De acuerdo a los datos que se desprenden del último informe de comercio bilateral elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el comercio bilateral entre Argentina y Brasil fue de U$S 2578 millones en el octavo mes del año, un 3,2% inferior al valor obtenido en el mismo mes de 2025, cuando había sido de U$S 2663 millones. Asimismo, el intercambio aumentó con respecto a julio pasado un 0,3%.

Las exportaciones argentinas a Brasil crecieron en agosto de 2026 un 6,9% con respecto a agosto de 2025 (sexto mes consecutivo de suba) al alcanzar U$S 1099 millones, mientras que las importaciones desde aquel país fueron de U$S 1479 millones, lo que significa una caída interanual del 9,6%, logrando un saldo comercial deficitario de U$S 380 millones.

Respecto a los primeros ocho meses de 2026, el saldo comercial entre ambos países fue negativo en U$S 1635 millones para Argentina, similar, aunque notoriamente menor, a lo sucedido en el mismo período de 2025 cuando había resultado deficitario en U$S 4103 millones. De esta forma en agosto persistió la tendencia negativa iniciada en enero de 2026, acelerándose respecto a los cuatro meses anteriores.

La suba interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil de agosto (6,9%) correspondió principalmente al aumento de polímeros de etileno en forma primaria, vehículos automotores para transporte de mercadería y usos especiales, leche, crema de leche y lácteos y óleo combustible de petróleo, mientras que la merma interanual de las importaciones argentinas (9,6%) se explicó principalmente por la disminución de vehículos de carretera, partes y accesorios de vehículos automotores y vehículos automotores de pasajeros.

Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores del mes de agosto de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 6609 millones), Estados Unidos (U$S 4014 millones) y Alemania (U$S 1411 millones). A su vez, entre los principales compradores mensuales de Brasil, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 8340 millones) y Estados Unidos (U$S 3190 millones).

Las exportaciones de Brasil al mundo crecieron 12,2% en agosto de 2026 con respecto a 2025, al pasar de U$S 29.559 millones a U$S 33.158 millones. Por su parte, las importaciones aumentaron 9,3% con respecto a agosto de 2025, al pasar de U$S 23.578 millones a U$S 25.763 millones. De este modo, el resultado comercial brasileño fue superavitario en U$S 7395 millones, por lo que lleva 18 meses consecutivos de signo positivo.

(Fuente: APFDigital)

El cierre de pymes en Entre Ríos continúa generando preocupación en el sector empresario. Desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) advirtieron que, según sus estimaciones, ya cerraron más de 900 empresas en la provincia y se perdieron más de 9.000 puestos de trabajo desde fines de 2023.

Al respecto, el titular de Apyme Entre Ríos, Rafael Vicentín sostuvo que las micro, pequeñas y medianas empresas atraviesan una situación crítica y aseguró que las firmas de menor tamaño son las que presentan mayores dificultades para sostener su actividad.

Vicentín explicó que, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 cerraron 868 empresas en Entre Ríos. "Las empresas que más caen son las más pequeñas. En ese mismo período se perdieron 8.600 puestos de trabajo", indicó.

El dirigente señaló que, con la evolución registrada durante los últimos meses, la situación se agravó. "A mediados de 2026 estimamos que ya son más de 900 empresas cerradas y más de 9.000 puestos de trabajo perdidos", afirmó.

La caída del consumo

Para Vicentín, el principal factor que explica este escenario es la pérdida del poder adquisitivo de la población. Además, señaló que indicadores oficiales muestran un deterioro de los ingresos.

"Los datos del Indec y de Anses indican que tanto asalariados como jubilados y pensionados, que representan el 80% de quienes reciben ingresos fijos, están por debajo de la canasta básica. Se imaginarán las consecuencias que eso tiene sobre el consumo", manifestó a El Once.

Un cierre de empresas con mayor velocidad

El titular de Apyme reconoció que en otros períodos económicos también hubo cierres de empresas, aunque remarcó que el contexto actual presenta diferencias. "No con la intensidad y con la velocidad de caída que vemos ahora. Ese es un dato distintivo y muy preocupante", sostuvo.

Consultado sobre las perspectivas para el sector, aseguró que no observa señales de recuperación mientras se mantenga el actual rumbo económico. “A juzgar por los discursos, hay una voluntad política tanto del Gobierno Nacional como del Provincial, que se alinea con esas políticas, de sostener esto como el rumbo correcto”, lamentó.

Y apuntó: “Hay sectores que son beneficiados con esta política, pero no tienen que ver ni con las pequeñas empresas ni con la mayoría de la población”.

"Si las políticas continúan siendo las mismas, no vemos por qué deberían generar un resultado diferente", afirmó.

Críticas a la apertura de importaciones

Vicentín también cuestionó la política de apertura comercial, especialmente por el ingreso de productos terminados. "Para el sector industrial es una condición gravísima porque no hablamos de importar insumos o maquinaria para producir, sino de bienes terminados", explicó.

En ese sentido, consideró que la competencia con productos provenientes de países como China resulta desigual. "Compiten con sistemas productivos que les permiten llegar a precios con los que la industria local no puede competir. La consecuencia termina siendo el cierre de empresas productivas y la pérdida de puestos de trabajo", advirtió.

Asimismo, sostuvo que muchas de las personas despedidas encuentran únicamente alternativas laborales precarias. "Muchos terminan trabajando en aplicaciones de viajes o plataformas de delivery. Nosotros no creemos que ese sea un modelo que permita mejorar las condiciones de vida de la mayoría", indicó.

Reclamo por mayores regulaciones

Finalmente, Vicentín cuestionó la eliminación de regulaciones al comercio exterior y sostuvo que otros países protegen a sus industrias.

"Los países desarrollados tienen niveles importantes de protección para evitar este tipo de situaciones. Acá ocurre lo contrario: en lugar de regular, se desregula", concluyó. (APFDigital)

El sector industrial textil y del calzado sumó un nuevo y definitivo revés. El holding multinacional Grupo Dass comunicó de manera oficial el cierre definitivo de su fábrica ubicada en la localidad de Eldorado, provincia de Misiones, la última planta productiva que el grupo operaba activamente en la República Argentina. La medida viene acompañada del despido de los 150 operarios que todavía desempeñaban tareas en el establecimiento del norte del país. Según informaron fuentes de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA), la producción cesará formalmente entre el 17 y el 25 de julio, garantizándose la liquidación total de las indemnizaciones de ley.

La drástica resolución responde directamente a un cambio estructural en las condiciones del mercado y las variables macroeconómicas vigentes. Ante la sostenida apertura de las importaciones, a las grandes marcas internacionales les resulta económicamente más rentable y competitivo abastecer el mercado local con mercadería terminada en las plantas fabriles que el grupo posee en Brasil —donde los costos de producción resultan notablemente inferiores— en lugar de sostener líneas de montaje locales. La consecuente caída de órdenes de pedidos domésticos vació de sustentabilidad operativa a la planta misionera.

Este desenlace en Misiones representa el eslabón final de un proceso de retirada que la corporación había iniciado en enero de 2025 con el cierre de su fábrica en Coronel Suárez, lo que conllevó en su momento la desvinculación de 360 operarios. Pese a que la gerencia prometió en aquella oportunidad concentrar todo su volumen en Eldorado, la recesión y el ingreso de calzado extranjero aceleraron el desgaste, derivando a principios de 2026 en una primera tanda de 43 despidos, antesala del cierre patronal total ejecutado esta semana.

