La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) dio a conocer el cronograma de vencimientos impositivos correspondientes a octubre de 2026, indicando los plazos fijados para los contribuyentes de los distintos tributos provinciales, como así también las modalidades vigentes para la consulta, descarga y abonado de las obligaciones fiscales.

En el marco del esquema tributario provincial, durante este mes vence la quinta cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano y la tercera cuota correspondiente al Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural. Para ambas categorías impositivas, las fechas límites se estructuran según la terminación del dígito verificador de cada partida: el vencimiento para aquellas terminadas entre el 0 y el 4 está fijado para el 15 de octubre, mientras que para las terminadas del 5 al 9 la fecha estipulada es el 16 de octubre.

El detalle completo del calendario, con el desglose por períodos y categorías, se encuentra publicado y accesible de forma permanente en la agenda oficial alojada en la web institucional del organismo www.ater.gob.ar.

En relación con las alternativas para la cancelación de las cuotas y obligaciones, se mantienen operativas diversas opciones tanto electrónicas como presenciales. Quienes opten por efectuar el pago de manera presencial en los centros habilitados de Plus Pagos Servicios pueden hacerlo presentando únicamente el Documento Nacional de Identidad (DNI), número de partida, dominio del vehículo o CUIT, según la naturaleza del trámite, sin necesidad de exhibir la boleta en papel impreso.

A su vez, se encuentran plenamente integrados los medios de pago electrónicos, entre los que se destacan la lectura de código QR mediante billeteras virtuales, las transferencias a través de Home Banking, la adhesión al débito automático y las plataformas digitales disponibles en el sitio web institucional.

Para canalizar dudas, realizar consultas administrativas o recibir asistencia técnica sobre la gestión de trámites, ATER dispone de canales de atención remota: el sitio web www.ater.gob.ar, la línea telefónica 0810-888-2837 (con atención de lunes a viernes en el horario de 8 a 13), el correo electrónico consultas@ater.gob.ar y los perfiles oficiales en redes sociales bajo el usuario @aterinfo.

La reunión tuvo como eje central el monitoreo de la situación actual de la actividad productiva local y la revisión conjunta de los operativos puestos en marcha para mitigar las complicaciones derivadas del fenómeno meteorológico "El Niño".

En el marco de la mesa de diálogo, las autoridades y los dirigentes del sector repasaron las tareas operativas y de infraestructura que se vienen ejecutando en diferentes puntos de la ciudad. Entre las acciones prioritarias se destacan la puesta en marcha de los planes de contingencia ante la eventual crecida de las cuencas, los operativos de limpieza profunda y el mantenimiento preventivo de los desagües pluviales en áreas costeras y de alta circulación. Asimismo, se detalló la asistencia logística prestada a los establecimientos ubicados en zonas ribereñas para asegurar la continuidad operativa de los servicios esenciales.

En materia administrativa, el personal técnico de la Municipalidad expuso los avances en el proceso de regularización de la oferta de alojamientos turísticos, la simplificación de los trámites para las habilitaciones comerciales y el soporte técnico otorgado a los prestadores para que puedan acceder a la homologación ante los organismos provinciales correspondientes.

Durante el intercambio, también se detalló el alcance de las medidas de alivio financiero implementadas por la provincia de Entre Ríos a las que pueden acogerse las empresas del rubro. Entre estos instrumentos se incluyen los subsidios a la tarifa eléctrica comercial dirigidos a alojamientos y complejos termales privados, las líneas de crédito destinadas a la reconversión energética, las exenciones en el Impuesto a los Ingresos Brutos y la rebaja en el Impuesto Inmobiliario Urbano. A su vez, se abordó la vigencia del programa de turismo interno mediante la tarjeta Sidecreer, el cual facilita la financiación del 50 por ciento de las estadías en hasta 12 cuotas sin interés.

Finalmente, las autoridades locales y los representantes del sector gastronómico y hotelero acordaron mantener las instancias de seguimiento periódico sobre la evolución del escenario climático para adecuar las herramientas operativas de ser necesario.

El Consejo Empresario de Entre Ríos llevó adelante su decimonovena reunión anual en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, en un encuentro que reunió a referentes del sector productivo, la academia y la función pública. Durante la apertura de la jornada, el gobernador Rogelio Frigerio subrayó la necesidad de consolidar una alianza estratégica entre la administración pública y el ámbito privado como el motor imprescindible para el crecimiento provincial. El mandatario provincial estuvo acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, marco en el cual profundizó sobre el cambio de paradigma institucional orientado a colocar al Estado al servicio de quienes generan empleo e inversión.

Durante su alocución, la máxima autoridad entrerriana remarcó que se ha dado vuelta la lógica tradicional de gestión donde la estructura política antecedía a las necesidades del sector privado. Según argumentó, la eliminación de trabas burocráticas y el acompañamiento directo a quienes producen resultan fundamentales para propiciar la llegada de capitales a la región. En esta línea, remarcó que cuando la administración pública deja de actuar como un obstáculo regulatorio, el empresariado responde reactivando la economía real y expandiendo sus planteles de trabajadores.

Por su parte, el titular del Consejo Empresario de Entre Ríos, Ramiro Reiss, valoró la articulación lograda entre los distintos estamentos y expresó un explícito respaldo a las reformas estructurales encaradas. Desde la conducción empresarial enfatizaron que los Estados verdaderamente sólidos no son aquellos que incrementan de forma constante la recaudación, sino los que optimizan la administración de sus recursos. De este modo, la cumbre empresarial concluyó con un compromiso ratificado por ambas partes para consolidar políticas de largo plazo en la provincia.

