Autovía del Mercosur continúa ejecutando trabajos de mantenimiento preventivo en los arroyos que atraviesan la Ruta Nacional 14, mediante tareas de limpieza, desmalezamiento y acondicionamiento de cauces para favorecer el drenaje y preservar la infraestructura vial.

Las intervenciones comprenden el retiro de ramas, vegetación, sedimentos y otros materiales acumulados que puedan obstaculizar el flujo natural del agua. Asimismo, con el apoyo de maquinaria especializada, se realizan trabajos de adecuación en sectores cercanos a puentes y estructuras de drenaje.

Estas acciones buscan mejorar las condiciones de escurrimiento de los cursos de agua y disminuir el riesgo de obstrucciones y acumulaciones ante eventuales crecidas, especialmente durante períodos de precipitaciones intensas.

Los trabajos forman parte de las tareas de conservación que lleva adelante Autovía del Mercosur para mantener en condiciones el corredor vial y prevenir posibles inconvenientes derivados de fenómenos climáticos adversos.

De esta manera, AUMESA continúa desarrollando intervenciones preventivas sobre la Ruta Nacional 14, con el propósito de contribuir al adecuado funcionamiento de los sistemas de drenaje y a una circulación más segura para los usuarios.

Tras la rúbrica, que se realizó en las oficinas de YPF en Buenos Aires, el mandatario destacó la importancia que representa para la provincia y precisó que se trata de "un acuerdo de cooperación y de interacción con la empresa más importante de la Argentina, y tiene que ver con la posibilidad de integrar a Entre Ríos a ese gran mundo que representa Vaca Muerta, con el potencial enorme y la realidad que tiene", expresó.

En ese sentido, recordó que Entre Ríos cuenta con muchos recursos y capacidades productivas: "No tenemos solo arena, tenemos muchos proveedores que pueden servir para potenciar este desarrollo que está llevando adelante YPF y queremos que sean tomados en cuenta", sostuvo, y agregó que el interés compartido quedó plasmado en el acuerdo.

En tanto, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, valoró la calidad de las arenas silíceas entrerrianas: "Es la que usamos para nuestros pozos y es la mejor que se ha encontrado en la Argentina hasta ahora", afirmó. Asimismo, sostuvo que el acuerdo permitirá fortalecer la cooperación con la provincia y contribuir a un desarrollo integral de Vaca Muerta, que "va a generar mucho trabajo para todos", con el objetivo de hacer más eficiente la actividad tanto para YPF como para las demás compañías, aseguró.

Cabe remarcar que el acuerdo marca una nueva etapa en la integración de la provincia a la cadena productiva de Vaca Muerta. El objetivo será aprovechar los recursos naturales, la capacidad productiva y las ventajas logísticas entrerrianas para aportar mayor eficiencia y competitividad al principal desarrollo energético de la Argentina y, al mismo tiempo, generar nuevas inversiones y empleo en la provincia.

Uno de los ejes centrales es potenciar la producción de arenas silíceas, un insumo fundamental para la actividad no convencional de Vaca Muerta. Entre Ríos e YPF trabajarán en alternativas para desarrollar la actividad minera y mejorar la infraestructura vial, ferroviaria y fluvial necesaria para el transporte de la producción, con el objetivo de hacer más eficiente la logística y contribuir a reducir los costos de la cadena productiva.

El acuerdo apunta así a que Entre Ríos profundice su participación en una de las cadenas de valor más importantes de la Argentina, no sólo como proveedor de un recurso estratégico, sino también a través de su infraestructura, su ubicación logística y el entramado de empresas entrerrianas que pueden incorporarse como proveedores de la industria energética.

La agenda conjunta contempla además proyectos vinculados con la electromovilidad y la expansión de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos, así como la incorporación de sistemas de telemetría para modernizar la flota de vehículos públicos provinciales, mejorar su administración y hacer más eficiente el uso de los recursos.

Otro de los ejes será el análisis de alternativas para reconvertir y aprovechar activos de YPF en proyectos de almacenamiento vinculados con la producción agroindustrial, particularmente aceites vegetales. A su vez, se promoverá el trabajo conjunto con municipios para analizar herramientas e incentivos fiscales que favorezcan nuevas inversiones privadas en la provincia.

El convenio marco no implica por sí mismo erogaciones presupuestarias específicas para la provincia. Cada uno de los proyectos que surjan de esta alianza será instrumentado posteriormente mediante acuerdos particulares, en los que se establecerán las inversiones, responsabilidades, condiciones y plazos correspondientes.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de tres años, abriendo así una nueva etapa en la relación entre Entre Ríos e YPF, con una agenda orientada a integrar a la provincia al desarrollo energético nacional, potenciar sus ventajas productivas y logísticas y generar nuevas oportunidades de inversión y empleo.

La Municipalidad de Gualeguaychú culminó la puesta en valor integral de la calzada de calle Andrade, en el tramo comprendido entre Rucci y Aguado, sector que volvió a quedar habilitado para la circulación vehicular.

La obra fue ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura y contempló la demolición completa del pavimento deteriorado, la revisión y reparación de los servicios de agua potable y cloaca, el sellado de juntas y la colocación de una nueva capa asfáltica sobre toda la traza.

El tramo presentaba deformaciones y baches que afectaban el tránsito regular en una zona caracterizada por una alta densidad comercial e institucional. Por este motivo, las tareas se planificaron de manera coordinada entre distintas áreas operativas para garantizar una solución estructural sobre la calzada.

