En un contexto socioeconómico exigente, la formación técnica y la capacitación en oficios se consolidan como respuestas concretas para la generación de empleo y el desarrollo personal en Gualeguaychú. A través de la Coordinación de Educación de Jóvenes y Adultos, dependiente del Consejo General de Educación (CGE), cientos de vecinos encuentran diariamente una vía directa para ingresar al mercado de trabajo o impulsar sus propios emprendimientos.

En este sentido, la coordinadora del área, Patricia López, destacó la relevancia de los procesos de formación: “Considero que la capacitación laboral es fundamental para generar nuevas oportunidades en Gualeguaychú, tanto para los jóvenes que buscan su primer empleo como para los adultos que necesitan reinventarse laboralmente o mejorar sus ingresos”.

Asimismo, la funcionaria detalló la amplitud de las alternativas vigentes para la comunidad: “Hoy veo mucho interés por aprender oficios. La coordinación cuenta con una oferta importante de perfiles como gasistas, auxiliares en instalaciones eléctricas, carpintería, instalador sanitarista y albañilería, además de informática, diseño, administración contable, servicios turísticos, fotografía, organización de eventos, belleza integral, peluquería, pastelería y confección textil”.

En la actualidad, el área dispone de más de 20 oficios orientados a responder a las demandas específicas del mercado local: “Solo en la localidad de Gualeguaychú, contando con los alumnos del Penal N°9, son aproximadamente 940 estudiantes que se están formando”.

Brian tiene 30 años y su prioridad es sostener a su familia y a su madre. “Veo una posibilidad de generar mi propio trabajo, para lograr mis ingresos y que sea el sustento de mi casa. Para mí es fundamental agarrar toda herramienta que esté a la mano”, relató.

Asimismo, el estudiante ponderó el valor pedagógico del docente Jesús Valenzuela y la dinámica del trabajo de campo: “Una cosa es ir y dar teoría, pero para mí lo fundamental es que haya prácticas para que uno vea en vivo cómo se resuelve. Ayer le pregunté sobre cómo destapar una cañería obstruida y nos explicó el uso de la cinta y cómo se presupuesta ese trabajo. Ese conocimiento y el saber hacer son la mejor herramienta”.

La postura del alumno coincide con la visión de la gestión educativa. Al respecto, Patricia López remarcó que el objetivo no se agota en el dictado de clases: “No alcanza solamente con ofrecer cursos, también es necesario acompañar a las personas en la búsqueda laboral, ayudarlas a preparar un currículum y afrontar una entrevista. Además de generar vínculos con empresas y comercios que les permitan acceder a oportunidades concretas”.

“El Pasif representa una oportunidad muy importante para acercar la formación profesional al sector productivo. Mi intención es trabajar de manera articulada con empresas, cooperativas e instituciones para conocer qué perfiles necesitan”, sostuvo la coordinadora de la Departamental de Escuelas de Gualeguaychú.

El proyecto busca impactar en áreas estratégicas como la industria, la construcción, el mantenimiento, las nuevas tecnologías, el comercio y el turismo. “Creo que la formación no debe quedar solamente en un certificado, sino convertirse en una herramienta concreta para mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar emprendimientos, porque aprender un oficio también es una manera de generar ingresos propios”, enfatizó López.

La continuidad de estos espacios públicos y gratuitos resulta prioritaria para quienes asisten. “Para mí es fundamental que estos cursos sigan existiendo y se expandan, que sigan teniendo presupuesto porque le dan chances a la gente. Para el que esté dudando, le pido que se anote. Aprender un oficio es muy lindo, te da maña, confianza y el conocimiento que te abre puertas para trabajar por cuenta propia o darles trabajo a otros”, concluyó Brian Fernández.

La actividad de la industria metalúrgica en la Argentina registró una contracción del 3,3 por ciento interanual durante el mes de septiembre, acumulando de este modo un retroceso del 5,3 por ciento en los primeros nueve meses de 2026. De acuerdo con el relevamiento mensual elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la producción del sector mostró una ligera mejora del 2,5 por ciento en la comparación mensual con respecto a agosto, aunque dicho incremento no resultó suficiente para revertir la tendencia contractiva del período.

Uno de los indicadores salientes del informe sectorial refiere al uso de la capacidad instalada, el cual se ubicó en un 40,2 por ciento durante septiembre, experimentando una reducción de 4,3 puntos porcentuales frente a idéntico mes del año anterior. Este guarismo representa el nivel de utilización productiva más bajo registrado para un mes de septiembre desde el inicio de la serie estadística disponible en el año 2016, traduciéndose en que aproximadamente seis de cada diez maquinarias pertenecientes al entramado industrial se mantuvieron inactivas durante el período evaluado.

En la distribución geográfica, todas las jurisdicciones con presencia metalúrgica evidenciaron variaciones interanuales negativas. La provincia de Entre Ríos encabezó la nómina de caídas con un descenso del 5,5 por ciento, seguida por Córdoba con una baja del 4,6 por ciento, Buenos Aires con un retroceso del 3,7 por ciento, Santa Fe con un -2,3 por ciento y Mendoza con un -1,1 por ciento.

Por último, en lo concerniente a las variables laborales y de proyección, el nivel de empleo en el sector registró un retroceso del 1,9 por ciento en la comparación interanual, manteniéndose sin modificaciones respecto al mes de agosto. Respecto a las previsiones operativas para el próximo trimestre, el 45,2 por ciento de las empresas encuestadas por la entidad fabril manifestó que no proyecta incrementos en sus volúmenes de producción.

La industria de la construcción atraviesa un escenario caracterizado por la estabilización en niveles reducidos de actividad, registrando un descenso del 25% en comparación con su último pico histórico alcanzado a mediados del año 2023. De acuerdo con las estimaciones presentadas por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), el sector experimentó la pérdida de aproximadamente 120.000 puestos de trabajo formales en un período de doce meses, junto con el cese de operaciones o dificultades financieras estructurales en cerca de 2.000 empresas contratistas a nivel nacional.

Si bien la evolución de la actividad presenta disparidades regionales —impulsada por el dinamismo de la obra privada vinculada a los desarrollos energéticos y mineros en la región patagónica—, el volumen generado en dichas provincias no logra compensar la contracción registrada en el resto del territorio argentino. A esta dinámica se suma una paralización persistente en la obra pública nacional y una baja tasa de ejecución en proyectos habitacionales privados, originada por el incremento de los costos de edificación medidos en moneda extranjera.

De acuerdo con estudios elaborados por el Consejo de Políticas de Infraestructura, sostener un ritmo de crecimiento económico cercano al 3% anual requeriría niveles de inversión continuados en el área equivalentes al 25% del Producto Bruto Interno (PBI).

En ese marco, la representación empresarial remarcó la importancia de articular mecanismos institucionales de financiamiento público y privado para la ejecución de obras estratégicas. Según las estadísticas internacionales consolidadas, los proyectos de infraestructura de baja rentabilidad directa o alto impacto social dependen mayoritariamente del aporte estatal, resultando insuficiente el capital privado para cubrir la totalidad de las necesidades estructurales de un país.

Las proyecciones del sector prevén la continuidad de estos niveles de actividad durante los próximos meses, supeditando una eventual recuperación al fortalecimiento de las líneas de crédito hipotecario, la reactivación paulatina de proyectos clave y la instrumentación de alternativas financieras compatibles con el equilibrio fiscal institucional.

Entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2026, el empleo registrado en la industria manufacturera nacional experimentó una retracción neta de 66.262 puestos de trabajo, lo que representó una disminución acumulada del 5,2 %. Según los datos de la consultora Politikon Chaco, este descenso representó casi la mitad de la caída total del empleo formal registrado en el país durante el lapso analizado.

