La Justicia federal dio un paso formal hacia el inicio del juicio oral contra el representante de modelos Leandro Santos y tres personas de su entorno, al fijar la fecha para la realización de la audiencia preparatoria del debate. El encuentro fue convocado por el Tribunal Oral Federal N°1 de la Capital Federal para el próximo 24 de noviembre, instancia en la que los magistrados y las partes definirán los aspectos organizativos, la prueba que se proyecta producir y la modalidad bajo la cual se llevará adelante el juzgamiento de los imputados en Comodoro Py.

El tribunal a cargo del proceso estará integrado por los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, mientras que la acusación fiscal será llevada adelante por el representante del Ministerio Público Fiscal, Miguel Osorio. La fijación de esta audiencia previa constituye el paso procesal necesario para determinar el calendario definitivo del juicio y disponer las citaciones de los testigos que prestarán declaración testimonial a lo largo de las audiencias.

El expediente tuvo sus primeras actuaciones en el año 2010 en la República Oriental del Uruguay, en el marco de un procedimiento denominado internamente "Operación Blanca". Con el transcurso del tiempo y el avance de las averiguaciones, la causa derivó en una investigación tramitada ante la fuero federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se recolectaron los elementos de convicción que permitieron el procesamiento de los acusados y la posterior elevación de las actuaciones a la etapa de juicio oral.

De acuerdo con la hipótesis formulada por la acusación, la estructura montada alrededor de la agencia de modelaje Latin American Models habría sido utilizada como pantalla comercial para captar jóvenes en Argentina y Uruguay. La imputación sostiene que la promesa de inserción y desarrollo profesional en el ámbito publicitario o del espectáculo constituía el mecanismo de atracción para luego derivar a las víctimas a situaciones de explotación sexual en eventos, reuniones y encuentros de carácter privado.

Además de Leandro Santos, la nómina de imputados que deberán afrontar el juicio oral incluye a sus hermanos Rodrigo y Micaela Santos, a quienes la investigación atribuye un rol operativo enfocado en el reclutamiento y la selección de las jóvenes a través de la firma comercial. Por otra parte, se encuentra imputado Luis Zanardi, señalado en las actuaciones como la persona encargada de la logística de los encuentros privados, la entrega de dinero a las presuntas víctimas y la coordinación de los traslados. La acusación formal abarca los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, amenazas y maniobras de lavado de activos.

Fuente: Noticias Argentinas (NA)

Todo sucedió en la madrugada del domingo 2 de agosto, cuando la víctima de 18 años caminaba junto a dos amigas por la calle Eva Perón en dirección al norte. Al llegar a la intersección con Concordia, fueron abordadas por un delincuente vestido de negro, y que exhibiéndoles un cuchillo, le sustrajo a una de ellas la cartera que llevaba.

El delincuente comenzó a correr con el bolso en sus manos, pero el hecho fue advertido por un joven que decidió intervenir. Comenzó a perseguirlo y pudo detenerlo hasta el arribo de un móvil de la Comisaría Segunda, que fue advertido rápidamente de lo que había sucedido.

Como resultado del procedimiento, el delincuente de 20 años fue aprehendido y se le secuestró el cuchillo tipo Tramontina, que sirvió para la imputación en la causa por robo agravado. Luego de permanecer unas horas detenido, se dispuso su arresto que actualmente lo cumple bajo la tutela de un pastor en la zona suroeste de Gualeguaychú.

Este martes se realizará la audiencia de remisión a juicio en el Juzgado de garantías, para definir si el imputado afronta un debate oral o la posibilidad de llegar a un acuerdo abreviado, por la supuesta contundencia de las pruebas en su contra.

La investigación por el homicidio de Nilo Benjamín Ausqui, de 46 años, ocurrido en los primeros minutos de la madrugada del lunes, sumó un nuevo avance con un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Yapeyú. El procedimiento, ordenado por la Justicia, tuvo resultado positivo y permitió el secuestro de prendas de vestir que serán incorporadas como evidencia en la causa.

La diligencia fue concretada por personal de Comisaría Segunda, con la colaboración del Grupo Especial GEG y de Policía Científica, en el marco de la investigación por el crimen ocurrido en la zona sur de la ciudad. Tenía como premisa localizar el arma de fuego, pero en su lugar fueron halladas prendas de vestir que serían coincidentes con las que tenía colocadas el acusado al momento del hecho, que quedó registrado en cámaras de seguridad.

El allanamiento se produjo en la antesala de una jornada clave para el expediente judicial. Está previsto que este martes la Fiscal le tome declaración indagatoria al único imputado, Cristian Nahuel León, de 23 años, quien se encuentra detenido y acusado del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La audiencia de indagatoria fue programada para el mediodía o posiblemente se traslade a la tarde. Tras esa instancia, el Ministerio Público Fiscal le solicitará ante al Juzgado de Garantías la prisión preventiva del acusado mientras continúa la investigación.

Además, para este martes a las 9 fue fijada la autopsia al cuerpo de la víctima en la Morgue Municipal del Cementerio Norte. El informe forense será una pieza clave para esclarecer las circunstancias del homicidio y fortalecer la investigación que lleva adelante la Justicia.

El informe oficial presentado por el organismo en su sitio web precisa que el expediente contra la casa madre del fútbol argentino se enmarca en cuatro artículos específicos del Código Disciplinario. Las imputaciones responden a presuntas infracciones sobre la prohibición de servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones ajenas al juego, conducta inadecuada, discriminación y agresiones racistas, además de faltas a los protocolos de orden y seguridad en los estadios.

