Un operativo vehicular realizado este viernes por la tarde sobre la Ruta Provincial 16, en el acceso al camino a Villa Lila, culminó con el secuestro de un arma de fuego sin la documentación exigida por la ley.

Durante el procedimiento, personal de la Brigada Perdices (Departamento Gualeguaychú) y de la División Operaciones y Seguridad Pública de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales interceptó una camioneta Chevrolet S-10. En el vehículo se trasladaban dos hombres mayores de edad, oriundos de Gualeguaychú.

Al inspeccionar la unidad, los efectivos detectaron una escopeta calibre 16 oculta en el asiento de la carrocería. Al no contar con las autorizaciones correspondientes, se dio inmediata intervención a la Fiscalía de turno.

El fiscal interviniente dispuso la identificación de los ocupantes, el secuestro del arma como elemento probatorio e inició actuaciones por presunta tenencia ilegal de arma de fuego. La causa continúa en etapa investigativa.

En un operativo de control vehicular y poblacional realizado durante la madrugada de este domingo, personal de la Brigada Arroyo El Cura, dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, intervino en un procedimiento que culminó con el secuestro de dos armas de fuego. Las actuaciones judiciales se iniciaron por el presunto delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

El dispositivo de prevención tuvo lugar sobre la Ruta Ex Provincial 42. En ese punto, los efectivos policiales detuvieron la marcha de una camioneta Ford Ranger en la que se trasladaban dos hombres mayores de edad, quienes evidenciaron un marcado estado de nerviosismo al momento de ser interceptados por los uniformados para el correspondiente control de rutina.

Ante el hallazgo, se dio inmediata intervención al fiscal de turno de la Unidad Fiscal de Investigación jurisdiccional, el Dr. Fernando Ochoa. El magistrado dispuso la correcta identificación de los involucrados, el secuestro formal de la escopeta por infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino y el decomiso del fusil y la carne en el marco de la Ley Provincial de Caza N.º 4.841. Desde la fuerza destacaron que estas tareas rurales se ejecutan de forma permanente para combatir la caza furtiva en el departamento.

La Prefectura Naval Argentina intensificó su despliegue operativo sobre el río Uruguay, en la zona de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, con el objetivo de reforzar la seguridad de la navegación y prevenir delitos. En ese marco, se realizó un procedimiento que puso en evidencia la caza ilegal y el transporte de animales silvestres faenados.

El hecho ocurrió el 21 de abril, cuando una patrulla fluvial interceptó una lancha equipada con motor fuera de borda en el canal Secundario, a la altura del kilómetro 168 del río Uruguay. En la embarcación viajaban dos personas que transportaban conservadoras con animales silvestres faenados, presuntamente producto de la caza ilegal, sin doc

umentación correspondiente.

Durante la inspección se constató la presencia de ejemplares ictícolas y elementos cortantes. Tras verificar los antecedentes, se determinó que uno de los involucrados había estado vinculado a una causa por tenencia ilegal de armas, aunque sin impedimentos legales vigentes.

Como resultado del procedimiento, se incautaron tres carpinchos, un jabalí, dorados, bagres y seis cuchillos de distintas dimensiones. El valor de lo secuestrado supera el millón de pesos. Intervino la Fiscalía Auxiliar de Turno N° 4, a cargo de la Dra. Lucía Bourlot, quien ordenó el traslado de los involucrados y la embarcación a la dependencia local, además del secuestro de los elementos y la desnaturalización de la carne incautada.

Asimismo, se dio intervención a la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, que labró el acta correspondiente por infracción a la normativa provincial de caza.

En lo que va del año, Prefectura realizó 33 procedimientos por infracción a la Ley de Pesca, con secuestro de redes, espineles, anzuelos y ejemplares ictícolas. También contabilizó actuaciones por tenencia ilegal de armas, contrabando y adulteración de motores, con un total de 13 personas aprehendidas. En el ámbito de seguridad de la navegación, se identificaron 1.305 personas, se inspeccionaron 546 embarcaciones, de las cuales siete fueron secuestradas, y se labraron 50 infracciones al REGINAVE.

La Prefectura Naval Argentina llevó adelante dos operativos contra la pesca ilegal en Villa Paranacito, Entre Ríos, que terminaron con el decomiso de más de 9.500 kilos de sábalo y cientos de metros de redes en infracción a la normativa vigente.

El primer procedimiento se realizó durante un patrullaje sobre el río Uruguay, donde se interceptó una embarcación que pescaba en días y modalidades no habilitadas. Tras la inspección, se constató el transporte de 585 kilos de sábalo y unos 400 metros de redes de espera, prohibidas por la Ley Provincial de Pesca N.º 4892/70. El valor de lo incautado fue estimado en más de cinco millones de pesos.

