Un estudio elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) midió la incidencia del flete en el precio final de tres productos de la canasta básica: aceite, yerba mate y azúcar. Los resultados indican que la participación del transporte se ubica entre el 1,78% y el 5,13% del valor minorista, según el producto y la distancia recorrida.

El análisis tomó como referencia valores de góndola de marcas líderes en canales minoristas, con IVA incluido, y tarifas reales de transporte desde la planta productora hasta los centros de distribución en Buenos Aires. Para garantizar representatividad territorial, se consultaron promedios tarifarios de tres cámaras regionales asociadas a la Federación, con presencia en distintos polos productivos del interior del país.

La metodología excluyó promociones y descuentos estacionales con el objetivo de reflejar el costo estructural puro de la operación. Este criterio permite aislar la variable logística del comportamiento coyuntural del mercado y obtener una lectura más precisa sobre el peso efectivo del flete dentro de la cadena de valor de cada uno de los productos seleccionados para el análisis.

Los datos tarifarios surgen de promedios reportados por la Asociación Misionera de Transportistas de Carga (AMITRAC), el Centro de Transportistas de Cargas de Cañuelas (COCATRA) y la Asociación de Transportadores de Cargas de Tucumán (ATC Tucumán). La diversidad geográfica de estas fuentes fortalece la validez del análisis al incorporar distintas realidades operativas y de infraestructura vial regional.

En el caso de la yerba mate, el costo para trasladar una tonelada desde una planta productora en Misiones hasta un centro de distribución en Buenos Aires —un recorrido de 1.200 km— asciende a $87.620. Con un precio de góndola de $4.919 por kilo, el componente logístico representa el 1,78% del valor final que abona el consumidor en el canal minorista.

El aceite registra una incidencia comparable. Transportar una tonelada desde la planta hasta la región metropolitana de Buenos Aires, a lo largo de 700 km, tiene un costo de $61.765. Dado que el precio minorista es de $3.370 por botella, la participación del transporte equivale al 1,83% del valor de venta. En este caso, la menor distancia recorrida no implica una menor participación relativa del flete en el precio final.

El azúcar presenta la mayor participación del flete entre los tres productos analizados. Trasladar una tonelada desde Tucumán hasta Buenos Aires —1.230 km— tiene un costo de $76.960. Con un precio de góndola de $1.499 por kilogramo, la incidencia del transporte alcanza el 5,13%. Esta proporción más elevada responde al menor valor unitario del producto frente a los costos fijos del traslado a larga distancia.

Cristian Sanz, presidente de FADEEAC, explicó que el sector actúa como un eslabón eficiente dentro de la cadena alimentaria: “La evidencia técnica indica que, incluso con tarifas reales y sin distorsiones, su participación en el precio final resulta marginal frente a otros componentes estructurales”. El directivo también destacó que el autotransporte aporta previsibilidad y alcance territorial al sistema productivo nacional.

El estudio también evidencia que la distancia recorrida no es el único determinante de la incidencia logística: el valor unitario del producto opera como variable igualmente relevante. Bienes de mayor precio por unidad de peso, como el aceite o la yerba mate, absorben proporcionalmente menos el costo del flete que productos de menor precio relativo, como el azúcar, incluso cuando los trayectos son de extensión comparable o mayor.

La disponibilidad de información desagregada sobre la estructura de costos en la distribución de alimentos constituye un insumo técnico de valor para operadores logísticos, cargadores e instituciones de planificación sectorial. Este análisis permite identificar con precisión los factores que inciden sobre el precio al consumidor y orienta decisiones vinculadas a la eficiencia operativa y a la asignación de recursos dentro de la cadena.

A medida que el debate sobre la formación de precios en la cadena de abastecimiento gana presencia en la agenda productiva argentina, contar con mediciones objetivas y metodológicamente sólidas resulta cada vez más necesario. El relevamiento de FADEEAC aporta una referencia técnica verificable que puede contribuir a una discusión más precisa sobre el rol de cada eslabón en la determinación del valor final de los alimentos básicos.

