A pedido del fiscal federal, Pedro Rebollo, el magistrado interviniente requirió en la mañana de este miércoles dar por concluido todo lo relacionado a la disputa por la contaminación constatada en la planta de efluentes de Parque Industrial de Gualeguaychú.

La decisión del Juez Federal llegó tras lo sucedido días atrás en la Cámara Federal de Paraná, que había ratificado la decisión de la clausura, tras rechazar las apelaciones; pero además había señalado en su resolución que la medida debía mantenerse hasta que se acreditara el tratamiento adecuado de los vertidos.

Entre los elementos que habían sido considerados en esa resolución, la Cámara destacó los análisis realizados sobre muestras tomadas en la Cañada El Melgar, lindera a la planta y al barrio Don Pedro, donde se detectó una alta carga bacteriana, presencia de Escherichia coli y metales pesados por encima de los límites permitidos. También señaló que la planta opera con el Certificado de Aptitud Ambiental vencido desde 2021.

El Juzgado Federal de Gualeguaychú ordenó este lunes la clausura preventiva de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada en julio de 2025 por el presunto vertido de efluentes sin el tratamiento adecuado.

La resolución, dictada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, consideró acreditada la existencia de contaminación ambiental y entendió que la medida solicitada por el Ministerio Público Fiscal resulta necesaria para evitar que continúen los riesgos para el ambiente y la salud humana.

La clausura no fue dispuesta por tiempo determinado. El juez estableció que se mantendrá hasta tanto se acredite el normal y buen funcionamiento de la planta y su adecuación a la normativa ambiental vigente. Además, ordenó controles periódicos a cargo del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina y de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos.

Una investigación que comenzó en 2025

La causa se inició el 11 de julio de 2025, cuando se denunció que la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial no funcionaba adecuadamente y que los residuos provenientes de las industrias podían estar siendo volcados al río Gualeguaychú sin el tratamiento correspondiente.

A partir de esa presentación, la Fiscalía Federal impulsó distintas medidas de investigación y se realizaron varios allanamientos en las instalaciones del Parque Industrial.

En el primero, realizado el 27 de agosto de 2025, la planta se encontraba funcionando y se tomaron muestras de los efluentes. Los análisis detectaron valores de plomo por encima de los parámetros establecidos en la normativa utilizada como referencia. También se registró una elevada presencia de coliformes termotolerantes y Escherichia coli.

La investigación continuó con nuevos procedimientos y toma de muestras en distintos puntos, tanto dentro del Parque Industrial como en el río Gualeguaychú.

Uno de los análisis realizados el 19 de noviembre de 2025 determinó que el efluente de la planta no presentaba concentraciones de metales pesados por encima de los valores de referencia, pero sí registraba valores de Demanda Biológica de Oxígeno y coliformes termotolerantes superiores a los parámetros establecidos por la legislación provincial.

En esa oportunidad también se detectó Escherichia coli, circunstancia que llevó a los investigadores a considerar que el efluente podía presentar características compatibles con un residuo peligroso de carácter infeccioso, según las previsiones de la Ley Nacional 24.051.

La muestra que encendió la alarma

A partir de información sobre un posible vertido en una cañada ubicada en las proximidades de la planta y del barrio Don Pedro, se tomaron nuevas muestras en junio de 2026.

El análisis de laboratorio incorporado a la causa detectó una elevada carga bacteriana: 5.400.000 unidades formadoras de colonias de coliformes totales por cada 100 mililitros, 54.500 de coliformes termotolerantes y 19.750 de Escherichia coli.

Según el informe citado por el juez, esos resultados revelaron una contaminación de origen fecal de magnitud significativa.

El mismo análisis detectó además la presencia de aluminio, cromo, cobre, plata, selenio y zinc por encima de los valores establecidos en una tabla de referencia de la legislación nacional para la protección de la vida acuática en aguas dulces superficiales. La resolución aclara que esa normativa fue considerada teniendo en cuenta las características del sitio de extracción de la muestra.

El principio precautorio

El juez sostuvo que, pese a los distintos esfuerzos realizados durante el proceso para encontrar una solución alternativa, los problemas ambientales no habían sido completamente solucionados.

En ese sentido, fundamentó la decisión en los principios de prevención y precautorio establecidos por la Ley General del Ambiente y en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano.

