Este jueves a partir de las 9 se inicia en los Tribunales de Gualeguay, el nuevo juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García. El debate tendrá siete jornadas y buscará determinar la responsabilidad penal del acusado en el crimen de la joven, ocurrido en abril de 2017.

Las audiencias se desarrollarán en la Sala Nº 1 y están previstas para el jueves 29 y viernes 30 de octubre, además de los días 2, 3, 6, 10 y 11 de noviembre.

El proceso corresponde al Legajo Nº 142/17, caratulado “Pavón, Néstor Roberto s/Abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causa y femicidio”.

El tribunal estará presidido por Santiago Brugo, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, e integrado por Maximiliano Otto Larrocca Ress, de Concordia, y Nicolás José Gazali, de Concepción del Uruguay.

El Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal Maite Burruchaga, mientras que los abogados José Rodolfo Iparraguirre y Marcelo Boeykens actuarán como representantes de la querella, en nombre de los padres de Micaela, Andrea Lescano y Néstor García.

Por su parte, la defensa de Pavón estará a cargo de los abogados Edwin Henrry Valenzuela Rojas y Ramón Elías Salto. Durante las audiencias se analizarán las pruebas y los testimonios relacionados con la acusación.

En declaraciones anteriores a Elonce, Néstor García, padre de la joven, había expresado su expectativa ante esta nueva instancia judicial y reclamado que Pavón “cumpla la pena que le corresponde”.

La familia participará del proceso a través de sus representantes legales, quienes intervendrán como querellantes durante las siete jornadas previstas.

Una de las particularidades del nuevo juicio será su transmisión en vivo a través del canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

La medida fue dispuesta por el tribunal a pedido de la querella y contó con el consentimiento del Ministerio Público Fiscal. Los magistrados fundamentaron la decisión en el principio de publicidad del debate, establecido en los artículos 418 y 419 del Código Procesal Penal.

Sin embargo, se estableció que los testigos y peritos no podrán seguir las audiencias por internet ni por otros medios de comunicación antes de prestar declaración, con el objetivo de preservar las condiciones del proceso judicial.

También se permitirá el ingreso de periodistas a la sala, sujeto a la capacidad disponible. Los camarógrafos y fotógrafos podrán registrar imágenes antes del inicio de cada audiencia.

Además, el tribunal podrá restringir la exhibición de pruebas sensibles o disponer el desalojo de la sala cuando resulte necesario proteger a las personas involucradas.

La Justicia de Entre Ríos dictó 30 días de prisión preventiva al uruguayo detenido en un control vial de Brazo Largo, donde se habían secuestrado dos armas de fuego, más de 427 gramos de cocaína, siete teléfonos celulares y dinero en distintas monedas. Se trata de Inti Camilo Cuba Vignolo, de 38 años, quien era buscado por las autoridades de Uruguay por su presunta participación en un millonario robo bancario y una investigación por homicidio.

La resolución fue adoptada este lunes 19 de octubre por la jueza de Garantías de Gualeguaychú, Natalia Céspedes, durante una audiencia de medidas de coerción. El detenido deberá cumplir la prisión preventiva en la Jefatura Departamental de Policía de Gualeguaychú.

Durante la audiencia, el fiscal auxiliar interino de Islas del Ibicuy, Gastón Popelka, solicitó 45 días de prisión preventiva, al considerar los elementos reunidos en la investigación y la existencia de riesgos procesales, especialmente el peligro de fuga. El defensor oficial Lautaro Boladeres se opuso a la medida, pero la magistrada hizo lugar parcialmente al pedido y estableció un plazo de 30 días.

La investigación comenzó durante la madrugada del sábado 17 de octubre, cuando efectivos policiales detuvieron un vehículo de transporte privado de pasajeros en el Puesto de Control Vial Brazo Largo, sobre la Ruta Nacional 12. El automóvil viajaba desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia Colón.

Durante el procedimiento, los agentes solicitaron la documentación de los ocupantes. El pasajero que viajaba en el asiento trasero manifestó que no llevaba identificación y, según el informe policial, mostró una actitud hostil cuando le pidieron que descendiera para realizar las averiguaciones correspondientes.

Mientras los efectivos inspeccionaban inicialmente su equipaje, el hombre comenzó a insultarlos e intentó escapar. Fue reducido y quedó bajo custodia policial. Posteriormente, reconoció su nacionalidad uruguaya y manifestó que era buscado por la Justicia de su país.

Con autorización judicial, los policías realizaron una requisa del vehículo y las pertenencias del sospechoso. Durante la inspección encontraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros y un revólver Smith & Wesson calibre .38, ambos con sus numeraciones identificatorias suprimidas.

También secuestraron cargadores, municiones y siete teléfonos celulares. Personal de Drogas Peligrosas intervino ante el hallazgo de sustancias sospechosas, que fueron sometidas a pruebas orientativas y arrojaron resultados preliminares positivos para cocaína.

De acuerdo con el informe inicial, la cantidad total secuestrada fue de 427,3 gramos. Además, encontraron 2.000 dólares estadounidenses, 82.000 pesos uruguayos y 200.000 pesos argentinos, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para las correspondientes pericias.

Lo vinculan con un millonario asalto bancario en Uruguay

El detenido registraba una alerta azul de Interpol y era requerido por las autoridades uruguayas en el marco de investigaciones penales. Entre ellas figuraba su presunta participación en el asalto a una sucursal del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), ocurrido el 24 de agosto de 2026 en Pando, departamento de Canelones.

Según la reconstrucción difundida por las autoridades uruguayas, un grupo de delincuentes llegó al establecimiento en un automóvil Mercedes-Benz. Uno de los integrantes ingresó inicialmente a cara descubierta, simulando ser un cliente, mientras que otros hombres entraron posteriormente con el rostro cubierto.

Los asaltantes redujeron al personal de seguridad, sustrajeron el dinero y escaparon. Las autoridades bancarias determinaron que el botín había ascendido aproximadamente a 10 millones de pesos uruguayos, 70.000 dólares y 90.000 euros.

Después del robo, los sospechosos huyeron en el Mercedes-Benz, que había sido denunciado como robado en octubre de 2025. Durante la fuga, el automóvil chocó sobre la ruta 101, por lo que los ocupantes debieron buscar otro vehículo.

Los delincuentes ingresaron a una vivienda y posteriormente sustrajeron una Fiat Fiorino a una familia. La camioneta fue encontrada más tarde en el barrio Carrasco, en Montevideo.

La investigación permitió identificar a varios presuntos integrantes del grupo y avanzar con detenciones e imputaciones. Entre las personas requeridas figuraba Cuba Vignolo, quien, según información difundida por el Ministerio del Interior uruguayo, registraba antecedentes por rapiña y también era buscado por una causa de homicidio en Montevideo.

