Ante la última novedad de un Memorándum de Entendimiento firmado entre el gobierno uruguayo y la multinacional HIF Global, el Movimiento Sanducero de Participación Ciudadana expresaron su nuevo rechazo al proyecto que pretende instalarse en Paysandú, en zonas de reservas autóctonas.

Desde que comenzó a tomar mayor notoriedad el proyecto de instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú, agrupaciones y vecinos de los dos lados del río empezaron a manifestar su rechazo. No solo el reclamo sale desde la ciudad costera de Uruguay, sino que desde Colón, también, sobre todo desde la Multisectorial Somos Ambiente.

Asambleístas y organizaciones ciudadanas de Paysandú expresaron su rechazo a la firma de un nuevo Memorándum de Entendimiento entre el gobierno uruguayo y la empresa HIF para la eventual instalación de una planta de e-combustibles e hidrógeno verde en ese departamento, al advertir riesgos ambientales, falta de información clara y ausencia de mecanismos efectivos de participación ciudadana.

Desde el Movimiento Sanducero de Participación Ciudadana “Firma por el Río” señalaron que la Viabilidad Ambiental de Localización otorgada por el Ministerio de Ambiente para los padrones 11.950 y 11.951 constituye apenas una etapa inicial del proceso y que la empresa aún debe presentar el proyecto definitivo y el Estudio de Impacto Ambiental, además de obtener las autorizaciones ambientales correspondientes para construir y operar.

Advirtieron además que el comunicado oficial no precisa la localización exacta de la planta y cuestionaron que los padrones mencionados, ubicados sobre la costa del río Uruguay y en cercanías del Área Protegida Islas del Queguay, resultan inadecuados para un emprendimiento de estas características. Recordaron que esos terrenos estaban incluidos en el proyecto original del área protegida como zona de amortiguación ambiental.

Entre los principales impactos señalados, mencionaron la posible tala de unas 33 hectáreas de bosque autóctono, la afectación del territorio por infraestructura asociada, como carreteras para tránsito pesado, ductos, líneas eléctricas y colectores industriales, y la instalación de una toma de agua y un puerto para barcazas dentro de un área protegida del río Uruguay.

También alertaron sobre impactos acumulativos de tipo mecánico, químico, sonoro, visual y térmico, que podrían extenderse varios kilómetros e incluso alcanzar a la provincia de Entre Ríos, durante las etapas de construcción, funcionamiento y eventual desmantelamiento de la planta. En ese sentido, cuestionaron la eficacia de las medidas de mitigación propuestas y calificaron a la planta como una infraestructura de alto riesgo, con posibilidad de incendios, explosiones o vertidos contaminantes.

Finalmente, reafirmaron su decisión de continuar con la recolección de firmas para incorporar los padrones involucrados al Área Protegida Islas del Queguay y otorgarles carácter de reserva natural departamental, apelando a los mecanismos de iniciativa ciudadana y plebiscito como forma de garantizar la expresión de la voluntad popular.

Ante el argumento de una inversión histórica para Uruguay, que rondaría cerca de los 6 mil millones de dólares, y con la carencia de puestos de trabajo en la zona, tanto autoridades de Uruguay y representantes de la firma siguen avanzando aun sin tener todos los avales necesarios, como estudios de impactos ambientales.

Desde Colón, Entre Ríos, la amenaza de este proyecto es muy sensible, ya que el mismo estaría ubicado a tres kilómetros y medio de la ciudad turística argentina.

El Gobierno de Entre Ríos reiteró su rechazo a la instalación del proyecto de hidrógeno verde en Paysandú y volvió a plantear formalmente su relocalización, al advertir que podría afectar la actividad turística, el paisaje costero y las economías vinculadas al uso del Río Uruguay. La postura fue expuesta en la reunión que encabezaron el canciller argentino Pablo Quirno y su par uruguayo, Mario Lubetkin, de la que participó el gobernador Rogelio Frigerio.

Frigerio viajó acompañado por el intendente de Colón, José Luis Walser, el municipio más expuesto al impacto visual y ambiental de la planta. La presencia del jefe comunal reforzó el planteo entrerriano y subrayó la necesidad de defender una de las principales actividades económicas de la región.

