“El retorno de la ruta comercial Punta Arenas-Malvinas, con la primera navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island Naviera, prevista para noviembre para abastecer a los habitantes de las Islas y restablecer un servicio comercial regular con Puerto Argentino, es una muestra concreta de la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas”, manifestó Michel.

“Nuestro país debe sostener la defensa de la soberanía sobre las islas Malvinas, su territorio y recursos naturales. Además, no puede soslayar el accionar de países que se dicen hermanos pero que prestan colaboración logística al accionar ilegal de empresas en ese territorio argentino”, dejó planteado el legislador de la oposición.

El proyecto de ley insta al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a efectuar la denuncia de los siguientes tratados y/o convenios con la República de Chile:

“Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. Tienen que decidirse. El planteo es razonable, no se busca romper el diálogo ni las relaciones diplomáticas, pero tampoco nuestro país puede mantener ventajas económicas y fiscales a Chile si sigue yendo en contra de la causa Malvinas”, sostuvo el dirigente.

Fuente: El Entre Ríos / Prensa Guillermo Michel

El diputado nacional Guillermo Michel formalizó este viernes un pedido de audiencia con la conducción de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos con el objetivo de relevar la posición de la entidad y de los productores agropecuarios provinciales frente al proyecto de ley de biocombustibles que cuenta con media sanción del Senado de la Nación.

A través de una nota remitida a las autoridades de la institución, Diego Camuñas y Héctor Bolzán, el legislador sostuvo que el tratamiento del nuevo marco regulatorio representa una oportunidad para profundizar la industrialización del sector agropecuario nacional. Según la fundamentación expuesta en el escrito, el proyecto contempla un incremento gradual en los cortes obligatorios de biodiesel en gasoil hasta un 10 % y de bioetanol en naftas hasta un 15 %, lo que generaría una mayor demanda interna de aceite de soja, maíz y caña de azúcar, con impacto en la inversión productiva, el empleo y el agregado de valor en origen dentro de la provincia.

Asimismo, el proyecto contempla incentivos para la diversificación productiva mediante el desarrollo de nuevos cultivos oleaginosos como colza, camelina y carinata, acordes con las condiciones agroecológicas del territorio entrerriano. Con el propósito de definir su voto en la discusión parlamentaria en la Cámara de Diputados, la solicitud de reunión busca intercambiar visiones técnicas con las autoridades de la Bolsa de Cereales para ponderar el alcance de la normativa en la cadena agroindustrial local.

La presentación, impulsada por los legisladores nacionales peronistas Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay, solicita que el Ministerio de Economía y la Dirección de Vialidad Nacional retomen el mantenimiento vial. El juez federal de Victoria, Federico Martin, le dio trámite y pidió informes a los organismos.

En el marco de la causa 12957/2026 (“BAHL, ADÁN HUMBERTO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986”), la Justicia Federal habilitó el trámite de un amparo que exige al Estado nacional reactivar las obras y el mantenimiento de la red vial en la provincia de Entre Ríos, financiados con fondos del fideicomiso creado por el Decreto 976/01, conocido como fideicomiso SIT.

El fallo del juez Martin ordenó notificar a las partes demandadas y solicitó informes a los organismos del gobierno nacional.

El sustento de la denuncia radica en la administración de los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), que se nutre del impuesto a los combustibles líquidos.

A este respecto, Michel explicó que: “Cada vez que un argentino, un entrerriano, carga combustible, parte del impuesto va a un fondo específico para la reparación de las rutas, pero tres de cada cuatro pesos del fondo fueron derivados a instrumentos financieros -bonos, títulos y acciones- en lugar de aplicarse a obras viales”.

“Más de $1,5 billones de pesos que se deberían haber destinado a las rutas fueron a parar a sostener el superávit fiscal maquillado por el gobierno, cuando se deberían haber destinado al mantenimiento y la construcción de rutas en la provincia”, manifestó.

Principales rutas nacionales en Entre Ríos

Ruta Nacional 12: es una vía troncal que ingresa por el Complejo Zárate-Brazo Largo, atraviesa el sur y oeste provincial pasando por Gualeguay, Nogoyá y Paraná, y continúa hacia el norte bordeando el río Paraná hasta el límite con Corrientes.

Ruta Nacional 14: conocida como la Ruta del Mercosur, recorre el este de la provincia desde Ceibas hasta el límite con Corrientes, conectando ciudades importantes como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y Concordia.

Ruta Nacional 18: cruza la provincia de oeste a este, uniendo Paraná con el empalme de la Ruta Nacional 14 a la altura de Concordia, pasando por Villaguay y San Salvador.

Ruta Nacional 127: conecta el centro-norte provincial desde el empalme con la Ruta 12 (cerca de Federal) rumbo al norte hasta el límite con Corrientes.

Ruta Nacional 135: une la Ruta 14 con la ciudad de Colón y el Puente Internacional General Artigas, que comunica con Paysandú (Uruguay).

Ruta Nacional 174: es el enlace vial que conforma el Puente Rosario-Victoria, uniendo la provincia con Santa Fe.

Otras rutas: Ruta Nacional 130 (cerca de Villa Elisa), Ruta Nacional 131 (Crespo - Diamante), Ruta Nacional 136 (Gualeguaychú hacia Fray Bentos) y Ruta Nacional A015 de acceso a la Represa de Salto Grande. (APFDigital)

La labor parlamentaria en la Cámara de Diputados de la Nación incluye el análisis de las políticas públicas dirigidas a la inserción laboral de la juventud, las condiciones de empleo y los esquemas de remuneración salarial vigentes en el país. En ese marco, el diputado nacional Guillermo Michel se refirió a las previsiones económicas planteadas durante el debate electoral reciente en relación con los ingresos del sector joven y la vigencia de la moneda nacional en la liquidación de haberes.