Durante un encuentro realizado en la ciudad cordobesa de San Francisco, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, asumió la presidencia pro témpore de la Región Centro tras recibir la conducción de manos del mandatario local, Martín Llaryora, en un acto que contó también con la participación del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

En su intervención, Frigerio convocó a fortalecer el trabajo conjunto entre las tres provincias para consolidar un esquema basado en la producción, la competitividad y el federalismo. Asimismo, remarcó la importancia del proceso de integración regional iniciado hace casi tres décadas y reivindicó la gestión de exmandatarios que impulsaron la creación del bloque.

Uno de los puntos centrales del discurso estuvo enfocado en la presión tributaria que impacta sobre el sector productivo. En ese aspecto, el gobernador ratificó el rechazo de la Región Centro a los derechos de exportación y solicitó la definición de un cronograma concreto para su eliminación gradual, al tiempo que instó a avanzar de manera coordinada en la quita de tributos distorsivos en las jurisdicciones provinciales y municipales.

En materia de infraestructura, Frigerio abordó el estado de las rutas nacionales en la región y reiteró la disposición de los gobiernos provinciales para asumir la responsabilidad sobre el mantenimiento y las obras viales en caso de que la Nación no ejecute los trabajos correspondientes. Por otra parte, celebró la incorporación de Entre Ríos en el esquema de decisiones sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay y demandó una participación activa de las provincias en los organismos donde se definen aspectos estratégicos para el desarrollo logístico.

La agenda regional presentada incluyó además ejes orientados a la modernización educativa, la adaptación a los cambios tecnológicos y la preparación coordinada entre las tres provincias para hacer frente a las contingencias climáticas derivadas del fenómeno de El Niño.

Al término de la cumbre, el nuevo presidente pro témpore destacó el nivel de institucionalización alcanzado por el bloque e instó a profundizar la cooperación entre las administraciones subnacionales para la resolución de problemáticas compartidas.

El plan de regularización de deudas tributarias impulsado en la ciudad alcanzó a más de 1000 contribuyentes desde su puesta en marcha a finales de abril. Frente a este nivel de respuesta, la Dirección de Rentas confirmó la extensión del plazo de adhesión al Régimen Especial de Regularización de Deudas, el cual permanecerá disponible hasta el próximo 30 de septiembre. La medida busca facilitar la cancelación de obligaciones pendientes relativas a tributos, derechos, contribuciones e impuestos locales mediante quitas significativas sobre recargos y multas acumuladas.

El esquema propuesto por la administración comunal establece beneficios diferenciados según la modalidad de cancelación adoptada por el vecino. Quienes opten por el pago al contado accederán a una condonación del 100% sobre los intereses y las sanciones pecuniarias. Para las cancelaciones en hasta 3 cuotas, el descuento alcanza el 90% en recargos, requiriendo un anticipo del 10% del total adeudado sin aplicar intereses de financiación. En tanto, las alternativas de 6 cuotas prevén una quita del 80% en multas y del 70% en intereses con un pago inicial del 20%. Finalmente, las opciones extendidas de 12 y 18 meses ofrecen reducciones graduales adaptadas a la tasa de financiación vigente, estructuradas bajo el sistema francés con cuotas fijas, mensuales y consecutivas.

Con el objetivo de agilizar la atención y evitar demoras administrativas, la Municipalidad dispuso que la tramitación se realice de forma digital mediante la plataforma virtual GualeActiva. No obstante, la atención presencial quedará contemplada exclusivamente para casos particulares debidamente fundamentados. En dichas situaciones, los contribuyentes deberán concurrir a la sede de la Dirección de Rentas, ubicada en el palacio municipal de Yrigoyen 75, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13 horas. La sola adhesión al plan implicará el reconocimiento explícito de la deuda contraída y la aceptación íntegra de las condiciones del programa.

La Oficina Anticorrupción (OA) postergó hasta el 31 de agosto el plazo que tienen los funcionarios públicos para presentar sus declaraciones juradas patrimoniales anuales debido a la extensión del plazo hasta el 27 de julio del plazo para la presentación de declaraciones juradas de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2025.

"La Oficina Anticorrupción extiende el plazo a fin de brindar a los funcionarios alcanzados por la Ley 25188, un período razonable para cumplimentar la presentación de su Declaración Jurada Patrimonial Integral anual 2025", explicó un comunicado oficial del Gobierno.

Dicha obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales ante el organismo recaudador está estipulada en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública 25.188.

El deadline para presentar las declaraciones juradas de funcionarios publicos era el 31 de julio, pero la OA extendió el plazo hasta el 31 de agosto, ya que entre el 27 de julio y el 31 de julio habían apenas cuatro días hábiles para cumplimentar la obligación.

La presentación se realiza a través del formulario F-1245 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el cual integra, cuando corresponda, la información proveniente de las declaraciones juradas impositivas de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

"En los casos en que dichas presentaciones no se encuentren realizadas, los datos deberán ser completados de manera manual", se aclaró.

Fuente: Agencia NA

En línea con las medidas adoptadas por la Municipalidad destinadas a la eliminación de tasas y la reducción de cargas administrativas que pesaban sobre los contribuyentes, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Gualeguaychú aprobó la Ordenanza n° 13084/2026 que modifica el Código de Edificación de la ciudad (Ordenanza n.° 7329/74) y deroga de forma definitiva el registro profesional municipal.

La iniciativa se acopla a las acciones que la gestión local viene sosteniendo bajo el criterio de modernización y desburocratización del Estado. El registro municipal era un obstáculo burocrático innecesario para los profesionales y para la propia administración, ya que el control de la matrícula corresponde, por ley provincial, a los colegios profesionales.