El dato: Según los últimos indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la fabricación de calzado y sus partes componentes registró un derrumbe interanual del 30,9%. Desde el organismo estatal vincularon directamente la parálisis fabril con la contracción sostenida del consumo interno y el fuerte incremento en el ingreso de bienes terminados desde el exterior.

La crisis y las consecuencias del cambio de modelo económico, que tiene a la apertura total de importaciones como uno de sus pilares, se materializó de la peor manera días pasados, cuando 112 trabajadores fueron despedidos del Parque Industrial Gualeguaychú (PIG).

Primero fue la firma Unión Bat S.A. la que despidió a 101 empleados, la totalidad de sus trabajadores contemplados en el Convenio Colectivo de Trabajo. La planta local fue paralizada en su totalidad desde ese momento.

Los damnificados fueron informados primeramente a través de un mensaje de WhatsApp y luego, ya en la planta del PIG, a través de una escribana. Luego, todos los turnos realizaron la denuncia correspondiente en la Comisaría Séptima, ubicada en el ingreso sur a la ciudad.

Lo llamativo de estos despidos es que nada hacía prever este desenlace. “Con la empresa veníamos con un diálogo muy bueno, más allá de que ellos tenían problemas económicos, estaban pagando la quincena en dos veces, pero con un retraso de dos o tres días como mucho”, contó Martín Gómez, prosecretario del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate. Quien hizo hincapié en que “el diálogo era bueno, cuando iban a hacer algo te avisaban, lo hablaban con la comisaria interna, con los delegados”.

Poco más de 48 horas después, las malas noticias llegaron desde la firma Laboratorios Pyam, desde donde habían despedido a 11 trabajadores. Esta empresa sí venía con problemas hace un tiempo y había sido noticia hace algunos meses por la desvinculación de ocho de sus trabajadores.

Ente esta situación, el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate realizó la denuncia en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos. Desde donde, horas después, dictaron la conciliación obligatoria por 15 días hábiles para ambas firmas. En el caso de Pyam, la misma fue acatada inmediatamente y los trabajadores pudieron retornar a sus puestos laborales, pero los despedidos de Unión Bat no tuvieron la misma suerte, ya que la empresa les impidió el ingreso a la planta del PIG.

En este marco, el último jueves se desarrolló una audiencia -que primero iba a ser presencial, en Paraná, y a última hora se resolvió que sea on line-, que pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 15 de julio. Por su parte, el gremio les pidió a los dos abogados de la empresa que estuvieron presentes en la reunión que generaran una instancia de acercamiento entre las partes (sindicato, delegados y empleador) para el lunes o martes próximo.

“Esta situación se suma a los despidos en Fademi S.A. y al cierre reciente de la fuente laboral para la totalidad de las y los trabajadores de Unión BAT, donde 101 compañeros recibieron el telegrama de desvinculación laboral. Además, se agregan 11 despidos en Laboratorios PYAM S.A., entre ellos tres delegados gremiales. Estos casos se suman a otros ocho despidos ocurridos en la misma planta durante abril de este año”, manifestaron.

La CGT resaltó que todos los puestos de trabajo que se perdieron “pertenecen a una actividad económicamente fuerte, que requiere una amplia capacitación, experiencia y antigüedad. Se trata de empleos que suelen definirse como ‘de calidad’, precisamente el tipo de trabajo que el Gobierno nacional del presidente Milei afirmó que iba a promover y multiplicar”.

Asimismo, el documento firmado por Claudio De los Santos, secretario general de la central obrera, advirtió que los recientes despidos afectarán aún más al comercio de Gualeguaychú, ya golpeado por la pérdida del poder adquisitivo.

Por su parte, desde el bloque de concejales de Más para Entre Ríos (PJ) también se solidarizaron con los despedidos: “La difícil situación económica que atraviesa el país impacta de lleno en nuestras industrias y en el empleo. Sin embargo, esa realidad también exige respuestas desde lo local”.

“Muchos de los trabajadores despedidos cuentan con décadas de antigüedad y enfrentan enormes dificultades para reinsertarse laboralmente. Mientras tanto, el sindicato advierte sobre un posible reemplazo de la producción nacional por importaciones”, apuntaron los ediles opositores. Al tiempo que pidieron acompañamiento del gobierno local, porque “cuando una fábrica baja sus persianas, no pierde solamente quien se queda sin empleo: pierde toda la ciudad”.

Los despidos en Unión Bat y en Laboratorios Pyam evidencian la gravedad de la situación que atraviesa parte de la industria local. Y se suman a la lista de conflictos laborales que en la región encabeza la Granja Tres Arroyos, con más de 900 empleaos despedidos.

Se reunieron trabajadores del sector, representantes políticos, sindicales -estuve presente la cúpula de la CGT- y de la Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), con el objetivo de visibilizar la problemática y avanzar en propuestas que permitan preservar la actividad y las fuentes de empleo.

En ese marco, el diputado nacional, Guillermo Michel, advirtió sobre el impacto de la apertura de las importaciones. "Estamos viendo una avalancha de importaciones que hoy afecta al sector avícola. En dos o tres años no va a quedar ninguna industria argentina en pie". Además, recalcó la falta de una respuesta por parte del Ejecutivo provincial: "Acá no alcanza con que la provincia le dé un bolsón de comida a los trabajadores de la Granja Tres Arroyos, lo que se necesita es reconstituir el capital laboral para que la empresa funcione y genere nuevos puestos".

Por su parte, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, sostuvo: "La situación genera preocupación porque es una actividad que impacta en el 50 % de la producción avícola en la provincia de Entre Ríos; 900 trabajadores despedidos de la Granja Tres Arroyos son parte de 8.000 trabajadores desocupados a lo largo y lo ancho de la Argentina". Asimismo, cuestionó "una ausencia total del Estado el cual no propone programas que puedan sostener un nivel de dignidad para los trabajadores" y remarcó que "no es una crisis generalizada del sector avícola, sino que es una parte del mismo, por lo cual debería haber herramientas para garantizar un horizonte positivo".

En la misma línea, el exministro de Producción de Entre Ríos, Juan José Bahillo, explicó que el objetivo del encuentro fue "tratar la problemática del frigorífico Tres Arroyos, que en estas últimas semanas frenó su producción dejando a 900 trabajadores y a un montón de familias sin un ingreso, generando un drama social importante en la ciudad de Concepción del Uruguay". En ese sentido, afirmó que la mesa busca "visibilizar el tema, hacer un seguimiento y tratar de aportar alguna solución".

Además, la diputada nacional por Entre Ríos, Marianela Marclay, convocó a ampliar el diálogo institucional para encontrar una solución a la problemática. "En necesario que se den conversaciones entre los gobernadores Frigerio (Entre Ríos) y Kicillof (Buenos Aires), para que las 8.000 familias que no tienen para comer, para vivir, ni para pagar sus alquileres puedan seguir adelante”.

