Informes técnicos elaborados por el Ministerio de Salud de la Nación y la intervención de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fueron remitidos al fuero judicial para su incorporación en la causa que investiga el funcionamiento del sistema de contrataciones del organismo. La documentación remitida consolida una serie de auditorías administrativas donde se detectaron marcadas diferencias entre los montos abonados por la institución y los precios de referencia de mercado, así como anomalías operativas en el circuito de recepción de insumos médicos.

Entre las actuaciones documentadas se destaca el seguimiento efectuado sobre la provisión de un elemento prostético destinado a un paciente en la provincia de Río Negro. Si bien las constancias administrativas y remitos oficiales archivados en el expediente registraban la recepción conforme del material por parte de la familia del beneficiario, la verificación directa sobre el terreno permitió constatar que la entrega nunca llegó a concretarse. Según detalla el informe institucional, la firma del acuse de recibo se habría obtenido mediante inducción a error durante las etapas previas de toma de medidas técnicas.

Paralelamente, el relevamiento de la ex ANDIS expuso desfasajes en los valores adjudicados para diversas tecnologías médicas en comparación con las licitaciones concretadas por otras dependencias del Estado. En el rubro de válvulas bicavales transcatéter, se constató un contrato adjudicado por 425 millones de pesos frente a procesos similares en el PAMI licitados por 124,2 millones de pesos. Un patrón similar de dispersión de costos se registró en la compra de válvulas pulmonares con variaciones del 711 por ciento, implantes cocleares facturados a un promedio de 62.613 dólares por unidad y adquisiciones de neuroestimuladores con incrementos del 219 por ciento respecto a los valores testigo.

Por otra parte, los auditores identificaron errores de categorización técnica en los pliegos que derivaron en la adquisición de insumos de origen extranjero con diferencias de costos situadas entre el 300 y el 1.000 por ciento en relación con alternativas de fabricación nacional de equivalente especificación. La totalidad de los expedientes, comprobantes y peritajes remitidos por las autoridades sanitarias se encuentran integrados al expediente judicial para el análisis probatorio correspondiente.

Una investigación interna en la Armada Argentina terminó en una denuncia ante la Justicia Federal por un presunto esquema de corrupción vinculado con la liquidación de haberes y viáticos del personal. Según los testimonios que dieron origen al expediente, la maniobra habría funcionado desde 2022 y podría haber provocado un perjuicio cercano a $1.600 millones.

El caso involucra, de acuerdo con la información aportada a la investigación, a alrededor de 25 personas entre oficiales y empleados civiles. La sospecha es que desde el área encargada de las liquidaciones se habrían generado pagos que no correspondían, tanto mediante suplementos salariales como a través de fondos destinados a personas que ya no pertenecían a la fuerza.

La denuncia comenzó a tomar forma cuando al menos siete integrantes de la Armada se negaron a participar de las maniobras y comunicaron las irregularidades a sus superiores. A partir de esos testimonios, el servicio contable de la fuerza elevó la información y se inició una actuación administrativa para revisar las acreditaciones realizadas durante los últimos años.

Uno de los mecanismos bajo investigación está relacionado con los suplementos que se incorporaban a los salarios. Según los denunciantes, algunos agentes recibían montos adicionales y luego se les reclamaba que devolvieran una parte del dinero. Esa diferencia habría sido distribuida entre integrantes del área que intervenía en las liquidaciones.

La investigación también puso bajo la lupa pagos que se habrían realizado utilizando información de personal retirado o que ya había sido dado de baja. La sospecha es que esos datos permitían solicitar fondos para salarios que finalmente no debían ser abonados. De confirmarse, parte del dinero obtenido de esa manera habría quedado fuera del circuito correspondiente.

Los viáticos vinculados con viajes al exterior también forman parte de las irregularidades denunciadas. En esos casos, los testimonios mencionan la posible adulteración de comprobantes y la incorporación de gastos que no se habrían realizado. La documentación contable será uno de los elementos que deberá analizar la Justicia para determinar el alcance de la maniobra.

El expediente también alcanza al funcionamiento del área administrativa encargada de procesar los haberes. Según los testimonios incorporados a la denuncia, personal civil intervenía en la carga de los suplementos mientras oficiales tenían responsabilidades de control y firma, por lo que la investigación deberá establecer qué grado de participación tuvo cada persona y si existió una estructura coordinada para desviar fondos.

La respuesta del Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa confirmó la existencia de una investigación administrativa y señaló que las autoridades detectaron inconsistencias en las acreditaciones de sueldos. Una vez constatadas esas irregularidades, la cartera informó que presentó una denuncia ante el Juzgado Federal N° 2 para que se investiguen los hechos y se determinen las eventuales responsabilidades.

“Se inició una actuación administrativa que permitió determinar inconsistencias en las acreditaciones de sueldos”, indicó Defensa. El Ministerio explicó que, luego de verificar esas irregularidades, decidió recurrir a la Justicia para que avance la investigación, con la garantía del debido proceso.

La cartera que conduce Luis Petri remarcó además que la administración de los recursos públicos constituye una obligación central del área y aseguró que existe “tolerancia cero” frente a cualquier irregularidad en su manejo. En ese sentido, señaló que se adoptarán las medidas que correspondan a medida que avance la investigación.

Ahora será la Justicia Federal la que deberá determinar cómo funcionaba el mecanismo, desde cuándo operaba, cuál fue el monto efectivamente desviado y quiénes participaron. La cifra de $1.600 millones surge de los testimonios que dieron origen a la denuncia y deberá ser corroborada mediante el análisis de las liquidaciones, los movimientos de fondos y el resto de la documentación administrativa.

La investigación se produce además en un momento en que la administración de los recursos de las Fuerzas Armadas se encuentra bajo revisión dentro del Ministerio de Defensa. En este caso, sin embargo, las responsabilidades individuales y el eventual perjuicio al Estado todavía deberán ser establecidos a partir de la investigación judicial.

El tribunal integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg absolvió a Julio De Vido, Carlos Castellano, Daniel Freidin, Daniel Nasif y Karina Nasif. Paralelamente, los magistrados condenaron al exsecretario de Obras Públicas José López y al exsubsecretario Abel Fatala a dos años y nueve meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como coautores de administración fraudulenta. Asimismo, los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender, recibieron penas de dos años y ocho meses y dos años y cuatro meses de prisión en suspenso, respectivamente, en calidad de partícipes necesarios.

