La industria del juguete se encuentra frente a un escenario crítico. Así lo advierte un informe reciente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), que describe un cóctel de factores estructurales y coyunturales que ponen en riesgo no solo la producción local, sino también la seguridad de los consumidores y la subsistencia del comercio minorista. El diagnóstico es contundente: “La industria tiene seis de cada diez máquinas paradas”, alerta el presidente de la entidad, Matías Furió.

Uno de los pilares del deterioro es de naturaleza estructural, advierten desde la Cámara en tanto aseguran que la Argentina atraviesa una de las mayores caídas demográficas de su historia reciente. Desde 2015, la tasa de fecundidad se desplomó de 2,4 a 1,4 hijos por mujer, una disminución del 42% que reduce drásticamente la población infantil y, por extensión, la demanda potencial de juguetes. Las proyecciones muestran un descenso sostenido en todas las franjas etarias de 0 a 14 años hacia 2040.

A este fenómeno se suma un cambio cultural profundo: el avance de las pantallas y los dispositivos digitales como principal entretenimiento desde edades muy tempranas, desplazando tiempo, atención e interés del juego físico tradicional.

De todos modos, los empresarios aseguran que el problema no es solo demográfico. En el frente comercial, las ventas en jugueterías, cadenas y supermercados continúan estancadas pese a las promociones. El e-commerce crece —representa ya el 25% del mercado—, pero con desafíos logísticos y financieros que las PyMEs no siempre pueden afrontar.

En paralelo, se registra un fenómeno disruptivo: un incremento explosivo de las importaciones. Entre enero y octubre ingresaron 17,5 millones de kilos de juguetes, un salto del 94% interanual. China explica el 94,4% del volumen total, lo que marca la mayor concentración en dos décadas. Más grave aún: se pasó de 199 a 530 importadores en un solo año, muchos de ellos nuevos operadores que abastecen el mercado con productos de menos de USD 3 por kilo.

“Es una avalancha sin precedentes”, enfatizó Furió. A eso se suma el ingreso masivo de stock barato acumulado desde 2023, adquirido con un dólar oficial muy bajo, que hoy se liquida a precios mínimos para recuperar liquidez, generando distorsión, caída de márgenes y condiciones de venta insostenibles. El contrabando completa el cuadro: se estima que explica cerca del 30% del mercado, con casos de comercios que abastecen sus góndolas viajando en forma periódica a zonas fronterizas para traer mercancía sin controles.

La CAIJ denunció la presencia creciente de juguetes inseguros en plataformas digitales, muchos de ellos con alertas internacionales de retiro (recall) o directamente sin certificación. En países de la región, como Brasil, se detectaron metales pesados y sustancias prohibidas en productos idénticos a los que circulan en la Argentina. En el mercado local abundan publicaciones que se presentan como “certificadas” sin cumplir la normativa vigente, lo que genera un riesgo directo para las familias.

Los efectos advierten que ya se ven en el territorio: cierre de jugueterías históricas como Rossier en Escobar, Halago’s en Quilmes o Lilián en Trelew, comercios que no logran sostener costos crecientes de energía, alquileres y tarifas en un contexto de venta deprimida y competencia desigual.

En el lado de la producción, desde la Cámara explican que las fábricas toman crédito no para invertir sino para pagar salarios y aguinaldos, mientras trabajan con niveles de capacidad ociosa extremos.

En este contexto, la CAIJ pide medidas urgentes: "fortalecer controles en frontera, exigir trazabilidad completa en plataformas online, fiscalizar importaciones subvaluadas, garantizar competencia equitativa entre la producción nacional y los importadores formales, y priorizar la seguridad infantil en un mercado saturado de productos de dudosa calidad".

El panorama es claro, advierten: sin políticas coordinadas, el sector del juguete enfrenta no solo una crisis coyuntural, sino una amenaza estructural que podría acelerar el cierre de fábricas, la desaparición del comercio minorista y la pérdida de cientos de empleos industriales. Finalmente alegan que, pese a la mala situación, aún hay margen para revertir la tendencia, pero el tiempo se acorta. (Perfil)

En un escenario de tensiones crecientes entre el Gobierno nacional y los sectores sindicales, la reforma laboral vuelve a instalarse en el centro del debate público. Bajo el argumento de modernizar las relaciones laborales y fomentar el empleo, el oficialismo impulsa un paquete de medidas que despierta resistencias en amplios sectores del movimiento obrero.