La investigación continuará en Entre Ríos

La Fiscalía de Islas del Ibicuy continuará con las actuaciones para determinar las circunstancias en las que el detenido transportaba las armas, los estupefacientes, los teléfonos celulares y el dinero secuestrado.

El Ministerio Público Fiscal informó que permanecían pendientes distintas medidas probatorias. También deberán realizarse las coordinaciones judiciales correspondientes ante los requerimientos existentes en Uruguay.

Mientras avance la investigación, Cuba Vignolo permanecerá detenido durante los 30 días establecidos por la jueza Céspedes, en el marco de la causa iniciada tras el procedimiento policial en Brazo Largo. ElOnce

Una mujer de 57 años fue asesinada durante la mañana de este viernes en Concepción del Uruguay, tras un enfrentamiento con otra mujer de 55 años, quien fue detenida como presunta responsable del homicidio. El hecho ocurrió en un templo en construcción ubicado en el barrio Los Cachetudos y constituye el segundo crimen registrado en la ciudad en pocas horas.

El episodio tuvo lugar en la intersección de Ana Urquiza de Victorica y Ejército de los Andes, donde ambas mujeres se encontraban encargadas de la custodia y el cuidado de un edificio religioso en construcción, publicó 03442.

Según las primeras informaciones policiales, por circunstancias que todavía se investigan, se produjo una discusión entre las dos mujeres que derivó en un enfrentamiento. Como consecuencia, la mujer de 57 años falleció en el lugar.

Tras conocerse el hecho, personal policial y autoridades judiciales acudieron al lugar para iniciar las actuaciones correspondientes. La otra mujer involucrada, de 55 años, fue aprehendida y quedó a disposición de la Justicia mientras se investigan las circunstancias de la muerte.

Hasta el momento, no se informó oficialmente qué elemento habría provocado las lesiones fatales ni cuál fue el motivo de la discusión.

A 10 años del fallecimiento de la joven contadora, la causa por la muerte de Andrea Schlotthauer volvió a dar un giro judicial. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos anuló las resoluciones que habían declarado prescripta la acción penal contra el médico cirujano Carlos Nemec, que fue condenado en primera instancia por homicidio culposo.

La decisión fue dictada el 9 de octubre pasado por la Sala Nº 1 en lo Penal del máximo tribunal provincial. Los vocales Susana Medina, Germán Carlomagno y Laura Soage hicieron lugar a las impugnaciones extraordinarias presentadas por el Ministerio Público Fiscal y la querellante Rosana Lema Olano y el fallo dejó sin efecto la sentencia del 20 de febrero de 2026, mediante la cual la Sala II de la Cámara de Casación Penal había rechazado los planteos de la acusación y confirmado la resolución del juez Tobías Podestá. En agosto de 2025, el magistrado había declarado prescripta la acción penal y sobreseído a Nemec.

Para el Superior Tribunal, el punto central era que la causa ya había superado la etapa de discusión sobre la responsabilidad penal. La condena había adquirido carácter ejecutorio y el expediente se encontraba en la instancia destinada a hacer cumplir la pena. Por ese motivo, entendió que no correspondía volver a analizar la prescripción de la acción penal como si el proceso todavía estuviera en una etapa anterior. La resolución diferenció ese instituto de la prescripción de la pena, que tiene reglas y plazos propios.

La causa se originó en la muerte de Andrea Schlotthauer, ocurrida en Gualeguaychú, y derivó en una investigación por la actuación médica que recibió antes de su fallecimiento. En 2016, Nemec fue condenado por homicidio culposo a un año de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina.

Desde entonces, el expediente atravesó distintas revisiones judiciales. La intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las posteriores decisiones de los tribunales entrerrianos modificaron el rumbo de la causa en más de una oportunidad.

En 2023, Casación había dictado una absolución, pero esa decisión fue posteriormente revisada y la condena volvió a quedar vigente. Luego de agotarse las instancias correspondientes y de ser denegado el recurso extraordinario federal de la defensa, el expediente regresó a Gualeguaychú para avanzar con la ejecución de la pena.

En ese contexto se produjo una nueva controversia. El 13 de agosto de 2025, el juez Podestá declaró prescripta la acción penal y dispuso el sobreseimiento de Nemec. La decisión fue recurrida por la Fiscalía y la querella, pero Casación confirmó el sobreseimiento el 20 de febrero de 2026.

Ambas acusaciones acudieron entonces al Superior Tribunal de Justicia. Sostuvieron que la resolución cuestionada desconocía el estado procesal de la causa y que no correspondía declarar extinguida una acción penal cuando la condena ya se encontraba en etapa de ejecución.

La acción penal y la pena

En sus fundamentos, el Superior Tribunal señaló que la resolución de Casación había recurrido a doctrina y jurisprudencia sobre la prescripción de la acción penal que, aunque válidas en términos generales, no resultaban aplicables a la situación concreta de Nemec.

Los vocales explicaron que la prescripción de la acción penal y la prescripción de la pena son institutos diferentes. La primera se vincula con el plazo para perseguir penalmente un hecho; la segunda, con el plazo durante el cual puede hacerse efectiva una sanción impuesta mediante una condena.

Según el fallo, cuando el expediente regresó a Gualeguaychú ya no correspondía discutir si la acción penal se había extinguido durante la etapa de persecución. La sentencia condenatoria había alcanzado carácter ejecutorio y el trámite se encontraba en una fase posterior.

El Tribunal consideró que el juez de ejecución podía disponer los actos necesarios para cumplir la condena, incluida la inhabilitación para ejercer la medicina, pero no introducir una discusión sobre la duración de la acción penal que correspondía a otra etapa del proceso.

Sobre esa base, el STJ hizo lugar a los recursos de la Fiscalía y la querella y anuló tanto la resolución de Casación del 20 de febrero de 2026 como la decisión de Podestá del 13 de agosto de 2025.

También declaró la nulidad parcial de una resolución anterior del 27 de mayo de 2025, desde su segundo punto resolutivo, y mantuvo la validez de lo dispuesto hasta el primer punto, incluida la aclaratoria del 30 de mayo.

El pronunciamiento no impuso una nueva condena ni volvió a juzgar los hechos atribuidos al médico. Su efecto fue dejar sin sustento las decisiones que habían cerrado la causa por prescripción y restablecer el marco procesal para continuar con la ejecución de la sentencia condenatoria.

Con esta decisión, el máximo tribunal entrerriano dejó atrás el último obstáculo judicial que había surgido a partir de la declaración de prescripción. La causa por la muerte de Andrea Schlotthauer vuelve así al escenario de la ejecución de una condena que atravesó absoluciones, revisiones y nuevos recursos antes de llegar a esta resolución.

La Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) dio a conocer los fundamentos por los que se rechazó la impugnación extraordinaria presentada por los defensores de Juan Enrique Ruiz Orrico contra la sentencia de la Sala II de la Cámara de Casación Penal con asiento en Concordia, dictada el 3 de julio de 2026. Se dieron a conocieron los fundamentos de la resolución.