Son más de ocho mil los artefactos de tecnología LED ya se encuentran en la ciudad, listos para iniciar la transformación definitiva del sistema de alumbrado público. Esta adquisición se concretó gracias a la adhesión local al plan provincial Entre Ríos LED, una política energética que apunta a renovar infraestructuras obsoletas y a instalar equipamiento de última generación en todo el territorio entrerriano.

Para incorporarse a este esquema, el Concejo Deliberante aprobó a fines de octubre una ordenanza impulsada por el intendente Mauricio Davico, requisito indispensable para la homologación del convenio suscripto entre la Municipalidad, la Secretaría de Energía de Entre Ríos y la empresa provincial Enersa. Ese marco legal permitió que Gualeguaychú quede formalmente integrado al programa, con reglas claras, plazos definidos y un esquema financiero acordado.

Las luces LED fueron compradas en China y desde allí fueron enviadas en barco al puerto de Concepción del Uruguay, donde fueron recibidas por el personal de Enersa, el cual se encargó de llevarlas al galpón que la empresa tiene en esa ciudad. Allí fueron testeadas una por una y se controló que hubiera llegado al país la cantidad exacta de luminarias, antes de que el Municipio de Gualeguaychú pasara a retirarlas.

Cada dispositivo pasará a sustituir a los viejos equipos de sodio, con lo cual se alcanzará una cobertura completa en el ejido urbano y se ubicará a la ciudad entre las primeras localidades entrerrianas de gran escala con alumbrado íntegramente LED.

En los próximos días comenzará el proceso de reemplazo total, el esquema de trabajo abarca el área céntrica, barrios residenciales, arterias troncales, paseos públicos y sectores periféricos.

El lote recibido incluye 8.000 luminarias LED de 100 watts, 100 unidades de 150 watts y 50 farolas LED de 70 watts, un mix diseñado para responder a distintas necesidades de iluminación según tipología vial, densidad urbana y niveles de tránsito.

El acuerdo firmado el 24 de septiembre en Paraná determina que ENERSA actuará como unidad ejecutora, mientras que la Municipalidad abonará el costo total de la operación, que asciende a $1.265.820.500 con IVA incluido. El pago se realizará en 18 cuotas mensuales, con un período de gracia de seis meses y una tasa subsidiada por la Provincia, una estructura que vuelve viable la inversión sin comprometer el equilibrio financiero del Municipio.

Más allá del cambio tecnológico, el plan suma componentes estratégicos ya que se prevén capacitaciones técnicas para el personal municipal, lo que permitirá fortalecer capacidades internas para mantenimiento y gestión del nuevo parque lumínico.

Además, se fijaron pautas para la disposición final responsable de los equipos reemplazados y se impulsarán acciones de concientización vinculadas al uso racional de la energía. El objetivo final se ubica a fines de 2026, fecha en la cual Gualeguaychú contará con un sistema de iluminación pública 100% LED.

La Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Municipal de la ciudad de Urdinarrain fue inaugurada en 2014 como parte de una política ambiental que buscaba reducir el impacto de los basurales a cielo abierto en el departamento Gualeguaychú. Ubicada en el acceso norte de la ciudad, sobre la Ruta Provincial N°20, fue pensada como un espacio de clasificación, recuperación y reciclado de materiales, con participación de la cooperativa “Si se quiere se puede” Ltda. en articulación con la Municipalidad.

Durante años funcionó como un modelo de gestión para localidades vecinas, con separación en origen, recolección diferenciada y tratamiento de residuos secos. La cooperativa fue la encargada de operar la planta, clasificando, prensando fardos y manteniendo el predio en condiciones.

En diálogo con EL ARGENTINO, el intendente de la ciudad Sergio Martínez aclaró que “al inicio de la gestión, en el 2019, la planta recuperaba cinco productos y hoy estamos por encima de 30 a 35 productos que se venden, en los llamados a licitación al mejor postor”.

En relación a los productos, el Intendente detalló: “Se recupera todo el vidrio enterrado, las cubiertas se van de la ciudad a diferentes destinos, con el orgánico se hace compost destinado al vivero municipal para embellecer espacios públicos”.