Según justificó la entidad madre del fútbol mundial, las actuaciones se iniciaron a partir de cánticos y gestos discriminatorios, demoras en el inicio de los encuentros, incumplimiento de normativas de seguridad, exhibición de mensajes inapropiados por parte del plantel y de los espectadores, e incidente de lanzamiento de objetos a la cancha durante diversos partidos disputados por el seleccionado nacional a lo largo del certamen internacional.

En paralelo, el órgano rector del fútbol evaluará de manera individual el comportamiento de los futbolistas argentinos Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada, así como el del integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala —quien protagonizó un altercado con Dani Olmo tras el encuentro definitivo—, junto con el accionar del mediocampista español Pablo Martín Páez Gavira, "Gavi".

Estas investigaciones individuales responden a la recepción del informe elaborado por el procurador designado para casos disciplinarios y de ética, encargado de examinar los incidentes registrados durante el partido decisivo del torneo.

Siguiendo la recomendación del fiscal interviniente, la FIFA formalizó la apertura de un proceso por posibles faltas vinculadas a agresiones directas. En ese apartado, Molina afronta dos cargos —uno consumado y otro en grado de tentativa—, Paredes acumula tres cargos en su contra, y Ayala registra un cargo. Por su parte, en lo respectivo a la figura de conducta antideportiva, la nómina de imputados incluye a Thiago Almada, a Nahuel Molina y al propio Gavi, con un cargo imputado a cada uno.

De acuerdo a los procedimientos reglamentarios estipulados por el Código Disciplinario, la FIFA concedió a la AFA, a los futbolistas y al colaborador del cuerpo técnico un plazo legal para presentar sus descargos y exponer su postura oficial antes de que la Comisión Disciplinaria emita un fallo definitivo sobre las eventuales sanciones.

En la mañana de este jueves, Juan Manuel Reverter, el principal acusado por el femicidio de la modelo Agostina Jalabert, fue detenido en el condado de Deschutes, estado de Oregon, Estados Unidos. El operativo de captura estuvo a cargo de efectivos del Servicio de Alguaciles de EE. UU., el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional e Interpol Washington. Reverter se encontraba prófugo desde hacía más de tres años y pesaba sobre él una Alerta Roja de Interpol dictada en diciembre de 2025.

El hecho ocurrió el 18 de febrero de 2023 en la ciudad mexicana de Playa del Carmen, estado de Quintana Roo. La víctima, de 31 años y originaria de Carmen de Patagones, fue hallada sin vida por su hermana en el departamento que compartía con Reverter en el Complejo Paseo del Real.

Aunque inicialmente las autoridades locales investigaron el caso bajo la hipótesis de un suicidio —al encontrar a la joven en el baño atada por el cuello con un cinturón—, los reclamos de la familia y las pericias posteriores modificaron el rumbo de la causa.

Tras la detención del imputado en territorio estadounidense, la causa queda a disposición de la Fiscalía interviniente, que deberá formalizar la solicitud de extradición hacia México para que Reverter sea juzgado por el delito de femicidio.

La decisión judicial se conoció luego de que la fiscalía señalara una contradicción entre los alegatos de incapacidad de la defensa y las recientes presentaciones musicales masivas del imputado.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 fijó el inicio del debate para esa fecha, apenas dos días después del recital que el músico tiene programado brindar en la provincia de Tucumán. El proceso continuará con diversas audiencias fijadas durante los meses de agosto y septiembre, donde se analizará la responsabilidad del artista en el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El hecho investigado ocurrió en la madrugada del 12 de julio de 2018. Según la acusación, Álvarez Congiu mantuvo una discusión con Díaz, a quien le recriminó haber difundido que le había sustraído pertenencias de una mochila. Testigos del caso afirmaron que la víctima intentó agredir al músico, momento en el cual este extrajo una pistola calibre .25 y efectuó cuatro disparos que le causaron la muerte de forma inmediata en un pasillo del complejo habitacional.

Durante el periodo de suspensión, Álvarez Congiu recibió atención en el sector psiquiátrico del penal de Ezeiza y luego fue trasladado a un centro terapéutico en Tortuguitas, hasta obtener el alta para un tratamiento ambulatorio en libertad. Sin embargo, en noviembre de 2025 anunció su regreso oficial a los escenarios, concretando un show en Córdoba el 20 de diciembre de ese año ante más de 40.000 personas, seguido por otra presentación en Rosario el 9 de mayo de 2026.

Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal Sandro Abraldes basó su pedido de reanudación en este comportamiento público. Para la fiscalía, la coordinación cognitiva, el manejo del estrés y la memoria operativa demostradas en conciertos de tres horas de duración evidencian que el imputado posee los recursos necesarios para comprender los actos del proceso y administrar sus derechos, superando el trastorno cognitivo leve diagnosticado.

El cronograma establecido por el tribunal fija audiencias para los días 12, 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto, extendiendo las jornadas de debate hacia el mes de septiembre. Las autoridades judiciales evaluaron que la intensa actividad pública del procesado resulta incompatible con los argumentos de incapacidad procesal presentados originalmente por sus representantes legales.

Inminente pedido de captura de "Pity" Álvarez por el crimen de un amigo

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó un capítulo de alta tensión en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes. Durante la séptima audiencia del debate, el tribunal autorizado hizo lugar a un pedido de Laudelina Peña, quien solicitó entrevistarse de urgencia con su hija, Macarena Peña. El encuentro se produjo en un cuarto contiguo a la sala de audiencias luego de que la joven prestara un testimonio clave ante los jueces Fermín Ceroleni y Eduardo Bosch.

