La jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó la solicitud de cuatro fondos internacionales de inversión que pedían autorización para obtener pruebas en Estados Unidos con el fin de vincular al Estado argentino con los activos que generó la criptomoneda $LIBRA. Pero al cerrarle la puerta a esos fondos, la magistrada invocó un argumento de consecuencias impredecibles: afirmó que los ingresos que generó ese proyecto digital podrían ser del presidente Javier Milei, su hermana Karina y algunos impulsores como Hayden Davis, más que de la República Argentina.

Rochon sostuvo que las evidencias que presentaron Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited incluyeron artículos periodísticos, posteos en redes sociales y un supuesto acuerdo preliminar entre el Gobierno y una plataforma de intercambio, pero que todo ese material resulta insuficiente para probar que el dinero que generó $LIBRA sea del Estado argentino. Afirmó que “las pruebas podrían sugerir” que los beneficiarios serían “el propio Milei, su hermana Karina o el empresario Hayden Davis”, quien habría conservado parte de las ganancias “con el eventual propósito de invertirlos en la economía argentina”.

La jueza vertió esas y otras conclusiones preliminares en una resolución de 33 páginas, en las que aludió a las declaraciones del fiscal argentino Eduardo Taiano, quien insinuó que el Estado nacional podría reclamar el decomiso de los fondos que generó $LIBRA si se demostrara que provinieron de conductas ilícitas de funcionarios. Pero Rochon aclaró que mantenía reservas sobre la solidez de esa teoría e insistió en que “las pruebas no permiten sostener que la República Argentina sea actualmente titular de los activos”.

Para la magistrada, los fondos demandantes incurrieron en una “excursión de pesca” al solicitar documentación y testimonios de alcance desmedido. Entre los pedidos figuraban todos los registros y comunicaciones de Meteora, la plataforma virtual que se usó para el lanzamiento del token, y la citación de al menos trece “influencers”, ingenieros, empresarios y hasta el creador del sitio Barstool Sports. Para Rochon, eso demostró más una intención de abrir una pesquisa general sobre el universo cripto que de obtener pruebas para el proceso judicial.

La jueza subrayó además que, aun si existieran vínculos financieros entre $LIBRA y el entorno del presidente Milei, los caminos más apropiados para investigarlos no serían los tribunales estadounidenses sino la Justicia inglesa y la argentina. Por ello, denegó la intentona y aclaró que el instrumento legal invocado –la sección 1782 del Código de los Estados Unidos, que regula la cooperación judicial internacional– no puede ser utilizado para exploraciones especulativas ni para presionar a un Estado soberano mediante conjeturas.

El reclamo había sido promovido por los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, todos acreedores del Estado argentino por bonos del default de 2001. Esas firmas habían obtenido un fallo favorable de la Justicia británica en 2023, que ordenó al gobierno argentino pagar más de 1500 millones de euros. Al detectar que la Argentina no había satisfecho la sentencia, los fondos iniciaron una ofensiva global para localizar activos que pudieran ser embargados.

En ese contexto, los fondos se presentaron en agosto en los tribunales de Nueva York, donde buscaron vincular al Estado con el token $LIBRA, lanzado en febrero por Hayden Davis y promovido por Milei en la red social X, lo que generó un pico alcista y pérdidas por US$251 millones, según dio por probado el fallo.

Así, los fondos pretendían usar la información hallada en Nueva York para reforzar sus acciones de cobro en Londres o en otros países. Pero la jueza Rochon cerró esa vía: sostuvo que el intento carecía de sustento fáctico y que no hay indicios de que los activos de $LIBRA pertenezcan al Estado argentino.

Al rechazar la pretensión de los fondos internacionales, Rochon también mencionó un informe de la Oficina Anticorrupción (OA), que concluyó que la difusión del proyecto por parte del Presidente debía considerarse una actividad personal, no oficial. Ese dictamen coincidía con la posición de la Casa Rosada, que niega cualquier rol de Milei o su hermana en la emisión o administración de $LIBRA.