El Tribunal integrado por los vocales, Miguel Ángel Giorgio, Daniel Carubia y la vocal Claudia Mizawak, confirmó la condena a cinco años y ocho meses de prisión efectiva y nueve años de inhabilitación para conducir vehículos con motor, por el delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y la cantidad de víctimas.

Los jóvenes que fallecieron –Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi- eran trabajadores de un frigorífico que iban a prestar servicio cuando Orrico, a más de 150 kilómetros por hora, se cruzó de carril y los atropelló

En la resolución adoptada se analizaron los planteos de la defensa, que sostuvo que la Cámara de Casación no había realizado una revisión integral y efectiva de los fundamentos utilizados para determinar la pena.

Entre otros aspectos, los defensores cuestionaron la ubicación de la sanción en el tramo superior de la escala penal, la incidencia otorgada a las circunstancias atenuantes y la valoración de determinados factores considerados agravantes, recordaron desde la Justicia a través de un comunicado oficial.

En ese sentido la Sala concluyó que la Cámara de Casación había examinado de manera concreta y exhaustiva los planteos formulados, contrastándolos con los fundamentos de la sentencia de juicio y revisando tanto el método empleado para individualizar la pena como la ponderación de las circunstancias agravantes y atenuantes.

El siniestro fatal ocurrió en la madrugada del 5 de agosto de 2023. Ferrari circulaba al volante de un Volkswagen Golf junto a Valentina como acompañante y tras realizar maniobras imprudentes, chocó contra un árbol en calle Estrada, frente al Corsódromo.

La joven le había manifestado reiteradamente descender del rodado, sin embargo, el conductor le impidió bajarse, maniobró marcha atrás y continuó la conducción a alta velocidad. Instantes después, perdió el control y chocó contra el árbol.

Valentina Díaz sufrió severas lesiones que desencadenaron en la muerte. Los peritajes determinaron además que Ferrari manejaba con 1,14 gramos de alcohol por litro de sangre.

Tras la condena dictada en octubre de 2024, la defensa del imputado elevó un recurso de casación solicitando su absolución o, subsidiariamente, la quita de la figura de privación de la libertad y una pena de ejecución condicional.

En su apelación, la defensa argumentaba que Ferrari era inimputable por sufrir un cuadro psiquiátrico severo que le impedía comprender la criminalidad de sus actos. Asimismo, planteaba la incidencia de la falta de uso del cinturón de seguridad y la patología preexistente de la víctima (miastenia gravis) en el desenlace fatal, cuestionando además la existencia de la privación de la libertad.

Sin embargo, el tribunal de alzada desestimó de manera unánime cada uno de los agravios. Los jueces sostuvieron que las pruebas médicas, los testimonios y los mensajes previos evidenciaron que Ferrari se encontraba consciente, orientado y con capacidad plena de autodeterminación.

Respecto a la privación ilegítima de la libertad, la sentencia remarcó la credibilidad de los testigos que observaron el desesperado intento de Valentina por descender del vehículo antes del choque definitivo.

A su vez, los magistrados concluyeron que el resultado fatal fue generado por la conducción temeraria e imprudente de Ferrari y no por factores externos imputables a la víctima. Con las costas a cargo del recurrente, la condena impuesta en Gualeguaychú quedó plenamente ratificada, pero aún no se encuentra firme y la defensa puede acudir ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Tras abstenerse de declarar, la Justicia dictó la medida cautelar para el único acusado por el disparo que terminó con la vida de Nilo Benjamín Auzqui. Permanecerá en la Jefatura Departamental hasta ser trasladado a la Unidad Penal N° 9.

La Justicia de Garantías de Gualeguaychú resolvió dictar 60 días de prisión preventiva para Cristian Nahuel León, el joven de 23 años imputado por el homicidio agravado de Nilo Benjamín Auzqui, ocurrido en la madrugada del pasado lunes en el barrio Yapeyú.

Durante la audiencia, la Fiscalía fundamentó el pedido basándose en la gravedad del hecho y los riesgos procesales. Tras haberse abstenido de declarar en su indagatoria ante la fiscal Martina Cedrés, León continuará alojado provisoriamente en la Jefatura Departamental. Según informaron fuentes judiciales a El Argentino, una vez que se libere un cupo en el sistema penitenciario, será trasladado formalmente a la Unidad Penal N° 9 (UP9) de Gualeguaychú.

Mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria (IPP) a la espera de los resultados definitivos del dermotest enviado a Paraná y los detalles concluyentes de la autopsia —que determinó que la víctima falleció a causa de una hemorragia interna masiva provocada por un disparo en la zona de la axila izquierda—, los investigadores confirmaron que cuentan con registros fílmicos claves que apuntan directamente a su autoría, descartando por el momento la participación de terceros

En la mañana de este jueves se realizó en los Tribunales de Gualeguaychú ante el juez Mauricio Derudi la audiencia por las medidas de coerción para el sargento de Policía, Mariano Corvalán, que permanece detenido desde el año pasado, tras el trágico episodio que se originó en la casa familiar en Gutenberg y La Rioja.

En esta audiencia, se prorrogó la medida preventiva que se viene aplicando desde el año pasado por otros 20 días, que seguramente no serán los últimos, ya que hasta el momento no se ha fijado fecha para la realización del juicio en su contra y la intención del fiscal Jorge Gutiérrez es que este hombre de 39 años llegue al debate oral y público privado de su libertad.

Al acusado se le han practicado diversos estudios. Se le realizó una tomografía computada e intervinieron un psiquiatra, un médico legista y un neurólogo, pero aún resta conocer el informe de esos profesionales para dictaminar si Corvalán puede permanecer alojado en la cárcel sin sufrir un deterioro de su salud, porque habría versiones de que estaría atravesando un problema de depresión.

Una vez que finalice el tiempo dispuesto por el juez Derudi, y con el dictamen de los profesionales de la salud, se podrá determinar si continuará alojado en una prisión o le corresponde otro tipo de atención.

En las pericias psicológicas psiquiátricas que realizaron los especialistas en la etapa investigativa, no se pudo tener certeza del grado de atención que podría mantener el acusado al enfrentar un debate que se prolongará por varios días y con jornadas de varias horas. Fue ante esto que el juez de Garantías, Ignacio Telenta, en la audiencia de remisión a juicio que se realizó a fines de mayo, solicitó que los especialistas se pronunciaran sobre el tipo de tratamiento de rehabilitación que debería afrontar para llegar de la mejor manera al debate.

Pero en esa ocasión, lo más importante fue el cierre de una etapa muy importante. La investigación del caso está completa y ahora se espera que el Tribunal de Juicios de Gualeguaychú fije una fecha para la realización del juicio por el que enfrentará una pena de hasta 15 años de cárcel.