En el caso de la condena a Sergio Schoklender, la pena es de dos años y nueve meses de prisión en ejecución condicional, en el marco de la causa penal iniciada para investigar irregularidades en la administración financiera del programa de viviendas «Sueños Compartidos». La resolución judicial atribuye al imputado responsabilidad en el delito de desvío de fondos de origen público destinados a la ejecución de obras habitacionales desarrolladas bajo el amparo institucional de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Luego de la notificación de la sentencia dictada por los integrantes del tribunal, Schoklender brindó declaraciones a los medios de comunicación en las inmediaciones de los tribunales federales de Comodoro Py. Durante el intercambio periodístico, el querellado negó la existencia del desvío de recursos económicos afirmando que la totalidad de los giros financieros cuestionados por la instrucción judicial se encuentran respaldados en los registros contables correspondientes a los servicios de proveedores operados durante el período de su gestión directa al frente de las obras.

El imputado puntualizó que los fundamentos técnicos correspondientes al veredicto emitido por el Tribunal Oral N° 5 serán dados a conocer formalmente en el mes de noviembre. A partir de la lectura de las consideraciones finales de la sentencia, las representaciones legales de las partes involucradas contarán con el marco normativo habilitado para interponer los recursos de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal y, eventualmente, solicitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para determinar la resolución definitiva del proceso penal.

El 8 de septiembre de 1990 se registró en San Fernando del Valle de Catamarca el homicidio de María Soledad Morales, una estudiante de 17 años cuya muerte derivó en un proceso judicial y político de amplia repercusión nacional. La joven fue vista por última vez tras concurrir a una reunión social a la que asistió acompañada por Luis Tula. Dos días después, el 10 de septiembre, empleados de Vialidad Nacional hallaron su cuerpo en las inmediaciones del Parque Daza, con evidencia de haber sufrido graves agresiones físicas y torturas.

Las pericias médicas posteriores determinaron que la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio provocado por una sobredosis de sustancias estupefacientes combinada con el cuadro de shock del ataque. En las primeras etapas de la investigación se señalaron severas irregularidades en el tratamiento de las pruebas y en la preservación de la escena del hallazgo. Estas acciones preliminares, a cargo de las fuerzas de seguridad locales, dificultaron el avance inicial de las actuaciones judiciales y generaron cuestionamientos sobre el accionar de los funcionarios intervinientes.

Ante la falta de avances efectivos, la comunidad local, encabezada por los padres de la víctima y la religiosa Martha Pelloni, organizó las denominadas "Marchas del Silencio". Estas movilizaciones pacíficas buscaron visibilizar el reclamo de justicia y denunciar la presunta protección a personas vinculadas a los círculos de poder político y policial de la provincia. La magnitud social de las protestas motivó la intervención federal de las autoridades nacionales en los tres poderes de Catamarca, así como la remoción de los funcionarios provinciales a cargo del ejecutivo.

El proceso de juzgamiento atravesó diversas complicaciones normativas. Un primer juicio oral iniciado en 1996 fue anulado tras irregularidades en el comportamiento de integrantes del tribunal, las cuales quedaron registradas durante las transmisiones televisivas del debate. Posteriormente, en 1998, un segundo tribunal dictó sentencia condenatoria: Guillermo Luque fue sancionado con 21 años de prisión como coautor de los delitos de violación y homicidio, mientras que Luis Tula recibió una pena de 9 años de prisión por su participación secundaria.

El caso de María Soledad Morales se consolidó como un precedente institucional en la historia judicial del país. La respuesta de las instituciones locales, el rol de los medios de comunicación y la organización civil mediante manifestaciones pacíficas transformaron el hecho en un punto de referencia respecto a las exigencias de transparencia procesal y acceso a la justicia.

La plataforma digital Mi Entre Ríos incorporó cinco nuevos trámites orientados al transporte público de pasajeros, desarrollados en conjunto por la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Modernización y el Ministerio de Economía y Servicios Públicos provincial. La iniciativa busca simplificar las gestiones administrativas para los ciudadanos y optimizar los procesos operativos de las empresas prestadoras del servicio en todo el territorio de Entre Ríos.

Entre las principales novedades para la comunidad, la herramienta habilita un canal totalmente digital para que las y los usuarios de las líneas interurbanas y metropolitanas puedan formalizar denuncias o reclamos ante eventuales irregularidades en los recorridos, frecuencias o condiciones del servicio. Este sistema permitirá contar con registros en tiempo real para mejorar la fiscalización y el control en zonas donde el monitoreo presencial resulta complejo.

Por su parte, los prestadores del servicio de transporte público contarán con la posibilidad de gestionar de forma remota tanto las altas como las bajas del parque móvil de colectivos y la nómina de choferes. La digitalización de estos procedimientos elimina la necesidad de presentar planillas en formato físico y reduce la carga presencial en las mesas de entrada administrativas, garantizando mayor celeridad en la actualización de los datos operativos.

El acceso a estos nuevos servicios se realiza ingresando a la plataforma web oficial o mediante la aplicación móvil disponible para sistemas Android e iOS, requiriendo el inicio de sesión con el CUIT del usuario. Estas funciones se suman a los servicios previamente integrados en el portal, entre los que se destacan la verificación técnica vehicular y la tramitación de franquicias de la tarjeta SUBE. En ese sentido, las autoridades proyectan que para el próximo ciclo lectivo los estudiantes de todos los niveles educativos y los docentes del área metropolitana puedan gestionar sus beneficios tarifarios íntegramente a través de este sistema digital.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con las firmas de los magistrados Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, desestimó las quejas presentadas por las defensas técnicas y ratificó la continuidad de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de obras de dragado gestionadas por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

El expediente judicial tiene su origen en 2019 tras una denuncia promovida por Carlos Jaime Hartwig sobre presuntos delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y abuso de autoridad. El foco de la pesquisa se sitúa en el Concurso de Precios 009/2017 para tareas de dragado y mantenimiento del río, adjudicado a la empresa Jan de Nul por USD 39.998.920, cifra calificada en la causa como un monto "superior a los valores existentes en el mercado, antieconómico y carente de justificación técnica".

