La Justicia investiga un femicidio y cinco personas permanecen detenidas, cuatro de ellas acusadas por el crimen.

El cuerpo de Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años que permanecía desaparecida desde hacía 21 días en Corrientes, fue encontrado este miércoles. El hallazgo se produjo en el marco de una investigación judicial por presunto femicidio, que tiene a cinco personas detenidas y cuatro de ellas directamente acusadas por el crimen.

La mujer se desempeñaba como directora de la Escuela N° 626, ubicada en el paraje El Malezal, dentro de la estancia El Curupí, en una zona rural cercana a la localidad correntina de Esquina.

Tras una intensa búsqueda, fuerzas de seguridad y personal del Poder Judicial hallaron este miércoles el cuerpo sin vida de Nancy Godoy, la educadora que se desempeñaba como directora en la escuela rural de la estancia El Curupí.

El hallazgo se produjo durante los rastrillajes concentrados en la zona rural del departamento de Esquina.

Fuentes oficiales, señalaron a El Litoral la docente fue encontrada en un lugar de "difícil acceso, donde no hay señal telefónica". Además, detallaron que "a 5 metros había un bolso tirado".

En las últimas horas, el juez de Garantías de Esquina, Gustavo Vallejos, había dictado la prisión preventiva de Ireneo Antonio Zarza y Felipe Dionisio Sandoval, señalados como presuntos autores materiales del femicidio.

Quiénes son los cinco detenidos por el crimen

La investigación también involucró a una pareja de puesteros que trabajaba en el establecimiento rural. Se trata de Sergio Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón, quienes ya habían recibido prisión preventiva. Rojas fue acusado de coautoría de femicidio, mientras que Leguizamón quedó imputada como autora de homicidio simple.

El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural acusado de falso testimonio. El hombre había sido el primero en mencionar un posible asesinato de la docente a manos de dos trabajadores de la estancia. Sin embargo, posteriormente, su abogado sostuvo que esas declaraciones habían sido realizadas bajo presuntos apremios ilegales por parte de la Policía de Corrientes.

Las pruebas encontradas durante la investigación

En los últimos procedimientos realizados en la estancia El Curupí, los investigadores encontraron prendas de vestir quemadas y un bozal en una construcción precaria utilizada por Zarza, quien se desempeñaba como capataz del establecimiento.

El lugar estaba ubicado a aproximadamente 150 metros de la Escuela N° 626, donde Godoy trabajaba con un pequeño grupo de alumnos, hijos de empleados de la estancia.

El establecimiento rural comprende unas 12.000 hectáreas y se utiliza para actividades agropecuarias y como coto de caza. Los elementos secuestrados fueron incorporados a la investigación para determinar las circunstancias del crimen.

El personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Departamental de Gualeguaychú, en conjunto con miembros de la DDI de San Isidro, realizaron hoy por la mañana un allanamiento en la localidad de Don Torcuato y además de la detención de la mujer que estaba prófuga, que no había podido ser localizada en los allanamientos realizados a fines de julio, se logró secuestrar dos teléfonos celulares que serán peritados y podrían ser claves para seguir identificando a posibles integrantes de una banda dedicada a las extorsiones.

La mujer de 32 años era una de las dos mujeres que estaban siendo buscadas en torno a esta causa, sobre la que existía una orden de captura. En los últimos días se obtuvo información valiosa sobre el paradero y hasta ese lugar llegó la comisión de Investigaciones para lograr aprehenderla. La detenida será trasladada en las próximas horas a Gualeguaychú y quedará bajo las órdenes del fiscal Lucas Pascual, que ya logró la condena la semana pasa de otra de las mujeres que estaba vinculada al caso.

La denuncia que dio origen a todo

La causa se inició el 30 de septiembre de 2025, cuando un hombre denunció haber sido intimidado por desconocidos que, haciéndose pasar por funcionarios judiciales y efectivos policiales, le aseguraban que estaba siendo investigado por un delito. Bajo amenazas de una supuesta detención y utilizando información sobre su entorno familiar para generar temor, consiguieron que realizara varias transferencias de dinero. El damnificado habría realizado transferencias bancarias por un monto aproximado de 42 millones de pesos.

Las primeras actuaciones permitieron seguir el recorrido del dinero y detectar que parte de la organización operaba desde la provincia de Buenos Aires. En ese marco, durante octubre del año pasado fueron detenidos en la zona de Ceibas dos hermanos oriundos de San Isidro, quienes habían sido identificados durante las tareas investigativas como personas vinculadas al cobro de parte del dinero entregado por la víctima.

Aquellas detenciones marcaron un punto de inflexión en la investigación. Con el avance de las pericias sobre teléfonos celulares, cuentas bancarias y registros de comunicaciones, la Fiscalía logró ampliar el universo de sospechosos y profundizar la hipótesis de que detrás del hecho actuaba una estructura organizada, con integrantes que cumplían distintos roles y que mantenían contacto permanente entre sí.

La pesquisa avanzó luego hacia el conurbano bonaerense, donde en abril de este año se realizaron allanamientos en la localidad de Boulogne Sur Mer. Como resultado de esos procedimientos fueron detenidos dos sospechosos y se secuestraron teléfonos celulares, documentación y otros elementos incorporados al expediente. Sin embargo, dos mujeres lograron evadir el operativo y desde entonces permanecían con pedido de captura.