La pérdida de puestos laborales afectó a 21 de los 24 distritos del país. Por el volumen de su estructura productiva, los partidos del Gran Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el interior bonaerense explicaron la mayor cantidad de bajas en términos absolutos, acumulando en conjunto más de 42.000 puestos destruidos. En contrapartida, las reducciones porcentuales más pronunciadas se verificaron en La Rioja, con una contracción del 15 %, seguida por La Pampa, San Luis y Misiones.

Desempeño regional y distritos con saldo positivo

Las únicas excepciones a la tendencia general se registraron en tres provincias patagónicas: Santa Cruz, Neuquén y Río Negro, las cuales sumaron en conjunto 2.841 nuevos empleos en el rubro industrial.

Por su parte, la franja de mayor peso industrial integrada por Buenos Aires, la Capital Federal, Santa Fe, Córdoba y Mendoza pasó de representar el 80,5 % del empleo manufacturero nacional en 2024 al 80,3 % en 2026. A pesar de ligeras variaciones en sus cuotas de participación relativa, el mapa de distribución de la mano de obra del sector mantuvo una elevada concentración geográfica en la zona central del país.

La mesa chica ampliada de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió en la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), ubicada sobre la avenida Belgrano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de evaluar la coyuntura socioeconómica y definir los pasos a seguir dentro de su plan de acción gremial.

Durante el encuentro, que contó con la participación de aproximadamente treinta dirigentes del ámbito sindical y la presencia de representantes de movimientos sociales en calidad de invitados, se resolvió por consenso llevar adelante una marcha hacia la Secretaría de Industria de la Nación, con domicilio en la avenida Julio Roca 651. La fecha estipulada para esta manifestación es el próximo 8 de octubre. De este modo, la conducción cegetista desestimó la implementación de un nuevo paro nacional en lo inmediato, argumentando la necesidad de encauzar los reclamos a través de acciones específicas centradas en la defensa del sector productivo.

Asimismo, la cúpula de la organización sindical acordó brindar un esquema de acompañamiento a la Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre, sumándose a la visibilización de las demandas del sector educativo de nivel superior.

La decisión adoptada por la CGT marca un distanciamiento respecto de la estrategia fijada por otras entidades sindicales, como la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma. Ambas centrales obreras han ratificado un calendario de protestas que incluye movilizaciones progresivas y contempla el desarrollo de un paro general hacia finales de octubre.

Hasta este momento, las tres agrupaciones sindicales venían coordinando un esquema conjunto de reclamos que se inició el 22 de julio a través de diversas manifestaciones públicas. Sin embargo, en el análisis sobre la oportunidad y oportunidad de una paralización total de actividades, la CGT concluyó que no se registran las condiciones operativas necesarias para garantizar el acatamiento de una medida de esas características a escala nacional.

Entre los dirigentes que participaron de la deliberación se encontraron referentes de gremios representativos como Sanidad, Camioneros, Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Obras Sanitarias, Alimentación, Judiciales y Gastronómicos, entre otros. La resolución final ratificó el camino de la movilización sectorial frente a las dependencias gubernamentales específicas vinculadas a la actividad industrial.

"Quiero que Entre Ríos sea una provincia más industrial, más competitiva y con empresas que hayan podido crecer mucho más de lo que hoy imaginamos, y eso se construye con las decisiones que tomamos ahora", sostuvo el gobernador en el inicio de la jornada.

La apertura de la jornada estuvo a cargo de la presidenta de la UIER, Celeste Valenti; el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini; y el gobernador, quienes coincidieron en la importancia de generar condiciones que impulsen el desarrollo de la industria entrerriana. Bajo el lema "Decisiones de hoy para competir mañana", el encuentro propuso analizar el escenario económico actual y las transformaciones que atraviesa el sector industrial frente al avance de las nuevas tecnologías y los cambios en las reglas de juego de la economía.

El gobernador aseguró que la consigna de esta Jornada, "Decisiones de hoy para competir mañana, resume muy bien el desafío que tenemos por delante porque la competitividad de una industria se define mucho antes de que un producto llegue al mercado", y entendió que en "cada una de esas decisiones se define dónde se va a generar trabajo y qué provincias van a crecer en los próximos años. Por eso la competencia por las inversiones ya empezó, y Entre Ríos decidió competir", aseguró.

En ese marco, hizo un repaso sobre diversas medidas que se tomaron desde el gobierno provincial. "Parte del cambio que vinimos a hacer es ordenar las cuentas públicas sin trasladar el costo de ese orden al sector productivo". Precisó que Entre Ríos es la segunda provincia del país donde Ingresos Brutos tiene menor peso dentro de la recaudación tributaria provincial, y adelantó que se trabaja en distintas herramientas para que ese impuesto impacte cada vez menos, además de eliminar más de 100 tasas provinciales. "Las medidas de orden fiscal y reordenamiento del gasto que tomamos ya nos muestran resultados concretos, y lo confirman agencias internacionales de calificación crediticia y consultoras económicas de referencia", remarcó.

En otro orden, se refirió a las leyes laborales y sostuvo que "están para proteger derechos, pero necesitamos razonabilidad para que esa protección no termine destruyendo la fuente de trabajo que debería cuidar. En los próximos días vamos a enviar el proyecto de reforma del Código Procesal Laboral, que crea el cuerpo de peritos laborales dentro de la órbita del Superior Tribunal de Justicia especializados en riesgos del trabajo y accidentes", adelantó tras enumerar otras medidas que van en el mismo sentido como la reducción del costo de la energía en toda la provincia, y los subsidios del 15 por ciento para pequeñas industrias y del ocho por ciento para industrias de demanda media, entre otras. También mencionó la modernización de las reglas ambientales para la actividad económica con la nueva Ley de Gestión Ambiental que unifica criterios y crea un Certificado Único Ambiental digital y trazable, y que esta semana quedó reglamentada. "Es prácticamente un nuevo código ambiental para la actividad productiva", sintetizó.

Destacó luego los alcances de la creación del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones con 165 proyectos por más de 400 mil millones de pesos y casi 3 mil nuevos puestos de trabajo asociados a esas inversiones. "Eso muestra que, cuando una provincia genera condiciones, la inversión aparece", remarcó.

Capítulo aparte dedicó a las medidas que se vienen tomando para generar buenas condiciones para las empresas con la recuperación de rutas y caminos, y "volviendo a mirar nuestros ríos y nuestros puertos como infraestructura estratégica para el desarrollo. Tenemos una capacidad logística enorme", aseguró tras remarcar que hoy "Entre Ríos es parte del mapa de la Hidrovía y hoy participa de una discusión estratégica que define cómo sale al mundo buena parte de la producción argentina"

El mandatario se refirió al desafío de dar valor agregado a lo que se produce. "La tecnología ya está cambiando la industria, y Entre Ríos tiene un punto de partida extraordinario con la avicultura, arroz, citricultura, metalmecánica, forestación y ganadería, entre otros servicios y empresas que hace décadas saben producir. Nuestro futuro industrial está en poner cada vez más conocimiento, más tecnología y más trabajo entrerriano sobre lo que ya sabemos hacer. Las ventajas productivas que ya tenemos tienen que ser el punto de partida de nuevas cadenas de valor", remarcó tras sostener que "queremos exportar más, pero también queremos exportar más valor por cada tonelada que sale de Entre Ríos".