La resolución remarca además que el daño ambiental puede resultar de difícil o incluso imposible recomposición, por lo que considera necesario adoptar medidas antes de que la afectación se profundice.

El magistrado señaló que la decisión no era “prematura, ni antojadiza ni arbitraria”, sino el resultado de una investigación que incluyó allanamientos, análisis de laboratorio, testimonios, audiencias y distintos intentos de alcanzar una solución sin recurrir a la clausura.

Finalmente, concluyó que la clausura preventiva constituye, en este momento, la herramienta más eficaz para evitar que continúe la afectación ambiental.

La resolución

La medida alcanza específicamente a la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos del Parque Industrial Gualeguaychú y permanecerá vigente hasta que se acredite que los vertidos reciben un tratamiento adecuado y cumplen con los valores establecidos por la normativa ambiental.

Mientras tanto, la resolución señala que cada industria instalada en el Parque Industrial podrá disponer de sus residuos mediante empresas especializadas, de manera de evitar que la situación comprometa el ambiente y la salud de la población.

Además, una vez efectivizada la clausura, el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal y la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos deberán realizar controles periódicos sobre el estado de la planta.

La resolución también ordena notificar a CODEGU y al Parque Industrial Gualeguaychú, que deberán presentarse en la causa dentro de los próximos tres días y designar abogado defensor, en el marco de las garantías del debido proceso.

Entre los llamados a prestar declaración indagatoria se encuentran quienes ejercieron la presidencia del Consejo Superior de la CODEGU, George Thomas Fogg, Ernesto Ferrari y Sergio Ramírez, como así también algunos de los que ejercieron cargos como vocales, secretarios y tesoreros de las comisiones directivas que se conformaron en los periodos investigados por la Justicia Federal.

La Prefectura Naval Argentina llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Gualeguaychú, en el marco de una investigación judicial impulsada por la Fiscalía Federal a cargo del Dr. Pedro Rebollo, que permitió secuestrar un importante arsenal, miles de municiones, trofeos de caza, ejemplares taxidermizados y diversa documentación de interés para la causa.

El procedimiento, ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad, a cargo del Dr. Hernán Viri, se realizó con la participación de especialistas de la Brigada de Control Ambiental dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.

Como resultado, se identificó a un hombre mayor de edad y se secuestraron 29 escopetas de distintos calibres y marcas, un revólver y más de 15.000 cartuchos de diferentes características.

Asimismo, los efectivos de la Institución incautaron una importante cantidad de trofeos de caza y elementos vinculados a fauna silvestre, entre los que se destacan decenas de taxidermias de mamíferos y aves, cuernos con cráneo, colmillos, astas, cueros de animales silvestres, huevos de avestruz, muebles confeccionados con pieles animales y cuchillos elaborados con mangos de asta.

Durante la requisa también se secuestró documentación de interés, dispositivos de almacenamiento digital y material fotográfico, entre otros elementos relacionados a la causa.

El valor estimado de los bienes secuestrados asciende a más de 1.326 millones de pesos.

Cabe destacar que el operativo guarda relación con una investigación iniciada a partir de un allanamiento efectuado por la Fuerza el pasado 10 de junio en el predio de caza denominado “Médano Salvaje”.

El operativo ordenado desde el Juzgado Federal de Gualeguaychú tuvo como blanco dos inmuebles donde operaría una posible red de trata de personas, que explotaba a mujeres con fines sexuales.

Según se pudo saber, en el procedimiento se pudo rescatar a una presunta víctima, que fue asistida por especialistas y puesta a resguardo para que declare en la investigación. Además, un hombre quedó detenido y se secuestró documentación relevante para la investigación, estupefacientes y celulares, que serán peritados para sumar prueba en la causa.

La medida fue dispuesta tras la devolución del expediente por parte del Ministerio Público Fiscal y ante la necesidad de brindar mayor transparencia al proceso, permitiendo que la ciudadanía y los vecinos accedan a información actualizada sobre el plan de acción presentado por la Agencia de Desarrollo Gualeguaychú (CODEGU), así como sobre los trabajos en ejecución y pendientes.