Durante el encuentro de este martes, ambas cancillerías acordaron continuar las conversaciones a lo largo del verano, con la participación activa del Gobierno provincial y del municipio de Colón. El objetivo será analizar alternativas y evaluar los estudios técnicos y ambientales que permitan arribar a una solución consensuada. La relocalización se mantiene como una opción concreta, en tanto los análisis de impacto no han sido concluidos.

Frigerio destacó el clima de trabajo conjunto con la diplomacia argentina y el diálogo sostenido con las autoridades uruguayas. Señaló que la provincia está comprometida en defender el desarrollo equilibrado de toda la costa del Uruguay y en garantizar que cualquier proyecto productivo se inserte sin comprometer el turismo y las comunidades locales.

“Vamos a seguir dialogando y negociando durante el verano para encontrar una solución que proteja a las comunidades de la costa del Uruguay y garantice un desarrollo sostenible para toda la región”, afirmó el mandatario al término de la reunión, en línea con el planteo que Entre Ríos sostiene desde el inicio de la discusión.

Las conversaciones bilaterales continuarán en las próximas semanas, mientras avanza el proceso de evaluación técnica que definirá el futuro del proyecto y su eventual relocalización.

El proyecto de instalación de una planta de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en la ciudad uruguaya de Paysandú, a escasos tres kilómetros de Colón, sigue generando controversias a ambos lados del río Uruguay. La iniciativa, impulsada por la empresa HIF Global, es cuestionada por organizaciones socioambientales que advierten sobre el impacto ecológico, la falta de transparencia y la ausencia de aprobación ambiental definitiva.

La polémica se reavivó en los últimos días, cuando la firma anunció públicamente un “acuerdo estratégico para el monitoreo ambiental” junto al Laboratorio de Ecología Fluvial del Centro Universitario Regional (CENUR) Litoral Norte de la Universidad de la República (Udelar) y la consultora GEA. El anuncio fue interpretado por la Red Nacional No al Hidrógeno Verde de Uruguay como una maniobra de validación anticipada del proyecto, aún sin contar con la Viabilidad Ambiental de Localización (VAL) que debe otorgar el Ministerio de Ambiente.

Desde la red expresaron su “repudio” ante lo que califican como “un intento de legitimar el proyecto frente a la población mediante supuestos avales académicos o técnicos”, que, según denuncian, no cuentan con certificación oficial ni autorización institucional. La crítica apunta también a la falta de comunicación formal por parte de la Universidad de la República, cuyo supuesto acuerdo no figura en los registros públicos.

En diálogo con EL ARGENTINO, Alejandra Puglia, integrante de la Red Nacional No al Hidrógeno Verde y residente de Paysandú, explicó: “Solicitamos reuniones con la universidad para ver esto, porque son anuncios de supuestos acuerdos académicos. Esta información tiene que ser pública y verificable”.

La activista agregó que “la empresa no tiene aún la viabilidad ambiental de localización, pero anunció la concreción de ese acuerdo estratégico, cuando esto no es así”. Y remarcó: “Denunciamos una tentativa de validar frente a la población, de interferir en la autonomía política, utilizando supuestos avales académicos. Eso es grave”.

Una red que se expande frente a los megaproyectos

La Red Nacional No al Hidrógeno Verde de Uruguay se conformó en febrero de este año y agrupa organizaciones sociales de distintas regiones del país. Su objetivo es articular resistencias y compartir información en los territorios donde se proyectan plantas vinculadas a la producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos, una de las apuestas centrales del gobierno uruguayo en su hoja de ruta energética.

Actualmente, existen cinco proyectos de este tipo en estudio, entre ellos los de Tambores y Paysandú, que pretenden producir combustibles sintéticos mediante la electrólisis del agua para obtener hidrógeno “verde”, combinándolo con dióxido de carbono para generar metanol y gasolina sintética. Según Puglia, los productos están destinados principalmente a la exportación y no al consumo interno.