A modo de cierre, Frigerio se dirigió a los presentes al decir: "Ustedes son protagonistas. Son los que saben dónde está el próximo salto de productividad, qué proceso puede mejorar, qué proveedor falta desarrollar y qué tecnología puede cambiar una empresa. A nosotros nos toca ayudar a que esas conexiones sucedan. Quiero que Entre Ríos sea una provincia más industrial, más competitiva y con empresas que hayan podido crecer mucho más de lo que hoy imaginamos. Ese futuro no está escrito. Se construye con las decisiones que tomamos ahora. Cuento con ustedes para seguir escribiendo este nuevo capítulo productivo de la historia de Entre Ríos", concluyó.

Trabajo conjunto

Por su parte, el titular de la UIA sostuvo que el país atraviesa un "momento de transición, algunos sectores más dinámicos y otros que aún no lograron recuperarse". Y agregó que "tenemos que seguir trabajando para que esos sectores rezagados vuelvan a tener los niveles del 2022". Rapallini ratificó también que es fundamental trabajar en la competitividad. "Coincido que la política industrial es darle competitividad a nuestras empresas para que puedan integrarse al mundo y también la sociedad hoy está pidiendo productos de calidad internacional y precios. Ahí tenemos que trabajar desde el Estado, generando las condiciones, y nosotros puertas adentro trabajando para ser más productivos y competitivos".

Durante la apertura, la presidenta de la UIER, Celeste Valenti, destacó la importancia del diálogo y de una articulación sostenida entre el sector público y privado para impulsar el desarrollo productivo. En ese sentido, valoró el trabajo conjunto que la entidad viene llevando adelante con el gobierno provincial, los municipios y las cámaras empresarias en iniciativas como la mesa energética, la nueva ley de gestión ambiental, el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) y la vinculación entre educación y empleo. Además, sostuvo que el objetivo es "construir una Entre Ríos donde producir, invertir y generar empleo represente una oportunidad de crecimiento" y reafirmó el compromiso de fortalecer las condiciones para el desarrollo de la industria entrerriana. "Entre Ríos tiene industria: defendámosla, potenciémosla y hagamos que tenga las condiciones para crecer", afirmó finalmente.

La Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió para analizar la coyuntura económica y compartir la visión actual sobre los diferentes rubros productivos. Los representantes de distintos sectores y regiones de la industria expresaron su preocupación por la falta de recuperación de la actividad, la caída en el empleo y la persistencia de los costos que restan competitividad a la producción.

La producción industrial, según el INDEC, registró una caída de -4,9% respecto de julio de 2025. En términos sectoriales, 12 de los 16 sectores que componen el IPI cayeron respecto de julio de 2025, y 15 en términos mensuales (sólo la refinación de petróleo presentó una suba mensual).

Ante este escenario, la UIA remitió a la Subsecretaría PyME un documento técnico con propuestas para aliviar las dificultades que sufren las pymes. Estas ideas están respaldadas por los relevamientos del CEU y del Observatorio PyME sobre actividad, morosidad y empleo, indicaron.

Algunas de las propuestas enviadas para aliviar la presión fiscal son la suspensión de embargos por 180 días, la migración entre planes de pago, la reducción de la tasa de financiación ARCA para pymes, el diferimiento de vencimientos impositivos (IVA) de 180 días para actividades estacionales, la anualización de cargas sociales y la postergación de Contribuciones Patronales para economías regionales, además de una agilización en la devolución de saldos a favor de impuestos nacionales.

Recordaron que la presión fiscal formal en la Argentina es de 56%, récord en el mundo. La industria produce bienes transables que compiten con el mercado internacional, y por lo tanto requieren tener una presión fiscal similar a la de los productos que vienen de países donde esa presión es normal.

Plantearon que otro problema que sufre la industria -y sobre todo las pymes- es el costo energético. Los usuarios categorizados como GUDI (Grandes Usuarios de la Distribuidora) recibieron facturas con un incremento del orden del 90 al 100% en el costo básico, motivo por el cual se duplicó el costo del mes anterior y casi triplicó el valor de dos meses previos.

En este marco, se destacó la iniciativa de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba para avanzar en un esquema de financiamiento de los cargos estabilizados del Mercado Eléctrico Mayorista, luego de los planteos que realizó la UIA junto a las uniones industriales territoriales. La UIA propone al gobierno nacional el establecimiento de cuotas para hacer frente a las facturas, y el prorrateo de los vencimientos.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió los datos del Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) correspondientes a julio de 2026, los cuales reflejaron un descenso del 4,9 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior. Asimismo, el acumulado de los primeros siete meses del año registró una contracción del 2,6 por ciento en relación al período equivalente de 2025.

Dentro del relevamiento oficial, doce de las dieciséis divisiones industriales analizadas presentaron retrocesos. Las caídas más severas se concentraron en los rubros de tecnología y bienes de capital. La fabricación de equipos de informática, televisión y comunicaciones encabezó la nómina de retracciones con una baja del 49,8 por ciento, derivada principalmente del menor volumen de producción de aparatos celulares y televisores.

En el segmento de maquinaria y equipo se constató una disminución interanual del 26,7 por ciento, traccionada por la menor actividad en maquinaria agropecuaria, que cedió un 46,6 por ciento en el marco de un menor dinamismo en las ventas internas de tractores y cosechadoras. De igual modo, la elaboración de aparatos de uso doméstico se redujo un 20,9 por ciento dada la menor demanda de artefactos como heladeras y lavarropas.

Las ramas vinculadas a insumos para la construcción y la industria textil también registraron contracciones significativas. La producción de insumos de arcilla y cerámica cayó un 41,3 por ciento, condicionada en parte por restricciones temporales en la disponibilidad de gas, mientras que la fabricación de calzado disminuyó un 26,5 por ciento y la de prendas de vestir descendió un 14,4 por ciento, contexto en el cual las fuentes oficiales identificaron un impacto derivado de la competencia de bienes importados.

Por su parte, la industria automotriz y la rama de alimentos manifestaron variaciones negativas moderadas. La fabricación de vehículos cayó un 9,9 por ciento interanual, a pesar del incremento registrado en las exportaciones a destinos regionales. En alimentos y bebidas se constató un leve repliegue general del 0,5 por ciento, donde la elaboración de productos de panadería cayó un 6,2 por ciento, amortiguada por el desempeño de la molienda de oleaginosas, que registró una suba del 10,7 por ciento.

La utilización del nuevo sello estará condicionada al cumplimiento de un Protocolo de Calidad de Arroz Entrerriano, que forma parte del decreto.

Entre Ríos oficializó la creación del Sello de Calidad “Arroz Entrerriano”, una distinción destinada a identificar y promocionar el arroz producido en territorio provincial que cumpla con determinados requisitos de calidad, origen y producción. La medida fue establecida mediante el Decreto N° 2999, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo.

Oficialmente se precisó que la iniciativa había sido impulsada por la Secretaría de Industria de esa cartera, con el acompañamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Fundación Proarroz.

Según establece el decreto, el objetivo es revalorizar y promocionar el arroz producido localmente, destacando su calidad y origen genuino, y generar una herramienta que permita mejorar su posicionamiento tanto en el mercado nacional como internacional.

Los fundamentos de la medida remarcan la importancia que tiene la actividad arrocera para Entre Ríos. El cultivo llegó a la provincia en 1932, en la ciudad de San Salvador, y posteriormente se extendió hacia distintos puntos del centro y norte entrerriano, donde también se concentraron establecimientos destinados al procesamiento y agregado de valor.

El Gobierno provincial destacó que San Salvador cuenta actualmente con una importante capacidad molinera instalada y que puede procesar más del 50% de la producción nacional de arroz.

