Brasil volvió a convertirse este domingo en el centro de atención política de América Latina. Más de 158 millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas para decidir quién conducirá el país a partir de 2027: el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva o el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

La jornada electoral se está desarrollando con una fuerte participación y bajo un clima de marcada tensión política. La campaña dejó en evidencia un país dividido en dos grandes bloques ideológicos que disputan modelos de desarrollo, políticas económicas, relaciones internacionales y el papel del Estado en una de las economías más importantes del mundo.

El Tribunal Superior Electoral comenzó a difundir los primeros datos del escrutinio. Con las primeras mesas computadas, Lula alcanzaba el 57,66% de los votos frente al 42,34% obtenido por Bolsonaro, una diferencia que sorprendía por su amplitud en relación con las encuestas previas.

La elección se produce pocas semanas después de una primera vuelta extremadamente ajustada. En aquella instancia, Bolsonaro había obtenido el 47,03% de los sufragios, mientras que Lula había alcanzado el 45,16%, obligando a un balotaje que mantuvo en vilo no sólo a Brasil sino también a toda la región.

Detrás de los números aparece un país profundamente fragmentado. El sur y el oeste brasileño continúan siendo los principales bastiones conservadores e identificados con Bolsonaro, mientras que el norte y el nordeste mantienen una histórica preferencia por Lula y el Partido de los Trabajadores.

La disputa excede ampliamente la política doméstica. Brasil es la mayor economía de América Latina, posee enormes recursos naturales, un poderoso complejo agroexportador, importantes reservas energéticas y una influencia decisiva en organismos regionales e internacionales. Por esa razón, el resultado también es seguido con atención por los gobiernos de la región, los mercados y las principales potencias mundiales.

Uno de los aspectos observados durante la jornada fue el comportamiento del voto en el exterior. Los primeros datos conocidos durante la mañana mostraron una ventaja inicial de Bolsonaro impulsada principalmente por los sufragios emitidos en Japón, donde reside una importante comunidad brasileña. Sin embargo, en otros países, entre ellos Argentina, la participación fue elevada y con una inclinación favorable hacia Lula.

En territorio argentino estaban habilitados para votar alrededor de 13.000 ciudadanos brasileños distribuidos en centros de votación ubicados en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Paso de los Libres y Puerto Iguazú. La sede de la Embajada de Brasil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una asistencia superior a la observada durante la primera vuelta.

La campaña previa al balotaje estuvo marcada por fuertes cruces entre ambos candidatos. Bolsonaro centró gran parte de su discurso en la necesidad de promover cambios profundos y consolidar un gobierno alineado con sectores liberales y conservadores de la región. Lula, por su parte, apostó a defender la continuidad de su gestión, reivindicar las políticas sociales y fortalecer la inserción internacional de Brasil.

A medida que avanza el escrutinio, la atención se concentra en confirmar si la ventaja inicial de Lula se mantiene o si Bolsonaro consigue acortar diferencias en los distritos donde obtuvo mejores desempeños durante la primera vuelta.

Lo cierto es que, una vez más, Brasil enfrenta una elección histórica. El resultado definirá no sólo quién ocupará el Palacio del Planalto durante los próximos años, sino también el rumbo político, económico y diplomático de una nación clave para el futuro de América Latina.

El presidente Javier Milei atribuyó la suba del riesgo país al contexto internacional y al historial crediticio de la Argentina. Así lo expresó el mandatario esta mañana durante un discurso en el Nueva Economía Forum, en Madrid, España.

"Cuando nosotros ganamos las elecciones, el Riesgo País estaba en 3.000 puntos. Con mucho esfuerzo lo bajamos a 400 puntos, pero, bueno, vivimos en un mundo convulsionado", inició Milei.

En esa línea, continuó: "La Argentina tiene todo una mala historia crediticia por haber sido el máximo delfaulteador serial de la historia moderna. Además, tenemos enfrente a una peste peor que los orcos (en referencia al kirchnerismo)".

"En un contexto internacional más picante, hoy estamos con un poco más de riesgo país, pero Argentina es uno de los cinco países del mundo con equilibrio fiscal en la línea financiera. Cuando asumimos, la deuda consolidada era del 100%. Ahora es el del 39%", admitió el Presidente.

Para finalizar, aseguró que, "cuando se tranquilice el escenario internacional y los argentinos validen este rumbo, sin lugar a dudas la Argentina va camino a experimentar un proceso de crecimiento como nunca se ha visto en la historia del país".

Afirmó que en ese caso el país alcanzará la categoría de "investment grade", una calificación que le permitirá atraer muchas más inversiones.