Según se indicó en la resolución, la audiencia tendrá como finalidad no solo difundir los avances alcanzados hasta el momento, sino también permitir que el juez tome conocimiento directo e integral del grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas, a partir de exposiciones orales que deberán realizar autoridades y especialistas involucrados.

Además, el encuentro buscará generar un espacio de debate que contribuya a encontrar alternativas para mejorar la problemática ambiental abordada en el expediente, en línea con lo establecido por la Ley General del Ambiente (N° 25.675) y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia. En ese sentido, se remarcó que la participación pública fortalece la legitimidad de las decisiones judiciales.

Para la instancia fueron convocados representantes de distintos sectores vinculados al caso: CODEGU; el Parque Industrial Gualeguaychú y las empresas que lo integran; una especialista en ingeniería química, sanitaria y laboral; un representante de los vecinos involucrados en la causa; la Municipalidad local; y el Ministerio Público Fiscal.

“Recientemente, desde la Codegu presentaron un plan en el que nos dijeron qué estaban haciendo y cuál es la idea de seguir adelante. Lo quiero analizar bien. El Fiscal Federal también lo va a analizar. Y después, antes de decidir, muy probablemente haga una audiencia pública, no sólo con las partes, sino también con la ciudadanía. Y después de eso, tomaré la decisión que tenga que tomar con respecto al Parque Industrial”, señaló.

Viri contó que “la pericia que llevó adelante la Policía Federal Argentina, arrojó que había una afectación ambiental. Este plan que presentó la Codegu, también quiero ponerlo a consideración de la ciudadanía, y escuchar a todas las partes, y tomar una decisión”.

El magistrado reconoció ser consciente que una posible “clausura del Parque Industrial puede afectar a muchos trabajadores”. Sin embargo, destacó “en esta tensión constante que hay entre un bien jurídico y el otro, el Juez tiene que tratar de adoptar un temperamento armonioso, porque una vez que se afecta el medio ambiente, es muy difícil la reconstrucción, algunas veces es imposible, y al mismo tiempo es importante el avance industrial, las fuentes laborales, por eso no dispuse directamente la clausura, y propuse la búsqueda de arribar a una solución”.

La actividad fue organizada por el Colegio de Abogados de Entre Ríos y la Sección Gualeguaychú de esa institución, y se contó con la presencia del diputado Nacional Guillermo Michel, el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, el juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, y el fiscal Federal, Pedro Rebollo, entre otros referentes del ámbito judicial y legislativo a nivel nacional y federal.

Durante la jornada se desarrollaron dos paneles temáticos. El primero, sobre narcotráfico, moderado por el juez federal Hernán Viri, comenzó con la exposición del ministro Néstor Roncaglia, quien luego de recordar su paso durante 5 años como Jefe de Drogas de Policía Federal, relató: “me dediqué a investigar ese delito junto a todas las fuerzas federales que hoy están presentes acá”. Y remarcó: “hoy en la provincia de Entre Ríos estamos enfocados en algo que es muy perjudicial: cuando las drogas llegan a los consumidores, cuando las drogas se transforman en dinero, en ese pasamano que se transforma en dinero, es decir, dinero que empieza a volver a los productores, que es el microtráfico”. Y explicó: “el narcotráfico es violencia, es corrupción, es trata de persona, es lavado de activos y es deterioro social. O sea, hay muchas otras aristas de nuestro mundo social que perjudican. No es solamente narcotráfico, no es solamente drogas, y somos todos perjudicados. Aunque no se consuman las drogas, aunque no seamos consumidores, también somos perjudicados por todas estas acciones que hacen al sistema de narcotráfico”.

Luego, en el mismo panel expusieron el fiscal federal Pedro Rebollo, y el juez federal de Mendoza, Marcelo Garnica, quienes abordaron distintas perspectivas vinculadas a la prevención, la investigación y el tratamiento judicial de este tipo de delitos.

Posteriormente, el panel dedicado al contrabando fue moderado por el Dr. Pedro Bancoff y contó con la participación del diputado nacional Guillermo Michel; los jueces nacionales en lo Penal Económico Pablo Yadarola y Alejandro Catania, y el vocal del Tribunal Fiscal de la Nación, Christian González Palazzzo.

Según informaron, la acción, articulada bajo directivas del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del juez subrogante Hernán Viri, contó con la participación de divisiones de Drogas Peligrosas y Grupos Especiales de distintas jefaturas departamentales.

