La representante de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) ya forma parte de OSER desde el 5 de agosto y este miércoles el documento fue publicado en el Boletín Oficial Nº 28.164.

Cabe destacar que tras diversos debates, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) resolvió integrar la vocalía y eligió a Luis Eduardo Franco Weiss como su representante. Por el momento no se oficializó su designación.

A mitad de julio, el gremio oficializó su candidatura a través de una conferencia a la que esta Agencia asistió. Dentro de ese espacio, la ex senadora habló sobre cuáles serán sus principales objetivos y desafíos dentro del directorio de la obra social.

Al respecto, la vocal detalló: "Que la obra social funcione como corresponde; mi función es velar por la salud de los estatales y también tener una excelente relación y diálogo con los trabajadores de la obra social que ellos van a ser quienes nos van a dar las pautas para poder mejorar".

Sobre la posibilidad de discrepancias con el presidente y el vicepresidente del directorio, Maidana consideró que "las decisiones no siempre van a ser del Ejecutivo". Añadió: "Al estar relacionada con la salud tengo mucho conocimiento de lo que son las prestaciones, el servicio, las urgencias y las emergencias. Pero vamos a abrir un canal de diálogo y vamos a trabajar de manera conjunta permanentemente".

Dependencia: La OSER depende directamente del Ministerio de Salud.

Directorio: Estará conformado por un presidente y un vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo, y dos vocales propuestos por gremios docentes y estatales. Es importante destacar que los directores serán patrimonialmente responsables por los perjuicios que pudieran ocasionar.

Consejo Consultivo: Se creará un consejo ad honorem, con carácter asesor y sin voto, integrado por representantes de todos los sectores que formaban parte del ex Iosper.

Afiliación: Los afiliados actuales al Iosper serán incorporados automáticamente a la OSER.

Fiscalización: Se designarán dos síndicos fiscalizadores, uno de ellos propuesto por la oposición.

Transparencia: La ley establece obligaciones de transparencia activa, incluyendo la publicación de autoridades, sueldos y contrataciones en un sitio web oficial. (APFDigital)

Antivero analizó el contexto provincial y dijo que ve “con mucha preocupación” las medidas de ajuste tomadas por el Gobierno en el sistema educativo. En particular, se refirió al relevamiento sobre la situación de 300 escuelas rurales y de la zona de islas de nivel primario con vista a bajar de categoría y cerrar establecimientos con baja matrícula.

“Nos preocupa porque sabemos que se ha pedido un relevamiento de matrícula de las escuelas. Esto en el marco de lo que ocurre en la ruralidad, con un proceso socioeconómico en el cual algunas empresas forestales han tomado empleados con el requisito de que no tengan hijos y eso, por supuesto, termina implicando en la baja de la matrícula de algunas escuelas”, subrayó.

También fustigó la decisión del Consejo de Educación de reglamentar las asambleas escolares y prohibir su realización en horario escolar. “Históricamente nosotros hemos tenido una impronta muy democrática, donde en las asambleas participaban afiliados y no afiliados en cuanto a lo que tiene que ver con definiciones de nuestra política educativa”.

“Nunca nos había pasado esto de que un gobierno cercene la capacidad de expresión. En esto no hay ingenuidad: esta definición del Gobierno se realiza en el medio del proyecto de transformación del Iosper en la OSER. Nosotros fuimos muy críticos de esta política, la cuestionamos, y buscamos concientizar a las bases a través de las asambleas. Vemos un tinte dictatorial la decisión de cercenar la posibilidad de expresarnos”, puntualizó.

En cuanto a las asambleas escolares de cara al congreso de Agmer, indicó que “tiene que ver con nuestra cultura democrática: todas las voces se pueden escuchar, todos los compañeros pueden expresar cómo están viviendo la realidad, su vínculo con la obra social. Se van a dar posturas encontradas y desencontradas, lo que hace un poco más rico el debate. Se trata de una discusión horizontal y no verticalista”.

“Las asambleas son soberanas. He tenido posturas a favor de determinada propuesta salarial que después la asamblea de la seccional la ha rechazado. En el caso de OSER, mi posición es que hay que ocupar los espacios porque es un lugar de representación. Es un lugar que hay que ocupar porque hay compañeros que están en una situación vulnerable en lo que tiene que ver con la salud y necesitan capacidad de gestión, capacidad que nosotros perdimos una vez que se llevó a cabo la intervención en el mes de diciembre. Los compañeros quedaron huérfanos en cuanto a la representación” resumió.

El gobierno entrerriano decidió postergar, mediante un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial, la implementación del artículo que establece la afiliación obligatoria a la nueva Obra Social de Entre Ríos (OSER) para agentes públicos y jubilados provinciales. La suspensión será por 180 días, hasta tanto se reglamente la Ley Nº 11.202 que dio origen al nuevo organismo.

El Decreto Nº 1.402, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, establece que durante ese plazo no se aplicará el régimen de afiliación obligatoria previsto en el artículo 19 de la ley, exclusivamente para quienes ya revisten la condición de afiliados obligatorios o irrenunciables a otras coberturas municipales o comunales.

En los considerandos, el Ejecutivo provincial argumentó que la prórroga es necesaria para “preservar la continuidad de la cobertura y garantizar una adecuada transición” hacia el nuevo sistema, que reemplaza al histórico Iosper como principal prestador de salud para el sector público entrerriano.

El artículo 1° del decreto dispone que la suspensión será efectiva “ad referéndum de la Honorable Legislatura de la Provincia”, aunque con plena ejecutividad desde su entrada en vigencia. La medida contempla a los beneficiarios actuales de mutuales, obras sociales o direcciones de servicios sociales municipales, muchos de los cuales plantearon incertidumbre por el traspaso a la OSER sin un marco reglamentario claro.

En paralelo, el artículo 2° del mismo instrumento habilita al Directorio de la OSER, una vez vencido el plazo de seis meses, a dictar las disposiciones necesarias para resolver la situación de esos afiliados, “conforme a los objetivos y principios del régimen instituido”.

El artículo 19 de la Ley 11.202, cuya aplicación fue parcialmente suspendida, establecía la obligatoriedad de incorporarse a la nueva obra social para funcionarios, trabajadores del Estado y jubilados provinciales. Pero el artículo 36 de la misma norma fija un plazo de 180 días para que el Ejecutivo la reglamente, lo cual dio fundamento a la postergación dispuesta por el decreto.

La creación de la OSER fue uno de los proyectos centrales del gobierno de Frigerio en materia de salud pública, enmarcado en su política de “modernización y eficiencia” del sistema provincial. Sin embargo, la transición genera resistencias en algunos sectores que consideran precipitado el cambio sin garantías claras de continuidad de servicios.

La decisión de suspender parcialmente la ley hasta que la reglamentación esté lista busca descomprimir el escenario y permitir un diseño más consensuado del nuevo esquema. Mientras tanto, los afiliados de obras sociales municipales seguirán bajo sus actuales coberturas.