Finalmente, para enfrentar la crisis de Granja Tres Arroyos, el diputado Michel planteó tres líneas de acción concretas: “Visibilizar la situación en la Cámara de Diputados para construir consensos y poner el tema en la agenda nacional; impulsar una mesa de diálogo en Entre Ríos con el gobierno provincial y el sector financiero para encontrar una salida que preserve los más de 2.000 puestos de trabajo; y promover una reunión con la CEPA para coordinar una respuesta conjunta junto a todo el sector”.

El consumo de carne vacuna por habitante en la Argentina tocó su nivel más bajo en por lo menos las últimas dos décadas. De acuerdo con los datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), analizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el promedio de los últimos doce meses marcó una caída interanual del 6,1%, ubicándose en apenas 47,5 kilos anuales por persona.

El deterioro responde principalmente a factores vinculados de manera directa con la contracción de la demanda interna y el atraso de los salarios. Desde los organismos técnicos atribuyeron esta drástica baja a la pérdida del poder de compra que experimentaron las familias argentinas, producto de la sostenida suba del precio relativo de la carne vacuna frente a los ingresos fijos, una tendencia que se consolidó en las últimas cuatro semanas con un nuevo incremento del 3,5% según mediciones privadas.

En forma simultánea al desplome del consumo local, las importaciones de carne alcanzaron un techo histórico. Durante el último mes ingresaron al país casi 5.600 toneladas de carne porcina, cerca de 4.700 toneladas de carne aviar y más de 3.400 toneladas de carne vacuna. Según los registros oficiales del Indec, el 95,6% del volumen total importado provino de Brasil, un mercado caracterizado por una calidad sensiblemente menor a la de la producción ganadera tradicional de la Argentina.

Los analistas económicos advierten que la combinación de ambos fenómenos refleja una dinámica alarmante: la carne vacuna argentina de mayor calidad se orienta casi con exclusividad a la exportación, lo que presiona sobre los precios de las góndolas locales. Lejos de abaratar los costos en el mostrador, la apertura de importaciones expone un empeoramiento en la dieta de los hogares argentinos, donde este alimento central continúa perdiendo terreno frente a otras opciones.

El Semáforo de Economías Regionales, elaborado por Coninagro, volvió a encender señales de alarma en abril. De las 19 actividades analizadas, ocho permanecen en rojo, siete en amarillo y apenas cuatro en verde. El dato resume la fragilidad de las economías productivas del interior, donde la rentabilidad se deteriora y la recuperación parece cada vez más lejana.

Entre las actividades más comprometidas se encuentran yerba mate, arroz, vino y mosto, hortalizas, algodón, maní, leche y mandioca. En todos estos casos, el problema principal está en el componente de negocio: los precios que reciben los productores se mantienen estancados o crecen por debajo de la inflación y del aumento de los costos operativos. La consecuencia es directa: rentabilidad en caída libre y un escenario que desalienta la inversión.

El informe advierte que, mientras los costos suben sin freno —especialmente en insumos y energía—, los precios al productor no logran recomponerse. “La mayoría de las actividades en rojo muestran márgenes negativos o nulos”, señala el documento, y agrega que el deterioro acumulado en los últimos meses “dificulta la recuperación y compromete la continuidad de pequeños y medianos productores”.

En contraste, las actividades en verde —bovinos, ovinos, granos y miel— exhiben un mejor desempeño. Los precios crecieron por encima de la inflación y los indicadores productivos acompañaron, aunque el informe advierte sobre la disparada de los fertilizantes nitrogenados y el gasoil, que amenaza con revertir la tendencia positiva.

Las economías en amarillo —forestal, tabaco, cítricos dulces, peras y manzanas, aves, porcinos y papa— muestran señales mixtas: precios que no alcanzan a cubrir los costos, demanda estable y una recuperación lenta. En el caso de la papa, el paso de rojo a amarillo se explica por la mejora de precios al productor, que en abril se ubicaron un 65% por encima del año anterior y un 10% más que en marzo, tras una reducción del 12% en la superficie sembrada.

El semáforo, que se publica mensualmente desde hace más de ocho años, permite observar tendencias estructurales. En ese período, 8 de las 19 economías relevadas permanecieron en situación crítica más de la mitad del tiempo. La vitivinicultura encabeza el ranking negativo, con indicadores en rojo en el 72% de los meses analizados, seguida por el arroz y los cítricos (65%) y la lechería (64%).

Por el contrario, las carnes —porcina, aviar y bovina— y el complejo granario mostraron trayectorias más favorables, con presencia en verde en casi la mitad de los meses relevados. Sin embargo, el informe advierte que incluso en estos sectores “la volatilidad de precios y los costos crecientes amenazan la estabilidad lograda”.

A pesar del superávit comercial, el informe subraya que la mayoría de las economías regionales enfrentan una rentabilidad interna crítica. Las exportaciones crecen, pero los productores locales no logran trasladar ese dinamismo a sus ingresos. En yerba mate y vino, por ejemplo, la participación del productor en el precio final cayó a 14% y 12%, respectivamente, muy por debajo de los valores históricos.

La situación se repite en arroz, papa y hortalizas, donde el productor recibe menos del 30% del precio de góndola. “La estructura de costos y la intermediación comercial concentran la mayor parte del valor, dejando al productor con márgenes mínimos”, advierte el informe.

Stellantis Argentina lanzó oficialmente la nueva generación de los furgones Peugeot Partner y Citroën Berlingo, dos modelos emblemáticos del segmento de utilitarios livianos que llegan al mercado local importados desde Europa. Las unidades reemplazarán a las versiones de fabricación nacional, cuya producción finalizará este mes en la planta bonaerense de Palomar, marcando un cambio significativo en la estrategia industrial del grupo.

La decisión se enmarca en el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que facilita el ingreso de vehículos con estándares técnicos más avanzados. Los nuevos Partner y Berlingo representan un salto en diseño, seguridad y capacidad de carga, orientado a las necesidades de distribución urbana, logística de última milla, servicios técnicos y pequeñas empresas.

Ambos modelos comparten una plataforma renovada con refuerzos estructurales y mejoras en suspensión, lo que garantiza mayor estabilidad incluso con carga máxima. La capacidad útil alcanza los 865 kg y un volumen de 3,9 m³, superando los 3 m³ de las versiones anteriores.

En materia de seguridad, incorporan frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS, control de estabilidad (ESP), airbags frontales, sensores de estacionamiento, cámara trasera y sistema de monitoreo de presión de neumáticos. También incluyen cierre centralizado, inmovilizador de motor y la función Coffee Break Alert, que recomienda pausas en trayectos largos.

El precio de lanzamiento es de $38.680.000, con financiación de hasta $30.000.000 a tasa 0% en 36 meses. Con esta renovación, Stellantis busca consolidar su presencia en el segmento de utilitarios y adaptarse a las nuevas exigencias del mercado argentino.

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos, a través del Sistema Integrado (Siber), de seguimiento y estimación de la producción de cereales y oleaginosas en el territorio entrerriano, analizó la evolución de la relación insumo-producto de los granos frente a la urea. De cara al inicio de la ventana de siembra de trigo en Entre Ríos, el mercado de insumos encendió las alertas tras un abrupto encarecimiento de los fertilizantes nitrogenados, fuertemente traccionado por la escalada de los recientes conflictos internacionales.