Pese a la ausencia momentánea de la imputada en el recinto, la abogada defensora Mónica Chirivín aceptó que la jornada continuara vía Zoom. La ronda de declaraciones de este jueves estuvo marcada por las revelaciones sobre presuntos aprietes y la reconstrucción minuciosa de las horas previas y posteriores al 13 de junio de 2024, momento en que el menor fue visto por última vez.

"Patricia Bullrich se las va a llevar", habría sido la frase intimidatoria utilizada por el abogado defensor según la declaración de la joven. Macarena afirmó que ella se negó desde un principio a participar de la maniobra de encubrimiento y que, días más tarde, acudió a la asesoría de Elizabeth Cutaia para formalizar la denuncia por amenazas ante las autoridades judiciales.

Previamente, la audiencia había sufrido interrupciones debido a las descompensaciones de los involucrados. El imputado Antonio Benítez debió recibir asistencia médica urgente al registrar una presión arterial máxima de 18, lo que obligó a dictar un cuarto intermedio. Posteriormente, la testigo Camila Núñez rompió en llanto tras un cruce con el defensor Enzo Di Tella por aparentes contradicciones sobre el trayecto hacia el naranjal, obligando a reproducir registros de video para refrescar su memoria.

Por último, los tíos maternos del menor, Ceferina Noguera y Alberto Sebastián Noguera, completaron la grilla de testigos. Este último relató que, al dirigirse a la casa de la abuela tras enterarse de la desaparición, cruzó en la ruta a Benítez acompañado por un hombre encapuchado no identificado. El Tribunal Oral Federal dispuso un cuarto intermedio extendido y determinó que el debate presencial se reanudará el próximo martes.

[Con información de Infobae]

Claudio Barrelier, el acusado por el asesinato de la adolescente Agostina Vega, intentó quitarse la vida en la cárcel de Bouwer, en la provincia de Córdoba, complejo penitenciario donde permanece bajo custodia.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el atentado contra sí mismo fue fallido y debió ser asistido, rápidamente, por el servicio médico del lugar. El hombre de 32 años se encuentra estabilizado y bajo efectos de sedación para evitar que intente otro episodio similar.

Este hecho ocurrió en el marco de la investigación por el femicidio de Vega, donde es el único detenido y principal sospechoso por la desaparición de Vega, luego de que su cuerpo fuera hallado desmembrado.

Barrelier era un amigo cercano de Melisa Heredia, madre de la menor, con quien presuntamente mantendría un vínculo amoroso. Se desempeñaba como empleado en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, organismo que lo dio de baja tras conocerse este hecho.

Asimismo, cuenta con dos antecedentes penales previos a esta situación: delito de privación ilegítima de la libertad agravada (secuestro) y amenazas. Por ambas acusaciones, el hombre se encuentra imputado.

Respecto a las evidencias que lo vinculan con el caso de Vega, se encontraron cámaras de seguridad de la zona de su domicilio, ubicado en el barrio Cofico, donde registraron el momento en el que la adolescente descendía de un remís e ingresaba junto a él a la propiedad el sábado 23 por la noche. Además, su celular también impactó en antenas cercanas.

El juez técnico y vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, Darío Ernesto Crespo, condenó hoy a E.D.A a 18 años de prisión efectiva más las accesorias legales por hallarlo “autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el aprovechamiento de la convivencia con una menor de 18 años y la guarda, reiterado y en concurso real”.

El hombre, fue juzgado por un jurado popular que lo halló “culpable” al término de un juicio que se desarrolló en Victoria, entre el lunes 4 y el viernes 8 de mayo, en la sede del Colegio de la Abogacía, y se llevó adelante a puertas cerradas por tratarse de delitos contra la integridad sexual.

El magistrado, quien dirigió el debate oral y la posterior audiencia de cesura, también impuso al imputado prisión preventiva domiciliaria con autorización de salidas laborales en días, horarios y a lugares determinados y dictó medidas de protección hacia todas las personas vinculadas las que subsistirán hasta que el pronunciamiento se torne ejecutorio.

Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el abogado Eduardo Horacio Guaita, mientras que las defensoras públicas María Emilia Terraza y Agustina Quattrochi ejercieron la defensa técnica del imputado. En representación del Ministerio Público Pupilar intervino el defensor público Gustavo Piquet.

Se trató del centésimo sexagésimo juicio por jurados realizado en Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal.

Fuente: Ahora

Francisco Adorni, actual diputado provincial y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue imputado este miércoles por el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien le abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Entre las diligencias dispuestas, el fiscal solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario, además de requerir información detallada sobre sus movimientos financieros, bienes registrados y posibles viajes al exterior.

La causa se abrió a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, que derivó en la apertura de una investigación preliminar sobre la evolución patrimonial de Francisco Adorni en su calidad de funcionario del Ministerio de Defensa.

Según la presentación, el eje de las sospechas está puesto en las declaraciones juradas correspondientes a los años 2023 y 2024, donde se habrían registrado variaciones significativas en su patrimonio.

En particular, la denuncia menciona un crédito por alrededor de 60 millones de pesos que habría sido cancelado en un plazo de 12 meses, además de un salto patrimonial que habría pasado de poco más de 40 millones a cerca de 80 millones de pesos en ese período.

En paralelo, el fiscal Guillermo Marijuan ordenó una batería de medidas de prueba complementarias con el objetivo de reconstruir la situación económica del funcionario y determinar si existen elementos que justifiquen el incremento patrimonial observado.

Si bien se trata de una investigación independiente, no se descarta que la Justicia pueda requerir información adicional vinculada a bienes heredados que eventualmente comparta con su hermano, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco del análisis integral del caso.

En una resolución dictada este martes 5, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso de queja presentado por la defensa de Leonardo Airaldi, en el marco del juicio oral que se lleva adelante en Paraná por su vinculación al narcotráfico en Entre Ríos y Santa Fe.