Lejos de detenerse, la investigación continuó durante los últimos meses. A fines de julio, personal de Investigaciones de la Jefatura Departamental Gualeguaychú regresó a Boulogne Sur Mer y si bien no concretaron las detenciones buscadas, hallaron más elementos que permitieron la reconstrucción de la red investigada.

La detenida de este martes es hermana de uno de los dos hombres que se encuentran presos en la Unidad Penal 21 de Campana, que son señalados en la investigación que lleva adelante el fiscal Pacual como parte de la organización delictiva, en tanto la mujer que fue condenada la semana pasada, que había quedado involucrada en un procedimiento anterior, es pareja del otro hombre preso en la misma cárcel. A ella se le dictó en Gualeguaychú una pena de 2 años y 6 meses de prisión condicional por el delito de encubrimiento agravado y el decomiso de dinero que se le halló en su poder cuando fue detenida, le fue entregado a la víctima en concepto de reparación.

El trabajo investigativo permitió reconstruir una operatoria que iba mucho más allá de un simple llamado telefónico. A partir del análisis de comunicaciones, movimientos bancarios y otros elementos de prueba, los investigadores lograron establecer la participación de distintas personas que cumplían funciones específicas dentro de la maniobra, desde quienes mantenían contacto con la víctima hasta quienes administraban las cuentas donde terminaba el dinero obtenido mediante el engaño.

La investigación por la muerte de Maycol Naim Gutiérrez, el adolescente de 17 años que falleció tras accidentarse con su motocicleta en la esquina de San Martín y Chalup, fue archivada por decisión del fiscal Jorge Gutiérrez.

La resolución se apoyó principalmente en la pericia accidentológica de Gendarmería Nacional que estableció que el joven circulaba a 126 kilómetros por hora antes del impacto y que esa velocidad le impidió conservar el control del vehículo.

El agente fiscal sostuvo en su resolución que el resultado fatal debía atribuirse a la conducta del propio motociclista y que los elementos reunidos no permitían establecer una responsabilidad penal del personal policial que había intervenido en las circunstancias previas al accidente.

El expediente se había abierto para esclarecer dos cuestiones: por un lado, si las lesiones que provocaron la muerte de Gutiérrez se habían producido por una pérdida de control de la moto, por impericia o por un posible desperfecto mecánico; por otro, si el procedimiento policial desplegado para identificar a un grupo de motociclistas se había desarrollado conforme a la normativa vigente y quiénes habían intervenido materialmente en él.

A toda velocidad

Uno de los elementos determinantes para la decisión fiscal fue el informe elaborado por Gendarmería Nacional. La pericia, realizada por la especialista Celeste Alvarado, concluyó que la causa del accidente había sido la pérdida de control operativo de la motocicleta, asociada a la excesiva energía cinética derivada de una velocidad previa al impacto de 126 kilómetros por hora en pleno centro de la ciudad.

Según el análisis técnico citado por el fiscal, esa velocidad anuló la capacidad del conductor para responder oportunamente ante un obstáculo en la vía pública, así como el tiempo de reacción y la distancia disponible para frenar.

La reconstrucción también estableció que la motocicleta policial Gilera llegó al lugar del accidente aproximadamente cinco segundos después de ocurrido. De acuerdo con el informe incorporado a la resolución, ese rodado circulaba a una velocidad estimada de entre 40 y 50 kilómetros por hora.

La conclusión pericial fue central para responder una de las preguntas que habían motivado la apertura de la causa: si la caída podía explicarse por un desperfecto mecánico o por una falla del vehículo. El fiscal tomó como fundamento la pérdida de control asociada a la velocidad y consideró que la conducta del joven había sido determinante en el desenlace.

Una madrugada trágica

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 12 de mayo de 2025, poco antes de la medianoche. Gutiérrez circulaba en una motocicleta Gilera de 150 centímetros cúbicos, sin casco de seguridad, cuando perdió el control y cayó, donde impactó contra un elemento de cemento.

La secuencia había comenzado en la zona de la costanera, donde efectivos policiales intentaban identificar a un grupo de motociclistas. Según la reconstrucción difundida en aquel momento, los conductores se dispersaron al advertir la presencia policial y el adolescente se alejó por Luis N. Palma. Luego atravesó diagonalmente la plaza San Martín y tomó Chalup en contramano, en dirección hacia el sur. La moto continuó su recorrido hasta pasar 25 de Mayo y llegar a la esquina de San Martín, donde se produjo la caída.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Centenario, pero murió como consecuencia de las gravísimas lesiones sufridas, principalmente en la cabeza.

Los primeros resultados de la autopsia, informados en los días posteriores al hecho, habían señalado que las lesiones se concentraban en el lado izquierdo de la cabeza. El examen preliminar no detectó impactos de bala ni otros traumatismos que hicieran presumir una agresión ajena a la caída.