El mercado global de fertilizantes nitrogenados registró una fuerte disrupción a partir de marzo debido al recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, generando un severo shock de oferta. Las interrupciones en rutas marítimas clave, especialmente en el Estrecho de Ormuz —corredor por donde circula cerca de un tercio del comercio mundial del insumo—, sumadas a los ataques a infraestructuras energéticas, redujeron drásticamente la capacidad efectiva de exportación. Este estrangulamiento logístico y productivo se vio agravado por el aumento de los costos energéticos, las restricciones a las exportaciones impuestas por China y la vulnerabilidad de mercados altamente dependientes como India. En consecuencia, se configuró un escenario de escasez global que impulsó los valores internacionales a niveles máximos de varios años, sosteniendo una fuerte presión alcista y una actitud sumamente cautelosa entre compradores y vendedores.

En Argentina, la reacción de la cadena comercial fue netamente defensiva. Ante la dificultad de estimar los costos de reposición en un contexto de extrema volatilidad, importadores y distribuidores prácticamente se retiraron del mercado. Al no haber una urgencia inmediata frente a otros mercados globales (el 80% de las importaciones de urea arriban al país entre junio y octubre), se reduce drásticamente el incentivo de los traders para asumir riesgo comercial e ingresar nuevos barcos. Argentina cuenta con una planta de urea que abastece aproximadamente el 50% del consumo, sin embargo, será importante considerar la evolución de la relación grano/fertilizante; es decir, del poder de compra del cereal, para llevar a cabo la próxima campaña de fina.

De acuerdo a los relevamientos del mercado de fertilizantes de proveedores de insumos, en el último mes, el precio de referencia local de la urea experimentó un abrupto salto del 60%, copiando en su totalidad la trayectoria del costo teórico de reposición (CFR Argentina), que trepó un 59% en el mismo período. Esta dinámica evidencia una rápida transferencia del shock externo a los valores domésticos, manteniendo inalterado el diferencial del mercado local, que opera en torno al 16% por encima del costo de importación.

Como contrapartida, las cotizaciones del cereal mostraron una reacción sumamente conservadora frente a la volatilidad global. Mientras el insumo clave se disparó, de acuerdo a las cotizaciones publicadas por la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario, la pizarra local del trigo registró un alza de apenas un 3% en dólares durante los últimos 30 días, posicionándose actualmente en 185 dólares por tonelada.

La marcada asimetría provocó un severo deterioro en los términos de intercambio para el productor entrerriano: si hace un mes una tonelada de trigo permitía adquirir 330 kg de urea, hoy ese poder de compra se derrumbó a tan solo 208 kg. Esta contracción del 36% en la capacidad adquisitiva del grano frente a su principal requerimiento tecnológico plantea un escenario de alta exigencia financiera, que obligará a recalcular las dosis óptimas y proyecta un inevitable impacto negativo sobre los márgenes brutos de la próxima campaña.

Al trasladar esta asimetría de precios a la estructura de costos directos, el efecto sobre la rentabilidad esperada del cultivo es severo. Considerando un planteo tecnológico estándar para Entre Ríos con una dosis objetivo de 160 kg/ha de urea (según plantea Márgenes Agropecuarios), la inversión en fertilización nitrogenada saltó de 88,8 dólares a 142 por hectárea en el lapso de un mes. En términos prácticos, aquel productor entrerriano que no haya anticipado la compra del insumo deberá afrontar un costo adicional de 53 U$S/ha, traccionado netamente por el contexto internacional.

Este encarecimiento golpea de lleno la proyección del margen bruto para la nueva campaña. Si se analiza el escenario bajo el rendimiento promedio provincial de los últimos cinco años, el resultado esperado para productores arrendatarios pasó de ser cercano a cero el mes pasado, a arrojar, a los precios de hoy, resultados negativos. Este deterioro es producto de una combinación de factores: el aumento del costo en urea, un arrendamiento encarecido respecto a campañas anteriores (con la cotización pizarra de la soja por encima del promedio de los últimos dos años) y una cotización local en dólares de trigo en su nivel más bajo en los últimos cinco años. En consecuencia, el rendimiento de indiferencia pasó de posicionarse en 3.750 kg/ha hace un mes atrás, a los 3.930 kg/ha que observamos hoy, valor por encima de los rendimientos promedio observados en las últimas campañas.

A pesar del escenario restrictivo que plantea el mercado disponible, las posiciones a cosecha ofrecen una perspectiva más alentadora. Actualmente, el contrato de trigo posición diciembre en el mercado de futuros A3 se ubica en 220 dólares por tonelada. Al proyectar los márgenes con este valor de referencia, y aun contemplando el sobrecosto de la urea, el rendimiento de indiferencia se posiciona en 3.300 kg/ha. De esta manera, si se toma como referencia el rendimiento promedio provincial de las últimas cinco campañas, el margen bruto para el productor arrendatario logra revertir los números rojos y proyecta un resultado positivo aproximado de USD 45 por hectárea.

Ante aquel escenario se indicó que será importante observar la evolución de los acontecimientos internacionales, que impactan tanto en las cotizaciones del fertilizante como en los precios de los cultivos. Cualquier incremento en insumos clave como la urea puede representar un riesgo para la rentabilidad, en un contexto donde los márgenes de los productores entrerrianos ya son ajustados.

Victoria Villarruel volvió a mostrar diferencias con el oficialismo tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló los aranceles “recíprocos” impuestos por Donald Trump. La vicepresidenta sostuvo que la medida golpea a la producción y a la industria norteamericana, y trazó un paralelismo con la situación argentina.

“Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno”, escribió en su cuenta de X, cuestionando tanto la decisión del tribunal estadounidense como la orientación económica del gobierno de Milei.

El mensaje se dio en un contexto sensible: a días del cierre de la histórica Fábrica Argentina de Telas Engomadas (FATE), que señaló la apertura de importaciones como uno de los factores de su crisis. Villarruel advirtió que “sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista”, y agregó: “Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina”.

La vicepresidenta también alertó que “la apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales”. Con esa frase, buscó remarcar que la política de liberalización comercial no solo afecta a la producción local, sino que incrementa la vulnerabilidad del país frente a potencias extranjeras.

En el cierre de su mensaje, Villarruel se distanció explícitamente de Milei: “Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios”. La declaración refuerza la tensión interna en el oficialismo y marca un contraste con la visión del presidente, que promueve una apertura irrestricta de las importaciones.

La postura de Villarruel, crítica del fallo contra Trump y de la política económica local, abre un nuevo capítulo en la relación con Milei y refleja el debate interno sobre el rumbo productivo de la Argentina.

La Unión Industrial de Santa Fe (UISF) manifestó, a través de su presidente, Cristian Fiereder, una seria inquietud respecto a la viabilidad de un modelo económico que, según advierten, privilegia los números financieros por encima de la actividad productiva.

Desde la UISF sostienen que el desarrollo de un país no puede medirse únicamente por el equilibrio fiscal. En ese sentido, Fiereder alertó sobre una “ambigüedad profunda” en el discurso oficial, al remarcar la contradicción que implica hablar de crecimiento mientras se debilitan los pilares que sostienen el entramado productivo y social de la provincia de Santa Fe.

Uno de los ejes centrales del análisis industrial es la reaparición del carry trade como herramienta dominante. La entidad observa con preocupación cómo las ganancias financieras vuelven a resultar más atractivas que la inversión en la economía real.