También se señala que las características agroecológicas de Entre Ríos, junto con el trabajo de mejoramiento genético desarrollado por el INTA en convenio con la Fundación Proarroz, permitieron obtener variedades con alto potencial de rendimiento y calidad culinaria.

A partir de estas condiciones, la Provincia sostiene que el arroz entrerriano cuenta con posibilidades de acceder a mercados exigentes y que resulta necesario contar con una identificación que permita garantizar y promocionar su calidad e inocuidad.

Qué requisitos deberán cumplir los productores

La utilización del nuevo sello estará condicionada al cumplimiento de un Protocolo de Calidad de Arroz Entrerriano, que forma parte del decreto.

El protocolo establece una serie de condiciones destinadas a garantizar la calidad diferenciada del producto. Entre ellas se contempla el uso de semillas adaptadas a las condiciones de la región, específicamente de la variedad Gurí-INTA CL, además de requisitos relacionados con la recolección y el procesamiento.

Uno de los principales requisitos establece que cada etapa del proceso —cultivo, cosecha, secado, elaboración y envasado— deberá realizarse dentro del territorio de Entre Ríos.

De esta manera, el sello apunta a identificar un producto cuya elaboración tenga un vínculo integral con la provincia y que pueda ser reconocido por sus características de calidad, sabor y comportamiento durante la cocción.

Buscan fortalecer toda la cadena arrocera

La normativa señala además que el protocolo fue elaborado a partir de información proveniente de la industria arrocera y de documentación generada tanto por organismos públicos como privados.

El INTA intervino en el proceso y avaló técnicamente el protocolo. De acuerdo con los fundamentos del decreto, la implementación del sello permitiría integrar a los distintos actores de la cadena arrocera entrerriana y favorecer una mejora en la competitividad del sector.

La iniciativa también se encuadra en la Ley N° 9.228, que establece el Régimen de Promoción para el Desarrollo Arrocero Entrerriano. Esa legislación contempla, entre otros objetivos, promover el crecimiento y la expansión sustentable de la producción de arroz y su industrialización dentro de la provincia, además de mejorar su posicionamiento estratégico, comercialización e industrialización.

El Gobierno provincial estableció que su utilización estará sujeta al cumplimiento del protocolo correspondiente. A su vez, el Ministerio de Desarrollo Económico quedó facultado para dictar las normas complementarias y los procedimientos necesarios para implementar la nueva distinción.

Con el objetivo de acercar la educación pública al mercado de trabajo y ofrecer alternativas concretas de capacitación, se pusieron en marcha dos nuevas propuestas de formación técnica orientadas a jóvenes y adultos de la provincia. Las trayectorias formativas estarán enfocadas en las áreas de Operario metalmecánico básico y Auxiliar en instalaciones eléctricas domiciliarias, dos rubros con alta demanda en el sector productivo.

La iniciativa forma parte del Programa de Articulación Sectorial para la Innovación Formativa (PASIF), una herramienta impulsada desde la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación (CGE). Los convenios se firmaron con la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos (Adimer) y con la empresa Energía de Entre Ríos (Enersa) para implementar la nueva propuesta formativa. El propósito de este esquema es modernizar el sistema de formación profesional mediante cursos de estructura flexible y contenidos actualizados que respondan directamente a las necesidades laborales de cada comunidad.

Desde la conducción del área educativa provincial, Carlos Cuenca remarcó el sentido social de estas instancias: "Nuestra prioridad es que la educación pública sea un puente directo hacia el trabajo genuino. A través del programa PASIF, estamos transformando la capacitación laboral en Entre Ríos para que responda a lo que el territorio y el sector productivo necesita hoy". Asimismo, subrayó que este tipo de acuerdos buscan "generar oportunidades reales de inserción laboral para nuestros jóvenes y adultos".

En lo que respecta al trayecto en metalmecánica, la propuesta busca dotar a los estudiantes de herramientas teóricas y operativas para desempeñarse en pequeñas y medianas industrias. Sobre el impacto en el sector, Sergio De Luca, representante de la entidad industrial que acompaña el proyecto, señaló: "Para el sector metalmecánico es fundamental contar con personal calificado. Nuestro propósito no es solo acompañar la calificación de posibles candidatos a incorporar a nuestras industrias, sino también formar nuevos empresarios y referentes".

Por su parte, la capacitación para auxiliares en instalaciones eléctricas domiciliarias se dictará en los Centros de Formación Profesional. Para el ciclo lectivo 2026, la empresa provincial proveerá los insumos, herramientas, elementos de trabajo y materiales necesarios para garantizar el desarrollo de los talleres prácticos, además de brindar asesoramiento técnico sobre normas de seguridad e higiene laboral.

Sobre el crecimiento de esta disciplina, Uriel Brupbacher sostuvo: "Sabemos que la demanda en la industria de la energía crece día a día y que la especialización y la capacitación son herramientas fundamentales. Por eso es muy importante acompañar este proyecto y ser parte de este proceso de formación".

A través de estas alternativas educativas, se busca fortalecer el perfil técnico de los estudiantes e impulsar la empleabilidad en un contexto donde la especialización práctica resulta determinante para conseguir un puesto de trabajo.

La Unión Industrial Argentina (UIA) eligió este año una planta farmacéutica para celebrar el Día de la Industria. En el auditorio de Laboratorio Elea no hubo funcionarios del Gobierno, y el discurso de su presidente, Martín Rappallini, giró alrededor de una palabra: puente.

“El sector industrial, la UIA, pide un puente. Un puente entre la economía que estamos dejando atrás y la economía competitiva que queremos construir”, dijo el titular de la central fabril, que enumeró siete puntos para acompañar la transición hacia una economía abierta y estabilizada.

Rappallini empezó por explicar la elección del lugar. La industria farmacéutica invierte más de US$300 millones anuales, emplea a más de 48.000 personas de manera directa y a 120.000 de forma indirecta, produce medicamentos por unos US$19.000 millones y exporta más de US$1500 millones al año, según los datos que aportó.

El diagnóstico sobre el presente fue menos amable. La producción se ubica un 10% por debajo de los niveles de 2022, con sectores que registran caídas de entre 25% y 30%. Desde agosto de 2023, la industria perdió 90.000 puestos de trabajo asalariados registrados. Rappallini describió el momento como un “triple desafío”: recuperar actividad, adaptarse a una competencia internacional más agresiva y reducir los costos internos.

También reclamó que se reconozca el aporte del sector al programa de desinflación. En los últimos dos años, mientras los servicios aumentaron alrededor de 400% y el nivel general de precios cerca de 190%, los precios industriales crecieron 140%. “La industria le está poniendo el hombro en la estabilización”, afirmó.

Los siete puntos

El primer eje es la actividad y el crédito. “La economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación”, planteó, y pidió instrumentos que sostengan la actividad sin comprometer el orden fiscal, con eje en la reconstrucción del crédito para capital de trabajo, inversión, vivienda y consumo.

El segundo es el costo argentino. Allí la UIA propone un Pacto Fiscal Industrial Federal que comprometa a la Nación, las provincias y los municipios a reducir de manera gradual y coordinada la carga sobre la producción, como Ingresos Brutos, sellos, tasas municipales, el impuesto al cheque y la carga sobre la renta empresarial. Un informe que citó ubica a la Argentina al tope del ranking mundial de presión fiscal sobre el sector formal, con una carga del 56%.

Rappallini respaldó el RIGI y el Súper RIGI —“generan condiciones competitivas para que las grandes inversiones puedan desarrollarse”— y pidió extender ese principio al resto del entramado fabril. “No debe ser el Estado quien determine qué sectores tienen futuro en la Argentina y cuáles no”, agregó.

