El gobernador, Rogelio Frigerio, envió este jueves a la Legislatura un proyecto de ley que busca ampliar la dotación de personal en la Dirección General del Servicio Penitenciario, con la creación de 65 cargos nuevos que, de ser aprobados, fortalecerán el cuerpo de seguridad de las cárceles provinciales.

La iniciativa contempla específicamente la incorporación de 50 cargos para Agentes Penitenciarios, el cuerpo base de seguridad y vigilancia. A estos se suman 15 cargos de Oficial Subadjutor de escalafón cuerpo general. De aprobarse, esta medida implicaría una significativa inyección de recursos humanos para mejorar las condiciones operativas y de seguridad en las unidades penales de Entre Ríos.

Adicionalmente, el texto del proyecto faculta al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias, incluyendo la incorporación de estos cargos al Presupuesto vigente y las adecuaciones de partidas de erogaciones para garantizar el pago y funcionamiento de las nuevas incorporaciones. La aprobación del proyecto dependerá ahora del debate y la votación en las cámaras legislativas. (Fuente: APFDigital)

El Poder Ejecutivo de Entre Ríos dispuso un freno a las incorporaciones y modificaciones de personal en toda la estructura estatal. Según el decreto N° 2817, firmado el 13 de octubre, cualquier contratación, renovación de vínculo, designación, recategorización o reconocimiento de adicionales deberá contar con la autorización previa y expresa del ministro de Hacienda y Finanzas.

La resolución alcanza no solo a la administración central, sino también a organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas del Estado, entre ellos la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), la Dirección Provincial de Vialidad, el Consejo General de Educación, la Universidad Autónoma de Entre Ríos y las empresas provinciales de energía, gas y salud, entre otras.

El Gobierno fundamentó la decisión en la necesidad de “fortalecer los mecanismos de autorización, supervisión y control de las contrataciones y designaciones de personal en el sector público provincial”, con el objetivo de “contener el gasto y asegurar la sostenibilidad fiscal”. También señala que busca “garantizar la continuidad de las funciones prioritarias del Estado y atender las obligaciones esenciales”.

El decreto enfatiza que el Estado provincial “constituye una única organización jurídica”, bajo la jefatura del gobernador, quien tiene la potestad de adoptar medidas para asegurar la coordinación y coherencia del accionar estatal. Por eso, la disposición se extiende a todos los organismos, incluyendo los órganos de control como la Fiscalía de Estado, la Contaduría General, la Tesorería y el Tribunal de Cuentas.