El segundo operativo ocurrió sobre la Ruta Provincial N.º 46, donde se detectó un camión que trasladaba de manera irregular 9.000 kilos de sábalo, con un valor superior a 36 millones de pesos. Además de la infracción legal, la carga representaba un riesgo sanitario por no cumplir con las condiciones de transporte establecidas.

Las autoridades remarcaron que la extracción indiscriminada de sábalo, especie clave para el ecosistema fluvial, genera un fuerte impacto ambiental. La Dirección de Fiscalización de Entre Ríos intervino en ambos casos y avanzará con las medidas administrativas y legales correspondientes.

Estos procedimientos forman parte de los controles provinciales que buscan combatir la pesca ilegal en los ríos entrerrianos, protegiendo tanto los recursos naturales como la seguridad alimentaria de la población.

El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Desarrollo Económico, dictó la resolución N° 105/26 mediante la cual impuso una multa de 38.878.101 de pesos a dos ciudadanos de la provincia de Santa Fe por el transporte irregular de más de 3.800 envases vacíos de fitosanitarios.

El hecho data de 2025 y fue detectado en un operativo de control en la intersección de la ruta provincial N° 11 y la ruta nacional N° 174, en cercanías a la ciudad de Victoria.

El procedimiento administrativo se inició tras constatar que los infractores transitaban en un camión con acoplado cargado con bidones cortados por la mitad, sin contar con los permisos ni autorizaciones exigidas por la ley nacional N° 27.279. La normativa vigente prohíbe expresamente el transporte y la entrega de estos envases por fuera del sistema de gestión oficial, que establece un circuito obligatorio y controlado hacia los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT).

Se ratificó la continuidad de los operativos de fiscalización en rutas estratégicas y puntos de acopio, con el objetivo de garantizar la trazabilidad de los residuos peligrosos y sancionar las infracciones que vulneren los protocolos de seguridad ambiental vigentes en la provincia.

La actividad fue impulsada por la ONG Patitas, Padres TEA, Provoín y un grupo de proteccionistas locales. Entre ellas, Coqui Carbó, referente del bienestar animal en la ciudad, quien fue una de las voces centrales del encuentro.

La propuesta apuntó a visibilizar las múltiples dimensiones del daño que produce el uso de pirotecnia. “No es un solo ruido, son miles, todos juntos, y se vuelven insoportables. La pirotecnia entra sin permiso en los hogares, donde no sabemos qué está pasando: quizá hay un bebé enfermo, un niño con autismo, animales asustados. Nadie debería sentir miedo o angustia por algo que ocurre afuera”, expresó Carbó, remarcando que la celebración no debería convertirse en un motivo de sufrimiento para otros.

Durante toda la tarde, voluntarios distribuyeron folletos informativos y conversaron con vecinos y turistas, insistiendo en la necesidad de ponerse “en el lugar del otro”. La campaña busca recordar que concientizar no implica prohibir la alegría, sino asumir que se vive en comunidad y que cada decisión repercute en quienes nos rodean. “No pedimos que se apague la fiesta. Pedimos que se encienda la consideración”, sintetizó Carbó.

La actividad también se apoyó en la ordenanza municipal que prohíbe la pirotecnia en Gualeguaychú. Sin embargo, desde el sector proteccionista señalan que la normativa necesita mayor presencia estatal para ser efectiva.

Reclamaron más controles intensivos en los barrios donde se denuncia la venta ilegal, pidieron campañas públicas de difusión y acompañamiento concreto a las organizaciones que trabajan en la temática.

“Hablamos de responsabilidad ciudadana, pero también existe la responsabilidad del funcionario de facilitar y ponerse a disposición del voluntariado, que hace un enorme esfuerzo económico y humano”, cuestionó la proteccionista.

Carbó insistió en que cada detonación de un segundo puede arruinar la noche para miles de familias. Aun así, cada fin de año se repiten frases como “es solo un ratito” o “no exageren, siempre se hizo así”. Para las organizaciones, el cambio cultural requiere constancia, empatía y presencia del Estado. “El bienestar de todos es lo que debería importar, y más aún a quienes hoy tienen el privilegio y la oportunidad de cambiarlo”, remarcó.

El compromiso de las más pequeñas

Un capítulo especial lo protagonizaron Albertina y Alfonsina, de 10 y 8 años, quienes participaron activamente de la jornada. Recorrieron el centro, hablaron con vecinos y explicaron por qué están en contra de la pirotecnia y por qué consideran necesario respetar la prohibición vigente desde el 2016.

Después de cada charla entregaban un dibujo hecho por ellas y un caramelo, gesto que sorprendió y emocionó a muchos de los presentes. Para las organizaciones, su participación simboliza la fuerza del mensaje cuando nace de la ternura, el compromiso y la conciencia temprana.