En el marco del proceso se encuentran imputados los exdelegados argentinos Mauro Héctor Vazón, Juan Enrique Ruiz Orrico y Jorge Diego Satto, junto a Pieter Jan de Nul. Las defensas habían planteado excepciones de falta de acción e incompetencia territorial invocando la inmunidad de jurisdicción del organismo binacional para apartar a los tribunales locales del caso.

Sin embargo, tras las resoluciones del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, Casación concluyó que las presentaciones no se dirigen contra una sentencia definitiva ni acreditaron un perjuicio irreparable. Con esta resolución, la causa permanecerá en trámite en el fuero federal para la producción de nuevas medidas de prueba.

(Fuente: Análisis Digital)

El plan del Gobierno nacional para deshacerse del patrimonio inmobiliario del Estado avanza a ritmo acelerado. Bajo la premisa de liquidar bienes considerados “ociosos” para reducir gastos, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) encabeza una ofensiva que busca rematar más de 400 propiedades públicas para 2028. Sin embargo, los cuestionamientos legales, las denuncias por irregularidades y las pérdidas patrimoniales irrecuperables comenzaron a generar fuertes tensiones políticas y judiciales.

Hasta el momento, la venta de apenas 32 inmuebles generó ingresos por más de 351 millones de dólares. Entre las subastas más destacadas figuran cotizadas hectáreas del Ejército en el barrio porteño de Palermo —adquiridas por el desarrollador Eduardo Costantini por 127 millones de dólares— y la histórica sede del INTA sobre la calle Cerviño, adjudicada por 81 millones de dólares. El destino de esos fondos desmiente los argumentos oficiales de "auxilio financiero" a las reparticiones: en el caso del INTA, menos del 10 por ciento de lo recaudado regresó al organismo, mientras que el resto fue absorbido de forma directa por el Tesoro Nacional.

El paquete de remates abarca desde el Comando Conjunto de Ciberdefensa en Puerto Madero hasta predios estratégicos de la Armada en Ushuaia, clave para el control del Atlántico Sur y la geopolítica antártica. Asimismo, el desprendimiento de tierras alcanza a campos del INTA, centros de asistencia y farmacias del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), las unidades turísticas de Embalse y Chapadmalal, y terrenos vinculados al desmantelado programa Procrear, como el predio “Paraná” en Entre Ríos.

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad aducen que las enajenaciones ejecutadas mediante los decretos 950/2024 y 322/2026 violan el artículo 75 de la Constitución Nacional, dado que la atribución de disponer de las tierras públicas recae exclusivamente en el Congreso. Además, remarcan que un predio por el que el mercado paga cifras millonarias dista de ser un bien "sin uso", advirtiendo que se financian gastos corrientes sacrificando soberanía territorial.

Por su parte, el rol del Ministerio de Defensa suma un capítulo opaco a la controversia. Frente a pedidos formales de acceso a la información pública sobre el estado patrimonial, equipamiento y personal de las unidades del Ejército y la II Brigada Aérea en la provincia de Entre Ríos, la cartera resolvió denegar los datos invocando la clasificación de "secreto militar" mediante normas dictadas en 1963. Paradójicamente, mientras la ciudadanía y los legisladores no pueden acceder a los registros oficiales de Defensa, el predio entrerriano de 250 hectáreas correspondiente a la brigada aérea ya fue inventariado en la base de datos de la AABE a la espera de su remate.

(Fuente: Analísis)

Auditorías realizadas por el PAMI detectaron presuntas irregularidades en la facturación de prestaciones médicas en distintas provincias del país, incluyendo consultas incompatibles con las horas de atención declaradas por los profesionales y órdenes médicas emitidas a nombre de afiliados fallecidos. Las maniobras investigadas podrían haber generado un perjuicio económico de cientos de millones de pesos para la obra social de los jubilados.

Las anomalías fueron detectadas en expedientes tramitados en Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Córdoba, entre otras jurisdicciones. Como consecuencia, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) presentó denuncias penales, rescindió contratos y dispuso retenciones preventivas de pagos mientras avanzan las investigaciones.

Según trascendió, al menos siete profesionales quedaron bajo la lupa por presuntas maniobras irregulares vinculadas a la facturación de consultas y prácticas médicas.

Bajo investigación

Uno de los expedientes más relevantes involucra a un cardiólogo de la localidad santafesina de Acebal, identificado por las iniciales M.G.A., quien fue allanado por la Policía Federal Argentina en el marco de una investigación judicial.

De acuerdo con la documentación analizada, el profesional habría informado la atención de más de 5.000 afiliados y la realización de más de 50.000 estudios y prácticas médicas entre 2023 y 2025. La situación llamó la atención de los auditores debido a que una importante cantidad de esos pacientes residía en otras provincias.

La maniobra investigada tendría un impacto económico cercano a los 700 millones de pesos. De ese total, aproximadamente 580 millones ya habrían sido abonados por la obra social.

Consultas imposibles y pacientes fallecidos

Las auditorías aplicaron un criterio uniforme para detectar inconsistencias. Los especialistas compararon la cantidad de consultas facturadas con la capacidad máxima de atención que cada médico podía brindar según las horas de trabajo declaradas en el sistema institucional.

En el caso del cardiólogo investigado, una primera auditoría realizada en enero de 2025 detectó que diez afiliados desconocían haber sido atendidos por el profesional pese a que existían órdenes médicas electrónicas emitidas a su nombre.

Además, los investigadores encontraron prácticas médicas supuestamente realizadas y facturadas a pacientes de otras jurisdicciones e incluso órdenes electrónicas emitidas a nombre de afiliados que ya habían fallecido.

Otro expediente, correspondiente a un profesional identificado como M.A.C. en Córdoba, reveló que se registraron órdenes médicas electrónicas el 14 de noviembre de 2024 pese a que el afiliado involucrado había sido dado de baja por fallecimiento seis días antes.

Retenciones, débitos y denuncias penales

Las restantes auditorías también detectaron diferencias entre las consultas declaradas y la capacidad operativa de los prestadores. Como resultado, el organismo dispuso débitos sobre liquidaciones ya presentadas y suspendió pagos preventivamente en algunos casos.