A menos de un mes de su implementación, la nueva Obra Social de Entre Ríos (OSER) enfrenta un fuerte conflicto con la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), que representa a cientos de profesionales de la salud en toda la provincia. La entidad advirtió que podría suspender las internaciones para los afiliados si no se regulariza de inmediato el pago de aranceles y se mantiene el acuerdo firmado en abril, que fue recientemente denunciado por la obra social.

El disparador fue una nota enviada por OSER el 1° de julio, con las firmas de su presidente Mariano Gallegos y su vice Ricardo García, en la que notifican a la Femer la “denuncia” del acta acuerdo que regía las relaciones prestacionales entre ambas instituciones. El argumento central del organismo provincial es que hubo “un desmesurado aumento” en la facturación tras la entrada en vigencia del convenio, lo que pone en riesgo su sostenibilidad financiera.

La reacción de la Femer no se hizo esperar. El 11 de julio, mediante una carta firmada por su presidente Fernando Vázquez Vuelta y el secretario Lautaro Torriani, se notificó que los profesionales médicos continuarán prestando servicios por 30 días desde la notificación, pero que ello dependerá del estricto cumplimiento por parte de OSER de los pagos pactados. En caso contrario, el corte de las internaciones podría concretarse a partir del 16 de julio.

“No podemos seguir trabajando con aranceles y plazos de pago indefinidos”, señalaron desde la entidad médica, que además adelantó que en su informe semanal de situación sanitaria informará como “suspendida” a la obra social provincial si no cancela los compromisos antes de la fecha límite.

Pese al conflicto, la Femer manifestó su disposición a entablar negociaciones para revisar los valores de las prestaciones, pero sólo una vez que venza el período de 30 días de continuidad acordado como margen transitorio. “Invitamos a OSER a formalizar sus propuestas”, expresaron.

El escenario es delicado: OSER tiene bajo su cobertura a más de 300 mil afiliados —entre activos, jubilados y familiares— que hasta ahora dependían de Iosper, disuelto tras una cuestionada reforma impulsada por el gobierno provincial. La amenaza de corte no sólo implica una crisis prestacional, sino que revela problemas de gestión financiera e institucional en el nacimiento de la nueva obra social.

Por ahora, todo depende de que la obra social cumpla con los pagos adeudados y se encamine una mesa de diálogo técnico que evite un colapso en la atención médica, justo en el momento de mayor incertidumbre sanitaria en Entre Ríos.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) ya es una realidad. Los votos del Senado entrerriano, donde el oficialismo contó con la colaboración de las legisladoras del Partido Justicialista (PJ) Gladys Domínguez y Nancy Miranda (ambas se abstuvieron), le dieron la media sanción a la ley que, en una segunda instancia, terminó por crear la Cámara de Diputados.

Por otro lado, días atrás, desde Paraná se dio a conocer que el interventor Mariano Gallegos y su vice, Ricardo García, continuarán al frente de la nueva obra social, como presidente y vicepresidente respectivamente.

También desde la capital provincial, quien dialogó con EL ARGENTINO fue el abogado Orlando Aguirre, ex empleado de la obra social, donde trabajó por casi 30 años y se recibió siendo asesor legal de la misma. Antes de la votación que disolvió el Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Aguirre ya se había pronunciado en contra de los cambios propuestos y había alertado que la nueva ley es “merecedora de acciones de inconstitucionalidad”.

“Entiendo que hay algunos puntos que pueden ser merecedores de esa acción, pero es algo que estamos analizando en profundidad en este momento”, expresó, ante la consulta de EL ARGENTINO. “Hay varios puntos cuestionables, por ejemplo: se ha omitido la mención del agente financiero, que es el Banco Entre Ríos, para la recaudación de los fondos. Ese es uno de los puntos que se excluyó, llamativamente. Porque se copió el artículo de la ley anterior, pero se excluyó la mención al banco oficial. Así como está redactada la norma, puede depositare en cualquier banco”, explicó.

“Incluso, por la redacción de la norma, se podría depositar el dinero de los afiliados entrerrianos y las contribuciones patronales del gobierno de Entre Ríos en instituciones extranjeras”, cuestionó Aguirre.

Por otro lado, el abogado paranaense remarcó que la ley que crea la OSER no contempla la ley de Compre Entrerriano. “El directorio tiene facultades para hacer adquisiciones y operaciones con prestadores de la provincia, fuera de la provincia e, incluso, del exterior. Son facultades muy amplias las que se le otorgan al directorio, en el que el presidente y el vicepresidente van a tener mayoría automática. Todas las decisiones que se tomen quedan en manos de dos personas puestas por el ejecutivo, en definitiva”, cuestionó Aguirre.

Por último, y con extrema cautela, el ex asesor legal del Iosper se refirió a “algunos errores” y a “algunas cuestiones no observadas en la norma” que “uno puede analizar”. De hecho, “lo estamos analizando con un grupo de colegas”, adelantó Aguirre sobre la posible inconstitucionalidad de la ley aprobada por el gobierno de Rogelio Frigerio.

El Consejo Departamental del Partido Justicialista de Feliciano solicitó públicamente la renuncia de la senadora provincial Gladys Domínguez, quien este miércoles oficializó su salida del bloque Más para Entre Ríos. La legisladora alegó destrato y persecución dentro del espacio, pero desde su partido la acusaron de "traicionar al pueblo" y de haber alcanzado su banca únicamente gracias a la estructura política del justicialismo.

La decisión de Domínguez se produjo en medio de un contexto político tenso para el peronismo entrerriano. Su abstención, junto a la de la senadora Nancy Miranda (Federal), durante la votación de la Ley que reemplazó a Iosper por la nueva Obra Social de Entre Ríos (Oser), fue decisiva para dejar en minoría al bloque peronista. El resultado: siete votos del PJ contra ocho de Juntos por Entre Ríos.

Esa fractura interna derivó en críticas crecientes, que se profundizaron con el anuncio de su alejamiento del bloque peronista. El Consejo del PJ de Feliciano emitió un duro comunicado en el que calificó la decisión como una “profunda traición” y reclamó que entregue la banca que hoy ocupa.

“Sin la estructura del movimiento justicialista, hoy no tendría banca alguna”, manifestaron los dirigentes. Recordaron que fue el trabajo partidario local el que permitió que Domínguez accediera al Senado provincial, especialmente tras la interna partidaria que la consagró como candidata.

La declaración también cuestionó el intento de victimización de la senadora: “No debería dar un paso al costado, sino renunciar, ya que la banca corresponde al partido por el cual fue electa”. A su vez, apuntaron contra lo que consideran una actitud que debilita la representatividad política: “Estas decisiones irresponsables lesionan la confianza de la gente y de los militantes, que son el sustento de toda dirigencia”.

En su salida del bloque, Domínguez denunció situaciones de hostigamiento interno y aseguró que su posición es fruto de diferencias profundas con la actual conducción del peronismo provincial. Aunque aún no formalizó su incorporación a otro espacio, su desvinculación del bloque abre interrogantes sobre posibles reacomodamientos en el Senado provincial.

