La Cámara de Diputados de la Nación concluyó una jornada plenaria en la que se otorgó sanción a un conjunto de proyectos de ley orientados a la reestructuración del sistema financiero y la regulación del marco tributario. Entre los dictámenes aprobados por el cuerpo legislativo se destacan la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y la ampliación del régimen de inocencia fiscal, iniciativas tratadas en el marco de los consensos logrados entre las diversas bancadas parlamentarias.

Las reformas introducidas en la normativa de la autoridad monetaria establecen limitaciones formales a los mecanismos de emisión e intervención directa, con el propósito de otorgar mayor previsibilidad al mercado crediticio e institucionalizar el funcionamiento de la entidad. Respecto al régimen tributario, las disposiciones aprobadas buscan facilitar el ingreso de ahorros en moneda extranjera al circuito bancario formal bajo parámetros y restricciones específicas, promoviendo la liquidez dentro del sistema financiero.

Durante las exposiciones en la Cámara Baja, el titular del cuerpo, Martín Menem, detalló que el temario de la sesión incluyó propuestas impulsadas tanto por la gestión ejecutiva como por representantes de diferentes bloques parlamentarios. La dinámica de debate permitió articular acuerdos transversales para el tratamiento de las normas aprobadas, priorizando medidas tendientes a la regularización del crédito, la reducción gradual de los niveles de morosidad y el establecimiento de pautas normativas de largo plazo.

Por otra parte, la actividad legislativa abordó el análisis sobre la continuidad y el financiamiento de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En el marco de las discusiones sobre la optimización de los recursos públicos y la simplificación de los procesos electorales, se evaluaron propuestas para la revisión de este mecanismo de participación, proyectando la reasignación de partidas presupuestarias hacia otras áreas prioritarias del Estado.

El tratamiento de esta agenda de reformas se dio en un contexto de seguimiento de los indicadores de crédito residencial e hipotecario, donde se analizan programas de refinanciación y alternativas de acceso al financiamiento para los diversos sectores productivos y sociales. Con las sanciones obtenidas, las normativas aprobadas continuarán su trámite correspondiente según los procedimientos previstos por la Constitución Nacional.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este miércoles en una conferencia de prensa el proyecto de Inocencia Fiscal II, que será enviado al Congreso para modificar el Régimen Simplificado de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias que administra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Se trata de la iniciativa con la que el Gobierno intentará movilizar los dólares que los argentinos tienen “bajo el colchón”.

La iniciativa apunta a introducir cambios sobre la ley aprobada por el Congreso a comienzos de año, que reformó el Régimen Penal Tributario y creó un esquema simplificado para el pago de Ganancias. Entre otras medidas, esa norma habilitó el uso de ahorros de hasta $100 millones sin sanciones fiscales para los contribuyentes alcanzados, siempre que no superen ingresos anuales de $1.000 millones ni un patrimonio de $10.000 millones.

El principal objetivo del nuevo proyecto es corregir aspectos que generaron críticas entre los contadores, especialmente el riesgo de perder los beneficios del régimen ante diferencias detectadas por ARCA en las declaraciones juradas. Para atender esos planteos, el Gobierno propondrá eliminar los topes actualmente vigentes y permitir que los contribuyentes puedan rectificar sus declaraciones juradas para corregir inconsistencias sin quedar excluidos del régimen. De esa manera, podrán conservar los beneficios siempre que regularicen su situación.

El anteproyecto también establece que, hasta el 31 de diciembre de 2027, los fondos utilizados por los contribuyentes alcanzados por la presunción de exactitud prevista en la ley mantendrán un tratamiento especial.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentará este miércoles la nueva Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa con la que el Gobierno pretende movilizar los ahorros en dólares que permanecen fuera del circuito formal. El texto fue revisado junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y especialistas tributarios, después de las objeciones planteadas a la primera versión. El Poder Ejecutivo lo enviará el jueves a la Cámara de Diputados.

La demora obligó a extender hasta el 27 de agosto el plazo para presentar la declaración jurada de Ganancias. Los cuestionamientos se concentraban en las condiciones para ingresar al régimen, el tratamiento de las operaciones inmobiliarias y las facultades de ARCA para impugnar las declaraciones simplificadas. La versión que expondrá Caputo modifica esos puntos antes del debate parlamentario.