El cierre de la causa

En los fundamentos de su decisión, el fiscal sostuvo que la pericia ubicó a Gutiérrez como protagonista directo del siniestro y que su conducta había sido determinante para explicar el resultado fatal. “se trata de un hecho "imputable a la víctima", pues es el comportamiento de esta el que explica el resultado al no conducirse en la vía pública teniendo el dominio efectivo del vehículo”, indicó el funcionario.

La resolución encuadró lo ocurrido como un supuesto de imprudencia de la propia víctima, al considerar que el joven no conservó el dominio efectivo de la motocicleta mientras circulaba por la vía pública. Para fundamentar esa conclusión, el representante del Ministerio Público citó doctrina penal sobre la violación del deber objetivo de cuidado y la posibilidad de que el resultado dañoso sea atribuible a la conducta imprudente de la propia víctima.

De esta manera, la investigación iniciada tras la muerte de Maycol Naim Gutiérrez concluyó con una decisión fiscal que atribuyó el desenlace a la pérdida de control de la motocicleta a una velocidad de 126 kilómetros por hora y descartó, sobre la base de los elementos incorporados al expediente, la existencia de responsabilidad penal del personal policial interviniente.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento de la totalidad de las personas imputadas en la investigación penal vinculada a la emisión, comercialización y difusión del criptoactivo conocido como token $LIBRA. La resolución judicial fue adoptada tras el requerimiento formal de desestimación presentado por el fiscal interviniente, Eduardo Taiano, al considerar que las conductas analizadas no encuadran en los tipos penales de estafa o negociaciones incompatibles con la función pública.

En el marco de la investigación, el magistrado analizó la mecánica operativa de las billeteras digitales y el impacto publicitario de las publicaciones en redes sociales sobre los mercados financieros. De acuerdo con los fundamentos vertidos en el fallo, la fluctuación en la cotización de los activos digitales y la disparidad registrada en el reparto de pérdidas y ganancias entre los tenedores no constituyen elementos probatorios suficientes para configurar un ardid defraudatorio o una maniobra de engaño penalmente relevante.

El dictamen judicial incorporó además diversos informes presentados por la Oficina Anticorrupción y la Secretaría Legal y Técnica. Dichos organismos evaluaron los alcances de las manifestaciones públicas vertidas sobre el proyecto tecnológico y concluyeron que no existió utilización de recursos del Estado ni intervención institucional de carácter oficial.

Respecto de los peritajes técnicos incorporados al expediente, las tareas de trazabilidad sobre las plataformas de intercambio de activos de red no lograron consolidar vinculaciones directas con conductas ilícitas. Asimismo, la resolución tomó en consideración el apartamiento de los particulares damnificados del rol de querellantes, medida que fue confirmada por la Cámara Federal. Con esta decisión, el juzgado dejó establecido que la tramitación de las actuaciones no afecta el buen nombre ni el honor de las personas involucradas en el proceso.

Un hombre fue detenido en Gualeguaychú en el marco de una investigación por una estafa bajo la modalidad conocida como cuento del tío, mediante la cual un vecino de 70 años fue engañado y despojado de unos $40.000 en efectivo.

El hecho fue denunciado el pasado 9 de octubre. Según la información de la causa, la víctima había retirado dinero de una entidad bancaria y, luego de descender de un colectivo urbano, fue interceptada por dos personas en la zona de calles 3 de Caballería y Bomberos Voluntarios.

A través de un engaño, los individuos consiguieron apoderarse del dinero y escaparon en un automóvil.

A partir de la denuncia, la Policía inició tareas investigativas que incluyeron el análisis de registros fílmicos. Esas diligencias permitieron avanzar en el esclarecimiento del episodio e identificar elementos de interés para la causa.

Como resultado, durante la noche del martes se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de Santiago Díaz al 700. En el lugar, los efectivos secuestraron prendas de vestir, un teléfono celular y un automóvil Renault que estaría vinculado con el hecho.

El detenido quedó alojado en Jefatura, a disposición de la Fiscalía.

Se dio a conocer el dictamen del jurado de la tercera edición del Certamen Literario Municipal 2026 “Prof. María Eugenia Faué”, una iniciativa dedicada al género de ensayo y monografía que fomenta la investigación, la producción intelectual y la preservación de la memoria histórica de Gualeguaychú.

El acto oficial contó con la participación de autoridades locales, entre ellas el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; el concejal Juan Pablo Castillo; y la profesora María Eugenia Faué, cuya trayectoria da nombre a esta entrega del certamen cultural.

En el marco de la presentación, las autoridades enfatizaron que la continuidad de estas iniciativas institucionales responde a una determinación del Intendente Mauricio Davico, enfocada en impulsar la generación de conocimiento accesible para el conjunto de la sociedad, incentivando el estudio sobre la identidad del departamento. Asimismo, se destacó la idoneidad y el rigor del cuerpo evaluador encargado de examinar la totalidad de los proyectos presentados.

Tras concretarse la apertura de los pliegos de identificación, se ratificó que Guillermo César Ángel Martínez es el autor del trabajo ganador, el cual indaga en la faceta periodística y política de Olegario Víctor Andrade mediante un exhaustivo relevamiento documental. En tanto, la mención especial otorgada a María Paulina Lemes examina las raíces identitarias de la comunidad y la significación de las culturas originarias en el desarrollo histórico de la ciudad.