Entre los expedientes revisados figuran profesionales identificados como J.R.C., M.A.D.C., G.M.M., A.R.S. y L.B.S., quienes quedaron alcanzados por distintas medidas administrativas derivadas de las investigaciones, indica Infobae.

En uno de los casos, las prestaciones correspondientes a agencias de Lanús, San Justo y Quilmes permanecen bajo revisión, por lo que los pagos fueron retenidos hasta la finalización del proceso de auditoría.

Desde el PAMI señalaron que las investigaciones continuarán para determinar el alcance de las presuntas maniobras y establecer las responsabilidades correspondientes en cada expediente.

El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos anunció la apertura del concurso público de antecedentes y oposición para integrar la Fiscalía Anticorrupción, un organismo previsto en la Constitución provincial desde 2008 y creado por ley en 2022. El proceso busca cubrir cuatro cargos, entre ellos el de fiscal anticorrupción, fiscales adjuntos en Paraná y Concordia y un fiscal auxiliar. La inscripción estará abierta entre el 16 de junio y el 20 de julio.

La Fiscalía Anticorrupción tiene como misión investigar y acusar delitos contra la administración pública, incluyendo la conducta de funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado, municipios y comunas, además de empresas vinculadas. Su puesta en marcha se demoró por impugnaciones en concursos anteriores, lo que mantuvo en suspenso un área clave para el control institucional.

Entre los expedientes que deberá abordar se encuentran investigaciones por enriquecimiento ilícito que alcanzan a ex gobernadores Gustavo Bordet y Sergio Urribarri, al ex senador nacional Edgardo Kueider, al ex ministro Pedro Báez y a ex autoridades de la Caja de Jubilaciones y Sidecreer. También figuran los ex senadores Aldo Ballestena y Hernán Vittulo, y el intendente de Santa Elena, Domingo Rossi, imputado además por peculado.

La Fiscalía tendrá que intervenir en las causas conocidas como “Contratos 1 y 2” por desvío de fondos de la Legislatura, así como en la investigación contra el dirigente sindical José Allende por negociaciones incompatibles con la función pública. A esto se suman expedientes recientes sobre irregularidades en la Dirección de Comedores Escolares, el programa Jóvenes Emprendedores y la Dirección Provincial de Vialidad.

La licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, eje estratégico para el comercio exterior argentino y regional, continuará su curso pese a las denuncias por presuntas irregularidades. El juez federal Daniel Rafecas rechazó este jueves las medidas cautelares solicitadas para suspender el proceso, en una resolución de 15 páginas que se alinea con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan.

El magistrado recordó que las medidas cautelares contra el Estado deben aplicarse con “máximo grado de prudencia” para evitar excesos jurisdiccionales que menoscaben las funciones administrativas. Por ello, resolvió “no hacer lugar” a las cautelares pedidas y ordenó remitir nuevamente el expediente a la Fiscalía Federal para que continúe la investigación.

La causa se inició el 11 de mayo con la denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien afirmó que la licitación habría sido direccionada para favorecer a un grupo de beneficiarios. Entre sus acusaciones, señaló que el pliego estaría confeccionado “a medida” para excluir a empresas chinas, que existirían socios ocultos detrás de la empresa belga Jan de Nul y que incluso se habría incorporado documentación falsificada atribuida a la ONU.

Pagano denunció posibles delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y asociación ilícita. A su presentación se sumó la de Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quien advirtió que la maniobra implicaría un perjuicio proyectado de 7.000 millones de dólares a lo largo de la concesión. También apuntó contra el asesor presidencial Santiago Caputo, el ministro de Economía Luis Caputo y otros funcionarios vinculados al área portuaria.

Rafecas terminó alineándose con ese criterio, reforzando la presunción de legitimidad de los actos administrativos y la aplicación restrictiva de medidas cautelares contra el Estado.

La Hidrovía Paraná-Paraguay es la principal vía de salida de las exportaciones argentinas, por donde circula cerca del 80% del comercio exterior. Su licitación, que involucra a empresas internacionales y despierta fuertes intereses económicos, se encuentra atravesada por cuestionamientos políticos y judiciales.

La decisión de Rafecas garantiza la continuidad del proceso, aunque las denuncias seguirán siendo investigadas por la Fiscalía. El desenlace de esta causa será clave para definir el futuro de una infraestructura estratégica para la región y para la economía nacional.

El Consejo General de Educación (CGE) resolvió desplazar de sus cargos a la directora Departamental de Escuelas de Colón, Lina Bosch, y a la coordinadora departamental de Educación de Jóvenes y Adultos, Claudia Paola Rodríguez, luego de que se detectaran irregularidades vinculadas a nombramientos dentro del organismo.

La decisión fue tomada por el presidente del CGE, Carlos Cuenca, quien además dispuso la baja del nombramiento de Lina Abril Bosch, hija de la exfuncionaria, que había sido designada como capacitadora sin contar con título habilitante.

Desde el organismo provincial indicaron que las medidas fueron adoptadas tras un informe técnico elaborado por la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, solicitado luego de que la situación tomara estado público a través de medios de comunicación.

Según señalaron oficialmente, las irregularidades fueron confirmadas y se actuó para “garantizar la transparencia y la ética en la gestión pública”.

Además, desde el CGE adelantaron que continuarán las actuaciones administrativas para determinar si existen otras responsabilidades vinculadas al caso y aseguraron que se agotarán todas las instancias necesarias de investigación.

En los próximos días, el organismo dará a conocer quiénes ocuparán los cargos que quedaron vacantes tras las remociones.

A su regreso de Los Ángeles, el Presidente prometió asistir junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a la reunión de ministros prevista para el viernes por la tarde.

Allí se escucharían, según fuentes del oficialismo le contaron a LA NACION, pedidos concretos para que el Presidente y su hermana, Karina Milei, determinen el paso al costado de Adorni, acosado día a día por nuevas revelaciones sobre su patrimonio y gastos, en el contexto de la causa por enriquecimiento ilícito a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Una de las voces que, según esas fuentes, se oirán en presencia de Adorni y el propio Milei, será la de Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual jefa del bloque de senadores de la Libertad Avanza. “Patricia ya le dijo al Presidente lo que piensa y lo que cree que hay que hacer. El viernes lo va a repetir”, anticipan cerca de la exministra, que ayer, en el contexto de una breve gira por Chile, se reunió con el presidente José Antonio Kast.