El ingreso sorpresivo y coordinado permitió neutralizar cualquier reacción de los investigados, asegurando pruebas clave y detenciones estratégicas.

Entre los ocho detenidos se encuentra el principal organizador de la estructura criminal, señalado como responsable de coordinar la distribución, abastecimiento, recolección de dinero y supervisión de los puntos de venta.

Según describieron su captura representa un golpe directo al núcleo de mando de la organización, debilitando de manera significativa su funcionamiento operativo. Las escuchas y el trabajo de inteligencia policial permitió determinar que rol cumplió cada uno de los detenidos.

Los procedimientos arrojaron un importante secuestro de estupefacientes: cocaína en formato “piedra”, marihuana fraccionada para la venta y plantas de cannabis.

También se incautaron armas de fuego, cartuchería, balanzas de precisión, una máquina contadora de billetes, cámaras de seguridad, DVR, notebooks, celulares y cuadernos con anotaciones vinculadas al negocio ilícito.

La organización disponía además de tres vehículos de alta gama —una pick up Toyota, un Audi A3 y un VW Gol Trend— y una suma millonaria: $7.9 millones en efectivo y USD 6.700.

“El operativo permitió identificar a 39 personas en total, consolidando un trabajo investigativo de largo alcance que evidenció coordinación milimétrica y despliegue preciso. Los elementos secuestrados fueron elevados al Juzgado Federal interviniente para la continuidad del proceso judicial”, indicaron.

La División Toxicología de la Jefatura de Uruguay, bajo la supervisión del titular de la fuerza Departamental, Esteban Allegrini, encabezó las tareas. Ahora

Las actuaciones se intensificaron luego de que, durante la última semana, residentes del barrio Don Pedro denunciaran fuertes olores desagradables alrededor de la planta ubicada a la vera de la Ruta Nacional 14, lo que reavivó las sospechas sobre su funcionamiento.

EL ARGENTINO publicó la queja de los vecinos del Barrio Don Pedro, quienes exigen soluciones y denuncian “contaminación generada en el PIG”. A través de una carta enviada a los medios de comunicación, los vecinos del barrio ubicado frente al Parque Industrial Gualeguaychú, denunciaron episodios constantes de olores nauseabundos, una situación que se repite en los últimos años.

A diferencia del primer operativo realizado a fines de agosto, esta vez la inspección se extendió a todas las empresas radicadas en el predio industrial. El objetivo es determinar cómo realiza cada firma el pretratamiento de sus desechos antes de enviarlos al sistema colectivo.

El allanamiento se concretó tras la habilitación del Juzgado Federal de Gualeguaychú, que investiga el supuesto deterioro en la estación encargada de procesar los líquidos industriales. Según la denuncia pública del Foro Ambiental Gualeguaychú, la planta “sufre fallas desde febrero y permanece fuera de servicio desde mayo”, afectada por la saturación de barros y el desgaste de distintos componentes.

A partir de esa exposición, se sumaron dos nuevas denuncias formales: una presentada por el abogado ambientalista Ricardo Luciano ante el propio juzgado de Viri, y otra elevada a la Unidad Fiscal especializada en delitos ambientales.

La denuncia de los vecinos

“Los vecinos del Barrio Don Pedro queremos visibilizar una situación que llevamos padeciendo desde hace más de 10 meses: episodios constantes, intensos y extendidos de olores nauseabundos provenientes de la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú”, escribieron.

Asimismo, indicaron que quieren “contarle a la comunidad lo que implica vivir así: Es no poder abrir las ventanas. Es que nuestros chicos pregunten “por qué el barrio tiene olor feo”.

Esta problemática data de al menos 10 años atrás, y los vecinos manifestaron su malestar: “Es vivir con miedo, incertidumbre y cansancio, sin saber cuándo volveremos a respirar aire limpio. Es llegar a nuestras casas y no poder disfrutar del propio hogar”.

“Como vecinos, hemos mantenido un fuerte compromiso con el diálogo y la búsqueda de soluciones, pero no podemos seguir naturalizando un funcionamiento que vulnera el más básico de los derechos: respirar aire limpio y vivir sin contaminación”, manifestaron.