La reforma modifica los artículos 17 y 23 del reglamento de edificación vigente. Con este cambio, los ingenieros civiles, arquitectos, maestros mayores de obra e instaladores ya no requerirán un alta en las dependencias de la comuna para poder ejercer. En su lugar, la Municipalidad validará la habilitación a través de las credenciales de las entidades de la provincia.

El nuevo articulado introduce la incorporación de herramientas tecnológicas para agilizar el inicio y seguimiento de las carpetas de obra, permitiendo que la vigencia de las matrículas se corrobore mediante certificaciones digitales, credenciales electrónicas, códigos QR o sistemas de validación que certifiquen de manera inmediata la identidad y las incumbencias del profesional.

A su vez, la norma ratifica las responsabilidades de los propietarios y profesionales en los alcances del código, al tiempo que permite delegar formalmente las gestiones de tramitación de expedientes de permisos en terceras personas para dinamizar el trabajo de construcción en la ciudad.

Efectivos del Cuerpo de Carabineros reprimieron este miércoles a manifestantes que participaban de una movilización masiva convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y el Colegio de Profesores contra la reforma que promueve el presidente, José Antonio Kast, que contempla recortes presupuestarios en salud y educación, una reducción de impuestos a los sectores ricos y otras medidas contra el medioambiente y los derechos de las comunidades originarias.

Los estudiantes se movilizaron por el recorte de 197,7 mil millones de pesos chilenos, lo que equivale aproximadamente a US$220.737.000, mayoritariamente en Educación Superior, según radio Biobio y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Carabineros empleó carros lanza aguas y gases lacrimógenos contra transeúntes y manifestantes que se movilizaban de manera pacífica en Alameda Ahumada. Además, utilizó perros sin bozal para amedrentar a los jóvenes, reportó Prensa Latina.

Se reportó un número indeterminado de detenciones. Los manifestantes se movilizaban bajo la consigna “La educación defiende las calles”.

La marcha de este miércoles se desarrollaba en medio de fuertes tensiones debido a las restricciones en el diagrama de la marcha impuestas por el aparato estatal.

La Confech denunció que la Delegación Presidencial Metropolitana modificó de manera arbitraria el recorrido originalmente solicitado.

Esta es la primera gran convocatoria estudiantil masiva desde la instalación del Gobierno de Kast, y cuenta con el respaldo activo del gremio docente, consolidando un frente de rechazo contra las políticas de recortes presupuestarios en derechos sociales y las medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo.

Según denunciaron las organizaciones, estas políticas benefician directamente a los grandes grupos empresariales mientras afectan los servicios estatales básicos de las familias trabajadoras.

Las comunidades educativas manifestaron su oposición al proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, recientemente despachado por el Congreso, al denunciar que dicha normativa implementa medidas punitivas y de castigo.

Fuente: AgenciaNA

Nuestro pan de cada día no está exento de la tendencia inflacionaria que, pese a la sostenida desaceleración que evidencian los precios en el último año, hace que el elemental y vital acto de comer sea más caro mes a mes.

Hace mucho tiempo (un año, aproximadamente) que no variaba el precio del kilo de pan. Esto cambió hace algunos días, cuando se empezaron a registrar aumentos que varían entre el 12 y el 20%, dependiendo de la zona geográfica.

Este aumento responde a diferentes factores, entre ellos: la suba cercana al 20% de la harina, acompañada por aumentos en los valores de las grasas, margarinas y las tarifas de servicios, principalmente la luz y el gas.

Para conocer cómo se compone el precio final del pan, El Argentino dialogó con profesionales de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), una institución sin fines de lucro que elabora, difunde y gestiona proyectos de políticas públicas.

Según el “Informe Composición de Precios”, publicado por la fundación hace tres meses el precio del pan alcanzó los $3.538 por kilo, lo que representa un aumento del 11% respecto al informe que habían publicado en agosto del año pasado.

En el mismo período, la inflación general fue del 16,5%, y la del rubro alimentos y bebidas, del 19,5%. Cifras que nos ofrecen un primer dato importante: en líneas generales, el pan aumentó menos que la inflación.

Según datos oficiales del Indec, el precio del pan francés mostró grandes diferencias según la región. En el Gran Buenos Aires, el kilo se vendió a $4.202, mientras que en la región noreste el precio promedio fue de $2.230.

“Lo que pasa en Medio Oriente afecta nuestros bolsillos: en el actual contexto de guerra, el primer costo que va a subir es el de los fletes, principalmente por el aumento en los combustibles debido al bloqueo del estrecho de Ormuz. El flete representa el 6% del precio del sachet de leche y es el 8% de los costos del productor de trigo”, explicó Nicolle Pisani Claro, economista Jefa de FADA. “Los aumentos en la logística van a repercutir en precios y en las ganancias de los diferentes eslabones que producen estos alimentos”, afirmó.

En lo que va del año, la cadena del trigo-pan viene atravesando un contexto menos beneficioso que durante la segunda mitad del año pasado. Los costos aumentaron más que el precio del pan. Eso explica un mayor peso de los costos en el precio final y al mismo tiempo, una baja de la importancia de ganancias e impuestos.

Según el informa de FADA, los fletes totales de la cadena representan el 1,8% del precio al consumidor, equivalente a $63,4 por kilo de pan. Sin embargo, si se analiza por eslabones, el flete del trigo representa el 10,5% de su precio, y el de la harina el 7,8% del precio de la bolsa.

Por otro lado, el valor total de la mano de obra en la cadena representa el 34% del precio final del pan, acumulado en gran parte en el sector panadero. Es decir que, por cada kilo de pan se paga $1.214 de salarios.