Según expuso el legislador, las proyecciones difundidas durante la campaña electoral generaron una expectativa entre la población joven basada en la posibilidad de percibir salarios en moneda extranjera sin variaciones en nominalidad respecto de las remuneraciones en pesos.

Michel sostuvo que los indicadores actuales de empleo reflejan esquemas de liquidación en moneda local con un poder de compra inferior al estimado inicialmente en las plataformas informativas y redes sociales de uso masivo.

Finalmente, el diputado destacó que la formulación de proyectos para promover el empleo juvenil requiere la modernización constante de las herramientas tecnológicas y los canales formales de comunicación institucional. De esta manera, se busca garantizar una difusión más clara de los mecanismos de incentivo al trabajo y de las leyes aprobadas en el Congreso de la Nación, facilitando la interacción continua entre los legisladores y los sectores productivos que demandan mano de obra calificada.

Se reunieron trabajadores del sector, representantes políticos, sindicales -estuve presente la cúpula de la CGT- y de la Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), con el objetivo de visibilizar la problemática y avanzar en propuestas que permitan preservar la actividad y las fuentes de empleo.

En ese marco, el diputado nacional, Guillermo Michel, advirtió sobre el impacto de la apertura de las importaciones. "Estamos viendo una avalancha de importaciones que hoy afecta al sector avícola. En dos o tres años no va a quedar ninguna industria argentina en pie". Además, recalcó la falta de una respuesta por parte del Ejecutivo provincial: "Acá no alcanza con que la provincia le dé un bolsón de comida a los trabajadores de la Granja Tres Arroyos, lo que se necesita es reconstituir el capital laboral para que la empresa funcione y genere nuevos puestos".

Por su parte, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, sostuvo: "La situación genera preocupación porque es una actividad que impacta en el 50 % de la producción avícola en la provincia de Entre Ríos; 900 trabajadores despedidos de la Granja Tres Arroyos son parte de 8.000 trabajadores desocupados a lo largo y lo ancho de la Argentina". Asimismo, cuestionó "una ausencia total del Estado el cual no propone programas que puedan sostener un nivel de dignidad para los trabajadores" y remarcó que "no es una crisis generalizada del sector avícola, sino que es una parte del mismo, por lo cual debería haber herramientas para garantizar un horizonte positivo".

En la misma línea, el exministro de Producción de Entre Ríos, Juan José Bahillo, explicó que el objetivo del encuentro fue "tratar la problemática del frigorífico Tres Arroyos, que en estas últimas semanas frenó su producción dejando a 900 trabajadores y a un montón de familias sin un ingreso, generando un drama social importante en la ciudad de Concepción del Uruguay". En ese sentido, afirmó que la mesa busca "visibilizar el tema, hacer un seguimiento y tratar de aportar alguna solución".

Además, la diputada nacional por Entre Ríos, Marianela Marclay, convocó a ampliar el diálogo institucional para encontrar una solución a la problemática. "En necesario que se den conversaciones entre los gobernadores Frigerio (Entre Ríos) y Kicillof (Buenos Aires), para que las 8.000 familias que no tienen para comer, para vivir, ni para pagar sus alquileres puedan seguir adelante”.

Finalmente, para enfrentar la crisis de Granja Tres Arroyos, el diputado Michel planteó tres líneas de acción concretas: “Visibilizar la situación en la Cámara de Diputados para construir consensos y poner el tema en la agenda nacional; impulsar una mesa de diálogo en Entre Ríos con el gobierno provincial y el sector financiero para encontrar una salida que preserve los más de 2.000 puestos de trabajo; y promover una reunión con la CEPA para coordinar una respuesta conjunta junto a todo el sector”.

Con una amplia convocatoria y una fuerte representación territorial, más de 1.600 asistentes participaron este lunes en el Encuentro Regional "El Peronismo Debate para ser Alternativa Nacional", realizado en el Salón Malvinas Argentinas del Sindicato de la Carne de Concepción del Uruguay. Del encuentro formaron parte más de 40 intendentes de distintas provincias, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios, dirigentes políticos, representantes del sector productivo, universidades y organizaciones sociales.

La jornada ratificó el camino iniciado el pasado 1° de mayo en Parque Norte bajo la consigna de priorizar las ideas y las propuestas por sobre las discusiones centradas en candidaturas, con el objetivo de construir una alternativa nacional desde una mirada federal, productiva y con capacidad de representar la diversidad de la Argentina.

En ese marco, uno de los principales resultados del encuentro fue la elaboración de un documento base denominado "Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria", orientado a impulsar una agenda integral para el desarrollo del sector agroindustrial argentino. La propuesta plantea la necesidad de revisar los factores que afectan la competitividad de la producción, avanzar en mejoras de infraestructura logística, promover la innovación y el desarrollo tecnológico, debatir una nueva ley de semillas y una ley de riego, así como fortalecer las cadenas de valor vinculadas al agro y las economías regionales.

En ese sentido, el escrito propone dejar atrás las miradas que conciben al sector agroindustrial únicamente como una fuente de recursos para resolver desequilibrios coyunturales y plantea la necesidad de consolidarlo como un motor estratégico del desarrollo nacional. Asimismo, sostiene que el equilibrio fiscal debe alcanzarse potenciando el crecimiento, la inversión y las exportaciones, promoviendo una estrategia que integre campo, industria, ciencia, tecnología y trabajo para generar más producción, arraigo y oportunidades en todo el país.

Durante el encuentro, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz destacó la importancia de que "las decisiones del peronismo que viene se tomen en función de representar y reflejar a la Argentina federal". En ese sentido, remarcó que el espacio busca profundizar el debate iniciado en Parque Norte sobre "los principios de orden económico, equilibrio fiscal y equilibrio social con la gente adentro", y sostuvo que resulta imprescindible discutir la relación del peronismo con el sector agroindustrial y las economías regionales como motores del desarrollo nacional.