Apuntó contra Pedro Sánchez

En el arranque de su alocución, Milei ponderó a "la civilización española". No obstante, calificó de “impresentable y dictador” al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a la vez que hizo un llamamiento al "liberalismo" a "sacar a los socialistas a patadas" el próximo 29 de noviembre.

La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, emitió un informe de situación sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la asistencia en las localidades ribereñas. Actualmente, el panorama general se mantiene controlado y no se prevén fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos adicionales para la población, encontrándose la provincia bajo nivel de alerta verde según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).

CONCORDIA

Las primeras competencias del Campeonato Mundial de Canotaje Gualeguaychú 2026 comenzaron este lunes a las 9 de la mañana en el río Gualeguaychú, sede de la primera edición de la historia que se organiza en Argentina y en Sudamérica.

Miralo en vivo:

El programa de esta jornada comenzó con cinco largadas entre las 9 y las 9.10, y en total sumaron 33 palistas que se midieron en el circuito que se extiende desde el Puente Méndez Casariego hasta la zona portuaria y la Costanera, un tramo del río que concentra el recorrido de todas las pruebas.

Las dos primeras carreras de la mañana correspondieron al campeonato mundial, mientras que las tres restantes pertenecieron a la de la Copa del Mundo.

La jornada se abrió a las 9 con el kayak individual (K1) masculino de 65 a 69 años, una prueba del Campeonato Mundial y reunió a 16 palistas:

Cinco minutos más tarde partió el K1 masculino de 70 a 74 años, también del Campeonato Mundial y en el que se anotaron diez competidores:

Las primeras rondas de la mañana se cerraron a las 9.10 con el K1 femenino de 65 a 69 años, otra competencia de la Copa del Mundo con cuatro palistas:

El Mundial de Canotaje Gualeguaychú 2026 se extenderá hasta el 25 de octubre y reunirá a más de 700 palistas de más de 40 países, divididos entre las categorías Máster y Élite. La televisación en directo puede seguirse a través de: https://www.youtube.com/live/IJHEFiLcB74

La concreción del primer Mundial de Canotaje Maratón de Sudamérica en las aguas del río Gualeguaychú confirma la decisión del Gobierno local de posicionar a la ciudad y a sus encantos naturales como escenario de eventos deportivos de alcance internacional, y deja a la vista la capacidad de gestión necesaria para recibir a delegaciones de decenas de países.

Durante su alocución, Kicillof fue categórico al criticar la política del Poder Ejecutivo: “Estamos sufriendo todos la interrupción de toda la obra pública desde el nivel nacional”. El mandatario bonaerense abogó por un esquema estratégico y federal, señalando que “es fundamental que tengamos un plan que permita una Argentina más integrada y más federal. No podemos pensar que el interés nacional va a tener su mejor evolución si se somete a intereses que no son propios”.

En la misma línea, Llaryora cuestionó duramente la postura del Gobierno central frente al desarrollo: “La Nación no construye ni un bicicletero. Sin infraestructura no existe la posibilidad de la llegada de inversión ni de construir un parque industrial. El octavo país más grande del mundo no se puede mover en camión; el desarrollo de toda esta potencia argentina necesita un acuerdo básico”.

“Los que deberían estar preocupados son los gobernadores. Imaginemos que el kirchnerismo vuelva y gane Kicillof. Te sacan la coparticipación a la Ciudad, vuelve la 125 a Córdoba o dejan sola a Santa Fe contra el narcotráfico”, sostuvo el funcionario nacional.

Pese a los contrapuntos expresados en el CFI, en el Gobierno confían en mantener estos acuerdos puntuales y lograr el respaldo parlamentario para avanzar con la reforma electoral y las iniciativas estructurales del Ejecutivo.

El juez federal Martín Cormick impuso este miércoles multas de $100.000 por día a Diego Santilli, en su carácter de jefe de Gabinete, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución hizo efectivo un apercibimiento que el magistrado había dispuesto ante la falta de cumplimiento de la orden judicial.

La cautelar exige recomponer y actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, además de garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclamó la aplicación de las sanciones, sostuvo que los pagos todavía no se habían registrado.

“En concordancia con lo proveído en el marco de la causa principal, atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026 y disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina”, señaló Cormick en la resolución.

El juez fijó inicialmente la multa en $100.000 por cada día de demora y advirtió que podrá modificar tanto el monto como los funcionarios alcanzados. Las astreintes son una herramienta judicial para presionar al cumplimiento de una obligación: en este caso, la ejecución de la medida cautelar sobre salarios y becas universitarias.

La sanción se aplica en el expediente de la medida cautelar, que sigue vigente. En paralelo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal debe analizar la apelación del Estado contra otro fallo de Cormick: el que declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la ley a la definición de los recursos presupuestarios.