En la primera etapa del operativo, personal de la Dirección de Obras Públicas procedió al retiro total del pavimento dañado y al traslado de los escombros hacia los lugares de disposición final habilitados. Con la traza despejada, equipos de la Dirección de Obras Sanitarias inspeccionaron las conexiones domiciliarias de agua potable y saneamiento subterráneo, efectuando las reparaciones necesarias en las cañerías que registraban fallas para prevenir futuras filtraciones o roturas debajo del nuevo material.

Posteriormente, se aplicó hormigón de reparación en las losas base y se realizó el sellado técnico de la totalidad de las juntas y fisuras existentes. Sobre la superficie saneada, la cuadrilla municipal aplicó el riego de liga, procedimiento estándar destinado a maximizar la adherencia de la superficie. A continuación, se extendieron rollos de tela geotextil sobre la traza, insumo que actúa como interfaz de refuerzo para absorber tensiones y evitar el reflejo de grietas hacia la capa superior.

El proceso concluyó con el vertido y nivelación de la mezcla asfáltica en caliente, dejando la arteria habilitada para el flujo vehicular tras completarse el período de asentamiento. Esta intervención se complementa con la renovación del sector de adoquines articulados realizado el año pasado entre Rocamora y Rucci, dándole continuidad a la mejora de la infraestructura vial en el microcentro de la ciudad.

La labor articulada entre las distintas dependencias municipales permitió resolver en un único esquema de trabajo tanto el estado de la calzada como la funcionalidad de los servicios básicos subsuperficiales. Con la finalización de las obras en Andrade, la arteria recupera su operatividad plena, garantizando la seguridad en la circulación diaria de automovilistas, vecinos y comerciantes que transitan por el área céntrica.

La provincia de Entre Ríos sostiene la ejecución de una cartera de proyectos que alcanza los 492,5 millones de dólares, gestionados mediante operaciones de crédito con entidades multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Los fondos, administrados por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, están orientados a intervenir en infraestructura vial, saneamiento ambiental, conectividad física y fortalecimiento productivo.

Adicionalmente, el Fondo Multisectorial otorgó Aportes No Reembolsables (ANR) a proyectos privados de los sectores turístico e industrial en Concordia, Colón y Federación, incluyendo una línea destinada a la adopción de energías renovables.

En el área de saneamiento ambiental, el Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades de la Cuenca del Río Uruguay contempla una inversión del BID de 80 millones de dólares para la optimización de la planta depuradora de efluentes en Gualeguaychú, la reestructuración del sistema cloacal en Concepción del Uruguay y la edificación de una planta de tratamiento de aguas residuales en Colón.

Respecto de la red vial y la logística productiva, mediante el programa Caminos para el Desarrollo Productivo (CAF, 40 millones de dólares) avanza la reconstrucción de 64,7 kilómetros del tramo Viale-Arroyo El Durazno. Por su parte, el Programa de Infraestructura Vial Sostenible representa el mayor volumen prestable con 280 millones de dólares aportados por el BID; su trazado contempla la intervención en las rutas provinciales 1 y 2, la construcción de la Circunvalación de Nogoyá, la reconstrucción del puente sobre el arroyo Sauce y la readecuación del Canal Mihura en Gualeguay.

Finalmente, el programa Condver, respaldado por el BCIE con 27,5 millones de dólares, abarca trabajos sobre la ruta provincial A08 en Islas del Ibicuy y la construcción de nuevos puentes sobre el arroyo Desmochado (departamento Tala) y el arroyo El Sauce (departamento Gualeguaychú). Complementariamente, el programa PROSAF (FIDA, 15 millones de dólares) destina recursos a infraestructura vial y equipamiento técnico para el sector apícola provincial.

En el marco de la inauguración de la 133ª Exposición de Ganadería, Industria y Comercio de Gualeguaychú, las autoridades del Gobierno provincial presentaron un balance de las acciones orientadas al sector productivo, con especial foco en la recuperación de la infraestructura vial, el financiamiento y la sanidad animal.

Durante el encuentro que reunió a productores, empresarios y representantes de entidades rurales de la región, se enfatizó que el mantenimiento de la red de caminos resulta un elemento central para asegurar el traslado de la producción local hacia los puertos, las plantas industriales y los centros de consumo. En ese sentido, se detalló un programa de equipamiento para la Dirección Provincial de Vialidad que incluyó la recuperación de 50 maquinarias y la compra de nuevas unidades por un monto total de 12.000 millones de pesos.

En lo que respecta al Departamento Gualeguaychú, se informó que el plan de bacheo ya superó el 50 por ciento de su ejecución, representando una inversión superior a los 33.000 millones de pesos. A nivel provincial, las intervenciones en rutas abarcan más de 1.000 kilómetros, mientras que la red de caminos rurales abarca aproximadamente 25.000 kilómetros. Mediante convenios firmados con consorcios camineros, comunas y municipios, la cobertura de atención en estas vías secundarias se incrementó de 1.000 a 3.500 kilómetros. Asimismo, se analiza una propuesta formulada por la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) para optimizar el esquema de mantenimiento continuo.

Entre las obras de infraestructura vial concretadas y en proceso de obra dentro de la zona sur, se destacaron la reconstrucción de la ruta provincial 42, los trabajos en la ruta 17, la finalización de la ruta 20 y el puente sobre el Paso del Cinto, cuya estructura presenta un avance físico del 94 por ciento. A estos proyectos se suma la obtención de créditos internacionales por más de 320 millones de dólares orientados a la rehabilitación integral de las rutas entrerrianas.

