatoria a una audiencia pública de dos días, con un encuentro presencial y otro por zoom, para el 25 y 26 de marzo.

Con esta nueva instancia, el oficialismo ya no podrá apurar el proyecto que modifica la Ley de Glaciares y favorece a las mineras, tal como tenía previsto. De acuerdo con los cálculos, se espera que el despacho de comisión esté después de Semana Santa, entre el 7 y 8 de abril.

Cómo serán las audiencias públicas

Según se acordó este miércoles, la convocatoria será pública, abierta, inclusiva y federal. Se realizará el miércoles 25 de marzo de forma presencial y el jueves 26 vía remota para “garantizar el federalismo y evitar el traslado, a fin de dar plazo suficiente para la difusión a la ciudadanía y de la convocatoria”.

El horario de ambas jornadas, que se desarrollarán en la Sala A del Anexo “C”, será de 10 a 19 horas con la “flexibilidad de extender el horario”. La duración de cada exposición sería de 5 minutos, pero el tiempo se irá distribuyendo de acuerdo a la cantidad los oradores quienes, además, deberán traer la presentación por escrito para incorporarlas como antecedentes. Se aceptarán presentaciones por escrito hasta el mismo día de la audiencia.

Además, se acordó garantizar la publicidad y difusión de la audiencia en medios gráficos, aunque “es un tema que ya tiene mucha instalación en los medios y en la sociedad. No es una temática ajena al conocimiento de la sociedad”.

Quienes decidan participar de la audiencia, deberán inscribirse por mail a la Comisión de Recursos Naturales o de forma presencial en Diputados de 10 a 16 horas. El plazo de inscripción está abierto hasta 24 horas antes de la audiencia inclusive. (Fuente: Página12)

En un contexto de debate parlamentario sobre posibles cambios en la Ley de Glaciares, la Iglesia católica argentina se pronunció con firmeza en defensa de estos ecosistemas estratégicos.

A través de un comunicado, la institución recordó que los glaciares constituyen reservas vitales de agua dulce y que su protección es inseparable del derecho humano al acceso al agua potable. El mensaje busca instalar un llamado ético y social frente a las presiones económicas que impulsan la explotación de recursos en zonas de alta fragilidad ambiental.

“El acceso al agua potable no es negociable; es un derecho humano fundamental que debe anteponerse a cualquier interés económico”, señala el documento. La Iglesia subraya que el agua es vida y que cualquier retroceso en la legislación que protege los glaciares significaría un riesgo directo para las comunidades presentes y futuras.

Los glaciares son considerados reservas de agua esenciales para la región y el país. En palabras de la Iglesia: “Nuestras reservas de agua son el futuro de la región. Cualquier retroceso en su protección es un golpe directo a las próximas generaciones.” Este planteo pone en evidencia que la discusión no se limita a un aspecto técnico, sino que involucra la responsabilidad intergeneracional y la obligación de preservar bienes comunes.

El comunicado también advierte sobre la necesidad de establecer límites claros a la explotación de recursos naturales: “No todo lo que es técnicamente posible, es éticamente aceptable.” La Iglesia invita a reflexionar sobre el impacto de las decisiones políticas y económicas, recordando que el desarrollo debe respetar el entorno y priorizar la vida por encima de la rentabilidad.

Finalmente, el mensaje resalta la importancia de escuchar a las comunidades que habitan los territorios: “No hay desarrollo posible sin la aprobación y el bienestar de quienes habitan el territorio.” Con esta afirmación, la Iglesia se alinea con el clamor social que reclama participación, respeto y justicia ambiental.

La postura de la Iglesia católica argentina se convierte en un llamado a la conciencia colectiva y al diálogo responsable entre Estado, empresas y sociedad civil. La defensa de los glaciares no es solo una cuestión ambiental, sino también ética, social y cultural. En tiempos de crisis climática, la voz de la Iglesia se suma a la de múltiples organizaciones que exigen que la legislación vigente se mantenga como garantía de protección de uno de los recursos más valiosos del país.

El debate por la Ley de Glaciares vuelve a tensar la agenda ambiental y política en Argentina. Mientras el oficialismo avanza con una propuesta que habilita a las provincias mineras a decidir sobre proyectos en zonas periglaciares, el peronismo presentó un proyecto que refuerza la normativa vigente y advierte sobre los riesgos de retroceder en la protección de reservas estratégicas de agua dulce.

El diputado nacional Eduardo Valdés anunció la iniciativa con un mensaje contundente: “Defender los glaciares es defender la vida. El acceso al agua es un derecho y una condición para el desarrollo. Cualquier retroceso compromete el futuro de nuestras comunidades”.