En otra muestra de su disposición al juego propio, la senadora organizó la semana pasada otra reunión con el Partido Nacional, de Uruguay, y sostiene desde hace días una agenda personal, alejada de la polémica por las desventuras judiciales del jefe de Gabinete.

Y días atrás se saludó de modo afectuoso, en la cena de la Fundación Libertad, con el expresidente Mauricio Macri, alejado de Balcarce 50 y quien en noviembre pasado le manifestó a Milei su rechazo a que Adorni reemplace a Guillermo Francos como jefe de Gabinete. Ocurrió en la última reunión que sostuvieron ambos, en la quinta de Olivos.

¿Bullrich pidió permiso en Casa Rosada? “No le pide permiso a nadie, tampoco hizo una actividad secreta. Y elogió al Presidente siempre”, corroboran en el entorno de la exministra, de vínculo oscilante con la secretaria general de la Presidencia, más allá de la reciente foto conjunta, de la que participaron otros dirigentes porteños como Pilar Ramírez.

Otro recién llegado al espacio, el ministro del Interior, Diego Santilli, se ocupa de modo discreto del vínculo con los gobernadores, aunque también sostuvo una agenda diferenciada: estuvo por la tarde de ayer en la sede de Pro en un encuentro con intendentes bonaerenses del macrismo, aún aliado de La Libertad Avanza en ese distrito. “No creo en las condenas mediáticas”, dijo el exvicejefe da gobierno porteño de Pro, cuando ingresaba a la sede partidaria de Balcarce al 400, a modo de diplomática respuesta. Uno de los presentes afirmó a este diario que en la reunión “no se habló de Adorni”, pero que Santilli intentó tranquilizar los ánimos al hablar de “datos positivos” de la economía en los meses futuros.

En los despachos de algunos otros ministros afirman en voz baja que las respuestas dadas por Adorni, incluida la conferencia de prensa en Casa Rosada, el lunes pasado, no fueron convincentes. “Si tenés las pruebas [de tu inocencia] te juntás con los periodistas y se las mostrás”, agrega otra fuente cercana a Bullrich, que tampoco –según pudo saber LA NACION– estuvo de acuerdo con el cierre de la sala de periodistas de la Casa Rosada, decretado por el Gobierno, que se mantuvo durante once días, desde el 23 de abril hasta el lunes pasado.

De todos modos, y aunque en el Gobierno no se habla casi de otro tema que no sea la situación de Adorni y cómo complica al Gobierno, el consenso generalizado es que Milei no se desprenderá, al menos por el momento, de su jefe de Gabinete, coincidiendo con las voces que, dentro del mismo gabinete, le sugieren que no lo haga, ya que –como le habría expresado uno de sus ministros– “si entregás a Adorni a los medios y la oposición, el próximo sos vos”.

“Hace sesenta días que Javier y Karina bancan a Manuel. No cambió ni va a cambiar”, comentó ayer una alta fuente del oficialismo, con el rostro surcado por la preocupación y números que reconocen una caída de “entre siete y ocho puntos” de la imagen del Gobierno y la del propio Presidente desde que estalló el caso. Fue en la misma jornada en la que la Casa Rosada, a través de las redes sociales y sentencias off the record, intentó deslegitimar el testimonio de Matías Tabar, el contratista encargado de las refacciones en la casa que los Adorni adquirieron en el country Golf Club Indio Cua, quien declaró haber recibido US$245.000 en efectivo del jefe de Gabinete.

El ministro de Economía, Luis Caputo, que acompaña al Presidente en Los Angeles, rechazó versiones sobre un supuesto pedido a los Milei para apartar a Adorni, y lo calificó en entrevistas recientes como una persona “íntegra” y “trabajadora”.

También Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, apoyó al jefe de Gabinete, mientras circulan rumores que le asignan posibilidades de reemplazar a Adorni, sobre todo después de su reunión con Karina Milei, anteayer en el Congreso.

Mientras cerca de Adorni afirman que las explicaciones estarán el 31 de julio, cuando el jefe de Gabinete presente su declaración jurada de bienes, crece la preocupación por el daño político del caso. “Adorni es Milei, es Karina Milei, fue vocero, candidato, es jefe de Gabinete. No sé cómo se saldrá a hacer campaña después del Mundial de fútbol”, afirmaron cerca de un ministro con trayectoria política, que ya mira el complicado horizonte hacia 2027.

“Durante el Mundial, con la gente en otra cosa, debería haber cambios”, afirma el referente libertario, a la espera de terminar, cuando menos durante el junio mundialista, con la lenta pero sistemática aparición de pruebas y testimonios que complican al jefe de Gabinete.

La causa que involucra al Parque Industrial de Gualeguaychú continúa avanzando bajo estricta reserva judicial. Tras la audiencia pública realizada a fines de abril, el juez federal Hernán Viri decidió decretar el secreto de sumario, una medida que busca preservar la investigación y evitar filtraciones que puedan entorpecer el proceso. El eje del conflicto gira en torno al funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes, cuestionada por presuntas irregularidades que podrían afectar tanto al ambiente como a la salud de la población.

La postura de la fiscalía generó un fuerte contrapunto con los representantes de Codegu, la corporación que administra el Parque Industrial. Desde la entidad sostuvieron que la planta funciona correctamente y que cumple con los estándares establecidos. Aseguraron que la clausura sería una medida desproporcionada, con consecuencias negativas inmediatas: paralizar el sistema, advirtieron, podría derivar en un “caos operativo, sanitario y ambiental” que impactaría directamente en la calidad de vida de los vecinos. Para Codegu, la continuidad de la planta es indispensable para evitar que los residuos industriales se viertan sin control.

Las denuncias iniciales señalaban fallas en el sistema desde febrero de 2025 y una paralización total en mayo de ese año, atribuida a la falta de mantenimiento y control por parte de las industrias del predio. Desde entonces, la investigación se ha profundizado con pericias técnicas y declaraciones de especialistas del Departamento Ambiental de la Policía Federal. El juez Viri, en entrevistas previas, reconoció que “la situación del lugar es preocupante” y que la presencia de bacterias en el agua constituye un factor de riesgo que no puede ser desestimado.