“Por esto, hoy queremos resaltar que la planta de tratamiento de efluentes continúa funcionando de manera deficiente. Los episodios de mal olor se encuentran otra vez en un punto crítico, lo que evidencia que existe una problemática estructural que aun no ha sido resuelta”, denunciaron.

Además, recordaron que “el funcionamiento adecuado de esta planta no solo es fundamental para nuestro barrio: sus efluentes, tratados de manera deficiente desde comienzos de año, desembocan directamente en el río Gualeguaychú, un recurso esencial para la vida, el espíritu y la actividad económica de toda la ciudad”.

“Por todo esto, solicitamos a las autoridades competentes que actúen con la urgencia que la situación demanda. Pedimos acciones y plazos concretos, información clara y un compromiso real por parte de la Municipalidad de Gualeguaychú, CODEGU y las autoridades del Parque Industrial para dar un cierre definitivo a esta crisis”.

“Los vecinos del Barrio Don Pedro necesitamos respuestas, soluciones y respeto. No podemos esperar más”, concluyeron.

Entre otros temas, abordaron la nueva donación del Juzgado que permitió incorporar tecnología de punta.

El Juzgado Federal de Gualeguaychú, a través de Viri, hizo entrega de una donación que permitió al hospital adquirir un microscopio quirúrgico, que fue destinado al Servicio de Oftalmología.

Al respecto, la Dra. Martins valoró el accionar del Juzgado Federal y resaltó la predisposición de ambas instituciones de trabajar en conjunto en pos de la comunidad.

Resaltó que “la incorporación de nuevas tecnologías en un hospital es fundamental para mejorar la calidad de la atención médica, optimizar los recursos y garantizar una mayor seguridad tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud”.

“Las innovaciones tecnológicas permiten diagnósticos más precisos, tratamientos menos invasivos y una gestión más eficiente de la información clínica. Gracias a ellas, se agilizan los procesos administrativos, se reducen los tiempos de espera y se facilita la comunicación entre los distintos servicios del hospital”, valoró.

Además, “la tecnología favorece la actualización continua de los equipos de salud, promueve la investigación y contribuye al desarrollo de una medicina más personalizada y preventiva”, sintetizó.

Acerca del equipamiento

El microscopio quirúrgico tiene un diseño óptico optimizado que satisface una amplia gama de demandas, desde cirugía oftálmica hasta procedimientos ambulatorios, maximizan la visibilidad durante la cirugía y permiten identificar claramente tejidos y estructuras diminutas.

Asimismo, el sistema de iluminación utiliza luz LED de alta luminancia para enfocar el contraste y la reproducción del color. El mecanismo de iluminación de reflejo rojo proporciona una abundante luz reflejada desde el fondo del ojo, lo que resulta en imágenes de reflejo rojo y observación 3D de alta calidad, esenciales para la cirugía de cataratas.

Se mantuvo la imputación y prisión preventiva. Esta historia arranca a principios de año, por el mes de febrero, cuando en el puesto caminero Brazo Largo de la Policía de Entre Ríos, en el kilómetro 119 de la Ruta Nacional 12, se detuvo la marcha de un Renault Logan que provenía desde Buenos Aires con dos ocupantes. La mujer que viajaba como acompañante, Daiana Mariel Jorge, se le halló más de un kilo de cocaína y como consecuencia de ello, tanto la mujer como el hombre que conducía fueron procesados con prisión preventiva por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte.

Pero la investigación no se quedó sólo en estas dos figuras. Con la información contenida del teléfono que le fue secuestrado a la mujer, se logró avanzar en toda la estructura. El fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, solicitó intervenciones telefónicas que arrojaron resultados claves para la causa y determinar la identidad del resto de la estructura que comercializaba la droga en Gualeguaychú.

Los roles en la estructura

Se pudo identificar que Rito Deolindo Acosta sería quien ocupaba el rol de organizador y financista, mientras que Raúl Agustín Aranda era el posible revendedor, y Daiana Giselle Mammana era la posible proveedora desde Buenos Aires. Con esta información, Rebollo solicitó que se libraran órdenes de allanamientos en los respectivos domicilios de los involucrados, con las ordenes de detención para cada uno de ellos.