Aunque estas dos últimas producciones no se encuadraron strictly en los formatos tradicionales de ensayo o monografía, la mesa examinadora ponderó de manera positiva su valioso aporte al rescate de la memoria comunitaria. Por tal motivo, el dictamen sugirió a la Municipalidad de Gualeguaychú incorporar formalmente la narrativa testimonial y la memoria colectiva como categorías específicas en las próximas convocatorias del certamen.

Un hombre de 41 años fue encontrado sin vida con heridas de arma blanca en una vivienda de Concepción del Uruguay. La víctima fue identificada como Cristhian Miguel Geist y la Justicia investiga el hecho como un homicidio.

El cuerpo fue hallado en un inmueble ubicado en calle Entre Ríos al 56. Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, personal policial acudió al lugar junto con un servicio de emergencias médicas. Al arribar a la vivienda, los profesionales sanitarios constataron el fallecimiento de Geist, quien presentaba heridas cortantes en el cuello y en uno de sus antebrazos.

Según la información oficial, los investigadores lograron identificar al presunto responsable del crimen. Sin embargo, hasta el momento no se brindaron precisiones sobre las circunstancias en las que se produjo el ataque ni sobre la situación procesal del sospechoso.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó bajo investigación policial y judicial para establecer cómo ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

Se trata del segundo homicidio que se registra en la semana en la provincia. El martes, un hombre de 53 años fue hallado sin vida en una zona rural de San José de Feliciano, en el norte de Entre Ríos, y la Policía detuvo a un sospechoso de 34 años en el marco de una investigación por un presunto homicidio.

La víctima presentaba un golpe en la región frontal de la cabeza y la Justicia ordenó una autopsia para establecer las circunstancias de su fallecimiento. Fue identificado como Ramón Alejandro Báez, y por el cruento hecho de sangre fue detenido su primo de 34 años. ElOnce

Dos hechos delictivos ocurridos en distintos puntos de Urdinarrain fueron esclarecidos a partir de dos allanamientos realizados este martes por personal de la Comisaría local. Durante los procedimientos, la Policía recuperó elementos sustraídos del Jardín de Infantes Semillitas y de una sala de enfermería del hospital de la ciudad.

La investigación se inició a partir de la denuncia por un robo en el establecimiento educativo, ubicado sobre bulevar 25 de Mayo. Según lo informado por su directora, personas desconocidas ingresaron al edificio luego de forzar una ventana de la cocina que da al patio interno.

Del lugar se llevaron un horno eléctrico y mercadería destinada al funcionamiento del jardín, entre la que había harina, yogures, puré de tomate, fideos, yerba y cereales.

En paralelo, los investigadores avanzaban en una causa por el hurto de dinero en efectivo a una enfermera y de una pava eléctrica de una sala de enfermería del hospital local.

Con elementos reunidos durante las tareas investigativas, se concretaron dos órdenes de allanamiento y registro domiciliario en viviendas ubicadas en las calles 12 de Octubre y López y Planes.

Durante los procedimientos se secuestraron una motocicleta de 125 centímetros cúbicos y prendas de vestir de interés para la investigación. También se encontraron la pava eléctrica y el dinero en efectivo denunciados como sustraídos del hospital.

En cuanto al robo en el Jardín Semillitas, los efectivos recuperaron un horno eléctrico negro y mercadería, entre ella harina, puré de tomate, yogur, azúcar y queso cremoso.

Por disposición de la magistratura interviniente, los elementos vinculados con el hecho ocurrido en el establecimiento educativo debían ser restituidos de inmediato al jardín.

La causa por el hurto en el hospital tramita ante el Juzgado de Garantías y Transición N.º 1, a cargo de la jueza Maira Céspedes. Según informó la Policía, el trabajo investigativo permitió individualizar al presunto autor de ambos hechos y poner las pruebas reunidas a disposición del fiscal en turno.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) contra el Estado nacional. En su fallo, declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que suspendió la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) y ordenó al Poder Ejecutivo su puesta en marcha inmediata.

La controversia comenzó tras la sanción de la ley en agosto de 2025. Aunque el presidente Javier Milei la vetó mediante el Decreto 647/2025, el Congreso ratificó el texto original con la mayoría agravada de dos tercios. Al promulgarla, el Ejecutivo condicionó su aplicación invocando el artículo 5° de la Ley 24.629 de Administración Financiera, el cual exige precisar la fuente de recursos para autorizar gastos.

Durante el proceso, las instituciones académicas denunciaron un "fraude constitucional" y un "re-veto" encubierto. La UBA señaló que la prórroga del presupuesto 2023 durante 2024 y 2025 provocó una pérdida del 40% en el poder adquisitivo de los salarios y afectó el funcionamiento de sus centros de salud. Por su parte, el Gobierno sostuvo que la norma demandaba más de un billón de pesos, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal.

Al desestimar la postura estatal, el juez Cormick remarcó que, tras la insistencia parlamentaria, el presidente debe promulgar la ley de manera irrestricta. Señaló que la propia norma contemplaba mecanismos de financiamiento en su artículo 9° —facultando la reasignación de partidas— y calificó de irrazonable anteponer restricciones legales pasadas a una ley especial y posterior.

