El Día Internacional de las Pymes (Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas) se celebra el 27 de junio de cada año, fecha que fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) para reconocer la importancia de estos negocios en la economía global.

En este marco las principales cámaras productivas del país coincidieron en que el sector atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente, caracterizada por la caída del consumo, el retroceso fabril y una preocupante ola de cierres. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) lanzó un duro documento donde declaró que las pymes locales se encuentran actualmente "en peligro de extinción" y responsabilizó de forma directa al rumbo económico de la Casa Rosada.

Según los datos recabados por la entidad, el actual modelo de "economía dual" —que privilegia el sector financiero y extractivo en desmedro del entramado nacional— provocó la desaparición de más de 26.000 empresas desde finales de 2023, lo que representa una alarmante tasa de 30 cierres diarios. Las proyecciones de las filiales regionales resultan todavía más dramáticas: desde APYME Santa Fe compararon la situación actual con el peor momento de la pandemia debido al desplome de las ventas, el tarifazo en los servicios regulados (gas y luz) y el ingreso de productos extranjeros con precios de dumping. De no revertirse estas condiciones, advierten que hasta diciembre podrían quebrar otras 40.000 firmas.

Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), liderada por Ricardo Diab, alertó sobre un marcado proceso de concentración económica, donde los pequeños comercios e industrias pierden terreno frente a los grandes jugadores concentrados. Desde CAME cuestionaron las asimetrías que genera el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el nuevo "Súper RIGI", normativas que otorgan amplios beneficios fiscales y aduaneros a corporaciones extranjeras mientras dejan fuera de competencia a los proveedores locales.

Las pymes representan el 99% del mapa empresarial argentino y generan cerca del 70% del empleo privado formal. Frente a este peso estructural, los dirigentes empresarios concluyeron que es imposible pensar en una reactivación genuina si se mantiene deprimido el mercado interno —principal motor de las pymes— y se continúa con el desfinanciamiento de organismos científicos clave para la transferencia tecnológica como el INTI y el INTA.

En la sesión del Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay, trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) hicieron uso de la Banca del Pueblo para defender al organismo y alertar sobre la situación crítica que atraviesa la industria nacional. La exposición estuvo a cargo de la ingeniera Sara Claret, quien en un plazo de diez minutos detalló las funciones esenciales del instituto y cuestionó las modificaciones introducidas por la gestión de Javier Milei.

Claret explicó que el INTI cumple “tres grandes funciones”: participar en la definición de las mediciones a nivel internacional y resguardar los patrones de medida en todo el territorio nacional; controlar productos para asegurar confianza al consumidor; y facilitar el acceso a tecnologías de producción para pequeñas y medianas empresas que no cuentan con recursos propios. Según la profesional, la capacidad del organismo para desarrollar estos roles es ampliamente superior a la de cualquier privado, ya que detrás de cada intervención existe una red de más de 80 especialistas que respaldan el trabajo.

La ingeniera advirtió, sin embargo, que estas funciones dependen de la existencia de una industria nacional que hoy atraviesa un escenario crítico. “En los dos últimos años se cerraron más de 25 mil pymes”, señaló, y agregó que muchas empresas dejaron de producir para convertirse en exportadoras o directamente abandonaron el país, debilitando la economía regional y reduciendo las posibilidades de abastecimiento interno.

En su intervención, Claret subrayó que “sin INTI no hay industria y viceversa”, remarcando que la defensa del organismo es inseparable de la defensa del desarrollo productivo, la soberanía tecnológica y la seguridad y calidad de vida de la población. Los trabajadores presentes acompañaron sus palabras con la consigna de que el instituto es un pilar estratégico para el crecimiento económico y la innovación en Argentina.

El planteo en el Concejo Deliberante buscó visibilizar la importancia del INTI en un contexto de cambios institucionales y de dificultades para el sector industrial. Los representantes del organismo insistieron en que las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional ponen en riesgo la continuidad de funciones esenciales y debilitan el entramado productivo del país.