Desde el PJ temen que este tipo de episodios continúe erosionando la estructura partidaria, ya golpeada por el retroceso electoral en 2023 y las disputas internas no resueltas. Por eso, cerraron su comunicado instando a que “el pueblo peronista y las personas independientes que confiaron en su discurso condenen esta acción que daña a la política y al proyecto colectivo”.

Por el momento, Domínguez no respondió públicamente al pedido de renuncia. Su permanencia en el Senado, fuera del bloque justicialista, deja al peronismo con menos margen para articular estrategias legislativas frente a una mayoría oficialista que capitaliza cada quiebre de la oposición.

La senadora Gladys Domínguez anunció que se aparte del bloque Más por Entre Ríos. Fue luego de acompañar abstenerse ante la propuesta del Poder Ejecutivo de disolver el Iosper y crear la Obra Social de Entre Ríos (OSER). Esa decisión fue un triunfo para el Gobierno, que impuso la iniciativa. Con el apartamiento de la legisladora por Feliciano, el peronismo pierde la mayoría de 9 que tenía sobre los ocho del oficialismo.

“He tomado la difícil pero necesaria decisión de apartarme”, dijo. Y explicó: “Es la consecuencia de un proceso prolongado, marcado por desencuentros reiterados, destratos institucionales y profundas contradicciones políticas que, desde la hora cero, se manifestaron en mi querido departamento Feliciano y que hoy hacen insostenible mi permanencia en ese espacio”.

“El punto decisivo fue mi postura ante la votación por la creación de la nueva obra social de la provincia de Entre Ríos, OSER. Con responsabilidad y convicción entendí que debía abstenerme. Esa decisión desató una campaña de persecución política no solo hacia mi persona, sino también hacia mi familia y entorno, con escraches, amenazas, violencia física, repudios públicos y hostigamiento mediático en mi contra, especialmente en mi departamento, Feliciano. Gran parte de estas expresiones no fueron manifestaciones espontáneas ni reacciones aisladas. Por el contrario, fueron impulsadas y sostenidas por sectores con presencia y responsabilidad institucional en la ciudad y en el departamento”, dice la nota enviada a Página Política por la misma legisladora.

Domínguez, apodada Meca, sostuvo que “lo más doloroso fue el silencio absoluto de mis compañeros y compañeras ante semejante situación. Nadie expresó solidaridad ni preocupación. A ese silencio se sumaron presiones, advertencias y versiones sobre una posible expulsión del Partido Justicialista, como si disentir fuese motivo de sanción. No se puede construir un proyecto colectivo desde la amenaza, la imposición o el aislamiento. Creo en una política democrática, que abrace, no que expulse; que escuche, no que silencie; que construya desde la diversidad, no que imponga uniformidad”, añadió la senadora que hasta hoy integraba la bancada presidida por Maartín Oliva.

Más adelante, señaló: “Este malestar no es nuevo. Ya durante la contienda electoral de 2023, el Partido Justicialista me negó acompañamiento y me obligó a competir en las PASO con boleta corta, sin respaldo político ni estructura, incluso de quién en ese momento conducía el PJ. A pesar de ese intento de exclusión, fui elegida por la voluntad popular y me impuse en las urnas, siendo finalmente la candidata a senadora por el departamento Feliciano”.

“Lejos de corregirse, esa actitud de marginación se acentuó con el tiempo. Como senadora con origen y pertenencia bustista, siempre sostuve una forma de hacer política basada en la identidad territorial, la coherencia y el respeto. Por eso, también me genera rechazo la decisión unilateral e inconsulta de algunos dirigentes. Sin ningún tipo de debate interno ni consideración por las construcciones locales. Por respeto a la ciudadanía de Feliciano, a mis convicciones y a mi integridad personal, doy este paso. Seguiré trabajando con firmeza y responsabilidad desde una banca independiente, defendiendo los intereses de mi departamento y de toda Entre Ríos. No abandono mis responsabilidades ni mi camino político; simplemente me alejo de un espacio que ha dejado de representar los valores que alguna vez compartimos”, completó.

Consultada por este medio, adelantó que lo más probable es la constitución de un bloque unipersonal.

El Poder Ejecutivo provincial promulgó este martes la Ley Nº 11.202, sancionada el pasado viernes, que crea formalmente la Obra Social de Entre Ríos (OSER), en reemplazo del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). La norma marca el inicio de una etapa de reforma estructural en el sistema de salud para trabajadores estatales, con el objetivo declarado de mejorar la calidad de atención y garantizar mayor eficiencia administrativa.

La flamante OSER será conducida por un directorio compuesto por un presidente, un vicepresidente —ambos designados por el Ejecutivo— y dos vocales representantes de los gremios mayoritarios en las paritarias docente y estatal: AGMER y UPCN, respectivamente.

Fuentes oficiales confirmaron que Mariano Gallegos, abogado que encabezó la intervención del Iosper, y el odontólogo Ricardo García, que lo acompañó como subinterventor, seguirán al frente del nuevo organismo como presidente y vicepresidente, respectivamente. Su continuidad fue ratificada este martes, a dos días de la finalización del período de intervención.

Para marcar el inicio de esta nueva etapa, el gobernador Rogelio Frigerio visitó la sede central del organismo en calle Andrés Pazos de Paraná, acompañado por los ministros Manuel Troncoso (Gobierno y Trabajo) y Daniel Blanzaco (Salud), además del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello.

“Arrancamos una nueva etapa en la gestión de la obra social provincial con más transparencia, eficiencia y eficacia para garantizar mejores prestaciones a más de 300.000 afiliados”, expresó Frigerio durante la recorrida, en la que también dialogó con personal del organismo y destacó su compromiso durante el proceso de intervención.

Gallegos valoró ese respaldo: “El gobernador agradeció al personal que trabajó intensamente para sacar esto adelante”. A su vez, Ricardo García llevó tranquilidad a los afiliados: “No habrá cambios bruscos. Se van a mantener las prestaciones, tratamientos y autorizaciones pendientes”.

García también indicó que la nueva etapa pondrá énfasis en una mayor cercanía con los usuarios del sistema: “Queremos eliminar barreras burocráticas y facilitar cada trámite. Es fundamental recuperar el vínculo directo con el afiliado”.

La OSER asume ahora el desafío de consolidar un sistema que logre articular calidad, accesibilidad y equilibrio financiero en un contexto complejo para las obras sociales provinciales. La conducción política, gremial y técnica que se inicia buscará dejar atrás décadas de crisis y reclamos, con una gestión que promete reformas, aunque sin alterar en lo inmediato la rutina de los afiliados.

El controvertido proyecto, que generó rechazo en los gremios y en la oposición, obtuvo media sanción el 28 de mayo en el Senado y fue aprobado definitivamente el 6 de junio en la Cámara de Diputados.

Cabe recordar que durante el debate y las sesiones en las que se trató la iniciativa, la Intersindical en Defensa del Iosper protagonizó diversas jornadas de protesta. Además, integrantes del frente gremial expusieron sus posiciones en reuniones de comisiones de la Legislatura.

