Intendentes justicialistas rechazaron la creación de una nueva obra social. La Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos manifestó su rechazo al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para crear una nueva obra social provincial, denominada OSER, que reemplazaría al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). A través de un comunicado, expresaron su “profunda preocupación” por una propuesta que, aseguran, “afecta directamente a miles de trabajadores municipales, activos y jubilados”.

Según indicaron, la iniciativa “pone en riesgo el carácter solidario, autónomo y democrático de la obra social” y sostienen que no se trata de una modernización, sino de “un intento de apropiación política y vaciamiento de una herramienta histórica sostenida con aportes de los afiliados”.

La Liga remarcó que el proyecto oficial no implica mejoras para el sistema de salud, sino una centralización del control que desnaturaliza el modelo participativo del Iosper. “No hace falta crear una nueva obra social, sino actualizar la reglamentación vigente sin destruir un sistema que ha funcionado durante más de cinco décadas”, expresaron.

Uno de los principales cuestionamientos es la modificación del Directorio, que reduce la representación gremial y transforma a la nueva obra social en “una dependencia del poder político”. Además, alertaron que se prevé una comisión fiscalizadora compuesta por un único integrante designado por el Ejecutivo. “Esto constituye un grave retroceso democrático”, afirmaron.

El comunicado también señala que el Iosper “no es una obra social estatal”, ya que se financia exclusivamente con los aportes de sus afiliados, sin recursos propios del Gobierno provincial. Por ello, los intendentes peronistas consideran improcedente que el Estado “pretenda apropiarse de su conducción ni definir el destino de fondos que son laborales, no públicos”.

Por último, hicieron referencia a los seis meses de intervención dispuesta por el Ejecutivo: “Lejos de mejorar la situación, se han profundizado los problemas: recortes de prestaciones, demoras en medicamentos, falta de autorizaciones, migración de datos a empresas externas y aumentos exorbitantes en coseguros”.

La Liga exigió un debate amplio y real, con participación activa de los afiliados, a quienes definieron como “los legítimos dueños” de la obra social.