“La diferencia entre el proyecto de Paysandú y Tambores es la fuente de agua: Paysandú tomará agua del río Uruguay, mientras que Tambores lo hará del acuífero Guaraní. En ambos casos, hablamos de proyectos de altísimo impacto ambiental y con escasa regulación”, advirtió.

Una nueva controversia binacional

El debate ambiental que despierta este proyecto evoca, inevitablemente, el recuerdo del conflicto de las pasteras, que hace casi dos décadas enfrentó a Uruguay y Argentina por la instalación de plantas sobre el río Uruguay. En este caso, el punto de conflicto se repite: la cercanía del emprendimiento con la frontera argentina y el uso de un bien común compartido.

“En el caso de Paysandú tenemos una problemática transfronteriza. Se pretende instalar la planta a solo tres kilómetros de Colón, mientras que la ciudad de Paysandú está a siete. El río Uruguay vuelve a estar en el centro de una disputa ambiental que no reconoce fronteras”, señaló Puglia.

En este punto coinciden con la Multisectorial de Colón, que junto a organizaciones ambientales entrerrianas también expresaron su preocupación por los posibles efectos sobre el ecosistema fluvial y los antecedentes de contaminación industrial en la región.

Un proceso con poca información y falta de antecedentes

Según la Red, HIF Global presentó ante el Ministerio de Ambiente uruguayo un informe técnico de más de 370 páginas para solicitar la Viabilidad Ambiental de Localización. El documento fue puesto a disposición del público por apenas diez días, plazo luego extendido hasta el 14 de octubre tras el reclamo ciudadano. Sin embargo, los activistas sostienen que el tiempo fue insuficiente para analizar la complejidad técnica del proyecto.

La organización denunció que la empresa “ya habla de una etapa de evaluación de impacto ambiental, dando por sentado que tiene la viabilidad de localización, lo cual no es así”. La estrategia busca influir en la percepción pública y oficial al proponer la existencia de avales técnicos y acuerdos, intentando avanzar o asegurar la legitimidad del proyecto”.


También cuestionan la falta de acceso a la información pública, el secretismo gubernamental y la difusión de noticias falsas por parte de algunos medios que reproducen comunicados empresariales sin contrastarlos.

“En Uruguay existe una ley de acceso a la información ambiental, pero desde ya vemos que ese marco legal se está incumpliendo”, afirmó Puglia.

La activista recordó que la empresa se presenta como líder mundial en combustibles sintéticos, “aunque solo cuenta con una planta piloto en Chile que capta dióxido de carbono de la atmósfera, muy distinta al modelo industrial que se pretende instalar en Paysandú”.

Entre la promesa de empleo y el rechazo social

La iniciativa divide a la sociedad de Paysandú. Por un lado, sectores políticos y empresariales locales defienden el proyecto por su potencial para generar empleo y atraer inversiones. Por otro lado, Paysandú presenta actualmente el índice de desempleo más alto de Uruguay, situación que, para quienes apoyan el proyecto, este dato ha sido utilizado como argumento central para promover la instalación de la planta.

“La sociedad está un tanto dividida: algunos apoyan el proyecto por la promesa de empleo e ingresos, mientras que otros lo rechazan. Pero el trabajo que se genera es temporal, principalmente en la etapa de construcción. Es un poco lo que pasó con las pasteras hace más de 20 años atrás”, explicó Puglia.

La Red advierte que los supuestos beneficios económicos se contraponen a los riesgos de pérdida de empleos locales, los pasivos ambientales y el cambio de uso del suelo, de productivo a industrial, que implican estos megaproyectos.

Movilización ciudadana y consultas populares

Frente a este escenario, en Paysandú se impulsan dos consultas ciudadanas amparadas en la Constitución uruguaya. Una propone declarar el área como reserva natural departamental, impidiendo cualquier tipo de emprendimiento industrial, mientras que la otra busca prohibir expresamente la instalación de proyectos vinculados al hidrógeno verde.

Ambas iniciativas ya superaron las 10.000 firmas cada una, aunque las autoridades locales y el Ministerio de Ambiente todavía no las han reconocido formalmente. La Red denuncia que las instituciones “ignoran deliberadamente” este rechazo y que el intendente “no ha permitido la participación de la sociedad civil en las sesiones de la junta departamental, a diferencia de la empresa”.