El fallo de la jueza, sin embargo, dejó una definición incómoda para la Casa Rosada: si el proceder del Presidente fue de carácter personal y no institucional, la sospecha es que el esquema podría haber tenido a Milei como beneficiario privado o a personas cercanas a él, y no al Estado nacional. (Fuente: La Nación)

Tras cinco meses de dilaciones, la comisión investigadora de la causa $LIBRA en la Cámara de Diputados comenzó a funcionar y aprobó un listado de aproximadamente 20 citaciones. Las primeras convocatorias se realizarán la próxima semana y buscan esclarecer el vínculo de funcionarios y colaboradores del presidente Javier Milei con el criptoactivo investigado.

El titular de la comisión, Maximiliano Ferraro, explicó que los funcionarios públicos que eludan la convocatoria podrán ser requeridos judicialmente para garantizar su presencia. Además, la comisión puede enviar requerimientos por escrito, con un plazo de cinco días hábiles para recibir respuestas. El primer requerimiento fue enviado al propio presidente Javier Milei, sobre su relación con los principales señalados en la investigación, como Hayden Davis, Julián Peh, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Entre los citados figuran Karina Milei, Manuel Adorni y Guillermo Francos (foto Ámbito)

Entre los citados para comparecer el martes 9 de septiembre figuran Alejandro Melik, director de la Oficina Anticorrupción, y María Florencia Zicavo, extitular de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) por $LIBRA. Ambos son señalados por su desempeño en la indagación de responsabilidades de miembros del Ejecutivo.

Otros citados incluyen:

-Karina Milei: Secretaria General de la Presidencia. Se la investiga por su rol como nexo entre los operadores de $LIBRA y el presidente.

-Guillermo Francos: Jefe de Gabinete. Ya presentó un informe reiterando desconocimiento sobre el lanzamiento del criptoactivo.

-Manuel Adorni: Portavoz presidencial, participó en reuniones con los desarrolladores de $LIBRA.

-Demian Reidel, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy: Involucrados en la organización del Tech Forum y la introducción del criptoactivo.

-Sergio Morales, Alejandro Melik, María Florencia Zicavo, Roberto Silva y Paul Stark: Funcionarios vinculados al caso por distintas responsabilidades dentro de organismos públicos.

-Giselle Castelnuovo, Ariel Parkinson, Jeremías Walsh, Walter Kerr, Diógenes Casares y Charles Hoskinson: Otros especialistas, empresarios y allegados que participaron de eventos o reuniones relacionados con $LIBRA.

La comisión investigadora se enfocará principalmente en involucrados argentinos, dejando fuera de la comparecencia parlamentaria a algunos desarrolladores internacionales del criptoactivo, como Hayden Davis y Julián Peh. La labor del cuerpo finalizará con un informe que deberá presentarse antes de noviembre. (Fuente: Ámbito)

La causa Libra, que se tramita en Estados Unidos, comienza a adquirir una dimensión política inesperada. El diputado por Córdoba Oscar Agost Carreño, brindó en una entrevista testimonio de varios ejes controversiales.

En el expediente judicial, tanto demandantes como demandados coinciden en señalar el rol del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y su entorno cercano como piezas clave en la difusión y posterior colapso del proyecto cripto.

Uno de los testimonios más reveladores es el de Hayden Davis, quien asegura que “si alguien cataloga a Libra como estafa es por culpa de Javier Milei y de su entorno”, en referencia al posteo presidencial que promocionó el contrato del token. Davis también menciona la existencia de tres “snipers”, compradores con información privilegiada que habrían operado antes del anuncio oficial. Según su relato, estas maniobras podrían vincularse directamente con personas cercanas al mandatario.

La contraparte de Davis, por su parte, solicitó que se aplique la Ley RICO —utilizada para perseguir organizaciones criminales— y aportó chats comprometedores. En ellos, Davis habría afirmado que “ponía plata a la hermana del Presidente” y que “la manejaba como quería”. La figura de Karina Milei aparece cada vez con más frecuencia en el expediente.