Las advertencias también se hicieron sentir desde el sector pyme. Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, advirtió que “la reforma no tendrá sentido si no se reactiva la economía”. En declaraciones a Panorama Político, Rosato sostuvo que “sin consumo interno, cualquier flexibilización laboral será solo un parche que no resuelve el problema de fondo”.

En concordancia con lo anterior, EL ARGENTINO consultó al abogado laboralista Andrés Ocampo: “Hay que ser claros: mediante la normativa laboral no se crea ni se destruye empleo. El empleo depende de decisiones macroeconómicas, de políticas de crédito, subsidios, apoyo a las pymes, servicios públicos eficientes y protección de la industria nacional. Una apertura indiscriminada de importaciones destruye empleo por competencia desleal. Por eso, el argumento de que modificando la normativa laboral se va a generar empleo es falso. Lo que sí implica esta reforma es una regresión en derechos laborales, con la misma lógica que se intentó imponer en los años 90 y durante el macrismo”.

Desde el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación Delegación Concepción del Uruguay (S.T.I.A.) afirmaron en diálogo con EL ARGENTINO: “Una reforma laboral con olor a pasado, que revive figuras regresivas y debilita derechos conquistados”. Los referentes gremiales alertaron sobre el regreso de lo que denominan “los muertos-vivos del modelo neoliberal”: despido barato, jornadas extendidas, vacaciones fraccionadas y una negociación colectiva fragmentada.

En tanto, el abogado Ocampo de Gualeguaychú cuestionó los fundamentos del proyecto oficial, señalando que no existe aún una propuesta concreta, pero que los anuncios y antecedentes “apuntan a la quita de derechos”.

El profesional aclaró: “En primer término, hay que decir que todo lo que se discute son especulaciones. No hay un proyecto concreto que se pueda analizar en profundidad. Lo que circula son títulos, comentarios y supuestos jurídicos que podrían modificarse. Y lo que se observa es que la lógica detrás de estos anuncios es restrictiva: apunta a la quita de derechos y al aumento de ganancias del sector patronal. Según los voceros del gobierno, el objetivo —como ocurrió con el DNU 70/2023 y con la sección laboral de la Ley Bases— sería crear más puestos de trabajo. Pero lo que se anunciará va en sentido contrario”.

Entre los puntos más críticos, desde el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación en Concepción del Uruguay, señalaron a EL ARGENTINO la posibilidad de pagar indemnizaciones con un tope de diez salarios, excluyendo adicionales, aguinaldo y premios, lo que “abarata el despido y legaliza la precarización”. Además, se habilita a las PYMES a pagar en hasta 12 cuotas, lo que “convierte la indemnización en una promesa incierta, especialmente en sectores con alta rotación y bajos ingresos”.

También cuestionaron la creación del llamado “salario dinámico”, un adicional negociado directamente entre trabajador y empleador, que “puentea al sindicato y habilita la discriminación salarial”. Según el gremio, esta figura rompe con el principio de igualdad ante tareas similares y debilita la negociación colectiva como herramienta de equidad.

Otro eje de preocupación es la flexibilización de la jornada laboral, que podría extenderse hasta 12 horas diarias bajo la figura del “banco de horas”, sin pago de extras.

El abogado laborista mencionó: “Lo que se propone es un refrito de viejas recetas: ampliar la jornada laboral hasta 12 horas diarias, implementar bancos de horas que ya han demostrado su ineficacia, y debilitar la organización sindical mediante reformas que afectan derechos colectivos. Se busca precarizar el trabajo, volver a los contratos basura que ya fracasaron en Argentina. Es un museo de grandes novedades, como dice la canción, pero con ideas del siglo XIX.”

Por su parte desde el Sindicato de Alimento advirtieron: “El trabajador queda sujeto a las necesidades de la producción, sin garantías ni compensaciones reales”. Esta modalidad, agregan, “naturaliza la sobreexplotación y desdibuja los límites entre tiempo laboral y vida personal”.

En cuanto a las vacaciones, el sindicato denunció que se habilita su fraccionamiento y la posibilidad de acordarlas fuera de los períodos legales, lo que “individualiza el derecho y lo somete a la lógica empresarial”.

Respecto a la negociación colectiva, alertaron sobre una “atomización por empresa” que debilita la fuerza gremial, junto con la eliminación de cuotas solidarias y aportes patronales. “Se busca desfinanciar a los sindicatos y fragmentar la representación, debilitando la capacidad de defensa de los trabajadores”, sostuvieron.