“El gobierno está lesionando las formas de participación y desconoce cómo las comunidades habitan los territorios.

Por el lado de la comunicación del Hidrogeno Verde que se pretende instalar, Alejandra expuso que hay un sector de la prensa que también apoya la línea del Gobierno local, y desde otro sector hay una cobertura explicita sobre el tema. “Todo es un tanto reciente, pero no nos podemos quedar con lo que se conoce, que no es muy claro. Entonces, vemos que esto también esta atravesado por los intereses, hay medios que apoyan el proyecto, y otro sector que se opone y se va interiorizando aún más”.

Un modelo energético en discusión

Mientras tanto, el gobierno uruguayo lleva adelante una evaluación ambiental estratégica de toda la cadena de valor del hidrógeno verde, aunque las organizaciones critican que esta herramienta “llega tarde”, cuando varios proyectos ya avanzaron sin un marco regulatorio específico.

En cuanto a la postura del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, indican que es uno de los “impulsores del proyecto”. “Desde que esto comenzó a publicarse y a comentar en varios lados, la postura del intendente es clave en esto, él es un impulsor clave del proyecto”.

La Red insiste en que el país carece de una normativa integral para este tipo de emprendimientos y que el apuro por captar inversiones extranjeras lleva a conceder exoneraciones fiscales y licencias sin el debido debate público.

“No hay experiencias previas en el país ni controles suficientes. El modelo energético que se está impulsando prioriza la exportación y el negocio privado, no el bienestar social ni la soberanía sobre los recursos”, concluyó Puglia.

La preocupación de ambos lados

La preocupación de los ciudadanos de Paysandú se suma a la de La Multisectorial Somos Ambiente del Río Uruguay Colón. Desde principios del 2025 vienen dando información de lo que puede llegar a pasar. Se prevé la producción de más de 500.000 toneladas de metanol por año. A pesar de un anuncio de “relocalización” del proyecto, los ambientalistas y vecinos de Colón, Argentina, advirtieron que no hubo modificaciones y que la preocupación por los impactos ambientales persiste.

Desde entonces, vienen advirtiendo a la comunidad que la construcción, estimada en tres años, implicará el transporte de materiales por barcazas en el río Uruguay y la construcción de amarras especiales frente a las playas colonenses.

Los ambientalistas también han criticado la falta de reacción de los representantes políticos. El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, declaró en junio en el diario El Observador que la planta “no contamina las aguas, sino que es visual”, minimizando el impacto ambiental y comparándolo con el conflicto de las papeleras.

Sumado a esto, los integrantes advierten que la declaración del presidente Yamandú Orsi no han sido lo suficiente sólida, ya que el mandatario se refirió al proyecto y dijo que “No cometamos los mismos errores que cometimos antes”. “Se están repitiendo el mismo camino que se hizo con las pasteras”, apuntó Puglia.

El máximo mandatario del país vecino dijo además que “hay que buscarle la vuelta”. En relación a la cercanía de la planta a las playas de la ciudad, hizo regencias al reclamo ante la cercanía: “¿Cómo no lo vamos a escuchar?”.

Sin embargo, la comunidad de Colón y Paysandú se sienten desinformada y excluida del debate, con datos confidenciales y sin consulta a las comunidades afectadas.

La Multisectorial ha señalado que la planta producirá 560.000 toneladas de metanol al año, una escala mucho mayor que las 4.000 toneladas producidas por la empresa en Punta Arenas, Chile, donde la planta está a 30 kilómetros de la ciudad más cercana, no a tres.

Otro punto de alarma es el uso intensivo de recursos naturales, ya que la planta requerirá entre 50 y 60 litros de agua por segundo del río Uruguay para la electrólisis, además del uso de biomasa forestal y la emisión de residuos industriales.

Los ambientalistas argumentan que la legislación ambiental binacional no se está respetando y que estas decisiones se toman sin consulta a las comunidades afectadas en pleno 2025.

El lunes 29 de septiembre, vecinos, vecinas y organizaciones de la ciudad de Colón presentaron documentación en los ministerios de Ambiente y de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay para manifestar su rechazo a la ubicación propuesta por la empresa HIF Global para la construcción de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú, a poco más de tres kilómetros de la costa argentina.