Por último, el informe oficial incluyó los avances en materia de legislación y prevención sanitaria: la aprobación de la ley de buenas prácticas en fitosanitarios, la recolección de envases del campo, la creación del primer seguro multirriesgo agropecuario provincial y el fortalecimiento de la Policía Rural mediante los fondos generados por el Documento Único de Tránsito (DUT) para enfrentar contingencias climáticas y el abigeato.

El gasto público primario de la Administración Nacional cerró el primer semestre con una caída real del 2,3% interanual. A pesar de que en junio registró una suba puntual del 3,7%, el acumulado de los primeros seis meses mantiene la tendencia a la baja impulsada por la gestión de Javier Milei y Luis Caputo.

Según un informe de la consultora Analytica, los rubros con mayores recortes fueron el financiamiento a las provincias y la inversión en infraestructura. Las transferencias a las provincias lideraron el ajuste con una baja del 62,1% (52,3% si se descuentan los hospitales SAMIC). Por su parte, la obra pública mostró una contracción acumulada del 32,4% en términos reales, profundizándose en junio con una caída del 74,9%.

En contraste, los subsidios económicos mostraron un incremento real del 29,6%, impulsados exclusivamente por las partidas energéticas, que treparon un 73,7%. En cambio, el sector transporte registró un recorte del 24% en el semestre por la baja en transferencias al Operador Ferroviario y al fondo de infraestructura vial.

Por el lado del gasto social, las variaciones fueron mínimas. Las jubilaciones y pensiones mostraron una suba real del 1,3%, mientras que las partidas para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares se mantuvieron casi idénticas al año anterior, con un leve incremento del 0,3%. Finalmente, el reporte detalló que la deuda flotante (pagos pendientes del Estado) acumulada en el semestre es de $3,9 billones, equivalente al 0,3% del PIB.

La Ruta Nacional 14, una de las arterias más transitadas y estratégicas para el comercio de la región, se prepara para un cambio estructural en su esquema de transitabilidad. En el marco del nuevo modelo de concesiones viales impulsado por el Gobierno nacional, la empresa adjudicataria del denominado corredor Mercosur recibió la autorización formal para incorporar una quinta estación de peaje sobre la traza, la cual se sumará a las cuatro que ya operan actualmente.

La futura estación de cobro estará localizada en la zona de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, un punto geográfico clave debido a su cercanía con la frontera con Brasil y el constante flujo de transporte internacional de cargas y vehículos particulares. La explotación de este corredor, que incluye las rutas nacionales 12 y 14 (Autovía José Gervasio Artigas), quedó en manos de una firma perteneciente al Grupo Cartellone.

Las adjudicatarias no tendrán la obligación de ejecutar grandes obras de infraestructura vial en el corto plazo. Su prioridad absoluta será garantizar la transitabilidad básica mediante tareas de conservación.

El plan de contingencia inicial para el corredor exige centrar los recursos en:

Para las provincias de la Mesopotamia, especialmente Entre Ríos y Corrientes, el impacto será directo. Aunqueel malestar de los usuarios suele centrarse en el costo de los peajes, desde el Gobierno defienden que el esquema es la única vía para autofinanciar el mantenimiento mínimo ante el freno de la obra pública tradicional. Asimismo, adelantaron que se proyecta una segunda etapa del plan de concesiones que sumará otros 12.000 kilómetros a la red privada, donde recién allí se evaluarían obras de mayor envergadura como terceros carriles y duplicación de calzadas.

La iniciativa del bloque justicialista busca que la provincia garantice la construcción y el mantenimiento de refugios para pasajeros en las rutas entrerrianas. El objetivo es brindar seguridad, accesibilidad y resguardo climático a estudiantes, docentes y trabajadores del interior.

La infraestructura vial en el interior de la provincia podría sumar una regulación clave para mejorar la calidad de vida y la seguridad de las comunidades más pequeñas. Un proyecto legislativo busca revertir la desprotección que sufren diariamente cientos de vecinos que dependen del transporte de pasajeros en las zonas rurales de Entre Ríos.

Este miércoles ingresó a la Cámra de Diputados provincial un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de instalar y mantener garitas para pasajeros en los accesos a poblaciones rurales ubicadas sobre rutas nacionales y provinciales dentro del territorio entrerriano. La iniciativa, presentada por el diputado Sergio Castrillón, cuenta con el acompañamiento de Laura Stratta, Enrique Cresto, Silvia Moreno, José Kramer, Mariel Ávila y la legisladora local Lorena Arrozogaray.

El proyecto establece que las garitas deberán contar, como mínimo, con techo, asientos, iluminación eléctrica o mediante energía solar y señalización adecuada para permitir la detención segura de los vehículos de transporte público o privado.

El texto prevé que el Poder Ejecutivo designe una autoridad de aplicación que coordine con municipios, comunas y juntas de gobierno la construcción de estas estructuras, luego de realizar un relevamiento de las necesidades existentes en un plazo de 180 días. Los gastos serán atendidos con las partidas presupuestarias asignadas a la Dirección Provincial de Vialidad, complementadas con otros aportes que determine la provincia.