La propuesta llega días antes de que el Senado trate la media sanción de la normativa actual. El proyecto oficialista, respaldado por gobernadores de provincias mineras, busca otorgar mayor autonomía para definir qué emprendimientos extractivos pueden realizarse en áreas periglaciares, hoy protegidas por Ley.

Según datos oficiales, Argentina cuenta con cerca de 17.000 glaciares inventariados en 12 provincias. Estos cuerpos de hielo alimentan 36 cuencas hídricas y abastecen de agua a millones de personas. Valdés subraya que su preservación es clave para el consumo humano, la producción agrícola, la recarga de cuencas, la generación de energía, la biodiversidad, la investigación científica y el turismo.

La iniciativa también se vincula con los compromisos internacionales asumidos por Argentina en el Acuerdo de París sobre cambio climático y recoge las advertencias de organizaciones ambientales como Greenpeace, FARN, Aves Argentinas, la Asociación de Abogados Ambientalistas y Jóvenes por el Clima, que rechazan cualquier flexibilización de la normativa vigente.

Valdés advierte que reducir estándares de protección podría afectar la disponibilidad y calidad del agua, especialmente ante la expansión de actividades extractivas sin controles suficientes. “El acceso al agua y la protección de los glaciares no son solo una cuestión ambiental, sino un tema de soberanía, desarrollo y justicia social”, concluye el texto. Fuente: APFDigital

Con la atención puesta en Venezuela y en pleno receso veraniego, legisladores del oficialismo se encuentran en reuniones con cámaras empresarias de cara al segundo llamado a sesiones extraordinarias. Tal como anunció la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, será el lunes 2 de febrero la semana de la reanudación de las actividades oficiales en el Congreso.

El gran objetivo del Gobierno nacional es el de poder avanzar en el proyecto de Ley de Modernización Laboral, el cual fue dictaminado, pero el oficialismo acordó con la oposición dialoguista retrasar su tratamiento en búsqueda del consenso necesario para aprobar el texto. Sin embargo, una fuente de La Libertad Avanza confirmó a parlamentario.com que la fecha elegida para ir al recinto será el miércoles 11 de febrero.

En paralelo, la bancada libertaria confía en que también podrá avanzar con la modificación a la Ley de Glaciares que al igual que la reforma laboral, cuenta con dictamen de comisiones, sujeto a las modificaciones que observen los senadores provinciales, claves para el quórum y para la media sanción en el recinto.

Con la jura del rionegrino Enzo Fullone, La Libertad Avanza cuenta con la nómina de legisladores completa y si se cuenta el interbloque junto al cordobés Luis Juez, parten de una base de 21 adhesiones, a 16 del quórum. De todos modos, el oficialismo sabe que podría contar con gran parte del radicalismo, los tres del Pro, el correntino Carlos “Camau” Espínola, la tucumana Beatriz Ávila, la salteña Flavia Royón, la chubutense Edith Terenzi y la neuquina Julieta Corroza.

En la última sesión del 26 de diciembre quedó en evidencia que los 21 integrantes del bloque Justicialista -presidido por José Mayans- y los santiagueños Gerardo Zamora y Elia Moreno del Frente Cívico se posicionaron como la oposición dura. Sin embargo, en La Libertad Avanza son optimistas de lograr adhesión en Convicción Federal, bancada peronista que tuvo a Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada votando a favor del Presupuesto 2026 en la general y en la particular.

Por otro lado, está confirmado que el 24 de febrero se llevará a cabo la sesión preparatoria en la Cámara alta en la que se definirán las autoridades del período 2026.

Cuenta con 26 títulos con modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, a la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional de Trabajo, a la Ley de Empleo, a la Ley de Jornada de Trabajo, a la Ley de Régimen Laboral, al Régimen de la Pequeña y Mediana Empresa, a la Ley de Trabajo a Domicilio y al Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

También, propone cambios en el Régimen de Trabajo Agrario, en el Régimen de los Servicios Privados de Movilidad de Personas y/o Reparto que utilizan plataformas tecnológicas, a la Ley de Convenios Colectivos, en la legislación de Asociaciones Sindicales y en el Procedimiento para la Negociación Colectiva, y en la Ley sobre Riesgos del Trabajo.

Finalmente, establece el capítulo de derogaciones contra el Estatuto del Periodista Profesional, del del Viajante de Comercio, el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo, sobre el Estatuto del Peluquero, el cese del Fondo de Garantía de Créditos Laborales, de la Licencia que gozan los ciudadanos de países limítrofes, a los fines de que puedan concurrir a emitir su voto en su país y a la Ley 24.493 que adoptó medidas en relación a la denominada “mano de obra nacional”, entre varias más.

El Poder Ejecutivo nacional remitió al Senado, en el marco de las sesiones extraordinarias, el proyecto de ley que propone modificar la Ley de Glaciares 26.639. La iniciativa fue enviada con el Mensaje Nº 36/2025 y lleva la firma del presidente Javier Milei y de su gabinete.