Quiénes podrán ingresar al régimen

La reforma elimina los límites de $1.000 millones de ingresos anuales y $10.000 millones de patrimonio que restringían el acceso. Podrán adherirse quienes tengan residencia fiscal en la Argentina y no estén incluidos en la categoría de Grandes Contribuyentes Nacionales. La supresión de los topes amplía el universo alcanzado por el esquema.

El “tapón fiscal” impide que ARCA cuestione el origen de los fondos tomando como referencia las variaciones patrimoniales del contribuyente. Esa protección se conserva mientras se respeten las condiciones previstas por la ley. El régimen está orientado a personas que decidan incorporar sus ahorros al sistema mediante la declaración simplificada.

Qué cambia para las operaciones en efectivo

Los pagos en efectivo consignados en escrituras públicas serán compatibles con los beneficios del régimen. La aclaración alcanza especialmente a las compraventas inmobiliarias que se realizan con dólares físicos y luego quedan documentadas ante escribano. Esa modalidad de pago no provocará por sí sola la pérdida del “tapón fiscal”.

La adhesión deberá ser considerada un antecedente favorable por bancos, escribanos y demás sujetos obligados cuando apliquen los controles exigidos por la Unidad de Información Financiera (UIF). El punto había sido reclamado por profesionales y contribuyentes que temían mantener dificultades para justificar sus operaciones aun después de ingresar al esquema. El texto incorpora ahora esa referencia de manera expresa.

ARCA tendrá que demostrar las diferencias

La ley seguirá considerando significativa una discrepancia superior al 15% entre lo declarado y el ajuste determinado por ARCA. Habrá una excepción cuando la diferencia no supere el 5% del monto fijado para el delito de evasión simple. Con el umbral penal actualmente establecido en $100 millones, el límite se ubica cerca de los $5 millones.

El contribuyente podrá rectificar su declaración y pagar la diferencia dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación. Si cumple con ese procedimiento, conservará los beneficios y continuará amparado por el “tapón fiscal”. La corrección dentro del plazo evitará la exclusión inmediata del régimen.

ARCA tendrá la carga de probar que existe una discrepancia significativa. El organismo también verá limitada la utilización de determinadas presunciones para impugnar las declaraciones simplificadas, incluidas algunas relacionadas con depósitos bancarios. Esos cambios habían sido solicitados por los tributistas que participaron de las conversaciones con el equipo económico.

Cuántos contribuyentes ya se sumaron

Más de 330.000 contribuyentes se adhirieron al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. De ese total, 170.115 completaron la presentación y cerca de 99.000 mantienen sus declaraciones guardadas como borradores. Según el Gobierno, las adhesiones aumentaron con mayor intensidad durante el último mes.

La prórroga hasta el 27 de agosto permitirá que quienes todavía no completaron el trámite conozcan el contenido definitivo de la reforma. El proyecto comenzará su recorrido en Diputados, donde el oficialismo deberá reunir los apoyos necesarios para modificar las condiciones del régimen ya vigente. La presentación de Caputo marcará el inicio formal de esa discusión. Perfil

La mesa política del Poder Ejecutivo volvió a reunirse en las oficinas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con el objetivo de evaluar el temario de proyectos de ley proyectados para el segundo tramo del año. El encuentro se dio durante el receso de invierno del Congreso de la Nación, cuya actividad formal se reanudará el jueves 6 de agosto.

Entre las iniciativas analizadas se encuentra la modificación de la Ley de Inocencia Fiscal, cuyos detalles serán expuestos en conferencia de prensa por el ministro de Economía, Luis Caputo. Asimismo, el oficialismo contempla el ingreso por la Cámara de Diputados del proyecto de reformas a la Carta Orgánica del Banco Central.

Por otra parte, se prevé el debate en torno a la propuesta impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para la defensa de la propiedad privada, cuyo tratamiento fue postergado para después del receso parlamentario. En el Senado, la conducción del bloque de La Libertad Avanza realiza gestiones para consolidar los apoyos necesarios.

El temario prioritario de la administración incluye además la reforma política y la eventual suspensión o eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La reunión encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, contó con la participación de ministros, legisladores y asesores del equipo de gobierno.

Con información de Infobae

El senador nacional por Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch (La Libertad Avanza), quedó en el centro de la atención política y fiscal tras confirmarse su adhesión al régimen simplificado de ganancias, un mecanismo de blanqueo incluido en la Ley de Inocencia Fiscal. Según registros oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el legislador oficialista optó por este sistema que permite regularizar activos e ingresos que no habían sido declarados previamente ante el fisco.

