El ajuste presupuestario que el Gobierno nacional aplica sobre el sistema universitario tiene claro impacto en todo el país, y Gualeguaychú no es la excepción. Tras la movilización del jueves, el docente de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y referente de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), Diego Zanetti, aportó datos que muestran el deterioro salarial, la licuación de becas y la paralización de obras clave como el Hospital Veterinario.

El sistema universitario está en alerta hace tiempo. En la actualidad, el primer punto de alarma es el Presupuesto Nacional 2027 que se discute en el Congreso de la Nación, ya que lo asignado a las Universidades Nacionales se encuentra un tercio por debajo de las necesidades operativas mínimas que estas tienen para funcionar normalmente.

A ese recorte se suma otro hecho político central: la falta de ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) por parte del gobierno de Javier Milei. “No se trata de un hecho puntual, sino de un recorte estructural que opera al margen del mandato legislativo y que vulnera la seguridad jurídica de las instituciones educativas”, expresó Zanetti.

“Con el esquema actual de congelamiento presupuestario y la inflación acumulada, el poder adquisitivo real de ese monto se desintegró”, apuntó Zanetti y advirtió: “El riesgo es que los estudiantes de menores recursos tengan que abandonar o ralentizar su trayectoria universitaria”.

“Estimando una pérdida de poder adquisitivo del 35% y una recomposición del 50% frente a la inflación no compensada del último año, el Estado le estaría reteniendo unos $151.666 por mes a ese docente. En 12 meses, la deuda con cada docente en esa categoría asciende a $1.819.999”, ejemplificó el referente de la AGDU.

El otro caso emblemático para Gualeguaychú es el del Hospital Veterinario. La obra fue financiada con un crédito internacional del Banco de Desarrollo de América Latina (ex Corporación Andina de Fomento - CAF), pero el Estado Nacional retuvo y reasignó esos fondos a otras carteras, según denunciaron en su momento desde la universidad.

“La obra quedó paralizada durante un año. Fue neutralizada en febrero de 2024 por falta de pago y recién pudo reiniciarse en febrero de 2025, con la propia UNER asumiendo con fondos propios los intereses acumulados durante la interrupción para evitar el deterioro de lo ya construido e intentar terminarlo”, recordó Zanetti y concluyó: “El recorte en salarios, becas e infraestructura muestran que el ajuste en la UNER no es un ahorro fiscal, sino un freno al desarrollo regional que la universidad genera en Gualeguaychú”.

Las facultades de la UNER radicadas en la costa del Uruguay advirtieron que el proyecto presupuestario presentado por el Gobierno Nacional prevé un recorte real de un tercio (33%) en los fondos respecto a 2023, acumulando cuatro años consecutivos de desfinanciamiento.

En este contexto, el decano de la Facultad de Bromatología, José Dorati, remarcó la importancia de la institución en el ámbito provincial: “Somos la universidad de la provincia. Junto y de forma muy respetuosa con la Tecnológica y con la Uader, que son universidades hermanas, la UNER representa un alto porcentaje en el peso del desarrollo de la producción científica y tecnológica, e incluso de la matrícula provincial, por lo que necesitamos, en función de ello, ser escuchados”.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, Daniel Capodoglio, hizo un llamado al respaldo político e institucional: “Lo que estamos pidiendo es acompañamiento, que los legisladores nos apoyen en la discusión presupuestaria y, por supuesto, también al Gobierno de Entre Ríos para que haga propia esta lucha. En definitiva, es una lucha que favorece el desarrollo estratégico provincial con una de las organizaciones que mayor capacidad científica y tecnológica aporta a la provincia de Entre Ríos”.

A su vez, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Gregorio Etcheverry, manifestó la gravedad que implica el incumplimiento de una normativa aprobada por el Poder Legislativo: “Las universidades han tomado todos los caminos institucionales y legales reclamando la aplicación de la ley que fue aprobada por el Congreso de la Nación. Vivimos en una república, con división de poderes, y el Congreso está integrado por legisladores que el pueblo elige. El Presidente debe cumplir con las leyes que aprueban las cámaras y eso no está sucediendo”. Y resaltó: “La universidad no solo genera el conocimiento para formar un profesional de calidad, sino que también un impacto económico y social en una región que es incalculable”.

Los efectos de El Niño podrían agravar las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay entre enero y abril de 2027, según advirtió el director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Pedro Di Nezio. El especialista señaló que los mayores impactos hidrológicos pueden aparecer después del momento de máxima intensidad del fenómeno.

“Durante el verano, en enero y febrero, pero los efectos más fuertes de los Niños intensos anteriores se registraron en marzo y abril”, explicó. La advertencia describe un período de mayor riesgo y no una fecha confirmada para el máximo nivel de ambos cursos.

El escenario encuentra al Litoral con crecidas en marcha, especialmente sobre el Uruguay. En Entre Ríos ya hubo evacuaciones preventivas en Concordia, mientras Colón y Concepción del Uruguay mantenían sus sistemas de seguimiento ante el ascenso del agua.

El Niño se produce por un calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial. Ese cambio modifica la circulación atmosférica y puede favorecer lluvias superiores a las habituales en distintas regiones, entre ellas el Litoral argentino.

La Organización Meteorológica Mundial prevé que el episodio continúe hasta febrero de 2027 y advierte que podría ubicarse entre los más intensos desde 1950. Esa duración no implica que las consecuencias sobre los ríos terminen al mismo tiempo.