Críticas y propuestas

Las críticas también alcanzaron a la gestión municipal. Según denunciaron los proteccionistas, “no hay recursos suficientes destinados a campañas de prevención ni programas que aborden problemáticas como la tracción a sangre, mientras que sí se han destinado fondos para obras cuestionadas, como el cerramiento del puerto”.

Para las organizaciones, ese contraste revela una falta de prioridades en un tema que afecta de manera directa a personas vulnerables y animales.

La jornada concluyó con un pedido claro: reforzar el cumplimiento de la ordenanza, acompañar a las organizaciones y sostener campañas permanentes. Porque, tal como repiten quienes trabajan cada día con los más afectados, la pirotecnia no es solo un ruido: es una decisión colectiva que puede transformar una fiesta en angustia o en inclusión.

Qué dice la ordenanza vigente

Tal como detalla la ordenanza aprobada en diciembre de 2016 por el Honorable Concejo Deliberante, a partir del 1 de marzo 2017 se encuentra prohibido "el uso, fabricación, depósito y comercialización, tanto en carácter minorista como mayorista, de artificios pirotécnicos en todo el ejido de la Municipalidad de San José de Gualeguaychú”

La prohibición incluye a los denominados “Globos aerostáticos” o similar, en tanto constituyen riesgo potencial de incendio. Quedan excluidos de la ordenanza los artificios pirotécnicos usados para señales de auxilio, emergencias náuticas, para el uso de las fuerzas armadas, de seguridad y/o defensa civil.

Para realizar denuncias los vecinos podrán comunicarse al teléfono 423399.

Los artificios explosivos generan efectos perjudiciales, que impactan negativamente en la salud y seguridad de las personas, aumentan la ocurrencia de accidentes y generan contaminación ambiental por los efectos lumínicos, sonoros y químicos. Estos últimos afectan particularmente animales (silvestres y domésticos), ya niños y adultos mayores.

Así también, los ruidos emanados por el uso de pirotecnia pueden generar en los seres humanos y animales: taquicardia, temblores, aturdimiento, pérdida de control, miedo y/o muerte; provocando además grandes molestias, trastornos permanentes a las personas que no comparten esta forma de festejos, o personas enfermas con determinadas patologías.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente por el abogado Gregorio Dalbón, quien la acusa de abuso de autoridad al solicitar allanamientos a periodistas y medios de comunicación con el presunto objetivo de amedrentar y censurar. La denuncia se presentó un día después de que la ministra, en nombre del Gobierno, denunciara un supuesto espionaje ilegal a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Según Dalbón, el pedido de Bullrich incluía “medidas manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”. Entre los objetivos de los allanamientos figuraban los estudios de Carnaval Stream y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, entre otros.

Además de los allanamientos, la ministra solicitó una medida cautelar inédita: prohibir la difusión, reproducción o circulación de los audios y cualquier otro material obtenido durante la operación denunciada, bajo apercibimiento legal. Para Dalbón, esto representa un “intento de censura previa, prohibida por la Constitución Nacional”.

La denuncia sostiene que la acción no se limitó a periodistas específicos, sino que buscó restringir a la totalidad de los medios de comunicación y plataformas digitales, configurando una forma de censura indirecta y masiva. El abogado calificó la denuncia de Bullrich como un “instrumento de intimidación” destinado a condicionar la libertad de prensa.

Dalbón encuadró el accionar de Bullrich en el delito de abuso de autoridad, señalando que se trató de un caso de extralimitación funcional. Argumentó que los allanamientos a medios, el secuestro de equipos de trabajo y la intención de prohibir la difusión de información periodística son acciones “manifiestamente contrarias a la Constitución Nacional”.

El episodio generó un debate intenso sobre los límites del poder del Ministerio de Seguridad y la protección de la libertad de prensa en Argentina. Mientras los defensores de la ministra insisten en la necesidad de investigar el supuesto espionaje, los críticos alertan sobre los riesgos de que el Estado utilice la denuncia penal como herramienta de presión contra los periodistas.

La situación también coincide con la creciente tensión en torno a la divulgación de los audios de Karina Milei, que han provocado polémica y movilizado a diversos sectores del periodismo y la opinión pública. La causa aún no tiene definiciones judiciales, pero la citación de Bullrich a prestar declaración indagatoria podría marcar un hito en la jurisprudencia sobre libertad de expresión y límites del poder estatal en el país.

Este viernes 18 de julio, de 8 a 12 horas, se llevará a cabo una jornada de asesoramiento e inscripción a programas de empleo en el SUM del barrio La Cuchilla (Belgrano y Jauretche). La actividad está destinada a personas de entre 18 y 64 años que estén buscando trabajo o deseen capacitarse para mejorar su perfil laboral.