El 28 de junio pasado se ordenaron los allanamientos con la intervención de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Gualeguaychú” de Gendarmería Nacional, a la UNIPROJUD de Gendarmería de Villa Soldati, y la colaboración del personal de DGA-ARCA.

En Gualeguaychú hubo dos allanamientos. Uno de ellos fue en Ayacucho 122, donde residía Aranda. Allí se halló mercadería extranjera sin aval aduanero valuada en más de 300 mil pesos, celulares y el contrato de locación entre Aranda y Acosta.

El otro allanamiento, de manera simultánea, fue en el barrio Prados de la Adelina, donde se encontraba Rito Acosta junto a su familia. Allí se halló una caja de municiones calibre 32, celulares, un revólver calibre 22, una pistola Bersa Thunder 580 calibre 38.

El tercer allanamiento fue en provincia de Buenos Aires, en la localidad de Merlo, en un domicilio que era frecuentado por Rito Acosta. Allí se encontraron más celulares y varios aparatos electrónicos, como ser notebooks, tablets, PC, cámaras y DVRs, una máquina de contar dinero, dos cajas fuertes y $36.788.000 y U$D 16.525. En otro domicilio, pero en la misma localidad, que sería de propiedad de Acosta, se halló más mercadería electrónica valuada en casi 80 millones de pesos, sin documentación que respalde su ingreso legal al país, además de municiones y el cargador de una pistola Bersa Thunder 580 cal. 38.

A Mammana la detuvieron en otro procedimiento que también se realizó ese mismo día en Merlo, en calle Lagomarsino. Le encontraron 9 celulares, más de 200 mil pesos, y se le secuestraron 16 gramos de cocaína y 81 gramos de marihuana.

El gendarme baleado

Pero lo más grave de lo sucedido ese 28 de junio fue lo ocurrido en Prados de la Adelina, donde Rito Acosta vivía junto a su familia. Ese día, este hombre de 40 años le efectuó un disparo con arma de fuego contra el agente de Gendarmería Nacional, primer alférez Gustavo Fleita. La bala fue dirigida al pecho y por fortuna el proyectil impactó contra el chaleco antibalas que vestía el agente.

A las 48 horas se los citó a prestar declaración indagatoria, y bajo una plataforma fáctica común, aunque con diferentes roles, se les atribuyó a los imputados el haber formado parte de una organización criminal dedicada a la comercialización ilegal de sustancias estupefacientes junto a la mujer y el hombre que habían sido detenidos en febrero, que se encontraban procesados y ambos con prisión preventiva.

A Aranda y Acosta también se les endilgó el delito de encubrimiento de contrabando, pero por lo sucedido con el agente de Gendarmería Nacional, a Acosta se le atribuyó también el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

Los procesamientos

El 11 de julio, el juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, decretó sus procesamientos por los delitos endilgados y dispuso las prisiones preventivas y embargo sobre los bienes. Pero los abogados defensores apelaron esta decisión argumentando en líneas generales que las tareas investigativas de Gendarmería presentaban debilidades y las escuchas telefónicas no fueron transcriptas íntegramente, sino que fueron sólo fragmentos y que debían ser consideradas comunicaciones interpretadas subjetivamente, sin prueba técnica, y que no acreditaban la participación en el delito que se les atribuía.

El Fiscal Federal que llevó adelante la audiencia de apelación en Paraná, repasó los antecedentes de la causa y las razones suficientes para confirmar el procesamiento. En relación a Rito Acosta, alegó que fueron suficientes los argumentos dados por Viri al momento de resolver y que no había incongruencias argumentativas. Incluso mencionó que había pruebas suficientes que respaldan la calificación legal escogida por el magistrado.

También refirió al organigrama delictivo, que comenzó con la información obtenida del celular secuestrado a Daiana Jorge, y que a partir de ese material se pudo advertir que esta mujer respondía directamente a Rito Acosta, a quien parece reconocer como su líder o jefe.

Por estos fundamentos, los tres jueces integrantes de la Cámara Federal de Paraná resolvieron rechazar los recursos de apelación interpuestos y, en consecuencia, confirmar la resolución de Viri del 11 de julio, decretando los procesamientos con prisiones preventivas y los embargos de Deolindo Rito Acosta, actualmente alojado en la cárcel de Paraná, por considerarlo coautor del delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de comercio y transporte, agravado por la intervención de tres o más personas, en carácter de financiador y organizador; y autor de delito de homicidio agravado en grado de tentativa, y autor de delito de encubrimiento agravado.