Di Nezio vinculó el riesgo de los meses posteriores con la acumulación de humedad, que dificulta el escurrimiento y la evaporación. Si las lluvias persisten sobre cuencas ya cargadas, el agua puede sostener niveles elevados durante más tiempo.

La investigadora del CONICET Matilde Rusticucci explicó que las precipitaciones en las cuencas superiores aumentan los caudales que luego avanzan hacia el Litoral. A ese aporte pueden sumarse las lluvias locales, con un efecto mayor sobre sectores ribereños que ya tienen dificultades para drenar.

El pronóstico trimestral del SMN contempla una mayor probabilidad de lluvias superiores a las normales en el Litoral durante octubre, noviembre y diciembre. Ese panorama asociado con El Niño requiere actualizaciones periódicas: una previsión estacional no determina cuánto lloverá en cada ciudad ni qué altura alcanzará un río.

Ante este escenario, el Gobierno nacional puso en marcha el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, con participación de provincias y municipios. Las acciones anunciadas incluyen el fortalecimiento de las alertas meteorológicas e hidrológicas y la preparación de equipos de rescate.

La CGT marchó hacia el edificio del ex Ministerio de Industria, en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, en “defensa de la industria nacional” y difundió un duro documento contra la gestión de Javier Milei.

Los líderes cegetistas se reunieron a las 14hs. en las inmediaciones del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), sobre la avenida Belgrano 665, y marcharon juntos hasta el lugar de la convocatoria.

Bajo el lema “las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, la marcha finalizó con discursos de cada uno de los miembros del triunvirato de la conducción: Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello.

Poco antes del inicio de la marcha, la central obrera publicó un documento en el que aseguró que el Gobierno Nacional lleva adelante un modelo político, económico y social "monitoreado" por el Fondo Monetario Internacional (FMI), "en función de intereses que no son los nuestros".

"Están destruyendo el sistema productivo nacional, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, con aumento de la desocupación, deterioro de los ingresos y de las condiciones laborales, brutal caída del consumo interno y signos claros de recesión; alta presión impositiva, desplome de la inversión, falta de financiamiento y costos desmedidos de los servicios públicos", manifestó la CGT.

En la misma línea, explicaron que las consecuencias del plan de ajuste implementado por el Gobierno Nacional "son claras y están a la vista", debido a que la situación social es "angustiante" con un aumento notable en la "pobreza y la marginalidad".

Asimismo, indicaron que "cientos de miles de hogares" sufren, actualmente, "carencias alimentarias severas" y que la mayoría de las familias de clase media mantienen deudas que disparan "graves alarmas en materia de salud mental".

"Hay jubiladas y jubilados en condiciones de precariedad existencial que no pueden comprar siquiera sus medicamentos; personas con discapacidad sin atención; desfinanciamiento del sistema de salud, del sistema educativo, de la investigación científica, de la obra pública, de la infraestructura vial y del transporte. En definitiva, un deterioro general de la calidad de vida de la población que pone en riesgo la paz y la convivencia", aseguraron.

Para finalizar, señalaron que la movilización de este jueves se realizó con el fin de "visibilizar" la realidad del sector productivo y "alertar sobre la difícil situación que atraviesa", sobre todo en las las PyMEs, que son "el principal sostén del empleo".

Por su parte, Jerónimo sostuvo que el Gobierno debe "cambiar su estrategia de modelo económico" porque lo único que hace "es expulsar a los argentinos hacia la pobreza" y "agudizar su situación": "Tenemos la obligación de estar unidos", agregó.

"Y estamos acá en honor al Papa Francisco y a su legado, que nos decía que defendamos los derechos y que cuidemos la casa común. Por eso estamos acá, porque creemos en un país distinto, tenemos una identidad, tenemos clase media, conocemos lo que es la justicia social y la movilidad social ascendente y queremos la felicidad de nuestra familia", indicó.

Posteriormente, sostuvo que los argentinos "no podemos permitir que se lleven los recursos de nuestra patria" y le exigió a los dirigentes que "se dejen de mirar el ombligo y sean responsables" para representar los intereses de la mayoría.

"Frente a estas propuestas del 'sálvese quien pueda', proponemos otra idea de sociedad, donde la dignidad del trabajo, como experiencia solidaria de intercambio y colaboración, siga siendo una construcción colectiva a favor del bien común y del desarrollo personal y familiar, en el marco de una comunidad integrada. Porque no hay libertad sin Justicia Social", concluyeron.

Fuente: NA

En el marco del plan de lucha nacional por la educación pública, la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) confirmó una nueva medida de fuerza de 72 horas a partir del miércoles 30 de septiembre. "AGDU, informa que la Facultad de Bromatología continúa el plan de lucha nacional en defensa de la Universidad Pública y por el efectivo cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente", aseguraron desde la entidad gremial.

La protesta afecta de manera directa a la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) en Gualeguaychú, donde la comunidad docente exige el efectivo cumplimiento de la Ley aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo.

El referente local Diego Zanetti y el gremio provincial señalaron a este medio que "la propuesta del Gobierno nacional de un incremento salarial del 3% resulta totalmente insuficiente frente al deterioro constante de los ingresos". Desde el Frente Sindical Universitario sostienen "que la recomposición pendiente asciende al 33,4% y demandan, además, el reconocimiento de la deuda salarial acumulada."