Uno de los puntos más sensibles es cómo Javier Milei accedió al contrato de Libra. Aunque el Presidente declaró que lo encontró en Google, expertos del Congreso demostraron que “es prácticamente imposible” hallar ese código sin acceso directo. Las sospechas apuntan a que el contrato fue entregado por intermediarios vinculados a Davis, posiblemente a través de Mauricio Novelli, quien ya está imputado junto a Terrones Godoy.

La causa también podría tener consecuencias económicas para el Estado argentino. Un estudio jurídico que representa a bonistas británicos —con sentencia firme por 15.700 millones de libras— pidió al juzgado de Nueva York que los fondos bloqueados por Libra no sean entregados a Davis ni a terceros, sino a ellos. “La Argentina va a ser demandada”, advierte uno de los referentes del Congreso que sigue el caso.

Mientras tanto, en el expediente estadounidense se destaca que los inversores confiaron en Milei por su investidura presidencial, su conocimiento económico y su influencia internacional. Sin embargo, el Presidente no ha asumido el rol de denunciante. “Siempre fue denunciado”, remarcan desde el Congreso.

En Argentina, la investigación avanza bajo secreto de sumario, aunque la Justicia comenzó a solicitar información a billeteras virtuales como Binance. La comisión Libra, recientemente desbloqueada, busca esclarecer el rol político del Presidente y su entorno. “La tarea fundamental es citar funcionarios como testigos y emitir citaciones”, explican.

Consultado sobre la responsabilidad de Milei, el entrevistado, el diputado del PRO, Oscar Agost Carreño, concluye: “Es probable que sea ambas: tonto y corrupto”. (Con información de APFDigital)

El posteo de Javier Milei en redes sociales, en el que publicitaba el token $LIBRA y lo vinculaba con un supuesto proyecto de inversión en el país, se convirtió en el epicentro de una ampliación en la demanda colectiva presentada en Nueva York por dos estudios de abogados. La misma es impulsada por inversores que perdieron miles de dólares al confiar en $LIBRA y acusa a los responsables del token de operar un fraude multimillonario en el mercado de criptomonedas.

La presentación judicial, que abarca 110 páginas, menciona en 19 de ellas al Presidente argentino, así como también a su hermana y secretaria presidencial, Karina Milei, quien es señalada como la persona que autorizó el acceso del creador de $LIBRA, Hayden Davis, a la Casa Rosada.

A pesar de las menciones al mandatario y su entorno, la causa no está dirigida contra ellos, al menos mientras Milei continúe en su cargo. Los demandantes, que han sido asesorados por los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin, acusan a Davis y a Benjamin Chow, exCEO de la plataforma Meteora, de violaciones graves a la Ley RICO, una normativa de Estados Unidos diseñada originalmente para combatir el crimen organizado. A los acusados se les imputa conspiración, enriquecimiento ilícito, fraude, publicidad engañosa, manipulación de mercados financieros y apropiación indebida de fondos. Los demandantes exigen un juicio por jurados.

En su presentación, los abogados defienden que el lanzamiento de $LIBRA, anunciado el 14 de febrero de 2025, fue un "fraude público extraordinario". El texto destaca que el proyecto "Viva La Libertad", promovido en el posteo de Milei, "no existía en realidad". A pesar de esto, el Presidente vinculó el token a un supuesto proyecto de inversión legítimo, que supuestamente tenía como fin incentivar el crecimiento de la economía argentina.

Este anuncio, que incluía enlaces a la página web de $LIBRA y al contrato para comprar los tokens, fue una de las principales razones que impulsaron a decenas de miles de inversores a adquirir $LIBRA, creyendo que el proyecto estaba avalado por el gobierno de Milei.

De acuerdo con el escrito, la publicación de Milei fue el factor clave para que el proyecto ganara notoriedad y atrajera a los inversores. Sin ese tuit, el escándalo nunca habría sucedido, afirman los abogados. También se señala que Karina Milei fue quien facilitó el primer encuentro entre Hayden Davis y el Presidente, el 16 de julio de 2024, en la Casa Rosada. Desde ese momento, Davis realizó varias visitas al país, participando incluso en eventos organizados por criptoemprendedores cercanos a Milei, como el Tech Forum de octubre de 2024.