En los fundamentos, el autor señaló que numerosos habitantes esperan diariamente el transporte sobre las banquinas, sin infraestructura que los proteja del clima ni de los riesgos del tránsito. Indicó que esta situación afecta especialmente a estudiantes, docentes, trabajadores rurales y adultos mayores que dependen del transporte para acceder a la educación, la salud y el trabajo. Asimismo, sostuvo que es una obra de bajo costo y alto impacto social, que favorece el arraigo en las comunidades del interior.

(Fuente: APFDigital)

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recorrió este martes distintas obras de infraestructura, vivienda y desarrollo productivo en el departamento Islas del Ibicuy, donde supervisó el avance de proyectos considerados estratégicos para la región y destacó la necesidad de fortalecer la preparación ante posibles eventos climáticos extremos.

La actividad comenzó en Villa Paranacito, donde el mandatario visitó la obra del dique de defensa costera para evaluar los trabajos pendientes y las tareas complementarias necesarias para su finalización. En ese marco, expresó su preocupación por las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño y remarcó la importancia de avanzar con las obras preventivas.

"Estamos preocupados como todos por El Niño y las consecuencias que puede traer; tenemos que estar preparados y hacer las cosas que hay que hacer para mitigar cualquier impacto de ese fenómeno del clima", sostuvo.

Durante la recorrida también visitó el barrio de las 50 viviendas, cuya ejecución fue recientemente transferida al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) con el objetivo de reactivar y concluir una obra que permanece paralizada desde 2022. El proyecto se había iniciado en el marco del plan de emergencia hídrica impulsado en 2017 y atravesó diversas modificaciones antes de quedar interrumpido.

Acompañado por el intendente Eduardo Melchiori, Frigerio además analizó el avance de otras 25 viviendas que actualmente ejecuta el municipio. Las autoridades repasaron también las obras complementarias previstas para el sector, entre ellas una línea eléctrica de media tensión y la instalación de un transformador que permitirá abastecer tanto al nuevo barrio como al loteo municipal destinado al programa Procrear.

Posteriormente, la comitiva se trasladó a Ibicuy para inspeccionar los trabajos que se realizan en el acceso a la localidad. El gobernador calificó la intervención como una obra fundamental para los vecinos y destacó el ritmo de ejecución de las tareas.

"Veo mucho movimiento y estoy muy contento de que esto avance bien para darle la tranquilidad a los vecinos de que el ingreso al pueblo se está arreglando después de muchísimo tiempo", afirmó.

Por su parte, el intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro, señaló que la reparación del acceso era una de las principales demandas de la comunidad y valoró la decisión de la provincia de intervenir la traza en dos oportunidades durante los primeros meses de gestión. También destacó las gestiones para obtener financiamiento destinado a finalizar 74 viviendas y una inversión energética que permitirá dotar de electricidad a otras 51 unidades habitacionales y a la escuela agrotécnica local.

La jornada concluyó en el Puerto de Ibicuy, donde las autoridades participaron de la presentación de las obras de puesta en valor de las oficinas del Ente Administrador del Puerto de Ibicuy (EAPI), una mejora orientada a optimizar el funcionamiento administrativo y operativo del organismo.

Durante el encuentro se analizaron además distintos proyectos de desarrollo portuario con el objetivo de consolidar a Ibicuy como el principal puerto de aguas profundas de Entre Ríos y uno de los nodos logísticos más relevantes del país.

Frigerio estuvo acompañado por el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob, y el director administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Exequiel Donda.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles un anuncio clave para la infraestructura vial de Entre Ríos. Junto al ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, y al director de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, presentó el estado de situación de las rutas y confirmó la llegada de financiamiento internacional por más de 320 millones de dólares.

Frigerio sostuvo que al asumir encontró una red vial en condiciones críticas y un organismo provincial debilitado. “Las rutas estaban en estado deplorable y Vialidad prácticamente sin capacidad operativa”, señaló. Según explicó, uno de los objetivos centrales de su gestión fue recuperar la capacidad de intervención y avanzar en un plan integral de reconstrucción.

El financiamiento proviene de organismos multilaterales: el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó 280 millones de dólares, el Banco Centroamericano de Integración Económica aportará casi 30 millones y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola sumará otros 15 millones. “Somos la primera provincia en conseguir este tipo de aval soberano para obras de rutas”, destacó el mandatario.

Entre los proyectos figuran intervenciones en la Ruta Provincial 1 (entre la nacional 12 y Feliciano), la Ruta 2 (entre la 14 y Feliciano), la Ruta 6 (entre la 18 y la 39), la Ruta 20 (entre la 39 y la 130), la Ruta 08 en Paranacito, el tramo Maciá-Guardamonte, la circunvalación de Nogoyá, el puente sobre el arroyo El Desmochado y accesos en la Ruta 15 a Tala, además del puente sobre el arroyo Sauce en Gualeguaychú.

Frigerio indicó que ya se ejecutaron trabajos en más de 1.000 kilómetros de rutas, incluyendo la 11, 20, 26, 45, 51 y accesos como Tres Bocas. También se iniciaron tareas en la Ruta 4 y se prevén obras en las rutas 22, 23 y 38, además del ingreso a Puerto Yeruá.

En paralelo, anunció una compra histórica de alrededor de 70 máquinas para Vialidad Provincial. “Cuando llegamos prácticamente no había una sola máquina funcionando. Recuperamos 50 con esfuerzo y ahora avanzamos con la adquisición más importante de las últimas décadas”, dijo.