El trasfondo del conflicto alcanza una dimensión de gravedad institucional en la provincia y la ciudad. La vigencia de una medida cautelar vinculada con los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 mantiene en vilo el marco legal, dado que la propia Corte Suprema informó que el litigio iniciado por el Consejo Interuniversitario Nacional busca la aplicación inmediata de los incrementos que aten a los salarios a la inflación del INDEC.

Los datos oficiales del propio Gobierno reflejan la pérdida de poder adquisitivo: el Decreto 759/2025 reconoció que entre diciembre de 2023 y julio de 2025 los sueldos del personal universitario crecieron un 128,49%, frente a un IPC acumulado del 220,45%.

Desde Gualeguaychú, la docencia de la Facultad de Bromatología de la UNER remarcó: "El reclamo supera la paritaria salarial e involucra el sostenimiento integral de las funciones esenciales en Entre Ríos: docencia, investigación, extensión, becas estudiantiles, infraestructura y hospitales universitarios". La seccional ratificó su compromiso con una educación superior gratuita, inclusiva y de calidad, e instó a la sociedad local a acompañar las acciones de visibilización.

Advierten que las modificaciones propuestas podrían afectar el acceso y la continuidad de tratamientos, apoyos y servicios para personas con discapacidad.

La discusión por el Presupuesto nacional 2027 generó preocupación entre instituciones y organizaciones de Gualeguaychú que trabajan diariamente con personas con discapacidad. El sector cuestiona modificaciones incluidas en el proyecto que, según advierten, podrían alterar el sistema de prestaciones vigente y generar incertidumbre para miles de familias y prestadores.

Uno de los principales puntos señalados está relacionado con el artículo 39 del proyecto y los cambios que introduciría sobre aspectos de la Ley 24.901, que establece el Sistema de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad.

Las entidades locales expresaron especial preocupación por la posible eliminación del esquema actual del Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas, utilizado durante más de tres décadas como referencia para establecer los valores de las distintas prestaciones.

Según plantean, modificar ese mecanismo podría generar diferencias en los niveles de cobertura según la jurisdicción, la obra social o el sistema que deba afrontar cada prestación. En Gualeguaychú, sostienen, una eventual modificación podría repercutir directamente en la continuidad de tratamientos, acompañamientos, servicios educativos, terapéuticos y de rehabilitación.

Preocupación por las pensiones

Otro de los aspectos que genera inquietud está relacionado con las pensiones para personas con discapacidad. El comunicado cuestiona la posibilidad de volver a utilizar el concepto de "invalidez laboral", al considerar que ese cambio podría dejar fuera de la cobertura vigente a niños y adolescentes con discapacidad.

La preocupación no alcanza solamente a quienes reciben las prestaciones. También involucra a un entramado de profesionales, transportistas, acompañantes terapéuticos, instituciones educativas y centros de atención que dependen del funcionamiento del sistema.

Desde las organizaciones advierten que cualquier modificación en el esquema de financiamiento puede terminar afectando la posibilidad de sostener tratamientos y servicios que forman parte de la vida cotidiana de las personas con discapacidad y sus familias.

Una preocupación que también se expresa en Gualeguaychú

El pronunciamiento lleva la firma de numerosas instituciones y organizaciones de la ciudad vinculadas con la educación, rehabilitación, inclusión y acompañamiento de personas con discapacidad.

Entre ellas se encuentran el Centro Educativo Terapéutico y Centro de Día Alium, EPEI y Centro Educativo Terapéutico IDEEA, EPEI N° 15 Emanuel, Fundación Incluir, Grupo Promotor de Argentina "Quererla es Crearla", Espacio Recreativo Terapéutico y Centro de Rehabilitación Crean, Asociación Civil de Equinoterapia El Establo, Casa Club Gualeguaychú, Red TDAH Gualeguaychú y TGD Padres TEA Gualeguaychú.

Las entidades reclaman que los legisladores nacionales analicen el impacto que podrían tener las modificaciones y que incorporen la mirada de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que prestan servicios.

El planteo es que las prestaciones no sean consideradas únicamente desde una perspectiva presupuestaria, sino como parte de un sistema destinado a garantizar derechos vinculados con la salud, la educación, la inclusión social y la vida independiente.

En ese sentido, las organizaciones convocaron a la comunidad de Gualeguaychú a mantenerse informada y acompañar las acciones destinadas a preservar las prestaciones y derechos actualmente reconocidos.

"La discapacidad no es un gasto. Las prestaciones no son un lujo", remarcaron en el documento difundido, que concluye con una consigna que resume la preocupación del sector: "Sin derechos no hay inclusión".

En el Proyecto de Presupuesto 2027, que el Gobierno Nacional mandó a la Cámara de Diputados el martes, en lo que refiere a las partidas de Defensa, diplomacia soberana y logística antártica, destina 3.500 millones de dólares para tres submarinos y fragatas en medio de la tensión que Argentina mantiene con el Reino Unido por las Islas Malvinas.

La planilla anexa al Artículo 42 de la iniciativa, que autoriza al Poder Ejecutivo a cerrar operaciones de crédito público, tiene tres ítems. Dos corresponden a la Armada Argentina: 2.300 millones de dólares para la compra de tres submarinos convencionales que se destinarán a la Base Naval Mar del Plata, con un plazo mínimo de amortización de tres años; y 1.200 millones de dólares para dos fragatas multimisión en la Base Naval Puerto Belgrano, también con amortización mínima de tres años. Tercero el Parque Fotovoltaico Cauchari, en Jujuy, por 250 millones de dólares.