Este lunes, la ley que creó la Obra Social de Entre Ríos (OSER) fue promulgada en el Boletín Oficial Nº 28.111.

Dependencia: La OSER dependerá del Ministerio de Salud.

Directorio: Estará compuesto por un presidente y un vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo, y dos vocales propuestos por gremios docentes y estatales. Los directores serán responsables patrimonialmente por los perjuicios que pudieran causar.

Consejo Consultivo: Se creará un consejo ad honorem, con carácter asesor y sin voto, integrado por representantes de todos los sectores que formaban parte del ex Iosper.

Afiliación: Los afiliados actuales al Iosper serán incorporados automáticamente a la OSER.

Fiscalización: Se designarán dos síndicos fiscalizadores, uno de ellos propuesto por la oposición.

Transparencia: La ley establece obligaciones de transparencia activa, incluyendo la publicación de autoridades, sueldos y contrataciones en un sitio web oficial.

Tras la sanción del proyecto, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) lo calificó como una “entrega” de los aportes de los trabajadores provinciales, enmarcada en una lógica de “ajuste y Caja” por parte del gobernador Rogelio Frigerio.

El sindicato llevó adelante una jornada de protesta frente a Casa de Gobierno y sus alrededores, con el objetivo de visibilizar su rechazo a la normativa. Según un comunicado emitido por Agmer, la ley “abre las puertas a la tercerización, no especifica los aportes que corresponderán a cada trabajador y diseña un directorio con mayoría automática del Ejecutivo Provincial”.

En un pronunciamiento contundente, la Comisión Directiva Central del gremio expresó que los nombres de los legisladores que votaron a favor de la ley “quedarán escritos, sin lugar para el olvido”, y los acusó de “entregar los derechos de los trabajadores y ponerle un precio vil a la salud, mediante el ajuste y esta privatización encubierta”.

Asimismo, el sindicato destacó su postura activa de oposición, expresada a través de “asambleas, huelga, carpa y movilizaciones”, en rechazo a lo que consideran una “ley de mercantilización de derechos sociales”.

Agmer aseguró que su lucha “seguirá de pie contra el ajuste, el saqueo y en la defensa permanente de los derechos de las y los trabajadores de la educación”. Reafirmaron su compromiso de no “soltarle la mano a nadie” y de mantener “la certeza de ser fraternos, firmes y solidarios en los tiempos difíciles”.

Finalmente, el comunicado concluye con una promesa: “Volveremos a tener una obra social transparente y con sentido colectivo, que responda a cada necesidad, conducida por sus únicos y exclusivos dueños: las y los trabajadores de todos los estamentos del Estado”. Anticiparon que esta recuperación se logrará “en unidad y en la lucha”. (APFDigital)

El ex intendente justicialista de Viale, Estelio Urchueguía, lanzó duras críticas al gobierno nacional de Javier Milei y advirtió que, si el peronismo no logra la unidad, enfrentará una nueva derrota electoral. “El peor gobierno peronista fue mejor que este”, afirmó, al cuestionar las políticas aplicadas desde diciembre de 2023, especialmente las dirigidas contra jubilados, periodistas y las provincias.

En declaraciones al portal Debate Abierto, Urchueguía sostuvo que lo que ocurre en el país “es muy grave” y que no recuerda, en más de 70 años de vida, una gestión “tan insensible y destructiva”. Fustigó los recortes en la coparticipación y el trato que, a su entender, reciben las provincias del interior. En ese marco, cuestionó también el rol del gobernador entrerriano Rogelio Frigerio. “No se puede votar todo lo que Milei pide, porque así no se va a poder construir ni una vereda en Entre Ríos”, ironizó.

Para el dirigente vialense, el peronismo debe prepararse para las elecciones legislativas intermedias de 2025, que describió como una oportunidad para que la ciudadanía “pare un poco la mano a esta gente” desde el Congreso Nacional. Con la mirada puesta en 2027, afirmó que “ahí será la verdadera oportunidad para cambiar todo”.

Urchueguía defendió las internas dentro del Partido Justicialista como un camino legítimo hacia la reorganización política. “No hay que tenerle miedo a las internas, pero después hay que unirse. Si no hay unidad, es derrota segura”, sostuvo, retomando palabras de Cristina Fernández de Kirchner. En este punto, destacó la importancia de articular el peronismo provincial con el nacional.

Consultado sobre la situación de la obra social Iosper y la creación de OSER, el ex jefe comunal se mostró escéptico. “No sé si cambiarle el nombre va a resolver algo”, dijo, y volvió a apuntar contra el gobernador Frigerio: “Trajo un equipo de porteños que se hicieron cargo de la provincia, y los entrerrianos también somos responsables de lo que está pasando. Así no nos va a ir bien”.

Urchueguía se mostró esperanzado con el proceso de renovación que vive el peronismo en Viale, donde, según describió, un grupo de jóvenes concejales profesionales está trabajando activamente con el objetivo de construir una alternativa. “Es gente joven, con experiencia, que viene de cuatro años en el Concejo y tiene una gran convicción. Estoy seguro de que el próximo candidato a intendente va a salir de ese grupo”, adelantó.

También remarcó que la gestión actual del municipio “no ha hecho ninguna obra significativa”, lo que –a su entender– abre una oportunidad para que el justicialismo recupere el gobierno local.

Con un tono crítico y a la vez propositivo, el histórico dirigente instó a recomponer las bases del movimiento desde el territorio. “Tenemos que ser responsables y construir desde abajo. La unidad no se decreta, se trabaja. Y si no lo entendemos, el futuro será de nuevas derrotas”, concluyó.

La alianza mantenida hasta ahora entre Donald Trump y Elon Musk derivó este jueves en una guerra abierta que se inició con las críticas al plan fiscal impulsado por el presidente estadounidense y escaló con amenazas de anulación de contratos gubernamentales y acusaciones por parte del magnate sudafricano de que Trump figura en la lista del pedófilo Jeffrey Epstein. Musk incluso llegó a deslizar que acompañaría un eventual proceso de impeachment para destituir al mandatario republicano.

"Musk se volvió loco"

En su red Truth Social, Trump aseguró que dará por terminada la misión presupuestaria de Musk, quien, según él, se había "vuelto loco" por una decisión desfavorable a los vehículos eléctricos. "La forma más fácil de ahorrar dinero en nuestro presupuesto, miles y miles de millones de dólares, es cancelar los subsidios y contratos gubernamentales de Elon", amenazó al jefe de Tesla y de SpaceX en otro mensaje.

Musk respondió en la red X diciendo que SpaceX "empezará a desmantelar inmediatamente su nave espacial Dragon", utilizada por la NASA para transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional. La pelea, a la vista de todo el mundo, hundió la cotización de Tesla, que perdió decenas de miles de millones de capitalización en Wall Street y cerró con una caída del 14,26 por ciento.