“Un país con sus cuentas en orden, pero con sus naves industriales vaciándose, es un país que está hipotecando su futuro”, afirmó Fiereder. Para la UISF, avanzar hacia un esquema donde la especulación rinde más que la producción de valor agregado representa un riesgo crítico para la supervivencia de la industria local.

Ante el proceso de apertura económica y la competencia internacional, el sector fabril aclaró que no reclama proteccionismo ni beneficios especiales, sino “igualdad de condiciones”. El planteo se centra en una serie de factores que hoy condicionan seriamente al productor santafesino:

Presión impositiva: la urgencia de reducir la presión fiscal.

Costos logísticos y energéticos: falencias en infraestructura y servicios que elevan los precios finales.

Impacto social: la posibilidad de un proceso de reducción industrial que derive en mayor precarización laboral y en el crecimiento del multitrabajo, producto de la pérdida del poder adquisitivo.

Educación, tecnología y desarrollo

Además, la UISF propuso fortalecer el vínculo entre el sistema educativo y el sector productivo. La apuesta está puesta en la educación técnica y la incorporación tecnológica como herramientas para potenciar a las PyMEs y evitar que la innovación se transforme en una amenaza.

Para cerrar, Fiereder dejó una definición de fuerte contenido social sobre el modelo de país que se está construyendo: “El ocaso del sistema productivo es el ocaso de la clase media”. Con esa frase, la industria santafesina llamó a reflexionar sobre si el camino elegido conduce a un país concentrado en pocos sectores o a una nación federal, integrada y sostenida por el trabajo genuino. (APFDigital)

Según estimaciones de la consultora Analytica, entre enero y octubre los pagos por importaciones realizadas por particulares mediante el sistema courier alcanzaron los US$694 millones, un incremento del 292,1% respecto del mismo período del año pasado.

El fenómeno se profundizó en octubre, cuando el servicio “puerta a puerta” registró operaciones por US$92 millones, lo que implica un aumento del 289,9% interanual. Desde julio, el ingreso mensual de bienes se estabilizó en torno a los US$100 millones, aunque la dinámica del e‑commerce sugiere que el techo aún está lejos.

El crecimiento explosivo de estas compras convive con un dato inquietante: China ya concentra el 70% del mercado textil importado en Argentina, consolidando su presencia en un sector históricamente sensible para la producción local.

La normativa vigente permite adquirir productos por courier con un peso máximo de 50 kilos por paquete y un valor de hasta US$3.000 por envío, sin límite anual de operaciones. En el caso de los “pequeños envíos”, se permiten hasta tres unidades iguales y un máximo de cinco envíos por persona al año. Además, las compras de hasta US$400 están exentas de derechos de importación y tasa de estadía, aunque sí tributan IVA. Solo los envíos gestionados por Correo Argentino requieren registración en la web de ARCA.

Este escenario se desarrolla en medio de una profunda crisis industrial, donde miles de pymes enfrentan una competencia desigual frente a productos extranjeros que ingresan con precios más bajos y condiciones más accesibles. La apertura importadora, sumada al auge del comercio electrónico internacional, deja a la producción nacional en una situación de creciente vulnerabilidad. Muchas empresas ya reconocen dificultades para sostener su actividad y su plantilla laboral.

En paralelo, avanza en el Congreso un proyecto de ley para arancelar las compras realizadas en plataformas chinas, una señal de alarma política ante el impacto económico y social que genera este boom importador.

Mientras el consumo digital se dispara, la pregunta de fondo se vuelve inevitable: ¿cuánto más puede resistir la industria argentina frente a un mercado global que entra por la puerta de cada casa?

Tras la desaceleración de la inflación, actualmente la principal preocupación de los argentinos es el nivel de actividad, que redunde en más empleo y mejores ingresos, según explicó el consultor Guillermo Oliveto. La inquietud llega en un momento en el que se están perdiendo cerca de 10.000 empleos privados mensuales solo durante 2025, por lo cual desde la asunción de Javier Milei como presidente se destruyeron más de 220.000 puestos de trabajo. Santa Cruz, La Rioja y Formosa fueron las provincias más afectadas.

Según cifras desestacionalizadas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Santa Cruz perdió el 15% de su fuerza laboral; La Rioja, más del 11%; y Formosa, el 8%.

Entre los rubros más castigados por la administración libertaria estuvieron la construcción, debido al parate de la obra pública nacional dispuesta por el Ejecutivo, y la industria, golpeada por la baja demanda y la apertura indiscriminada de importaciones. Tanto es así, que la capacidad instalada actualmente está operando al 61,1%, según el INDEC.

El empleo en cada uno de estos rubros cayó en 62.741 (-14,3%) y 42.406 (-3,6%), puestos de trabajo respectivamente. A menor escala, también hubo un importante retroceso en el rubro explotación de minas y canteras (-7%, con unos 6.600 empleos menos).

"La construcción es industria de industrias", le dijo Oliveto a este medio, coincidiendo con la mirada del titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco),Gustavo Weiss, quien destacó el efecto derrame que genera este sector.

La dimensión del impacto en Entre Ríos

La pérdida del 2,1% del empleo formal privado en Entre Ríos evidencia que la provincia está inmersa en la crisis laboral, pero su estructura productiva y la presencia de sectores como el agro lograron amortiguar el golpe en comparación con distritos altamente dependientes de un solo sector (como la minería o el petróleo convencional).

Empleo en el resto de las provincias

Según los últimos datos oficiales, el empleo formal privado cayó con fuerza en buena parte del país desde 2023, especialmente en las provincias más dependientes de la obra pública, la industria textil o el petróleo convencional. A contramano, solo dos provincias lograron maniobrar positivamente los datos de empleo durante este período.

La más golpeada sin dudas fue la provincia de Santa Cruz donde el empleo cayó 15% (o 9.807 puestos de trabajo). Esta fuerte caída se explica en gran parte por la baja en la producción de petróleo convencional y el empleo público, según confirmó una alta fuente provincial.

El Plan Andes, que es una estrategia de YPF para vender campos de petróleo y gas maduros convencionales en varias provincias y enfocarse en la producción no convencional en Vaca Muerta, generó una privatización de los campos. Allí, se perdieron cerca de 4.000 empleos, según precisaron a Ámbito.

En La Rioja, en tanto, se destruyeron el 11,25% de los empleos (-3.675 puestos), que se explica por el impacto de la construcción sumado a la contracción industrial. Textil y calzado -dos sectores sensibles a la importación y con fuerte presencia en esa provincia- achicaron sus plantas ante la mayor competencia externa, según explicaron desde Fundar.

En Formosa hubo una caída del empleo del 8,16% (-2.016 puestos). Aquí, la baja se explica casi íntegramente por la pérdida de puestos de trabajo en la construcción. Un fenómeno similar se repite en Santiago del Estero (-6,1% ó 3.285 puestos) y Chaco (-7,6% ó 5.918 empleos), donde el freno de la obra pública golpeó de lleno.

En Tierra del Fuego, que tiene 2.220 puestos de trabajo menos (-2,2%), la contracción se relaciona con la reducción de empleo en la industria electrónica fueguina, una de las actividades más afectadas por la apertura comercial, precisaron desde Fundar.