Los submarinos y las fragatas no figuran entre los proyectos de inversión del ejercicio 2027, que se hagan efectivos depende de que se especifique el financiamiento y de que el Congreso apruebe el presupuesto en su totalidad.

Lo que sí tiene crédito asignado es la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para Puerto Belgrano, por 37.616 millones de pesos, que integran el programa de mantenimiento de medios e infraestructura para el alistamiento operacional.

El proyecto también contempla el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (Plan ARMA), presentado en mayo de este año, que destina el 10% de lo recaudado por la enajenación, locación o privatización de bienes estatales al reequipamiento militar. En lo que refiere a los activos propios de las Fuerzas Armadas, el porcentaje de reinversión directa en el sistema de defensa aumenta al 70%.

Entre los ítems, la iniciativa incluye: la compra de un sistema de armas para recuperar las capacidades aeroespaciales de la VI Brigada Aérea, la adquisición de munición para reservas estratégicas y operacionales, y avances en el Plan Satelital de la Defensa, como el desarrollo de tecnologías ópticas, electroópticas, criptografía cuántica, radares láser y sistemas de observación.

También la implementación del Plan de Capacidades Militares, el desarrollo de un Comité de Logística Conjunta y la participación en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU.

En materia diplomática, el presupuesto consigna 6.384 millones de pesos a la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, dependiente de la Cancillería, dentro del Programa 23.

Los fondos se utilizarán para llevar a cabo acciones bilaterales y multilaterales ante la ONU y otros foros a fin de continuar con el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, el Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

La iniciativa también precisa la continuidad de pensiones para veteranos de guerra y la gestión del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

Fuente: NA

La Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió para analizar la coyuntura económica y compartir la visión actual sobre los diferentes rubros productivos. Los representantes de distintos sectores y regiones de la industria expresaron su preocupación por la falta de recuperación de la actividad, la caída en el empleo y la persistencia de los costos que restan competitividad a la producción.

La producción industrial, según el INDEC, registró una caída de -4,9% respecto de julio de 2025. En términos sectoriales, 12 de los 16 sectores que componen el IPI cayeron respecto de julio de 2025, y 15 en términos mensuales (sólo la refinación de petróleo presentó una suba mensual).

Ante este escenario, la UIA remitió a la Subsecretaría PyME un documento técnico con propuestas para aliviar las dificultades que sufren las pymes. Estas ideas están respaldadas por los relevamientos del CEU y del Observatorio PyME sobre actividad, morosidad y empleo, indicaron.

Algunas de las propuestas enviadas para aliviar la presión fiscal son la suspensión de embargos por 180 días, la migración entre planes de pago, la reducción de la tasa de financiación ARCA para pymes, el diferimiento de vencimientos impositivos (IVA) de 180 días para actividades estacionales, la anualización de cargas sociales y la postergación de Contribuciones Patronales para economías regionales, además de una agilización en la devolución de saldos a favor de impuestos nacionales.

Recordaron que la presión fiscal formal en la Argentina es de 56%, récord en el mundo. La industria produce bienes transables que compiten con el mercado internacional, y por lo tanto requieren tener una presión fiscal similar a la de los productos que vienen de países donde esa presión es normal.

Plantearon que otro problema que sufre la industria -y sobre todo las pymes- es el costo energético. Los usuarios categorizados como GUDI (Grandes Usuarios de la Distribuidora) recibieron facturas con un incremento del orden del 90 al 100% en el costo básico, motivo por el cual se duplicó el costo del mes anterior y casi triplicó el valor de dos meses previos.

En este marco, se destacó la iniciativa de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba para avanzar en un esquema de financiamiento de los cargos estabilizados del Mercado Eléctrico Mayorista, luego de los planteos que realizó la UIA junto a las uniones industriales territoriales. La UIA propone al gobierno nacional el establecimiento de cuotas para hacer frente a las facturas, y el prorrateo de los vencimientos.

La Vía Navegable Troncal del río Paraná inició formalmente este jueves una nueva etapa en su historia logística y comercial con el traspaso operativo tras completarse el proceso licitatorio impulsado por el Gobierno nacional. El consorcio Vía Navegable Argentina S.A. conformado por Jan de Nul y Servimagnus, tomó el control definitivo del corredor fluvial más importante del país.

El comienzo de la nueva concesión tiene un beneficio concreto para los usuarios de la vía, principalmente los exportadores: la tarifa de peaje se reducirá un 13,5%, al pasar de 4,30 dólares por tonelada de registro neto (TRN) a US$ 3,80.

La baja podría generar un ahorro logístico en el sistema de entre 375 y 456 millones de dólares por año para el sector agroexportador.

Al respecto, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se pronunció formalmente este jueves para celebrar el inicio de las operaciones en el terreno. El funcionario expresó en redes sociales “La Vía Navegable Troncal inicia una etapa con gestión privada, obras estratégicas y una baja en el peaje, que pasa de US$4,30 a US$3,80“.

A su vez, la máxima autoridad económica brindó precisiones sobre el alcance geográfico de los trabajos que se ejecutarán en los cursos fluviales, poniendo especial énfasis en el territorio entrerriano. Aseguró que “la nueva concesión contempla la profundización de los ríos De la Plata y Paraná y la ampliación de la vía navegable en Entre Ríos, con la apertura y mantenimiento del Paraná Guazú, Paraná Bravo y Pasaje Talavera“.

Estas obras diversifican los canales de navegación y potencian el desarrollo de las terminales de la provincia. El impacto más relevante es que Entre Ríos podría sacar exportaciones desde su territorio en buques Panamax con capacidad para hasta 40.000 toneladas y navegación transatlántica.