SpaceX es la empresa controlada por Musk con más contratos con el gobierno estadounidense. El más jugoso es el que obtuvo en abril por 5.900 millones de dólares con la Fuerza Espacial para el lanzamiento de satélites y misiones durante los próximos cinco años. Starlink, dedicada a las telecomunicaciones, también mantiene varios contratos con el Ejecutivo estadounidense, desde el suministro de servicios a las fuerzas armadas de Ucrania (537 millones de dólares) hasta el desarrollo de comunicaciones seguras para las agencias de inteligencia de Estados Unidos.

El hombre más rico del mundo disparó sus comentarios en X mientras el republicano daba su versión ante las cámaras con el jefe del gobierno alemán Friedrich Merz, como testigo involuntario. Trump arremetió contra el jefe de SpaceX desde los primeros minutos de su reunión con Merz en la Casa Blanca. "Estoy muy decepcionado porque Elon conocía los entresijos de este proyecto de ley mejor que casi cualquiera de los que están sentados aquí. De repente le encuentra un problema", aseguró Trump.

Musk había llamado esta semana "abominación repugnante" al proyecto aprobado por la Cámara Baja, que inició ahora su tramitación en el Senado, y criticó a los republicanos que lo votaron, acusándolos de haber cometido un "error" al respaldar una iniciativa que incrementará la deuda pública. Musk señaló que nunca le enseñaron el proyecto y fue aún más lejos al sostener que sin su apoyo el presidente no hubiera ganado las elecciones de 2024.

"Es hora de lanzar la gran bomba"

Ian Miles Cheong, un activista de derecha y seguidor de Musk, publicó en X: "Presidente contra Elon. ¿Quién gana? Apuesto por Elon. Trump debería ser destituido y JD Vance debería reemplazarlo". Musk respondió a la publicación con un lapidario: "Sí". Pero el magnate no aflojó y más tarde tiró su munición más pesada: afirmó que Trump aparece en los archivos de Jeffrey Epstein, que supuestamente incluyen los nombres de sus cómplices, en una nueva escalada del enfrentamiento público entre ambos.

"Es hora de lanzar la gran bomba: Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. El empresario instó a sus seguidores a conservar ese mensaje, asegurando que "la verdad saldrá a la luz". Jeffrey Epstein, un multimillonario que mantenía estrechos vínculos con figuras influyentes de la política y las finanzas en EE.UU., se suicidó en agosto de 2019 en una cárcel de Nueva York, semanas después de ser arrestado por cargos de tráfico sexual.

La muerte de Epstein, que impidió que enfrentara un juicio, alimentó peticiones para que el Departamento de Justicia haga pública la lista de presuntos cómplices y clientes, así como el registro de vuelos de su avión privado hacia su isla en las Islas Vírgenes, donde presuntamente ocurrieron múltiples abusos. La principal colaboradora de Epstein fue la heredera británica Ghislaine Maxwell, actualmente condenada a 20 años de prisión por facilitar menores de edad para que Epstein abusara sexualmente de ellas.

Una alianza que duró poco

La semana pasada, Musk dejó su cargo como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encargado de liderar el recorte del gasto público en el gobierno de Trump, por las discrepancias con el plan fiscal del republicano. Aunque ambos escenificaron una salida amistosa en un acto ante la prensa el viernes pasado en la Casa Blanca, Trump ofreció este jueves una nueva versión sobre lo sucedido.

"Elon se estaba desgastando, le pedí que se fuera, le quité su Mandato de Vehículos Eléctricos que obligaba a todos a comprar autos que nadie más quería, ¡y simplemente se volvió LOCO!", dijo el presidente en Truth Social. La reunión con Trump de la semana pasada tuvo lugar en un momento delicado para Musk, después de que el New York Times revelara que, durante la campaña electoral, el empresario consumió grandes cantidades de ketamina, éxtasis, hongos alucinógenos y medicamentos, publicó Página 12.

El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, resolvió este jueves elevar a juicio oral y público la causa por el presunto pago de coimas en beneficio de la empresa Relevamientos Catastrales S.A., cuyo titular es el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros. En el expediente están imputados el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y varios exfuncionarios de su gestión, quienes serán juzgados por delitos relacionados con negociaciones incompatibles con la función pública.

Tras más de cinco horas de lectura, el magistrado rechazó todos los planteos de las defensas y dio por válida la totalidad de la prueba ofrecida por el Ministerio Público Fiscal. Entre otras decisiones, desestimó objeciones sobre la legalidad de las pericias digitales y la validez de listas de llamadas telefónicas, y también rechazó los pedidos de nulidad y sobreseimiento presentados por los abogados defensores.

La causa, que se originó a partir de evidencia obtenida en una investigación por enriquecimiento ilícito contra Urribarri y Cardona Herreros, se ramificó hacia una nueva línea que involucra presuntas maniobras para direccionar contrataciones en favor de la empresa Relevamientos Catastrales. Según la acusación, Urribarri, primero como ministro de Gobierno y luego como gobernador, habría operado para asegurar la adjudicación de contratos de software para la administración pública entrerriana.

De acuerdo con la Fiscalía, la maniobra habría contado con la participación de varios funcionarios de alto rango: Carlos Haidar (exdirector de Informática), Miguel Ángel Ulrich (director General de Ajustes y Liquidaciones), Humberto Flores (exsecretario de Hacienda), Luis Alfonso Erbes (exsubsecretario de Presupuesto y Finanzas), Sergio Smaldone (exministro de Trabajo) y José Gervasio Laporte (exsecretario Legal y Técnico, ya fallecido).

Uno de los hechos centrales que se ventilarán en el juicio es la suscripción de una “adenda” que habría sido falsificada en sus fechas para beneficiar a la empresa, permitiéndole percibir ingresos por meses en los que no prestó servicios. Esto se habría concretado mediante la manipulación de actos administrativos para anticipar una prórroga que en realidad comenzó a gestionarse meses después.

El juez Vergara avaló también el uso de pruebas digitales extraídas de dispositivos electrónicos secuestrados en 2018 durante allanamientos a propiedades de Cardona Herreros. Consideró que la incorporación de esa información cumplió con los protocolos legales y fue debidamente notificada a las defensas.

Con esta decisión, la Oficina de Gestión de Audiencias deberá fijar la fecha del juicio, que se prevé extenso y complejo, dada la cantidad de imputados y la densidad de la prueba documental y digital. El proceso pondrá nuevamente en el centro del debate público a Urribarri, quien ya enfrenta otras causas judiciales por hechos de corrupción durante sus mandatos.

El avance hacia el juicio oral representa un nuevo capítulo en las investigaciones sobre presunta corrupción estructural durante las gestiones justicialistas en Entre Ríos y se da en un contexto de creciente demanda social de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los fondos públicos.

La tensión crece en la Casa de Gobierno de Entre Ríos, donde empleados estatales volvieron a reclamar por el recorte de haberes y la falta de pago de horas extras. La protesta, que comenzó a las 9 de la mañana, fue inicialmente dentro del edificio, pero los manifestantes fueron desplazados hacia el exterior por el Ejecutivo.