Esa apelación corresponde a la discusión de fondo sobre la norma. La cautelar, en cambio, ya había sido confirmada por la Cámara y quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario del Estado el 25 de junio de este año. Por eso, la revisión del fallo más reciente no dejó sin efecto la orden provisoria sobre salarios y becas.

El Reino Unido anunció este martes que prepara medidas legales para proteger a empresas y personas vinculadas con actividades comerciales en Malvinas frente a las acciones argentinas. La decisión refuerza el respaldo de Londres al proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

El gobierno británico recurrirá a la legislación de Protección de Intereses Comerciales, conocida por sus siglas PTI. El objetivo declarado es impedir que compañías bajo su jurisdicción sean obligadas a cumplir medidas argentinas de alcance extraterritorial relacionadas con el archipiélago, según informó Infobae.

Las disposiciones todavía requieren legislación secundaria. Según el comunicado oficial, Londres buscará tramitarla con rapidez para que entre en vigor antes de que termine el año.

El respaldo británico a las empresas

El secretario de Estado de Empresa y Comercio, Jonathan Reynolds, sostuvo que su gobierno actuará frente a los intentos argentinos de obstaculizar actividades que el Reino Unido considera legítimas. También anunció que continuará trabajando con las compañías afectadas.

El secretario de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, calificó como “inaceptables” los intentos de Argentina de presionar a empresas e individuos. Defendió la posibilidad de que las compañías tomen decisiones comerciales sin lo que describió como coerción política.

El comunicado británico reafirmó además su respaldo al desarrollo de recursos naturales por parte de los habitantes de Malvinas. Esa posición es rechazada por Argentina, que cuestiona las autorizaciones unilaterales para explotar hidrocarburos en el área en disputa.

La presentación argentina ante el Tribunal del Mar

El anuncio se produjo el mismo día en que Argentina presentó una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El pedido busca detener actividades hidrocarburíferas autorizadas por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte.

Según la información difundida, la presentación incluye cuatro requerimientos: impedir nuevas actividades extractivas, restringir el uso de información técnica obtenida durante las exploraciones, evitar nuevos permisos y preservar los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental.

La solicitud se vincula con el procedimiento arbitral iniciado el 28 de septiembre bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Argentina pretende obtener una protección provisional mientras se desarrolla esa instancia.

El proyecto petrolero que concentra la disputa

Sea Lion es impulsado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Las compañías mantienen como objetivo comenzar la producción en 2028, mientras Argentina intenta frenar el desarrollo mediante acciones judiciales y diplomáticas.

El lunes, el primer ministro británico, Andy Burnham, había respaldado el emprendimiento durante una intervención ante la Cámara de los Comunes. Allí reiteró el apoyo de su gobierno a los habitantes del archipiélago y al proyecto petrolero.

Con las nuevas disposiciones, Londres busca sostener la participación empresarial en Malvinas frente a las restricciones argentinas. En paralelo, el pedido presentado ante el Tribunal del Mar queda sujeto a la evaluación de esa instancia internacional, que deberá decidir si corresponde adoptar medidas provisionales.

Se trata de intervenciones vinculadas al mantenimiento, reparación y control del servicio de agua potable y del sistema cloacal en distintos sectores de la ciudad. De esas 677 atenciones durante el mes pasado, 279 correspondieron a la red de agua potable y 398 al sistema de desagües cloacales.

En lo referido a la red de agua potable, durante septiembre los equipos técnicos abordaron situaciones de baja presión o falta de suministro en 65 oportunidades. A su vez, se resolvieron 47 pérdidas detectadas en calzada y otras 106 localizadas en veredas, lo que implicó tareas puntuales sobre cañerías y conexiones domiciliarias.

En paralelo, se efectuaron 24 recambios de componentes, 22 más vinculadas a conexiones nuevas y 15 recambios de llaves de paso, todas acciones que permitieron restituir condiciones normales de prestación y mejorar la operatividad del tendido existente.

En cuanto al sistema cloacal, las intervenciones alcanzaron las 398 actuaciones durante el mismo período, de las cuales 215 casos fueron por obstrucciones en conductos, una de las problemáticas más frecuentes en redes de este tipo.

Además, se realizaron 99 reparaciones por desbordes en calzada, con impacto directo en la vía pública y en la salubridad urbana.

El balance mensual incluye también 54 inspecciones en bocas de registro y 14 recambios de conexión de cloaca y 16 inspecciones de bocas de registro, instancias clave para la detección temprana de fallas y el seguimiento del estado general del sistema.