La polémica radica en que Benegas Lynch se acogió a un beneficio impositivo derivado de la Ley Número 27.799, una normativa que él mismo respaldó con su voto en el recinto el pasado 26 de diciembre, a pocas semanas de haber asumido su banca en la Cámara Alta. De acuerdo con la constancia oficial, cuya vigencia se extiende hasta el 11 de julio, el trámite fue iniciado por el parlamentario el 24 de marzo y corresponde al período fiscal 2025.

El aspecto específico al que suscribió Benegas Lynch habilita una declaración jurada simplificada para el Impuesto a las Ganancias. Este formato especial alivia la carga de controles, ya que elimina la histórica obligación de justificar las variaciones patrimoniales ante el organismo recaudador (mecanismo conocido técnicamente como “monto consumido”), limitando el trámite exclusivamente a la rendición de ingresos, gastos y deducciones.

Aunque es oriundo de Buenos Aires, Benegas Lynch reside en la localidad de La Paz y encabezó la lista de candidatos a senadores de La Libertad Avanza el año pasado en territorio entrerriano. Su victoria electoral le otorgó el derecho de representar a la provincia de Entre Ríos en el Congreso de la Nación por un mandato de seis años. Su ingreso al blanqueo fiscal abre el debate en la provincia sobre la conducta tributaria de quienes ocupan los cargos más altos del poder legislativo.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el ex diputado y candidato libertario investigado por vínculos narco, José Luis Espert, pidieron adherirse al régimen de Inocencia Fiscal impulsado por el propio Gobierno de Javier Milei y que permite blanquear dinero y bienes sin declarar. Sus adhesiones se conocen al mismo tiempo que la del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, apuntados por el exuberante incremento de su patrimonio en los últimos tres años.

Según consta en la web de ARCA, tanto Sturzenegger como Espert solicitaron al ente regulatorio poder ingresar al marco legal de la ley 27.799, con días de presentación el 7 de mayo y 9 de junio, respectivamente. De aprobarse su solicitud, ambos funcionarios no tendrán la obligación de informar su patrimonio al inicio de cada ejercicio y estarán habilitados a utilizar fondos fuera del circuito formal sin controles patrimoniales previos.

Estos pedidos salen a la luz horas después de que también pidan el ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias (primer paso para adherir al de Inocencia Fiscal) Adorni y su esposa Angeletti, ambos envueltos en una investigación de la Justicia federal por enriquecimiento ilícito producto de sospechas en torno a un incremento exuberante de su patrimonio desde que el jefe de Gabinete se convirtió en funcionario de Milei.

Este pedido de los Adorni se da antes de que el vocero presente su declaración jurada ante el fisco, en la que intentará explicar cómo realizó una serie de gastos millonarios pagados en dólares. En concreto, el jefe de Gabinete y su esposa deben explicar la compra de un departamento en Caballito con apenas 30.000 dólares, la reforma de la casa del country Indio Cuá por 245.000 dólares y sus viajes a Punta del Este, Aruba y el Llao Llao por más de 30.000 dólares.

De aprobarse su solicitud, tanto Adorni, su esposa, Sturzenegger y Espert podrán evitar explicar cómo creció su patrimonio en períodos fiscales anteriores y solo deberán hacer una simple declaración de ingresos. También pidió estar en esta lista el documentalista libertario Santiago Oría, encargado de producir piezas audiovisuales para la Casa Rosada.

A días de que el jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, presente su declaración jurada patrimonial, su esposa, Bettina Angeletti, pidió adherirse al régimen de regularización tributaria, conocido como régimen de inocencia fiscal. La mujer está siendo investigada por el juez Ariel Lijo, que trata de establecer si existieron negociaciones incompatibles con la función pública y tres empresas proveedoras del Estado que le realizaron pagos millonarios a +Be, la consultora de la esposa del funcionario.

Según publicó La Nación en base a registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Angeletti hizo la solicitud el pasado 31 de mayo. La constancia oficial –válida hasta el próximo jueves 9 de julio- señala que la mujer del funcionario solicitó sumarse a la Ley 27.799 durante el período fiscal 2025, lo que le permitiría declarar ingresos y activos no informados anteriormente sin sufrir sanciones penales ni tener antecedentes impositivos.

El detalle tiene importancia porque Adorni, como vocero presidencial, se encargó, en más de una ocasión, de pedir transparencia a políticos y empresarios, apuntando contra la corrupción estatal y privada.