A Raúl Agustín Aranda, actualmente en la Unidad Penal 9, se lo procesó por el delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de comercio y transporte, agravado por la intervención de tres o más personas, en concurso real con el delito de encubrimiento agravado. Y a Daiana Giselle Mammana, actualmente con preventiva en la Unidad Penal 6 de Paraná, se la considera coautora del delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de comercio, agravado por la intervención de tres o más personas.

La visita incluyó al presidente de la comisión directiva de la institución, Gustavo Píccoli; al fiscal federal Pedro Rebollo; al jefe de Gabinete, Luciano Garro; al secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; al concejal Benito Bacigalupo y a integrantes de la comisión directiva del Hogar.

Durante el recorrido, el juez Viri explicó el origen de los fondos, que provienen de acuerdos reparatorios contemplados en el nuevo Código Procesal Penal Federal. Este mecanismo permite que, en casos de delitos no graves, la defensa y la fiscalía acuerden una repara-ción económica, que el juez homologa y destina a entidades benéficas. Según indicó, en el último año se asignaron más de 100 millones de pesos al hospital Centenario, y también se beneficiaron el Centro de Salud Juan Baggio, Madres Cuidadoras y Cáritas. “La idea es diversificar la ayuda económica para que llegue a la mayor cantidad de personas y que, en lo posible, sea constante”, señaló Viri.

El intendente Davico valoró la predisposición del juez y del fiscal para atender el pedido de asistencia al Hogar. “Es tan importante este gesto, que debería ser contagioso. Ojalá pase más seguido, tener funcionarios judiciales solidarios y atentos a las cosas importantes”, expresó, destacando la prioridad que su gestión otorga a la niñez y a las personas mayores.

Por su parte, Píccoli agradeció la gestión municipal y el aporte de la Justicia Federal. “Seguimos a nuestro guía, el padre Luis Jeannot Sueyro, y cuando nos falta para algo, lo invocamos y aparece la solución, como en este caso”, manifestó.

La recorrida abarcó distintos sectores del edificio, que cuenta con casi un siglo de historia. Los visitantes conocieron las obras en marcha con el aporte del Rotary Club y otras instituciones, y conversaron con residentes que manifestaron su satisfacción por el trato recibido.

El aporte judicial es posible gracias a que el Hogar cuenta con habilitación municipal y está en proceso avanzado de obtener la habilitación provincial.

Según informó el Municipio, se lleva adelante un proceso integral de regularización de todas las residencias de larga estadía y casas de cuidado de personas mayores.

El Hogar fue la primera institución en obtener la habilitación municipal, mientras continúa la gestión ante el Ministerio de Salud provincial, a través de la unidad ministerial a cargo de Lorena Casotti.

La actual gestión municipal también financia cuatro salarios en el Hogar (dos enfermeras y dos administrativos) y realiza un aporte económico mensual para su funcionamiento.

Tres personas —dos hombres y una mujer— fueron procesadas con prisión preventiva por integrar una organización criminal dedicada al transporte y comercialización de cocaína, con base en Gualeguaychú. La resolución fue firmada por el juez federal de esa ciudad, Hernán Viri, quien también ordenó embargos por 2, 20 y 500 millones de pesos sobre los bienes de los acusados.

Según la investigación, la organización operó al menos desde septiembre de 2024 hasta fines de junio pasado. La droga provenía del oeste del conurbano bonaerense y era distribuida en Gualeguaychú. La causa se originó en febrero, cuando una mujer fue detenida durante un control de ruta en Entre Ríos, ingresando estupefacientes con destino a la ciudad.

El peritaje del celular de la detenida permitió a los investigadores de Gendarmería detectar comunicaciones con otras personas vinculadas a Gualeguaychú, incluyendo referencias a un supuesto “jefe” u “organizador”. A partir de esa información, se ordenaron tareas de inteligencia a cargo de la Unidad de Inteligencia Criminal “Gualeguaychú” de Gendarmería Nacional.

El 28 de junio se concretaron siete allanamientos simultáneos en domicilios de Gualeguaychú, Pueblo Belgrano y en las localidades bonaerenses de Marcos Paz y Merlo. En esos operativos fueron detenidos los ahora procesados.