Con el dragado del río Paraná Bravo y Paraná Guazú a 34 pies de profundidad (equivalente a 10,3 metros), los buques ingresarían hasta el puerto de Ibicuy.

Las cargas arribarían hasta ese puerto procedentes desde el resto de Entre Ríos, las otras provincias de la Mesopotamia (Corrientes y Misiones) e incluso desde Brasil, sin necesidad de cruzar a Santa Fe para embarcarse en Rosario.

Además del dragado y la ampliación de las trazas, el proyecto prevé una fuerte inversión en seguridad, monitoreo y control de la navegación a lo largo de toda la cuenca. Caputo subrayó que se incorporará “tecnología de última generación, con cámaras, radares y sistemas digitales para una navegación más segura y eficiente “.

El impacto definitivo de este histórico traspaso apunta a consolidar un nuevo piso de desarrollo y previsibilidad para todas las economías regionales del país. El ministro de Economía concluyó sus declaraciones oficiales afirmando que el nuevo modelo se traducirá en “menores costos logísticos, más infraestructura y mayor competitividad para la producción argentina “.

La sociedad Vía Navegable Argentina estará a cargo de la Hidrovía por los próximos 25 años y podría llegar a destinar inversiones por unos 10.000 millones de dólares en ese plazo para modernizar la vía fluvial.

La privatización de la Vía Navegable Troncal pone fin a la etapa de gestión estatal directa de la infraestructura y da paso a un esquema de inversión privada, mientras el Estado conservará funciones de control y supervisión.

El Gobierno nacional estableció el nuevo salario mínimo, vital y móvil en $383.800 desde el 1º de septiembre de 2026 para los trabajadores mensualizados que cumplan la jornada legal completa. Además, fijó una escala de incrementos mensuales que llevará el monto hasta los $437.000 en abril de 2027.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La norma también determinó los valores por hora para los trabajadores jornalizados.

Según estableció la resolución, el salario mínimo será de $391.200 en octubre y $1.956 por hora; mientras que en noviembre alcanzará los $398.800 mensuales y $1.994 por hora.

Cómo aumentará el salario mínimo hasta abril

Para diciembre de 2026, el Salario Mínimo, Vital y Móvil quedó establecido en $406.400 para los trabajadores mensualizados y $2.032 por hora para los jornalizados.

La escala continuará en 2027. Desde el 1º de enero será de $414.200 mensuales y $2.071 por hora; en febrero ascenderá a $422.000 y $2.110, respectivamente; y en marzo llegará a $429.600 mensuales y $2.148 por hora.

Finalmente, desde el 1º de abril de 2027, el salario mínimo quedará fijado en $437.000 para quienes cumplan una jornada legal completa y $2.185 por hora para los trabajadores jornalizados.

A qué trabajadores alcanza la medida

La resolución estableció que los montos alcanzan a los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo de la Ley 20.744, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y todas las entidades y organismos del Estado Nacional que actúen como empleadores.

En los casos contemplados por los artículos 92 ter y 198 de la Ley de Contrato de Trabajo, vinculados con modalidades que no cumplen la jornada legal completa, el salario mínimo deberá percibirse en la proporción correspondiente.

La decisión fue adoptada luego de la reunión virtual realizada el 28 de agosto de 2026 por el Consejo Nacional del Empleo y la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo. Según consignó la resolución, tras “un extenso intercambio de opiniones”, no se alcanzó un acuerdo y debió emitirse un laudo para establecer los nuevos valores.

Qué pasará con la prestación por desempleo

La Resolución 4/2026 también mantuvo la fórmula utilizada para determinar la Prestación por Desempleo contemplada por la Ley 24.013.

El beneficio será equivalente al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante los seis meses anteriores a la finalización del contrato laboral que originó la situación de desempleo.

La norma determinó además que la prestación mensual no podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente ni superar el 100% de ese valor. De esta manera, los límites se modificarán en función de cada uno de los montos establecidos en la nueva escala.

El Consejo del Salario no logró un acuerdo para establecer el nuevo mínimo en las remuneraciones y el nuevo mínimo será establecido por el Gobierno.

Los gremios solicitaron un mínimo de $ 911.000, mientras que los empresarios ofrecieron $ 400.000.

A la fecha el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) es de $376.600, cifra a la que se llegó aplicando el cronograma de ajustes que se había fijado en la reunión de noviembre de 2025.

Este valor es una referencia que, además de fijar una remuneración básica, sirve para la determinación de algunos programas sociales, prestaciones y subsidios.

La conversación se dio en medio de una solapada intención del gobierno nacional de lograr que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $ 800.000, lo que representaría un bruto cercano a $ 1.100.000.

Si bien este tema no estuvo en la agenda del encuentro que se realizó este mediodía, la discusión quedó flotando luego que en las últimas horas la Secretaría de Trabajo hiciera trascender la intención del Gobierno nacional.

El Consejo del Salario es una instancia en la que dialogan representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales para determinar ese piso salarial.

Se viene realizando en el último tiempio de manera virtual, a través de Zoom, y la CGT había reclamado la semana pasada que en el encuentro de este viernes se regrese a la presencialidad, pero el Gobierno no accedió a la petición sindical.

De la reunión participaron por el sector empleador: Juan José Etala, José Luis Zapata y Horacio Martínez (UIA); Ricardo Diab y Juan Massi (CAC).