El mandatario también destacó reformas administrativas para mejorar la transparencia en la obra pública: eliminación de Ingresos Brutos y Sellos, implementación de un pliego único de condiciones y creación de un nuevo registro de contratistas. Según explicó, estas medidas permitieron ampliar la competencia en las licitaciones: “Pasamos de tener dos o tres oferentes a más de diez, lo que redujo costos y permitió más obras con menos recursos”.

Finalmente, Frigerio consideró que la recuperación de la infraestructura vial es una de las principales demandas de los entrerrianos. “Definimos una estrategia para intervenir el 100 por ciento de las rutas provinciales y esa historia empezó a cambiar”, concluyó.

La presentación, impulsada por la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, advierte por delito de malversación de fondos públicos, incumplimiento de los deberes y el desvío de 400.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles líquidos (ICL): por ley, lo recaudado tiene como finalidad única el mantenimiento y desarrollo de la red vial federal, pero en cambio se utilizó para especular con títulos públicos.

De acuerdo con el texto judicial -publicó el diario Página/12-, la red troncal nacional se encuentra en estado de abandono como consecuencia de la ausencia de planes de inversión de corto y mediano plazo en infraestructura vial. El argumento central de la acusación penal radica en la retención indebida de partidas con asignación específica. Según lo establecido por la Ley 23.966, el 28,58 por ciento de la recaudación total del Impuesto a los Combustibles Líquidos debe transferirse de forma automática al fideicomiso destinado a la infraestructura del transporte terrestre de toda la Argentina: Fideicomiso de Infraestructura de Transporte para la Red Vial Federal.

Sin embargo, la denuncia detalla que el Palacio de Hacienda retuvo cerca de 400.000 millones de pesos durante los ejercicios fiscales correspondientes a los períodos recientes. Dichas partidas habrían sido desviadas hacia la compra de instrumentos de financiamiento, tales como letras y bonos emitidos de forma regular para sostener las cuentas del Tesoro nacional.

Como resultado directo de la maniobra, el organismo arrastra una deuda interna equivalente al 90 por ciento de todo el presupuesto anual que le fuera aprobado, afectando “el funcionamiento operativo, técnico y patrimonial del organismo”, afirma el documento que elevó el sindicato. Profesionales de la entidad ponen la alerta sobre que “esta parálisis administrativa induce una quiebra técnica”.

El desvío de recursos no representa una optimización de gastos, sino una descapitalización. La ingeniería civil vial estipula que cada unidad monetaria que deja de invertirse en tareas urgentes de conservación preventiva, mantenimiento de banquinas, sellado y bacheo asfáltico, demandará en el corto plazo un gasto de entre cuatro y diez veces superior (medido en dólares) para reconstruir la estructura de la calzada una vez que el pavimento colapse. Lo que da cuenta, dice la presentación, del perjuicio patrimonial neto generado contra los bienes públicos. “El ministro Caputo ha retenido y desviado estos fondos con origen presupuestario, del fideicomiso vial (impuesto al combustible y tasa vial), financiamiento externo perdido por ausencia de ejecución, con destino hacia el Tesoro Nacional desconociendo la aplicación de los mismos, pero con indicios graves y concordantes que su uso no ha sido previsto en el presupuesto general de la Nación (..)”, detalla la denuncia, según publicó el diario Página/12.

Los caminos sin conservación preventiva multiplican el riesgo de siniestros viales severos y la falta de mantenimiento altera la circulación segura de los usuarios que transitan diariamente, poniendo en claro peligro la vida de las personas.

Pozos persistentes, deformaciones por huellas de transporte pesado y la ausencia de demarcación horizontal convierten los principales corredores productivos del país en zonas de peligro potencial.

Al abandono de la calzada asfáltica se suma la paralización total de obras estratégicas. Múltiples acuerdos, incluidos aquellos que poseen financiamiento internacional, sufren interrupciones prolongadas debido al incumplimiento de los pagos a las empresas contratistas. La pérdida de créditos externos por falta de ejecución agrava además el aislamiento de las provincias.

“El Ministro Sturzenegger ha falseado los informes de gestión de la Dirección Nacional de Vialidad para sostener el desmembramiento institucional que ha venido ejecutando desde el año 2024, diezmando a la repartición de personal técnico altamente capacitado transformando en inútil un organismo con casi 100 años de vida para así poder justificar su plan de achicamiento desmedido en servicio de los privados”, sostiene la presentación, señaló el diario Página/12.

El entramado de la denuncia penal alcanza asimismo a la gestión del capital humano técnico. Mediante informes técnicos que el texto tilda como “ideológicamente falsos”, las autoridades habrían distorsionado las métricas operativas reales del organismo técnico. Por ejemplo, la incorporación de herramientas menores al inventario institucional con el propósito de abultar el ratio general de maquinaria asignada por cada empleado. Esta alteración de datos formales buscaba justificar una supuesta ineficiencia productiva y convalidar el posterior achicamiento de la planta técnica permanente de la institución, explica el gremio que encabeza Jorge Maturano.

El vaciamiento de personal idóneo compromete los controles sobre las empresas concesionarias. Ingenieros de carrera y personal especializado en la supervisión física de contratos viales denuncian la instauración de regímenes disciplinarios que eluden la normativa administrativa. El sindicato da cuenta de traslados compulsivos, intimaciones de jubilación forzosa y ceses directos dictados sin garantizar el derecho a la defensa previa ni la realización de sumarios regulares. Esta situación de hostigamiento procura acallar las objeciones de los inspectores de campo frente a la entrega planificada de los corredores públicos a operadores de carácter privado bajo condiciones contractuales consideradas desfavorables para el patrimonio del Estado. “Para evitar que los técnicos y profesionales de carrera denuncien la malversación y el abandono de rutas, la Gerencia de RR.HH, a cargo de Diego Riveira ha instaurado un régimen de terror laboral”, afirma el texto, consignó el diario Página/12.