Sin embargo, desde agosto de 2025, la cooperativa responsable decidió no renovar el contrato tras denunciar condiciones laborales precarias, falta de herramientas básicas, un sistema de comercialización desfavorable y desinterés del Municipio en convocarlos al diálogo. Desde entonces, “no hay actividad de reciclado ni clasificación y los residuos secos se acumulan sin tratamiento”, aseguraron vecinos de la zona. Actualmente, la planta se encuentra con una actividad de reciclado y clasificación “dudosa” y los vecinos denuncian que se ha transformado en “un basural a cielo abierto”.

Por su parte Martínez afirmó que “la cooperativa presentó formalmente la no renovación del contrato desde el 31 de agosto”, por lo que “actualmente lo estamos haciendo con personal que contratamos, muchos de ellos fueron miembros de la cooperativa y lo están haciendo muy bien”.

“Hubo un tiempo de transición que se nos complicó hasta que logramos acomodarnos nuevamente y brindar el servicio como veníamos haciendo”, fundamentó el funcionario.

Ingresos bajos y variables

La cooperativa “Si se quiere se puede” sostuvo el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos de Urdinarrain. Comenzaban la jornada a las cinco de la mañana y muchas veces trabajaban hasta entrada la tarde. Lo hacían sin ropa adecuada, sin herramientas básicas y con ingresos mínimos. El contrato finalizó el 1° de agosto y no hubo respuestas ni renovación. EL ARGENTINO conversó con Sonia Muñoz, secretaria de la cooperativa, quien dio su testimonio y reveló las condiciones que enfrentaron y las razones que llevaron al retiro del espacio.

“Nosotros nos dedicamos a reciclar 24 productos. Entramos a las 5 de la mañana para que nos alcanzaran las horas y poder terminar de clasificar. Cuando teníamos mucha mercadería, de 7 a 11 bolsones, recién ahí podíamos prensar y hacer un fardo. Depende de eso veíamos si a la tarde seguíamos o no con el trabajo. A veces estábamos muy cansados, así que no lo dejábamos para el día siguiente”, contó.

La cooperativa recuperaba materiales como cartón, plástico, vidrio, aluminio, papel, entre otros. El trabajo era intenso y muchas veces se excedían en el horario pactado. “Mayormente teníamos siempre la planta en buenas condiciones, porque la dejábamos limpia. No había horario, pero limpiábamos todo. Así que siempre quedaba en buenas condiciones”, aseguró la cooperativista.

A pesar de la importancia ambiental y social de la tarea, los ingresos eran bajos y variables. “Los meses anteriores con la venta de la mercadería no llegamos ni a 200.000 pesos por mes. El Municipio nos daba por tonelada 40.000, más IVA incluido. Y si pasábamos las 30 toneladas, nos daba 48.000. Pero eso casi nunca pasaba”, relató Muñoz a EL ARGENTINO.

La plata se repartía entre ocho a once personas, aunque muchas trabajaban solo algunas semanas y luego se retiraban. “Igual se les daba su parte. Pero era poca plata para tantas horas. Y al final, ya no nos daban ni la palita, que es una minicargadora que sí o sí tenés que tener para arrimar los residuos que llegaban y para sacar los fardos de la prensa. Cuando no la teníamos, eso lo hacíamos a mano”.

Un vínculo desigual con el Municipio

La cooperativa dependía del Municipio para la venta de los materiales. “Todo pasaba por el Municipio. Ellos sacaban las licitaciones y avisaban a los compradores. Nosotros debíamos estar desentendidos del tema. Solo les pasábamos las toneladas que juntábamos de mercadería y ellos hacían todo lo otro”, explicó la ex trabajadora del lugar.