La acción se realizó con el acompañamiento jurídico de la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE). En la presentación, los colonenses adjuntaron planillas con firmas de vecinos certificadas por el Juzgado de Paz de Colón, además de fundamentos técnicos y legales que cuestionan la viabilidad del emplazamiento elegido.

Los documentos ingresados a las dependencias estatales uruguayas, a la cual EL ARGENTINO tuvo acceso, remarcan que, antes de cualquier autorización, el gobierno de ese país debe dar intervención a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) en proyectos que puedan tener impacto sobre la cuenca. Recordaron que este criterio fue establecido por la Corte Internacional de Justicia en el fallo por el caso Botnia, cuando resolvió el conflicto por la pastera instalada en Fray Bentos.

En esa línea, los vecinos cuestionaron que se haya abierto un proceso de consulta sobre la viabilidad de la ubicación sin contar aún con un Estudio de Impacto Ambiental. “El manifiesto expuesto detalla posibles afectaciones al sistema natural y a la comunidad de Colón, pero remite a un estudio futuro. Eso impide evaluar con seriedad los riesgos y analizar alternativas de localización”, sostuvieron.

Otro de los ejes de la presentación fue la falta de estudios específicos sobre el Sistema Acuífero Guaraní. Según advirtieron, el proyecto se limita a un tratamiento genérico de este recurso estratégico, sin evaluar las áreas de recarga y descarga ni el impacto que podrían tener las aguas residuales y otros desechos industriales. “No se puede definir ubicación sin estudios previos y rigurosos sobre la incidencia en los acuíferos”, plantearon.

La documentación también hizo referencia a la necesidad de dar participación a espacios binacionales y regionales. En particular, se pidió la intervención del proyecto “Adaptación al cambio climático Río Uruguay”, impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el fin de generar un debate amplio que contemple una “transición ecosocial construida por los pueblos hermanos y sus comunidades”.

La presentación fue firmada por un abanico de instituciones y colectivos locales: asociaciones de prestadores turísticos, corredores inmobiliarios, sindicatos, instituciones de salud, centros de jubilados, colectivos ambientales y culturales, entre otros. Desde hace meses, estas organizaciones vienen reclamando instancias de diálogo tanto con el gobierno uruguayo como con la empresa, alertando sobre los impactos que la planta podría tener en áreas sensibles como el trabajo, la salud, el turismo, el patrimonio y el ambiente.

Al mismo tiempo, continúa la recolección de firmas en Colón para exigir la relocalización. “Se trata de un grito desesperado para frenar este atropello sobre la vida, el trabajo, la salud y el ambiente de quienes habitamos la costa del río Uruguay”, señalaron en el texto ingresado a las oficinas oficiales en Montevideo.

La semana pasada, antes de la última presentación de los vecinos de Colón, se conoció la postura de la ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Fernanda Cardona. La misma fue consultada en rueda de prensa sobre los planteos argentinos y descartó que la planta pueda ser relocalizada. “Las distancias no pueden modificarse mucho por los recursos que necesita”, aseguró.

Cardona reconoció que existen “intercambios” con las autoridades argentinas, aunque relativizó la idea de que se trate de reclamos formales. Al mismo tiempo, explicó que HIF Global reformuló “su dibujo y su estrategia de ingeniería” y que actualmente trabaja en la adecuación del proyecto original presentado durante el gobierno anterior, a fin de cumplir con los requerimientos ambientales exigidos por la actual administración.

Los cuestionamientos desde Colón y otros puntos de Entre Ríos no son nuevos. Desde que se conoció la intención de HIF Global de construir la planta de combustibles sintéticos en Paysandú, a orillas del río Uruguay, distintas organizaciones vienen alertando que las instalaciones quedarían más cerca de la ciudad argentina que de la uruguaya.