Con esta decisión, firmada por los jueces Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, el máximo tribunal penal del país ratificó lo actuado previamente por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, despejando obstáculos procesales que buscaban frenar el avance del caso. El fallo del máximo tribunal respaldó los planteos formulados por el fiscal General, José Ignacio Candioti en la primera audiencia del proceso que comenzó en marzo.

El debate oral surgió de la unificación de dos causas principales que la Justicia federal venía instruyendo desde 2019 y que fueron acumuladas para ser juzgadas en un único proceso. La investigación en Entre Ríos involucra una presunta red de narcotráfico con base en Diamante y Paraná, mientras que otra pieza del expediente tiene origen en Santa Fe en 2022 luego del decomiso de casi 30 kilos de cocaína en una estancia de Puerto Gaboto, donde se sospecha que operaba el grupo.

Los planteos de la defensa

La abogada defensora, Mariana Barbitta, había interpuesto diversos recursos de Casación contra decisiones previas que resultaron adversas para su cliente. Entre los puntos principales que la defensa intentó impugnar se encontraban:

El apartamiento de la PROCUNAR: Se solicitó desplazar de la causa a la Procuraduría de Narcocriminalidad, representada por los fiscales Diego Iglesias y Martín Uriona.

Nulidad de la elevación a juicio: Se cuestionó la validez de la requisitoria fiscal que dispone que el imputado sea sometido a juicio oral.

Nulidad del auto de procesamiento: atacó la decisión de Leandro Ríos.

Acumulación de causas: La defensa se opuso a la unificación de un expediente de 2022 (causa FRO 27.181/2022) con la causa principal en la que es investigado Airaldi (FPA 8.194/2019).

Nulidad de las escuchas: cuestionó la habilitación para ejecutar esa tarea investigativa.

El fallo de Casación

Al analizar la queja, los magistrados Yacobucci y Slokar determinaron que la vía intentada por la defensa era “inadmisible”. Según los fundamentos del fallo, la parte impugnante se limitó a manifestar su “disconformidad” con los argumentos de la instancia anterior, pero no logró refutarlos ni fundamentar adecuadamente sus agravios.

Asimismo, el tribunal señaló que no se argumentó de forma debida la existencia de una “cuestión federal” que permitiera la intervención excepcional de la Cámara de Casación como tribunal intermedio.

Con el rechazo de estos planteos, la situación procesal de Leonardo Airaldi sigue su curso. La decisión ya ha sido comunicada al tribunal de origen en Paraná para que continúe con los trámites correspondientes del proceso.

Este fallo es un espladarazo para el trabajo del Ministerio Público Fiscal encabezado por Candioti y el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy.

Además de Airaldi, enfrentan cargos el policía Roberto Fabián Coronel, Juan Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Sebastián Armocida, Joel Schonfeld, el policía santafesino Gonzalo Olivero y Cristian Sánchez. Otros cuatro procesados —Manuel Enrique Cuello, José Nicolás Godoy, Armando Marcelo Balcaza y Carlos David Schumacher— negocian juicios abreviados y no forman parte de este debate.

El debate continúa el próximo martes 12. Luego seguirá el martes 19 y viernes 29 de mayo; viernes 12, miércoles 17 y viernes 19 de junio; y viernes 3 de julio, que sería el momento de los alegatos. Ahora

El caso de la joven policía fallecida, Daniela Giuliana Lezcano Balzer, pasó de ser un hecho de autodeterminación a una compleja investigación penal que apunta a un contexto de abusos sostenidos. La agente de 21 años fue hallada sin vida el pasado 2 de abril en un comercio céntrico de Chajarí, pero nuevas pruebas cambiaron por completo el rumbo de la causa.

Según se pudo establecer, el hallazgo de un cuaderno personal de la víctima resultó determinante. En al menos 18 páginas manuscritas, Daniela habría dejado constancia de situaciones de abuso sexual reiterado dentro de su entorno familiar, lo que abrió una nueva línea investigativa.

A partir de este elemento, la Justicia avanzó en la identificación de un sospechoso, un hombre identificado como C. Aquino, quien ya fue imputado. La investigación también incorporó el testimonio de la hermana mayor de la joven, quien se habría ido del hogar años atrás por motivos similares.

El giro judicial y las nuevas hipótesis

Fuentes cercanas a la causa indicaron que los investigadores no descartan nuevas imputaciones, incluso dentro del núcleo familiar, en caso de comprobarse omisiones o encubrimiento frente a los abusos denunciados. No descartan que la madre de la víctima pueda ser imputada en las próximas horas.

El expediente ahora se encuadra en figuras más complejas, como abuso sexual seguido de muerte o delitos vinculados a un contexto de violencia sistemática. La clave será determinar el grado de responsabilidad de cada una de las personas involucradas.

En paralelo, la causa también tuvo impacto en la estructura policial. El jefe de la Comisaría 1°, Mauricio Maschio, fue apartado de su cargo junto a un sargento, en el marco de medidas preventivas para garantizar la transparencia del proceso.

La defensa institucional

En declaraciones radiales, Maschio defendió su accionar y el de la institución. “Entiendo que me aparten para que la investigación sea transparente. Nunca fue sancionada, nunca tuvo apercibimiento, ni se la recargó en el horario de trabajo”, afirmó. Y sostuvo que no existieron señales de alerta en el ámbito laboral: “Nunca vimos una situación extraña, sus compañeros nunca vieron algo mal”.

Juan Ruiz Orrico fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión efectiva por las muertes de Leonardo Almada (33), Axel Rossi (23) y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, de 26 y 32 años, como consecuencia de la tragedia vial de Ruta Provincial 39 del 20 de junio de 2024.