En este sentido, el caso del pan (pero también el de la carne y los lácteos) es claro: $1 de cada $4 que pagamos, son impuestos. Y, los que se destacan son: el Impuesto al valor Agregado (IVA) a nivel nacional, Ingresos Brutos en lo provincial y las tasas a industrias y comercios a nivel municipal.

Del total de los impuestos de la cadena, el 79% son nacionales, 18% provinciales y el 3% municipales. El Impuesto a las Ganancias y el IVA son los de mayor participación, ya que juntos representan el 72% de los impuestos totales. Si a ello se le suma Ingresos Brutos, el tercero en importancia, suman el 91% del total.

Para que se entienda: el precio final del kilo de pan está conformado por los costos de producción (61%), los impuestos (24%) y la ganancia (15%). “Este precio se construye a lo largo de toda la cadena. Si lo vemos por eslabones, cronológicamente, la producción del trigo en el campo es el 7% del precio del pan, el molino el 4% y la panadería el 65%, el otro 24% son los impuestos”, sostienen desde FADA.

Pero no es necesario salir de la ciudad para poder comparar las marcadas diferencias de precios. Los testimonios de las panaderías de diversos puntos de la ciudad así lo evidencian: mientras que en el centro se llega a pagar el kilo de pan $4.000, en barrios periféricos llega a costar casi la mitad.

En una de las panaderías que están cercanas al club Juventud Unida, el último sábado, el kilo de pan pasó de $3.000 a $3.400. Lo que representa una suba del 13,33%. “Hace un año y medio, más o menos, que el precio era el mismo”, aclaró la empleada del lugar.

“La gente consume menos harina en verano, por el calor. Pero ahora, con el frío, se notó el aumento de la demanda”, contó la mujer. Además, “muchos, por temas de salud, dejaron de consumir harina y eso se nota”.

En la zona más céntrica los precios cambian. En un comercio de la zona de 25 de Mayo y Rocamora, el kilo de pan pasó de los $3.500 a los $4.000 (+14,28%). Mientras que la docena de facturas aumentó de $8.000 a los $10.000 (+25%).

A tres cuadras, en otra panadería del microcentro las variaciones de precios fueron similares, aunque menores: el kilo de pan pasó de los $3.200 a los $3.600 (+12,5%). La docena de facturas, en tanto, pasó de los $12.000 a los $14.000 (+16,66%).

“Los precios y los cambios de hábitos han hecho que en los últimos años la gente consuma menos harina, menos pan, menos galleta y facturas. Esto se notó mucho después de la pandemia, porque nunca más volvimos a vender lo que vendíamos”, aportó la responsable de atención al cliente del lugar. En esta línea, coincidió con otras de las consultadas: se come más pan con el frío y de mañana se vende más que de tarde.

El contraste se nota mucho más en las panaderías alejadas del centro comercial de Gualeguaychú. Respecto a los hábitos de consumo, un panadero de la zona oeste de la ciudad contó que, debido al impacto de la crisis económica, “durante la semana prácticamente no vendemos facturas, ahora sólo se compran los domingos, pasó a ser un lujito para las familias laburantes”.

En su local, la docena de facturas pasó de costar $6.000 a $7.000 (+16,66%). En tanto, el kilo que estaba $2.000 ahora cuesta $2.400 (+20), mientras que la galleta suiza común pasó de $2.500 a $3.000 (+20%). “Todos los costos han subido, la bolsa de harina (25 kilos) pasó de $14.000 a cerca de $17.000 hace algunas semanas. Eso impacta directamente en el precio de góndola”, aportó el comerciante.

El aumento del pan se dio en toda la ciudad, como queda evidenciado, pero los porcentajes no fueron uniformes, ni mucho menos. En los barrios, los precios llegan a ser hasta la mitad de los que exhiben los comercios céntricos. Y también los hábitos de consumo son diferentes: mientras que algunos clientes elijen no comer o comer menos harina por una cuestión de salud, otros lo hacen por un impedimento meramente económico.

Frente a la caída constante de la recaudación de impuestos que se produjo a lo largo de los últimos nueve meses, el Gobierno nacional se vio obligado a seguir ajustando el gasto en la misma proporción.

En ese marco, las provincias fueron afectadas: en abril, por caso, los envíos discrecionales registraron una baja del 53% interanual.

Así lo indicó un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco que publicó Ámbito. El mes pasado los envíos apenas alcanzaron los $154.643 millones. "Se trata del segundo peor mes de abril desde 2005, ubicándose solamente por encima de 2024. En el contexto de bajas transferencias no automáticas a subnacionales, hubo cuatro actividades que concentraron la gran mayoría de los envíos.

En primer lugar se ubicaron los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que totalizaron $47.000 millones (a nueve provincias) y concentraron el 30% de los fondos distribuidos.

En segundo lugar quedaron los envíos por Universalización de la Jornada Extendida (por $35.000 millones) explicando el 23% de total pagado; en tercer lugar se ubicaron los fondos para Comedores Escolares por $27.000 millones (17% del total) y luego las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales que participaron del 13% por un total de $20.000 millones (a cuatro provincias); así, en conjunto, estas cuatro actividades explicaron el 83% del total del mes; el resto de las actividades explicaron en conjunto el 17% del total del mes.

Cuáles son las provincias que recibieron más fondos

De acuerdo con el informe privado, las provincias que recibieron los mayores volúmenes de desembolsos en el mes fueron Buenos Aires con el 25,7% del total (por $39.708 millones, explicados casi en su totalidad por los fondos para la Universalización Jornada Extendida y para Comedores Escolares).