Según el texto oficial, la reforma busca “clarificar” el alcance de la normativa vigente, sancionada hace quince años, y resolver controversias interpretativas que, de acuerdo al Gobierno, generaron incertidumbre sobre las competencias provinciales y el desarrollo de actividades productivas en zonas alcanzadas por la ley. En ese sentido, el mensaje hace referencia a planteos realizados por gobernadores de las mesas del Litio y del Cobre, quienes reclamaron una adecuación del marco normativo.

El proyecto redefine el objeto de protección de la ley, que pasará a comprender a los glaciares y geoformas del ambiente periglacial que cumplan funciones hídricas, ya sea como reservas estratégicas o como fuentes de recarga de cuencas. Asimismo, incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la norma al principio constitucional de uso racional de los recursos naturales.

Entre los cambios centrales se incluye la incorporación de un nuevo artículo que establece que todo glaciar o geoforma incluida en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegida de manera precautoria hasta que la autoridad ambiental competente determine que no cumple funciones hídricas. Esa verificación quedará en manos de las provincias, que deberán informar sus conclusiones al IANIGLA para la actualización del inventario.

La iniciativa también modifica el régimen de prohibiciones, que se aplicará únicamente a los glaciares y geoformas que las autoridades locales identifiquen como portadores de funciones hídricas. Se mantienen las restricciones a actividades como la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y la ejecución de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica, con la evaluación a cargo de las provincias.

Además, el proyecto exige evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambientes periglaciales, y prevé evaluaciones estratégicas cuando la magnitud del emprendimiento lo justifique. Solo se exceptúan las actividades científicas no invasivas, de rescate y las deportivas no motorizadas.

El Ejecutivo remarcó que el Ianigla continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, aunque con un esquema de información permanente provista por las provincias. En ese marco, señaló que aún resta determinar la función hídrica efectiva de gran parte de las geoformas relevadas.

La propuesta ya ingresó formalmente al Senado y será tratada durante el período de sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno nacional.

Sectores socioambientales, comunidades indígenas, colectivos antiextractivistas, investigadores, docentes y artistas de todo el país impulsan este jueves una jornada de protesta en defensa de la Ley de Glaciares. En Entre Ríos habrá dos concentraciones: a las 18 en la Plaza Alvear de Paraná y a las 10 en Plaza 25 de Mayo de Concordia, bajo la consigna “La Ley de Glaciares no se toca”.

La campaña plurinacional que motoriza la convocatoria expresó su “profunda preocupación” por las declaraciones del presidente, que anunció su intención de promover modificaciones a la Ley 26.639, en acuerdo con gobernadores, para habilitar actividades extractivas en zonas periglaciares. Las organizaciones sostienen que ese cambio “violaría principios constitucionales y compromisos internacionales asumidos por el país”, entre ellos el Acuerdo de Escazú.

Los colectivos remarcaron que las áreas glaciares y periglaciares funcionan como reservas estratégicas de agua, esenciales para las provincias y sus comunidades. Advirtieron que una flexibilización normativa favorecería a grandes corporaciones mineras, entre ellas Barrick Gold, cuya actuación en Pascua Lama, en la frontera con Chile, es señalada como antecedente de impacto ambiental y despojo.

La Ley de Glaciares fue aprobada en 2010 tras una extensa movilización de más de 300 organizaciones con el apoyo técnico del Ianigla (Conicet). Desde entonces establece parámetros estrictos para proteger cuerpos de hielo y ambientes asociados. Para la campaña plurinacional, cualquier intento de retroceder en esos estándares “configuraría una vulneración del principio de no regresividad” en materia ambiental.

La convocatoria de hoy forma parte de una acción simultánea que se extenderá a numerosas ciudades del país. Habrá concentraciones en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Catamarca, Chubut, Río Negro, Santa Fe, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, entre otros puntos. En todos los casos, el reclamo será el mismo: preservar la vigencia de una norma considerada clave para la gestión del agua y el resguardo de los ecosistemas de montaña.

En Entre Ríos, los organizadores esperan una amplia participación y remarcan que la defensa de la Ley de Glaciares “es también la defensa de la vida y del agua en todo el territorio”, aun en provincias alejadas de la cordillera. Afirman que la movilización busca visibilizar la interdependencia de los sistemas hídricos y el riesgo que implicaría abrir zonas sensibles a la actividad minera.

La jornada concluirá con la lectura de un documento común, elaborado por las organizaciones que integran la campaña, en el que se exigirá al Gobierno nacional el pleno respeto a la normativa vigente y la garantía de participación ciudadana ante cualquier debate legislativo sobre la materia.