La diputada, que antes de iniciar su discurso brindó un sentido homenaje a Taty Almeida, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, tras su fallecimiento, destacó su legado en la defensa de los derechos humanos y reafirmó el compromiso del peronismo con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Asimismo, sostuvo que "no hay economía que funcione con la gente pasándola mal" y planteó que cualquier programa económico debe tener como objetivo central mejorar las condiciones de vida de la población. "Tenemos un único objetivo que es sacar del enorme sufrimiento al pueblo argentino", expresó.

El diputado nacional Guillermo Michel advirtió que el debate que atraviesa hoy a la Argentina "no es solamente sobre un programa económico, sino sobre el modelo social que se quiere construir". En ese sentido, cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei al sostener que busca "peruanizar la economía argentina", consolidando una sociedad cada vez más desigual, con una clase media debilitada y una creciente pérdida de capacidades industriales y de movilidad social ascendente.

"Lo que está en juego en esta elección no es únicamente un programa económico, sino el modelo social que queremos para nuestro país", afirmó. Asimismo, planteó que el desafío del peronismo es construir una alternativa amplia y convocante: "Tenemos que trabajar pensando cómo ampliar el peronismo y representar a la mayoría de los argentinos. El futuro de este país le pertenece al peronismo".

Durante la jornada se desarrollaron dos comisiones de trabajo con la participación de más de 15 expositores en cada una, entre intendentes, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios, especialistas y representantes de distintos sectores productivos.

La comisión "Agroindustria y economías regionales para el desarrollo" abordó los desafíos vinculados a la competitividad del sector agropecuario, la necesidad de revisar los factores que afectan la producción y las exportaciones, el fortalecimiento de la infraestructura logística, la incorporación de innovación y tecnología y el impulso de marcos normativos que favorezcan el desarrollo sostenible del entramado productivo argentino. También se planteó la importancia de acompañar a la industria metalúrgica y de maquinaria agrícola frente al complejo contexto económico actual.

Por su parte, la comisión "Economía con Inclusión" debatió sobre la necesidad de consolidar un esquema macroeconómico ordenado, con equilibrio fiscal y previsibilidad, pero con el trabajo, la producción y la inclusión social como ejes centrales de una estrategia de desarrollo que permita reconstruir el tejido social y productivo del país.

El encuentro dejó una definición compartida: la construcción de una alternativa nacional requiere ampliar el debate, escuchar a las provincias y recuperar una visión federal del desarrollo. Concepción del Uruguay se convirtió así en una nueva etapa de un proceso político que busca poner nuevamente a las ideas, la producción y el trabajo en el centro de la agenda del peronismo.

Preocupación por la situación de Granja Tres Arroyos y defensa del empleo

En el marco de la jornada, Victoria Tolosa Paz, Federico Achával, Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos y Kelly Olmos, entre otros, mantuvieron una reunión con trabajadores y trabajadoras de Granja Tres Arroyos, representantes gremiales del Sindicato de la Carne y Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la CGT, para analizar la delicada situación que atraviesa la principal empresa avícola de Concepción del Uruguay. Los referentes del espacio expresaron su preocupación por la crisis que afecta a cerca de mil puestos de trabajo y que desde hace más de un año impacta sobre las condiciones laborales y salariales de las familias vinculadas a la actividad.

En el lugar coincidieron en que la avicultura constituye un sector estratégico para Entre Ríos y para el desarrollo nacional, advirtiendo sobre las consecuencias que generan las políticas económicas que deterioran las capacidades productivas y ponen en riesgo las cadenas de valor asociadas a la producción de alimentos. Asimismo, asumieron el compromiso de trasladar esta preocupación al ámbito de la CGT y avanzar en el análisis de iniciativas legislativas que contribuyan a preservar el empleo, fortalecer al sector avícola y proteger una actividad fundamental para la economía regional entrerriana. Prensa Peronismo Federal

El juez federal Hernán Sergio Viri dio curso a un pedido de la perito bióloga designada en la causa y ordenó a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) remitir documentación, estudios y monitoreos recientes sobre la calidad del agua en el tramo comprendido entre Termas de San José y Concepción del Uruguay.

La solicitud se enmarca en la demanda civil presentada por los legisladores entrerrianos Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA, por la instalación de una planta de combustible sintético en Paysandú, frente a la ciudad de Colón.

El legislador agregó: “Mientras algunos intentan tapar su falta de gestión con fotos, nosotros apostamos a trabajar con las herramientas institucionales que brinda la normativa vigente”.

La instalación de la planta de HIF Uruguay SA generó preocupación en Entre Ríos por su posible impacto ambiental en el río Uruguay y en las comunidades ribereñas. La causa judicial busca determinar si la obra cumple con los tratados bilaterales y las normativas ambientales vigentes.

Fuente: El Entre Ríos

El diputado nacional Guillermo Michel (PJ – Más para Entre Ríos) cuestionó la política del gobierno provincial respecto de la creación de nuevas comunas y afirmó que la incorporación de 22 jurisdicciones al régimen comunal durante 2026 se realizó sin aumentar los recursos destinados a su financiamiento.

Según señaló, la decisión fue formalizada mediante los decretos provinciales N° 2967/2025 y N° 3511/2025, posteriormente ratificados por la Ley N° 11.248. De esta manera, la provincia pasó de tener 82 a 104 comunas desde el 1 de enero de 2026.

El legislador sostuvo que la medida impactó directamente sobre las comunas que ya formaban parte del sistema, debido a que el porcentaje de recursos coparticipables destinado a estos gobiernos locales se mantuvo sin modificaciones.

Un fondo que no se amplió

Michel explicó que la Ley Provincial N° 10.775 establece que las comunas reciben el 1% de los recursos tributarios coparticipables de la provincia. De acuerdo con su interpretación, ese porcentaje permaneció inalterable pese a la incorporación de las nuevas jurisdicciones.