Angeletti aparece como trabajadora autónoma desde el mes de abril de 2017, en el rubro “actividades profesionales, científicas y técnicas”, y durante años figuró como monotributista. Hasta octubre de 2025 no se inscribió en el IVA ni en el impuesto a las ganancias, cuando Adorni ya se desempeñaba como funcionario público y formaba parte del círculo más íntimo del oficialismo.

El pedido de Angeletti de sumarse al régimen de inocencia fiscal genera nuevas preguntas sobre el patrimonio familiar mientras se espera que el jefe de Gabinete presente su declaración jurada.

ARCA tiene a la mujer de Adorni en la categoría de “autónoma T2”, y solicitó la adhesión al régimen de regularización tributaria el 31 de mayo pasado, pero no figura qué cantidades regularizó ni qué activos declaró porque esos datos se encuentran protegidos por el secreto fiscal.

El patrimonio de los Adorni

Ante la ARCA, Angeletti declaró como su domicilio fiscal el departamento A, del piso 2, ubicado en Avenida Asamblea 1132, ciudad de Buenos Aires, el inmueble donde vivía con su marido y sus hijos antes de comprar, en 2025, un departamento en Caballito, por el cual abonaron 30.000 dólares en efectivo y pidieron una hipoteca de 200.000 dólares, sin intereses, de dos jubiladas, de acuerdo a la causa que investiga al funcionario por supuesto enriquecimiento ilícito.

Ese expediente, que manejan el fiscal Gerardo Pollicita junto al juez Lijo, también investiga otros gastos de la familia Adorni. Por ejemplo, 120.000 dólares por la casa del country Golf Club Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, por la que el matrimonio abonó, dos años atrás, 20.000 dólares en efectivo y, por el resto, una hipoteca por 100.000 dólares, reseñó Perfil.

Además, el contratista Matías Tabar aseguró que el funcionario le pagó 245.000 dólares en efectivo, y sin pedirle factura, por refaccionar su casa del country Indio Cua.

La Justicia también investiga gastos por 27.658 dólares en viajes realizados al exterior de la familia Adorni (específicamente, Punta del Este, Aruba y España), más 6000 dólares en un viaje a Bariloche.

El jefe de Gabinete también tendría una deuda de 65.000 dólares con Pablo Martín Feijoo, el hijo de una de las dos jubiladas que vendió el departamento ubicado en Caballito.

Por otra parte, solo durante el año pasado, Adorni y su mujer sumaron gastos por más de 85,1 millones de pesos con tarjetas de crédito; es decir, más de 7 millones por mes, cuando el sueldo del jefe de Gabinete era de solo 3,5 millones, y su esposa aparecía como monotributista, de acuerdo a la investigación realizada por La Nación.

A partir de marzo, los bancos argentinos aplicarán una actualización clave en los límites de extracción de efectivo en cajeros automáticos. La medida impactará tanto en usuarios particulares como en comercios que dependen del efectivo para sus operaciones. Aunque las billeteras digitales crecen de manera sostenida, los cajeros continúan siendo esenciales para millones de personas que necesitan billetes físicos en su vida cotidiana.

Los límites de extracción varían según la entidad, el tipo de cuenta y el perfil del cliente:

Las billeteras digitales también permiten retirar efectivo, aunque con límites más bajos y variables según la red utilizada (Link o Banelco). Plataformas como Ualá, Naranja X o Brubank ofrecen topes diarios inferiores, lo que refleja la transición hacia medios digitales. Según datos recientes, más del 96% de los mayores de 18 años ya utiliza billeteras virtuales para mover dinero.

El Gobierno, en el marco del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros” y la “Ley de Inocencia Fiscal”, reforzó los controles sobre movimientos financieros. ARCA estableció nuevos montos a partir de los cuales las operaciones deben ser informadas, incluyendo transferencias, inversiones y extracciones. Si un cliente excede los límites diarios, el banco podrá solicitar documentación que respalde el origen de los fondos. Fuente: APFDigital

El Gobierno reglamentó este lunes la ley de Inocencia Fiscal, que busca proteger a los contribuyentes y fomentar la declaración voluntaria de dólares del mercado informal. La normativa, impulsada por la gestión de Javier Milei, establece un régimen simplificado de declaración que redefine el control estatal sobre el patrimonio y promueve la regularización de deudas fiscales de manera más ágil y segura.