La localidad de Pueblo Belgrano concretó la apertura formal de la exposición artística titulada “Camino DiVino”, una propuesta cultural itinerante elaborada por el artista plástico Alonso Villanova, oriundo de la ciudad de Urdinarrain. El acto inaugural tuvo lugar en las instalaciones del salón del Jardín Belgranito, ámbito que funcionará como sede temporaria de la exhibición orientada a difundir diferentes acervos identitarios de la provincia de Entre Ríos mediante técnicas pictóricas no convencionales.

El evento de apertura contó con la asistencia de autoridades del Departamento Ejecutivo municipal, encabezadas por el intendente Francisco Fiorotto, junto a integrantes del equipo de gobierno local, referentes del ámbito cultural regional como la artista Stella Okon y representantes vinculados a las distintas comparsas e instituciones que integran el Carnaval del País.

La propuesta conceptual de la exposición centra su eje temático en la confluencia de dos actividades tradicionales de la geografía entrerriana: la producción vitivinícola y las manifestaciones festivas del carnaval. La técnica desarrollada por Villanova utiliza el vino y el mosto como insumos principales para la confección de las piezas, empleando las tonalidades y los pigmentos naturales derivados de la uva para plasmar sobre el lienzo diversos pasajes visuales que abarcan desde el trabajo rural en las hileras de viñedos hasta el vestuario y la ornamentación representativa del espectáculo del carnaval.

La sede elegida para la exhibición es el salón del Jardín Belgranito, un espacio institucional situado en la intersección de las calles Pancho Ramírez y Guarnuccio, dentro del ejido urbano de Pueblo Belgrano. La entrada para recorrer las galerías de obras es totalmente libre y gratuita para todos los residentes y visitantes interesados en la oferta artística local.

El Gobierno nacional confía en que se logrará la aprobación de la nueva revisión del FMI, aunque no descartó que pueda solicitarse un waiver por algún desvío.

“La Argentina sobre cumplió muchas de esas metas. Lo más importante es como acumulamos reservas. En el caso de algún incumplimiento se pide un waiver y no vamos a tener problemas con eso”, señaló el vocero presidencial Adrián Ravier.

El portavoz se refirió a la situación mientras una delegación del organismo permanece en el país realizando la tercera auditoria del programa en curso.

Durante una conferencia de prensa de la que participó la Agencia Noticias Argentinas, Ravier afirmó que “la recaudación impositiva en IVA y Ganancias está mejorando”, dato clave que permite inferior que no será necesario avanzar en más recortes para cumplir con los gastos previstos.

Ante una consulta puntual de esta Agencia por las demoras en los pagos a prestadores de PAMI y de Discapacidad, el vocero sostuvo que “se están realizando” y que el Ministerio de Economía trabaja para cumplir con todas las obligaciones.

En otro orden, el portavoz vocero insistió en que “más allá de los altibajos” el “proceso de baja de la inflación continuará”.

Ravier recordó que en este momento confluyen dos factores externos como el conflicto en Medio Oriente y la suba de la tasa de interés internacionales que impactan en la economía nacional.

Durante el ejercicio presupuestario 2026, los 24 estados subnacionales de la República Argentina asignaron en conjunto un total de $1.835.300 millones al funcionamiento del Poder Legislativo. Al considerar que el país reúne a 1.199 representantes entre diputados y senadores provinciales, el presupuesto consolidado arroja un promedio de $1.531 millones anuales por cada legislador, cifra que equivale a aproximadamente $128 millones mensuales por banca.

Los datos surgen de la octava edición del informe anual sobre presupuestos legislativos elaborado por la Fundación Libertad. La medición contrasta los recursos asignados al funcionamiento de las cámaras con el volumen presupuestario general de cada provincia y la estructura de personal asignada a la función legislativa.

El análisis de los montos por representante expone variaciones significativas según la jurisdicción. Tucumán encabeza el listado de mayor costo por legislador, con una erogación anual de $3.725 millones para cada uno de sus 49 parlamentarios. En segundo lugar se ubica la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con $3.402 millones asignados por cada uno de sus 60 legisladores, seguida por la provincia del Chaco, que destina $3.057 millones anuales por banca para un cuerpo de 32 diputados.

En el extremo opuesto de la nómina, San Luis y Santiago del Estero registran las partidas de menor cuantía por representante. La provincia de San Luis destina $176 millones anuales por cada uno de sus 52 legisladores, mientras que Santiago del Estero asigna $206 millones al año por banca. De esta forma, el presupuesto individual asignado en la jurisdicción con mayor erogación resulta 21 veces superior al de la provincia con menor gasto unitario.

En términos de participación sobre el gasto público total, el Poder Legislativo insume en promedio el 1,15% de los presupuestos provinciales consolidándose Tucumán (3,66%), Catamarca (2,64%) y Chaco (2,22%) como los distritos donde la función parlamentaria exige la mayor proporción de recursos locales.