En ese sentido, sostuvo que el mismo fondo pasó a distribuirse entre una mayor cantidad de beneficiarios, lo que derivó en una reducción de los recursos que perciben las comunas preexistentes. Según indicó, la disminución efectiva de ingresos llega en algunos casos al 50%, considerando además la caída general de la recaudación coparticipable.

Entre las nuevas comunas incorporadas al régimen figuran localidades de los departamentos La Paz, Villaguay, Paraná, Diamante, Nogoyá, Federación, Colón, Federal, Gualeguay y Feliciano.

Comparación con el régimen municipal

En su análisis, Michel comparó la situación de las comunas con el régimen de coparticipación municipal. Recordó que durante 2025 la comuna de Sauce Montrull fue elevada a la categoría de municipio y que, en ese caso, la provincia incrementó el porcentaje destinado a los gobiernos locales para evitar que los municipios ya existentes vieran reducidos sus recursos.

Según afirmó, el porcentaje de coparticipación municipal pasó de 15,67814% a 15,75297%, garantizando que la incorporación de un nuevo municipio no afectara a los restantes.

El diputado consideró que con las comunas ocurrió lo contrario, ya que se amplió la cantidad de beneficiarios sin modificar el porcentaje total de recursos a distribuir.

Cuestionamientos por descuentos retroactivos

Otro de los puntos señalados por Michel se relaciona con la aplicación de los nuevos índices de coparticipación durante el presente ejercicio. Según explicó, las comunas elaboraron y aprobaron sus presupuestos sobre la base de los porcentajes vigentes al inicio del año.

Posteriormente, indicó que el gobierno provincial actualizó los índices y dispuso recuperar las diferencias correspondientes a los primeros meses de 2026 mediante descuentos en futuras transferencias de coparticipación.

Para el legislador, esa decisión afecta recursos que ya habían sido incorporados a los presupuestos comunales y ejecutados en la prestación de servicios y obras locales.

Pedido de una solución legislativa

Michel señaló que actualmente existe un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que propone establecer un mecanismo de compensación transitoria para las comunas afectadas por la reducción de recursos durante el año 2026.

No obstante, sostuvo que la solución de fondo requiere una modificación de la Ley N° 10.775 para incorporar mecanismos que garanticen que la creación de nuevas comunas no implique una disminución de fondos para las ya existentes.

En ese marco, afirmó que el debate excede una cuestión administrativa y tiene impacto directo en la prestación de servicios básicos que brindan las comunas en distintas localidades del interior entrerriano. Sociedad Política

En la tarde del sábado, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas recibió una visita institucional de relevancia. El Diputado Nacional Dr. Guillermo Michel, junto al Intendente de Ceibas, Sr. Daniel Olano, y el Intendente de Aldea San Antonio, Sr. Mauro Díaz Chaves, se acercaron a las instalaciones para mantener un encuentro con las autoridades de la institución.

La comitiva fue recibida por la Presidenta de la entidad, Sra. María Perroud; el Secretario, Sr. Marcelo Rodríguez; el Jefe del Cuerpo Activo, Sr. Marcelo Paredes; y el Segundo Jefe, Sr. Marcelo García. Durante la reunión se abordaron distintos aspectos vinculados al funcionamiento del cuartel, las necesidades operativas y los desafíos que enfrenta la institución en su tarea cotidiana de servicio a la comunidad.

El diálogo permitió poner en común la situación actual del cuerpo de bomberos, que cumple un rol esencial en la prevención y respuesta ante emergencias en la región. Se destacaron las demandas relacionadas con infraestructura, equipamiento y recursos humanos, fundamentales para sostener la labor voluntaria que caracteriza a la institución.

Los representantes políticos manifestaron su compromiso de acompañar y colaborar con la tarea de los bomberos, reconociendo la importancia de fortalecer a una organización que se ha convertido en un pilar de la seguridad comunitaria. La visita fue valorada como un gesto de respaldo y cercanía hacia quienes, día a día, dedican su esfuerzo y vocación de servicio a proteger a la población.

Desde Bomberos Voluntarios de Ceibas expresaron su agradecimiento por la presencia de las autoridades y por la disposición a trabajar en conjunto para dar respuesta a las necesidades planteadas.

Los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, y el senador nacional Adán Bahl, lograron un avance en la demanda presentada contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA (Expediente 3276/2026) con el objetivo de prevenir los daños ambientales que podría causar la instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú (Uruguay), a solo tres kilómetros de Colón, sobre el río Uruguay.

En el marco de esa acción civil, el pasado 18 de marzo la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay se declaró a favor de aceptar la competencia y opinó que el proceso debe tramitar ante el juzgado federal de dicha ciudad.

De esta manera, la justicia está en condiciones de evaluar las medidas preventivas solicitadas por los legisladores, incluyendo un reconocimiento judicial de las costas del río Uruguay y el análisis de las aguas del río.

Para los legisladores la instalación de la planta en cuestión no está cumpliendo con la normativa que debe aplicarse al caso, esto es, la establecida en el Estatuto del Río Uruguay y la jurisprudencia fijada por la Corte Internacional de La Haya en el caso “Botnia-UPM”.

En ese sentido, presentaron la demanda civil de prevención de daños conforme lo previsto por los artículos 1710, 1711 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (C.C.C.N), y lo prescripto por el artículo 319 del C.P.C.C.N.

Asimismo, los legisladores del peronismo pusieron a disposición de la ciudadanía el sitio web amigosdelriouruguay.com para acceder a información del expediente. “La transparencia y el acceso a la información son fundamentales en un tema que puede afectar al Río Uruguay y a nuestras comunidades”, expresaron.

El peronismo en movimiento. Esa definición bien podría ser un eslogan de este tiempo político de la oposición. Una oración que encuadra bien con el momento de un sector del PJ, que trata de mostrarse activo, unido y en búsqueda de construir una agenda nueva con sectores productivos.