Durante la extensa lectura del adelanto de sentencia, el juez Darío Crespo explicó que Ruiz Orrico fue imputado por el delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y la cantidad de víctimas fatales. Y, además, lo condenó a la inhabilitación especial por nueve años para conducir.

En su amplio adelanto del veredicto, el que se extendió por dos horas, Crespo apuntó a la “gravísima imprudencia de Ruiz Orrico” y confirmó que “está probado que se conducía a un vehículo oficial, desafiando imprudentemente la nocturnidad en una ruta que carece de iluminación, lo que lo obligada a hacerlo con mayor cautela, y transitaba luego de haber ingerido una considerable cantidad de alcohol e invadió el carril contrario”. Para el magistrado, el imputado “no contempló herramientas que mitigaran el riego de una conducción desaprensiva”.

“Quedó acreditado que la maniobra (de Ruiz Orrico) constituye una de las más riesgosas, peligrosas y prohibidas por la ley de tránsito, como lo es la invasión del carril contrario, al constituirse como un obstáculo imprevisto e inesperado e ineludible para todo aquel que circule”, argumentó el juez. Y remarcó: “En el impacto nada tuvieron que ver el modo en el que transitaban los cuatro jóvenes lamentablemente fallecidos”. Se recordará que circulaban sin el cinturón de seguridad colocado.

Conducción “imprudente y desaprensiva”

Durante el anticipo de la sentencia, el magistrado expresó que “el imputado reconoció el hecho imputado y ofreció disculpas extensas a las memorias de los fallecidos y sus familiares expresando su sentimiento de profundo pesar frente a lo inconmensurable del dolor y del daño provocado al que consideró irreparable, asumiendo su exclusiva responsabilidad en el evento intentando un perdón que quizás no le fuera concedido pero que igual implorara frente al gravísimo resultado mortal de su acción antirreglamentaria”. No obstante, este reconocimiento, Crespo consideró que “no basta esa admisión, más allá de su importancia”; y reafirmó que “es necesario confrontar esa confesión con el plexo de evidencias colectadas y pruebas producir para corroborar que existe que un cúmulo probatorio y contundente que permite lograr reconstruir lo que aconteció aquella madrugada y sus consecuencias”.

Para el juez, la acreditación de la materialidad del hecho y la intervención responsable del acusado en los términos atribuidos, más allá del expreso reconocimiento efectuado por Ruiz Orrico, “las pruebas no dejan dudas de la responsabilidad de la autoría del acusado como único y exclusivo responsable” de las muertes de los cuatro jóvenes que se encaminaban a su trabajo cuando encontraron la muerte.

Reconoció el proceso penal no hará desaparecer el dolor por las pérdidas y a los familiares de las victimas les aseguró que sus hijos “en nada contribuyeron al desenlace fatal”. Crespo remarcó que “la invasión antirreglamentaria del carril contrario” por parte de Ruiz Orrico fue la única causa del accidente. “Si el carril no hubiese sido invadido, hubiesen llegado sanos y salvos al frigorífico, pero no fue así”, destacó.

En la oportunidad, repasó los testimonios conmovedores de los padres de los fallecidos y valoró que “aún quebrados por el dolor, todos lo hicieron sin detonar venganza o revanchismo para con Ruiz Orrico”. Y ponderó que reclamaron “con respeto y desesperación que se hiciera justicia”.

Los argumentos de la sentencia serán dados a conocer el martes 17 de marzo a las 8.30 en los Tribunales de Concepción del Uruguay.

Cómo ocurrió el siniestro

El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2024 en el kilómetro 123 de la Ruta 39, entre las localidades de Caseros y Herrera, en el departamento Uruguay.

Según la investigación judicial, alrededor de las 4.30, Ruiz Orrico conducía un Volkswagen Passat oficial. De acuerdo con los peritajes incorporados a la causa, el acusado tenía 1,59 gramos de alcohol en sangre y circulaba a una velocidad aproximada de 150 kilómetros por hora.

En esas circunstancias, el vehículo impactó de frente contra un Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro trabajadores del frigorífico de la localidad de Pronunciamiento.

Como consecuencia del violento choque fallecieron Leonardo Almada (33), Axel Rossi (23) y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, de 26 y 32 años.

El caso generó fuerte repercusión pública y derivó en la apertura de una causa judicial por homicidio culposo agravado. Cinco días después del siniestro, Ruiz Orrico fue desplazado de su cargo como titular del Instituto Portuario de Entre Ríos.

El juicio oral y público contra Leonardo Airaldi y otras trece personas, programado para iniciar el próximo 3 de marzo, podría verse postergado tras una grave revelación: “la prueba principal de la acusación no aparece en los tribunales”.

Según un comunicado de prensa emitido este jueves por el estudio de la abogada Mariana Barbitta, abogada defensora de Airaldi, su equipo técnico se presentó durante la mañana en la sede del Tribunal Oral Federal de Paraná con el objetivo de realizar copias de la prueba probatoria. Se trata de más de 500 CDs que contienen las grabaciones de las escuchas telefónicas, material fundamental sobre el cual la Fiscalía requirió la elevación a juicio en la causa FPA 8194/2019.

Sin embargo, desde la defensa señalaron que, a pesar de la buena predisposición de la Presidenta del Tribunal para hallar el material, “la prueba sigue sin ser encontrada”. La letrada, quien venía solicitando estas copias desde su designación en diciembre de 2025, remarcó que el pedido “descolocó a las autoridades judiciales”, dejando en evidencia que hasta la fecha nadie había resguardado ni requerido esa información indicaron.

