La resolución se suma a otras medidas judiciales similares en Formosa, Misiones, Río Negro y Mendoza, donde se ordenó la restitución de prestaciones, el reintegro de haberes y la aplicación de multas por demora. En Córdoba, Neuquén y Buenos Aires también hubo fallos favorables a los beneficiarios.

El juez consideró que las suspensiones aplicadas por la ANDIS en base al Decreto 843/2024 vulneraron derechos de incidencia colectiva. En su dictamen, ordenó restablecer las pensiones retenidas, pagar los haberes adeudados y suspender las auditorías basadas en la normativa cuestionada. Citó el precedente “Halabi” de la Corte Suprema, que define los derechos colectivos vinculados a intereses individuales homogéneos.

La causa fue encuadrada como de incidencia colectiva, al tratarse de un hecho continuado que afecta de forma homogénea a miles de personas. Por ello, el magistrado designó como representantes del colectivo a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (A.P.Y.Fa.Di.M.) y a la Asociación Azul, por su trayectoria y fines estatutarios.

El contexto del fallo remite al amparo presentado por organizaciones y ciudadanos afectados, que reclamaron la nulidad de las suspensiones y la inconstitucionalidad del decreto que modificó los requisitos de acceso a las pensiones. La norma, dictada en septiembre de 2024, elevó al 66% el umbral de “disminución de la capacidad laborativa” y amplió las causales de suspensión y caducidad.

Las organizaciones denunciaron que el proceso de auditoría iniciado por la ANDIS se realizó sin criterios públicos ni medidas de accesibilidad adecuadas. Además, señalaron que muchas notificaciones no fueron entregadas o contenían errores formales que impidieron ejercer el derecho de defensa.

Según datos oficiales, de las 997.654 cartas documento enviadas por la Agencia, más de la mitad no fueron entregadas. En Chaco, Formosa y Corrientes, las citaciones fallidas superaron el 70%. Antes de los primeros fallos judiciales, la ANDIS había suspendido el pago a 111.463 personas. En todos los casos donde la Justicia ordenó la restitución, la Agencia acató las decisiones.

Con esta nueva resolución, la cautelar adquiere alcance nacional. El juez dispuso que la ANDIS cumpla con la restitución total y se abstenga de aplicar nuevas suspensiones o auditorías basadas en el Decreto 843/2024, “hasta tanto no recaiga sentencia definitiva”.