Sin dudas fue el caso policial más significativo del 2025. Lo sucedido el domingo 24 de agosto en la casa de calle Gutenberg y La Rioja conmocionó a toda la ciudad. Esa noche, el sargento Mariano Corvalán le disparó con su arma reglamentaria a su esposa Carolina Huck. Luego llamó al Comando Radioeléctrico contando lo sucedido y requiriendo una ambulancia. Cuando el personal médico arribó al domicilio, él mismo ayudó a cargar a su esposa y antes que llegara el móvil de la Comisaría Cuarta, se disparó en la puerta de su casa.

El panorama era trágico. Los dos estaban vivos, gravemente heridos ambos y parecían tener los minutos contados. Ella tenía una lesión abdominal y Corvalán se había disparado en el mentón. El proyectil ingresó por la parte baja de la mandíbula, en dirección ascendente, con orificio de salida en la parte frontal derecha.

Fueron intervenidos quirúrgicamente y ambos permanecieron en grave estado en Terapia Intensiva. Las expectativas de sobrevida eran poco optimistas y las siguientes 72 horas eran determinantes. El estado de salud del policía de 38 años y de su esposa de 31, era de extrema gravedad. Ella tenía una lesión toracoabdominal. Se le extrajo el bazo y tenía comprometidos los pulmones. En tanto, Corvalán tenía una lesión cerebral, e incluso tuvo pérdida de masa encefálica.

Pero transcurridas las primeras 24 horas, la situación cambió. Los dos mostraron estabilidad dentro de sus críticos pronósticos. El disparo que se ejecutó Corvalán había roto las meninges en el lóbulo frontal y gracias al trabajo que realizó el neurocirujano en la primera intervención se logró mantenerlo con vida. Estuvo sedado para su adaptación al respirador mecánico y en ese primer día de internación mostró buenos parámetros bioquímicos y signos vitales.

Una semana después del terrible hecho, y contra todos los pronósticos de recuperación, Carolina Huck y Mariano Corvalán, abandonaron la Terapia Intensiva y fueron trasladados a una sala común del Hospital Centenario para seguir con la recuperación. Corvalán perdió un ojo, pero fue Huck la que se llevó la peor parte: durante su internación se confirmó que había sufrido “una sección completa de médula con paraplejia”, que le dejó una parálisis de ambos miembros inferiores.

Desde septiembre, Carolina inició un proceso de recuperación en un centro de neurología y recuperación psicofísica en Galarza, en el cual tiene depositadas todas sus esperanzas para hacer frente a un futuro completamente diferente al que conocía. Pero antes de hacer frente a ese proceso se reunió con el fiscal Gutiérrez y le contó todo lo sucedido en ese domingo de fines de agosto.

La profesora de Educación Especial relató que ese día, Corvalán se levantó temprano para ir a trabajar, regresó pasado el mediodía para descansar porque por la noche volvía a trabajar en la Policía, mientras que ella se fue por la tarde a un cumpleaños. Cuando regresó se puso a trabajar en unas tareas de sus alumnos que debía entregar y fue en ese contexto que comenzó la discusión que terminó en tragedia.

Corvalán le recriminaba a ella que trabajaba mucho, pero esta situación se presentaba porque para ella era necesario para cubrir las necesidades económicas. Se le hacía imposible trabajar sólo por las mañanas, como el hombre pretendía. Incluso, dos compañeras de trabajo, que también declararon en la causa, ratificaron esto, que las discusiones giraban en torno a lo económico y la crianza de su hija de 5 años.

Corvalán fue el primero de ambos en dejar el Hospital Centenario. A la semana de haber sido operado de urgencia y de permanecer las primeras horas en un coma, salió de la Terapia Intensiva y siete días después dejó la sala común donde había sido alojado. Desde entonces permanece en la Comisaría del Menor y Violencia Familiar con prisión preventiva.

Por el hecho, el personal de la Jefatura Departamental de Policía detuvo a una joven de 21 años, expareja de la víctima, quien permanece señalada como la principal sospechosa del homicidio.

Según informó el jefe de la Policía Departamental, Héctor Martínez, la intervención de la fuerza comenzó alrededor de las 19:10 tras recibir un llamado de alerta sobre una persona herida en la intersección de las calles Reibel y Castelli. Al arribar los primeros móviles al lugar, los efectivos constataron que el lesionado ya había sido trasladado de urgencia por particulares hacia el hospital.

Altamirano ingresó al nosocomio con una grave lesión en la región torácica y, a pesar de los esfuerzos médicos realizados para salvarle la vida, horas más tarde se constató su deceso.

Cómo fueron los hechos

De acuerdo con las primeras investigaciones basadas en testimonios de familiares directos, el incidente se desencadenó en una vivienda ubicada sobre calle Tucumán al 1300. Allí, el hombre mantuvo una discusión con su expareja; al encontrarse ambos en la vía pública, la mujer lo habría agredido con el arma blanca para luego darse a la fuga de forma inmediata.

Con los datos de la identidad y la vestimenta de la sospechosa, la Policía inició un rastrillaje por la zona que arrojó resultados clave para la causa. En lo que respecta al secuestro de evidencia, los uniformados hallaron en el sector del cementerio local un par de zapatillas que pertenecerían a la agresora y un cuchillo con aparentes manchas hemáticas, elementos que serán sometidos a peritajes.

En cuanto a la detención, tras una intensa búsqueda, la joven de 21 años fue localizada y arrestada en una vivienda situada sobre calle 9 de Mayo al 200, a unas dos cuadras del cementerio donde se había resguardado.

La investigación del caso quedó en manos de la fiscal Micaela Di Pretoro, quien dispuso el traslado y alojamiento de la aprehendida en una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia. Además, la fiscalía ordenó la realización de la autopsia correspondiente para establecer con precisión científica la causa de la muerte.

Durante la jornada, personal de la Policía Científica trabajó en la escena del crimen, en el sitio del hallazgo de las pruebas y en el hospital local, donde se procedió además al secuestro de las prendas de vestir de la víctima para las pericias de rigor. Ahora/El Entre Ríos / San José Web

El abogado Augusto Lafferriere confirmó que asumirá la defensa de Pablo Laurta en la causa que se tramita en Entre Ríos por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio. La novedad marca un cambio respecto de la situación planteada semanas atrás, cuando el letrado había revelado que fue designado por el acusado sin haber mantenido contacto previo con él y que aún no había decidido si aceptaría representarlo.

A fines de mayo, en diálogo con Elonce, Lafferriere explicó que tomó conocimiento de la designación mediante una notificación judicial y calificó la situación como "atípica". En aquella oportunidad aseguró que no conocía personalmente a Laurta y que tampoco había mantenido conversaciones con él ni con integrantes de su entorno.

"Generalmente primero tengo un diálogo con el cliente y después se formaliza la designación", había explicado entonces el abogado, quien señaló que antes de aceptar cualquier defensa necesitaba entrevistarse con el acusado y conocer su versión de los hechos.