Detrás figuran Entre Ríos con el 8,9% (por $13.836 millones, apoyado en ATN y Transferencias a Caja Previsional) y Chaco con el 6,9% (por $10.605 millones donde se destacan los ATN y los fondos para la Jornada Extendida).

Un poco más atrás quedaron Tucumán con el 6,3% del total ($9.684 millones); Santa Fe con el 6,1% ($9.438 millones); Mendoza con el 5,8% ($9.029 millones); Córdoba con el 5,8% ($9.000 millones); Neuquén con el 5,4% ($8.410 millones); Misiones con el 4,8% ($7.498 millones) y San Juan con el 4,6% ($7.136 millones).

"Entre estas diez provincias mencionadas concentraron el 80% de los envíos totales. Por el contrario, en el fondo de la tabla quedaron Tierra del Fuego, Chubut y Santa Cruz, que recibieron menos de $400 millones en cada caso y explicaron, en conjunto, apenas el 0,5% del total", indica el informe. (APFDigital)

La Ley 11.390, vigente desde hace décadas y que establece beneficios impositivos para cooperativas, fue eje de debate este martes en la Cámara de Diputados. El proyecto conocido como “Ley Hojarasca”, impulsado por el Gobierno, incluía su derogación, lo que generó un fuerte rechazo en el sector cooperativo y abrió la discusión sobre el régimen tributario vigente.

El artículo 5 de la norma contempla exenciones sobre impuestos al sellado y timbre en los actos de constitución de cooperativas, así como beneficios sobre el valor de edificios y construcciones. Su eliminación, prevista en el dictamen de comisión, fue cuestionada en la reunión de la Comisión de Asuntos Cooperativos, presidida por Aldo Leiva.

Tras el reclamo de entidades del sector, el oficialismo aceptó retirar este punto del proyecto, evitando así la derogación inmediata de la norma. Representantes de distintas federaciones coincidieron en que la supresión de la ley generaría un perjuicio económico significativo y reclamaron que cualquier modificación se discuta con seriedad y en un marco de diálogo.

Bruno Rodríguez, secretario de la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas Eléctricas y otros Servicios Públicos (Conaice), pidió mantener las exenciones de la Ley 11.390 y eliminar su derogación del proyecto actual. Néstor Fiumano, de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo (FACC), advirtió que la medida implicaría un costo adicional al impuesto destinado al Fondo de educación y capacitación cooperativa.

Por su parte, Pablo Rodofili, titular de la Federación Argentina de Entidades de la Salud Solidaria (Faess), sostuvo que es necesario discutir el régimen tributario cooperativo, pero “con seriedad y no derogando una norma sin reemplazarla por otra”.

La discusión sobre la Ley 11.390 abre un debate más amplio sobre el futuro del sistema impositivo aplicado a las cooperativas y la necesidad de revisar su marco legal sin afectar derechos adquiridos ni generar retrocesos en el sector.

Fuente: Agencia NA

El Gobierno nacional anunció la ampliación del Régimen de Aduana en Factoría (RAF) a toda la industria, habilitando la importación de insumos, partes y componentes sin el pago de aranceles ni impuestos mientras se utilicen en procesos productivos. La medida, oficializada mediante el Decreto 252/2026, modifica un esquema vigente desde 2002 que en la práctica había quedado restringido a la industria automotriz.

Con esta reforma, cualquier sector podrá acceder al beneficio, lo que busca reducir costos de transacción, mejorar la competitividad y fomentar la incorporación de valor agregado local. El régimen también alcanza a proveedores de empresas exportadoras, ampliando su impacto a lo largo de la cadena de valor y favoreciendo una mayor integración de la producción nacional.

Entre los cambios centr

ales, se eliminan requisitos que antes funcionaban como barreras de entrada. Por un lado, ya no será obligatoria la constitución de una garantía global única, habilitándose el uso de cualquiera de las alternativas previstas en el Código Aduanero. Por otro, se suprime la exigencia de firmar acuerdos previos con cámaras sectoriales, lo que abre el régimen a un universo más amplio de compañías.

La implementación y regulación del nuevo esquema quedará bajo la órbita de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, que deberá definir los mecanismos operativos. Según el Gobierno, la reforma apunta a modernizar un marco normativo con más de dos décadas de antigüedad, que presentaba limitaciones para impulsar la producción y las exportaciones.

Fuente: La Nación

Se puso en marcha el lunes la renovación total del alumbrado público tras la llegada -entre diciembre de 2025 y febrero de 2026- de más de 8.000 equipos con tecnología LED. La intervención comenzó en la intersección de Luis N. Palma y Alsina, en la zona aledaña a la cancha del Club Juventud Unida, y avanzó por la primera arteria en dirección al este.

El intendente Mauricio Davico subrayó el alcance del programa provincial Entre Ríos LED, impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio, que se aplica en Gualeguaychú: “Las luces amarillas de sodio viejas no van más. Compramos 8.150 luminarias LED, lo cual va a permitir un 40% de ahorro de consumo de energía, pero además, este tipo de tecnología ilumina un 30% más”, y remarcó: "Vamos a reemplazar las luminarias de las plazas, las avenidas, los bulevares y el resto de las calles de la ciudad, todo gracias a la contribución de los vecinos de Gualeguaychú de más de 2.000 millones de pesos y el acompañamiento de Provincia vamos a lograr una iluminación más eficiente más moderna y más seguridad para nuestras calles”.

También destacó que “vamos a agregar 1.200 luces LED donde hoy no hay ningún tipo de iluminación, y todo esto lo vamos a poder hacer gracias a la plata de los impuestos”.