La participación en la Banca del Pueblo se convirtió así en un espacio de defensa y concientización, donde los trabajadores del INTI reclamaron el acompañamiento de la comunidad y de los representantes políticos para sostener un organismo que consideran vital para la industria nacional.

La cantidad de investigadores pasó de 11.079 en noviembre de 2023 a 9500 en febrero de 2025, una caída del 13,6%. A esto se suma el éxodo de quienes ya trabajan en universidades extranjeras con licencia otorgada por el Conicet. Según Jorge Aliaga, miembro del directorio del organismo, “hay entre 300 y 400 investigadores con licencia, mucho más que en otros momentos”.

Desde 2024, el Estado entregó la mitad de las becas doctorales y posdoctorales. La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación (I+D+i) canceló definitivamente las convocatorias de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) 2022, que habían sido adjudicadas a más de 1500 propuestas. De esa cantera surgieron avances como el trigo HB4 resistente a la sequía, la vacuna ARVAC contra el COVID-19 y terapias innovadoras contra el cáncer y el Alzheimer.

El presupuesto en ciencia y técnica se redujo un 95% en términos reales y los salarios del sector perdieron más de 45%. “Este gobierno no puso en marcha ni un proyecto de I+D, contra un promedio de 2000 de años anteriores”, señaló Fernando Peirano, expresidente de la Agencia I+D+i. Los laboratorios universitarios quedaron sin insumos básicos: “Tenemos la heladera vacía, no hay reactivos ni drogas para hacer experimentos”, describió un investigador de la Facultad de Medicina de la UNLP.

Profesores advierten que los estudiantes con mejores promedios ya no consideran la carrera de investigador como opción. Los laboratorios se vacían y los investigadores emigran. Pablo Manavella, ex Conicet, se trasladó a Málaga, España, y asegura que “hay muchos colegas argentinos esperando para venir”. En Santa Fe, Rubén Spies contabilizó la salida de 42 científicos en apenas dos años.

Un informe del Grupo EPC indica que el sistema de investigación perdió 5701 empleos en organismos como Conicet, CNEA, INTI, INTA y NASA. La inversión pública en ciencia y tecnología se proyecta en apenas el 0,140% del PBI en 2026, el valor más bajo desde 1972. “Ni los militares recortaron tanto”, advirtió un vicedirector de Conicet en la UNLP.

Milei no traicionó su discurso: durante la campaña presidencial prometió privatizar el Conicet y dejar la investigación en manos del sector privado. Cuestionó la productividad de los científicos y sostuvo que debían “ganarse el pan con el sudor de su frente”. Hoy, esa política se traduce en un vaciamiento que amenaza con desarticular el sistema científico argentino.

Fuente: Agencia NA

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) dejará de prestar servicios metrológicos legales en Entre Ríos a partir del 30 de abril de 2026. Así lo dispuso el Gobierno nacional mediante la Resolución 213/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, que establece la cesación de esas funciones en todo el país y fija el cronograma de aplicación por jurisdicción.

En el caso entrerriano, la norma precisa que la medida comenzará a regir desde fines de abril del próximo año. La decisión se inscribe, según los considerandos de la resolución, en una estrategia de “desburocratización y simplificación de los procesos productivos”, con el objetivo de eliminar trabas al comercio que, a criterio del Ejecutivo, incrementan costos y demoras para los proveedores y terminan perjudicando a los consumidores.

El texto oficial sostiene que actualmente existen laboratorios de ensayo y organismos de certificación acreditados ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) con competencia suficiente para asumir las tareas que hasta ahora realizaba el INTI en materia de metrología legal. De ese modo, el Gobierno considera que la oferta privada resulta adecuada para cubrir las aprobaciones de modelo, verificaciones primitivas y verificaciones periódicas de los instrumentos reglamentados en todo el territorio nacional.

En ese marco, la resolución plantea que el INTI deberá concentrar sus recursos en la metrología científica e industrial, reforzando su rol dentro del Sistema Nacional de la Calidad, especialmente en la elaboración de muestras testigo, el desarrollo y la innovación metrológica.

