La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por seis años para ejercer cargos públicos al exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, acusado de manipular los índices del Indec entre 2006 y 2007. La decisión, adoptada por mayoría, deja a la Corte Suprema como única vía de revisión.

El fallo también alcanzó a Beatriz Paglieri, exdirectora del Índice de Precios al Consumidor del Indec , mientras que fueron absueltas María Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Lucía Filia. Moreno fue hallado culpable de “abuso de autoridad en concurso ideal con destrucción e inutilización de registros públicos”, delitos que inhabilitan su regreso a cargos oficiales si la sentencia queda firme.

La jueza Angela Ledesma y el juez Guillermo Yacobucci votaron por confirmar el fallo, mientras que Alejandro Slokar expresó su disidencia. Moreno había solicitado la absolución o la revisión de la pena alegando la prescripción de la causa y la inexistencia de violación del secreto estadístico, argumentos que no prosperaron.

Ledesma sostuvo que el veredicto original del Tribunal Oral Federal 2 fue “elocuente” al exponer el “marcado interés” de Moreno en controlar el funcionamiento interno del INDEC, a pesar de que el organismo no dependía de su Secretaría. Según el fallo, el exfuncionario ejerció presiones mediante “llamados, requerimientos e imposiciones” que obligaron a los técnicos del INDEC a adoptar medidas de resguardo para proteger el secreto estadístico.

El tribunal valoró como prueba que Moreno buscó conocer la identidad de los informantes y las marcas de los productos relevados, e intentó imponer cambios en la metodología del IPC, interfiriendo en la autonomía técnica del organismo. Yacobucci advirtió que “la falta de transparencia y la ausencia de fundamentación en las decisiones de gobierno generan un velo de desconfianza que erosiona la legitimidad institucional”.

Durante los fundamentos, se destacó que varios técnicos se alejaron mediante licencias por las tensiones vividas, y que las empleadas mujeres fueron quienes “con mayor frecuencia sufrieron desplantes y enojos” por parte de Moreno.

El caso, que se originó en denuncias sobre manipulación de las estadísticas oficiales durante el gobierno de Cristina Kirchner, pone fin a una larga batalla judicial, aunque la defensa ya anunció que recurrirá a la Corte Suprema para intentar revertir la condena. Mientras tanto, el fallo refuerza las críticas a la intervención política en los organismos de control y medición del Estado.