La defensa quedó encaminada

Ahora, Lafferriere confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que asumirá la representación de Pablo Laurta en la causa entrerriana, aunque aclaró que todavía resta completar algunos pasos procesales para formalizar su intervención dentro del expediente.

Según detalló, el acusado deberá ser trasladado a Concordia para ratificar la proposición de defensor realizada previamente ante autoridades penitenciarias. Además, indicó que el próximo martes 16 de junio se desarrollará una audiencia vinculada a una pericia caligráfica.

"Se hará una audiencia para la formación del cuerpo de escritura", explicó el letrado, medida que permitirá avanzar con la formalización de su designación como defensor.

Una pericia clave para la investigación

La audiencia prevista para la próxima semana está relacionada con una serie de anotaciones en papel que fueron secuestradas durante la detención de Pablo Laurta.

Los investigadores buscan determinar si esos escritos pertenecen al acusado, por lo que solicitaron una pericia caligráfica que permita comparar la documentación secuestrada con muestras de escritura obtenidas oficialmente.

En ese contexto, la fiscalía continúa incorporando elementos de prueba dentro de la investigación. "La fiscalía está recopilando evidencias para luego pedir la remisión a juicio oral de la causa", indicó Lafferriere.

La causa que sigue abierta en Entre Ríos

Mientras la Justicia de Córdoba ya elevó a juicio la causa por los asesinatos de Luna Giardina y Mariel Zamudio, en Entre Ríos continúa la investigación por el homicidio de Martín Sebastián Palacio.

La causa busca determinar la responsabilidad de Pablo Laurta en el crimen del remisero ocurrido antes de que viajara hacia Córdoba, donde posteriormente se produjeron los asesinatos de su expareja y de la madre de ella.

La provincia de Misiones atraviesa horas de dolor e indignación tras el hallazgo del cuerpo de Dulce María Beatriz Candia, la adolescente de 17 años que era intensamente buscada desde el pasado 17 de mayo. El macabro descubrimiento se produjo el 28 de mayo en una construcción abandonada del barrio El Tucán, en la ciudad de Eldorado, donde efectivos de la Unidad Regional III realizaban un operativo de búsqueda.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, la joven habría sido víctima de un ataque sexual y posteriormente asesinada. La autopsia realizada confirmó que Dulce murió por asfixia mecánica, descartando otras hipótesis y convirtiendo la causa en una investigación por homicidio.

El caso está bajo la supervisión de la jueza de Instrucción María Laura Rodríguez, quien coordina las actuaciones de la División Policía Científica y de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones. Los investigadores trabajan en la reconstrucción de los últimos movimientos de la adolescente y en la recolección de pruebas que permitan identificar a los responsables.

Por el momento, no se informó sobre personas detenidas ni se dieron a conocer detalles precisos de las circunstancias en las que ocurrió el crimen. Sin embargo, las autoridades señalaron que no se descarta ninguna línea investigativa y que se intensificaron las tareas para esclarecer el hecho.

El hallazgo provocó una profunda conmoción en Eldorado y en toda la provincia. Familiares, amigos y vecinos se movilizaron para exigir justicia y respuestas inmediatas. El caso reavivó el reclamo por mayor protección hacia niñas y adolescentes, en un contexto de creciente preocupación por la violencia de género y los femicidios.

La comunidad se expresó con dolor y bronca, reclamando que la muerte de Dulce no quede impune. “Queremos justicia, queremos saber quiénes fueron y que paguen por lo que hicieron”, señalaron allegados a la joven en las primeras manifestaciones públicas.

Mientras la investigación avanza, el pedido es unánime: verdad y justicia para Dulce Candia. Su asesinato vuelve a encender las alarmas sobre la necesidad de políticas más firmes de prevención y protección, y deja en evidencia la urgencia de respuestas institucionales frente a la violencia que sufren las adolescentes en la provincia.

Nahir Galarza volvió a ocupar el centro de la escena mediática tras conceder una entrevista exclusiva desde la Unidad Penal Nº 6 de Paraná, donde cumple prisión perpetua por el homicidio de Fernando Pastorizzo. A casi un año de su última aparición pública, la joven volvió a hablar sobre el crimen ocurrido en diciembre de 2017 en Gualeguaychú y dejó una serie de definiciones sobre su presente y su responsabilidad en el hecho.

La entrevista fue realizada por el periodista especialista en policiales Paulo Kablan y la influencer Nati Jota para el canal de streaming OLGA, que viajó a Paraná para concretar el encuentro.

También realizó una autocrítica sobre su comportamiento en aquella etapa de su vida. “Creo que era muy inmadura”, manifestó, al tiempo que aseguró que todavía le cuesta reconocerse en algunas actitudes del pasado.

“No puedo creer que haya sido tan mala persona, porque yo no soy así”, reflexionó durante el reportaje.

En aquella oportunidad, descartó las versiones que intentaban responsabilizar a su padre y ratificó que ella fue la única autora del homicidio de Fernando.

Además, reiteró que durante la relación sufrió situaciones de violencia de género y cuestionó la forma en que su figura fue retratada públicamente durante el proceso judicial.

Aunque aseguró sentirse “re condenada” socialmente, explicó que ya no busca nuevas apelaciones judiciales y que su objetivo actual es obtener una reducción de la pena mediante los mecanismos legales vigentes.

Asimismo, afirmó que, si tuviera la posibilidad, le pediría perdón “de corazón” a la familia de Fernando Pastorizzo.

La entrevista completa será difundida este martes a las 19 y genera expectativa por las nuevas declaraciones que pueda brindar la condenada sobre uno de los casos policiales más impactantes de los últimos años en Argentina.

Fuente: ElOnce

Este lunes comenzó en el Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires el juicio por el triple lesbicidio e intento de asesinato ocurrido en Barracas en mayo de 2024. El único acusado es Justo Fernando Barrientos, detenido en el penal de Ezeiza, señalado como responsable de lanzar una bomba molotov que provocó un incendio en la pensión de la calle Olavarría al 1600, donde vivían Pamela Cobbas, Andrea Amarante, Roxana Castro y Sofía Castro Riglos.

Las audiencias iniciarón a las 9:30 con la declaración de unos 20 testigos, entre vecinos, policías y peritos. Sofía, la única sobreviviente, no comparecerá por recomendación médica, aunque allegados señalaron que su deseo más profundo sería declarar. La segunda citación será el 22 de mayo y las siguientes se realizarán cada diez días hábiles.

La acusación contra Barrientos está caratulada como “triple homicidio agravado por odio de género y orientación sexual, con alevosía y ensañamiento, y por un medio idóneo para crear un peligro común, en concurso real con homicidio en grado de tentativa”. La querella había solicitado que se lo juzgue por cuádruple homicidio doblemente agravado por violencia de género (femicidio) y odio a la orientación sexual (lesbicidio), cuya pena en expectativa es la prisión perpetua.