La posibilidad de vender por fuera del circuito oficial fue rechazada por el Municipio, que temía conflictos internos. “Nosotros queríamos vender libre, poder elegir a quién venderles, porque muchas personas nos llamaban para comprar en negro. Le planteamos el tema al Municipio para que no nos descuenten el IVA y la pudiera repartir el contador. Siempre fue un no rotundo. El Municipio tenía miedo de que nos peleáramos por la plata. Aunque nosotros le explicamos que el contador iba a recibir esa plata si vendíamos en negro”.

Además, la cooperativa dejó de recibir elementos básicos para el trabajo: “No nos daban ropa, que ellos tenían que dar: zapatos, pantalones, todas esas cosas ya no nos daban más”.

El final del contrato y sus consecuencias

“En la actualidad, y debido al colapso de la planta por la acumulación de residuos no separados en la misma, hacen la disposición final a cielo abierto en el fondo de la planta”, mencionaron desde un medio de Urdinarrain tras recorrer el predio. Por su parte, el Intendente manifestó: “Tengo el dato actual de que se recuperaron en septiembre más de 30 mil kilos de residuos reciclables”.

La falta de diálogo fue una de las causas del retiro de la empresa cooperativa. “No nos atendían cuando queríamos reunirnos, no nos tenían en cuenta. Nosotros nunca quisimos renunciar, pero la verdad que en esas condiciones ya no podíamos seguir trabajando”, manifestó la secretaria de la cooperativa.

Urdinarrain había logrado posicionarse como referencia regional en gestión de residuos. La separación en origen, la articulación con cooperativas y la recuperación de materiales eran pilares de una política ambiental progresiva. Hoy, ese modelo “está en pausa”, para vecinos que temen a las consecuencias del no tratamiento adecuado de los residuos.

“La solución a esta situación es que tengamos mejores condiciones laborales y un sueldo digno. Que podamos manejar nuestras ventas. Nosotros de por sí nunca quisimos renunciar, pero ya no se podía seguir”, concluyó Sonia Muñoz.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, cuestionó el rechazo a los vetos por universidades y el Garrahan por parte de Diputados. "Ayer se alinearon todos los enemigos del progreso", lanzó y enumeró lo que debería hacer el Gobierno para cumplir con esas normas, entre ellas "aumentar el IVA de 21% a 24% durante 45 días".

En el marco de la conferencia de prensa que suele realizar el vocero Manuel Adorni, se refirió a las votaciones que se dieron en la jornada del miércoles, donde Diputados votaron en contra de los vetos presidenciales. Resta saber si el Gobierno Nacional irá a judicializar las decisiones votadas ayer, en lo que fue otra derrota del oficialismo.

En ese sentido, Adorni apuntó contra la “magnitud fiscal” del rechazo a los vetos a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica por parte de la Cámara de Diputados, y aseguró que “quedó expuesto, una vez más, el modus operandi de la casta y la obsesión por destruir el plan económico que sacó a millones de argentinos de la pobreza”.

El vocero siguió con el planteo algunas equivalencias: "El monto anual de la ley de Financiamiento Universitario es de $1,9 billones. SI queremos financiarlo con otras partidas, deberíamos suspender el presupuesto total del poder legislativo por cuatro meses. Hay que ver si diputados y senadores están dispuestos a renunciar a su sueldo durante este tiempo para financiar esta ley que propusieron rechazando el veto".

"Otra forma de financiarlo es aumentar el IVA del 21% al 24% por 45 días. Habría que ver como le explican a la sociedad que la irresponsabilidad se financia con mayores impuestos a la gente", amplió.

"Para que se entienda la gravedad en términos de equlibrio fiscal que significa la ley de financiamiento universitario. Por ejemplo, equivale a suspender todos los planes sociales por tres meses, o suspender todos los subsidios energéticos por cuatro meses, o suspender el presupuesto total del Poder Judicial por cinco años, o suspender el total de los subsidios al transporte por 1 año y seis meses. Estas son algunas de las equivalencias para que se entienda el horror que han votado el día de ayer", subrayó Adorni.