El impacto de la desinversión vial lesiona de forma severa el federalismo del transporte interno y el corte de las transferencias paraliza los campamentos viales en todo el país. La legislación determina que un 60 por ciento de los recursos coparticipables viales debe transferirse de forma directa a las direcciones de vialidad de todas las provincias. Los coeficientes aplicados por el Consejo Vial Federal consideran factores técnicos esenciales, tales como la longitud de la red secundaria, la densidad demográfica de cada región, el nivel de inversión con recursos propios y el volumen registrado de combustibles gravados. Al interrumpirse estos flujos financieros, los estados provinciales quedan desprovistos de capital para sostener las rutas complementarias que enlazan con el sistema troncal de la Nación.

La falta de insumos básicos impide la salida de maquinaria para despejar calzadas afectadas y el retraso en el mantenimiento convierte a las rutas secundarias en caminos intransitables. La presentación penal califica las conductas denunciadas bajo figuras delictivas graves. Se imputan los cargos por malversación de caudales, fraude a la administración y falsedad. La acusación sostiene que se configuró una maniobra de desbaratamiento de derechos. Dicha figura penal castiga la distracción dolosa de bienes destinados a fines públicos.

La justicia deberá dilucidar la responsabilidad penal que cabe a los funcionarios firmantes. “Nosotros como usuarios viales vamos a estar atrás de la denuncia para que no se caiga y avance. Además, si es posible nos vamos a presentar para sumar información”, aseguró a este diario Ricardo Lasca, del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos y coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv). “Siempre vamos a defender Vialidad Nacional porque se la quieren sacar de encima solo para hacer negocios con la obra pública”, agregó.

En el Congreso de la Nación, la Conaduv presentó un proyecto para crear una comisión de seguimiento del impuesto a los combustibles, una especie de bicameral con la participación de los usuarios viales directos e indirectos.

Dejar las rutas troncales a la buena de Dios, diluye la competitividad general de la economía, compromete la comunicación terrestre de todo el territorio y pone en peligro la vida de quienes las transitan.

Solo el costo de reconstruir el sistema vial, quitando de la ecuación las tragedias en accidentes sean estos fatales o no, superará con creces el supuesto ahorro fiscal alegado por la gestión de Javier Milei.

Del encuentro también formaron parte el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Durante la reunión, los funcionarios nacionales y los mandatarios provinciales abordaron la agenda de trabajo conjunta entre Nación y las provincias, con especial énfasis en infraestructura vial.

En ese marco, el Gobierno nacional confirmó que avanzará con un decreto que permitirá a algunas provincias, mediante inversiones privadas, ejecutar obras de infraestructura en tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios.

Desde la Secretaría General de la Presidencia señalaron que los gobernadores Frigerio y Cornejo “ratificaron el rumbo del Gobierno y el acompañamiento de sus provincias”, además de destacar el trabajo coordinado con la administración nacional.

Este martes, el gobernador Rogelio Frigerio presidió una nueva reunión de gabinete en la que se debatieron ejes centrales de la gestión provincial, con especial atención en la reparación de rutas nacionales y provinciales, la planificación de proyectos turísticos y la coordinación regional.

La infraestructura vial ocupó un lugar central en el debate, especialmente en relación con el estado de las rutas y los acuerdos alcanzados con el gobierno nacional. Se repasaron los convenios con la Nación respecto a las rutas 18 y 12 y se detalló cómo se está poniendo en marcha el proceso de intervención. Asimismo, se abordó el plan provincial para mejorar caminos mediante financiamiento internacional, ratificando el compromiso de la gestión de intervenir todas las rutas de la provincia.

Tras el encuentro, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, brindó detalles sobre la agenda de trabajo. En materia de turismo, informó sobre el concurso de antecedentes para la concesión de la pesca del dorado en la represa de Salto Grande, proyecto considerado clave tanto para el desarrollo turístico como para el cuidado del recurso.

La reunión también sirvió para dar la bienvenida oficial a Atilio Benedetti, quien asumió como presidente del Ente Región Centro en reemplazo del fallecido Jorge Chemes. Bernaudo destacó que su incorporación coincide con un momento institucional relevante, ya que el próximo 23 de abril Entre Ríos asumirá la presidencia del bloque regional. “Atilio arranca con una responsabilidad muy importante de ser el coordinador en esta etapa de la presidencia del gobernador Rogelio Frigerio de la Región Centro”, señaló.

De esta manera, la reunión de gabinete consolidó lineamientos estratégicos en infraestructura, desarrollo económico y articulación regional, reafirmando la prioridad de la gestión en mejorar la conectividad y fortalecer la integración institucional.

Durante la apertura del 43° período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, el intendente Mauricio Davico anunció nuevas medidas de gestión que apuntan a mejorar la seguridad y la infraestructura urbana de la ciudad.

En primer lugar, confirmó que comenzarán a funcionar cinco puntos de seguridad urbana en sectores estratégicos, fruto del trabajo conjunto entre Nación, Provincia y Municipio. El objetivo es reforzar la prevención y brindar mayor tranquilidad a los vecinos.