Las provincias con mayor incidencia de la masa salarial sobre su presupuesto parlamentario son Río Negro (95%), Formosa (94,2%), Mendoza (94%) y Santa Cruz (94%). En contraposición, las jurisdicciones con menor proporción de gasto en personal respecto de sus erogaciones legislativas totales son Santa Fe (64,6%), San Luis (72,9%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (73,2%).

El relevamiento detalla asimismo la relación existente entre la cantidad de legisladores y la plantilla total de empleados permanentes, transitorios, secretarios y asesores de cada parlamento.

La provincia de Corrientes lidera la nómina con un promedio de 72 empleados por cada legislador, seguida por Chaco con 70 y Formosa con 62 trabajadores por parlamentario. Por el contrario, tres distritos mantienen un promedio inferior a diez empleados por banca: Córdoba cuenta con 8 trabajadores por legislador, Santiago del Estero registra 5 y San Luis presenta una razón de 2 empleados por representante.

Fuente: Agencia NA

Con ese monto, Entre Ríos ocupó el tercer lugar a nivel nacional, detrás de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La posición sigue siendo significativa al considerar los recursos por habitante: con 51.497 pesos per cápita, Entre Ríos también se ubicó tercera entre las 24 jurisdicciones, detrás de La Pampa y Catamarca.

El crecimiento de los recursos recibidos por Entre Ríos adquiere relevancia al observar el comportamiento de las transferencias en el conjunto del país. Mientras varias jurisdicciones registraron fuertes caídas interanuales en las transferencias nacionales no automáticas, Entre Ríos mostró un incremento del 91,2 por ciento con respecto al mismo período del año anterior.

Una parte importante de esos recursos corresponde a fondos destinados a financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, en el marco de las gestiones que el Gobierno provincial viene llevando adelante ante Nación.

A esto se suman los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Entre enero y agosto, Entre Ríos recibió 15.000 millones de pesos por este concepto y fue la segunda provincia con mayores transferencias, sólo detrás de Misiones, que recibió 20.000 millones de pesos.

Los datos reflejan el resultado de una estrategia de diálogo y gestión ante Nación para recuperar los recursos que corresponden a Entre Ríos y sostener una relación institucional que permita obtener respuestas concretas para la provincia.

El Gobierno de Entre Ríos informó que este viernes no pudo realizarse la reunión paritaria prevista con los estatales debido a la ausencia de UPCN. “Ante esta situación, y por los plazos administrativos que exige la liquidación de haberes, el Ejecutivo resolvió dar a conocer la propuesta vigente y avanzar con su liquidación, sin cerrar la negociación”, indicaron desde Casa Gris. La reunión pasaría al martes próximo.

La medida contempla un incremento del 3,5% remunerativo para los haberes de septiembre, tomando como base agosto, que se liquidará de inmediato para “no demorar el cobro a los trabajadores mientras continúa el diálogo paritario”, resaltaron fuentes oficiales. La propuesta es la misma que se le hizo a los docentes el jueves, que fue rechazada por los gremios.

Desde el Gobierno remarcaron que la discusión salarial “se da en un contexto que exige responsabilidad y prudencia, condicionado por la actividad económica, los ingresos tributarios y el escenario nacional”. “Entre Ríos no es una isla. Trabajamos para que cada propuesta sea responsable, sostenible y posible de cumplir”, señalaron.

El Ejecutivo destacó que las paritarias “se mantienen abiertas desde el inicio de la gestión, con diálogo permanente con los gremios, y que en los próximos días continuará el análisis de las cuentas provinciales para retomar la negociación la semana próxima”.

Fuente: AHORA

El Gobierno anunció este jueves cambios en la seguridad de la residencia presidencial de la Quinta de Olivos. Según explicaron a través de un comunicado, Casa Militar pasará a centralizar todas las tareas para asegurar el resguardo de Javier Milei.

De acuerdo al texto que hizo circular la Casa Rosada, el personal de Casa Militar a cargo del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez asumirá “la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos”.

La explicación oficial sostiene que el Gobierno tomó la decisión para “elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno”, en medio de lo que denominó como una “escalada de la inseguridad a nivel global” y la visita del Papa León XIV a la Argentina. Esto último implicaría un riesgo adicional a la seguridad presidencial por el gran movimiento de “personal ajeno” que se prevé para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial.

Sin embargo, en Balcarce 50 señalaron que detrás de la medida aparece un hecho inmediato. “Hubo filtraciones que afectan la seguridad presidencial”, aseguraron a este medio. Por la creciente desconfianza sobre el personal civil, el Ejecutivo decidió echar a 12 miembros del personal civil y reacomodar al resto de la dotación en otras dependencias, incluida la Casa Rosada.