Durante el procedimiento en un barrio privado de Gualeguaychú, el hombre señalado como líder de la organización se resistió a su detención y disparó con una pistola Bersa Thunder calibre .380 a un Primer Alférez de Gendarmería. El gendarme sobrevivió gracias a su chaleco antibalas.

Además, en un domicilio de Marcos Paz se incautó mercadería extranjera cuyo ingreso legal al país no pudo ser acreditado, por lo que se sospecha que sería de contrabando.

Los cargos

El juez Viri procesó al principal acusado como coautor de tráfico de estupefacientes en su modalidad de comercio y transporte agravado, organizador y financiador de una organización narco, autor de tentativa de homicidio agravado contra el gendarme y encubrimiento de contrabando.

En tanto, la mujer y el otro hombre fueron procesados como coautores de tráfico de estupefacientes en su modalidad de comercio agravado. Este último también fue imputado por encubrimiento de contrabando.

En su resolución, el juez consideró probada la existencia de una estructura criminal organizada, con funciones definidas entre los integrantes, y la responsabilidad de los procesados en las distintas fases del negocio ilícito.

Sobre el intento de homicidio, Viri destacó que el imputado disparó intencionalmente contra un agente que se encontraba uniformado, con chaleco balístico e insignias visibles, en el marco de un operativo con sirenas y balizas activadas. El juez concluyó que el acusado tenía “pleno conocimiento” de que se trataba de un procedimiento oficial de Gendarmería Nacional.

La causa fue impulsada por el fiscal federal Pedro Rebollo y por Martín Uriona, fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

El juez federal Hernán Viri procesó con prisión preventiva a un ciudadano peruano de 22 años, acusado de haber provisto la avioneta que aterrizó en enero en un campo de Holt Ibicuy, Entre Ríos, con 350 kilos de cocaína a bordo. La medida se dictó a pedido del fiscal federal subrogante de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, y de su par de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Martín Uriona.

El joven, piloto desde 2023, fue detenido el 24 de junio en el barrio porteño de Flores, en uno de los seis allanamientos que realizó Gendarmería Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el partido bonaerense de Carlos Casares. En su poder tenía cinco kilos de cocaína y un simulador de vuelo instalado en el boliche que administraba.

La causa tuvo origen el 22 de enero, cuando una avioneta Cessna 210 E con matrícula adulterada aterrizó en un campo rural conocido como Campo Grande, a 15 kilómetros de Holt Ibicuy, por un camino hacia Mazaruca. En el lugar fueron detenidos el piloto brasileño Leonardo Monte Alto Gusmao —condenado por un hecho similar en su país— y Jade Isabela Callaú Barriga, una joven boliviana vinculada familiarmente con un condenado por tráfico aéreo de cocaína. Ambos ya fueron enviados a juicio oral.

La aeronave llevaba casi 359 kilos de cocaína distribuidos en 342 ladrillos, ocultos en diez bultos. Según la investigación, el vuelo partió desde Santa Ana de Yacuma, Bolivia, recogió la carga en la frontera con Paraguay y cruzó a la Argentina. Su destino final habría sido el partido bonaerense de Luján, pero circunstancias aún no esclarecidas forzaron el aterrizaje en Entre Ríos.

El reciente procesado habría aportado la aeronave junto a su padre y su hermano —ambos prófugos con pedido de captura internacional—. La avioneta fue adquirida en junio de 2023 por un valor declarado de 13 mil dólares, aunque su cotización real superaba los 100 mil. Pese a lucir la matrícula argentina LV-GOP, bajo la pintura se descubrió una identificación boliviana (CP-3806), y finalmente se determinó que la matrícula original era LV-GQA.

El juez Viri lo consideró partícipe necesario del delito de contrabando de importación agravado, cometido por más de tres personas y mediante el uso de transporte aéreo, en concurso real con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. También ordenó un embargo de cinco millones de pesos sobre sus bienes.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que el imputado tuvo un rol activo en la organización narcocriminal, coordinando con su hermano la provisión de la aeronave. La causa sigue avanzando con ramificaciones internacionales y nuevas pistas sobre el financiamiento y el destino final de la droga.