El segundo anuncio estuvo vinculado al inicio del proceso de asfaltado de 150 cuadras, muchas de ellas pendientes desde hace años. Davico explicó que la recuperación de la planta de asfalto y la compra de nuevas maquinarias permitieron reducir significativamente los costos de obra. “Hoy una calle cuesta menos que en 2023: mientras que entonces valía 198 mil pesos, tres años después cuesta 95 mil. Ese ahorro lo trasladamos directamente a las calles”, señaló.

El intendente subrayó que cada peso ahorrado será reinvertido en infraestructura vial, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la calidad de vida de los vecinos. “Cada ahorro que hacemos lo vamos a meter en la calle”, enfatizó.

“Vamos a promover, licitar e incentivar la recuperación de plazas, parques y paseos. Sabemos que Gualeguaychú volvió a tener rumbo”, expresó el jefe comunal, en un discurso que buscó resaltar la importancia de los espacios de encuentro para la comunidad. "Vamos a seguir trabajando todos los días para que Gualeguaychú sea una mejor ciudad para vivir".

Los anuncios fueron recibidos con entusiasmo en el recinto y marcan el inicio de un plan integral que combina seguridad, modernización y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Durante la apertura del 43° período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, el intendente Mauricio Davico sumó nuevos anuncios que fueron recibidos con aplausos por los presentes.

Uno de los puntos destacados fue la confirmación de que la ciudad se encuentra muy cerca de llevar adelante el dragado del río Gualeguaychú, una obra largamente esperada que permitirá mejorar la navegabilidad y el desarrollo de la zona ribereña. “Estamos a un paso de concretar un proyecto clave para el futuro de la ciudad”, expresó Davico, subrayando la importancia de la intervención en el río.

El segundo anuncio estuvo vinculado a la reactivación de la obra del Hospital, paralizada durante años. El intendente aseguró que el compromiso del gobernador Rogelio Frigerio es firme y que la obra será finalizada en esta gestión. “El Hospital se va a inaugurar cuando esté terminado, sin cadenas nacionales ni actos políticos. Será un logro de todos los entrerrianos”, afirmó.

Davico remarcó que la finalización del Hospital representa un avance fundamental en materia de salud pública y que la decisión de inaugurar la obra sin actos partidarios busca resaltar el carácter institucional del proyecto.

Los anuncios se suman a otros compromisos de gestión vinculados a la modernización de servicios, la infraestructura vial y la eficiencia administrativa, consolidando un plan de gobierno que busca dar respuesta a demandas históricas de la ciudad y la región.

El Poder Ejecutivo provincial envió este miércoles a la Legislatura dos proyectos de ley que declaran de utilidad pública y sujetan a expropiación los inmuebles necesarios para concretar dos obras viales de gran impacto en Entre Ríos: la Sistematización del Canal Mihura, en el Departamento Gualeguay, y el Puente Arroyo Del Sauce, en el Departamento Nogoyá, sobre la Ruta Provincial Nº43.

En los fundamentos se destacó que ambas iniciativas se enmarcan en la necesidad de garantizar la concreción de obras de infraestructura vial e hidráulica de significativa importancia para la región, actualmente en instancia de elegibilidad dentro de un programa de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La obra contempla la readecuación del canal existente en un tramo de 6.602 metros lineales, con el aumento de la sección de las alcantarillas que lo atraviesan hasta el Camino del Consorcio. Además, se prevé la incorporación de una nueva alcantarilla sobre la Ruta Provincial Nº11, con el objetivo de anticipar los escurrimientos y mejorar la capacidad de drenaje de la zona.

En el caso del Departamento Nogoyá, el proyecto busca optimizar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial en la Ruta Nº43. La construcción del puente permitirá facilitar el traslado de personas, bienes y servicios esenciales, además de favorecer el desarrollo de las actividades productivas. Según el Ejecutivo, la obra contribuirá a consolidar una red vial más integrada y eficiente, clave para el crecimiento económico y social de la región.

En ambos proyectos se subrayó la relevancia social, económica y territorial de las obras, y se remarcó la necesidad de dotar al Estado provincial de los instrumentos legales para avanzar en la adquisición de los inmuebles afectados.

El procedimiento se ajusta a lo establecido en la Ley Provincial Nº 6.467 de Expropiaciones, garantizando la protección de los derechos de los propietarios y el cumplimiento de los principios de legalidad, razonabilidad y justa indemnización.

La declaración de utilidad pública es considerada indispensable para continuar con las gestiones administrativas y técnicas que permitan la efectiva ejecución de las obras, en el marco de las políticas provinciales de infraestructura orientadas al fortalecimiento de la conectividad territorial y al desarrollo equilibrado de las distintas zonas de Entre Ríos. Fuente: APFDigital

El Gobierno de Gualeguaychú comunica la aplicación de restricciones vehiculares en diversos sectores del ejido urbano que se realizan y se realizarán esta semana debido a intervenciones sobre la calzada que demandan el cierre total o parcial del sector intervenido.

Las interrupciones totales que se realizaron a comienzo de esta semana comprenden los siguientes puntos:

Mientras que los siguientes puntos serán intervenidos durante la jornada del martes o los días siguientes de la semana:

Los trabajos de bacheo quedarán interrumpidos en caso de lluvias y tormentas.

Las tareas corresponden a la reparación de sectores deteriorados mediante la extracción del material dañado, saneamiento del área afectada, recomposición de la base estructural y posterior colocación de hormigón.