Los anexos de la norma detallan los servicios que dejarán de prestarse. Entre ellos figuran los vinculados a instrumentos de pesar no automáticos, medidores de agua potable fría, termómetros clínicos de vidrio y electrónicos, medidores de energía eléctrica, etilómetros, taxímetros, cinemómetros, pesas patrón, medidas de capacidad, surtidores de combustibles, probetas y vasos graduados.

La decisión genera interrogantes sobre el impacto que tendrá en la operatoria de comercios, industrias y servicios que hasta ahora dependían del INTI para cumplir con los controles metrológicos obligatorios, y abre un nuevo escenario en el que esas certificaciones quedarán exclusivamente en manos de prestadores privados acreditados.

Una modificación normativa introdujo cambios profundos en el sistema de control de instrumentos de medición en la Argentina. Balanzas de supermercados, surtidores de combustible, radares de velocidad y alcoholímetros, entre otros dispositivos que intervienen en operaciones comerciales, controles oficiales y situaciones donde existen derechos en juego, quedaron alcanzados por un proceso de desregulación que afecta al rol histórico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

A partir de la nueva normativa, el organismo público quedó equiparado a laboratorios privados y dejó de ser la autoridad exclusiva en materia de metrología legal, un cambio que despertó preocupación entre especialistas y trabajadores del sector. Según explicaron, la Resolución 276 trasladó el rol del organismo de aplicación estatal al Organismo Argentino de Acreditación (OAA), una entidad privada, habilitando a actores privados a realizar verificaciones.

Marcelo Isleño, metrólogo del Departamento de Control de Servicios Públicos del INTI, explicó que la metrología legal es la disciplina encargada de asegurar que los instrumentos de medición utilizados en transacciones comerciales o controles oficiales funcionen de manera correcta.

“El ciudadano confía en que cuando compra un kilo de carne, carga combustible o recibe una multa, el instrumento que mide todo eso está funcionando correctamente porque así lo certifica nuestro organismo”, señaló.

Esa confianza se basa en reglamentos técnicos que establecen cómo deben ser los instrumentos, cómo deben utilizarse y cada cuánto tiempo deben verificarse. “El criterio es el uso. Si el elemento interviene en una transacción comercial, entra bajo control metrológico legal”, explicó Isleño.

Hasta la modificación, cada instrumento debía pasar por un proceso de aprobación de modelo antes de ser comercializado, verificando que cumpliera con las especificaciones del fabricante y la reglamentación vigente. Una vez en funcionamiento, debía someterse a controles periódicos para asegurar que mantenía su precisión. Ese esquema tenía al INTI como organismo de aplicación estatal, con un rol central e imparcial en la certificación y verificación de los instrumentos.

“Entre los principales cambios, equipara al INTI con laboratorios privados y traslada el rol del organismo de aplicación estatal al OAA, una entidad privada. A partir de ahora, actores privados están habilitados a realizar verificaciones”, explicó Isleño. Para el especialista, la medida desconoce el rol histórico del organismo público: “Argentina era reconocida en el mundo por estas tareas del INTI. En los países desarrollados esa tarea la desarrolla el Estado para garantizar fiabilidad. Ahora organismos privados controlarán a privados”, advirtió.

Otro de los puntos cuestionados es la modificación de los llamados “tiempos de contraste”, es decir, los plazos en los que los instrumentos deben volver a ser verificados. “Instrumentos que antes se controlaban cada seis meses ahora lo hacen una vez al año; los anuales, cada dos años. En algunos casos, como los tanques de combustible de gran capacidad, la obligación fue eliminada”, detalló Isleño.

El especialista explicó que los equipos de medición se desgastan con el uso y pueden descalibrarse incluso sin intervención humana. “Los instrumentos pueden perder precisión por condiciones ambientales o envejecimiento y deben volver a ser verificados”, señaló.

La metrología legal no solo impacta en las compras diarias, sino también en aspectos vinculados a la seguridad vial. Radares de velocidad y alcoholímetros utilizados para labrar infracciones deben estar correctamente verificados para que una multa sea válida. “Para que una infracción sea válida, esos instrumentos deben estar correctamente verificados”, insistió Isleño.