Por el sector trabajador: Jorge Solá, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Luna Villar (CGT); Claudio Mani, Hugo Yasky, Hugo Godoy y Ricardo Peidro (CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores).

También estuvieron los asesores técnicos de todas estas organizaciones.

Las críticas de ATE

Finalizada la reunión del Consejo del Salario Mínimo, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, se quejó que los empresarios propusieron un aumento de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril, y planteó que “este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio”.

“El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación”, agregó el dirigente estatal en un comunicado.

“El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. ¿El Consejo existe? Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer. Este organismo nació para garantizar dignidad y no pobreza legal como sucede hoy. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne sólo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno”, finalizó Aguiar.

En un nuevo gesto de acercamiento entre el Gobierno nacional y las provincias, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, encabezaron una jornada de trabajo en la provincia de Catamarca. Allí se mostraron junto al gobernador local, Raúl Jalil, y el mandatario de Santiago del Estero, Elías Suárez, bajo un eje central: el impulso a proyectos de infraestructura regional y la descentralización de la gestión vial.

Durante la reunión, los funcionarios avanzaron en la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta. Según informó Presidencia, se trata de una obra hídrica estratégica orientada a mejorar el abastecimiento de agua potable y potenciar el desarrollo de las comunidades interprovinciales.

La delegación del Ejecutivo nacional contó además con la presencia del vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria; el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Fernando Herrmann; y el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.

Con este despliegue, el Gobierno nacional ratificó que, pese al traspié en el Senado y la distancia de gobernadores aliados, la coordinación con las administraciones provinciales se mantiene sin interferencias para la ejecución de obras y el traspaso de rutas nacionales.

Mauricio Macri reveló ante la mesa ejecutiva del PRO que mantuvo una conversación directa con Karina Milei y que, a partir de ese contacto, decidió dar un primer paso para intentar recomponer la relación con el Gobierno nacional. En un mensaje interno enviado a la conducción partidaria, el expresidente confirmó que instruyó a Cristian Ritondo y a Fernando de Andreis a participar de un encuentro con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y referentes del oficialismo con el objetivo de iniciar un acercamiento y construir un marco de confianza.

En el texto distribuido a la cúpula del partido amarillo, Macri detalló que el intercambio con la secretaria general de la Presidencia se produjo semanas atrás. Tras ese acercamiento, resolvió delegar la representación institucional en Ritondo —presidente del bloque de diputados nacionales— y De Andreis —secretario general de la agrupación— para entablar las conversaciones operativas con la Casa Rosada.

A pesar del movimiento político, el fundador del PRO expuso las reservas que mantiene hacia la gestión libertaria. Ante sus dirigentes, admitió continuar siendo "escéptico" respecto a las posibilidades de alcanzar un acuerdo de fondo, aunque sostuvo que durante este año el espacio debe "agotar todo intento de que a este gobierno le vaya bien", marcando una línea de acción para la bancada en el Congreso.

Del lado del Ejecutivo, la mesa de negociación estará encabezada por Diego Santilli junto a dirigentes del armado político oficialista. La figura del jefe de Gabinete resulta clave por su trayectoria dentro del PRO y sus vínculos con la dirigencia opositora, posicionándose como un interlocutor capaz de encauzar las diferencias legislativas y territoriales.

Por el momento, la conducción del PRO aclaró que las conversaciones no implican una alianza electoral ni un proceso de fusión entre ambas fuerzas. La prioridad se centra de manera exclusiva en restablecer canales de diálogo estables, en un contexto donde el oficialismo requiere sostener mayorías parlamentarias para avanzar con su agenda de reformas.

(Fuente: Infobae)

Una compleja semana en la agenda parlamentaria del Congreso Nacional concluyó con un fuerte revés para los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo.

Durante la última sesión en el Senado, el oficialismo sufrió el desguace de la denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, un proyecto marco que perdió tres de sus seis capítulos originales durante la votación en particular.

La falta de acuerdos previos con las bancadas aliadas y el posicionamiento crítico de gobernadores de distintas provincias terminaron por debilitar la mayoría circunstancial que el Gobierno nacional buscaba consolidar para destrabar su paquete de reformas en la Cámara Alta.

El quiebre en las negociaciones se profundizó a partir de las objeciones planteadas respecto a los artículos que flexibilizaban los límites a la venta de tierras a inversores extranjeros y las modificaciones al régimen legal de manejo del fuego.

A pesar de los intentos de última hora por articular modificaciones y fijar topes a la extranjerización, senadores que responden directamente a mandatarios provinciales de Tucumán, Neuquén, Salta y Misiones adelantaron su voto negativo a los capítulos más polémicos.

Si bien el proyecto obtuvo la aprobación en general para evitar un fracaso total de la convocatoria, los bloques de la oposición y legisladores provinciales impusieron su número para suprimir los tramos centrales de la normativa antes de su remisión a Diputados.

La ausencia de interlocutores clave durante la discusión de dictámenes y las divergencias internas en el gabinete nacional expusieron las dificultades del oficialismo para sostener alianzas legislativas estables.

Ante este escenario, la bancada oficialista analiza reconfigurar su dinámica de trabajo parlamentario, dejando de lado los proyectos normativos de gran alcance u "ómnibus" para abocarse exclusivamente a iniciativas puntuales e indispensables para la gestión económica, entre las cuales figuran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el debate del Presupuesto.