Ahora, con el secreto de sumario decretado, la causa entra en una etapa decisiva. El magistrado deberá evaluar si da lugar al pedido de clausura formulado por la fiscalía o si considera suficientes las garantías ofrecidas por los empresarios. La resolución tendrá un impacto directo no solo en el funcionamiento del Parque Industrial, sino también en la comunidad de Gualeguaychú, que sigue con atención cada paso del proceso. La tensión entre la necesidad de preservar el ambiente y la continuidad de la actividad económica marca el pulso de un conflicto que aún no encuentra solución definitiva.

En medio de las denuncias y las dudas sobre su patrimonio, Manuel Adorni volvió a hablar en conferencia de prensa en Casa Rosada. Según se informó, en la primera parte de su presentación, el Jefe de Gabinete hizo un repaso de las últimas noticias de la gestión y luego respondió preguntas de los periodistas acreditados.

Antes de iniciar la ronda de consultas, aclaró que no iba a evacuar dudas sobre cuestiones personales que puedan entorpecer la investigación judicial, pero volvió a negar irregularidades sobre sus viajes al exterior: “No fueron financiados por terceros ni obsequios de ningún tipo y el Estado no registra pagos por mis viajes. Nunca existió ocultación alguna”, enfatizó al explicar el origen de los fondos utilizados en sus traslados familiares.

Sin embargo, una de las respuestas de Adorni se dio sobre el final de la rueda de prensa, cuando respondió inquietudes sobre el presunto uso indebido de fondos públicos y el alcance de la seguridad oficial para él y su familia, que incluiría recursos oficiales como autos o custodia, fuera de su horario laboral.

En ese sentido, el funcionario afirmó que estas medidas se ajustan estrictamente al marco legal y son prácticas habituales en el mundo: “Que los principales funcionarios de un gobierno y sus entornos familiares tengan seguridad y custodia es una práctica habitual, no solo acá, sino en el resto del mundo. Es un tema de seguridad nacional, y además se cumple siempre con la normativa aplicable”.

El funcionario recordó además episodios que sufrió con su familia apenas asumió: “No sólo recibimos amenazas, sino que además vivimos un episodio de violencia en la vía pública".

Al respecto, el jefe de Gabinete subrayó: “El miércoles, en la extensa jornada en el Congreso Nacional, quedó más claro que nunca por qué esa seguridad es legítima cuando cierto diputado (por Rodolfo Tailhade) casi que hizo una confesión de que están espiando, en este caso, a la esposa del jefe de Gabinete, que vengo a ser yo, pero que claramente eso puede extenderse a cualquier funcionario del Gobierno”.

Adorni negó que existan excepciones a lo dispuesto por la ley en estos aspectos. “No hay nada que ocurra fuera de la normativa en ninguna materia, pero menos aún en materia de seguridad, donde somos especialmente cuidadosos”, enfatizó.

En cuanto a las denuncias por su patrimonio, Adorni aclaró también que, aunque ya dio detalles públicamente, está dispuesto a acudir ante los tribunales si así se requiere: “Ya di las explicaciones, pero si tengo que dar más explicaciones en la Justicia, lo haré”, garantizó.

Sobre la información aún pendiente respecto del estado de sus bienes, el jefe de Gabinete precisó: “Aún no venció el plazo de mi última declaración jurada, ahí estará mi patrimonio actualizado”.

En el mismo sentido, Adorni dejó claro que va a cumplir los plazos previstos: “Mi declaración jurada va a estar presentada como siempre, en tiempo y forma”.

Consultado en varias ocasiones sobre los cuestionamientos a su patrimonio y las denuncias judiciales, Adorni sostuvo que ya se había explayado de manera pública ante los representantes legislativos: “Todas las explicaciones fueron dadas el 29 de abril en mi exposición en la Cámara de Diputados”, subrayó.

En otro orden, afirmó que su presencia en la sala tenía que ver con reactivar el uso del espacio para la prensa. “Quise venir a dar la conferencia, no para dar una bienvenida sino para restablecer el funcionamiento de la sala. Cuando Casa Militar considere que no hay ningún riesgo de que vuelva a haber filmaciones, los protocolos se van a ir actualizando y modificando”, especificó.

Al referirse a la dinámica de las conferencias, el jefe de Gabinete avanzó sobre la posibilidad de adoptar cambios en el método de preguntas para garantizar la participación de todos los periodistas presentes: “En este nuevo orden que estamos teniendo y para en algún momento poder ampliar las preguntas, respeten que sea una por periodista. Por ahí vamos a poder llegar al punto en que puedan preguntar todos”.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se presentará este jueves a las 12 a declarar en los tribunales del Fuero Penal Económico en el marco de la causa por la supuesta retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos.

La declaración ante el juez en lo penal económico Diego Amarante está prevista para las 12, luego de que este miércoles hiciera lo propio el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien presentó un escrito como parte de la misma investigación.

La investigación busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político.

La defensa de Tapia había solicitado sin éxito que se declarara la nulidad de su citación a declaración indagatoria.

El juez también prohibió a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, aunque luego le otorgó a Tapia el permiso correspondiente.

Qué se investiga

La causa investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Como parte de esta situación, el pasado fin de semana hubo un paro del fútbol en todas las categorías en apoyo de los clubes a la AFA ante lo que consideran una iniciativa de cáracter político impulsada por la gestión de Javier Milei en medio de la pugna por la puesta en marcha de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas), que el Gobierno promueve y Tapia y compañía rechazan

Este lunes 16 de febrero se presentó ante la Cámara Criminal y Correccional Federal una denuncia penal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y otros funcionarios, por presunta omisión de publicación en la web de la Oficina Anticorrupción (OA), prevista en el Decreto 202/2017. La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de Reset Republicano, agrupación política que se define como comprometida con la lucha anticorrupción.

La denuncia apunta a la contratación de Cancillería con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad dirigida por María Josefina Rouillet, cónyuge del ministro. El contrato, adjudicado el 19 de enero de 2026 mediante la Disposición 21/2026, ascendió a $114.044.133, con opción de prórroga, para la continuidad del servicio de capacitación en inglés del personal de Cancillería en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027.