Ante este escenario de incertidumbre, el perito de la defensa informó que, frente a la imposibilidad de localizar los CDs, se ve técnicamente imposibilitado de analizar la prueba antes del inicio del juicio. Por este motivo, Barbitta presentó un nuevo pedido de suspensión del debate, argumentando que “no se puede consentir el inicio de un debate oral en estas condiciones”.

El comunicado también hace foco en las condiciones de detención de Airaldi, denunciando que actualmente sufre un aislamiento en la Unidad Penal. “Sin pruebas, sin información precisa y sin comunicación con su familia y su abogada, se pretende avanzar en el juzgamiento de un ciudadano sobre quien rige el principio constitucional de inocencia”, concluyó el documento del equipo legal. Ahora

El conductor involucrado en la tragedia vial ocurrida en la ruta 32 quedó bajo prisión preventiva en modalidad domiciliaria, medida que se extendería por 21 días mientras continúa la investigación penal. El imputado es Agustín Bikkesbakker, de 42 años, oriundo de Roque Sáenz Peña, Chaco, quien tras el choque alquiló una vivienda en Paraná para permanecer a disposición de la Fiscalía.

La resolución fue adoptada este martes por la mañana por el juez Elvio Garzón, durante una audiencia en Tribunales. Fuentes judiciales indicaron a APF que el acusado decidió no declarar ante el magistrado. La fiscal a cargo de la causa es Patricia Yedro.

Cómo ocurrió el choque fatal en la ruta 32

El siniestro se produjo el domingo por la noche a la altura del kilómetro 24,5 de la ruta 32, entre Seguí y Viale. Bikkesbakker conducía una camioneta Volkswagen Amarok en dirección a Crespo y circulaba en el mismo sentido que los dos jóvenes que viajaban en motocicleta: Juan Carlos Müller De Campos, de 18 años, y Sasha Grandoli Riquelme, de 19.

Ambos fallecieron en el lugar del hecho. Según se informó, en el momento del impacto las condiciones meteorológicas eran adversas, con abundante lluvia y escasa visibilidad. La zona no contaba con iluminación y no hubo testigos presenciales directos del choque.

La investigación judicial permanece en etapa inicial y la imputación por homicidio imprudente (culposo) fue calificada como preliminar. La Fiscalía aguarda los resultados de los estudios toxicológicos y accidentológicos, cuya información será determinante para precisar la mecánica del choque.

El imputado había sido detenido inmediatamente después del siniestro. Ese mismo día se dispuso la extracción de muestras de sangre y orina, remitidas a laboratorio para análisis. También se analizará si la motocicleta circulaba con el sistema de luces encendido y si podía haber sido advertida por el conductor de la camioneta.

Líneas investigativas

Entre las hipótesis bajo estudio se encuentra la posibilidad de un intento de sobrepaso previo al impacto. Algunos testimonios recogidos aportaron indicios para evaluar esa línea investigativa, aunque todavía no se cuenta con elementos firmes que la confirmen. La Fiscalía tampoco descartó otras posibilidades vinculadas a la visibilidad reducida y a la dinámica del tránsito en el tramo.

La responsabilidad penal del conductor chaqueño será evaluada a medida que se incorporen los resultados de los peritajes y testimonios complementarios.

Repercusiones en la comunidad

La muerte de los jóvenes generó numerosas expresiones de dolor en redes sociales. Nego y Sasha eran aficionados a las motocicletas y solían compartir actividades en común. Sus allegados y vecinos de Crespo difundieron mensajes de despedida y acompañamiento a sus familias tras la tragedia.

La causa quedó en etapa de consolidación de pruebas y la Justicia mantuvo la medida de prisión preventiva domiciliaria mientras avanza la investigación sobre la tragedia vial de la ruta 32.

El lunes al mediodía se leyó el adelanto de veredicto de un juicio que se realizó durante noviembre en los Tribunales de Gualeguaychú contra un sujeto de 35 años que fue imputado por violación de domicilio y lesiones causadas en una joven de 27 años, que fue su pareja.

La pena fue de cumplimiento condicional debido a la falta de antecedentes del condenado. Esta decisión de la Justicia de Gualeguaychú aún no se encuentra firme, porque a partir del próximo 9 comenzarán a correr los plazos recursivos y la causa podría tener una segunda instancia en la Cámara de Casación de Concordia.

El condenado fue imputado por un hecho que sucedió el 13 de febrero de 2024, cuando se presentó en el domicilio de la joven que había sido su pareja y la interceptó cuando ella entraba a su casa. El imputado le exigió que le entregara su teléfono celular y pese a la negativa de la víctima, ingresó a la vivienda y ejerció violencia de género sobre ella.

El hombre entró en la casa sin la autorización de la víctima e incurrió en un primer delito. Luego, y a pesar de los reiterados pedidos de la joven para que el hombre de fuera, el acusado volvió a requerirle que le entregara el aparato celular. Siguió usando la fuerza física para doblegarla, apretándola y sujetándola violentamente, mientras que ella se resistía y se defendía de las agresiones.

La joven resultó con lesiones que luego fueron caratuladas como leves, pero fueron lesiones al fin, que recibió y que cesaron únicamente cuando finalmente le entregó su teléfono celular. Todo ello formó parte de la acusación que impulsó el querellante Martín Britos y la fiscal Alejandra Montiel, que solicitó la pena de un año y dos meses de prisión de cumplimiento condicional por los delitos de “violación de domicilio y lesiones leves agravadas por ser cometidas contra su pareja y por mediar violencia de género”.

Durante las jornadas del juicio, se presentaron numerosos testimonios, informes periciales y pruebas documentales. Se escuchó la declaración de la víctima, dos licenciadas en Psicología y el médico forense, familiares y amigos de la víctima, además del personal de Criminalística que participó de las pericias.