La resolución unificó los reclamos del CIN y la UBA, y homologó acuerdos paritarios pactados en junio entre la Secretaría de Políticas Universitarias y los gremios. Dichos acuerdos establecieron una actualización salarial del 24,33%, un incremento del 20% para gastos de funcionamiento desde junio de 2026, $50.000 millones para hospitales universitarios y un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano. Con este fallo, la justicia ratificó la plena vigencia de la norma y exigió al Ejecutivo dictar la reglamentación para garantizar los fondos.

Desde la Fiscalía y la Policía se trabaja por estas horas por dar con los autores de varios hechos, perpetrados en una misma jornada, que dejó menos de 10 denuncias asentadas, pero se estima que muchos prefirieron no hacer el trámite y se estima que son más de 12 las víctimas.

Todo ocurrió el domingo 13, dentro del predio ferial en la última jornada de la Expo Rural Gualeguaychú. Los vehículos afectados son en su gran mayoría camionetas y el modus operandi que se utilizó fue el mismo: inhibidores de señal que imposibilitan el cierre automático.

Los investigadores están orientados a que los autores del hecho no serían personas de la ciudad, como ha sucedido en otras oportunidades donde esta metodología se ha repetido en Gualeguaychú. En el lugar trabajó personal de la División Criminalística y levantó rastros y cámaras que están siendo analizadas, pero hasta el momento no se ha aportado demasiada información sobre los resultados.

Con respecto a lo sustraído, EL ARGENTINO pudo determinar que no hubo un robo significativo, aunque de cada uno de los vehículos abierto sustrajeron elementos como ropa, bolsos, documentación, pero no trascendió que haya faltado suma de dinero importante.

El Gobierno de Entre Ríos autorizó la realización de tareas de prospección y excavación arqueológica en distintos puntos de la provincia, como parte del proyecto científico “Poblamiento temprano del Nordeste argentino”. La investigación abarcará sectores de los departamentos Federación, Concordia, San Salvador, Colón, Villaguay y Gualeguaychú.

La autorización fue otorgada a los investigadores Juan Carlos Castro, del Área de Antropología del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Profesor Antonio Serrano”, y Mariano Bonomo, de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata y del Conicet.

El proyecto tiene como objetivo obtener nueva información científica sobre las primeras poblaciones que habitaron el Nordeste argentino y se desarrollará bajo las normas nacionales y provinciales destinadas a proteger el patrimonio arqueológico.

El decreto provincial aprueba un convenio que habilita a los especialistas a realizar prospecciones y sondeos arqueológicos dentro del área establecida. A su vez, les concede exclusividad para desarrollar excavaciones arqueológicas sistemáticas en nueve puntos determinados mediante coordenadas geográficas.

El área comprendida se extiende por seis departamentos entrerrianos. Hacia el norte tiene como referencia el río Mocoretá y el límite con Corrientes; al este, el río Uruguay y el límite internacional con la República Oriental del Uruguay; al oeste, los límites de los departamentos involucrados y el río Gualeguay; y al sur, la latitud correspondiente a la comuna de Perdices, en el departamento Gualeguaychú.

Entre los lugares contemplados se encuentra la Isla Boca Chica, sobre el río Uruguay, en el departamento Colón. Otro de los puntos está ubicado en una zona rural del departamento Villaguay, próxima a la ciudad cabecera, cuyas coordenadas prácticamente coinciden con el área donde se encuentra la Escuela Nº 9 Carlos Nogueira.

La autorización, sin embargo, no habilita automáticamente el ingreso a los terrenos donde se desarrollarán los trabajos. Antes de iniciar las tareas, los investigadores deberán contar con el permiso de los propietarios de los inmuebles involucrados.

Los materiales arqueológicos que sean recuperados durante las excavaciones serán considerados bienes del dominio público provincial. Una vez finalizada la concesión, deberán incorporarse a las colecciones del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Profesor Antonio Serrano”, repositorio oficial de este tipo de patrimonio en Entre Ríos.

El convenio tendrá una vigencia de tres años. Los gastos derivados de las investigaciones, incluida la contratación de personal especializado y auxiliares, estarán a cargo de los investigadores y no generarán obligaciones laborales para la Provincia.

Un supuesto laboratorio clandestino de drogas fue hallado este viernes en San Benito durante una investigación por estafas cometidas contra corralones de Paraná y Hasenkamp mediante cheques apócrifos, se confirmó a Elonce. Una mujer de 23 años, oriunda de Concordia, quedó detenida.

Personal de la División Delitos Económicos realizó dos allanamientos: uno en calle 25 de Junio al final, en Paraná, y otro en la zona de Quiróz y Mihura, en San Benito. Durante los procedimientos también quedaron dos menores de edad a disposición del Copnaf, dieron cuenta fuentes policiales.

En los operativos se secuestraron 287 frascos con una sustancia química compatible con componentes utilizados para drogas sintéticas y más de 830 recipientes vacíos en condiciones de ser llenados, se confirmó a Elonce. También encontraron una máquina para prensar tapas de frascos al vacío.

Dinero, cocaína y elementos robados

Además, los investigadores incautaron 2,3 gramos de restos de cocaína, $700.000 en efectivo y 2.600 dólares, junto con teléfonos celulares, documentación, anotaciones y una cámara de vigilancia.