Son actividades y fotos las que marcan ese recorrido. Y la que hoy se tomaron los diputados nacionales Miguel Pichetto, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, el senador santafesino Marcelo Lewandowski y el diputado provincial Diego Nanni, uno de los dirigentes del interior que apoya la candidatura de Axel Kicillof. Todos confluyeron en una feria del sector agropecuario que se realiza todos los años en San Nicolás.

La imagen una es una muestra de la voluntad que tienen de trabajar juntos. Simbología con carga electoral. Imágenes de una larga película que ya se empezó a emitir. Los cinco son caras visibles de un peronismo que camina por la vereda de enfrente del cristinismo desde hace tiempo.

Los tres diputados son de los dirigentes que más vienen empujando la construcción de una alternativa anti Milei, mientras que el senador por Santa Fe hace tiempo que ha decidido caminar por su cuenta en la provincia, sin sellar ningún tipo de acuerdo que incluya a nombres propios del kirchnerismo. Tal es así que evitó ser el candidato de unidad en las elecciones de medio término, pese a que tenía el aval de Cristina Kirchner.

Nanni, que está en uso de licencia de su rol como intendente de Exaltación de la Cruz, fue el candidato a diputado que el kicillofismo logró imponer en la segunda sección electoral, donde logró un triunfo inesperado. La característica de todos los actores presentes es que están armando alternativas políticas en paralelo al sector que lideran Cristina y Máximo Kirchner

El martes, en una de las oficinas que tienen un puñado de legisladores frente al Congreso, se reunieron el grupo de diputados federales con dos ex ministros de Agricultura como el bonaerense Julián Domínguez y el entrerriano Juan José Bahillo, con quienes hablaron sobre leyes vinculadas al mundo de la agroindustria.

El sector del peronismo no K tiene la intención de mostrarse cerca de las necesidades del campo, que hace años viene teniendo una relación tensa con las expresiones justicialistas que ha sido gobierno. Michel, Pichetto y Tolosa Paz tienen en agenda impulsar proyectos como el régimen de inversiones para el desarrollo agroindustrial federal, la modificación de la ley de emergencia agrícola y la ley federal de riego.

Los tres, más Nanni y Lewandoski, visitaron la nueva planta de Sidersa, a la vera de la ruta 9. “Se necesita un gobierno nacional que reconozca la capacidad de inversión, de desarrollo y de encadenamiento de valor que tiene la industria argentina”, sostuvo Tolosa Paz, en un mensaje teledirigido a las políticas libertarias.

“No queremos una industria cerrada, sino una industria que pueda competir en igualdad de condiciones”, fue el mensaje de Michel, otro de los dirigentes que trabajan en las construcción de alianzas para construir un frente anti Milei que sea bien extenso y diverso.

Esa idea estuvo presente en la charla que el ex titular de la Aduana y Pichetto tuvieron con los hermanos Santiago y Manuel Passaglia en una de las oficinas del autódromo donde se hizo la feria. El intendente de San Nicolás y el diputado provincial tiene aspiraciones por fuera del cerco municipal.

Hicieron un buen papel con Hechos, la fuerza que fundaron para competir en las elecciones del 7 de septiembre, y trabajan para dar un salto a nivel provincial o nacional. De origen peronista, los Passaglia tienen diálogo abierto con todos los sectores de la oposición, incluyendo desde el kicillofismo hasta Provincias Unidas. Hay conductos de comunicación librados de recelos.

Otro de los que estuvo en la feria fue el ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis, que está empezando a elevar su perfil, con la intención acuestas de ser candidato a gobernador el año que viene. “Es un sector estratégico que tenemos que fortalecer con reglas de juego claras para que el desarrollo de las inversiones sea rentable. Eso no está ocurriendo hoy”, aseguró.

Todos juegan en clave electoral. Todos tejen alianzas pensando en el futuro inmediato. Y todos tienen en sus cabezas la hipótesis de una unidad amplia para jugar en un mismo equipo. Hoy es una utopía que, algunos con más voluntad que otros, quieren desarmar, para convertir en una realidad. Infobae

La iniciativa aborda la temática considerando los diversos niveles educativos, esto es, inicial, primario y secundario, así como la educación de adultos y modalidades especiales (educación técnico-profesional, educación artística, educación especial, educación permanente de jóvenes y adultos, educación rural, educación intercultural bilingüe, educación en contextos de privación de libertad y educación domiciliaria y hospitalaria). El proyecto tiene como finalidad “garantizar condiciones pedagógicas adecuadas para el aprendizaje, proteger la salud integral de niñas, niños y adolescentes y promover una convivencia escolar más saludable y equitativa”.

Al respecto, Michel señaló que “este proyecto surge de los intercambios que mantenemos con los diferentes actores que forman parte de la comunidad educativa, los trabajos científicos que se han difundido y experiencias recientes de algunas jurisdicciones”.

“El uso no regulado de dispositivos móviles durante la jornada escolar interfiere con la concentración, fragmenta la atención sostenida, debilita el clima escolar y afecta negativamente los procesos de enseñanza y aprendizaje, y genera impactos adversos sobre la salud física, mental y socioemocional de niñas, niños y adolescentes”, manifestó. “Como soporte pedagógico, pueden contribuir al aprendizaje y al conocimiento cuando su utilización responde a una planificación didáctica. Regular un uso razonado contribuye a la formación integral de los estudiantes”, agregó.

En la fundamentación del proyecto se indica que “la presente iniciativa se inscribe en una tendencia regulatoria internacional consolidada en los últimos años. Países como Francia, Italia y España han adoptado marcos normativos que restringen el uso de dispositivos móviles personales en el ámbito escolar, especialmente en los niveles inicial y primario, permitiendo su utilización únicamente con fines pedagógicos o en situaciones justificadas. Asimismo, diversos estados y distritos de los Estados Unidos han implementado políticas de ‘escuelas libres de teléfonos’ durante la jornada escolar”.