El vocero de la presidencia aseguró que el rechazo al veto de la ley de Emergencia Pediátrica también significa un supuesto problema para las cuentas porque "el monto anual es de $130.000 millones. Esto es el equivalente a suspender las jubilaciones de privilegio por tres meses. La pregunta es si la casta política está dispuesta a votar estas cuestiones y eliminarse las jubilaciones de privilegio".

"Hay otras equivalencias, todo en pos de que se entienda la magnitud. Habría que despedir 66.550 empleados públicos, o suspender el total del subsidio al transporte por un mes", añadió.

Para Adorni "en la marcha de ayer se alinearon todos lo enemigos del progreso: la CGT, la CTA, ATE, Kicillof, la izquierda, kirchneristas disfrazados de otros partidos políticos e incluso abanderados de Palestina. Este Gobierno propuso actualizar en términos reales el presupuesto 2026 en educación en un 8% en términos reales, por encima de la inflación. Las jubilaciones un 5%, las pensiones un 5%, universidades un 8%".

"Durante la gestión de Sergio Massa, que se acumuló un 211% de inflación anual el último año, las actualizaciones de gasto de funcionamientos de las universidades fueron de $0", afirmó.

Y concluyó haciendo un llamado para las próximas elecciones legislativas: "El 26 de octubre tenemos una oportunidad histórica de renovar el Congreso y evitar que el partido del Estado, compuesto por kirchneristas y kirchneristas disfrazados por republicanos, dilapide el futuro de los argentinos". (Con información de Ámbito)

La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó por unanimidad un proyecto de ley que establece un régimen especial para facilitar el comercio en las zonas fronterizas, con especial atención a la diferencia cambiaria con Brasil y Argentina, en particular con la provincia de Entre Ríos.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo nacional, incluye una serie de beneficios fiscales y laborales que implican un costo fiscal de 6 millones de dólares. Entre las medidas principales destacan la simplificación para la importación en la frontera, la reducción de hasta un 75% en los aportes patronales para nuevos empleos formales, la eliminación del IVA mínimo y la reducción a la mitad de la tasa básica, que pasaría del 22% al 11%.

El proyecto fue remitido al Senado, donde se espera un tratamiento rápido dado que el Frente Amplio posee mayoría propia.

Los beneficios contemplan topes para el descuento del IVA: se aplicarán a transacciones diarias que no superen las 2 mil Unidades Indexadas (cerca de 13 mil pesos uruguayos) y un límite mensual de hasta 10 mil UI (alrededor de 63.600 pesos uruguayos). Estas disposiciones abarcan compras en comercios minoristas de ramos generales situados a menos de 20 kilómetros de un paso de frontera.

El régimen especial se aplicará a pagos realizados con tarjetas de débito o instrumentos electrónicos, excluyendo las compras con tarjeta de crédito. Actualmente, en Uruguay existe un descuento de 2 puntos en el IVA para esos mismos medios de pago, que ahora se amplía con estas nuevas medidas.

Con estas políticas, Uruguay busca fortalecer la actividad comercial en las zonas fronterizas, promover el empleo formal y contrarrestar las diferencias cambiarias que afectan la competitividad y el flujo de bienes entre ambas orillas. (Fuente: Diario El Telégrafo de Paysandú)

Un nuevo récord en la importación de ropa dejó al borde del colapso a decenas de fábricas textiles en la Argentina. En julio, las compras externas de indumentaria crecieron un 36% interanual en volumen y un 22% en valor, según datos del sector. El fenómeno se produce en simultáneo con una caída pronunciada de la producción nacional, lo que ha encendido todas las alarmas en la industria.

El golpe más duro lo reciben las pequeñas y medianas empresas del interior, que no pueden competir con los precios de la ropa proveniente, en su mayoría, de Asia. “Muchos talleres están parados o trabajan al mínimo. No pueden sostener ni los sueldos”, lamentaron desde la Fundación ProTejer, que nuclea a empresarios y trabajadores del rubro.

El escenario económico no ofrece alivio. A la apertura indiscriminada de las importaciones se suman la baja del consumo interno, la falta de financiamiento y el encarecimiento de los costos fijos. La combinación de estos factores dejó a buena parte del entramado textil nacional en estado crítico.