El fraude perpetrado con el token $LIBRA afectó más de 40.000 inversores, quienes perdieron más de 280 millones de dólares. Según la demanda, Davis y Chow coordinaron un plan para manipular los mercados financieros descentralizados (DeFi) y crear un entorno de fraude masivo en la blockchain de Solana. Se describe cómo $LIBRA fue promovido como un token con el respaldo de un gobierno, lo que generó una capitalización inicial de 4 mil millones de dólares. Sin embargo, según los demandantes, no existió ningún tipo de aporte o donación a emprendimientos argentinos, como se había prometido.

El esquema de manipulación operó de la siguiente manera: Davis y Chow congelaron el comercio de $LIBRA en su lanzamiento, lo que permitió a las billeteras de información privilegiada apropiarse de más del 95% de los tokens a precios artificialmente bajos. Luego, inflaron el precio mediante volúmenes artificiales de transacciones y comenzaron a vender los tokens a precios inflados, lo que provocó el colapso del valor de $LIBRA en pocas horas, dejando a los inversores con pérdidas millonarias.

La demanda también señala que $LIBRA fue diseñado de manera similar a un token previo, $M3M3, pero con mayor audacia, ya que se invocó el respaldo político de Milei para generar confianza en los inversores. "El interés de los inversores, el volumen de operaciones y el precio aumentaron drásticamente en respuesta al anuncio del presidente Milei", sostiene el texto.

Aunque en esta demanda no incluyen a Milei ni a otros funcionarios del gobierno como acusados directos, el abogado especializado en litigios internacionales Sebastián Soler explicó que, aunque Milei goza de inmunidad presidencial, su participación indirecta en la promoción del fraude es innegable.

La presencia de su nombre en los documentos judiciales refuerza la acusación de que sin su intervención, el proyecto no habría alcanzado la magnitud de fraude que generó.

Este caso no solo afecta a los responsables directos del fraude, sino que también podría tener consecuencias diplomáticas para el gobierno argentino. En este contexto, el diputado nacional Oscar Agost Carreño advirtió que la invocación de la Ley RICO podría abrir la puerta a reclamos por daños punitivos y fraude internacional en el futuro, y que la demanda podría extenderse más allá de los responsables del fraude hacia el Estado argentino.

El próximo capítulo de esta saga judicial se definirá el 19 de agosto, cuando la jueza Jennifer L. Rochon examine las pruebas y determine el futuro de los más de 70 millones de dólares en criptoactivos que aún controla Hayden Davis. A medida que la causa avanza en Estados Unidos, en Argentina el gobierno guarda silencio, mientras se sigue especulando sobre las implicaciones políticas y judiciales del caso $LIBRA.

Por primera vez, el nombre de Karina Milei aparece mencionado en el expediente de la demanda colectiva (class action) sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA en los Estados Unidos. Aunque no es acusada ni demandada, los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin sostienen que fue ella quien autorizó el primer ingreso del desarrollador financiero Hayden Davis a la Casa Rosada.

En la presentación, se solicita que Davis y otros involucrados sean enviados a juicio oral y público por jurado, bajo cargos de crimen organizado, estafa y enriquecimiento ilícito. El apellido Milei aparece mencionado más de 50 veces, ya que, según los letrados, “el interés de los inversores, el volumen de operaciones y el precio aumentaron en respuesta al anuncio (por el posteo en X) del presidente Milei”.

Esta semana también se conoció una presentación firmada por los mismos abogados Burwick y Hoppin en el marco de la acción de clase. En el escrito, solicitaron que se prorrogue el congelamiento temporario de más de u$s57 millones depositados en billeteras virtuales de Davis. Como parte de los argumentos, los letrados hacen referencia al impacto que tuvo en el mercado un posteo del presidente Javier Milei en la red social X.