La propuesta es impulsada por la Dirección de Vinculación Tecnológica en conjunto con el CAPS Cuchilla, y forma parte de las políticas públicas para fomentar la inclusión socio-laboral de los vecinos. Durante la jornada, los equipos técnicos brindarán orientación personalizada sobre las distintas líneas de programas disponibles, los requisitos y las etapas del proceso de inscripción.

Entre las opciones que se presentarán, se encuentran programas de inserción laboral, entrenamiento en ambientes de trabajo, capacitaciones específicas con salida laboral y herramientas para el desarrollo de emprendimientos productivos. Además, se acompañará a quienes necesiten asistencia para la carga de datos y la presentación de documentación.

Las personas interesadas deberán acercarse con su DNI, y si cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD), también podrán presentarlo. Se trata de una oportunidad para conocer y aprovechar recursos que apuntan a mejorar las condiciones de empleabilidad y a generar nuevas oportunidades de desarrollo personal y económico.

El Tribunal Oral Federal 8 condenó hoy a 13 años y 6 meses de prisión por asociación ilícita y lavado de activos al falso abogado Marcelo D’Alessio, al término de un juicio oral en su contra.

También se lo condenó por extorsión en cuatro oportunidades, coacción y tenencia ilegal de arma de guerra. El veredicto se leyó hoy en los tribunales federales de Retiro, donde el falso abogado fue juzgado por extorsionar con pedidos de dinero a empresarios y otras víctimas a cambio de no involucrarlos en causas judiciales.

Además de D’Alessio, el tribunal también condenó a otros cinco imputados, entre ellos dós ex agentes de inteligencia, a penas de entre 9 años de prisión efectiva y 3 años en suspenso.

D’Alessio ya está detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y ya había sido condenado en 2021 por el TOCF N°2 de la ciudad de Buenos Aires a 4 años de prisión por tentativa de extorsión en perjuicio del empresario Gabriel Traficante.

Un fuerte rechazo generaron en el ámbito jurídico las recientes declaraciones del ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien acusó a abogados penalistas de facilitar el ingreso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia. La respuesta no se hizo esperar: el Colegio de la Abogacía provincial calificó los dichos de “temerarios” y exigió una retractación pública.

Durante una conferencia de prensa, Roncaglia insinuó que abogados serían responsables del ingreso de celulares a las unidades penitenciarias, sin presentar pruebas concretas que avalaran su acusación. Las palabras del funcionario fueron interpretadas por la comunidad legal como un ataque directo a la integridad profesional del colectivo de abogados y abogadas que trabajan en el fuero penal.

El delegado del Instituto de Derecho Penal del Colegio, Dr. Patricio Cozzi, salió al cruce: “El ministro formuló declaraciones sin ningún tipo de sustento, donde acusa a los abogados de involucrarse en hechos ilícitos. Es una imputación gravísima que daña nuestra imagen pública y ética profesional”. Cozzi cuestionó que el funcionario haya utilizado los medios para lanzar sospechas infundadas, sin individualizar ni denunciar ningún hecho puntual ante la Justicia.

Además, Cozzi explicó que el ingreso de abogados a las unidades penales está estrictamente regulado: deben identificarse con su carnet de matrícula, firmar un libro de control y someterse a los registros correspondientes. “Si existiera alguna sospecha concreta, pueden establecer controles adicionales. Los mecanismos están”, aseguró.

Desde el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio se difundió un comunicado en el que se expresó “profunda preocupación y enérgico rechazo” ante las afirmaciones del ministro. Allí, remarcaron que “resultan infundadas y temerarias” y que afectan “el ejercicio digno y ético de la abogacía”.

También recordaron que Roncaglia, en su carácter de funcionario público, tiene la obligación de presentar denuncias formales si tiene conocimiento de delitos, en lugar de realizar declaraciones generalizadas por los medios que “comprometen principios elementales del Estado de Derecho”.

El Colegio insistió en que el acceso de los abogados a sus defendidos es una garantía constitucional “que no puede ser limitada ni puesta en duda” sin sustento legal. Cualquier conducta ilegal, remarcaron, debe ser denunciada e investigada judicialmente, no sugerida en conferencias de prensa.

Por último, exigieron al ministro una retractación con el mismo alcance que tuvo su acusación. “Solicitamos al Sr. Ministro que reflexione públicamente sobre sus dichos y reafirme el respeto al trabajo de los profesionales del derecho, cuya labor es indispensable para asegurar un proceso penal justo”, concluye el comunicado.

El cruce evidencia una creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el ámbito judicial en Entre Ríos, y abre un nuevo capítulo en la disputa por el manejo de las políticas penitenciarias y la protección de garantías constitucionales.