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Afuera, hubo manifestantes de AGMER desde la mañana, aunque no tanta presencia como en otras marchas, en señal de alerta por la posible disolución de IOSPER.

Ante el clima creciente de tensión, se dispuso de mucha presencia policial desde afuera, y se intensificó el control del ingreso de personas al palacio de la Gobernación.

Desde las 14 horas, se sigue de cerca lo que ocurrirá en la sesión en Diputados, donde se trata el proyecto de disolución de IOSPER, para ser reemplazada por IOSER.

Este viernes a las dos de la tarde, la Cámara de Diputados de la Provincia realizará una sesión especial para determinar la aprobación o rechazo al proyecto del Ejecutivo que busca crear una nueva obra social – bajo el nombre de OSER – en reemplazo del Iosper. La iniciativa cuenta con media sanción del Senado y en la Cámara Baja podría obtener la sanción definitiva.

En este marco, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) comenzó en la mañana del viernes el acampe que fue decidido en el Plenario de Secretarios. Esta Agencia dialogó con el secretario de Derechos Humanos y Cultura del gremio docente, quien aseguró que Agmer se encuentra evaluando si entrará o no al recinto.

Respecto a la medida de fuerza, Puntel detalló que “nuestra decisión es mostrar la permanencia a través del acampe y seguir difundiendo lo que está haciendo la intervención del Iosper: Las denuncias penales que hay sobre corrupción y negociados”.

Además el referente de Agmer aseguró que el fin de la medida es “visibilizar cuál va a ser la situación de la obra social a partir de que se sancione la ley y qué pasará con la salud pública en Entre Ríos en este contexto en el que el gobierno viene a fondo con la motosierra a recortar salarios, condiciones laborales y puestos de trabajo y a meter mano en la caja de la obra social”.

“Lo que se viene es gravísimo, creemos con esta acción también estamos comprometiendo a los legisladores para que no puedan hacerse los distraídos sobre qué es lo que van a votar, a quién van a beneficiar y a quién perjudicar”.

Una nutrida manifestación, encabezada por la Intersindical en Defensa de la obra social, partió desde la sede del Iosper y se dirigió hacia las inmediaciones de la Cámara de Diputados. Los manifestantes de Agmer, que previamente se encontraban en la Plaza Mansilla, se movilizaron hasta la parte trasera de la Casa Gris, en un área cercana al recinto legislativo, para expresar su enérgico rechazo al proyecto de ley que propone la disolución del Instituto de la Obra Social de Entre Ríos (Iosper).

Según pudo saber esta Agencia, ninguno de los manifestantes ingresó a la Cámara Baja. La sesión en Diputados dio inicio pasadas las 14:15 horas, con la protesta de fondo y el clamor de los manifestantes exigiendo que no se apruebe la iniciativa. En paralelo, la Casa de Gobierno se encontraba con todas sus entradas resguardadas por personal de seguridad, en previsión de posibles incidentes.

La manifestación estaba teñida de bengalas con los colores del Iosper, carteles y máscaras con la cara del gobernador, Rogerlio Frigerio, intervenciones artísticas y se escuchaba la batucada, bombas de estruendo y música de protesta por los parlantes de Agmer.

El proyecto aprobado en Senadores contempla cambios tales como:

-Dependencia: La OSER dependerá del Ministerio de Salud.

-Directorio: Estará compuesto por un Presidente y un Vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo, y dos Vocales propuestos por gremios docentes y estatales. Los directores serán responsables con su patrimonio por perjuicios causados.

-Consejo Consultivo: Se creará un consejo ad honorem con representación de todos los sectores del ex Iosper, con carácter asesor y sin voto.

- Afiliación: Los afiliados al Iosper serán automáticamente incorporados a la OSER.

-Fiscalización: Se incorporan dos Síndicos Fiscalizadores, uno propuesto por la oposición.

-Transparencia: Se establecen obligaciones de transparencia activa, incluyendo la publicación de autoridades, sueldos y contrataciones en un sitio web. (Fuente: APFDigital)

Este viernes, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) volverá a instalar su carpa de protesta frente a Casa de Gobierno, en el marco del tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que crea la Obra Social de los Empleados de la Provincia de Entre Ríos (OSER), que ya cuenta con media sanción del Senado. Para el sindicato, la iniciativa significa un avance del ajuste y un retroceso en derechos adquiridos.

La decisión fue adoptada por el Plenario de Secretarios Generales de Agmer reunido en la seccional Paraná. Allí se ratificó la postura de rechazo total al reemplazo del Iosper y se convocó a redoblar la movilización para el día en que el proyecto podría quedar convertido en ley. “La vigilia y la carpa instalada la semana pasada, donde nuestros compañeros pusieron el cuerpo bajo lluvia y frío, marcan el pulso del rechazo”, afirmó el comunicado del gremio.

El pronunciamiento cuestiona con dureza tanto el contenido del proyecto como su tratamiento parlamentario. A los legisladores, Agmer les advierte que “tienen la enorme responsabilidad de elegir entre levantar la mano a favor del ajuste y el recorte de derechos, o abrir un debate serio sobre cómo mejorar nuestra obra social para que dé respuestas concretas a los trabajadores”.

En ese sentido, el sindicato considera que la transformación del sistema debe darse a través de un proceso participativo y no con una ley que, según denuncian, “convierte a la obra social en una gerenciadora de intereses privados”. El proyecto OSER, plantean, elimina el control compartido y se autoadministra sin contralor externo efectivo.

Una de las críticas centrales al nuevo esquema es la supresión de los mecanismos de control que hoy rigen en el Iosper. “Nuestra obra social cuenta con auditorías, una Comisión Fiscalizadora con representación del gobierno y el control del Tribunal de Cuentas”, señalaron. En cambio, sostienen que la OSER propone un modelo en el que el mismo organismo que gestiona es también quien se audita, “poniéndose en ambos lados del mostrador”.

Además, el Plenario de Agmer repudió declaraciones recientes del gobernador Rogelio Frigerio y del diputado provincial Gustavo Troncoso, a quienes acusaron de “estigmatizar” a la dirigencia sindical. “Usan frases como ‘se les acabó la joda’ o ‘se terminó el curro’ para desprestigiar a quienes defendemos derechos colectivos. Esa estrategia busca instalar el desprecio por lo público y avanzar con privatizaciones”, manifestaron.

Agmer reiteró su defensa del Iosper como un sistema solidario y con representación de los trabajadores. “Garantiza un trato igualitario para cada grupo familiar, más allá de su composición”, destacaron. Para el gremio, cualquier reforma debe partir de esa base y no de un modelo “impuesto desde arriba y sin discusión”.

Con la sesión prevista para este viernes en la Legislatura provincial, Agmer buscará presionar con su presencia en la calle. En su comunicado, llamó a la docencia y a la comunidad en general a sumarse al acampe en defensa de la obra social que, aseguran, representa un derecho esencial de los trabajadores entrerrianos.