Por otra parte, durante el "Encuentro con el Patriarca", el intendente de Colón —la ciudad fronteriza con Paysandú—, José Luis Walser, renovó el pedido ante la prensa local de que la planta de hidrógeno verde sea relocalizada en predios alternativos cercanos que, manteniendo las condiciones logísticas necesarias y sin afectar la traza ni la viabilidad técnica del proyecto, permitan mitigar el impacto visual y paisajístico sobre el territorio argentino que se sustenta en la actividad turística. Walser subrayó que el planteo de Colón “se realiza por las vías diplomáticas e institucionales” y que la relocalización propuesta “no altera el espíritu del proyecto ni sus requerimientos técnicos (accesos, ferrocarril y rutas), pero reduce el impacto sobre nuestra costa y protege el paisaje que sostiene la economía turística de toda la microrregión”.

El contrapunto recuerda inevitablemente al conflicto bilateral de principios de los 2000 por la pastera Botnia en Fray Bentos, que marcó un antes y un después en la relación entre ambos países y en la agenda ambiental del río Uruguay. En este caso, los vecinos de Colón buscan que los organismos binacionales y regionales intervengan antes de que se avance con obras que, advierten, podrían tener consecuencias irreversibles.

La instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú, a tan solo 3.000 metros de la costa de Colón, reavivó un conflicto ambiental que trae a la memoria las tensiones bilaterales de hace dos décadas por las pasteras frente a Fray Bentos.

A pesar de que se anunció una “relocalización” del proyecto, asambleístas y vecinos aseguran que los cambios son mínimos -no una relocalización-, y que la preocupación por los impactos ambientales sigue vigente.

Desde inicios de 2025, la Multisectorial Somos Ambiente del Río Uruguay, junto a otras organizaciones ambientales y vecinos autoconvocados, comenzaron a reunir información técnica y legal sobre la refinería de combustibles sintéticos impulsada por la empresa HIF Global y el gobierno uruguayo. El eje del reclamo apunta a la cercanía con la ciudad entrerriana y la magnitud del emprendimiento, que prevé la producción de más de 500.000 toneladas de metanol por año; lo que comúnmente se conoce como alcohol de quemar.

En diálogo con EL ARGENTINO, Carlos Serratti, integrante de la Multisectorial Colón, cuestionó duramente los recientes anuncios. “Los primeros días de julio aparece una ‘reubicación’, pero dentro del mismo predio. Se achica un poco la superficie en un 35% por nuevos dispositivos tecnológicos, pero el proyecto en sí no cambia. Nosotros pedíamos una relocalización real, no un cambio de lugar dentro del mismo terreno”, explicó.

Desde la organización, difundieron un comunicado titulado: “De correrla un poquito a prácticamente no correrla nada”, donde advierten que la nueva ubicación continúa en el mismo padrón previsto frente a Colón. Además, alertan que, durante la etapa de construcción, estimada en tres años, todos los materiales serán transportados por barcazas sobre el río Uruguay, lo que implica la construcción de amarras especiales frente a las playas colonenses.

Críticas al silencio institucional

Uno de los aspectos que más inquieta a los ambientalistas es la falta de reacción por parte de los representantes políticos. “Percibimos una timidez alarmante en los reclamos. No hubo energía ni firmeza desde la Provincia ni desde la Cancillería argentina. Están queriendo imponer una mal llamada re localización como si fuera tal, y no lo es. Sólo se reubicaron dispositivos tecnológicos en el proyecto de la planta, pero no se movió ni un metro. Esto debería haber sido resuelto en las esferas de Gobierno, pero la empresa parece tener la última palabra”, advirtió Serratti.

En Uruguay, el respaldo político al proyecto es explícito. El presidente Yamandú Orsi declaró en junio en el diario El Observador, que la planta “no contamina las aguas, sino que es visual”, intentando minimizar el impacto ambiental. A su vez expresó que “hay que buscarle la vuelta” y “no cometamos los mismos errores que cometimos antes”, refiriéndose al conflicto histórico con las Papeleras. También afirmó que el gobernador Rogelio Frigerio “tiene claridad sobre los detalles técnicos del proyecto”.

No obstante, Serratti expresó que la comunidad de Colón se siente desinformada y excluida del debate. “En Uruguay están defendiendo a capa y espada este proyecto, con la promesa de empleo, como pasó con las pasteras. Pero hay confidencialidad en los datos, no hay claridad. Si conocen los detalles, sería bueno que los compartan con nosotros”, reclamó.