En paralelo, la normativa eliminó el régimen de control de autopartes de seguridad (CHAS), que regulaba elementos como cinturones, frenos, amortiguadores y airbags. Con su derogación, esos productos dejaron de contar con certificación obligatoria previa, lo que genera inquietud sobre la seguridad de los vehículos.

Desde el INTI remarcan que su función no es sancionatoria, sino preventiva. “El control público busca garantizar mediciones confiables, no sancionar”, explicó.

La discusión que se abre ahora es cómo garantizar controles efectivos y confiables en un esquema que modificó el rol del Estado y habilitó una mayor participación privada en la verificación de instrumentos clave para la vida cotidiana.

Entre las voces críticas, se alzó con fuerza la del diputado provincial y ex Intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, quien en una entrevista advirtió sobre el impacto que estas medidas pueden tener, no solo en la producción agropecuaria, sino también en la sostenibilidad ambiental, la innovación tecnológica y la vida democrática de las instituciones.

“Las decisiones que tomó el Gobierno Nacional preocupan seriamente porque hubo un fuerte desconocimiento de instituciones como el INTA y el INTI. Es absolutamente impensado llevar a cabo mejoramientos de los procesos productivos sin estas instituciones. No tiene que ver sólo con la incorporación de tecnologías, sino también con el sostenimiento ambieNtal”, afirmó el legislador a EL ARGENTINO.

Bahillo explicó que no se trata únicamente de producir más o mejor, sino de hacerlo en línea con estándares internacionales que hoy son cada vez más estrictos: “El mundo demanda procesos sostenibles en términos ambientales. En materia de alimentos es mucho más exigente en términos de inocuidad, de calidad y de procesos productivos sostenibles. Además del mejoramiento permanente que hay que ir haciendo en estos procesos de producción de alimentos”.

Más allá de la cuestión productiva y ambiental, Bahillo advirtió que las decisiones del Gobierno implican un serio retroceso en la gobernanza del organismo: “Pierde una gobernanza que era muy virtuosa. En el INTA, el gobierno pretendía modificar todo lo que tiene que ver con el consejo directivo”, dijo, refiriéndose a la intención del oficialismo de cambiar la composición del órgano que históricamente ha definido las prioridades de investigación y asignación de recursos.

El diputado explicó que este esquema de gobernanza mixta, con participación del Estado, las universidades, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil, había sido clave para garantizar que las decisiones del INTA respondieran a una visión plural y a las necesidades reales de la producción: “La agenda del INTA era una agenda mixta. Cuando se definían las prioridades, el Estado estaba en igualdad de condiciones con el sector privado y juntos, entre los sectores de la producción y los funcionarios de turno, se le daba prioridad a esa agenda. En función de eso se ejecutaba el presupuesto”.

Lo que propone el Gobierno, según Bahillo, es desandar todo este camino: “Pretenden sacar a las universidades, eliminar este consejo directivo y dejarlo solo en cabeza de la Secretaría del Ministerio de Economía, con lo cual es una manera encubierta de vaciarle el presupuesto. El gobierno no va a definir una agenda de trabajo, no va a definir una agenda de prioridades, no va a asignar presupuesto a esta lista. Va a tener un manejo absolutamente discrecional y unilateral, por lo cual es un retroceso en términos de participación ciudadana y de los sectores involucrados”.

El legislador entrerriano puso como ejemplo la importancia que el INTA ha tenido para las economías regionales, que suelen tener menor escala que las grandes zonas productivas del país: “El INTA tiene un rol absolutamente central. Y además tiene un rol muy importante en las economías regionales, que por lo general no tienen una escala económica importante como las economías centrales. Allí, el Estado, a través del INTA, promueve líneas de mejoramiento de los procesos. Por ejemplo, me refiero a mejoramiento de la genética de las plantas para lograr mayor rendimiento por unidad de superficie; un mejoramiento en el aprovechamiento del agua y el riego”.