“Distintas jurisdicciones del país han avanzado en los últimos años en la adopción de medidas regulatorias. Estas experiencias muestran resultados positivos. Sin embargo, la coexistencia de regulaciones dispares genera desigualdades territoriales significativas. La ausencia de un marco nacional común produce, además, heterogeneidad de criterios pedagógicos y dificultades para sostener en el tiempo políticas que requieren respaldo normativo estable”.

“La iniciativa busca construir un piso común de protección del derecho a la educación y a la salud integral de los estudiantes en todo el país, pero al mismo tiempo reconoce que la implementación debe realizarse de manera articulada con las jurisdicciones”, señaló Michel.

En ese sentido, destacó que el Consejo Federal de Educación tendrá un rol central en la elaboración de los criterios de aplicación y en la coordinación de las políticas educativas vinculadas al uso de dispositivos móviles en las escuelas, garantizando un proceso de trabajo conjunto entre la Nación y las provincias para su adecuada implementación. “Las provincias tienen la responsabilidad primaria en la gestión cotidiana del sistema educativo y conocen de primera mano la realidad de cada comunidad escolar. Por eso, su participación activa y su experiencia en el territorio son fundamentales para lograr una implementación eficaz de esta ley marco federal”, concluyó.

El proyecto de ley establece la creación del “Registro Federal de Incumplidores de Obligaciones Alimentarias (REFIOA) en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, con alcance en todo el territorio de la Nación. El Registro tiene carácter federal e interoperable con organismos nacionales y provinciales”. Ello a los fines de “garantizar la efectividad del crédito alimentario reconocido judicialmente”.

Según consigna el texto presentado, “la inscripción vigente en el REFIOA produce la inhabilitación personal para ingresar y permanecer en: 1. Casinos; 2. Salas de bingo; 3. Agencias de apuestas; 4. Plataformas de juego en línea autorizadas por autoridad estatal”. A su vez, la misma “procede cuando el juez competente, mediante resolución fundada, así lo disponga en caso de incumplimiento relevante de la obligación alimentaria”.

A este respecto, Michel señaló: “Si bien varias provincias han creado registros locales de deudores alimentarios, la amplitud territorial genera desigualdades significativas que permiten que una persona inscripta en una jurisdicción pueda eludir efectos trasladándose a otra. La creación de un Registro Federal permite superar esa limitación, dotando de eficacia nacional a las decisiones judiciales y fortaleciendo la coordinación interjurisdiccional”.

Marclay, por su parte, expresó que “la ley tiene dos objetivos: dotar de eficacia real a los derechos ya consagrados (la cuota alimentaria) y la urgencia de dar respuesta concreta a una realidad social que afecta a una gran cantidad de hogares en todo el país”.

La cuota alimentaria es un bien jurídico de máxima jerarquía constitucional. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional reconoce la protección integral de la familia y el artículo 75 inciso 22 otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 27 impone al Estado la obligación de asegurar el pago de la pensión alimenticia.

Según el informe de UNICEF Argentina de 2024, más del 56% de las madres que no conviven con el padre de sus hijos no reciben la cuota alimentaria, proporción que asciende al 68% cuando se incluye a quienes no la reciben de manera regular. Estas cifras no describen situaciones excepcionales: expresan una pauta sostenida de incumplimiento que recae de manera desproporcionada sobre las mujeres y sobre los niños, niñas y adolescentes más vulnerables.

El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, analizó el nuevo endeudamiento del gobierno provincial y destacó que: “Entre Ríos colocó US$300 millones a una tasa del 9,875%, extendiendo los vencimientos hacia 2031–2033. Lo que busca es hacerse de caja ahora y dejarle la deuda al gobierno que venga cuando él y su grupo de ayudantes se vuelvan a Capital Federal”.

“La provincia convalidó una tasa cercana al 10% anual en dólares, una tasa muy cara. De hecho, el nuevo cupón es de 9,55%, significativamente más alto que el 8,3% del bono 2028 de la provincia”, señaló Michel.

“Traducido a números simples: pagar un cupón de 9,5% anual en lugar del 8,3% implica aproximadamente US$35 millones adicionales en intereses a lo largo de la vida del bono. Además, supone comprometer pagos anuales cercanos a US$48 millones solo en concepto de intereses que totalizarían entre hoy y 2033 USD 263 millones. Es decir, se paga más para mover los vencimientos de capital a la próxima administración, sin reducir la deuda ni mejorar el costo promedio de esta”, concluyó el diputado nacional.

En esa línea, Michel agregó que: “En los mercados financieros, una tasa del 10% en moneda dura no es una señal de fortaleza: es el precio que el mercado cobra por el riesgo que percibe. Un retorno de 10% es una mala señal, sobre todo porque otras provincias emitieron recientemente a tasas inferiores: CABA al 7,8%, Santa Fe al 8,1% y Córdoba al 8,6%, incluso con plazos más largos”.

“Entre Ríos necesita orden fiscal, previsibilidad y financiamiento sostenible. Lo mejor es que estas operaciones no se repitan. Que Frigerio se haga cargo del fracaso de su gestión y ordene sus cuentas para hacer frente a los vencimientos de capital e intereses, hasta que el costo de financiarse realmente no implique seguir recortando salarios de enfermeros, docentes, médicos y policías”, finalizó el diputado.

“El gobierno sabe bien que esta reforma laboral no va a generar un solo puesto de trabajo en la Argentina; le va a perjudicar la vida a los trabajadores, a los que ya les sacó el poder adquisitivo de sus ingresos. Los puestos de trabajo se generan en una economía creciendo, con un proceso de sustitución de importaciones”, sostuvo Michel.