Desde ProTejer, además, advirtieron que el ingreso masivo de ropa se realiza “sin controles fiscales ni técnicos”, lo cual desorganiza por completo el mercado. En ese contexto, no solo se ve afectada la producción, sino también la comercialización formal. “Hay una invasión de productos que no cumplen con ninguna normativa. No podemos competir con eso”, señalaron voceros de la entidad.

La crisis ya impacta sobre miles de empleos directos e indirectos, sobre todo en polos fabriles como La Rioja, Catamarca, Tucumán, el conurbano bonaerense y algunas zonas del Litoral. En muchas provincias, la industria textil es una de las principales generadoras de mano de obra local.

Frente al agravamiento de la situación, industriales pidieron al Gobierno nacional la revisión urgente del esquema de importaciones, la aplicación de controles sanitarios y fiscales, y una política activa de protección a la producción nacional de indumentaria. “No pedimos cerrar el comercio, pero sí reglas claras para poder sobrevivir”, advirtieron.

A pesar de los reiterados reclamos, hasta ahora no hubo respuestas oficiales. Mientras tanto, las fábricas cierran turnos, recortan personal y en muchos casos directamente bajan la persiana. “Si esto no se frena, vamos camino a la destrucción del aparato productivo textil argentino”, alertaron desde el sector.

El mapa de la industria revela una fuerte dependencia del mercado interno y una escasa inserción en las exportaciones. Por eso, cualquier variación en el consumo local o en las políticas de comercio exterior impacta de manera directa en el empleo y en la viabilidad del negocio.

En paralelo, la mayoría de los productos importados llegan a precios de dumping, con una informalidad que distorsiona los márgenes. Según informes del sector, en muchos casos, las prendas se venden por debajo del costo de producción local, sin tributar IVA ni cumplir normas laborales.

La incertidumbre es total. Empresarios y trabajadores temen que, si no hay un cambio de rumbo, en los próximos meses el cierre de empresas se acelere y la desocupación aumente en forma dramática. El sector pide respuestas antes de que sea demasiado tarde.

El Concejo Deliberante de Chajarí aprobó una ordenanza que reduce en un 2% la tasa municipal incluida en la boleta de energía eléctrica, en línea con lo solicitado por el ministro de Economía nacional, Luis Caputo. Sin embargo, dos concejales de La Libertad Avanza votaron en contra de la medida, argumentando que la rebaja era insuficiente y proponiendo en cambio una eliminación total del tributo.

La iniciativa fue presentada por el intendente Marcelo Borghesan, de Juntos por Entre Ríos, y contó con el respaldo de ediles oficialistas y del bloque peronista. También votó a favor una concejala libertaria, que se desmarcó de sus compañeros de bancada, Pedro Flores y Gisela Pelliquero, quienes rechazaron el proyecto por considerar que la reducción debía ser del 100%.

“El campo no necesita subsidios, necesita reglas claras y que dejen de asfixiarlo”, había dicho Caputo días atrás. La frase fue recordada por Flores, quien impulsó una ordenanza alternativa para llevar la tasa municipal a cero, iniciativa que no obtuvo respaldo. “No quiero que Enersa administre el municipio”, señaló, criticando la incidencia de la empresa estatal en la factura final del servicio eléctrico.

El proyecto aprobado deja la tasa municipal en el 10% hasta diciembre, tras una baja anterior de cuatro puntos decidida en 2018, durante la gestión de Pedro Galimberti. El intendente Borghesan explicó que la medida significará una merma de 18 millones de pesos mensuales en la recaudación local, pero aseguró que el superávit actual permite absorber ese impacto.

No obstante, advirtió sobre la caída de la coparticipación, que en mayo fue 34% menor que en el mismo mes del año pasado. En ese contexto, calificó como “irresponsable” la propuesta de tasa cero y defendió la reducción parcial como un paso razonable y sostenible.

La ordenanza incluye un artículo polémico que autoriza al Ejecutivo a limitar la iluminación pública en determinados horarios y zonas para compensar la caída de ingresos. Este punto fue votado en contra por los concejales del peronismo, aunque no alcanzó para modificar el texto.