Según el escrito, la propia disposición consignó que de la Declaración Jurada de Intereses surgió un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger, lo que activó los procedimientos de integridad: comunicación a OA y SIGEN, sugerencia de un Pacto de Integridad y publicación de actuaciones en el sitio del ministerio. Sin embargo, los denunciantes sostienen que al consultar el buscador de “Casos informados a la OA” constataron que, al 15 de febrero de 2026, no figuraban publicaciones registradas sobre la recepción de la declaración jurada, lo que afectaría un requisito clave de transparencia.

El escrito encuadra los hechos en los posibles delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal) y negociaciones incompatibles (art. 265). Además, se menciona un antecedente de 2024 con “idénticos contratantes”, y se solicita verificar si correspondía una actualización de la declaración jurada y si esta fue publicada en tiempo y forma.

La denuncia también cita la cobertura de medios como la Agencia Noticias Argentinas y Página 12, que dieron cuenta del caso. En respuesta, el canciller Pablo Quirno negó irregularidades, afirmó que Cancillería contrata a la AACI desde 2018 y aseguró que, por existir vínculo familiar, se activó el procedimiento de integridad con intervención de OA y SIGEN.

Con esta presentación, el tema ingresa en la órbita judicial y abre un nuevo capítulo en torno a la transparencia de las contrataciones estatales y el rol de los organismos de control.

A partir de este año, ARCA pondrá en marcha un nuevo mecanismo de control que habilita el bloqueo automático de tarjetas, transferencias y billeteras virtuales para personas y comercios con inconsistencias impositivas. El esquema, que forma parte de una estrategia de fiscalización más estricta, busca restringir operaciones electrónicas cuando se detecten situaciones de riesgo fiscal.

La decisión impactará directamente en el uso cotidiano del sistema financiero, ya que contempla la suspensión de pagos digitales, cobros con QR y movimientos bancarios. De esta manera, quienes figuren con alertas podrían encontrar limitaciones para operar hasta tanto regularicen su situación ante el organismo.

Desde el ente señalaron que el objetivo es reforzar la prevención de la evasión y el uso irregular de dinero electrónico, aplicando bloqueos de forma operativa cuando se identifiquen incumplimientos relevantes.

El nuevo régimen no abarcará a todos los contribuyentes. Según se informó, la medida estará dirigida exclusivamente a quienes integren la denominada Base de Contribuyentes no Confiables, un registro interno donde se incluyen CUIT con incumplimientos fiscales o desfasajes significativos.

En esa nómina figuran personas físicas y jurídicas con deudas, omisiones en declaraciones juradas o diferencias marcadas entre los ingresos declarados y los movimientos reales detectados por el sistema financiero.

Cuando un CUIT ingresa a esa base, los bloqueos se activan de manera inmediata con intervención coordinada del Banco Central de la República Argentina, que comunica la medida a bancos, emisores de tarjetas y fintech.

En la práctica, el alcance es amplio. El organismo podrá impedir transferencias bancarias, pagos y cobros mediante códigos QR, uso de tarjetas de crédito, débito o prepagas, además de movimientos a través de billeteras virtuales.

También se verán afectados los cobros electrónicos en comercios físicos y tiendas online, lo que podría generar complicaciones operativas para pequeños negocios que dependan casi exclusivamente de medios digitales.

Las restricciones se mantendrán vigentes hasta que el contribuyente regularice su estado administrativo. Para ello, se habilitó un apartado específico donde se podrá presentar documentación y gestionar la corrección del CUIT.

Durante el jueves se realizaron operativos de control en talleres mecánicos de motos en distintos puntos de la ciudad. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía, en conjunto con áreas municipales, y se controló documentación comercial y el estado de motocicletas, con actas de intimación.

El operativo se enmarcó en una serie de acciones orientadas a reforzar los controles y prevenir irregularidades vinculadas a la circulación y reparación de motos, en talleres mecánicos ubicados en distintos sectores de la ciudad.

Los procedimientos comenzaron poco después de las 17 y estuvieron a cargo de personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, que trabajó de manera conjunta con Inspección Municipal, la Dirección de Tránsito y el Verificador Policial. El despliegue tuvo como finalidad principal constatar el cumplimiento de la normativa vigente, tanto en lo referido a la habilitación comercial de los establecimientos como a la identificación y verificación de los rodados presentes en los talleres.

El primer control se realizó en un taller ubicado en inmediaciones de las calles Urquiza y Las Lilas. Allí, los inspectores constataron que el propietario del lugar, un joven de 25 años, no contaba con la documentación habilitante correspondiente para el funcionamiento del comercio. Ante esta situación, personal de Inspección Municipal labró un acta de intimación, otorgando los plazos administrativos previstos para regularizar la situación. En ese establecimiento se procedió además a la identificación de cuatro motocicletas.

Posteriormente, el operativo continuó en un segundo taller situado en inmediaciones de Rebori y Doello Jurado. En este caso, el local era propiedad de un joven de 23 años, quien tampoco pudo acreditar la documentación exigida por la normativa municipal, motivo por el cual se labró una nueva acta de intimación. En este lugar se identificaron seis motos, una de las cuales fue retenida por presentar diversas irregularidades.

Según se informó oficialmente, el rodado retenido incumplía la Ordenanza Municipal vigente, ya que carecía de espejos reglamentarios, presentaba el escape modificado, no tenía chapa patente colocada y contaba con el seguro obligatorio vencido.

Finalizadas las actuaciones, las autoridades indicaron que no se registraron otras novedades de relevancia y que los controles continuarán desarrollándose en el marco de los operativos programados, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas y mejorar la seguridad vial en la ciudad.

El edil de Gualeguaychú realizó una entrevista con el programa de radio de Paraná “A Quien Corresponda” de Radio Plaza 94.7, y señaló que en la Municipalidad “no hay un solo peso que ingresa de ningún tipo de programa nacional o provincial que pueda aumentar el presupuesto municipal o que se baje algún tipo de obra nacional o provincia, es decir que de gestión no hay absolutamente nada”.