El tercer punto es la competencia desleal. En algunos sectores, los productos que ingresan por circuitos irregulares ya representan entre el 30% y el 50% del mercado, sostuvo, y sumó la subfacturación, la informalidad y las diferencias en las exigencias de calidad entre importados y nacionales. “Esto lejos está de ser libre mercado”, dijo.

El cuarto es la energía. Rappallini pidió que Vaca Muerta funcione también como plataforma para exportar producción industrial y no solo energía, y describió el impacto de las tarifas: muchas empresas, en particular pymes, recibieron facturas de gas y electricidad que se multiplicaron por tres y hasta por cinco. Lo atribuyó a la decisión oficial de trasladar a la industria el diferencial del costo de importación y reclamó un mecanismo de acompañamiento. “Seguimos aguardando una respuesta”, indicó.

Los tres ejes restantes son la morosidad —con pedidos de reprogramación de deudas bancarias y fiscales, suspensión de embargos y devolución acelerada de saldos a favor—, la infraestructura y la modernización laboral. Sobre este último eje, valoró la nueva legislación como “un punto de partida” y puso el foco en la actualización de convenios colectivos y en la reducción de la litigiosidad.

El cierre tuvo una referencia al clima político. “Debemos dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen. Podemos tener diferencias, incluso debatir qué políticas necesita la Argentina, pero el respeto tiene que ser parte fundamental de nuestra convivencia democrática”, dijo, antes de recordar que la industria representa cerca del 18% del PBI, el 20% del empleo y el 30% de la recaudación.

“La discusión industrial no es una discusión sectorial. Lo que hoy estamos discutiendo es qué país construimos para los próximos 30 años”, concluyó.

Fuente: La Nación

El dato positivo en la comparación interanual de julio responde, según el CEU-UIA, a un bajo nivel de comparación y no implica una recuperación sostenida. El organismo advierte que la actividad industrial se mantiene en un escenario de estancamiento que se extiende desde mediados de 2025.

Los indicadores sectoriales de julio presentaron un comportamiento heterogéneo. La construcción fue uno de los segmentos más débiles: los despachos de cemento cayeron 4,6% mensual y acumulan una baja del 3% frente a 2025, mientras que el Índice Construya -que concentra la venta de insumos para la construcción- retrocedió 0,8%. Ambos se ubican más de un 20% por debajo de los niveles de 2022, con los despachos asociados a obras pequeñas con una caída del 30% respecto de ese año.

La producción automotriz, por su parte, descendió 6,8% mensual y acumula una baja del 18% frente a 2025. El consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales retrocedió 3,5% respecto de junio y se encuentra 6% por debajo de los niveles de 2022.

A contramano de la tendencia general, en metales, la producción de acero avanzó 3,4% mensual, aunque acumula una caída del 10,9% frente a 2022. La industria metalmecánica se mantuvo estable (+0,1%), pero permanece 17,4% por debajo de aquel año de referencia. La producción de aluminio primario cayó 1,8% mensual, aunque mantiene un desempeño positivo frente a 2025 (+1%) y a 2022 (+17%).

En alimentos y bebidas, la producción láctea y la de bebidas avanzaron 0,9% cada una respecto de junio, mientras que la faena vacuna retrocedió 2,8% y acumula una baja del 6% frente a 2025. En el frente externo, las exportaciones hacia Brasil cayeron 12% en julio, aunque en los primeros siete meses del año acumulan una suba del 3,8% respecto de 2025. La liquidación de divisas agroindustriales retrocedió 14,6% mensual y acumula un retroceso del 16,7% frente al año anterior. Infobae

Las autoridades de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) fueron recibidas en Buenos Aires por Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), en un encuentro institucional estratégico orientado a unificar miradas sobre el presente del sector productivo. Durante la reunión, desarrollada en la sede central de la entidad nacional, los dirigenciales repasaron de manera pormenorizada la coyuntura del sector y trazaron un diagnóstico común respecto a las asignaturas pendientes para fortalecer el entramado fabril.

La comitiva de la UIER estuvo encabezada por su presidenta, Celeste Valenti, quien concurrió acompañada por los integrantes de la Comisión Directiva Claudio Lambert, María Eugenia Hillairet y Gabriel Bourdin. Por el lado de la UIA, la mesa directiva se completó con la presencia de la directora Ejecutiva, María Laura Bermudez; el vicepresidente de la entidad y titular de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), Luis Tendlarz; y Marcelo Domínguez Molet, miembro del Comité Ejecutivo en representación de la Asociación de Autopartistas de Argentina (AFAC).

Durante las deliberaciones, los referentes industriales de Entre Ríos expusieron los puntos centrales que conforman su agenda de competitividad. Entre las prioridades señaladas, se destacaron las crecientes dificultades en materia de carga impositiva, los costos y esquemas del suministro energético, y las carencias en infraestructura vial y logística que impactan de manera directa sobre la capacidad operativa y exportadora de la provincia.

Las autoridades de ambas instituciones coincidieron en la urgencia de avanzar hacia reformas estructurales que permitan descomprimir los costos de producción y fomentar la inversión. "Dialogamos sobre su plan de trabajo y las grandes oportunidades de las economías regionales impulsadas por la agroindustria", destacó Rappallini al término de la reunión, ponderando el rol estratégico que cumple el tejido productivo entrerriano en el contexto nacional.

Por otra parte, la delegación de la UIER aprovechó la ocasión para brindar detalles sobre los preparativos de la 22° Jornada de la Industria de Entre Ríos, el evento institucional más importante del sector a nivel provincial. El encuentro se llevará a cabo el próximo jueves 17 de septiembre en las instalaciones del Centro Provincial de Convenciones de la ciudad de Paraná.

Según se confirmó tras la reunión, el evento provincial reunirá a destacados disertantes del ámbito político, económico y empresarial de renombre nacional. En ese marco, se confirmó además que el propio titular de la UIA, Martín Rappallini, formará parte del panel principal de oradores para ofrecer una perspectiva global sobre el horizonte productivo de la Argentina.

A mediados del siglo XIX, aunque no existía una moneda única de circulación en la Confederación Argentina, las transacciones comerciales se hacían en pesos bolivianos, ingresados por la frontera norte, y algunos metálicos en oro, plata y bronce, resabios de la época hispánica. La angustiante situación del comercio por la falta de cambio menor llevó paulatinamente a las autoridades a buscar una solución para sustituirlas y vendría por la audacia de hombres comprometidos, que pusieron su capital para la creación de bancos privados con emisión.

La Constitución Nacional de 1853 dio un respaldo jurídico muy importante a la organización rentística de la Confederación Argentina, presidida por Justo José de Urquiza. La creación de un banco nacional tuvo efímera duración, ya que la Aduana de Buenos Aires absorbió todo el control de las mercaderías y de las rentas, lo que obligó a recurrir a capitales privados.

Fue por entonces que Urquiza contrató al brasileño Ireneo Evangelista De Souza, conocido como Barón de Mauá, con muy buenos antecedentes en las actividades comerciales en Montevideo, para que se instalara con un banco en la ciudad de Rosario. Fue la primera entidad privada de emisión del país, aunque tuvo poca duración, ya que Urquiza ordenó su cierre por no cumplir con los estatutos. Sin embargo, en 1863, aún seguían circulando los billetes emitidos por ese banco. No obstante, el primer día de julio de 1864 comenzó a funcionar el Banco Mauá, en la esquina noroeste de Urquiza y Salta (actual Seguí).

Al principio le fue bien y colaboró con las finanzas de la ciudad, pero las consecuencias nefastas de la guerra con el Paraguay hicieron que el Barón presentara la quiebra financiera y cerrara la entidad en 1869.