De esta forma, la Presidencia determinó disolver la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, la entidad a cargo de la Quinta hasta el momento, y separar sus funciones de seguridad, administración y control. Las tareas administrativas, de limpieza y cocina seguirán en manos de personal civil.

Para el Gobierno, el traspaso a Casa Militar “posibilitará reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece”. El proceso administrativo de traspaso de responsabilidades y bienes se concretará en los próximos 60 días.

Así, el organismo que responde a la Secretaría General de la Presidencia que lidera Karina Milei ganó aún más competencias en relación con la seguridad presidencial y su entorno, sea en las inmediaciones de la Casa Rosada como en todos los sitios donde se encuentre el Javier Milei, tanto en el territorio nacional como en el ámbito internacional.

Asimismo, se acordó avanzar en una mayor articulación entre Nación, provincia y municipios para fortalecer el funcionamiento de los cuarteles. Ante la llegada del fenómeno de El Niño, se acordó revisar capacidades y necesidades.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles una reunión de trabajo con autoridades de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, con el objetivo de analizar el funcionamiento del sistema y avanzar en acciones que permitan fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en la provincia.

Durante el encuentro se destacó que, a partir de la actual gestión provincial, comenzó a implementarse la Ley 11.116, que contempla aportes destinados al sistema de bomberos voluntarios y la cobertura de obra social para sus integrantes. Se trata de una normativa que, pese a estar vigente desde hace años, no había tenido una implementación efectiva en la provincia.

En ese marco, el Gobierno provincial asumió el compromiso de mejorar el circuito administrativo de los recursos previstos por la ley para acortar los tiempos de tramitación y dar mayor previsibilidad a los cuarteles. Actualmente, el proceso atraviesa distintas instancias administrativas y de control, por lo que durante la reunión se planteó analizar alternativas que permitan reducir esos plazos.

Asimismo, se acordó avanzar en una mayor articulación entre Nación, provincia y municipios para fortalecer el funcionamiento de los cuarteles. "Como en tantos otros temas, tenemos que ordenar responsabilidades y definir con claridad qué puede aportar cada nivel del Estado", sostuvo Frigerio. En ese sentido, se analizarán las experiencias de Santa Fe, Córdoba y Corrientes.

Entre los temas abordados estuvo además la necesidad de mejorar y diversificar las fuentes de financiamiento del sistema, tanto a través de los recursos provenientes de Nación como mediante alternativas que puedan instrumentarse desde la provincia y los municipios. También se acordó analizar las herramientas previstas en la Ley nacional 27.629 de Bomberos Voluntarios.

Otro de los ejes centrales fue la preparación ante los eventos climáticos que puedan afectar a Entre Ríos. En ese sentido, la provincia y los bomberos voluntarios acordaron trabajar en un plan coordinado para afrontar las contingencias que pueda generar el fenómeno de El Niño, revisar capacidades y necesidades y gestionar los recursos necesarios para fortalecer la respuesta ante emergencias.

Al finalizar el encuentro, el presidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Ariel Molina, valoró la predisposición del gobernador y destacó la posibilidad de avanzar en una agenda conjunta. "Necesitábamos y era urgente esta reunión. La charla que tuvimos con el gobernador fue positiva, porque se comprometió a trabajar para mejorar los tiempos de llegada de los recursos y también se habló de un trabajo en conjunto para fortalecer aún más el sistema en lo económico, de parte de la provincia, para no ser tan dependientes de lo que mande Nación y tener un sistema más autónomo acá", explicó.

Por su parte, el presidente de Bomberos Voluntarios de Gualeguay, Juan Godino, destacó el respaldo institucional y la posibilidad de fortalecer la planificación conjunta. "Fue una reunión altamente positiva, porque se logró que varios puntos se lleguen a concretar y ver para el futuro, ante una emergencia hídrica como la que está anunciada, de poder trabajar en conjunto, saber a lo que nos vamos a enfrentar y tener el respaldo que ha prometido el gobernador. Seguimos trabajando continuamente con el mismo fin que es mejorar el sistema bomberil", remarcó.

Del encuentro participaron además el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; los ministros de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, y de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; y el director de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell.

El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, denunció que Harbour Energy, una petrolera británica vinculada a operaciones hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, forma parte de un proyecto que obtuvo beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Según planteó el legislador, la compañía posee el 15% de Southern Energy, iniciativa aprobada por el Gobierno mediante la Resolución 559/2025 para desarrollar actividades vinculadas a la producción y exportación de gas desde Río Negro.

Ferraro sostuvo que Harbour Energy es la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo el nombre de Premier Oil PLC, denominación que fue modificada en 2021.