El operativo se ejecuta con un camión dotado de brazo hidráulico articulado y canastilla aérea, el cual permite trabajar en altura con precisión. Mediante el uso de esta maquinaria, el personal técnico retira los antiguos artefactos de sodio, desmonta las estructuras existentes y coloca los nuevos equipos, que presentan mayor capacidad lumínica y menor demanda energética.

El primer cuadrante definido para el reemplazo está delimitado por Rocamora y Primera Junta al este; boulevard Montana al norte; Sarmiento y Alsina, conocida como Avenida Parque, al oeste; y avenida Del Valle al sur.

El esquema operativo abarca área céntrica, sectores residenciales, arterias troncales, espacios recreativos y puntos periféricos, con una planificación que responde a criterios técnicos vinculados con jerarquía vial, configuración urbana y volumen de circulación.

El lote adquirido se compone de 8.000 luminarias de 100 watts, 100 unidades de 150 watts y 50 farolas de 70 watts. Cada modelo se asigna según las características de cada sector urbano. Con este recambio, el ejido quedará cubierto íntegramente con tecnología LED.

Se trata de una intervención estratégica que redefine la infraestructura urbana y consolida un estándar tecnológico acorde a las demandas actuales, pero que también harán de Gualeguaychú una ciudad más sustentable y segura.

En 2025 se patentaron 26.632 vehículos híbridos y eléctricos en Argentina, lo que representó el 4,6% del total del mercado automotor. Este número marcó un crecimiento del 88% respecto a 2024, cuando se habían registrado poco más de 14.000 unidades.

En varias provincias y ciudades argentinas se mantiene la exención total o parcial del impuesto automotor para vehículos eléctricos e híbridos, lo que funciona como un incentivo directo a la movilidad sustentable.

Lugares como Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Chubut, Mendoza, Río Negro, San Juan, San Luis, San Salvador de Jujuy, Río Grande y La Plata ofrecen este beneficio, que en muchos casos se traduce en “patente cero” o descuentos significativos. Estas políticas fiscales fortalecieron las ventas en los últimos años, ya que el ahorro impositivo fue un argumento clave para que más consumidores se animaran a incorporar autos híbridos y eléctricos, acompañando el crecimiento nacional del sector.

En Entre Ríos la compra de vehículos híbridos y eléctricos estuvo asociada a un beneficio fiscal concreto: la exención total del Impuesto a los Automotores por cinco años. Ese esquema, aprobado en 2022, funcionó como un incentivo directo a la movilidad sustentable.

Sin embargo, a través del Boletín Oficial, el Ejecutivo promulgó la reforma integral del Código Fiscal, la cual introduce modificaciones estructurales en la forma en que se cobran los tributos y se sanciona la morosidad en la provincia.

Entre las modificaciones, por ejemplo, ya no existe la exención automática de cinco años para autos híbridos y eléctricos. Desde enero de 2026 rige la Ley 11.247, que establece un esquema impositivo escalonado.

El responsable de la sede de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) de Gualeguaychú, Horacio Quinteros, en diálogo con EL ARGENTINO explicó cómo impacta este cambio en los contribuyentes.

—¿Qué pasaba hasta diciembre de 2025 con los autos híbridos y eléctricos?

—Hasta el 31 de diciembre de 2025 estaba vigente la Ley 10.949 de 2022, que eximía del 100% de la patente por cinco años. Es decir, si alguien compraba un vehículo hasta esa fecha, obtenía la exención proporcional de 2025 más cuatro años completos.

—¿Qué cambió a partir del 1 de enero de 2026?

—Con la nueva Ley 11.247, el beneficio se redujo. El artículo 14 establece que el primer año hay exención total, el segundo año un 50%, el tercero un 20% y ya en el cuarto año se tributa el 100%.

—¿Qué impacto tiene este cambio para los contribuyentes?

—El ahorro impositivo ya no es tan prolongado. Quienes compren un híbrido o eléctrico ahora deberán considerar que la patente vuelve a formar parte del costo de mantenimiento en un plazo mucho más corto.

—¿Qué mensaje le daría a quienes evalúan comprar un vehículo sustentable en este nuevo contexto?

—Que tengan en cuenta que el beneficio sigue existiendo, pero es más limitado. La movilidad sustentable sigue siendo incentivada, aunque ya no con la fuerza de la “patente cero” de cinco años.

Ese régimen, conocido como “patente cero”, fue clave para impulsar la movilidad sustentable en Entre Ríos. Pero, ¿qué implica realmente este concepto?

La movilidad sustentable es aquella que permite trasladarse de manera eficiente y accesible, reduciendo el impacto ambiental y mejorando la calidad de vida en las ciudades. La utilización de vehículos eléctricos que se destacan por sus ventajas ambientales y económicas son unos de los protagonistas. Al no emitir gases contaminantes durante su uso, contribuyen a reducir la huella de carbono y mejorar la calidad del aire en las ciudades.

A nivel nacional, el gobierno sostiene el cupo de importación sin aranceles para 50.000 unidades anuales, lo que sigue impactando en la oferta y los precios. Hoy se comercializan más de 70 modelos electrificados de 32 marcas, consolidando un mercado en expansión que refuerza la movilidad sustentable.

En el marco del nuevo esquema nacional de subsidios energéticos y de la actualización del precio mayorista de la energía, el Gobierno de Entre Ríos continúa aplicando medidas para mitigar el impacto en la factura de luz de los usuarios. La estrategia se centra en los componentes tarifarios bajo su competencia: el valor agregado de distribución (VAD) y los impuestos provinciales y municipales.