En esa línea, señaló que: “El gobierno quiere esta ley para mostrarle al mercado que está tratando de hacer reformas estructurales en la Argentina, buscar que baje el riesgo país y volver a los mercados para endeudarse. La única forma de que cierre este modelo social y este programa económico es con deuda, es la única forma de sostenerlo”.

Respecto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el legislador afirmó que “es básicamente un desfinanciamiento de las jubilaciones de los argentinos, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en beneficio de las grandes empresas”.

Asimismo, Michel indicó que “hace seis meses que cae la recaudación en términos reales por la caída de la actividad económica, que se traduce en una disminución de la coparticipación a las provincias y a los municipios, y eso está golpeando todos los meses a nuestra provincia y a nuestros municipios.

Y agregó: “En Entre Ríos los sectores que más se están afectando son todos los vinculados a la alimentación, que es donde ya estamos viendo una apertura indiscriminada por ejemplo, del sector avícola y cerdos de Brasil, y leche de Uruguay”.

Además, Michel planteó en la sesión la necesidad de modificar “el artículo 194 que viola el principio constitucional de igualdad tributaria ante la ley ya que los extranjeros que adquirieron la calidad de ciudadanos argentinos con residencia fiscal argentina no pagarán impuesto a las ganancias en nuestro país, en detrimento de otros ciudadanos y residentes fiscales argentinos”.

“Nos vamos mucho más preocupados de lo que estábamos. Vemos un gobernador que intenta dar un relato al parecido al de hace un año, falaz e inconsistente. Cuando asumió no había una sola obra paralizada, se pararon todas después. Habla de supuestas deudas que eran dos meses normales de certificación. Hay que dejarse ayuda, ser responsable y no amplificar un relato que está plagado de situaciones que no se verifican en la realidad”. Adán Bahl (Senador Nacional)

“No se puede gobernar con anuncios repetidos mientras la realidad de los entrerrianos empeora. Escuchamos una extensa enumeración de acciones que en muchos casos ya fueron anunciadas en aperturas anteriores y que otra vez se presentan con tono fundacional. Pero no hay nada realmente nuevo que mostrar. Y cuando uno recorre la provincia encuentra otra cosa como por ejemplo caída del poder adquisitivo, dificultades en pymes, cierre de comercios, freno de la producción y servicios públicos que no mejoran en la proporción que se anuncia”. Lorena Arrozogaray (Diputada Provincial)

“Me voy decepcionado, se apela al mismo discurso que se sostuvo las dos oportunidades pasadas. Pretextos, excusas y pocas definiciones concretas de lo poco que se ha hecho. Cuando dejamos la provincia había cuentas ordenadas, no había obra pública paralizada, los salarios le ganaban a la inflación y había paz social Hoy todos los indicadores son negativos, está cayendo el empleo, cierran pymes, se pierden derechos. El discurso de hoy fue una ficción”. Gustavo Bordet (Diputado Nacional y ex Gobernador)

“La realidad es difícil, compleja. Hay ajuste y recesión y así vive la provincia. La Reforma Previsional no es un tema que no deba debatirse, vamos a participar y acompañar una reforma equitativa, gradual y exigiendo las compensaciones a Nación que nos corresponden”. Víctor Sanzberro (Senador Provincial)

“Está mirando una provincia que no tiene nada que ver con la agenda de los entrerrianos. No hay ningún índice que mejore, el empleo privado cayó, al igual que los niveles de actividad de las economías regionales. Nada en la economía de los hogares está mejor, pero el gobernador describió otra provincia”. Juan José Bahillo (Diputado Provincial)

“El discurso es un relato de ficción para tapar el déficit de gestión en materia vial, de obra pública y educación. Más allá de lo que diga el Gobernador, lo importante es lo que hace, y en función a lo que hace, lo que ya estamos hablando es de la pesada herencia de Frigerio”. Guillermo Michel (Diputado Nacional)

La Cámara de Diputados volvió a ser escenario de una doble apuesta política. El Gobierno logró darle media sanción a un nuevo régimen penal juvenil −cuyo eje es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años; y ratificar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Los posicionamientos de los legisladores entrerrianos, en buena parte fueron previsibles. Los oficialistas acompañaron y la oposición, es decir el peronismo, lo hizo por la negativa.

En la Ley Penal Juvenil, sin embargo, hubo un comportamiento diferente. Fue el caso de Guillermo Michel. A diferencia de sus pares Gustavo Bordet, Marianela Marclay y Blanca Osuna; acompañó la baja en la edad de imputabilidad en general.

El legislador de Gualeguaychú había adelantado su voto, de alguna manera, la semana pasada, cuando en declaraciones radiales sostuvo que “alguien para ser imputado en nuestra ley necesita tener la voluntad, es decir, el discernimiento, la intención y la libertad de cometer el delito. Nuestra legislación, como ocurre en todo el resto del mundo, le pone un piso a esa imputabilidad. Por ejemplo en el Reino Unido son 10 años y en países de América son 14. Yo creo que hoy hay chicos de 14 o 15 años que tienen el discernimiento, la intención, la voluntad, y saben lo que están haciendo”, señaló.

Michel también afirmó que “si se baja la edad de imputabilidad, para hacerla efectiva, lo que se necesitan son cárceles adecuadas para los menores, porque sino estamos llevando a no darles ningún futuro”.

En rigor, votó en contra del proyecto en general, pero en favor de bajar la edad de imputabilidad. Otros legisladores, cercanos a Sergio Massa, también lo hicieron en ese sentido.

Bordet manifestó su coincidencia con la postura de Unicef y de la Defensoría General de la Justicia entrerriana respecto a la inconveniencia de reducir la edad de imputabilidad penal.

Señaló que la iniciativa del Gobierno Nacional parte de un diagnóstico equivocado y propone respuestas punitivas simplificadas para problemáticas sociales complejas. “No existe evidencia empírica que demuestre que bajar la edad de imputabilidad reduzca el delito o la violencia. Por el contrario, experiencias internacionales indican que medidas de este tipo no han logrado mejorar los niveles de seguridad”, dijo.