Según su denuncia, Premier Oil había sido inhabilitada en 2013 por una resolución basada en la Ley 26.659, a raíz de actividades de exploración en la plataforma continental argentina sin autorización, en cercanías de las Islas Malvinas.

La denuncia se conoció luego de que el Gobierno anunciara una nueva ofensiva contra empresas y personas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

(Fuente: Agencia NA)

Luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara su condena por corrupción, el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue detenido este viernes. La causa investiga el desvío de fondos públicos durante su gestión. También fueron arrestados su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y el exministro Pedro Báez.

Urribarri y Aguilera fueron trasladados a Paraná, donde quedarán a disposición de la Justicia para comenzar a cumplir las penas impuestas, según pudo saber TN.

La detención ocurrió horas después de que el máximo tribunal rechazara los recursos extraordinarios presentados por las defensas y dejara firme la condena contra el exmandatario provincial. La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Urribarri había sido condenado el 7 de abril de 2022 a ocho años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. La investigación estuvo centrada en el direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial del Gobierno de Entre Ríos entre 2010 y 2015.

De acuerdo con la acusación, durante ese período realizaron pagos a empresas sin actividad real y utilizaron un esquema de testaferros que habría beneficiado a Aguilera, cuñado del exgobernador. La causa también incluyó gastos relacionados con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014.

En el mismo expediente, Báez y Aguilera fueron condenados a seis años de prisión. La resolución de la Corte también alcanzó a otros seis condenados que habían presentado recursos: Gerardo Daniel Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi, Luciana Belén Almada y Pedro Ángel Báez. Sus planteos fueron desestimados.

Urribarri gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015 y luego se desempeñó como embajador argentino en Israel. En noviembre de 2024 había sido detenido durante 50 días por orden de la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos, que había considerado que existía riesgo de que pudiera frustrar el proceso.

Esa medida fue revocada en enero de 2025 y desde entonces permanecía en su domicilio a la espera de una resolución definitiva.

Este volumen se contrajo de manera significativa frente a los registros del año previo y afectó las partidas destinadas a programas educativos, obras de infraestructura y previsión social.

Según un informe de la consultora Politikón Chaco, a raíz de esta contracción, el flujo financiero "se convierte en el peor agosto desde, por lo menos, el año 2005". El trabajo remarcó que "los envíos por Universalización de la Jornada Extendida ($ 30.455 millones) explicaron el 45% del total pagado".

En un segundo escalón de prioridades se posicionaron los fondos de asistencia jubilatoria, con "Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales ($ 15.000 millones) concentrando el 22% del total provincial". De este modo, esas dos actividades en conjunto explicaron el 67% del total del mes.

La distribución territorial de las partidas del mes evidenció una marcada concentración en un número reducido de distritos provinciales. De acuerdo con el desglose de los envíos, las jurisdicciones más favorecidas en el reparto fueron: Buenos Aires con el 23,7% del total, Entre Ríos con el 12,9%, y Santa Fe con el 10,4%.

En contraposición, el reporte técnico evidenció que en el fondo de la tabla quedaron Tierra del Fuego, Río Negro, Formosa y Santa Cruz, cuyos niveles de participación fueron inferiores al 0,3% del mes.

Asimismo, el informe destacó que en agosto no hubo reparto de Adelanto Transitorios Nacionales (ATN). Las estadísticas oficiales de los primeros ocho meses reflejan que los recursos discrecionales "totalizaron $ 806.489 millones", registrando de este modo "una baja real interanual del 63,1% contra igual período del 2025".

El gobernador Rogelio Frigerio celebró la decisión del gobierno uruguayo de relocalizar la planta de combustibles sintéticos de HIF Global que estaba proyectada en Paysandú, frente a las costas de Colón. El mandatario consideró que la definición representa “una gran noticia” para la ciudad entrerriana y para toda la provincia.

“Defendimos los intereses de Entre Ríos: logramos que se relocalice la planta de combustibles sintéticos de Paysandú”, expresó Frigerio a través de sus redes sociales, luego de que Uruguay confirmara formalmente que buscará un nuevo emplazamiento para el emprendimiento.

El proyecto contempla una inversión estimada en US$5.385 millones y originalmente iba a desarrollarse a unos 15 kilómetros de Paysandú y aproximadamente tres kilómetros de la costa de Colón. Esa cercanía había motivado reclamos políticos, ambientales y judiciales desde Entre Ríos.

Frigerio destacó el impacto para Colón

Para Rogelio Frigerio, el cambio de ubicación permitirá compatibilizar la inversión con la protección de las actividades que se desarrollan sobre la costa entrerriana. “Es un paso fundamental para preservar nuestro paisaje y nuestro ambiente, y proteger el desarrollo turístico y económico de toda la región”, sostuvo.