El desarrollador de $LIBRA cambió su declaración original ante la justicia estadounidense. Admitió que se trataba de una memecoin —es decir, un activo puramente especulativo— y no de un proyecto con inversión para pequeñas empresas o educación, como dijo inicialmente. La contradicción implica que Davis ahora intenta levantar el embargo sobre unos u$s280 millones congelados en EE.UU., declarando ser “custodio” de unos u$s100 millones con vinculación argentina.

En junio, había declarado que $LIBRA se destinaría a proyectos económicos y educativos, pero en la presentación del 17 de julio su defensa reconoce la falta de planes, detalles o infraestructura para esos fines, y aclara que el token no tenía valor intrínseco ni garantía, y que su mercado era extremadamente volátil.

En ese marco, en Argentina, la oposición en Diputados presiona por reactivar la investigación parlamentaria sobre la causa Libra. quieren que la Oficina Anticorrupción (OA) reabra su investigación tras las nuevas revelaciones, y avanzar en citaciones a funcionarios clave, entre ellos Javier y Karina Milei.

Se analiza además identificar la cuenta receptora de una transferencia de u$s507.000 realizada por Davis justo antes de una reunión en Casa Rosada, y rastrear vínculos financieros que podrían incluir maniobras de dilación judicial. Diputados esperan demandar acceso a registros de blockchain y movimientos bancarios vinculados con Mauricio Novelli, trader que habría conectado a Milei y Davis, así como a familiares vinculados con operaciones sospechosas.

Entre afectados, el inversor Martín Romeo (con patrocinio de Fernando Burlando) afirmó que “el 86% de los inversores perdieron todo el dinero en las cinco horas siguientes a la difusión del token $LIBRA”, y que se drenaron u$s280 millones, perjudicando a unos 75.000 inversores.

El caso $LIBRA sumó un nuevo capítulo explosivo con las revelaciones del especialista en informática Fernando Molina, quien aseguró haber detectado transferencias por más de cinco millones de dólares realizadas por Hayden Davis, el empresario detrás de la polémica criptomoneda promocionada por Javier Milei. Los movimientos ocurrieron, según su rastreo, en las horas y días posteriores a una reunión entre Davis y el presidente argentino en la Casa Rosada.

Molina, quien había expuesto sobre el caso en la Cámara de Diputados, afirmó que el 13 de febrero, un día antes del lanzamiento oficial de $LIBRA, Davis transfirió más de 1.275 millones de dólares al exchange Gate.io, una plataforma que —según el analista— no figuraba entre las utilizadas habitualmente por el empresario.

El 30 de enero, día en que visitó Balcarce 50 junto a los operadores Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, también movió 507.500 dólares a través de Bitget, apenas 42 minutos después de que Milei publicara en su cuenta de X una selfie con Davis.

Otro giro llamativo se registró el 3 de febrero: Davis habría enviado casi dos millones de dólares a una billetera digital que, a su vez, realizó tres transferencias en cadena. El 4 de febrero, Novelli abrió una caja de seguridad en el Banco Galicia, la misma que, días más tarde, fue vaciada por

La Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA volvió a reunirse sin lograr designar a sus autoridades, pero con avances en su funcionamiento. En un encuentro de una hora, marcado por tensiones entre el oficialismo y la oposición, se resolvió citar a figuras clave como Karina Milei, el presidente Javier Milei y el empresario Hayden Davis, entre otros. El debate coincidió con el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena a Cristina Kirchner, lo que agudizó los cruces políticos.

El diputado Fernando Carbajal, de Democracia para Siempre, anunció que apoyará el juicio político al presidente Milei, en sintonía con Mónica Frade de la Coalición Cívica. La decisión llegó tras acusar al oficialismo de intentar bloquear el trabajo de la comisión. “Vamos a promover e impulsar el juicio político porque es el único ámbito constitucional para investigar y evitar la impunidad”, afirmó Carbajal.

La comisión fue creada para esclarecer lo sucedido el 14 de febrero, cuando el presidente difundió la criptomoneda $LIBRA, cuyo desplome posterior generó demandas judiciales en Argentina y el exterior. En el centro del escándalo están la falta de transparencia y el posible uso indebido de información privilegiada.