El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) formalizó la aprobación de un nuevo cuadro tarifario de electricidad para Entre Ríos mediante la Resolución Nº 119/26, publicada en el Boletín Oficial provincial. La medida, con vigencia para los consumos realizados a partir del 1° de agosto de 2026, adecua los valores locales a las recientes modificaciones establecidas por la Secretaría de Energía de la Nación en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para el trimestre agosto-octubre.

La actualización responde a la fijación de nuevos Precios de Referencia de la Potencia (POTREF), Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y Precio Estabilizado de los Servicios Adicionales (PES) a nivel nacional. A estos componentes se suman los costos del transporte en alta tensión y distribución troncal, junto con la actualización del recargo destinado al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), fijado en $2.508 por megavatio hora.

A pesar de los incrementos en el costo de la energía mayorista, la resolución ratifica la vigencia de herramientas provinciales de contención social. En ese sentido, se confirmó la prórroga hasta el 31 de octubre del subsidio sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD) para usuarios residenciales de menores ingresos (Nivel 2 del RASE registrados a diciembre de 2025), tanto urbanos como rurales. Este beneficio contempla un descuento del 6% sobre el VAD, el cual deberá figurar expresamente en las facturas bajo la leyenda "Tarifa Subsidiada por el Estado Provincial".

Adicionalmente, se dispuso el tope a las variaciones del VAD, cuya actualización mensual no podrá superar la evolución del Índice de Salarios nivel general elaborado por el INDEC. Por su parte, en el esquema nacional se aplicará en agosto una bonificación extraordinaria del 16,59% sobre el consumo base de 300 kWh mensuales para los usuarios de menores ingresos.

En lo relativo a entidades de bien público, clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro, la normativa fija que los beneficios y bonificaciones nacionales se otorgarán sobre el total del volumen consumido, sin quedar sujetos a topes de consumo. Finalmente, el cuadro mantiene el canon mensual de US$323.046,95 para la obra de la Estación Transformadora Gran Paraná, calculado a un tipo de cambio de $1.487,769 por dólar. La vigencia de este esquema queda supeditada a que no existan nuevos reajustes en los precios mayoristas por parte del Gobierno nacional.

[Fuente: El Once Digital]

El gobernador Rogelio Frigerio y la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, firmaron un acuerdo que permitirá concluir la construcción de cuatro escuelas técnicas y agrotécnicas de Entre Ríos que se encuentran en distintas etapas de ejecución. Se trata de obras estratégicas para el sistema educativo provincial que serán finalizadas e inauguradas en los próximos meses.

El convenio alcanza a la escuela de educación técnica N° 3, de Concepción del Uruguay; la escuela de educación técnica N° 15 de San Carlos, en el departamento La Paz; la escuela de educación técnica N° 1, de Gualeguay; y la escuela de educación técnica N° 4, de Larroque.

Tras la firma, Frigerio destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Gobierno de Entre Ríos y Nación para concretar proyectos largamente esperados por las comunidades educativas.

“Fortalecer la calidad educativa de nuestra provincia es una de las prioridades de nuestra gestión, y este trabajo conjunto con el gobierno nacional nos permite seguir avanzando en ese camino, destinando cada peso a obras que mejoran las condiciones para enseñar y aprender”, expresó el mandatario.

Con este acuerdo, la provincia asegura la continuidad de establecimientos educativos fundamentales para la formación técnica y agrotécnica, una modalidad clave para acompañar el desarrollo productivo de Entre Ríos. La finalización de estas obras permitirá que estudiantes y docentes cuenten con edificios adecuados,

modernos y equipados para el desarrollo de las actividades educativas.

La firma del convenio se enmarca en la política del gobierno provincial de priorizar la infraestructura escolar y recuperar obras que permanecían inconclusas, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para enseñar y aprender en todo el territorio entrerriano.

Tras el anuncio y el envío al Congreso del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, economistas coinciden en que la presidencia debe mantener independencia para evitar que la mala práctica presupuestaria afecte el valor monetario.

La mentada independencia apunta a no emitir dinero para financiar el déficit fiscal. La particularidad de la propuesta del Gobierno de Javier Milei es reducir el mandato a defender el peso, un modelo poco habitual: solo Colombia y Perú tienen función única.

Aldo Abram, de la Fundación Libertad y Progreso, afirmó que los aspectos anunciados están alineados con los objetivos elaborados desde la entidad. Agregó que resulta positivo prohibir el financiamiento al Gobierno nacional.

Por su parte, el expresidente del organismo, Martín Redrado, señaló: "Argentina necesita una Carta Orgánica del Banco Central que garantice su independencia para tener estabilidad de precios, predictibilidad cambiaria y financiera". Propone eliminar la emisión para financiar al Tesoro vía Adelantos Transitorios y utilidades contables.

Luciano Laspina, presidente del CIPPEC, indicó que los países que lograron grabar en piedra la prohibición de financiar al fisco derrotaron la inflación. Asimismo, el consultor Iván Carrino opinó que la reforma va en la dirección correcta. En tanto, el economista Roberto Cachanosky advirtió que anunciar la independencia con la autoridad monetaria al lado no resulta convincente.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) repasó las funciones de otros organismos: la Reserva Federal de EEUU busca el máximo empleo y precios estables; Brasil y el Banco de Inglaterra priorizan la estabilidad de precios pero apoyan el empleo y crecimiento; y la Unión Europea mandata mantener la estabilidad de precios como meta primordial.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un Paro Nacional Docente el próximo lunes, en el marco del plan de lucha resuelto por su congreso ante la negativa del Gobierno nacional de convocar a paritarias.