Dos oasis: en Neuquén y Tucumán el empleo creció

Solo Neuquén y Tucumán conservaron terreno positivo en las estadísticas de empleo, traccionados por dos sectores puntuales: petróleo (Vaca Muerta) y el agro.

Neuquén tuvo un crecimiento de 4.102 puestos de trabajo (+2,9%): Vaca Muerta volvió a demostrar su capacidad expansiva. El boom hidrocarburífero no sólo sumó empleo directo en petróleo y gas, sino también en toda la red de proveedores, logística y comercios, destacaron desde Fundar. El dinamismo, además, no es nuevo: viene siendo la provincia que más empleo formal creó en la última década.

Tucumán creó empleo, aunque a menor escala: Apenas 121 (+0,1%). Aquí se destacó el empuje del empleo agroindustrial, especialmente en la cadena citrícola.

¿Qué pasó en las provincias más grandes?

Otro caso paradigmático en el total de puestos de trabajo perdidos es el de la provincia de Buenos Aires, debido a la magnitud de la población y, por ende, la fuerza de trabajo. Desde noviembre 2023 se perdieron 44.220 puestos de trabajo (-2,2%), según datos oficiales de SIPA.

Le siguen en importancia de pérdida de empleo CABA, con 29.312 puestos de trabajo menos (-1,9%) y Santa Fe con una pérdida de 10.007 empleos (-1,9%). Córdoba, en tanto, fue la que menos perdió (-1,7% ó 8.815 puestos).

La fuerte caída de la provincia de Buenos Aires se explica por el mal desempeño del sector manufacturero. Vale recordar que desde 2023 a mayo de este año cerraron 15.564 unidades productivas, según datos del Instituto Argentina Grande (IAG), donde las provincias con mayores pérdidas de empresas fueron Buenos Aires con 4.293, seguida de Córdoba con una baja de 2.290 y CABA con 2.090.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la caída pudo haber estado amortiguada por su estructura mayormente volcada al sector de servicios, que fue uno de los pocos que resistieron mejor la recesión, con un crecimiento de 0,9% entre el tercer trimestre 2023 y el segundo 2025, según señalaron desde Fundar, publicó Ámbito. (APFDigital)

El Gobierno nacional introdujo una modificación en el régimen aduanero que permitirá a los operadores de comercio exterior utilizar declaraciones juradas para respaldar sus obligaciones en determinadas operaciones de importación. La actualización, formalizada mediante el Decreto 838/2025, habilita una opción adicional al sistema de garantías tradicionales, con el objetivo de simplificar trámites y reducir costos para empresas consideradas confiables.

La norma establece que los importadores podrán presentar un documento firmado “cuando los regímenes de importación establezcan la obligación de garantizar los tributos que pudieran exigirse por dichas operaciones”. Según el decreto, esta herramienta busca “homogeneizar el tratamiento normativo, reducir costos operativos para las empresas y simplificar trámites”, en línea con el plan de modernización impulsado por el Ejecutivo.

La administración aclaró que la alternativa no afectará el control aduanero ni el resguardo del interés fiscal. El planteo oficial sostiene que se trata de un mecanismo menos gravoso que las garantías financieras, que suelen implicar costos adicionales y trámites prolongados para los operadores.

En redes sociales, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida y afirmó que “abre un camino para una importante simplificación de los trámites aduaneros”. Explicó que, ante discrepancias o dudas en la liquidación de tributos, la Aduana suele exigir garantías por el monto en disputa, lo que encarece la operatoria y expone a los importadores a demoras y gastos financieros. Según el funcionario, la posibilidad de reemplazar ese requisito por una declaración jurada “reduce costos y limita las oportunidades de corrupción”.

Sturzenegger señaló que la Aduana deberá definir ahora en qué casos y para qué operadores estará habilitada esta modalidad. Aseguró que el cambio “abre la puerta a una gran simplificación de la operatoria y a una reducción de precios para todos los argentinos”.

La medida se inscribe en un conjunto de reformas orientadas a desburocratizar procesos, digitalizar trámites y hacer más previsible el esquema para el comercio exterior. El sector empresario sigue de cerca los alcances de la implementación, que definirá qué importadores podrán acceder a la nueva opción y bajo qué condiciones.

La industria textil argentina atraviesa una de sus peores crisis del último tiempo. Según el informe mensual de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), la actividad del sector se desplomó 18,1% en agosto respecto al mismo mes de 2024, superando ampliamente el 4,4% de contracción que registró el promedio de la industria nacional.

Además, la caída también es superior a la caída interanual de julio, que fue de 10,1%. Los números evidencian un panorama crítico que se profundiza mes a mes. El uso de la capacidad instalada textil se ubicó en apenas 41,5%, casi nueve puntos porcentuales por debajo del año anterior. En otras palabras, más de la mitad de la capacidad productiva del sector permanece ociosa.

"El sector está atravesando un escenario desafiante que no sólo se explica por la caída en el nivel de actividad y el consumo. Los costos y dificultades financieras también condicionan a las empresas textiles", advirtió Celina Pena, gerente general de FITA.

El deterioro también impacta de lleno en el mercado laboral. En julio de 2025, los sectores de textiles, confección, cuero y calzado contabilizaron 108.000 empleos formales, lo que representa una reducción de 5.000 puestos respecto al mismo mes de 2024. Se trata de una tendencia de contracción sostenida desde febrero del año pasado.

En materia de precios, el informe revela que en septiembre los productos textiles aumentaron 19,7% interanual, marcadamente por debajo de la inflación general (31,8%). En la misma línea, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) del rubro subió 19,7%, frente al 25,5% del resto de la industria. Los datos confirman que, pese al contexto adverso, el sector mantiene variaciones moderadas en sus niveles de precios.

El eslabón primario del sector textil tampoco escapa a la crisis. Según el Semáforo de Economías Regionales de Coninagro, la producción de algodón registró un empeoramiento durante septiembre. Los precios al productor crecieron apenas un 10% interanual, muy por debajo de la inflación, mientras que la producción de la campaña previa cayó 15%.

En el sector de comercio exterior también se profundizó el deterioro: las exportaciones se redujeron 12% en los últimos doce meses y las importaciones se dispararon 119%, lo que erosiona la competitividad del sector y explica su paso a zona crítica. (Ámbito)

El Gobierno Nacional anunció la reducción a 20% los aranceles de importación de 14 categorías de juguetes que hasta ahora tributaban 35%. De esta manera, los niveles arancelarios quedan alineados con los del MERCOSUR.

La medida fue oficializada por medio del Decreto 781/2025, en Boletín Oficial del viernes 31 de octubre, bajo la firma del presidente, Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según se detalló en el comunicado de la Secretaría de Industria y Comercio, hace 13 años se habían incrementado de manera arbitraria los aranceles por encima del nivel del MERCOSUR (20%) con fines recaudatorios y de protección de la industria local.

Esa decisión “desalentó las importaciones y redujo la competencia y las inversiones, aumentando precios y empeorando la calidad de los productos ofrecidos en el mercado”, informó.

En una comparativa regional, expresada en el comunicado oficial, se observa que Argentina es el país con los juguetes más caros. Por ejemplo, el mismo modelo de muñeco transformable de una franquicia internacional cuesta $60.000 en Argentina, mientras que en Colombia tiene un valor de $40.000 (33% más barato), en Brasil y Chile, $20.000 (67% más barato) y en México, $15.000 (75% más barato).