El Ministerio Público Fiscal pidió que se apliquen los agravantes de prejuicio hacia las víctimas, la alevosía y el peligro común. “Hay elementos de prueba suficientes que demuestran que para el acusado fue determinante la orientación sexual de las víctimas para perpetrar el ataque”, remarcaron fuentes judiciales.

Pamela falleció el 7 de mayo de 2024 en el Instituto del Quemado, un día después del incendio. Roxana murió dos días más tarde con el 90% de su cuerpo quemado, mientras que Andrea, de 42 años y oriunda de Neuquén, perdió la vida tras cinco días de agonía en el Hospital Penna. Sofía sobrevivió luego de permanecer internada un mes con graves quemaduras.

Organizaciones feministas y de derechos humanos acompañarán el inicio del juicio, reclamando justicia por las víctimas y visibilizando la violencia ejercida por odio a la orientación sexual. El proceso judicial se convierte en un caso testigo para el reconocimiento del lesbicidio como figura agravante en los crímenes de odio.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas

Un crimen en Colonia San Lorenzo conmocionó al departamento Federal, luego de que un hombre de 58 años muriera tras recibir un disparo en medio de una violenta discusión familiar, ocurrida en el ingreso a un establecimiento rural ubicado, a mil metros de la Ruta Nacional 127. Por el hecho, quedó detenido su sobrino, de 32 años, quien se presentó voluntariamente ante la Justicia acompañado de un abogado defensor.

De acuerdo a la información conocida de manera extraoficial, el episodio ocurrió cuando el joven se encontró con su tío, frente a la tranquera de ingreso a un campo, ya que ambos, involucrados residen en las inmediaciones. Tras un intercambio de palabras, la víctima habría atacado al sobrino con un cuchillo, provocándole heridas "contuso-cortante".

Siempre según la reconstrucción preliminar, el hombre de 32 años extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo que impactó en su tío, causándole la muerte en el lugar. El cuerpo del hombre de 58 años fue identificado como José Oscar Cassette, una persona con un antecedente muy particular.

Investigación y operativo policial

Los investigadores trabajaron durante varias horas en la recolección de pruebas y testimonios para determinar cómo se produjo la secuencia fatal. El cuerpo de Cassette fue trasladado a la morgue de Federal, donde se realizará la autopsia para establecer las heridas que causaron la muerte.

Según confirmó a ElOnce el jefe Departamental de la Policía de Federal, comisario Marcelo Della Giustina, los efectivos secuestraron dos armas de fuego (de puño) en el lugar, sobre las cuales, se realizarán peritajes. Uno de los puntos centrales será establecer si el disparo ocurrió en un contexto de legítima defensa y otros detalles de cómo se desencadenó el crimen.

Un apellido ligado a un antecedente criminal

El caso volvió a poner en escena el apellido Cassette, recordado por un violento crimen ocurrido en Paraná en 2012. El 13 de junio de 2016, José Oscar Cassette fue condenado en juicio abreviado a ocho años de prisión por el homicidio del agente penitenciario Juan Francisco Lazaga.

El hecho había ocurrido el 9 de marzo de 2012 sobre avenida Almafuerte, a pocos metros de Cinco Esquinas. Según la investigación judicial, Lazaga circulaba en motocicleta junto a su esposa cuando protagonizó una discusión de tránsito con los ocupantes de una camioneta Toyota Hilux.

De acuerdo al expediente, tras varios intercambios de insultos y maniobras agresivas, los hombres descendieron del vehículo armados con cuchillos de importantes dimensiones. Lazaga sufrió heridas mortales en el pecho, abdomen y tórax. Los atacantes escaparon del lugar en medio del tránsito vehicular hasta ser posteriormente identificados y detenidos.

En aquella causa, José Oscar Cassette recibió una condena de ocho años de prisión por homicidio simple y fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú. En tanto, Miguel Ángel Medina fue sentenciado a un año de prisión condicional por encubrimiento agravado en grado de tentativa.

El crimen del agente penitenciario generó una fuerte repercusión pública en Paraná debido a la violencia del ataque y a las circunstancias en las que ocurrió el asesinato. La viuda de Lazaga había declarado durante la investigación que la agresión se desencadenó luego de una discusión por maniobras de tránsito.

La Justicia de Santa Fe sobreseyó este martes a uno de los menores implicados en el asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que murió tras recibir 23 puñaladas en Santo Tomé el 18 de diciembre de 2025.

El caso está caratulado como homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y concurso premeditado de dos o más personas, delitos cuya única pena en expectativa es la prisión perpetua.

Milagros A., de 16 años, permanece alojada en un reformatorio de Rosario y es la única menor imputada. También está acusada como partícipe secundaria del asesinato su madre, Nadia Juárez, quien continúa detenida en una cárcel de mujeres de la misma ciudad.

El crimen de Monzón generó gran conmoción en la provincia de Santa Fe, no solo por la brutalidad del ataque —la víctima recibió más de 20 puñaladas— sino porque fue perpetrado por menores y quedó registrado en video.

La vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, impuso la pena de prisión perpetua a Cristian Gabriel Hernández, a quien un jurado popular declaró culpable el 22 de abril pasado del delito de “Homicidio agravado por el vínculo”, y condenó a 16 años de prisión de cumplimiento efectivo a Ariana Gisela González, por haber sido declarada penalmente responsable del delito de “Homicidio agravado por el vínculo en circunstancias extraordinarias de atenuación”.

La resolución fue adoptada en el marco del legajo “González, Ariana Gisela-Hernández, Cristian Gabriel S/Homicidio agravado por el vínculo”. Además, la magistrada resolvió no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua formulada por el defensor oficial Rodrigo Juárez, quien asistió a Hernández.

La jueza Castagno dispuso también, hasta que la sentencia quede firme, la prórroga de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario de Hernández -que deberá contar con un dispositivo electrónico- y de González.

La audiencia de cesura, durante la cual las partes plantearon sus argumentos sobre la pena que deberían cumplir los imputados, se efectuó en los Tribunales de Paraná el 23 de abril pasado. Ese día las fiscales Valeria Vilchez y Evangelina Santana pidieron la pena de prisión perpetua para Hernández y la condena a 23 años de prisión para González.

"Violencia extrema"

Durante el juicio, la fiscal Evangelina Santana brindó un relato estremecedor, afirmando que "a Kathaleya la destruyeron González y Hernández". La pequeña apenas tenía dos meses.

Según expresó, la beba sufrió agresiones repetidas durante semanas que le provocaron 18 lesiones externas y múltiples lesiones internas, incluyendo cinco costillas rotas y sangrado en la cabeza y ojos. La muerte de la pequeña ocurrió el 12 de octubre de 2021, tras ingresar al Hospital Militar de Paraná con gravísimas lesiones que la ciencia forense ahora deberá explicar ante el jurado popular. Todo ocurrió en la casa que compartían sobre las calles Arroyo Correntoso y Medrano, de la capital entrerriana.