“Es claro - afirmó Ocampo, el abogado laboralista a EL ARGENTINO - que se pretende instalar la negociación directa entre empleador y trabajador como si fuera equitativa, cuando todos sabemos que sin organización sindical, el trabajador tiene muy pocas herramientas para defender sus condiciones.”

Finalmente, el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación rechazó la redefinición de la huelga como “inofensiva”, con servicios mínimos que, según afirman, “vacían de contenido el derecho a la protesta”. En casi todas las actividades, se establecen restricciones que, sumadas a las reformas recientes en la Ley de Contrato de Trabajo, “configuran un escenario de disciplinamiento laboral”.

Por su parte Andrés Ocampo, también se manifestó sobre este punto: “Se apunta a destruir los convenios colectivos por actividad, reemplazándolos por convenios por empresa. Esto implica que cada empresa pueda imponer condiciones más favorables para sí misma, en detrimento de los trabajadores. Se busca maximizar la ganancia empresarial y aumentar el control sobre la fuerza laboral, modificando jornadas, licencias y vacaciones según el interés patronal. Todo esto es profundamente negativo.”

El profesional remarcó que: “Por supuesto que puede haber modificaciones en los convenios colectivos, pero siempre deben ser para ampliar derechos, no para restringirlos. Así lo establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza la protección del trabajo en todas sus formas. También lo afirman los tratados internacionales con jerarquía constitucional, como el artículo 75 inciso 22. Las reformas deben ser progresivas, nunca regresivas. Lo que se propone desde el gobierno va en sentido contrario.”

Más allá de los títulos y especulaciones, el debate sobre la reforma laboral revela una disputa de fondo: el modelo de país que se pretende consolidar. En Entre Ríos, las voces gremiales y profesionales coinciden en que flexibilizar derechos no garantiza empleo, y que sin políticas activas para el desarrollo productivo, el trabajo decente seguirá siendo una promesa vacía. La defensa de la negociación colectiva, la jornada digna y la equidad salarial no es sólo una bandera sindical: es una apuesta por una democracia con justicia social.

La iniciativa, que comenzará a regir en la próxima temporada de verano, busca mitigar los picos de consumo provocados por el uso intensivo de aires acondicionados y maquinaria industrial, especialmente entre las 15 y las 18 horas, cuando la red eléctrica alcanza niveles críticos.

El programa forma parte del Plan de Contingencia Energética que la Secretaría de Energía impulsa desde 2024. A través de la resolución 379, se habilita a grandes usuarios —industrias y comercios con potencia contratada superior a 300 kW— a presentar propuestas para reducir su consumo en horarios pico. A cambio, recibirán pagos proporcionales a la energía que dejen de utilizar.

La medida apunta a generar una “reserva de emergencia” que funcione como respaldo operativo, similar al efecto de una central eléctrica en espera. El objetivo es evitar cortes preventivos como los registrados en veranos anteriores, cuando el sistema colapsó en varias regiones del país.

Las empresas interesadas deberán presentar planes estacionales de reducción de consumo, detallando horarios, niveles de demanda y capacidad de respuesta. Una vez aprobados, se comprometerán a disminuir su uso energético en los momentos críticos, especialmente durante las olas de calor.

La participación será voluntaria, pero quienes se sumen deberán contar con sistemas de medición adecuados y cumplir con los compromisos asumidos. El monitoreo será clave para garantizar la efectividad del programa y evitar abusos.

La propuesta se inspira en experiencias exitosas de gestión de demanda aplicadas en países como Estados Unidos (California) y Reino Unido, donde se logró estabilizar el sistema eléctrico sin necesidad de construir nuevas centrales. Según la resolución oficial, estas políticas han demostrado ser eficaces para mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental.

En Argentina, sin embargo, la implementación enfrenta desafíos específicos: la dispersión geográfica del sistema, la heterogeneidad de los usuarios y la necesidad de contar con infraestructura de medición confiable. Además, será clave la voluntad del sector privado para sumarse activamente.

En provincias como Entre Ríos, donde conviven industrias, cooperativas eléctricas y redes comunitarias, el programa podría abrir nuevas oportunidades de articulación entre el Estado, el sector productivo y las organizaciones locales. La gestión eficiente de la energía no solo previene apagones: también puede fortalecer la autonomía energética y la planificación territorial. (Con información de Infobae)