Con la publicación del decreto reglamentario, el Régimen de Declaración Jurada Simplificada entra formalmente en vigencia. Esta medida representa un cambio en la relación entre el Estado y los contribuyentes, ya que apunta a relajar los controles patrimoniales a cambio de un cumplimiento estricto de la facturación declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La norma modifica el Régimen Penal Tributario y el Código Civil y Comercial, creando nuevas condiciones para la fiscalización y la declaración de bienes.

Los puntos claves de la ley de Inocencia Fiscal y blanqueo

El punto más destacado es el “Régimen simplificado de Ganancias”, pensado para contribuyentes con un tope patrimonial de hasta $10.000 millones. Entre sus principales beneficios:

Blindaje patrimonial: quienes adhieran no estarán sujetos a fiscalizaciones sobre variaciones patrimoniales ni sobre consumos.

Impuesto por facturación: ARCA cobrará Ganancias solo sobre los ingresos facturados, sin considerar el crecimiento de bienes personales o gastos como base para presunciones de evasión.

Efecto liberatorio: “el pago en término de la declaración propuesta por ARCA libera al contribuyente de cualquier reclamo posterior, salvo que se demuestre la omisión de ingresos facturados”, según el artículo 39.

Nuevos umbrales y prescripción

La ley eleva significativamente los montos necesarios para que un incumplimiento sea considerado delito penal:

Evasión simple: de $1.500.000 a $100.000.000.

Evasión agravada: de $15.000.000 a $1.000.000.000.

Prescripción: de 5 años a 3 años.

Regularización de deudas y multas

Además, la reglamentación define mecanismos para extinguir acciones penales y regularizar obligaciones fiscales:

Cancelación única: ARCA no iniciará acciones penales si se cancela la deuda e intereses, beneficio aplicable una sola vez.

Recargo del 50%: si no se radicó denuncia, el contribuyente puede extinguir la acción pagando la deuda más un 50% dentro de los 30 días de notificación.

Multas por plazos: las sanciones económicas aumentan significativamente para quienes presenten declaraciones fuera de término, informó Ámbito.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca acelerar la exteriorización de activos, fortalecer reservas y dinamizar la inversión privada, garantizando que los fondos declarados bajo el nuevo régimen no serán objeto de persecución fiscal.

Empleados de la Cámara de Diputados recibieron instrucciones para no disponer de los fondos y aguardar la reversión (Reuters)

La jornada del último día del año trajo una sorpresa para clientes con cuentas sueldo en el Banco Nación, el banco donde suelen cobrar sus haberes los emplados públicos. Muchos usuarios advirtieron la acreditación de lo que interpretaron inicialmente como un “bono sorpresa” que en algunos casos rozó los $700.000. También detectaron “saldos extra” en cajas de ahorro en dólares. La noticia se difundió rápidamente, especialmente en redes sociales y grupos de Whatsapp. La mayoría de los afectados son empleados estatales que notaron, junto con el depósito salarial del mes, el misterioso “plus”.

Según pudo comprobar Infobae, los movimientos no se vincularon con los rendimientos habituales de una cuenta remunerada, implementada este año por el Banco Nación. Desde la entidad, explicaron que se trató de un “error técnico”, que comenzó a subsanarse horas después de detectarse. Los clientes observaron los montos adicionales identificados en sus cuentas bajo los conceptos REND.PESO y REND.USD.

Las versiones oficiales del Banco Nación señalaron que el error se reflejó tanto en cuentas en pesos como en cuentas en dólares, donde aparecieron sumas de hasta USD 370,04. La entidad no precisó el número exacto de cuentas afectadas, pero proporcionó un dato clave: el banco posee actualmente más de 20 millones de cuentas, lo que lo posiciona como el mayor banco del país en el ranking por activos.

La situación adquirió visibilidad pública cuando empleados de la Cámara de Diputados de la Nación recibieron el mismo monto de $699.177,82 bajo el concepto de “rendición en pesos”. Esto generó especulaciones sobre un posible bono de fin de año no anunciado. Las autoridades de la Cámara aclararon mediante un comunicado interno que el depósito correspondía a un “error bancario” y solicitaron a los empleados no utilizar ese dinero, ya que el viernes siguiente se descontaría.

El mensaje divulgado dentro del Congreso advertía: “Hay un depósito a favor en el banco de $699.177,82, pero se trató de un error bancario. Por favor no lo utilicen porque eso es un error del banco y el viernes lo descuentan. Avisen o reenvíen mensaje a todos los que puedan de cada sector para evitar que se use ese dinero”.