Este esquema técnico restituye la capacidad portante de la superficie y extiende su durabilidad frente a la circulación cotidiana.

La circulación permanecerá restringida hasta la finalización de las labores y hasta que el hormigón alcance el fraguado adecuado para su habilitación, proceso que puede demandar varios días.

Las intervenciones se enmarcan en el Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, iniciativa que organiza la planificación, la logística y la ejecución de mejoras integrales en la red urbana. Los trabajos se desarrollan con personal y equipamiento municipal.

Esta línea de acción consolida una política sostenida de conservación de la infraestructura vial, con el objetivo de fortalecer la seguridad, optimizar la movilidad y preservar en condiciones adecuadas los espacios de circulación para residentes y visitantes.

El Gobierno de Gualeguaychú comunica la aplicación de restricciones vehiculares en diversos sectores del ejido urbano, entre ellos Pueblo Nuevo, el Munilla y el entorno de la Costanera, a partir de intervenciones sobre la calzada que demandan el cierre total o parcial del sector intervenido.

Las interrupciones comprenden los siguientes puntos:

• 3 de Febrero y Estrada

• Eva Perón, entre Del Valle y Concordia

• Camila Nievas y Tala

• Del Valle, entre Perón y Montevideo, con reducción a media mano

Las tareas corresponden a la reparación de sectores deteriorados mediante la extracción del material dañado, saneamiento del área afectada, recomposición de la base estructural y posterior colocación de hormigón.

Este esquema técnico restituye la capacidad portante de la superficie y extiende su durabilidad frente a la circulación cotidiana. La circulación permanecerá restringida hasta la finalización de las labores y hasta que el hormigón alcance el fraguado adecuado para su habilitación, proceso que puede demandar varios días.

Las intervenciones se enmarcan en el Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, iniciativa que organiza la planificación, la logística y la ejecución de mejoras integrales en la red urbana. Los trabajos se desarrollan con personal y equipamiento municipal.

Esta línea de acción consolida una política sostenida de conservación de la infraestructura vial, con el objetivo de fortalecer la seguridad, optimizar la movilidad y preservar en condiciones adecuadas los espacios de circulación para residentes y visitantes.

El ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que se trata de los Tramos Oriental y Conexión que integran la primera etapa de la RFC, y forman parte del corredor del Mercosur. Según manifestó, “facilitan” el comercio con Brasil y Uruguay y conecta pasos fronterizos “estratégicos”.

A su vez, incluyen el Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná, que está cerca del acceso a puertos y centros productivos del Gran Rosario. Esto -según el funcionario- “potenciará las exportaciones y la logística”.

“Se concreta el primer paso hacia una red vial moderna de más de 9.000 km concesionados, que reducirá costos para el sector productivo y permitirá reemplazar un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro”. Por último, agregó que desde el Ejecutivo continúan trabajando “para tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”.

En noviembre, la administración libertaria había realizado la apertura de las ofertas correspondientes a la Etapa I.

La primera etapa de la Red Federal de Concesiones se lanzó en enero del 2025 y cerró el 5 de agosto de ese año. Incluye, principalmente, a las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria y 3 pasos fronterizos.

Tramo Oriental: la empresa Autovía Construcciones y Servicios. Gestionará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 (que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes).

Tramo Conexión: la Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni. Se hará cargo del Puente Rosario–Victoria (RN 174), que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

A pocos metros de la Ruta Nacional Nº 14, el barrio Don Pedro recibió una serie de intervenciones orientadas a fortalecer la infraestructura vial y a mejorar las condiciones de circulación interna, luego de diversas acciones que se concentraron sobre el entramado barrial y apuntaron a resolver problemáticas asociadas al desgaste natural de las calzadas de suelo natural.

Las tareas estuvieron a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, a través de la Dirección de Obras Públicas, con personal y equipamiento municipal.

El esquema de trabajo incluyó mantenimiento vial con aportes de materiales, una metodología que permite recuperar superficies, consolidar trazas y extender la vida útil de calles que no cuentan con pavimento.

En ese marco, se realizó un repaso general de las arterias del barrio y se incorporó broza como material de refuerzo, con el objetivo de mejorar la capacidad portante de las calzadas y garantizar una circulación más segura, tanto para vehículos particulares como para servicios esenciales.

En este sentido, la distribución del material se ejecutó de manera uniforme, atendiendo las pendientes y el estado previo de cada tramo.

De forma complementaria, se llevó adelante el perfilado integral del sector, una tarea que consiste en el nivelado y conformación de la calzada mediante el uso de maquinaria pesada, entre ellas una motoniveladora de gran porte, que permitió corregir irregularidades, ordenar bordes y definir escurrimientos adecuados.

Además de optimizar la circulación, el trabajo técnico sobre estos suelos resulta también clave para optimizar el comportamiento de las calles frente a lluvias intensas y tránsito sostenido.

Otro punto central de la intervención fue la limpieza completa del canal que cumple funciones de desagüe dentro del barrio: La remoción de sedimentos y material acumulado favorecerá el normal escurrimiento del agua y reducirá riesgos de anegamientos, una condición indispensable para preservar tanto la infraestructura vial como los frentes domiciliarios.

Los aportes de materiales para calles refieren a la incorporación planificada de recursos, en este caso broza, utilizados para reparar, mejorar y sostener la transitabilidad de caminos urbanos. Este tipo de acciones resulta fundamental en sectores donde el suelo requiere mantenimiento periódico para sostener condiciones adecuadas de uso.