El mandatario remarcó que la resolución fue producto de gestiones realizadas entre autoridades de ambos países. Mencionó especialmente al canciller argentino Pablo Quirno, al intendente de Colón, José Luis Walser, al presidente uruguayo Yamandú Orsi y a los funcionarios que participaron de las negociaciones.

“Todos trabajamos con un mismo objetivo: encontrar una solución que permitiera superar las diferencias y resguardar el bien común”, afirmó.

Los reclamos por la ubicación de la planta

La controversia se había concentrado principalmente en el sitio elegido para el complejo industrial. Desde Entre Ríos se cuestionaba que una instalación de esa magnitud quedara ubicada frente a una de las principales ciudades turísticas de la provincia.

El emprendimiento de HIF Global prevé un parque de generación solar, otro eólico y una planta capaz de producir hasta 876.000 toneladas de metanol por año mediante hidrógeno obtenido a partir de fuentes renovables.

Los planteos también llegaron a la Justicia argentina. En marzo, los legisladores entrerrianos Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl promovieron una acción civil de prevención de daños y perjuicios vinculada con la cercanía del proyecto a territorio argentino.

“El diálogo sirve cuando tiene un objetivo claro”

Rogelio Frigerio vinculó la decisión de Uruguay con la estrategia de mantener negociaciones institucionales sin plantear un rechazo a la inversión en sí misma.

“Una vez más, demostramos que el diálogo sirve cuando tiene un objetivo claro”, manifestó. Y agregó: “Defendimos los intereses de Entre Ríos con firmeza, sin afectar el desarrollo económico y productivo ni las inversiones privadas en un país vecino”.

La relocalización había sido confirmada por el canciller uruguayo Mario Lubetkin, quien señaló que el presidente Yamandú Orsi impartió “instrucciones precisas” para modificar el sitio previsto originalmente.

El proyecto continuará adelante en Uruguay, aunque todavía no se informó cuál será su nueva ubicación. “Cuando hay decisión política, coordinación y trabajo, los resultados llegan”, concluyó Frigerio al valorar la definición alcanzada.

El tratamiento del proyecto de Súper RIGI en el Senado se demora unos días más. El oficialismo, en una reunión plenaria de tres comisiones, no consiguió las firmas necesarias para el dictamen.

La resistencia de un grupo de legisladores de la oposición dialoguista, que reclamó incorporar cláusulas destinadas a proteger a la industria nacional, frustró los planes del Gobierno de dejar la iniciativa lista para ser tratada en la próxima sesión.

La situación fue confirmada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, al término del plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Economía Nacional e Inversión.

El planteo de modificación fue impulsado por los senadores Maximiliano Abad (UCR-Buenos Aires), Carlos Espínola (peronismo crítico) y Martín Goerling (PRO-Misiones). Luego se sumó María Victoria Huala, del PRO de La Pampa.

Qué cambios reclamaron para el Súper RIGI

Los senadores reclamaron incorporar un par de cláusulas orientadas a garantizar una mayor participación de proveedores argentinos en los proyectos alcanzados por el régimen. Una de las modificaciones establece un margen del 15% a favor de los proveedores nacionales por encima del precio de los suministros importados.

En la práctica, esto implicaría que los proyectos incluidos en el Súper RIGI podrían estar obligados a contratar servicios o adquirir productos de origen nacional incluso cuando fueran hasta un 15% más caros que las alternativas disponibles en el exterior. La propuesta establece que la comparación debería realizarse sobre precios equivalentes puestos en destino, contemplando todos los costos asociados a la importación y a la provisión del bien o servicio.

El reclamo se montó sobre una modificación que el propio oficialismo ya había aceptado previamente: ampliar a bienes y servicios transables la cuota del 20% de industria nacional que deberían cumplir los emprendimientos que pretendan acceder a los beneficios fiscales.

El oficialismo no logró destrabar el dictamen

Según explicó Bullrich, la nueva propuesta llegó pocas horas antes del comienzo de la reunión de las comisiones, por lo que el oficialismo no tuvo tiempo suficiente para analizarla con el Ministerio de Hacienda. Ante la falta de respuesta a sus pedidos, Espínola, Abad y Goerling decidieron no firmar el dictamen. A ellos se sumó Huala.

Como consecuencia, el proyecto no alcanzó la mayoría necesaria en ninguna de las tres comisiones que debían emitir dictamen para que la iniciativa pudiera quedar habilitada para su tratamiento en el recinto.

La jefa de la bancada oficialista incluso dejó abierta la posibilidad de que el Gobierno tenga que replantear la estrategia legislativa. “Si el Súper RIGI tiene tantos problemas, tendremos que quedarnos con el RIGI”, declaró Bullrich.