Según testimonios de empleados del Congreso que manifestaron sorpresa y desconcierto. Uno de ellos relató: “Nos llegó a todos. Están estallados los grupos de whatsapp. Fuimos felices un ratito”. El error no alcanzó a los diputados nacionales, ya que las dietas se liquidan por un mecanismo diferente. Sin embargo, algunos empleados reportaron acreditaciones en dólares, que variaron entre USD 290, USD 114 y USD 6.

El diputado santafesino Esteban Paulón recurrió a las redes sociales para referirse al episodio: “Parece que el Banco Nación está tan ocupado en acelerar la implementación de la ‘inocencia fiscal’ que repartió por error un bono de 700k en las cuentas sueldo. Para quienes pensaron que había una buena de parte del gobierno de Milei, no”.

En días previos, el Banco Nación había recibido la máxima calificación nacional de la agencia de riesgo FIX. El banco también atraviesa una etapa de cambios institucionales: Daniel Tillard dejó la presidencia hace 15 días y Darío Wasserman, hasta entonces vicepresidente, asumió el cargo. Wasserman cuenta con respaldo político directo de Karina Milei, quien tomó la decisión de mantenerlo al mando de la entidad. Wasserman está casado con Pilar Ramírez, legisladora porteña y presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.

La entidad comunicó que el error comenzó a subsanarse en las horas siguientes a su detección. Los depósitos extraordinarios fueron revertidos según la información interna difundida a los empleados del Congreso y a los clientes en general.

El Banco Nación no especificó el mecanismo técnico que provocó la acreditación masiva, aunque fuentes del sector bancario sugirieron que la reciente implementación de la cuenta remunerada podría estar relacionada con la falla. Desde el banco indicaron que el problema se corrigió y que la situación no tendría impacto sobre los saldos finales de los clientes.

El Poder Ejecutivo Nacional promulgó el Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el ejercicio 2026 y la denominada Ley de Inocencia Fiscal, ambas aprobadas el viernes pasado por la Cámara de Senadores. Las normas ya fueron publicadas y entraron formalmente en vigencia.

El Presupuesto Nacional 2026 quedó registrado como Ley Nº 27.798 y establece las principales proyecciones macroeconómicas para el próximo año. Según el texto, se prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio estimado en $1.423 para diciembre de 2026.

En materia fiscal, el plan contempla un superávit financiero del 1,5% y un superávit primario de 2,7 billones de pesos. Los recursos totales proyectados ascienden a 148,2 billones de pesos, mientras que el gasto total previsto alcanza los 148 billones.

El Presupuesto destina el 85% de los recursos a gastos sociales. Dentro de ese rubro se destacan 65,7 billones de pesos asignados al sistema previsional y 4,8 billones de pesos destinados a las universidades nacionales. También se proyecta un incremento del 10,6% en las exportaciones, del 11,1% en las importaciones y un crecimiento del consumo privado del 4,9% y del consumo público del 4,5%.

Por su parte, la Ley de Inocencia Fiscal, registrada como Ley Nº 27.799, introduce una reforma integral del Régimen Penal Tributario. La iniciativa redefine los criterios para la configuración de delitos fiscales y prioriza la intervención penal en los casos de evasión considerada relevante.

Entre los principales cambios, la norma eleva de manera significativa los montos a partir de los cuales la evasión se considera delito. En el caso de la evasión simple, el umbral pasa de $1,5 millones a $100 millones, mientras que para la evasión agravada se incrementa de $15 millones a $1.000 millones. Para los delitos vinculados a la seguridad social, el piso se eleva de $200 mil a $7 millones, y para el uso de facturas apócrifas de $1,5 millones a $100 millones.

La ley también establece la posibilidad de extinguir la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación fiscal y fija límites al inicio de procesos penales cuando las facultades del fisco para determinar deudas se encuentren prescriptas. En ese sentido, el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias se reduce de cinco a tres años.

Además, se incorpora un Régimen Simplificado de Declaración Jurada y de Ganancias, que permite adherir a contribuyentes con un patrimonio de hasta $10.000 millones. Bajo este esquema, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) calculará el impuesto únicamente sobre los ingresos facturados, sin controlar variaciones patrimoniales ni consumos personales.

Finalmente, la normativa establece que ARCA no iniciará acciones penales si las deudas y sus intereses son cancelados, aunque este beneficio podrá utilizarse una sola vez por contribuyente.