Mauricio Davico ejerció durante 8 años consecutivos como intendente de Pueblo General Belgrano. Al concluir su segundo mandato, en lugar de respetar el necesario recambio democrático, optó por burlar la ley y postularse como intendente de Gualeguaychú, llevando hoy diez años ininterrumpidos siendo intendente.

Para hacerlo, cambió su domicilio: se inscribió como vecino en Gualeguaychú para cumplir con el requisito legal, pero nunca dejó de vivir en Pueblo Belgrano, su verdadero lugar de residencia. El cambio fue meramente formal, administrativo, un ardid para habilitar su candidatura. Esto constituiría un claro fraude electoral.

La Constitución de Entre Ríos exige una residencia real y efectiva de al menos dos años en el municipio al que se aspira a gobernar. No se trata de un trámite en el Registro Civil: se trata de una condición sustantiva que garantiza el arraigo, el conocimiento local y la representatividad democrática.

Pero además del aspecto legal, hay una cuestión aún más profunda: Mauricio Davico ¿pretende perpetuarse en el poder??!! Ya estuvo 8 años en Pueblo Belgrano. Ahora ejerciendo por 4 años Gualeguaychú, y nadie descarta que busque una reelección. En total, podríamos estar ante un mismo nombre gobernando la región por doce años consecutivos, pasando de un municipio al otro como si la ley fuera un simple obstáculo a esquivar.

Es él mismo quien habla y critica a “la casta” apelando a la ética y la moral, y termina haciendo lo que él mismo dice querer combatir, violentando el principio de alternancia, que es uno de los pilares del sistema democrático. Ningún dirigente está por encima de la Constitución. Nadie tiene derecho a apropiarse del poder público como si fuera propiedad privada.

El procurador adjunto de Entre Ríos ya se ha pronunciado: la candidatura de Davico fue inconstitucional. El caso está ahora en manos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, quien deberá expedirse al respecto.

*Bloque de concejales Más para Entre Ríos.

Una semana atravesada por los conflictos políticos es la que transita el intendente Mauricio Davico. En medio de la tensión política que desencadenó el accidente protagonizado por el concejal Maximiliano Lesik, se sumó la expulsión de su par de la Unión Cívica Radical (UCR) Micaela Rodríguez del bloque mayoritario.

Cuando el conflicto comenzaba a pasar al archivo, una nueva (pero vieja) problemática vuelve a la escena. Se trata de la legalidad, o no, de la candidatura de Davico para convertirse en el Intendente de Gualeguaychú.

A través de un extenso dictamen, el procurador adjunto, César Ariel Cesario, expresó que “deben recordarse que los argumentos que han motivado este proceso son los mismos que originaron las actuaciones ante el Tribunal Electoral entrerriano”. El primero de ello es la “falta de residencia permanente de cuatro años para ser presidente Municipal” y el segundo “la imposibilidad de ser reelegido de manera inmediata por más de un período”.

“Las accionantes alegan que resulta arbitrario que el Tribunal Electoral haya admitido que el Sr. Davico tiene domicilio en la ciudad de Gualeguaychú desde comienzo del año 2019 cuando es público y notorio que aquel fue presidente Municipal de Pueblo General Belgrano desde el año 2015”, sostiene el dictamen al que accedió EL ARGENTINO.

En este sentido, se aludió a que dichas limitaciones no refieren a límites territoriales, es decir, no se circunscriben a un municipio determinado, sino que al ejercicio del cargo. En esa línea de razonamiento, afirmaron que en el caso de que la prohibición fincara sobre el ámbito de un municipio en particular el legislador lo hubiese expresado.

En su dictamen, el Procurador utiliza términos contundentes, como “fraude a la Ley”, mientras que desde el Municipio aseguran que se trata de una maniobra “inentendible” y buscaron quitarle trascendencia al tema.

¿Qué puede pasar? Los tres escenarios posibles

Ahora, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), presidido por el gualeguaychuense Leonardo Portela, podría resolver en un sentido contrario a la opinión de la Procuración. También podría ocurrir que aparte del cargo al intendente Davico; que lo pueda apartar el Concejo Deliberante "por inhabilidad moral" o que continúe ejerciendo como lo ha hecho hasta ahora y luego no pueda ser reelecto. EL ARGENTINO conversó con Portela, quien aseguró que “no hay muchas opciones”, ya que “son tres básicamente”.

Uno: “El tema puede declararse abstracto porque Davico ya asumió el cargo y viene ejerciéndolo; ha dictado un montón de actos jurídicos por lo que sería muy inconveniente anularlos”, dijo Portela. En este caso, el tema quedaría en el olvido y todo continuaría como hasta la actualidad.