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Sobre la postura del intendente de Colón, José Luis Walser, Serratti fue tajante: “El mismo Intendente dijo en un documental, que se enteró de este tema por los medios. Sabemos que se reunió con el intendente de Paysandú, pero no hubo ningún comunicado. Estamos en una situación de incertidumbre, con autoridades que no tienen experiencia y plantean el tema con mucha tibieza”.

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, es uno de los principales impulsores del proyecto. “Tienen todo el derecho a hacerlo, pero no a 3.000 metros de otra ciudad. Colón vive del turismo y la producción de alimentos, dos sectores que pueden verse gravemente afectados”, agregó.

La semana pasada, durante una visita de Frigerio a San José, integrantes de la Multisectorial Somos Ambiente del Río Uruguay, le entregaron en mano una solicitud de audiencia. “Le dejamos nuestros contactos, se mostró receptivo, pero hasta ahora no tuvimos respuesta. Esto nos excede como vecinos. No tenemos poder institucional, solo expresamos con argumentos lo que nos preocupa”, concluyó.

Riesgos por escala y falta de antecedentes

Uno de los puntos más sensibles del reclamo está relacionado con el nivel de producción previsto por la planta y la falta de antecedentes de la empresa a esa escala. “Van a producir 560.000 toneladas de metanol al año, pero lo máximo que hicieron en Chile fueron 4.000 toneladas en Punta Arenas. Además, esa planta está a 30 kilómetros de la ciudad más cercana, no a tres”, alertó Serratti.

Otro aspecto que enciende las alarmas es el uso intensivo de recursos naturales. Según la información técnica reunida por la Multisectorial, la planta requerirá entre 50 y 60 litros de agua por segundo extraídos directamente del río Uruguay para generar hidrógeno mediante electrólisis. A esto se suma la utilización de biomasa forestal para obtener dióxido de carbono y la posterior emisión de residuos industriales.

“Hay una legislación ambiental binacional, pero de difícil acceso. Estamos frente a un marco regulatorio que no se está respetando. No puede ser que en pleno 2025 se decidan estas cosas sin consulta y a espaldas de las comunidades afectadas”, enfatizó.

El intendente de Colón, José Luis Walser, volvió a manifestar su rechazo al proyecto de instalación de una planta de e-combustible en Paysandú, Uruguay. Lo hizo durante una nueva reunión del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay (CCRU), realizada en Barra do Quaraí, Brasil.

Durante su participación mediante videoconferencia, Walser enfatizó: “Nuestros sectores ambientales, turísticos, productivos, políticos y la sociedad civil en su conjunto rechazamos la instalación de la planta de e-combustible frente a nuestras costas. Así también lo entendió nuestro gobernador Rogelio Frigerio”.

El jefe comunal, quien además se desempeña como Secretario del CCRU, planteó que el desarrollo de iniciativas productivas en la región debe contemplar las implicancias sociales, económicas y ambientales para los territorios involucrados, y destacó la necesidad de un enfoque transfronterizo.

En ese sentido, sostuvo que estos emprendimientos deben ser evaluados con la participación de los gobiernos locales y subnacionales, al tiempo que consideren las opiniones de las comunidades directamente afectadas.

“El respeto por el ambiente y el desarrollo equilibrado de la cuenca del río Uruguay es una responsabilidad compartida”, remarcó Walser ante sus pares de Uruguay, Brasil y Argentina.

En el marco del encuentro, el Comité emitió una declaración pública en la que subrayó la importancia de avanzar hacia un desarrollo regional sostenible, con respeto por el entorno natural y participación ciudadana.

Además, los integrantes del Comité celebraron la iniciativa del presidente uruguayo Yamandú Orsi y del gobernador entrerriano Rogelio Frigerio de mantener un encuentro para abordar de manera directa la situación de la planta que se proyecta construir en Paysandú.

Esta acción fue valorada como un paso hacia la transparencia y el diálogo binacional, en pos de preservar el equilibrio de la cuenca del río que une a ambas orillas.