El Impuesto Inmobiliario Rural (IRR) en Entre Ríos llega este año con un incremento que oscila entre el 90% y el 115%. El gobierno provincial justifica la medida como una actualización “moderada” acordada con entidades del campo, y asegura que lo recaudado, estimado en 15 mil millones de pesos, se destinará al mantenimiento y desarrollo de caminos rurales. Sin embargo, el impacto real en las boletas genera malestar en parte del sector productivo.

El anuncio fue confirmado por el director ejecutivo de la Agencia Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell, quien explicó que los aumentos se dividen en dos tramos: uno de hasta el 99% y otro que llega al 115%, dependiendo de la situación fiscal y la valuación productiva de los inmuebles. Según Korell, el 90% del padrón se ubica por debajo del 100% de aumento. “Se aplicó un criterio de equidad fiscal”, sostuvo.

El gobernador Rogelio Frigerio abordó el tema con énfasis durante su exposición en la Jonagro de Confederaciones Rurales Argentinas, donde afirmó: “Subimos los impuestos por debajo de la inflación. Nunca la variable es aumentar la presión fiscal sobre quienes producen alimentos”.

Pese a esa aclaración, los números generan controversia. Para muchos productores, se trata de un ajuste impositivo encubierto, ya que el incremento de 2024 —el primero bajo la actual gestión— ya había sido del 155% promedio, con topes del 190%. Ese salto generó resistencias, especialmente por las condiciones adversas que enfrentó el sector: baja de precios internacionales, aumento de costos y una sequía histórica.

El destino de los fondos es el “Fondo de Desarrollo y Conservación Vial”, que prevé la aplicación exclusiva de lo recaudado en obras de infraestructura rural. Alfredo Bell, subadministrador de Vialidad provincial, detalló que este año se esperan ingresar alrededor de 15 mil millones de pesos, una cifra que duplica los ingresos de 2024, cuando se recaudaron algo más de 7 mil millones. De ese monto, el 50% fue asignado a trabajos de mantenimiento y mejora en los caminos rurales.

La red vial rural de Entre Ríos está compuesta por unos 28.000 kilómetros, de los cuales alrededor de 23.000 son de tierra. La precariedad de estos caminos condiciona la circulación y encarece el traslado de la producción agropecuaria, lo que históricamente generó reclamos por mayor inversión del Estado.

En el período 2015-2019, la participación del campo en el impuesto inmobiliario provincial creció un 57,3%, pero luego cayó al 41,5% en 2023. La tendencia muestra que, aunque el IRR aumentó en términos nominales, su peso relativo dentro de la recaudación total se redujo: pasó del 0,11% en 2015 al 0,04% en 2023.

El actual ajuste busca revertir esa merma. Pero mientras el gobierno defiende el acuerdo con la Mesa de Enlace como una señal de consenso, en el campo persisten dudas sobre la equidad del reparto y la eficacia de la inversión prometida. En un contexto de incertidumbre económica, la discusión sobre cuánto se paga y cómo se gasta vuelve al centro del debate.

Adopción: el camino hacia una familia construida con amor. “A la hora de pensar en la adopción, hay que tener en cuenta las distintas posibilidades”, señaló Anahí Devetter, referente de Familias Entrerrianas Juntas por la Adopción, en diálogo con EL ARGENTINO. “Por ejemplo, adoptar niños mayores o adolescentes, así como la posibilidad de adoptar a un niño o niña con discapacidad, o con una enfermedad tratable o compleja”, destacó.

De hecho, en la última convocatoria del Ruaer, cuya inscripción cerró en mayo, se encontraban en búsqueda de familias para 43 niños y niñas de entre 0 y 12 años, y para 25 adolescentes de entre 13 y 17 años. “La mayoría supera los ocho años o pertenece a un grupo de hermanos. Algunos presentan situaciones de salud que requieren tratamiento”, informaron desde el organismo.

Por otro lado, “la cantidad de inscritos, de familias que buscan adoptar, va variando dependiendo de la época del año y de acuerdo a si hay inscripciones o no, pero normalmente en Entre Ríos tiene entre 300 y 350 familias inscritas en el registro”, según los datos ofrecidos por Devetter. Asimismo, respecto al trabajo de la entidad explicó que la organización sin fines de lucro “funciona como un espacio de encuentro, de contención y de promoción de derechos para familias por adopción y postulantes de la provincia de Entre Ríos”.

“Un sistema de adopción articulado”

Así definió Anahí Devetter al sistema de adopción de Entre Ríos: “Contamos con un registro que incluye equipos técnicos encargados de realizar entrevistas y acompañar las vinculaciones, algo que no sucede en todas las provincias. Comparado con otros sistemas del país, y según lo que escuchamos en foros nacionales, Entre Ríos se encuentra entre los que mejor funcionan en términos de articulación institucional”, destacó.

Pueden adoptar todas las familias que están aceptadas por la ley. Al respecto la referente de la ONG detalló: “esto incluye familias monoparentales, así como parejas de dos mamás, dos papás, o mamá y papá”, explicó Devetter. Además, las familias que ya tienen hijos biológicos también pueden adoptar, así como aquellas que han pasado por un proceso de adopción previo y desean ampliar su familia.

Familias Entrerrianas Juntas por la Adopción

La ONG funciona en Entre Ríos desde hace 12 años. Se trata de un grupo de autogestión. “Cada uno pone lo que puede”, afirmó Anahí. “Nuestra primera reunión fue en Villaguay y, desde entonces, hemos organizado encuentros en distintas localidades de la provincia. Nos reunimos presencialmente cada dos meses, aproximadamente. Por Gualeguaychú estuvimos en varias oportunidades, la última vez fue el año pasado en el Centro Cultural de la Costanera del Tiempo”, recordó Devetter.

El grupo está formado por familias y postulantes del Ruaer que se reúnen para tratar diversos temas. Este año también decidieron hacer jornadas abiertas para la comunidad en general. “Nuestras reuniones se llevan a cabo los domingos y participan familias que ya han pasado por el proceso de adopción, nuestros hijos, personas inscritas en el registro y otros interesados en la temática”, contó la entrevistada.

“Somos familia por adopción”

“Nuestro primer proceso de adopción fue hace 13 años, cuando recibimos a dos hermanos. En ese momento tenían 7 y 9 años, uno de ellos con discapacidad. Nuestro segundo proceso fue hace 6 años, cuando decidimos adoptar un adolescente de 13 años”, recordó Anahí.

Hablar de adopción es hablar de amor, pero también de desafíos. “El tema de la adopción en la familia es muy hablado. La convivencia trae consigo las complejidades naturales de cualquier familia, pero también otras propias de la adopción. Cada niño llega con su historia”, comentó.

En relación a sus hijos la mamá aseguró: “Ellos han aprendido a vivir en una familia, pero nosotros también hemos aprendido a ser su familia. De repente, nos encontramos compartiendo la vida con hijos de diferentes edades, con gustos y necesidades distintas. Aprendimos a ceder, a adaptar nuestras costumbres y a abrirnos a sus historias. Porque la adopción no es solo sumar miembros a una familia, es construir una familia, pieza por pieza”.

