En julio de 2025, el déficit financiero del Estado ascendió a $168.515 millones, un aumento del 41% en términos reales respecto al mismo mes de 2024, a pesar de que el superávit primario fue de $1,7 billones. La brecha se explica principalmente por los pagos de intereses de la deuda, que no se incluyen en el cálculo primario y representan la denominada “emisión silenciosa”.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, señaló que los pagos extraordinarios se debieron a los vencimientos semestrales de los títulos Bonares y Globales, además del medio aguinaldo del personal público. Estos intereses netos sumaron $1,9 billones, más del doble del promedio mensual de febrero a junio.

El aumento del déficit se produce en un contexto de fuerte crecimiento de los ingresos públicos: retenciones (+106%), derechos de importación (+80%), aportes y contribuciones a la seguridad social (+54%) y bienes personales (+36%). El gasto primario creció 35%, menos que los ingresos, pero las prestaciones sociales subieron 44% por la fórmula de movilidad y las remuneraciones del sector público aumentaron 23%.

La base monetaria creció 97% en un año y la deuda flotante saltó a $3,8 billones en junio, más del triple que en mayo, lo que genera preocupación sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas y plantea interrogantes sobre la “emisión cero” prometida por el gobierno de Milei.

El impacto del déficit financiero se suma a la tensión por la deuda, afectando la percepción de estabilidad económica y la capacidad de financiamiento del Estado. Analistas advierten que, aunque el superávit primario es un logro del gobierno, la carga de intereses puede condicionar futuras políticas fiscales y monetarias.