Con respecto a los bloques de construcción para niños, el mismo modelo que en Argentina se consigue por $50.000, cuesta entre $25.000 (50% más barato) y $35.000 (30% más barato) en Chile, México y Colombia.

La muñeca de una franquicia internacional que se vende a $50.000 en Argentina, en Brasil tiene un valor de $35.000 (30% más barato), en Colombia, $40.000 (20% menos) y en Chile, $45.000 (10% menos).

Incluso los juguetes que no pertenecen a franquicias internacionales muestran grandes diferencias. Por ejemplo, unos patines infantiles de similares características cuestan $87.000 en Argentina, mientras que en Brasil, Chile y Colombia se consiguen por valores cercanos a $50.000, lo que equivale a un 42,5% menos.

El Decreto además incorpora una actualización en la Lista Nacional de Excepciones al arancel del MERCOSUR, incorporando las baterías con acumuladores interconectados de hasta 18 módulos y una tensión máxima de 2.500 V por módulo, que pasarán a tener un arancel de importación del 0%.

Por último, en la misiva oficial se detalla que esta medida busca impulsar el desarrollo de proyectos energéticos y armonizar la descripción arancelaria de las baterías con los estándares internacionales, en el marco de la Convocatoria Abierta Nacional e Internacional “Almacenamiento AlmaGBA”. (Fuente: Perfil)

La industria textil argentina atraviesa uno de sus momentos más complejos en la última década. Según datos de la Fundación Pro Tejer, el 70% de la ropa que se comercializa en el país es importada, mientras que el empleo y la producción local sufren caídas sostenidas.

En Entre Ríos, la situación no es ajena a esta crisis. La industria textil entrerriana durante estos últimos años está marcada por el cierre de empresas y pérdida de empleos. En datos cuantitativos se suma a los registros de la provincia en la que Entre Ríos perdió más de 11.300 puestos de trabajo registrados en el sector privado, de acuerdo a un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

En Gualeguaychú, en diálogo con EL ARGENTINO dos voces aportan miradas complementarias sobre esta realidad: la de Rubén, integrante de una cooperativa textil, y la de Beatriz, comerciante con más de tres décadas de experiencia en la venta de ropa importada. Los testimonios revelan la necesidad de políticas públicas que protejan el trabajo genuino.

La cooperativa textil que integra Rubén funciona con una lógica horizontal y solidaria. Son siete asociados que se reparten tareas entre producción y administración: “Nuestra jornada laboral es de lunes a viernes, ocho horas diarias. Cada día se organiza la producción según los pedidos que tenemos en curso, tanto de camas para mascotas como de indumentaria. Las tareas se dividen entre corte, costura, armado, terminaciones y control de calidad. En paralelo, quienes están en administración se ocupan de atender clientes, organizar compras de telas e insumos, gestionar ventas y coordinar la logística de entregas”, describió Rubén.

Esta estructura les permite sostener un orden interno y una distribución clara de responsabilidades, sin perder el espíritu colaborativo. “Las decisiones importantes se toman en asamblea, pero en lo operativo cada área tiene responsabilidades. En producción, algunos compañeros se especializan en costura recta para el armado de camas de mascotas y otros en confección de ropa, y terminaciones. En administración se concentran las tareas de facturación, búsqueda de nuevos clientes y contacto con proveedores. De esta manera logramos un funcionamiento ordenado y con responsabilidades claras, aunque siempre con apoyo mutuo entre todos los sectores”, manifestó Vera a EL ARGENTINO.

La problemática comienza con la adquisición de telas y los insumos condicionados por las fluctuaciones del dólar. “Los precios de las telas se han mantenido relativamente estables, con variaciones estacionales que se pueden prever. Sin embargo, las últimas fluctuaciones del dólar han comenzado a impactar en algunos insumos, generando preocupación en la cooperativa, ya que resulta difícil trasladar estos aumentos al precio final de nuestros productos sin afectar la demanda.”

A su vez, la apertura a las importaciones golpeó fuertemente a los talleres locales. Rubén señaló que la búsqueda de precios bajos por parte del mercado dificulta poner en valor el trabajo cooperativo. “En nuestro caso, esta situación de crisis generó una gran dificultad para ponerle un valor justo a nuestro trabajo, ya que el mercado se orienta cada vez más a buscar precio y no calidad. Competir con prendas importadas a muy bajo costo resulta prácticamente imposible para una cooperativa que produce con mano de obra local, en condiciones dignas y con insumos de calidad.”

El cooperativista mencionó a EL ARGENTINO una nueva estrategia para poder mantenerse: “Frente a este escenario adverso, nos vimos obligados a replantear nuestra estrategia. Nos volcamos hacia la producción de ropa personalizada y productos diferenciados que no resultan atractivos para la importación. Esto nos permitió mantenernos activos, aunque al costo de atravesar un proceso de aprendizaje constante, con todas las dificultades que implica incorporar nuevas técnicas y adaptarse a demandas específicas.”

Uno de los grandes aciertos fue la idea de superar las adversidades colectivamente, en este sentido Ruben afirmó: “Además, entendimos que el camino era fortalecernos en comunidad: nos vinculamos con talleres de estampado de la ciudad y generamos alianzas comerciales que agregan valor a nuestras prendas. De esta forma logramos ofrecer diseños únicos y consolidar una identidad local frente al avance de lo importado, aunque la competencia desleal siga siendo una amenaza permanente para la sostenibilidad de nuestro trabajo.”

Además, la posibilidad de ser proveedores del Estado les permitió sostener la producción y los puestos de trabajo. “Un punto clave para sostenernos fue la posibilidad de ser proveedores provinciales y municipales. Gracias a esa inserción en programas públicos pudimos llevar adelante varios proyectos que nos ayudaron a mantener la producción en marcha y, sobre todo, a sostener los puestos de trabajo en la cooperativa” reflexionó Vera.

Sin embargo, advirtió que sin políticas públicas que protejan la industria nacional, el esfuerzo cooperativo corre riesgo de volverse insostenible. “Creemos que resulta fundamental contar con políticas públicas que protejan la industria nacional y el trabajo textil cooperativo. El fortalecimiento de los talleres locales no solo significa mejores condiciones laborales, sino también la posibilidad de sostener empleos genuinos y de calidad en nuestras comunidades.”

Beatriz tiene un comercio de venta de ropa en Gualeguaychú. Su negocio se abastece principalmente de prendas importadas, que ella misma selecciona en Paraguay, Brasil y Bolivia. “Hace 30 años que tengo negocio y siempre ha habido altibajos en las ventas. Ahora está bastante quieto, pero siempre algo se vende, gracias a Dios”, comentó a EL ARGENTINO.

Según su experiencia, el 80% de sus clientes prefieren lo importado, por considerarlo más económico. “Busco vender siempre más barato, para que mi clientas tengan acceso a prendas accesibles, pero también de buena calidad.” Beatriz afirmó que “lamentablemente, la ropa importada es mucho más linda y de mejor calidad que la nacional”.

En los últimos años, Beatriz ha notado que ya no necesita viajar tanto para conseguir mercadería: la oferta importada llega directamente a Buenos Aires. Aunque los precios son algo más altos, la comodidad y variedad compensan. Reconoce que las ventas han bajado, pero también que el rubro permite guardar stock sin grandes pérdidas.