Incluso recordó que el organismo tuvo un papel decisivo en avances científicos históricos: “El INTA fue fundamental en el descubrimiento de la vacuna contra la aftosa. Esto está relacionado con el estatus que tenemos en la materia. El INTA fue quien llegó a ese desarrollo. Después siempre hay una articulación con los sectores privados que son los que la producen y la comercializan”. Por eso, Bahillo considera que las decisiones del Gobierno no solo debilitan la institucionalidad, sino que ponen en riesgo la capacidad del país para sostener y mejorar estándares de producción, calidad y sostenibilidad ambiental.

El legislador vinculó estas decisiones con un modelo político y económico que, a su entender, prioriza únicamente el ajuste fiscal sin contemplar su impacto social: “Estamos ante la opción de decir: seguimos sosteniendo un sistema republicano de gobierno con división de poderes y con respeto entre los poderes, o le seguimos dando a un gobierno altamente autoritario que está demostrando cada vez menos transparencia y de dudosa honestidad en su proceder. Le seguimos dando un cheque en blanco a un gobierno que hace del ejercicio del poder un hecho de crueldad y de violencia hacia lo que no piensan igual. Es realmente inusitado y no se corresponde con una época democrática”.

Bahillo reconoció que el país necesita equilibrio fiscal, pero cuestionó con dureza el camino elegido por el oficialismo: “Es cierto que había que transitar un camino de mayor equilibrio a la economía de nuestro país, pero esto se podría haber logrado claramente afectando o involucrando a otros sectores, como son los grandes sectores financieros, la energía, la minería, los grandes contribuyentes de este país. Hoy, el cincuenta por ciento de este ajuste es a costa de matar de hambre a nuestros jubilados y destruir el sistema previsional”.

El diputado también fue muy crítico con actitudes del Presidente hacia distintos sectores de la sociedad, en especial hacia el Garrahan y hacia quienes trabajan en áreas sensibles como la salud infantil: “No debe haber en mi consideración una profesión o una actividad más altruista que trabajar con chicos con pacientes oncológicos. Desde los médicos, los pediatras, hasta los trabajadores de la salud, enfermeros, camilleros… Si hay algo que demuestra vocación y amor al prójimo tiene que ver con quienes desempeñan esa profesión. La verdad que demonizar a los pediatras y a los trabajadores de Garrahan, que se ocupan de nuestros chicos con problemas de cáncer, vamos a hacer las cosas como son, es de una violencia inusitada”.

Bahillo también cuestionó el agravio del mandatario a un adolescente con autismo: “Pelearte con un chico de 12 años, que es autista, es no entender la responsabilidad que se tiene como Presidente. La violencia de arriba genera más tarde, más temprano, violencia abajo. Tenemos mayores responsabilidades en la vida pública y el presidente de la Nación, sea quien fuere, tiene la mayor de las responsabilidades. Tenemos que ser los primeros en cuidar la paz social y la convivencia entre los distintos sectores de la sociedad y no andar rompiendo todo”.

Finalmente, Bahillo aseguró que el ejercicio del poder no puede desligarse de valores éticos y de una mirada humanista: “La función pública es, antes que nada, una vocación de servicio. No importa qué responsabilidad tenés, después vemos en qué responsabilidad nos toca, pero antes de nada es vocación de servicio, es amor al prójimo. Tenés que tener vocación de servicio, amor al prójimo, pensar en una sociedad mejor y querer a tu país. La construcción de una sociedad mejor no puede ser sobre la base de la crueldad y de la violencia como lo ejerce este gobierno. Eso siempre termina mal”.

Con esta mirada, Bahillo dejó en claro que el debate sobre el INTA excede lo productivo y se enmarca en una discusión más amplia sobre el rumbo económico, político y social del país. Recordemos que estos DNU fueron anulados en el Congreso, por lo que se sigue de cerca cómo continuará el tema. Desde el Gobierno no descarta una posible judicialización.