La Policía recuperó asimismo aberturas que habrían sido adquiridas mediante las estafas investigadas y un chaleco balístico denunciado como robado.

Los procedimientos quedaron vinculados a la investigación por estafa y una supuesta infracción a la Ley 23.737. El fiscal Santiago Alfieri estuvo presente durante las medidas realizadas este viernes.

La investigación por el crimen de Nilo Benjamín Auzqui ingresó en una nueva etapa. La fiscal Martina Cedrés, a cargo de la investigación, presentó el pedido de elevación a juicio contra Cristian Nahuel León, el joven de 23 años acusado de haber efectuado los disparos que provocaron la muerte de Auzqui en la madrugada del 3 de agosto.

Con esta presentación, la Fiscalía considera concluida la etapa de investigación penal preparatoria y sostiene que existen elementos suficientes para que el acusado sea sometido a juicio. Ahora deberá realizarse la audiencia correspondiente y será la Justicia de Garantías la que deberá controlar el requerimiento antes de que el expediente pueda avanzar hacia el Tribunal de Juicio.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió alrededor de la 1.10 de la madrugada, cuando Auzqui, de 46 años, se encontraba en la zona de las calles Güemes y España, en el barrio Yapeyú. De acuerdo con la reconstrucción realizada durante la investigación, León llegó hasta ese lugar en bicicleta y le apuntó con un arma calibre .22.

La Fiscalía sostiene que el joven efectuó varios disparos y que Auzqui intentó escapar corriendo por calle España en dirección al norte. Luego tomó un pasillo hacia el barrio Yapeyú, retomó calle Güemes y avanzó hacia el oeste, en dirección a España. En ese trayecto, Auzqui alcanzó a expresar “me pegó” antes de caer en la intersección de Güemes y España.

La autopsia determinó que sufrió una herida de arma de fuego con orificio de entrada y sin salida en la zona lateral izquierda del tórax. El disparo le provocó una hemorragia interna masiva que finalmente ocasionó su muerte.

León quedó imputado como autor del homicidio. La Fiscalía encuadró el hecho como homicidio simple agravado por la utilización de un arma de fuego, una figura que tiene penas que van desde los 10 a los 33 años de prisión, pero dadas las particulares del caso, la fiscal Cedrés consideró que una pena de alrededor de 17 años de prisión de cumplimiento efectivo sería la adecuada.

Durante la investigación, el acusado se abstuvo de declarar cuando fue citado a prestar declaración en la audiencia de intimación del hecho. Actualmente permanece bajo prisión preventiva a la espera de que avance el proceso.

Un hombre de 34 años que era buscado por la Justicia de Gualeguaychú en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes terminó detenido en la provincia de Salta, después de haber sido declarado rebelde y permanecer prófugo durante meses.

La causa se inició a partir de una investigación narcomenudeo, en la que se le atribuye al acusado haber tenido y comercializado sustancias fraccionadas en dosis destinadas al consumo. La pesquisa judicial alcanzó a dos personas y quedó radicada ante la Justicia de Gualeguaychú.

Con el avance de las actuaciones, uno de los acusados dejó de presentarse ante la Justicia y fue declarado en rebeldía. En consecuencia, se dispuso su detención y comenzó una búsqueda que finalmente llevó a los investigadores fuera de la provincia.

El hombre había logrado trasladarse hasta Salta y allí fue localizado y detenido la semana pasada. Luego de ello se comunicó formalmente a la Justicia salteña que interesaba la extradición interprovincial para seguir con el avance de la causa en su contra. Finalmente fue trasladado de regresó a Entre Ríos y tras su llegada se avanzó con la audiencia para definir su situación procesal.

En esa instancia, el fiscal Gastón Popelka solicitó que se dispusiera la prisión preventiva por 45 días, teniendo especialmente en cuenta el antecedente de rebeldía y la circunstancia de que el imputado había sido localizado en otra provincia. El pedido fue concedido y se ordenó que permanezca detenido durante 45 días de prisión preventiva, mientras continúa el proceso por la causa vinculada con la presunta comercialización de estupefacientes.

Así, una investigación que comenzó en Islas del Ibicuy y que había quedado condicionada por la fuga de uno de los acusados, volvió a quedar bajo jurisdicción de la Justicia entrerriana. La detención en Salta y posterior traslado permitieron que el hombre fuera nuevamente puesto a disposición del Tribunal de Gualeguaychú, donde deberá afrontar las próximas etapas del proceso.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico secuestró más de 170 dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo y elementos vinculados a la causa. Las actuaciones se iniciaron a partir de una denuncia telefónica anónima que permitió ubicar dos puntos de venta y dos lugares de almacenamiento en la capital provincial.

La investigación judicial comenzó la semana pasada a partir de un llamado anónimo receptado en la central de denuncias. Con las pruebas recolectadas, las autoridades dictaron órdenes de allanamiento para cuatro inmuebles ubicados en el barrio Las Flores II, específicamente sobre las calles Filiberto de Mena, Puente Hurtado y Juan José de Iraiman.