“El rubro de nosotros tiene la ventaja de que si no se vende, la guarda. De un año para el otro. La mercadería no se echa a perder. Esa es la gran ventaja que por ahí no tiene otro rubro. Lo que sí es real porque lo vivimos y nos damos cuenta, es que han bajado las ventas en todos los rubros y el nuestro no es la excepción. Hay que aguantar”, concluyó Beatriz.

En Gualeguaychú, como en muchas ciudades del país, el sector textil se encuentra en una encrucijada. La presión de las importaciones, la caída del poder adquisitivo y la falta de políticas industriales ponen en riesgo el trabajo local. Frente a esto, experiencias como la de Rubén demuestran que es posible construir alternativas con base territorial, aunque requieren acompañamiento estatal y compromiso social. El testimonio de Beatriz, por su parte, interpela sobre los hábitos de consumo y la valoración de lo nacional.

¿Qué modelo de desarrollo textil queremos? ¿Uno que fortalezca el empleo y la producción local, o uno que dependa de la lógica importadora y del consumo globalizado? La respuesta a la pregunta no es simple, pero el debate está abierto. Y en ese debate, las voces locales tienen mucho que decir.

La reciente edición de Somos Industria dejó un panorama sombrío para el sector fabril. Empresarios de distintos rubros coincidieron en que el “falso oasis” de recuperación terminó, y que la presión de las importaciones, la suba de costos y la falta de apoyo estatal amenaza la supervivencia de muchas compañías.

Una fabricante de calzado relató que sus ventas cayeron un 30% desde diciembre de 2023, afectando principalmente a la producción para terceros, reemplazada por insumos importados más económicos. La sensación general es de “encogimiento del mercado” y competencia desigual.

Martín Rappallini, presidente de la UIA, advirtió sobre la creciente entrada de productos chinos, señalando que no solo compiten, sino que buscan dominar el mercado, profundizando la desigualdad impositiva frente a la producción local. La preocupación central es que la apertura comercial avanza más rápido que las condiciones para producir internamente, generando incertidumbre sobre si la recesión tocará fondo o empeorará.

El titular de la UIPBA, Alejandro Gentile, destacó la relevancia de figuras empresariales locales en su trayectoria y cuestionó el modelo económico del Gobierno. Subrayó la dificultad de competir con productos subsidiados mientras la industria nacional afronta altas cargas impositivas.

En los pasillos de Costa Salguero, la sensación entre los industriales reflejó también el descontento por la política económica y la falta de interlocución con el Gobierno. La incertidumbre sobre las elecciones de octubre se suma a la compleja situación sectorial, sin que se vislumbre un claro panorama de recuperación.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) salió al cruce de versiones difundidas en redes sociales sobre supuestos cambios en los envíos internacionales operados bajo el Régimen Courier. El organismo negó de forma categórica que esté bloqueando pedidos o exigiendo nuevos trámites, como se había sugerido respecto de compras realizadas a través de la plataforma china Shein.

“La noticia que está circulando es falsa. El proceso sigue igual. No se generó ningún requisito adicional en materia de control para este tipo de envíos”, comunicó ARCA, actualmente dirigida por Juan Alberto Pazo. De este modo, desmintió que los consumidores deban notificar la llegada de paquetes operados por Correo Argentino para evitar sanciones o inhabilitaciones.

La confusión se originó a raíz de una publicación viral que indicaba que quienes no notificaran sus envíos dentro de los 30 días podrían quedar imposibilitados de seguir comprando en el exterior. Ante la repercusión que alcanzó esa versión, el organismo aclaró que el único cambio vigente apunta a simplificar la operatoria y hacerla más transparente.

Según explicó ARCA, los consumidores continúan pudiendo realizar compras internacionales a través del Régimen Courier, un sistema que permite importar o exportar paquetes mediante empresas de mensajería privada, cumpliendo ciertos límites.

Entre las condiciones vigentes, el organismo recordó que cada paquete debe pesar hasta 50 kilos, tener un valor declarado de hasta 3.000 dólares y contener un máximo de tres unidades de la misma especie. Además, debe tratarse de bienes sin fines comerciales. Para los envíos de hasta 400 dólares, no se aplican derechos de importación ni tasas estadísticas, aunque sí corresponde el pago de IVA e impuestos internos si fuera necesario.

La entidad también remarcó que no posee ninguna relación comercial con Shein ni con otras plataformas de comercio electrónico extranjeras, y que no impulsa medidas específicas contra productos adquiridos en esos sitios.

La aclaración busca llevar tranquilidad a quienes habitualmente realizan compras internacionales, en un contexto donde las importaciones menores se han vuelto una vía común para adquirir indumentaria, tecnología y artículos del hogar a precios más accesibles que en el mercado interno.

Desde ARCA se comprometieron a mantener informada a la ciudadanía ante cualquier cambio real en las normas vigentes, y advirtieron sobre la circulación de noticias falsas que generan confusión y temor entre los usuarios.

La desregulación comercial impulsada por el Gobierno nacional encendió las alarmas en el sector textil argentino. En lo que va de 2025, el 70% del consumo de ropa ya se abastece con productos importados, mientras la industria nacional se desploma: caídas de hasta 26% en la producción, más de 5.000 despidos, 10.000 suspensiones y una parálisis creciente de las pymes.

Según datos de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), entre enero y mayo las compras de ropa en el exterior crecieron un 136%, alcanzando un récord histórico de USD 1.572 millones. A eso se suman las importaciones textiles, que aumentaron un 93%, muchas veces con precios de dumping: el valor promedio por kilo ingresado fue de apenas USD 5,67.

“La apertura indiscriminada y la apreciación cambiaria están destruyendo nuestra capacidad de competir”, advirtió Camilo Kahale, presidente de FEBA. El sector, que emplea a más de 530.000 personas –el 69% mujeres– y nuclea 24.000 empresas en 17 provincias, atraviesa su peor crisis en años. En Buenos Aires, especialmente en el conurbano, ya se registran cierres de fábricas y más del 40% de la maquinaria industrial está paralizada.

El derrumbe es generalizado: la producción de hilados cayó un 14% y la de tejidos un 26%, mientras las importaciones "hormiga" –como las realizadas por plataformas como Shein o Temu– ganan terreno. Solo en mayo ingresaron por esa vía más de 50 millones de dólares, y se proyecta un nuevo récord en julio.

Desde FEBA reclaman medidas urgentes al Gobierno nacional: revisión del esquema de apertura comercial, recuperación de aranceles estratégicos, compensación cambiaria mediante beneficios fiscales, subsidios a la producción, financiamiento a tasas bajas, y campañas para incentivar el consumo de productos nacionales. También piden un plan de protección del trabajo industrial en articulación con municipios y cámaras sectoriales.

“La industria textil sostiene buena parte de la economía real. Si no se actúa ya, decenas de fábricas pueden cerrar y miles de empleos desaparecer. El daño sería estructural”, concluyó Kahale.

La situación deja en evidencia un dilema central del modelo económico actual: hasta dónde flexibilizar el comercio sin poner en riesgo la matriz productiva nacional. En la textil, la advertencia ya es urgente.