Dos: “Puede confirmarse lo que resolvió el Tribunal Electoral diciendo que es válida la candidatura”. En este caso, también la situación seguiría su curso, avalando la candidatura y elección del actual Presidente municipal.

Tres: “Puede confirmarse lo que sostiene el Procurador General diciendo que es inválida la candidatura, que violó la legislación vigente y que no corresponde que siga siendo intendente”, explicó el presidente del STJER.

En este punto, la complejidad aumenta significativamente. Ya que “en ese caso se abre otra ventana, ¿Quién sería el intendente?”, indicó Portela. “Porque para las elecciones se proponen unas fórmulas, no es que se propone a Davico para intendente y a (Julieta) Carraza para vice: el Ejecutivo lo componen los dos. En este punto se analizaría si corresponde o no que Carraza siga siendo Intendente”.

Asimismo, opinó que el tema “es bastante vidrioso” y que “hay que estudiarlo”.

“Yo no puedo decir de manera tan anticipada. Lo que estoy explicando es lo que, en definitiva, todos los abogados sabemos que puede llegar a pasar. Yo conozco la causa y tengo mi opinión, pero no quiero hablar anticipadamente porque no me corresponde todavía que me expida”, cerró.

Con este escenario abierto, una vez más se reabre la incógnita acerca de la legalidad de una candidatura tan cuestionada. Ahora, será la Justicia quien deba resolver esta compleja situación.

En horas de la madrugada de este domingo, aproximadamente a las 04:40, personal policial de Comisaría Quinta procedió a la detención de tres ciudadanos, dos de 39 y uno de 35 años de edad, todos oriundos de la ciudad, por el presunto delito de caza ilegal y tenencia indebida de arma de fuego.

El hecho se produjo en el interior de la Estancia El Potrero, cuando personal de seguridad privada de la reserva natural dio aviso a la dependencia policial tras detectar la presencia de personas no autorizadas. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que tres individuos se encontraban realizando actividades de caza, siendo inmediatamente identificados.

Además, se verificó que los mismos carecían de la documentación correspondiente tanto para portar el arma de fuego como para realizar actividades de caza en la zona.

Tras dar intervención a la Unidad Fiscal de turno, se dispuso el traslado en carácter de aprehendidos de los tres masculinos, como así también el secuestro de un arma de fuego y municiones halladas en su poder.

Las autoridades talibanes han prohibido el ajedrez en todo Afganistán hasta nuevo aviso debido a la preocupación de que sea una fuente de apuestas, algo ilegal según la ley de moralidad del gobierno, declaró el domingo un funcionario deportivo.

El gobierno talibán ha impuesto leyes y regulaciones que reflejan su austera visión de la ley islámica desde que tomó el poder en 2021. “En la sharia (ley islámica), el ajedrez se considera una forma de apuestas”, algo prohibido según la ley de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, anunciada el año pasado, declaró a la AFP el portavoz de la dirección deportiva, Atal Mashwani. “Existen consideraciones religiosas con respecto al ajedrez”, afirmó. “Hasta que se aborden estas consideraciones, el ajedrez está suspendido en Afganistán”, añadió.

Mashwani indicó que la federación nacional de ajedrez no había celebrado ningún evento oficial durante aproximadamente dos años y que “tenía algunos problemas a nivel de liderazgo”. Azizullah Gulzada es dueño de un café en Kabul que ha organizado competiciones informales de ajedrez en los últimos años, pero negó que se realizaran apuestas y señaló que se juega al ajedrez en otros países de mayoría musulmana.

“Muchos otros países islámicos tienen jugadores a nivel internacional”, declaró a la AFP. Aseguró que respetaría la suspensión, pero que perjudicaría su negocio y a quienes disfrutaban del juego. “Los jóvenes no tienen muchas actividades hoy en día, así que muchos venían aquí todos los días”, declaró. “Tomaban una taza de té y retaban a sus amigos a una partida de ajedrez”.

Las autoridades afganas han restringido otros deportes en los últimos años y a las mujeres se les ha prohibido prácticamente por completo participar en el deporte en el país. El año pasado, las autoridades prohibieron las luchas libres, como las artes marciales mixtas (MMA), en las competiciones profesionales, alegando que eran demasiado “violentas” y “problemáticas con respecto a la sharia”.

Algunos eruditos islámicos afirman que los deportes que se ajustan a los principios islámicos no sólo son permisibles, sino que en algunos casos incluso se fomentan, las perspectivas religiosas han apoyado cada vez más la promoción de las actividades físicas y mentales.