Los oficialistas, por su parte, acompañaron el proyecto del gobierno nacional. En ese sentido lo hicieron Alicia Fregonse, Francisco Morchio, Darío Schneider, Andrés Laumann y Beltrán Benedit. Página Política

El debate por la edad de imputabilidad volvió a instalarse en la agenda política nacional. El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, respaldó la posibilidad de reducir el límite actual de responsabilidad penal de 16 a 14 años.

El legislador sostuvo que existen adolescentes que, pese a su edad, poseen plena conciencia sobre las conductas delictivas que realizan. En ese sentido, planteó que el sistema judicial debería contar con herramientas para intervenir en esos casos.

“Hay jóvenes de 14 y 15 años que actúan con voluntad de delinquir y entienden perfectamente lo que están haciendo”, afirmó Michel en Ahora o Nunca (Rado Cero 104.1) al referirse a la discusión sobre el régimen penal juvenil.

No obstante, el diputado aclaró que la eventual reducción de la edad de imputabilidad no debería implicar el alojamiento de menores en cárceles comunes. Según explicó, esa alternativa podría generar efectos contraproducentes y favorecer procesos de reincidencia.

En esa línea, consideró necesario avanzar en la adecuación de espacios específicos destinados a menores en conflicto con la ley penal, junto con políticas integrales vinculadas a salud mental y contención social.

El debate sobre la reforma del régimen penal juvenil divide opiniones en el ámbito político y judicial. Mientras algunos sectores impulsan la reducción de la edad como una herramienta para enfrentar delitos graves cometidos por menores, otros advierten sobre la necesidad de fortalecer políticas preventivas y de inclusión social.

La discusión continuará en el Congreso, donde distintos proyectos buscan actualizar la legislación vigente y establecer nuevos criterios para abordar la problemática de la delincuencia juvenil.

La actividad fue organizada por el Colegio de Abogados de Entre Ríos y la Sección Gualeguaychú de esa institución, y se contó con la presencia del diputado Nacional Guillermo Michel, el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, el juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, y el fiscal Federal, Pedro Rebollo, entre otros referentes del ámbito judicial y legislativo a nivel nacional y federal.

Durante la jornada se desarrollaron dos paneles temáticos. El primero, sobre narcotráfico, moderado por el juez federal Hernán Viri, comenzó con la exposición del ministro Néstor Roncaglia, quien luego de recordar su paso durante 5 años como Jefe de Drogas de Policía Federal, relató: “me dediqué a investigar ese delito junto a todas las fuerzas federales que hoy están presentes acá”. Y remarcó: “hoy en la provincia de Entre Ríos estamos enfocados en algo que es muy perjudicial: cuando las drogas llegan a los consumidores, cuando las drogas se transforman en dinero, en ese pasamano que se transforma en dinero, es decir, dinero que empieza a volver a los productores, que es el microtráfico”. Y explicó: “el narcotráfico es violencia, es corrupción, es trata de persona, es lavado de activos y es deterioro social. O sea, hay muchas otras aristas de nuestro mundo social que perjudican. No es solamente narcotráfico, no es solamente drogas, y somos todos perjudicados. Aunque no se consuman las drogas, aunque no seamos consumidores, también somos perjudicados por todas estas acciones que hacen al sistema de narcotráfico”.

Luego, en el mismo panel expusieron el fiscal federal Pedro Rebollo, y el juez federal de Mendoza, Marcelo Garnica, quienes abordaron distintas perspectivas vinculadas a la prevención, la investigación y el tratamiento judicial de este tipo de delitos.

Posteriormente, el panel dedicado al contrabando fue moderado por el Dr. Pedro Bancoff y contó con la participación del diputado nacional Guillermo Michel; los jueces nacionales en lo Penal Económico Pablo Yadarola y Alejandro Catania, y el vocal del Tribunal Fiscal de la Nación, Christian González Palazzzo.

El diputado nacional por el peronismo, Guillermo Michel, se refirió a la discusión en el Congreso Nacional de la Ley Penal Juvenil remarcando que “si hay una baja de la edad de imputabilidad, para hacerla efectiva se necesitan cárceles adecuadas para menores”. También planteó la necesidad de trabajar en una ley de salud mental.

En declaraciones radiales el legislador señaló: “Tengo mi postura que la estoy charlando dentro del bloque. Es un tema que escapa a lo partidario. Alguien para ser imputado en nuestra ley necesita tener la voluntad, es decir, el discernimiento, la intención y la libertad de cometer el delito. Nuestra legislación, como ocurre en todo el resto del mundo, le pone un piso a esa imputabilidad. Por ejemplo en el Reino Unido son 10 años y en países de América son 14. Yo creo que hoy hay chicos de 14 o 15 años que tienen el discernimiento, la intención, la voluntad, y saben lo que están haciendo”.

“Ahora bien, de lo que sí también estoy seguro, y estoy trabajando en un proyecto que presentó el diputado Ramiro Gutiérrez que vamos acompañar, es que si se baja la edad de imputabilidad, para hacerla efectiva lo que se necesitan son cárceles adecuadas para los menores, porque sino estamos llevando a no darles ningún futuro”, sostuvo Michel.

“Se necesita primero que nada que si hay una baja de la edad de imputabilidad, la ley se aplique cuando estén dadas las condiciones de infraestructura necesarias para que al chico que tenga que ir a la cárcel por haber cometido un delito, se le respeten sus derechos”, remarcó.

Asimismo, el diputado manifestó la necesidad de “trabajar en una ley de salud mental porque sino estamos generando cada vez más chicos quebrados mentalmente, que no tienen ningún futuro, que entran a la adolescencia sin ningún destino o esperanza de vida”.