“Está incumpliendo la legislación vigente y desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa”, remarcó el comunicado difundido.

Asimismo, manifestó: “Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del Fonid y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación.

Además, la medida de fuerza será para pedir la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo; defensa de las cajas previsionales provinciales y de la jubilación docente.

En la jornada también se rechazará el proyecto de Ley de Libertad Educativa por constituir un “grave avance sobre el derecho social a la educación, la libertad de enseñanza, el trabajo docente y la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar una educación pública, democrática, inclusiva y de calidad para todas y todos”.

La selección argentina regresó al país este lunes y aterrizó pasadas las 18 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde recibió una recepción protocolar y con el aliento de decenas de hinchas se acercaron a las inmediaciones de la terminal para recibir a los futbolistas que alcanzaron la final del Mundial 2026.

El equipo albiceleste volvió en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, con una delegación que no contará con la presencia de Lionel Messi ni de Rodrigo de Paul. En total son seis los futbolistas que no regresarán con el plantel, aunque sí se espera la presencia de Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Una segunda aeronave trajo a las familias de los jugadores, quienes aterrizaron más temprano y esperaron por sus seres queridos en el predio de la AFA en Ezeiza.

De cara a la bienvenida para los subcampeones del mundo, el aeropuerto Ministro Pistarini preparó una recepción visible desde el aire: la palabra “¡¡GRACIAS!!” pintada en 150 metros sobre el pasto de la pista de aterrizaje, trabajo que demandó más de 20 latas de pintura, 100 estacas y tres días de labor.

Desde temprano, un fuerte operativo de seguridad rodea la zona de Ezeiza. En las últimas horas, el gobierno nacional convocó a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires para articular un dispositivo conjunto destinado a resguardar la integridad del plantel y de las personas que planeen acercarse a recibir a la delegación.

Si bien anoche el presidente Javier Milei anunció que decretaría feriado al día que dispongan las autoridades de la AFA para realizar una celebración por la obtención del subcampeonato mundial, por estas horas la casa madre del fútbol argentino no prevé que se realicen festejos oficiales. En tanto, tampoco aceptaría la invitación del mandatario de visitar la Casa Rosada.

El equipo argentino cayó este domingo ante España por 1 a 0 en la final de la Copa del Mundo que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá. Ferran Torres marcó el tanto que dio sentencia al encuentro en el inicio del segundo tiempo suplementario y así La Roja consiguió su segunda estrella.

El portavoz presidencial Adrián Ravier defendió con firmeza la estrategia económica de la administración de Javier Milei. En una extensa entrevista en Infobae a la Tarde, el economista liberal rechazó de plano que exista una crisis generalizada de ingresos y aseguró que el Gobierno nacional no comparte el diagnóstico opositor de que "la gente no llega a fin de mes".

"No dudo de que hay personas que atraviesan esa situación compleja, pero decirlo de manera generalizada da la sensación de que todos los argentinos viven exactamente la misma realidad", planteó el vocero.

Para respaldar su postura, Ravier señaló que diversos indicadores muestran una tendencia a la baja en la pobreza y la indigencia, apoyándose en datos recientes del INDEC, la UCA y UNICEF. Según su análisis, la marcada desaceleración de la inflación ha permitido una recomposición progresiva en el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables de la sociedad.

De cara al escenario electoral, Ravier ratificó que el Ejecutivo no apelará a medidas populistas de estímulo al consumo:

El Senado entrerriano otorgó este miércoles media sanción al proyecto de reforma previsional presentado por el gobernador Rogelio Frigerio. La votación terminó 10 a 7, con el respaldo del bloque oficialista y de las senadoras justicialistas Gladys Domínguez y Nancy Miranda, quienes defendieron su apoyo tras lograr modificaciones en el texto.

La sesión especial se desarrolló en un clima de tensión política y social. Afuera, la Multisectorial en Defensa de la Caja reunió a trabajadores, jubilados y gremios que rechazaron la iniciativa, calificándola como “estafa y saqueo”. Hubo momentos de tensión cuando manifestantes intentaron acercarse al recinto y fueron contenidos por un cordón policial.

El oficialismo defendió la reforma como necesaria para garantizar la sustentabilidad del sistema. El senador Rafael Cavagna (Juntos por Entre Ríos) destacó que el proyecto incorporó más de 20 cambios tras el debate con gremios y especialistas. Entre las modificaciones se incluyó la reducción de 20 a 15 años del período para calcular el haber inicial, la diferenciación de edades jubilatorias (62 para mujeres y 65 para hombres), la eliminación del artículo que fijaba 68 años para nuevos estatales y un nuevo esquema de aportes patronales municipales.

Desde el PJ, legisladores como Juan Pablo Cosso, Víctor Sanzberro y Martín Oliva cuestionaron el momento elegido para la reforma y advirtieron que el 82% móvil “se diluirá progresivamente”. Marcelo Berthet comparó la iniciativa con “la lógica de la motosierra” del Gobierno nacional.

La senadora Gladys Domínguez defendió su voto afirmativo como “una oportunidad histórica” para equilibrar el sistema, mientras Nancy Miranda justificó su apoyo por “sentido común” tras lograr cambios en el texto, y rechazó las críticas internas del PJ.

Con la media sanción, el proyecto de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional” pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde se espera un nuevo capítulo del debate entre oficialismo, oposición y gremios que mantienen su rechazo.