La investigación por el confuso episodio ocurrido en la habitación 10 del Motel Torremolinos de Paraná sumó en las últimas horas un giro clave: Florencia Pisano fue formalmente imputada por el delito de homicidio simple, que prevé una pena de entre ocho y veinticinco años de prisión.

La audiencia se realizó en el domicilio de la mujer, quien aún se recupera tras haber recibido dos disparos en la zona bucal. Pisano, acompañada por su abogado defensor Milton Urrutia, se abstuvo de declarar.

La fiscal Patricia Yedro dispuso medidas de coerción que incluyen la prohibición de salir de su vivienda y la obligación de informar cualquier movimiento. Además, Pisano entregó el patrón de desbloqueo de su celular para que la justicia pueda avanzar en el análisis de sus últimas comunicaciones.

La mujer había recibido el alta médica el jueves 16 de abril, tras permanecer internada en terapia intensiva del Hospital San Martín desde el 9 de marzo. Su delicado estado de salud obliga a que las diligencias judiciales se realicen en su domicilio.

Hipótesis y dudas en la causa

La principal hipótesis de la fiscalía sostiene que Pisano habría disparado contra Gustavo Leonardo Lussa, de 54 años, hallado muerto con un tiro en la nuca, y luego intentado quitarse la vida. Sin embargo, los dermotest practicados dieron resultado negativo tanto en ella como en la víctima, lo que abre la posibilidad de que una tercera persona haya estado presente en la escena.

Fuentes de la investigación revelaron que Lussa había recibido amenazas meses antes del hecho y que la mañana del 9 de marzo un desconocido preguntó por él en su casa. También trascendió que Pisano había sido pareja de un hombre vinculado a una familia bajo investigación por narcotráfico.

Próximas medidas

La fiscal Yedro ordenó pericias sobre el arma calibre .32 encontrada junto al cuerpo y sobre los celulares secuestrados de ambos protagonistas. Los testimonios de empleados del motel, las visitas previas de la pareja y el vehículo Fiat Strada Adventure blanca en el que solían llegar al lugar son piezas que aún no encajan en el rompecabezas.

El expediente, lejos de cerrarse, se abre a nuevas líneas de investigación que podrían vincular el caso con amenazas previas y entramados delictivos más amplios. La sociedad espera respuestas sobre un episodio que, por ahora, sigue rodeado de incógnitas. Ahora

Un hombre de 81 años, identificado como Ramón Tejera, fue hallado sin vida en los studs del hipódromo de Camba Paso. El cuerpo fue encontrado por personas que habían concurrido al lugar para cuidar y alimentar a sus caballos, quienes comenzaron a percibir un fuerte olor. Ante esta situación, se dirigieron hacia el sector donde residía el cuidador del predio y, al ingresar, advirtieron un charco de sangre, por lo que dieron inmediato aviso a la Policía.

De acuerdo a las primeras informaciones, se presume que el hombre habría sido asesinado tras recibir un golpe en la cabeza, y que el deceso se habría producido al menos 48 horas antes, aunque será la autopsia la que determine con precisión la causa y circunstancias del hecho.

En cuanto al presunto autor, las tareas investigativas y los testimonios recabados apuntaron a un amigo de la víctima como principal sospechoso. Según indica Concordia Policiales, se trata de un hombre de 65 años, retirado de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento se concretó pasadas las 23 horas en una vivienda del barrio Los Pájaros, sobre calle Los Mirlos y Los Ruiseñores, donde se secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos una tarjeta de débito y otros objetos pertenecientes a la víctima. A raíz de lo incautado, los fiscales dispusieron la detención del sospechoso, identificado como Rodolfo Ernesto De Madeiro, quien quedó a disposición de la Justicia. ElOnce

Se confirmó esta tarde, la captura de Nicolás Alexander Acosta -alias "Nino", quien es sospechado de ser el presunto autor del homicidio del sereno en Colón. Así lo indicaron a Elonce fuentes policiales y avanza la investigación del crimen ocurrido en una obra en construcción, donde el cuerpo de la víctima fue hallado oculto en el subsuelo, envuelto en frazadas, cubierto con cal y detrás de una pared.

El fiscal Alejandro Perroud confirmó a Elonce que la detención se concretó pasado el mediodía en la misma ciudad, tras un rápido avance de las tareas investigativas. El hecho conmocionó a la comunidad luego del macabro hallazgo registrado en un edificio en construcción.

Según explicó el fiscal, la intervención judicial comenzó tras detectarse indicios sospechosos en el lugar, como manchas de sangre y olores nauseabundos que alertaron a trabajadores de la obra.

“Hace aproximadamente una hora, se procedió a la detención de una persona que está sospechada de tener alguna vinculación con este hecho”, sostuvo Perroud, quien detalló que la captura se logró en la ciudad de Colón, luego de haber librado pedidos de detención y comunicaciones a nivel nacional e internacional.

Hallazgo del cuerpo y primeras hipótesis

De acuerdo a lo reconstruido por los investigadores, el cuerpo fue encontrado en un sector del subsuelo del edificio, oculto de manera deliberada. Estaba envuelto en frazadas, cubierto con cal y escondido detrás de una pared recientemente levantada, lo que evidenció una clara intención de ocultar el crimen.

El fiscal relató que los primeros indicios surgieron cuando personal de la constructora acudió al lugar para continuar tareas y notó “algunas manchas de sangre en lo que sería la escena primaria del crimen” y posteriormente un fuerte olor que provenía de la zona inferior.

“Fue lo que indicaba que claramente podía llegar a haber un cuerpo en estado de descomposición, como finalmente ocurrió”, explicó el funcionario judicial a Elonce, quien remarcó la complejidad del escenario con el que se encontraron los peritos.

Identidad de la víctima y contexto

“Si bien la víctima aún no fue identificada formalmente, por el estado del cuerpo, todos los elementos recolectados permiten presumir que se trata del sereno de la obra, un hombre de nacionalidad paraguaya de 52 años”, dijo Perroud a Elonce y agregó que autoridades de la constructora señalaron que hacía varios días no concurría a trabajar. Según se indicó, hacía varios días que no se tenía contacto con él.

Perroud aclaró que no existía una denuncia previa por su desaparición debido a que el hombre no tenía familiares en Argentina. “Tiene una hermana en Uruguay y algún otro familiar en Paraguay, pero aquí en el país no tenía familiares y por eso, no se detectó antes su ausencia”, señaló y aclaró que “la gente que tenía a cargo la construcción del edificio, no tenía contacto con el sereno desde hacía varios días”.

Esta situación habría contribuido a que su ausencia pasara desapercibida durante varios días, hasta que el avance del olor “muy fuerte” y los rastros de sangre en la obra pusieron en evidencia que algo anormal había ocurrido.