Y en relación a la planta de asfalto, Zapata aclaró que, si bien es positiva su reinstalación y transformación, “es una planta que no estaba parada, sino que producía asfalto y ahora lo va a hacer en mejores condiciones. De todos modos, hemos visto decretos de fines de 2025 donde se compra asfalto, así que tampoco tenemos claro realmente cuánto produce y cuánto se sigue comprando de este recurso”.

Al respecto, dijo que “no hay predisposición en general para dar información; hace ya mucho tiempo que pedimos información sobre distintos temas que han generado dudas en el bloque y no hemos obtenido ningún tipo de respuesta, sobre todo de cosas muy importantes”.

“Hubo una información periodística de un medio local que contaba que una cooperativa llamaba la atención porque era la que más obras se le daba, que en 2025 y parte de 2024 llevaban asignados cerca de 400 millones de pesos en obras, de los cuales 105 millones de pesos fueron ejecutados mientras esa cooperativa tenía la matrícula vencida y, por casualidad, esa matrícula está a nombre de una persona de apellido Basaldúa que es hermano de una concejal del oficialismo y que ha tenido en su momento vínculo con el secretario de Gobierno, Luciano Garro”, resaltó Zapata.

Y agregó: “Más allá de esos montos impresionantes asignados a una sola cooperativa también hay dudas en relación a algunas obras donde todo indica que podría llegar a haber sobreprecios, como el caso de puertas de emergencia del Polideportivo, baños que se hicieron en el Corsódromo, obras en el complejo de la Caja de Jubilaciones Municipal. La realidad es que no tenemos suerte en relación a los pedidos de informe en general que se presentan cuando hay algún tema en discusión, y cuando tuvimos dudas en su momento en relación a actitudes que han tomado algunos concejales tampoco han sido respondidas. Hubo una acusación, con información muy cercana, que decía que un concejal estaba robando luz de la cooperativa eléctrica y tampoco nos quisieron dar la información. Le ofrecimos al concejal que permitiera que la Cooperativa Eléctrica lo hiciera y por supuesto que no nos facilitó el aval. En resumen, venimos manejándonos con muchas dudas y con pocas respuestas”.

Respecto de las dudas sobre obras, indicó que “más allá de que no publican el total de los decretos, porque sigue habiendo decretos de 2024 y 2025 sin publicar, y van publicando de manera irregular, no están correlativos, pero lo que cuento está corroborado por decretos donde están los pagos a la cooperativa. Estos montos que conocemos hasta hoy de 400 millones y esos 105 millones pagados a la cooperativa en periodos de tiempos donde la cooperativa tenía la matrícula suspendida, si bien surgió de una información de un medio local, nosotros corroboramos los decretos”.

En relación con los supuestos sobreprecios, ahondó: “Al Polideportivo que construyó la gestión anterior le faltaba colocar las puertas de emergencia y, en su momento, cuando una productora trajo dos espectáculos importantes a Gualeguaychú, una funcionaria del Ejecutivo salió a decir que se le cedía en préstamo el Polideportivo a esa productora porque se iba a hacer cargo de la obra de las puertas. Pero después corroboramos que los pagos de las puertas salieron del municipio, no lo hizo la productora, y por información que tenemos de personas vinculadas a la construcción, el monto que habría salido la colocación de esas puertas estaría muy por debajo de lo que pagó el municipio”. Análisis

Este lunes a las 11 venció el plazo que tenía la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la provincia para realizar la convocatoria a sus integrantes para abordar el dictamen de mayoría que rechazó los pedidos de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, y en consecuencia los pedidos se archivaron, según precisaron allegados al complejo y poco claro proceso que comenzó con una denuncia por supuestas ausencias injustificadas de la jurisdicción por capacitaciones en el país y el exterior y continuó con otra por un aludido atraso en el despacho de la vocal que se desempeña como presidenta de la Sala N.º 3 del Trabajo.

Hubo una tercera denuncia posterior que se rechazó in limine en la sesión especial de la Cámara Baja que se realizó el 26 de diciembre. La firmó Marta Cecilia Miño, abogada y contadora, que fue escribiente titular de la Sala en lo Civil y Comercial del STJ. Denunció que fue víctima de mobbing (acoso laboral), signado por razones discriminatorias y de persecución por razones políticas.

La no convocatoria de la Comisión a sus integrantes tiene un antecedente. Fue el 23 de diciembre, cuando la comisión de investigación de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento emitió un dictamen de mayoría que determinó que “de las denuncias examinadas se observa que no existe daño institucional, no existe afectación del servicio de justicia, no existe retardo, negligencia, abandono del cargo ni incumplimiento funcional alguno”.

Asimismo, se señaló respecto de las ausencias aludidas que “no es una cuestión opinable ni valorativa: se encuentra objetivamente acreditada mediante informes oficiales, estadísticas funcionales, memorias institucionales y constancias administrativas que dan cuenta de un desempeño regular, continuo y eficiente de la función jurisdiccional” y se consideró que “las denuncias examinadas, en definitiva, no formulan cargos jurídicos, sino juicios de valor; no acreditan irregularidades, sino sospechas; no aportan pruebas, sino opiniones”.

Prueba inexistente

El dictamen del 23 de diciembre consideró que “… por ello, del análisis exhaustivo, integral y razonado de las denuncias promovidas, de los hechos invocados, de la prueba acompañada —y, especialmente, de la prueba inexistente—así como del plexo constitucional, legal, reglamentario y jurisprudencial aplicable, podemos concluir que no admite matices ni ambigüedades: las presentaciones bajo examen no solo carecen de contexto, sustento fáctico y asidero jurídico, sino que constituyen un intento manifiestamente improcedente de instrumentalizar el juicio político como herramienta de presión y persecución institucional contra la independencia de una jueza”.

En otro párrafo se aseguró que “las imputaciones formuladas no describen hechos concretos, no individualizan actos jurídicamente reprochables, no identifican normas vulneradas ni acreditan daño alguno al servicio de justicia. Se trata, antes bien, de una construcción discursiva artificiosa, fragmentaria y conjetural, apoyada en notas periodísticas, inferencias subjetivas y lecturas parciales del orden normativo, que desnaturaliza el instituto del juicio político y lo vacía de su finalidad constitucional, transformándolo en un mecanismo de hostigamiento incompatible con el Estado de Derecho”. (Fuente: APFDigital)