La reunión se desarrolló en medio de fuertes diferencias por la presidencia de la comisión. Unión por la Patria volvió a proponer a Sabrina Selva, pero su postulación empató con la del oficialista Gabriel Bornoroni. Ante el bloqueo, el secretario parlamentario Adrián Pagán tomó la coordinación. El diputado Oscar Agost Carreño propuso que la autoridad recaiga en un legislador que haya apoyado la creación de la comisión. Aunque respaldada por Germán Martínez, la moción no prosperó.

El clima se tensó aún más cuando Silvana Giudici (Pro) celebró el fallo contra Cristina Kirchner con una frase provocadora: “La justicia llega, así pasen 16 años y 17 jueces”. Desde Unión por la Patria, Germán Martínez calificó la sentencia como “un papelón” y criticó el intento de desviar el foco de la sesión.

La falta de consenso para definir las autoridades de la comisión no es un hecho aislado. También permanece sin constituirse formalmente la Comisión de Juicio Político, pendiente desde abril de 2024. La diputada oficialista Marcela Pagano, quien iba a asumir esa presidencia, reclama que se destrabe el proceso, algo que podría conseguir si el tema llega al recinto.

Sobre el final, los distintos bloques presentaron sus listas de citaciones. El Frente de Izquierda pidió que se convoque a Javier Milei y a Hayden Davis; Unión por la Patria, a Karina Milei; la Coalición Cívica, a Mauricio Novelli; y Democracia para Siempre, a Alejandro Melik, Florencia Zicavo y el español Gerardo Pisarello Prados. Desde el Pro solicitaron a Alejandro Fargosi, y La Libertad Avanza se comprometió a entregar sus nombres antes de la noche.

La próxima reunión de la comisión fue fijada para el miércoles 25 de junio, en carácter informativo. Mientras tanto, el clima político se enrarece con la posibilidad, cada vez más cercana, de que el proceso de juicio político contra el presidente tome forma en el Congreso.

La justicia recibió un pedido para detener al empresario cripto Hayden Davis que reside en Estados Unidos. El pedido lo hizo el abogado denunciante Gregorio Dalbon ante el fiscal Eduardo Taiano que tiene delegada la investigación a cargo de la jueza María Servini en la que también está denunciado el presidente Javier Milei.

El escrito sostiene que “las acciones de Davis, desde la creación de $LIBRA hasta su colapso y las ganancias obtenidas por las cuentas fundadoras, indican un posible patrón de conducta orientado a defraudar a inversores utilizando para ello su vínculo con los más altos funcionarios del gobierno argentino: Javier Milei y Karina Milei”.

Davis emitió un comunicado a través de su compañía Kelsier Venturas, desmintiendo las declaraciones de Milei en las que se desligaba del proyecto y reafirmó su compromiso con $LIBRA, recuerda Dalbon.

“Dada la magnitud del escándalo y las cuantiosas pérdidas ocasionadas a los inversores, resulta evidente el riesgo procesal que implica la permanencia en libertad de Hayden Mark Davis. Su rol central en la creación y promoción de la criptomoneda $LIBRA,sumado a la repercusión internacional del caso, incrementa las probabilidades de que adopte medidas para sustraerse de la acción de la justicia”.

Davis, que se presentó ante la justicia de Estados Unidos, cambió de abogados. Ya no es más Yanina Nicoletti. Contrató los servicios de Waymaker Law, una firma con sede en Los Ángeles, California, especializado en casos complejos. También contrató al abogado especialista en cibercrimen Marcos Salt para actuar ante la Argentina

El denunciante Dalbon alude a la “Asimismo, la posibilidad de que Davis abandone su país de residencia o se oculte para evitar responder penalmente por los hechos investigados se ve agravada por los recursos económicos que posee, los cuales podrían facilitarle movilizarse o permanecer en la clandestinidad, frustrando así el avance de la investigación (art. 221 del Código Procesal Penal Federal).”

Solicitó que se “ordene la detención internacional de Hayden Mark Davis y se proceda a la notificación roja de interpol a los efectos de lograr su localización y detención, en miras a su extradición”.