La escasez de circulante era alarmante por aquellos tiempos, no éramos ni Potosí ni Zacatecas, pero un portugués radicado en Gualeguaychú saldría al paso para ofrecer una solución: José Benítes, que venía trabajando duro con un almacén, una barraca, un saladero y sus propios barcos, lo que le permitió acumular una fortuna considerable, la cual fue una de las más afectadas por el saqueo de José Garibaldi en setiembre de 1845. Le llevaron más de cinco mil pesos en mercaderías, su goleta “La joven Emilia” y estuvieron a punto de fusilarlo. Pero se salvó y pudo recuperarse, por eso el gobierno de la provincia lo autorizó a abrir un banco con emisión de moneda el 11 de noviembre de 1869 en la esquina de 24 de enero (25 de Mayo) y Humberto Primo (Italia). Los billetes se imprimían en Nueva York, bajo el nombre de Banco José Benítes e Hijo. Sin embargo, la grave crisis que afectó a la provincia a raíz del asesinato de Urquiza en 1870 y los años posteriores, obligó a Benítes a cerrar el banco en 1876.

Urquiza, al mismo tiempo, había contratado a Domingo Luis Garbino, David Vinelli y Esteban Cassalino, músicos residentes en Montevideo, para que se incorporaran a la banda militar. Garbino, aunque era clarinetista, no iba a ser la música su actividad de preferencia: comenzó con un almacén, luego una barraca, un corralón de materiales, el Molino Chico y el saladero La amistad, con los que logró un vasto patrimonio y uno de los más importantes de la provincia.

Por otra parte, Juan Oxandaburu tenía una fonda y un hotel cerca del puerto, en los que alojaba a los inmigrantes vascos y franceses que se arrimaban por estos lares. Estaba casado con Nicostrata Benítes, hermana del banquero José, por cuya intermediación la sociedad que conformaron Garbino y Oxandaburu logró la aprobación para abrir un banco que se instaló en Urquiza entre Magnasco e Irigoyen, donde estuvo la Sombrerería Taglioretti.

El banco emitía billetes de 1, 2, 4, 5, 10 y 20 pesos fuertes y pesos bolivianos en planchas de mármol, materiales que conservan sus descendientes, coleccionistas y el Complejo Cultural Magnasco. Oxandaburu quebró y Garbino logró continuar con el banco el 13 de octubre de 1871, al cual trasladó a la esquina de 25 de Mayo y Patagonia (Pellegrini). Cerró sus puertas durante la presidencia de Domingo F. Sarmiento ante la creación del Banco Nacional, que absorbió los capitales privados. Una sucursal se instaló en Gualeguaychú en 1878 en un importante edificio de la esquina suroeste de 24 de Enero (25 de Mayo) y Solís (conocida como “de Urquiza” y actual España). El primer gerente fue Pastor Méndez Casariego.

A este banco fue trasladado Gustavo De Deken desde la provincia de San Juan, quien tuvo activa participación en la vida social y comercial de la ciudad. De muy joven, también trabajó Osvaldo Magnasco.

Cerró sus puertas por la crisis de 1890 que llevó al presidente Carlos Pellegrini a fundar el Banco de la Nación Argentina, que se instaló como entidad privada siendo los directores accionistas, con la exigencia de que los dos tercios debían ser argentinos. Esta condición se extendió hasta 1904 en que se transformó en banco oficial y pasó a ser agente financiero del gobierno.

La Ley Nº 2.841 disponía que en todas las localidades en que hubiera funcionado el Nacional, se abriera una sucursal del nuevo banco. De ahí que nuestra ciudad se vio beneficiada con la apertura de esta nueva institución que traería alivio a las arcas del Estado. Ocupó, en un principio, el edificio de 25 de Mayo y España y abrió sus puertas el 7 de marzo de 1892. Su primer gerente fue Juan F. Ferreira.

El 20 de enero de 1908 se trasladó a un edificio propio en Urquiza y Churruarín. Fue una imponente construcción que cobijó las actividades financieras en permanente crecimiento durante tres décadas, hasta que fue necesario contar con un lugar más amplio y funcional. En 1926 le compraron a la familia Bidart el solar de 25 de Mayo y Alberdi, y fue el departamento de arquitectura del propio banco el que dibujó los planos que fueron ejecutados, entre 1928 y 1930, por la empresa constructora Baldazarre, Zanni y Cía. Aunque fue modificado a través del tiempo, conserva el estilo ecléctico con sus pilastras acanaladas y las guardas grecas en la fachada, mientras que en el interior fueron acordes los triglifos y las metopas hechas en yeso, lamentablemente retirados por las reformas necesarias.

Este banco trajo alivio, sobre todo, para los productores agropecuarios, ya que la recuperación de Argentina como país agroexportador, aunque lenta y sostenida, permitió también el desarrollo industrial y el apogeo de los frigoríficos, como el de Gualeguaychú.

El 26 de agosto de 1903 abrió sus puertas el Banco de Italia y Río de La Plata, con el respaldo de la banca de Génova y Milán, en la esquina sureste de Suipacha (hoy Perón) y 25 de Mayo. Actualmente, ese edificio está ocupado por la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Las expectativas de contar con un banco provincial fueron poco concretas. Solo se logró con la creación del Banco Territorial (hubo una sucursal en la intersección de 25 de Mayo y Chacabuco). Una situación muy particular se dio en esta entidad: Antonio Daneri era intendente y gerente del banco, mientras que Juan Echebarne era concejal e integraba el directorio del banco. Esta situación fue muy criticada en los periódicos, pues sostenían que sus funciones eran incompatibles. Cuestión que nunca se resolvió y los dos cumplieron con eficiencia sus respectivos compromisos hasta el cierre del banco, cuando se creó el Banco de Entre Ríos por la Ley Nº 2.949 de 1933, que ocupó sus instalaciones.

Este nuevo banco se constituyó en el principal instrumento de promoción de la economía entrerriana, estimulando al comercio y la industria, sobre todo a las actividades agrícolas y ganaderas. Pasó a tener su sede propia en la esquina sureste de 25 de Mayo y España, lugar que ocupó Cayetano Costa, cuya hija Dolores se casó con el general Justo José de Urquiza. Él hizo construir una hermosa residencia que luego fue vendida a Zuloaga donde puso una tienda y, finalmente, antes de su demolición, funcionó la Agencia Willy de Hipólito Gauvry.

En 1995, la hasta entonces banca estatal entrerriana se transformó en Banco de Entre Ríos SA (BERSA), tras la fusión de cuatro bancos cooperativos que actuaban en la región y que se presentaron a la privatización convocada por el Gobierno.

Del Banco Mauá al BERSA, Gualeguaychú ha transitado por todas las vicisitudes y parabienes que la situación económica imponía. Actualmente, cuenta con una oferta en abanico de numerosas entidades que se van adaptando a las nuevas tecnologías y sus clientes, también.

Leticia Mascheroni

Complejo Cultural Magnasco

Fuentes de consulta: Complejo Cultural Magnasco (Archivo, Hemeroteca y Biblioteca)

Si bien la actividad manufacturera muestra una desaceleración general, el empleo formal dentro de la cadena forestoindustrial se está retrayendo a un ritmo mucho mayor que la producción, una situación que, según la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), pone en riesgo uno de los principales activos del sector: su capital humano.

El último Informe de Empleo y Actividad elaborado por la entidad reveló que el empleo registrado en la industria maderera cayó un 8,57% interanual, una contracción que supera ampliamente el retroceso observado en la actividad productiva.