A través de las redes sociales, el Diputado opinó que lo sucedido en el Congreso de la Nación y el revés que recibió el presidente Javier Milei, “fue una señal clara de que no todo se puede destruir por decreto”.

“Pero hoy mismo el Gobierno publica en el Boletín Oficial el pase a disponibilidad de más de 300 trabajadores del INTA y el INTI. Una muestra más del profundo desconocimiento que tienen sobre el valor de estos organismos para la ciencia, la innovación y la producción argentina”, argumentó el funcionario que ocupó el cargo de Secretario de Agricultura de la Nación y conoce sobre la importancia de estos dos institutos tecnológicos.

Bahillo consideró que “despedir técnicos, investigadores y profesionales es desmantelar la capacidad del país para producir mejor, exportar más y cuidar nuestros recursos”. Y por último agregó: “Este gobierno no entiende que sin ciencia y tecnología no hay desarrollo posible. Nosotros vamos a seguir defendiendo al INTA, al INTI y a cada trabajadora y trabajador que hace grande a la Argentina”.

La Cámara de Diputados inicia hoy a las 12 una sesión clave que podría extenderse hasta la medianoche y que busca aprobar una serie de proyectos impulsados por universidades nacionales y trabajadores del Hospital Garrahan. La agenda llega tras los recientes vetos del presidente Javier Milei a leyes sancionadas en julio y en medio de protestas de jubilados y personas con discapacidad frente al Congreso.

Uno de los puntos centrales del temario es la declaración de emergencia de la salud pediátrica, que prevé financiamiento hasta diciembre de 2026 y la recomposición del Sistema Nacional de Residencias Médicas. También se tratará la ley de financiamiento universitario, que contempla reapertura de paritarias y fondos para becas y funcionamiento. Ambos proyectos fueron elaborados con la participación de rectores y gremios docentes.

La oposición trabaja para asegurar el quorum, respaldada por gestos de gobernadores que acercaron a distintos bloques a una mayoría simple. Si logran la media sanción, las iniciativas pasarán al Senado para su tratamiento en agosto.

Aunque el temario no incluye los proyectos vetados sobre jubilaciones y discapacidad, sí se buscará revertir el veto presidencial a la declaración de emergencia para Bahía Blanca, que destinaba fondos especiales a la reconstrucción tras el temporal que azotó la ciudad.

Otro tema de la jornada será la causa $LIBRA: se propondrá modificar el artículo que regula su comisión investigadora para destrabar la paridad que mantiene sin autoridades a ese espacio. Además, se votarán cuatro emplazamientos de proyectos de ley que fijan fechas de debate en comisión, entre ellos el reparto de Aportes del Tesoro Nacional y la coparticipación del impuesto a los combustibles, iniciativas que cuentan con media sanción del Senado y apoyo de los gobernadores.

Si los emplazamientos se aprueban, los dictámenes se obtendrían la próxima semana y las leyes podrían votarse en una nueva sesión el 20 de agosto. También se intentará fijar fecha para discutir la emergencia del sistema nacional de ciencia y un plan de salud cerebral para el abordaje del Alzheimer.

Por último, Diputados tratará el rechazo a una serie de decretos que el Ejecutivo emitió en los últimos días de las facultades delegadas. Dos de ellos ya fueron suspendidos por la Justicia: el que intervenía el INTI y el INTA, y el que modificó Vialidad Nacional y la Agencia de Seguridad Vial. Otros, como los que afectan al Banco Nacional de Datos Genéticos, la Marina Mercante y el Instituto Nacional del Teatro, serán incluidos en el mismo debate.

La sesión se anticipa extensa y con alta tensión política, en un escenario en el que la Cámara busca recuperar protagonismo frente al Poder Ejecutivo.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos celebró la resolución judicial que suspendió por seis meses la aplicación del Decreto 462/2025, que proponía una reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y otras dependencias del Estado nacional.

La medida cautelar fue dictada por la jueza Martina Isabel Forns, tras la presentación realizada por la conducción nacional del gremio, que consideró inconstitucional el intento de desmantelamiento del organismo.