En los considerandos, el proyecto critica abiertamente al Gobierno nacional, al señalar que, a diferencia de municipios y provincias, la Nación no realizó ningún esfuerzo para contener el aumento del costo de la energía, sino que además eliminó subsidios que afectaron directamente a los sectores más vulnerables.

En este marco, se incluye también un pedido para que el Ejecutivo nacional reduzca el IVA sobre el servicio eléctrico al 10,5%, lo que contribuiría a aliviar el peso fiscal en la tarifa. Asimismo, se reclama un trato igualitario para la represa de Salto Grande, pidiendo que se le pague por el kilowatt generado el mismo valor que reciben otras centrales del sistema nacional.

La sesión dejó expuestas las diferencias internas en el bloque libertario y evidenció que, en algunos casos, el maximalismo ideológico puede dejar de lado medidas concretas de alivio fiscal que, aunque parciales, son viables en contextos de crisis como el actual.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este lunes que el Gobierno está preparando un marco normativo orientado a estimular el uso interno de dólares en efectivo, actualmente fuera del sistema. Lo dijo durante su participación en una transmisión de La Casa Streaming, en la que también detalló el esquema que el Poder Ejecutivo elabora para dividir el IVA entre la Nación y las provincias, a fin de fomentar la competencia fiscal.

“La idea es comprar lo que quieras y que nadie te pida explicaciones”, sostuvo Caputo al referirse a la desregulación que prepara el equipo económico. Según explicó, el objetivo principal consiste en remonetizar la economía sin recurrir a la emisión de pesos. “Nosotros no emitimos pesos. Si queremos mantener un crecimiento del 6% con este nivel de monetización, en el mediano plazo es insostenible”, advirtió.

Caputo afirmó que en la actualidad “hay muchísimos más dólares que pesos”, por lo que apuntar a una mayor circulación de esa moneda extranjera permitiría consolidar el nivel de actividad. “Necesitamos que haya más dinero en la economía. Eso es lo que se llama remonetización”, dijo.

El funcionario aseguró que la implementación de estas medidas implicaría un cambio cultural. “Queremos que la gente pueda usar sus dólares sin miedo a que la persigan. Hoy muchos no los gastan por temor a que los busquen, que los investigue AFIP o la UIF. Entonces los encanutan y los tienen ahí. Eso no le sirve a nadie”, enfatizó.

Según Caputo, el nuevo esquema buscará que “la gente esté mucho más proclive a sacar los dólares del colchón, de la caja de seguridad o de donde sea y usarlos para gastar”. En ese sentido, aseguró que el Gobierno está avanzando en desregulaciones a nivel del Banco Central, de la AFIP y del sistema financiero para facilitar ese proceso. “Durante los últimos 20 años, en particular el kirchnerismo, reguló para la excepción, jorobándole la vida al 99% de la gente”, criticó.

El ministro insistió en que la medida se vincula directamente con el crecimiento económico. “Para nosotros es importante que se acelere esta remonetización en dólares. Queremos que la economía crezca porque implica más empleo y mejores salarios. Y como no emitimos pesos, necesitamos que también empiecen a circular más dólares”, explicó.

Caputo dijo que en la actualidad la economía argentina presenta un nivel de monetización del 6%, una cifra que calificó como “bajísima” y que, según detalló, se ubicaba en 2,5% cuando asumieron. “Eso era un nivel previo a una hiperinflación”, afirmó.

El funcionario también se refirió a las consecuencias de una economía más ordenada en términos fiscales. “Cuando la actividad crece y el gasto no aumenta, como hacemos nosotros, generamos ahorro. Ese ahorro se traduce en baja de impuestos, lo que a su vez implica menor inflación y mejores precios para la gente”, afirmó.

“Vamos a dividir el IVA entre Nación y provincia. Nosotros cobraríamos lo que le corresponde a Nación, que es más o menos 9% sobre el 21% que es el IVA. Y las provincias pondrán su propio IVA”, detalló el ministro.