Para FAIMA, no se trata solamente de un ajuste coyuntural, sino de un proceso que podría afectar la capacidad de recuperación de la cadena cuando la economía vuelva a crecer.

“La caída del empleo supera con holgura el retroceso productivo, lo que sugiere que las empresas no están ajustando por horas o por stock, sino desprendiéndose de plantel, con la consecuente pérdida de capacidades técnicas difíciles de recomponer”, señala el informe.

Entre los segmentos más afectados aparecen las tornerías, la fabricación de viviendas prefabricadas, tableros, enchapados y aberturas, eslabones que agregan mayor valor al recurso forestal y demandan mano de obra especializada.

“Cada puesto de trabajo que se pierde en estas actividades representa mucho más que una estadística. Detrás de esos números hay conocimientos técnicos, experiencia productiva y capacidades industriales que constituyen uno de los principales activos de la cadena forestoindustrial y que luego requieren años para reconstruirse”, advirtieron desde FAIMA.

La entidad remarca que este fenómeno implica un deterioro cualitativo de la cadena productiva, ya que afecta precisamente a los sectores con mayor contenido tecnológico y capacidad de innovación.

Según el relevamiento de FAIMA, las PyMEs fabricantes de muebles registraron una caída promedio del 14% en las ventas durante el primer trimestre del año, un dato que evidencia el impacto diferencial que atraviesan las empresas del sector.

Para la entidad, esta diferencia confirma la heterogeneidad de la industria y demuestra que muchas de las firmas que sostienen el empleo en el interior del país enfrentan dificultades mucho mayores que las que reflejan las estadísticas nacionales.

Además, el informe identifica a la construcción como uno de los principales canales de transmisión de la crisis. Los rubros vinculados a viviendas prefabricadas, estructuras, aberturas y también la comercialización mayorista de muebles son los que más sufren la caída de la obra pública, la inversión privada y el consumo de bienes durables.

Frente a este panorama, FAIMA sostiene que la preservación del capital humano debe convertirse en un eje estratégico para garantizar la competitividad futura de la cadena forestoindustrial.

“La federación recuerda que, cuando mejora la demanda, las empresas pueden volver a incrementar la producción relativamente rápido, pero reconstruir equipos especializados, recuperar oficios y volver a formar trabajadores calificados demanda varios años”, admitieron los industriales.

Al mismo tiempo, destaca que la actividad cuenta con fortalezas estructurales importantes, como la disponibilidad de recursos forestales, una amplia capacidad industrial instalada, una extensa red de PyMEs distribuidas en todo el país y décadas de conocimiento acumulado.

Sin embargo, advierte que esa ventaja puede erosionarse si continúan desapareciendo empresas y empleos especializados.

El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a su par de la República de Corea del Sur, Lee Jae-Myung, con quien mantuvo una reunión bilateral y luego se llevó a cabo una audiencia ampliada con funcionarios de ambos países.

Durante el encuentro, el presidente Lee felicitó a Milei por la baja de la inflación y por la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y del Súper RIGI, informó Presidencia en un comunicado.

Asimismo, ambos mandatarios dialogaron sobre el fortalecimiento del vínculo comercial bilateral, con especial énfasis en los sectores de energía, minerales críticos y alimentos, se indicó.

También, coincidieron en la importancia del desarrollo de la inteligencia artificial como motor del crecimiento económico y destacaron su potencial para impulsar otros sectores vinculados a los servicios, como la cultura, donde ambos países identificaron oportunidades de complementariedad.

Participaron por el gobierno argentino Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Luis Caputo, ministro de Economía; Daniel González Casartelli, secretario de Coordinación de Energía y Minería; Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales y Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Medios.

En tanto por Corea estuvieron, Cho Hyun, ministro de Asuntos Exteriores; Kim Jeong-Kwan, ministro de Comercio, Industria y Recursos; Wi Sung-Iac, Director de Seguridad Nacional de la Presidencia; Lee Chong-Hwa, embajador de la República de Corea; Lim Woong-Soon, Segundo Secretario de Seguridad Nacional y Kang Yu-Jung, portavoz Principal de la Presidencia.

"El acuerdo convierte la complementariedad entre nuestros países en una agenda ambiciosa que busca promover inversiones y proyectos conjuntos en exploración, extracción, procesamiento y refinamiento. Además, este instrumento permitirá ampliar el intercambio tecnológico y fortalecer cadenas de suministro seguras y previsibles para las industrias de baterías y tecnología avanzada", detalló el funcionario en su cuenta de X.

Quirno sostuvo también que "la presencia de POSCO en la Argentina ya demuestra la escala de lo que podemos construir juntos" y que "los minerales críticos son el puente entre los recursos de la Argentina y las industrias que están definiendo el futuro".

"Nuestra alianza se traducirá en inversión, producción, empleo y una mayor presencia argentina en las cadenas globales de tecnología", cerró.

(Fuente: Agencia NA)

La actividad industrial volvió a caer en junio, según estimaciones de la Unión Industrial Argentina (UIA). La entidad fabril estimó una baja interanual de alrededor de 1,8% y una variación mensual desestacionalizada de -0,2% frente a mayo.

Según el Informe de Actualidad industrial que reprodujo Infobae, los indicadores adelantados mostraron una dinámica heterogénea entre sectores, aunque sin alterar el panorama general de bajo nivel productivo.

Entre los sectores con bajas figuraron la construcción, la metalmecánica, el acero y los autos, mientras que hubo mejoras puntuales en bebidas, faena vacuna, consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales y patentamiento de maquinaria industrial.

La estimación surge de cálculos propios del CEU-UIA elaborados con datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a referentes sectoriales. En ese relevamiento, la entidad describió una dinámica heterogénea durante junio, pero sostuvo que el cuadro general de producción siguió débil.

Los indicadores ligados a la construcción mostraron nuevas bajas mensuales en el sexto mes del año. Los despachos de cemento cayeron 2,7% frente a mayo, 2,1% respecto de 2025 y 24,1% frente a 2022. El Índice Construya retrocedió 2,0% en el mes, subió 0,5% interanual y quedó 29,8% por debajo de 2022.

La actividad industrial también registró descensos en ramas manufactureras sensibles. La metalmecánica bajó 0,3% mensual, 5,7% frente a 2025 y 18,1% respecto de 2022. La producción de acero retrocedió 4,6% frente a mayo, aunque subió 10,2% interanual y quedó 9,4% por debajo de 2022.

El sector automotor casi no mostró cambios en la comparación mensual, con un alza de 0,2 por ciento. Aun así, fue uno de los rubros de peor desempeño anual: cayó 18,3% frente a 2025 y 16,0% respecto de 2022, de acuerdo a los números de la UIA.

Las mejoras puntuales no cambiaron el cuadro general

En alimentos y bebidas, junio dejó resultados mixtos. La producción de bebidas avanzó 4,2% frente a mayo, pero cayó 2,8% interanual y 13,2% frente a 2022. La faena vacuna subió 5,3% mensual y retrocedió 5,7% frente a 2025 y 5,2% respecto de 2022.

Otros segmentos sí mejoraron en la comparación anual. La producción láctea bajó 1,2% mensual, pero quedó 5,2% por encima de 2025 y 2,1% arriba de 2022. La molienda de oleaginosas cedió 0,6% frente a mayo y mostró subas de 1,5% interanual y 2,5% frente a 2022.

Entre los indicadores con repunte también apareció el consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales. Ese dato subió 1,4% mensual, 6,2% frente a 2025 y todavía se ubicó 5,6% por debajo de 2022.