“Todos los deportes que no perjudiquen la salud, no atenten contra la dignidad humana, no impliquen corrupción financiera ni distraigan de los deberes religiosos son permisibles”, dijo el erudito Mohammad Saleh Islampur. (con información de AFP y EFE)

Adías de que se conozca la sentencia contra Germán y Sebastián Kiczka, acusados de tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil (MASI), ampliaron sus declaraciones ante el Tribunal Penal 1 de Posadas. Aunque no aceptaron responder preguntas, el exdiputado provincial de Misiones pidió "aclarar algunas cuestiones" y su hermano admitió de forma aberrante que "no sabía que era ilegal mirar estos videos en Internet".

El exlegislador del partido Activar sostuvo que "estaba convencido de que le plantaron un pendrive" cuando allanaron su propiedad, donde los agentes policiales incautaron elementos electrónicos. "Yo sabía que no tenía un pendrive en mi casa, pero me empecé a preocupar", comentó acerca del dispositivo de almacenamiento donde se encontró material acusatorio.

El menor de los hermanos, de 44 años, recordó que su esposa, Alejandra, dijo que el dispositivo se lo regaló a su padre, Leonardo Kiczka, cuando este se compró una camioneta Fiat Fiorino. "Era un pendrive que yo había utilizado porque estudiaba a distancia en aquel entonces. Bajaba apuntes, facturas y cosas del trabajo. Lo usaba para ir a imprimir a las librerías o las oficinas porque no teníamos impresora", detalló.

El imputado declaró que le preguntó a su hermano, con quien comparte la misma celda, por el objeto y Sebastián le indicó que supuestamente él lo "usó, se lo llevó a su casa" y después lo devolvió a su vivienda de Germán, pero "evidentemente no fue así". En ese sentido, también se refirió a una computadora portátil marca Lenovo y expresó que quería que "quedara bien claro" que Sebastián "borró todos los archivos" y "él jamás lo cruzó".

Tal como había realizado en otras oportunidades, el Tribunal habilitó a que se difundieran las declaraciones de los sospechosos a través de su canal oficial de YouTube. En otro momento de la audiencia, el exaliado político del diputado provincial Ramón Puerta habló de algunos grupos de la red Telegram de "gente desconocida que suelen subir fotos de una modelo donde es todo legal".

En ese sentido, el exlegislador desmintió haber participado en esos chats -donde se había detectado la circulación de material de abuso sexual infantil- porque "nunca escribió, respondió, preguntó y ni se involucró" acerca de las conversaciones y el material que estaba allí.

En otro tramo de su declaración, Germán Kiczka destinó mucho tiempo a explicar los videos que junto a su hermano compartían en el canal de YouTube conocido como "El show de magia del Tío Germán", sobre el cual argumentó que nació como un pasatiempo familiar, acorde a los consignado por la agencia Noticias Argentinas.

“Un día se me ocurrió grabar un truco de magia para mi sobrina. Después se sumaron mi hermano Agustín, mis padres y finalmente, Sebastián. Se convirtió en una actividad que hacíamos los domingos en familia”, subrayó. "Nos divertíamos haciendo esas payasadas", manifestó al decir que en un momento, debido a la dedicación que le daba, descargó una pequeña aplicación de edición, que agregaba aplausos y risas.

"Pasaron a ser programas de 20 minutos o media hora que eran imposibles enviar vía WhatsApp, ya que solo permitía 25 megabytes si mal no recuerdo", explicó el ex diputado acerca de estos videos. Cuando comenzó la investigación en su contra, las autoridades advirtieron que presuntamente utilizaba estas grabaciones para atraer menores mediante las redes sociales.

En esa línea, describió: "Mi cuñado que era ingeniero en sistemas me dijo que lo suba a YouTube y le pase el link para verlo todos juntos en la tele". En tanto, se lamentó porque en la filmación se nombran a tres personas: su sobrina Delfina, su ahijado Bautista y Cayetano, el hijo de su prima Melisa.

"Me dolió muchísimo que esa actividad se haya tergiversado para mostrar algo tan perverso. Los invito a que miren los videos, están buenísimos", concluyó en la ampliación de su testimonio.

Luego fue el turno de Sebastián Kiczka, sobre quien también pesa una acusación por supuesto abuso sexual contra una menor de 15 años y que además será investigado en un expediente paralelo por el delito de distribución de material de abuso sexual infantil.

"No sabía que mirar ese tipo de videos era ilegal. Para mí eso está en Internet y está al alcance", sostuvo el hermano del exrepresentante legislativo, quien también reconoció haber accedido al contenido cuestionado en la causa desde el domicilio de Germán.

Sobre ello, el mayor de los hermanos dijo que "pensó que borró" todos los archivos de la notebook. "Un día, en la casa de Germán me puse a tomar cerveza y aproveché la oportunidad para mirar esto porque soy una persona ansiosa. Se estiró la noche, me olvidé de la computadora, estaba convencido que eliminé todo para no dejar rastros, pero dejé el pendrive".