“Lo primero que hay que entender es que la adopción no se trata de que un niño encuentre una familia, sino de que una familia encuentre a su niño. Cuando se parte de esa certeza, todo lo demás fluye. Porque adoptar es aceptar, es recibirlos con sus miedos, sus sueños, su esencia. Y al mismo tiempo, ellos nos adoptan a nosotros. Cada día, cada experiencia compartida, cada obstáculo superado, refuerza lo más importante: somos familia”, concluyó Anahí Devetter.

Para realizar consultas, se puede comunicar de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, a los teléfonos: (0343) 4209575/76, por correo electrónico (ruaer@jusentrerios.gov.ar) o a través de mensajes por Whatsapp al 549 343 5329475.

Allende sigue en la mira: el juez Zoff cita a declarar a peritos. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exdiputado provincial José Ángel Allende, líder histórico del gremio UPCN en Entre Ríos, volvió a estancarse una vez más. El juez de Garantías de Paraná, Pablo Zoff, decidió postergar su resolución sobre la situación procesal del exlegislador y convocar a declarar a los tres peritos contables que intervinieron en el análisis de su evolución patrimonial, en una causa que se arrastra desde 2012 y que acumula frustraciones judiciales.

En lugar de definir si dictaba el procesamiento, falta de mérito o el sobreseimiento de Allende, Zoff optó por una nueva ronda de testimoniales. Citó a los contadores que firmaron los informes financieros en torno al abultado patrimonio del dirigente, que fue eje de un escándalo cuando él mismo reconoció en 2020, en un juicio abreviado fallido, que había utilizado fondos públicos para enriquecerse.

Los tres peritos declararán la próxima semana. El miércoles 4 de junio lo hará Diego Saconi, de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, quien sostiene que no hubo inconsistencias. El jueves 5 declarará Héctor Enrique, perito del Ministerio Público Fiscal, que detectó irregularidades en el crecimiento patrimonial de Allende. Por último, el viernes 6 será el turno de Andrea Calello, contadora de la UBA, perito de parte convocada por la defensa, quien también asegura que los números del exdiputado cierran.

En el expediente también están implicados sus dos hijos, Julio y Victoria, su exesposa, Diana Traverso, y su actual pareja, Adriana Satler. Todos fueron citados a declarar pero se ampararon en el derecho a guardar silencio. Allende, en cambio, se presentó ante el juez y expuso un extenso monólogo en defensa propia, haciendo eje en los dictámenes favorables que obran en la causa.

Uno de los elementos más controvertidos es que, en 2020, Allende había admitido en un juicio abreviado no prosperado ante el juez Elvio Garzón que su patrimonio creció más de un millón de dólares sin justificación, y se comprometía a entregar al Estado provincial una mansión en Parque Urquiza valuada en más de 700 mil dólares y una vivienda en calle Laprida por 378 mil dólares. A pesar del acuerdo, el juez lo rechazó y la causa volvió a foja cero.

Una tasación oficial de 2016 estimó que Allende poseía bienes por 2.512.965 dólares, aunque algunos inmuebles no habrían sido incluidos en el relevamiento. En tanto, un informe del Gabinete Técnico Contable del Ministerio Público Fiscal fijó en 1.069.841 dólares el incremento patrimonial injustificado del gremialista.

Durante los últimos años, Allende intentó cerrar la causa en dos ocasiones mediante juicios abreviados. El primero, en 2016, fue frenado por razones políticas internas del peronismo. El segundo, en 2020, fue rechazado por la Justicia por considerar que no se cumplían los requisitos para homologarlo.

La causa, que se tramita bajo el viejo Código Procesal Penal, ha pasado por manos de varios jueces y fiscales sin que se llegue a una definición concreta. Ahora, la expectativa se renueva con la declaración de los peritos, aunque no se descarta que, una vez más, el expediente vuelva a sumirse en la inercia.

Zoff deberá decidir luego si avanza hacia un juicio oral o si concede el sobreseimiento. Cualquiera sea su resolución, podrá ser apelada tanto por la defensa, que encabezan los abogados Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi, como por los fiscales Gonzalo Badano y Sofía Patat. El caso, que nació de una investigación periodística en la Revista Análisis, continúa siendo uno de los más paradigmáticos de presunta corrupción en la política entrerriana reciente.

En medio de una creciente tensión fiscal, los 23 gobernadores provinciales y el jefe de Gobierno porteño fueron convocados este martes a una cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Aunque formalmente el encuentro se titula “Nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de una infraestructura federal”, el telón de fondo es otro: la profunda preocupación por la caída de la coparticipación nacional y el deterioro de las rutas bajo jurisdicción nacional.

La convocatoria busca articular respuestas a la merma en los recursos que la Nación transfiere a los distritos, una situación que se agrava con el freno a la obra pública y el visible abandono de la infraestructura vial. La mayoría de los mandatarios admiten que sus provincias están al límite para afrontar gastos básicos y, sobre todo, el pago del medio aguinaldo.

El malestar, aunque no unificado, se generaliza. En mayo, según datos del IARAF, las provincias y CABA recibieron una coparticipación que ajustada por inflación cayó un 23,3% respecto del mismo mes del año pasado. Un informe de la Comisión Federal de Impuestos va más allá y estima una caída del 4,2% para todo 2025, lo que implicaría una pérdida de unos $2,5 billones, con La Pampa y Santa Fe como las más golpeadas.

En paralelo, los gobernadores denuncian la paralización de rutas nacionales, lo que afecta tanto a la producción como al turismo. El reclamo más fuerte es por la falta de mantenimiento: pastizales sin cortar, banquinas peligrosas y obras iniciadas que nunca se retomaron. "Las provincias no pueden intervenir en rutas nacionales, pero la Nación tampoco lo está haciendo", señalaron desde un distrito del litoral. Río Negro, incluso, anunció que judicializará el reclamo por fondos viales.

Aunque no se espera un documento conjunto –por las diferencias políticas entre los mandatarios–, sí podrían mostrar una foto de unidad institucional. Desde la Casa Rosada bajaron el tono: aseguran que no se trata de una cumbre “anti Milei” y que en recientes reuniones ningún gobernador planteó estas inquietudes de manera directa.

Mientras tanto, Economía propone como paliativo la adhesión a un nuevo blanqueo de capitales, bajo el argumento de que podría dinamizar la actividad y mejorar la recaudación. Algunos mandatarios ya se sumaron, como los peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), mientras otros evalúan hacerlo por necesidad.

La recaudación del IVA –clave en la coparticipación– cayó 1,9% en abril, a pesar del crecimiento general de la economía, y el Impuesto a las Ganancias también se resintió por cambios recientes en el calendario fiscal. Todo esto impacta directamente en las arcas provinciales, que ven cómo la promesa de reactivación económica no se cumple en sus territorios.

El resultado de la cumbre en el CFI será un termómetro del delicado equilibrio político y fiscal entre Nación y provincias, en un contexto donde el federalismo económico parece estar cada vez más en discusión.