Ese día, en la pequeña localidad ubicada a tan solo 11 kilómetros de Paraná, se iniciaba una de las búsquedas más prolongadas y dolorosas de la historia reciente argentina. Su madre, María Inés Cabrol, transformó el dolor en movimiento: encabezó marchas, golpeó puertas, recorrió el país ante cada pista. Pero murió sin saber la verdad.

Pocas horas después del secuestro, la familia recibió un llamado exigiendo 2.000 pesos de rescate. Detrás de ese mensaje, la Justicia ubicó a Miguel Ángel Lencina, un violador y homicida que había sido beneficiado con salidas transitorias. Detenido el 1° de agosto, Lencina apareció ahorcado en su celda apenas cinco días después, sin confesar qué había hecho con Fernanda.

Su pareja, Mirta Chávez, fue condenada por complicidad y extorsión. Dijo que Lencina había asesinado a la adolescente y conservaba sus zapatillas. Pero el cuerpo nunca apareció. Y lo más grave: la investigación nunca logró una certeza. Solo hipótesis. Solo conjeturas. Desde redes de trata hasta encubrimientos policiales, todo ha sido sugerido. Nada probado.

En 2019, el caso fue archivado. La causa fue guardada, pero no el dolor. Fernanda sigue figurando como persona desaparecida en el Programa Nacional de Recompensas. Se ofrecen dos millones de pesos por datos que permitan hallarla. ¿Quién sabe qué ocurrió realmente? ¿Quiénes siguen callando?

Este 25 de julio, a 21 años exactos, su familia difundió una carta abierta. Es un grito desde lo más profundo: “Díganlo. Hablen. Den un paso hacia la verdad”, ruegan. No exigen venganza. No quieren castigo. Piden humanidad. Piden que alguien, al fin, rompa el silencio. “Nuestra vida quedó marcada por una ausencia que duele todos los días”, escriben. Y advierten algo esencial: “No naturalicemos la desaparición de una niña”. La indiferencia también desaparece personas. El olvido es un crimen pasivo.

La carta concluye con una promesa que no se rompe: “Te seguimos buscando. Nunca dejamos de hacerlo. Te amamos como el primer día. No bajamos los brazos. No lo haremos nunca”.

Fernanda Aguirre sigue desaparecida. Pero su nombre, su historia y su búsqueda no.

No fue la única denuncia. Una ola de testimonios similares llevó al capellán primero a prisión común y luego a domiciliaria. El juicio, previsto para julio de 2024, nunca llegó: una semana antes, el Tribunal Criminal Nº 5 de La Plata decretó la extinción de la acción penal por prescripción, sobreseyó a Sidders y ordenó su inmediata libertad. El fallo se apoyó en la reciente decisión de la Corte Suprema que benefició al ex sacerdote Juan José Ilarraz, condenado por abusar de siete menores en un seminario en Paraná.

Daniela falleció en septiembre de 2024, a los 32 años, por una enfermedad intestinal que atribuía al daño psicológico ocasionado por los abusos. Su testimonio, revelado por Prensa Obrera, expuso el horror vivido: “A los 12 años tuve mi primer intento de suicidio. El silencio me provocó muchísimo malestar”.

El fallo de la Corte Suprema en el caso Ilarraz, dictado el 1 de julio, revocó la sentencia del Superior Tribunal de Entre Ríos y consideró prescripta la acción penal. Alegó que, aunque los hechos sean aberrantes, el principio de legalidad penal no puede flexibilizarse. Así, estableció un límite claro a la imprescriptibilidad en causas de delitos sexuales cometidos décadas atrás por miembros de la Iglesia.

La abogada de la familia de Silva, Pía Garralda, calificó el fallo como una garantía de impunidad: “Tiene una clara intencionalidad política para proteger a los abusadores”. Explicó que estos delitos rara vez se denuncian en el momento, especialmente cuando las víctimas son menores, lo que exige una mirada distinta sobre los plazos de prescripción. Recordó que las leyes Piazza (2011) y la reforma de 2015 cambiaron esos criterios, pero los hechos anteriores quedaron fuera del nuevo marco legal.

Carlos Lombardi, abogado y asesor de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, señaló la contradicción entre legalidad y justicia: “El fallo que sobresee al cura Sidders es legal, sí. ¿Es justo? No”. Subrayó que mientras las víctimas cargan con secuelas profundas, los agresores quedan libres por cuestiones formales.

Sidders, de 65 años, fue cura, docente y conductor de “Ave María Purísima”, un programa local donde aparecía con sotana negra y boina rural. Desde ese espacio, lanzó discursos misóginos, discriminatorios y anti derechos, lo que motivó denuncias ante el INADI y el retiro de su programa del aire por parte del Arzobispado de La Plata.

Los casos de Sidders y Ilarraz fijan precedentes alarmantes para hechos similares ocurridos antes de 2011. La interpretación judicial prioriza el paso del tiempo por sobre el sufrimiento de las víctimas. El debate sobre la prescripción y el rol de las instituciones religiosas en el encubrimiento vuelve al centro de la escena. (Fuente: APFDigital)