Según precisaron las fuentes oficiales, el dispositivo policial determinó que dos de las viviendas funcionaban activamente como centros de expendio de sustancias tóxicas al menudeo, mientras que los dos inmuebles restantes eran utilizados para el acopio y almacenamiento de la mercadería.

Durante el ingreso de las fuerzas de seguridad a la propiedad de la calle Filiberto de Mena, el menor de edad intentó darse a la fuga al percatarse de la presencia de los efectivos, pero fue interceptado a los pocos metros. En el mismo lugar se aprehendió a la mujer de 58 años, quien al momento del operativo se encontraba cumpliendo una medida de prisión domiciliaria, otorgada en el marco de una causa previa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (Ley 23.737).

Como resultado global de las cuatro irrupciones, el personal antinarcóticos incautó 137 dosis de cocaína, 42 dosis de marihuana y una suma total de 289.000 pesos en efectivo, además de diversos utensilios y documentación de interés para el avance del expediente.

El procedimiento estuvo bajo la supervisión directa de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, organismo que dispuso el traslado de los involucrados a la sede judicial correspondiente y el resguardo de la totalidad del material secuestrado para la realización de las pericias de rigor.

En el marco de un proceso de investigación, el personal de la Comisaría Primera concretó durante la jornada del sábado un procedimiento de allanamiento y registro domiciliario. La medida tuvo lugar en una finca ubicada en las inmediaciones de la calle Buenos Aires, entre La Cantera y Asisclo Méndez, logrando un resultado positivo para la causa en trámite.

Durante el desarrollo de las actuaciones, los efectivos lograron el secuestro de un motovehículo al que le faltaban sus plásticos protectores. De forma complementaria, los uniformados incautaron diferentes partes de rodados de similar naturaleza, entre las que se contabilizan una óptica trasera, dos ópticas delanteras, un plástico cubrepiernas y un filtro de aire. En el mismo procedimiento, se procedió a poner a resguardo un teléfono celular de la marca Motorola, modelo G22, elemento calificado como de directo interés para el avance de las actuaciones.

De manera coordinada y en directa vinculación con el procedimiento antes detallado, el personal dependiente de la Comisaría Tercera desplegó un segundo allanamiento en otra zona de la ciudad. La medida de registro se llevó a cabo en la intersección de las calles Salaverry y Roca, en un inmueble propiedad del padre del menor de edad que se halla involucrado en las diligencias del caso. Esta intervención también arrojó resultados favorables para el acopio de evidencias.

En esta última vivienda, la comitiva policial logró incautar prendas de vestir diversas, un par de zapatillas y un teléfono celular marca iPhone. Todos estos elementos quedaron formalmente incorporados a la nómina de secuestros por orden judicial.

Las tareas operativas desplegadas durante el fin de semana requirieron el despliegue de móviles de la Comisaría Primera y contaron con la colaboración técnica del personal de la Comisaría de Minoridad. Asimismo, la supervisión de las tareas estuvo a cargo de la Jefatura Departamental de Policía, con la participación directa del Jefe de la División Operaciones y Seguridad Pública junto al Subjefe Departamental. Por disposición de la magistratura interviniente, la totalidad de los objetos incautados permanecen depositados en sede policial.

El 8 de septiembre de 1990 se registró en San Fernando del Valle de Catamarca el homicidio de María Soledad Morales, una estudiante de 17 años cuya muerte derivó en un proceso judicial y político de amplia repercusión nacional. La joven fue vista por última vez tras concurrir a una reunión social a la que asistió acompañada por Luis Tula. Dos días después, el 10 de septiembre, empleados de Vialidad Nacional hallaron su cuerpo en las inmediaciones del Parque Daza, con evidencia de haber sufrido graves agresiones físicas y torturas.

Las pericias médicas posteriores determinaron que la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio provocado por una sobredosis de sustancias estupefacientes combinada con el cuadro de shock del ataque. En las primeras etapas de la investigación se señalaron severas irregularidades en el tratamiento de las pruebas y en la preservación de la escena del hallazgo. Estas acciones preliminares, a cargo de las fuerzas de seguridad locales, dificultaron el avance inicial de las actuaciones judiciales y generaron cuestionamientos sobre el accionar de los funcionarios intervinientes.

Ante la falta de avances efectivos, la comunidad local, encabezada por los padres de la víctima y la religiosa Martha Pelloni, organizó las denominadas "Marchas del Silencio". Estas movilizaciones pacíficas buscaron visibilizar el reclamo de justicia y denunciar la presunta protección a personas vinculadas a los círculos de poder político y policial de la provincia. La magnitud social de las protestas motivó la intervención federal de las autoridades nacionales en los tres poderes de Catamarca, así como la remoción de los funcionarios provinciales a cargo del ejecutivo.

El proceso de juzgamiento atravesó diversas complicaciones normativas. Un primer juicio oral iniciado en 1996 fue anulado tras irregularidades en el comportamiento de integrantes del tribunal, las cuales quedaron registradas durante las transmisiones televisivas del debate. Posteriormente, en 1998, un segundo tribunal dictó sentencia condenatoria: Guillermo Luque fue sancionado con 21 años de prisión como coautor de los delitos de violación y homicidio, mientras que Luis Tula recibió una pena de 9 años de prisión por su participación secundaria.