La boleta de energía se compone de tres elementos: el VAD, los impuestos y tasas, y el precio mayorista definido por la Nación. La actualización de los valores estacionales del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), vigente desde febrero, implica un incremento promedio del 4,5%. Sin embargo, el Gobierno provincial logró atenuar este impacto mediante dos decisiones clave:

Congelamiento del VAD, que se mantiene sin cambios desde hace un año y medio. Eliminación de impuestos provinciales en la tarifa eléctrica, medida vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Desde el 16 de enero, la Nación implementó los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que redefinen criterios de acceso según ingresos familiares. El beneficio alcanza a hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT).

Para adecuar la aplicación, la provincia dictó dos resoluciones:

La actualización del Impuesto a las Ganancias trae alivio para una parte de los trabajadores en relación de dependencia y redefine los montos a partir de los cuales se comienza a tributar. Con los nuevos valores vigentes desde enero de 2026, un empleado soltero y sin hijos que perciba un salario neto de hasta 2,5 millones de pesos mensuales quedará exento del impuesto. En el caso de quienes cobren 4 millones de pesos netos, la retención mensual será de 187.000 pesos.

Para los trabajadores casados que deducen cónyuge e hijos al 100%, el beneficio es mayor: no habrá retención para sueldos netos de hasta 3 millones de pesos. Incluso con un ingreso de 4 millones de pesos mensuales, el descuento será sensiblemente menor y alcanzará los 35.053 pesos.

Estos cambios se explican por la actualización semestral del 14,29% del Mínimo No Imponible (MNI), las deducciones personales y la escala del impuesto, de acuerdo con los valores publicados por ARCA (ex AFIP). La revisión corresponde al período julio-diciembre de 2025 y rige desde enero de 2026, aunque su aplicación es retroactiva al 1° de enero.

Con la nueva tabla, los pisos a partir de los cuales se empieza a pagar Ganancias quedan en un sueldo bruto de 3.000.045 pesos para un trabajador sin conviviente ni hijos, 3.487.190 pesos para un casado sin hijos y 3.952.152 pesos para un casado con dos hijos. A partir de esos montos se aplica una escala progresiva de alícuotas que va del 5% al 35%, por lo que el impuesto aumenta en forma gradual a medida que crecen los ingresos.

La retroactividad de la medida implica que las empresas deberán recalcular las retenciones ya practicadas en enero y ajustar las diferencias en el pago de febrero, devolviendo a los empleados lo descontado de más. Además, el monto final a pagar puede variar según las deducciones permitidas, que cuentan con topes establecidos por la normativa.

Los valores actualizados regirán durante el primer semestre del año, entre enero y junio, y volverán a modificarse en la segunda mitad de 2026 en función de la inflación. Actualmente, se estima que cerca de un millón de trabajadores en relación de dependencia alcanzan el Impuesto a las Ganancias.

Este viernes se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria del año del Honorable Concejo Deliberante, presidida por la viceintendenta Julieta Carrazza, donde se trató y aprobó el proyecto que modifica las tasas que abonan los usuarios por el uso de energía eléctrica; específicamente entró en vigencia la modificación al Código Tributario Municipal (Ordenanza N.º 10.446/2000 y modificatorias).

Esta medida, impulsada por el Departamento Ejecutivo, presentada por el presidente municipal Mauricio Germán Davico comenzará a aplicarse en las facturas emitidas por la Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychú Ltda.

Los principales cambios implementados son:

-Tasa sobre Consumo de Energía Eléctrica (Artículo 30, Título X, Capítulo I): se redujeron las alícuotas al 13% sobre el consumo básico facturado para todos los usuarios residenciales y al 13% para los usuarios identificados como comerciales, oficiales e institucionales. Esta baja representa un alivio fiscal para los hogares y comercios de la ciudad, alineándose con el espíritu municipal de promover la reducción de tasas, derechos y contribuciones.

-Contribución Única del Prestador de Servicios Eléctricos (Artículo 31, Título X, Capítulo II): se fijó la alícuota en 6% como compensación por los servicios de inspección de higiene, profilaxis y seguridad de locales y establecimientos, ocupación del espacio público (aéreo, terrestre o subterráneo) y demás servicios sin tasa especial. Esta adecuación responde directamente al Decreto Provincial N.º 3578/2025 estableciendo el 6% sobre ingresos brutos (netos de impuestos percibidos por cuentas de terceros). La Cooperativa incorpora este porcentaje como cargo de distribución en sus cuadros tarifarios, sin generar cargas adicionales para los usuarios.

La vigencia de estas disposiciones comenzará con la liquidación del período enero 2026, otorgando previsibilidad y beneficios inmediatos a los contribuyentes. La Dirección de Rentas continúa como autoridad de aplicación, con plenas facultades para implementar y fiscalizar el cumplimiento de la norma.

La presión tributaria en la Argentina durante el 2025 fue la menor en la última década, según reveló un informe reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). El análisis reflejó que al considerar la presión tributaria efectiva nacional, (recaudación con relación al tamaño de la economía) de los últimos 10 años, 2025 se ubica en el último lugar (bajo un orden de mayor a menor).

Asimismo, expuso que en relación al 2024, la presión tributaria presenta un descenso de 1,1 puntos porcentuales del PBI, a partir de la reducción de impuestos que viene llevando a cabo la administración de Javier Milei.

En este contexto, el reporte señaló que también se redujo la recaudación tributaria nacional total acumulada a diciembre, siendo la más baja de los últimos 10 años. En esta línea, precisó que respecto al año 2023, la recaudación real de 2025 fue 6,6% menor.

De esta manera, el IARAF estimó que en el calendario pasado la recaudación tributaria nacional habría descendido un 1% en términos reales respecto al año 2024 y aclaró que “si no se considera la recaudación de los impuestos vinculados al comercio exterior, la recaudación habría aumentado un 4,5%”.