Antes, cuando brindó su primer testimonio, Sebastián ya había intentado despegar a Germán de las acusaciones e incluso le pidió disculpas por "involucrarlo" en la causa. En su nueva confesión, remarcó: “Era yo quien utilizaba la computadora. Por enésima vez, quiero pedirle disculpas a mi hermano por meterlo en este embrollo”.

Durante la décima jornada, los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya incorporaron por lectura seis testigos de acuerdo a lo presentado en la etapa de instrucción, al tiempo que una persona compareció de manera presencial. El veredicto se dará a conocer este miércoles en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales, en la capital misionera.

En horas de la siesta del sábado, Chevrolet pretendió pasar sin levantar sospechas por el control policial. Los funcionarios visualizaron que transportaba aves e inmediatamente la Brigada Paraná de la Dirección de Delitos Rurales procedió en consecuencia a lo establecido en la Ley de Caza 4841.

Al ser chequeada la documentación del rodado y del conductor, que se disponía a abandonar el suelo entrerriano, se constató que se trataba de una persona radicada en Santa Fe. Transportaba consigo Juan Chiviros, separados en jaulas y provenientes de la caza ilegal. De hecho, se secuestraron 3 tramperas, 3 frascos con producto Pega-Pega, jaulas y un total de 17 aves de dicha especie.

El vehículo no pasó inadvertido, ya que uniformados abocados a la prevención rural, venían desarrollando tareas investigativas vinculadas a la caza ilegal de aves, protagonizada por un automóvil de similares características a las del rodado que se le detuvo la marcha. La sospecha de que practicaban caza en suelo provincial, para luego llevarse el producido a Santa Fe, fue certera.

Por su parte, la conducta del infractor a la Ley de Caza N° 4841 -debidamente identificado-, será pasible de análisis en carácter de reincidente; ya que en dos ocasiones anteriores ha protagonizado procedimientos de esta índole. Por la intervención policial, no llegaron a trasladar los ejemplares a Santa Fe.

Luego de las actuaciones administrativas los elementos utilizados en la caza ilegal fueron destruidos; mientras que las aves decomisadas fueron liberadas en un ambiente natural, alejado de la planta urbana.

La cantidad de Juan Chiviros que pudieron ser liberados, hacen presumir un fin posiblemente comercial en la vecina provincia. Conforme las averiguaciones realizadas en el mercado estas aves tienen un considerable valor, el precio de dichos ejemplares rondaría los 600.000 pesos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización de una marca de provenzal por irregularidades en su rotulado, lo que la convierte en un "producto ilegal".

La Disposición 457/2025, que establece la prohibición, específica que se trata del producto "Provenzal Especial, RNE: 02-033001, RNPA: 02-00019". Según la resolución, este producto no posee los registros necesarios para su fabricación y comercialización.

“Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en plataformas de venta en línea, del producto: ‘Provenzal Especial, RNE: 02-033001, RNPA: 02-00019’ en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por carecer de registros de establecimiento y de producto, y por estar falsamente rotulado al exhibir en su rótulo un número de RNE perteneciente a otro establecimiento y un RNPA inexistente, resultando ser en consecuencia un producto ilegal”, establece la Anmat.

La disposición también detalla que, al no poder identificar el origen y las condiciones de producción de este producto de manera “fehaciente y clara”, no podrá ser comercializado en ninguna parte del país. Esto se debe a que, al carecer de los registros correspondientes, no se pueden garantizar las condiciones de trazabilidad, calidad, ni inocuidad del producto, lo cual, según el organismo, representa un riesgo para la salud pública, ya que los productos alimenticios sin los controles adecuados pueden poner en peligro la seguridad de los consumidores.

“En atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de la población ante el consumo de productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registros, motivo por el cual no puede garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, es que el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en los sitios de venta en línea del citado producto; así como también todos aquellos productos que en sus rótulos indiquen el mencionado RNPA”, especifica el documento oficial.

La investigación sobre este producto comenzó a raíz de una alerta del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) de la provincia de Entre Ríos, que notificó la presencia del artículo en el Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA). La irregularidad en el rotulado, que incluía un número de RNE perteneciente a otro establecimiento y un RNPA inexistente, encendió las alarmas en las autoridades sanitarias, quienes actuaron rápidamente para evitar posibles riesgos para la salud.

Además de la prohibición específica, la Anmat también resolvió la ampliación de la medida a otros productos que exhiban el mismo número de RNPA. “Se resuelve la prohibición de la comercialización en todo el territorio nacional de todos aquellos productos que exhiban en sus rótulos el registro sanitario RNPA N° 02-00019, por ser productos falsamente rotulados que utilizan un RNPA inexistente, resultando ser en consecuencia ilegales”, señala la disposición.

(Con información de Boletín Oficial y La Nación)