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, destacó que se trata de “una bocanada de oxígeno” para los trabajadores y trabajadoras del INTI y un antecedente valioso para continuar la resistencia sindical tanto en las calles como en los tribunales. “Este es el camino: organizados, movilizados y defendiendo nuestros derechos también desde lo judicial”, señaló.

La cautelar impide al Gobierno nacional avanzar con despidos o intervenciones dentro del INTI, cuya continuidad operativa y técnica se considera clave para el entramado productivo nacional. Muntes subrayó además que la resolución marca un precedente favorable frente a otros procesos en curso, como las presentaciones contra los recortes en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en articulación con la Asociación del Personal del organismo (Apinta).

En paralelo, ATE Entre Ríos anticipó que iniciará acciones similares frente a intentos de limitar la actividad sindical en la provincia. Muntes mencionó dos casos concretos: el Consejo General de Educación (CGE), donde se restringió la realización de asambleas en horario laboral, y la Municipalidad de Concordia, que aprobó el Decreto N.º 679/25 con disposiciones que regulan y restringen la tarea gremial de delegados y dirigentes sindicales del ámbito estatal.

En ambos casos, desde ATE y AGMER —el gremio docente— denunciaron una vulneración directa al derecho constitucional de organización sindical y anticiparon que acudirán a la Justicia para revertir esas disposiciones.

Por su parte, la secretaria adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, remarcó que la decisión judicial en torno al INTI representa una señal esperanzadora. “La organización colectiva sigue siendo nuestra herramienta más poderosa. A pesar de la persecución y el hostigamiento del Gobierno, esta medida demuestra que la lucha vale la pena”, afirmó.

La cautelar fue interpretada por el sindicalismo estatal como un freno institucional a los intentos de ajuste estructural impulsados por el Ejecutivo nacional. Mientras tanto, los gremios redoblan su apuesta por la movilización, el amparo judicial y la articulación federal para sostener los organismos públicos y los puestos de trabajo.

A solicitud de Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la titular de la Secretaría de Inversiones y Desarrollo Local de la Municipalidad, Estela Miño, mantuvo una reunión este martes con el responsable de la subgerencia de la Región Centro y Cuyo del organismo, Juan Carlos Najul. De la misma también estuvieron presentes el gerente de Legales del INTI a nivel nacional, Mauro Galina, y la representante a cargo de la oficina del Instituto en Gualeguaychú, Nadina Cazaux.

“Desde el año 2016 la oficial de INTI tiene una oficina en el Parque Industrial Gualeguaychú, por convenio con la Codegu, Agencia de Desarrollo Gualeguaychú. Es así que, desde la Secretaría y dado el conocimiento previo de esa trayectoria, se renovó el interés manifestado en reiteradas oportunidades por parte de las empresas locales que requieren asistencia técnica y asesoramiento profesional homologado y deben dirigirse a laboratorios INTI instalados fuera de la ciudad, en su mayoría en Migueletes, Rosario o Córdoba”, expresó Miño.

En su recorrida federal, las autoridades se acercaron a la Municipalidad para conversar sobre las nuevas pautas de ordenamiento institucional de INTI y recabar demandas en aquellos puntos donde el Instituto no ha desarrollado laboratorios como es el caso de Gualeguaychú.

La funcionaria comunal resaltó la reunión como “muy positiva”, y agregó que “se arribó como conclusión, en fijar pautas concretas que definan un camino de acción conjunta para que, desde INTI, la Municipalidad de Gualeguaychú, Codegu y empresas que se sumen, se puedan ir cumpliendo pasos de acción para una radicación definitiva del Instituto en la ciudad. Para ello, se proyectan nuevas reuniones desde la Secretaría con la oficina INTI Local, la Codegu, otras instituciones y las empresas no sólo del PIG sino de la región ampliada a la costa del río Uruguay, con el fin de articular una alianza público-privada que haga más eficiente el desempeño de todas las partes y se satisfagan demandas concretas, que actualmente deben hacerlo fuera de la provincia”, aseguró.