Caputo precisó que el Gobierno nacional no fijó una fecha para el envío del proyecto al Congreso porque “los tiempos los define el Presidente”, pero remarcó que la intención es avanzar hacia un esquema en el que las provincias tengan incentivos para bajar sus alícuotas y atraer inversiones.

“Queremos generar competencia impositiva entre provincias. Es muy difícil para nosotros negociar porque no tenemos jurisprudencia sobre ellas. La mejor forma es hacerlas competir”, explicó.

Según Caputo, el gasto público bajó de manera significativa en el ámbito nacional, pero se mantuvo casi constante en las provincias. “Nosotros bajamos de 28 puntos del PBI en 2020 a 17 puntos. Las provincias bajaron de 16 a 15. Las municipalidades siguen igual, en tres puntos. Entonces el esfuerzo lo hizo Nación”, sostuvo.

El funcionario dijo que, dado que los ingresos brutos representan el 80% de la recaudación provincial, la única manera de inducir una baja es mediante competencia fiscal. “Algunas provincias dirán: ‘Si bajo ingresos brutos, más empresas se radican en mi territorio y termino recaudando más’. Eso es lo que buscamos con este nuevo esquema”, explicó.

En esa línea, detalló que el nuevo modelo permitirá que cada provincia establezca su alícuota de IVA. “Nosotros cobramos nuestra parte y ellos definen el resto. Pueden poner un 11, un 10 o un 5%. La competencia hará el resto”, afirmó.

Precios, inflación y consumo

Caputo también abordó el comportamiento de los precios y la evolución de la inflación en las últimas semanas. “El proceso de desinflación continúa. Abril va a ser un mes más bajo que marzo. A nosotros nos da en el entorno del 3%”, afirmó.

El ministro aclaró que el Gobierno no se enfoca en los resultados de corto plazo: “No nos focalizamos en eso. La inflación va a colapsar, es un proceso que va a pasar inexorablemente. Es cuestión de tiempo”.

Caputo vinculó el nuevo esquema de competencia y disciplina fiscal con un cambio en el comportamiento de los empresarios y comerciantes. “Estamos en otra Argentina. Hoy ajustar precios no paga más. Si subís precios injustificadamente, te quedás afuera del mercado”, sostuvo.

Durante la entrevista, también se refirió al alto precio de la indumentaria y el calzado. “Todavía la gente convalida esos precios y la competencia no llegó. Es un proceso que tarda”, explicó. Como ejemplo, mencionó el caso de una empresa que importa remeras de Bangladesh a cinco dólares y las vende en cincuenta. “Se lo pagan. Por eso es importante la competencia”, insistió.

Caputo afirmó que “el modelo actual es exactamente el opuesto al modelo kirchnerista de los últimos 20 años” y que el objetivo es “reducir impuestos, estimular la competencia y bajar el costo argentino”.

A partir de abril todas las facturas emitidas por vendedores de bienes y servicios deberán detallar en el monto correspondiente al impuesto al valor agregado (IVA). La obligación de incluir la fracción tributaria en los tickets de compra se extiende, a partir de este mes, a todo el universo de contribuyentes, de acuerdo al cronograma dispuesto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para la implementación del régimen de transparencia fiscal.

Desde enero, la medida instrumentada por medio de la Resolución General 5.614/2024 estaba vigente para las grandes empresas. No obstante, quienes emitían comprobantes a través de facturación electrónica con sistemas del organismo como Facturador Móvil o Comprobantes en Línea, ya contaban con la posibilidad de discriminar el IVA en sus tickets de compra.

Ahora la obligación se extiende a todo el universo de comercializadores de cualquier tipo de bien o servicio.

De esta manera, los consumidores podrán visualizar de forma clara y transparente la presión fiscal que incide sobre el precio final de los productos. Los comprobantes deben mostrarse en un apartado del ticket donde se desglosa el impuesto al valor agregado (IVA) y los impuestos internos en el campo "Otros impuestos nacionales indirectos".