Todo ello fue clave para que el vocal del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú, Tobías Podestá, definiera su decisión condenatoria hacia el hombre acusado.

Leandro Esteban García Gómez, el novio de Lourdes Fernández, cantante de Bandana, fue imputado este viernes por privación ilegítima de la libertad tras haber sido detenido en las últimas horas por mantener encerrada a la artista en su departamento, ubicado en la calle Ravignani del barrio porteño de Palermo.

El hombre fue acusado por el fiscal Patricio Lugones, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28 y será indagado en el transcurso del día por el juez Santiago Bignone, que subroga el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47.

Lourdes fue encontrada por la Policía de la Ciudad el jueves por la noche en el departamento de del imputado. La mamá de la cantante de 44 años que integró el exitoso grupo musical Bandana y otros allegados habían denunciado esa mañana su desaparición en Comisaría Vecinal 14B y habían alertado a las autoridades sobre un posible caso de hostigamiento y violencia de género.

El hallazgo se produjo tras una orden de allanamiento dispuesta por el magistrado interviniente. La Policía ya había estado en el domicilio durante el día: según indicaron fuentes oficiales, en una primera visita no habían hallado a Lourdes porque el dueño de la vivienda no les permitió recorrer todos los ambientes del inmueble.

Horas después, con la orden judicial, la División Investigaciones Comunales 14 ingresó por la fuerza al departamento de García Gómez y encontró a Lourdes, quien fue trasladada al Hospital Fernández. Tras algunas horas, la artista dejó el hospital junto a una amiga.

En el sanatorio la revisaron hasta que finalmente confirmaron que no tenía un ningún signo de golpes, ni patología que justificara la internación. La cantante fue dada de alta con el consentimiento de un familiar y su propia firma.

Nadie, ni los médicos, ni el personal de guardia, halló una razón para retenerla. La joven fue acompañada en su salida, pero no por su madre.

García Gómez no estaba en el domicilio al momento del hallazgo de la mujer, pero fue detenido minutos después dentro del edificio. Los investigadores creen que el hombre pretendía escapar por la terraza.

Según trascendió, fue encontrado escondido en un placard cuando la policía allanó el domicilio. Oponía resistencia, actuaba fuera de sí. Intentó escapar por la ventana, hacia el pulmón de manzana. Participó del operativo personal de la Justicia en compañía de la Policía de la Ciudad, la División Científica y el SAME.

La cantante y ex integrante de Bandana, Lissa Vera, fue una de las denunciantes y este viernes brindó su testimonio sobre el caso en Infobae En Vivo.

“Hacía rato que Lourdes tenía problemas con este pibe, desde que lo denunció en 2022 hasta ahora. Y la cosa no mejoraba, empeoraba”, recordó, y explicó que fue ese contexto el que la empujó a involucrarse y denunciar. “Tomé la decisión de ir y denunciar. La tenía secuestrada, este pibe”. “No tengo miedo de hablar, pero sí tengo miedo de las consecuencias”, advirtió.

Vera no sólo describió un clima de terror, sino también de desesperanza frente a la impunidad que atribuía al agresor. “Creo que era tan impune o se sentía tan impune que se rio de la policía en la cara, se burló del turismo, se burló de todo el mundo”, sentenció. Además, describió las actitudes de García Gómez: “Es un tipo con una patología bastante clara y psicopática, podríamos decir. Fue muy fácil apagarle la vida a Lourdes”.

La cantante profundizó en la relación que unía a Lourdes con su pareja y destacó el dominio psicológico ejercido. “Él tenía un control psicológico evidente. También desde los efectos del amor, desde un enamoramiento que sólo estaba de parte de ella, porque él evidentemente no la amaba”. Sobre los riesgos a los que estuvo expuesta Fernández, Vera fue tajante: “Estaba secuestrada, verdaderamente secuestrada. Lo ocultó a las autoridades. No le importaba nada”.

Lugo concluyó hablando sobre el vínculo de amistad entre Vera y Fernández sufrió el desgaste propio de una relación ensombrecida por la violencia. “Nuestra amistad estaba chocada porque no estoy en nada de acuerdo que siga con esa persona. Aparte, también se había generado un odio hacia mí. Él me odiaba, me odia y me va a odiar mucho más por haber intervenido. No tengo miedo de hablar, pero sí de las consecuencias”. (Fuente: Infobae)

El procesado es un hombre que por casi dos décadas formó parte de la Policía de Gualeguaychú, pero en el último tiempo abandonó la fuerza luego de una jubilación anticipada por incapacidad debido a dos accidentes de tránsito que padeció.

Radicado en Urdinarrain, fue denunciado por un hecho de violencia de género y por este caso se le impusieron medidas restrictivas respecto a la víctima, pero posteriormente se habrían constatado violaciones a esa orden judicial que demandaron nuevas actuaciones.

Los hechos que se registran en la causa que lleva adelante la fiscal Alejandra Montiel se produjeron el 13, el 17 y el 28 de septiembre pasado. Se le imputaron delitos por violación de domicilio, desobediencia judicial y violencia de género, que obligaron a la imposición de medidas restrictivas más gravosas.

La semana pasada se realizó una nueva audiencia para prorrogar esas medidas preventivas mientras se aguarda por la realización de las pericias psicológicas en la víctima y psiquiátricas para el acusado previstas para fines de octubre.

En la audiencia ante el Juez de Garantías, se dispuso modificar la prisión preventiva que se le había impuesto en un principio, a cambio de un arresto domiciliario por 15 días, con la particularidad de que se le prohibió el ingreso a la ciudad de Urdinarrain para evitar que evadiera la medida y mantenga algún tipo de contacto intimidatorio con la damnificada.