Data de muerte y pericias forenses

Respecto al momento en que se produjo el crimen, el fiscal indicó que aún no se cuenta con una fecha precisa porque todavía no se hizo la autopsia, aunque estimó que habría ocurrido a fines de marzo. “El 31 de marzo había sido la última noticia que se tuvo de este hombre”, precisó a Elonce.

La confirmación llegará con la autopsia, que fue programada para realizarse en Paraná. “No tenemos todavía una data de muerte, eso lo vamos a tener con la autopsia que se concretará el día jueves”, explicó Perroud.

No obstante, un examen preliminar realizado por el médico forense permitió detectar lesiones significativas. “A simple vista se nota un fuerte traumatismo en el cráneo que podría haber ocasionado la muerte”, adelantó el fiscal al dialogar con este medio, sobre la presunta causa de la muerte del sereno.

El detenido y su vínculo con la víctima

En las primeras horas de la investigación, se logró identificar a un sospechoso que fue finalmente detenido en Colón. Según se pudo reconstruir, el hombre frecuentaba la obra y mantenía contacto con la víctima.

“El sospechoso frecuentaba esa obra, que el sereno solía darle algún trabajo para que realice tareas menores, pero no era empleado”, explicó Perroud, quien subrayó que este dato fue clave para orientar la investigación.

Además, testimonios y registros de cámaras de seguridad ubicaron al detenido en el lugar y permitieron reconstruir una relación conflictiva entre ambos. “Era una relación un poco violenta o que podrían haber tenido algún altercado previo”, señaló el fiscal sobre la relación entre el detenido y el sereno.

Al respecto, agregó que dicha situación, “refuerza nuestra hipótesis de que esta persona, tendría una vinculación directa con el hecho”, dijo Perroud.

Avances de la investigación y próximos pasos

Con la detención concretada, la causa avanzará en las próximas horas hacia la instancia de imputación. El fiscal anticipó que el sospechoso será indagado en un plazo de 48 horas.

“En el término de 48 horas le vamos a recibir declaración de imputado a esta persona y luego la prisión preventiva”, indicó el funcionario judicial a Elonce.

En paralelo, continuarán las tareas investigativas con el análisis de cámaras de seguridad, la recolección de testimonios y el estudio de los movimientos del teléfono del detenido, con el objetivo de reconstruir con precisión la secuencia del crimen.

Un caso que conmociona

El homicidio del sereno generó fuerte impacto en la comunidad de Colón, tanto por la violencia del hecho como por las condiciones en las que fue ocultado el cuerpo. La modalidad empleada evidenció un intento de encubrimiento que ahora es materia de análisis judicial.

Mientras se aguardan los resultados de la autopsia y nuevas pericias, los investigadores buscan determinar con exactitud cómo se produjo el ataque y si hubo participación de otras personas.

Por el momento, el detenido no brindó declaraciones. “Esto es muy reciente”, concluyó el fiscal, dejando en claro que la investigación continúa en pleno desarrollo.

Llegó a su fin, y sin necesidad de realizar un juicio oral y público, el caso por el cual se investigaba el homicidio de Raúl Scherer. Hernán Morales sabía que no iba a tener posibilidades en un juicio por jurado porque las evidencias en su contra eran abrumadoras y por ello decidió adecuarse a un juicio abreviado para evitar el máximo de la pena.

Las condiciones son claras: debía confesar el hecho y renunciar a toda instancia de apelación, dejando firme inmediatamente la sentencia. Para ello también es necesario contar con la aprobación de la familia damnificada, y con esto se acortan instancias que pudieran aletargar cualquier proceso penal.

De esta manera, Morales, que ya se encontraba cumpliendo con una prisión preventiva en la Unidad Penal 9, seguirá su estadía por más de una década en la cárcel de Gualeguaychú sin derecho a tratar de lograr una disminución de la pena.

Una fiesta que terminó en tragedia

Raúl Scherer fue asesinado de un disparo el día y la noche que disfrutaba de su jubilación. Tenía 69 años esa madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025 cuando Hernán Morales le disparó con un arma que fue a buscar hasta su casa, molesto porque lo habían echado de la fiesta.

Dos Hermanas es una localidad del departamento Gualeguaychú, cercana a la jurisdicción de Larroque, que se caracteriza por su tranquilidad. Pueblo rural, de viviendas alejadas y con la vida social propia de este tipo de parajes. En este contexto, ese primer fin de semana de noviembre se realizaba una fiesta en la casa de los Scherer, por la celebración de un cumpleaños de un sobrino y la jubilación de la víctima, pero todo terminó de la peor forma.

Morales, de 29 años, estuvo radicado en Buenos Aires durante un tiempo, internado por problemas de adicciones, pero en los últimos meses había regresado a vivir junto a su madre y su padrastro, que estaba como encargado del establecimiento San Antonio, ubicado a un kilómetro de la casa de los Scherer.

Morales ya venía con problemas. Tenía denuncias por violencia de género, radicadas por su ex pareja y sabiendo estos antecedentes, no estaba invitado al festejo porque la joven iba a estar en el lugar. Pero se apareció igual y fue allí donde se encontró con la mujer y comenzaron los problemas.

Empezó a molestarla y hubo una discusión muy fuerte con un tercero, por aparentes celos; y fue en ese marco que el dueño de casa lo echó, pero Morales se fue amenazando que volvería y que la situación se iba a poner peor. Fue así que caminó hasta el puesto que tiene su padrastro en el establecimiento y sacó dos armas: una escopeta y una carabina, y regresó hasta el lugar. Desde antes de ingresar comenzó a disparar. Había un centenar de personas en el festejo, por lo que esos disparos podrían haber impactado en cualquiera, pero fue en el cuerpo de Raúl Alfredo Scherer que tuvieron un resultado mortal.

Un proyectil impactó en la zona inguinal derecha de la víctima, que produjo una hemorragia inmediata con shock hipovolémico, que derivó en una falla renal multiorgánica. Uno de sus hijos lo cargó en una camioneta y lo llevó hasta Larroque, pero los médicos del Hospital San Isidro Labrador no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

La Policía fue alertada de inmediato de lo sucedido y cuando llegaron al lugar se cruzaron con la camioneta del padrastro de Morales, que lo trasladaba al hospital para atenderlo de las lesiones que sufrió tras el ataque. La Policía de Larroque adujo que fue el padrastro de Morales quien lo lesionó de un golpe en la cabeza con un fierro para quitarle las armas y calmarlo.

Fue hospitalizado y permaneció en Terapia Intensiva del Hospital Centenario de Gualeguaychú, pero fue por unos días porque para la tarde del 5 de noviembre recibió el alta y fue llevado a declarar ante la fiscal subrogante Emilce Rivollier, que le tomó declaración por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego y luego se resolvió su preventiva en el Juzgado de Garantías.

Desde entonces esperaba en la Unidad Penal de Gualeguaychú por el juicio que la fiscal Martina Cedrés iba a llevar adelante, pero antes que ello ocurra decidió adecuarse al procedimiento abreviado.