En términos de variación real interanual, precisó que en el año 2025 los tributos con mayor caída (sin tener en cuenta la eliminación de impuesto PAIS) habrían sido Bienes Personales (-34,6%), derechos de exportación (-16%) e Internos coparticipados (-11,7%).

En contraste, el informe detalló que los tributos con mayor aumento habrían sido impuestos a los combustibles (42,9%), derechos de importación (22,3%) y seguridad social (13,8%).

Con respecto al comportamiento del último mes del año, reveló que la recaudación habría descendido un 3% real interanual durante diciembre de 2025, mientras que excluyendo los ingresos por tributos vinculados al comercio exterior, la variación real interanual sería nula.

El resultado de diciembre implica la quinta caída real interanual consecutiva de la recaudación y se explica por la quita de derechos de exportación, ya que habría mermado un 58% real interanual, por lo que “incidió de manera negativa la eliminación de carga tributaria al sector agropecuario”.

Además, también aportaron al descenso recaudatorio la baja real interanual del 25% de impuestos internos y la caída del 19% de Bienes Personales, “estos últimos por comparar con una base alta de diciembre de 2024 y por bajas de alícuotas”.

La reciente publicación del Decreto 929/2025 volvió a encender las alertas sobre el precio de los combustibles. La norma dispone una actualización parcial de los impuestos que gravan a las naftas y al gasoil a partir del 1° de enero de 2026 y posterga para febrero la aplicación del resto de los incrementos, lo que abre la puerta a nuevas subas en los valores en surtidor.

Si bien el decreto no fija precios ni establece aumentos directos para el consumidor, la actualización del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono impacta de manera directa en la estructura de costos de las petroleras, que históricamente trasladan esos cambios impositivos al precio final.

Durante enero de 2026, se aplicará una suba parcial de los impuestos: en el caso de las naftas, el incremento será de $17,291 en el tributo a los combustibles y de $1,059 en el impuesto ambiental. Para el gasoil, el aumento será de $14,390 en el impuesto general, más un adicional de $7,792 en las zonas alcanzadas por el tratamiento diferencial —como la Patagonia— y $1,640 por el impuesto al dióxido de carbono.

Además, el decreto establece que el resto de los aumentos pendientes, correspondientes a actualizaciones por inflación acumuladas desde 2024 y parte de 2025, comenzarán a regir a partir del 1° de febrero de 2026. De este modo, el Gobierno optó por dosificar el ajuste impositivo para evitar un impacto brusco en los precios.

Desde el Poder Ejecutivo justificaron la medida en la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, en un contexto en el que los combustibles tienen un peso clave en la inflación, el transporte y los costos logísticos.

El impacto concreto en los surtidores dependerá de la decisión de las empresas petroleras, que definen sus precios en función de múltiples variables, como el tipo de cambio, el precio internacional del crudo y la competencia en el mercado. Sin embargo, analistas del sector coinciden en que la actualización de impuestos suele reflejarse, total o parcialmente, en los valores al público.

Así, aunque no se trate de un aumento automático ni uniforme, el esquema dispuesto por el Gobierno deja planteado un escenario de presión alcista sobre los precios de la nafta y el gasoil entre enero y febrero de 2026, en un contexto de alta sensibilidad social frente al costo de los combustibles.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos analizará este lunes, desde las 15, el proyecto del Poder Ejecutivo que introduce modificaciones al Código Fiscal y a la Ley Impositiva provincial, iniciativas que ya cuentan con media sanción del Senado. El tratamiento se realizará en el ámbito de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, en una jornada clave para el cierre del paquete fiscal antes de fin de año.

El proyecto fue aprobado la semana pasada en la Cámara Alta en una sesión especial, sobre tablas y con los dos tercios de los votos requeridos, tanto en general como en particular. Desde el Gobierno provincial se destacó que las modificaciones apuntan a “fortalecer la equidad, eficiencia y sustentabilidad del sistema tributario”, adecuándolo a las actuales condiciones económicas, sociales y administrativas.

Entre los principales cambios al Código Fiscal, el Ejecutivo propuso la incorporación de la figura del interés punitorio para las deudas reclamadas judicialmente, con el objetivo de sancionar incumplimientos agravados y proteger el crédito fiscal. Además, se modifica el régimen de honorarios de los procuradores fiscales, estableciendo que sólo podrán percibirse una vez cancelada o regularizada la deuda, priorizando así el ingreso efectivo de recursos al Tesoro provincial.

En cuanto a la Ley Impositiva, el proyecto contempla una reducción de alícuotas para la actividad de servicios de integradores de aves y porcinos, la fijación de una alícuota del 5% para la provisión de servicios de internet y la actualización de valores para contribuyentes adheridos al régimen simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, entre otros puntos.

Desde el Poder Ejecutivo confían en que las modificaciones permitirán mejorar la recaudación y la administración de los recursos fiscales, garantizando una distribución más equitativa de las cargas tributarias.

No obstante, durante el debate en el Senado se escucharon reparos desde la oposición. El senador peronista Víctor Sanzberro cuestionó la falta de tiempo para el análisis del proyecto en comisión y advirtió que el tratamiento apresurado puede afectar la calidad legislativa. “No existe una situación de urgencia que justifique discutir una veintena de artículos sin el tiempo material necesario”, señaló, aunque aclaró que el bloque acompañó para no obstaculizar que la Provincia cuente con su esquema fiscal antes de fin de año.

El debate ahora se traslada a Diputados, donde se definirá si el paquete fiscal queda sancionado definitivamente en las próximas horas.