El imputado quedará alojado en la localidad de Parera, bajo el cuidado de dos familiares, que hasta el 29 de octubre se alternarán en resguardar el cumplimiento del hombre hasta que finalmente se le otorgue la libertad, hasta el desarrollo del juicio oral.

El hombre de 39 años fue trasladado hacia la ciudad del citrus a las 6 de la mañana. Dejó la comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar, situada al lado de la Comisaría Primera, en Del Valle y Lavalle, donde se encontraba alojado desde el domingo, para ser indagado por los fiscales concordienses en torno al macabro homicidio del remisero que lo iba a llevar a Córdoba.

Pablo Rodríguez Laurta abandonó la comisaría en medio de un fuerte dispositivo de seguridad de la Policía. Una comisión policial con personal de la Jefatura Departamental de Concordia lo trasladaron hacia la Alcaidía de Concordia, donde esperará por el llamado a indagatoria. Pero antes de dejar Gualeguaychú, y ante la requisitoria de los medios allí presentes, Laurta sólo dijo que “todo fue por justicia”.

A medida que pasan las horas, surgen nuevos detalles sobre el plan criminal de Pablo Rodríguez Laurta (39), el ciudadano uruguayo detenido por el doble femicidio de su ex pareja y su ex suegra en Córdoba, y sospechado del homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio (49), cuyo cuerpo fue hallado en Puerto Yeruá, Entre Ríos.

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, brindó una conferencia de prensa en la que calificó al acusado como “una mente criminal metódica”. Reveló que Laurta permaneció diez días practicando cómo manejar un kayak o piragua antes de cruzar el río Uruguay para ingresar al país sin dejar rastros.

“Alquila una cabaña en Salto, deja su auto particular allí, practica durante diez días cómo manejar el kayak y se cruza a nuestra provincia, donde esconde la embarcación en un monte de Puerto Yeruá”, detalló el funcionario, según registró Elonce.

Roncaglia explicó la detención de Pablo Laurta en Gualeguaychú

Una vez en Concordia, Laurta contactó a Martín Palacio para que lo trasladara hasta Rafaela (Santa Fe) el martes 7 de octubre por la noche. Según la abogada de la familia del chofer, Sonia Gómez, ambos se conocían desde la pandemia de COVID-19 y “había hecho dos viajes con él”.

El jueves 9, el Toyota Corolla de Palacio apareció incendiado en Córdoba, y el sábado 11, Laurta habría asesinado a balazos a Luna Micaela Giardina (26) y Zoraida Mariel Zamudio (54), su ex pareja y ex suegra, en una vivienda del barrio Villa Serrana.

Fue detenido el domingo en un hotel de Gualeguaychú, cuando se encontraba desayunando junto a su hijo de 5 años, quien padece autismo y cumplía años ese día. “Estamos frente a una mente criminal metódica, que manejó todas las variables, y actuó con plena conciencia de los delitos que iba a cometer”, resumió Roncaglia.

El cuerpo que se presume pertenece a Martín Palacio fue hallado este lunes en medio de un rastrillaje realizado por la Policía de Entre Ríos. “Un oficial sintió un olor nauseabundo y encontró, a cinco metros de la banquina, dentro de una bolsa, un cuerpo decapitado al que le faltaban los brazos”, precisó el ministro.

Roncaglia sostuvo que “Laurta asesinó a Martín para ocultar lo que iba a hacer después”. Agregó: “Evidentemente hubo una planificación. No fue una discusión: Palacios podía convertirse en testigo y vincularlo con el doble femicidio”.

En la habitación del hotel Berlín, en Gualeguaychú, donde fue detenido, la Policía secuestró una pistola Bersa calibre .380, registrada a su nombre, con la que habría cometido los crímenes. También se encontraron la billetera del remisero, su licencia de conducir, DNI, tarjeta de crédito, cinco teléfonos celulares, 3.400 dólares y 200.000 pesos.

La pistola Bersa calibre .380 que le encontraron a Pablo Rodríguez Laurta en el hotel de Gualeguaychú

El ministro destacó la planificación previa del acusado, quien pensaba regresar a Uruguay en el mismo kayak con el que había cruzado, junto a su hijo. “Tuvo plena conciencia de cada paso que dio y preparó su accionar para no dejar rastros”, explicó.

El jefe de la Departamental Concordia, comisario mayor José María Rosatelli, relató que las cámaras de seguridad fueron clave para reconstruir el recorrido del vehículo. Palacios fue visto llegando a la terminal de Concordia el martes 7 a las 20, donde saludó afectuosamente a Laurta antes de emprender el viaje.

Los celulares del chofer dejaron de emitir señal en General Campos cerca de la medianoche, momento en que se presume que fue asesinado. Luego, Laurta fue captado cargando combustible en San Salvador a las 3 de la madrugada, ya solo en el vehículo, y cruzando a Santa Fe por el puente de Victoria.

El domingo al mediodía, el comisario Alejandro Cardozo y el sargento ayudante Alfredo Velázquez lograron detenerlo sin disparos. El operativo fue coordinado con la Policía de Córdoba, con la que -según Roncaglia- hubo “una coordinación informativa sin egoísmos”.

Actualmente, Rodríguez Laurta permanece incomunicado en una celda en Gualeguaychú. Su situación judicial se agravó con el hallazgo del cuerpo. Los fiscales entrerrianos Daniela Montangie y Tomás Tscherning lo indagarán por homicidio, mientras que en Córdoba se lo espera para ser imputado por el doble femicidio. (Fuente: El Once)