El patentamiento de maquinaria industrial creció 9,4% frente a mayo. Pese a esa mejora, quedó 0,1% por debajo de 2025 y 5,3% debajo de 2022.

En el frente externo, las exportaciones hacia Brasil mostraron una mejora de 15,6% frente a mayo. También crecieron 3,8% respecto de 2025 y 4,0% frente a 2022.

La UIA atribuyó ese avance a mayores ventas de productos primarios, molienda, combustibles, aluminio y autos. A la vez, la liquidación de divisas agroindustriales aumentó 17,9% mensual, aunque cayó 13,4% frente a 2025 y 30,3% respecto de 2022.

Las entidades que integran la Mesa de Enlace agropecuaria y las principales cámaras de la industria frigorífica del país emitieron un contundente rechazo conjunto ante las modificaciones al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) que impulsa el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación. Las instituciones advirtieron que la iniciativa oficial pondría en serio riesgo la continuidad del organismo técnico e institucional encargado de posicionar la carne argentina en los mercados internacionales.

El rechazo sectorial responde a un borrador elaborado por la cartera que encabeza Federico Sturzenegger dentro del esquema de reformas normativas. El texto propone modificar la Ley 25.507 —norma que creó el Ipcva en el año 2001— para fijar la finalización de las contribuciones obligatorias a partir del 1° de octubre de 2027, instruyendo al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y a la Secretaría de Agricultura a dejar de percibir dichos fondos.

Desde el Consejo de Representantes del Ipcva remarcaron que el organismo se sostiene exclusivamente con recursos privados aportados por la cadena bovina, donde los productores entregan el 0,07% del valor índice de la res vacuna en plaza de faena y los frigoríficos el 0,03%. Según explicaron, este monto representa aproximadamente 1.200 pesos por animal faenado —el equivalente a unos 250 gramos de carne—, un costo marginal en comparación con los beneficios de apertura de mercados, promoción de la marca "Carne Argentina" y apoyo técnico a las tareas sanitarias del Senasa.

En un documento firmado por los titulares de Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), junto a directivos del Consorcio de Exportadores ABC, Ciccra, Fifra, Cadif y Unica, el sector alertó que pasar a un esquema de arancelamiento voluntario significaría en la práctica el cierre del instituto. Asimismo, señalaron que los principales países competidores en el comercio exterior cárnico —como Australia, Estados Unidos, Uruguay y el Reino Unido— cuentan con entidades similares financiadas mediante esquemas obligatorios e incluso con aportes estatales, por lo que la medida dejaría a la producción nacional en una posición de clara desventaja competitiva.

Así lo reflejó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en los informes que difundió este miércoles, a los cuales tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Industria

El índice de producción industrial (IPI) manufacturero retornó al sendero de la baja en el quinto mes. Con una contracción de 5,7%, el acumulado del período enero-mayo fue negativo en 3,1%.

En la medición desestacionalizada, la industria avanzó 0,4% en comparación con abril.

Únicamente marzo (5%) cerró con una variación positiva en la medición interanual, lo que demuestra que el sector industrial se mantiene rezagado y no logra reactivar del todo, con divisiones que suben pero no alcanzan para traccionar un avance general.

En este caso, “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” junto a “Productos de tabaco” fueron las únicas divisiones que terminaron mayo al alza. En total, catorce de las dieciséis categorías de la industria mostraron caídas.

Alimentos y bebidas: -3%.

Productos de tabaco: 14,6%.

Productos textiles: -26,2%.

Prendas de vestir, cuero y calzado: -14,7%.

Madera, papel, edición e impresión: -2,9%.

Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 19,4%.

Sustancias y productos químicos: -3,1%.

Productos de caucho y plástico: -10,2%.

Productos minerales no metálicos: -2,3%.

Industrias metálicas básicas: -4%.

Productos de metal: -1,2%.

Maquinaria y equipo: -23,4%.

Otros equipos, aparatos e instrumentos: -12,5%.

Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -15,9%.

Otro equipo de transporte: -9,9%.

Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: -7,3%.

Construcción

A contramano, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) repuntó y cerró el quinto mes con un alza de 4,1% interanual, tras haberse contraído en abril (-2,8%). Sumado al buen desempeño de los meses anteriores, el acumulado enero-mayo finalizó con una variación positiva de 2,5%.

En el mes a mes la suba fue incluso mayor: se incrementó 6,3% contra abril.

Si bien el ISAC cayó en febrero (-1,5%) y abril (-2,8%), el aumento de los otros meses le permitió continuar con una tendencia sostenida, en donde el sector muestra un cierto avance.

Al respecto del alza, el ministro de Economía Luis Caputo destacó el avance del sector.

A pesar de que ocho de los trece insumos para la construcción terminaron con pérdidas, los incrementos en "Pinturas para construcción" y "Resto", entre otros, sirvieron para que el índice general finalizara el mes en alza.

Artículos sanitarios de cerámica: -3,2%.

Asfalto: -8,2%.

Cales: -6,8%.

Cemento portland: -1,3%.

Hierro redondo y aceros para la construcción: 9,6%.

Hormigón elaborado: 10,1%.

Ladrillos huecos: -8%.

Mosaicos graníticos y calcáreos: 11,1%.

Pinturas para construcción: 23,6%.

Pisos y revestimientos cerámicos: -19,6%.

Placas de yeso: -7,8%.

Yeso: -7,4%.

Resto: 18,3%.

Entre los protagonistas mantienen cierta cautela en relación con el nivel de actividad esperado para el período junio-agosto. El 67,3% (obras privadas) contra el 60,2% (obras públicas) estiman que no habrá un cambio en la tendencia para los meses venideros.

En cambio, son más los que prevén que disminuirá la actividad, siendo 18,3% para las obras privadas y 23,7% para las obras públicas.

El sector industrial textil y del calzado sumó un nuevo y definitivo revés. El holding multinacional Grupo Dass comunicó de manera oficial el cierre definitivo de su fábrica ubicada en la localidad de Eldorado, provincia de Misiones, la última planta productiva que el grupo operaba activamente en la República Argentina. La medida viene acompañada del despido de los 150 operarios que todavía desempeñaban tareas en el establecimiento del norte del país. Según informaron fuentes de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA), la producción cesará formalmente entre el 17 y el 25 de julio, garantizándose la liquidación total de las indemnizaciones de ley.

La drástica resolución responde directamente a un cambio estructural en las condiciones del mercado y las variables macroeconómicas vigentes. Ante la sostenida apertura de las importaciones, a las grandes marcas internacionales les resulta económicamente más rentable y competitivo abastecer el mercado local con mercadería terminada en las plantas fabriles que el grupo posee en Brasil —donde los costos de producción resultan notablemente inferiores— en lugar de sostener líneas de montaje locales. La consecuente caída de órdenes de pedidos domésticos vació de sustentabilidad operativa a la planta misionera.

Este desenlace en Misiones representa el eslabón final de un proceso de retirada que la corporación había iniciado en enero de 2025 con el cierre de su fábrica en Coronel Suárez, lo que conllevó en su momento la desvinculación de 360 operarios. Pese a que la gerencia prometió en aquella oportunidad concentrar todo su volumen en Eldorado, la recesión y el ingreso de calzado extranjero aceleraron el desgaste, derivando a principios de 2026 en una primera tanda de 43 despidos, antesala del cierre patronal total ejecutado esta semana.

El dato: Según los últimos indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la fabricación de calzado y sus partes componentes registró un derrumbe interanual del 30,9%. Desde el organismo estatal vincularon directamente la parálisis fabril con la contracción sostenida del consumo interno y el fuerte incremento en el ingreso de bienes terminados desde el exterior.