El caso de María Soledad Morales se consolidó como un precedente institucional en la historia judicial del país. La respuesta de las instituciones locales, el rol de los medios de comunicación y la organización civil mediante manifestaciones pacíficas transformaron el hecho en un punto de referencia respecto a las exigencias de transparencia procesal y acceso a la justicia.

El ámbito académico y cultural argentino registró este lunes el fallecimiento del ensayista e historiador Norberto Galasso, ocurrido a los 90 años de edad. Nacido en la ciudad de Buenos Aires el 28 de julio de 1936, Galasso conformó a lo largo de más de seis décadas de actividad profesional una de las obras de investigación histórica y análisis social más prolíficas de la historiografía contemporánea en el país.

Graduado como contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en 1961, orientó tempranamente su carrera hacia la investigación histórica y el ensayo político. Su producción intelectual comprende más de cincuenta libros publicados, entre los que se destacan rigurosas biografías documentadas, estudios sobre procesos socioeconómicos, antologías críticas e investigaciones dedicadas a rescatar del olvido a diversos dirigentes, intelectuales y referentes de los movimientos sociales de Argentina y América Latina.

A lo largo de su carrera, Galasso desarrolló un cuerpo de trabajo centrado en la revisión de la historiografía tradicional, buscando aportar nuevas perspectivas de análisis sobre el pasado nacional. Entre sus aportes más significativos se encuentran sus exhaustivas biografías sobre figuras históricas centrales como José de San Martín, Manuel Ugarte, Raúl Scalabrini Ortiz, Felipe Varela, John William Cooke, Enrique Santos Discépolo y Arturo Jauretche. Precisamente con este último compartió labor profesional a partir de 1973, cuando se desempeñó como síndico en la Editorial Universitaria de Buenos Aires.

El recorrido de su obra estuvo atravesado también por los avatares políticos del país. Durante el período de la última dictadura militar, varios de sus textos e investigaciones sufrieron la censura y la prohibición de circulación. Pese a ello, continuó su labor de indagación y difusión bibliográfica, integrándose a una corriente de pensamiento continuadora de las líneas metodológicas trazadas por autores de la talla de José María Rosa, Fermín Chávez y Manuel Gálvez.

En el año 2014, en reconocimiento a su trayectoria y al impacto de sus publicaciones en el acervo cultural público, fue designado Embajador de la Cultura Popular Argentina. La partida de Norberto Galasso representa la pérdida de un prolífico compilador del patrimonio histórico, cuya extensa bibliografía permanece como material de consulta permanente en universidades, bibliotecas e instituciones de investigación de toda la región.

Dos personas fueron detenidas durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación por el presunto comercio de estupefacientes en Gualeguaychú.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Drogas Peligrosas y comenzó alrededor de las 18 horas del viernes en una vivienda ubicada en calle Santiago Díaz, entre Salaberry y Federación, en jurisdicción de Comisaría Tercera.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías y Transición N°1, a cargo de Ignacio Telenta, a requerimiento del fiscal Jorge Gutiérrez.

Durante el registro del inmueble, los efectivos secuestraron diez envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína y dos bolsas tipo ziploc con cogollos que dieron resultado positivo para cannabis sativa.

También fueron incautados un cigarrillo artesanal con marihuana, un picador, un “tukero”, diferentes recortes, un teléfono celular y $222.900 en efectivo.

Además de la droga y el dinero, los policías encontraron municiones de diferentes calibres: siete calibre .22, siete calibre .223 y 21 calibre 12/70, que también quedaron secuestradas.

En la vivienda fueron identificadas siete personas mayores de edad. Por disposición de la Justicia, dos de ellas fueron detenidas y trasladadas a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, mientras que las restantes quedaron en libertad.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades en el presunto comercio de estupefacientes.

El procedimiento permitió secuestrar una caja registradora, dinero en efectivo y distintos elementos que serían de interés para la causa.

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió durante la madrugada del 14 de agosto, cuando personal de Comisaría Segunda intervino ante un robo cometido en el comercio.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que una de las hojas de vidrio de la puerta de ingreso había sido dañada y que del interior del local habían sustraído una caja registradora que contenía dinero en efectivo.

A partir de las tareas investigativas realizadas durante los días posteriores, la Policía obtuvo una orden judicial para allanar y registrar una vivienda ubicada en calle Caseros al 500 aproximadamente.

El procedimiento arrojó resultado positivo. En el domicilio, los efectivos secuestraron una caja registradora, prendas de vestir, calzado y otros elementos considerados de interés para avanzar con la investigación.

Durante el operativo, además, se solicitó a la Justicia una ampliación de la medida, que fue autorizada. A partir de esa instancia se encontraron y secuestraron más de 40 vales de logística a nombre del comercio y por diferentes montos, carnets de manipulación de alimentos, dinero en efectivo, un teléfono celular y un dispositivo DVR, entre otros elementos que serán analizados en el marco de la causa.

El allanamiento estuvo a cargo del jefe de Comisaría Segunda y personal de esa dependencia, con la colaboración de efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, mientras que la diligencia fue supervisada por el jefe de la Jefatura Departamental Gualeguaychú.