Argentina, entre los países con mayor deterioro de la libertad de prensa. Por segundo año consecutivo, Argentina sufrió una caída abrupta en el índice global de libertad de prensa elaborado por Reporteros sin Fronteras (RSF). Durante el gobierno de Javier Milei, el país descendió 47 posiciones, ubicándose en el puesto 87 entre 180 países, según el informe 2025 de la organización.

El reporte atribuye la baja al “giro autoritario” del gobierno, señalando como factores principales la estigmatización de periodistas, el desmantelamiento de medios públicos y el uso de la pauta oficial como herramienta política.

El año pasado, Argentina ya había descendido del puesto 40 al 66, y ahora volvió a caer 21 lugares, una de las mayores caídas a nivel mundial, solo detrás de Samoa y Kirguistán. RSF advirtió que “la llegada al poder de Javier Milei, abiertamente hostil con la prensa, marca un nuevo y preocupante punto de inflexión para la garantía del derecho a la información en el país”.

El informe también destacó que Argentina integra el grupo de países donde los cierres de medios son frecuentes debido a la persistencia de dificultades económicas, fenómeno que afecta a casi un tercio de las naciones evaluadas. La crisis económica de los medios es uno de los indicadores más deteriorados a nivel global, con apenas 44,1 puntos sobre 100, un nivel crítico sin precedentes.

A nivel mundial, el informe advierte un deterioro generalizado de la libertad de prensa. Por primera vez, la puntuación media de los países cayó por debajo de los 55 puntos, el límite que RSF establece para calificar la situación como “difícil”. Actualmente, 42 países, que concentran al 56,7% de la población mundial, se encuentran en situación “muy grave”, sin garantías para el ejercicio libre del periodismo.

El reporte subraya que la debilidad económica de los medios los hace vulnerables a presiones políticas y empresariales, lo que afecta la calidad informativa y los expone a ser instrumentalizados. La directora editorial de RSF, Anne Bocandé, explicó que “cuando los medios son económicamente frágiles, se ven arrastrados a la carrera por la audiencia y pueden convertirse en presa de los oligarcas o de responsables políticos”.

En la región, Brasil registró una mejora tras el fin del gobierno de Jair Bolsonaro, subiendo al puesto 63 y mostrando una recuperación en el indicador económico. En contraste, El Salvador acumuló una caída de 61 posiciones desde 2020, ubicándose en el puesto 135. Nicaragua, con su régimen represivo contra la prensa, quedó en el puesto 172, convirtiéndose en el país peor clasificado de América Latina.

En el extremo opuesto, los diez países mejor posicionados son Noruega, Estonia, Países Bajos, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Irlanda, Portugal, Suiza y República Checa. Al fondo de la tabla se ubican Rusia, Nicaragua, Vietnam, Turkmenistán, Afganistán, Irán, Siria, China, Corea del Norte y Eritrea, donde el periodismo independiente prácticamente ha desaparecido.

La Corte Suprema de Brasil decidió juzgar al expresidente Jair Bolsonaro y siete presuntos cómplices por intento de golpe de Estado, un delito por el que podría llegar a ser condenado hasta 40 años de cárcel y mina sus aspiraciones políticas.

La fiscalía imputó al exmandatario ultraderechista, de 70 años, por liderar una organización criminal que buscó impedir la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones en 2022.

Los cinco jueces de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) -Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin-, votaron por unanimidad a favor de aceptar la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República (PGR).

Este miércoles, Bolsonaro no compareció en la corte en Brasilia, contrariamente a la víspera, en el primer día de deliberaciones. El líder de la oposición brasileña clama su inocencia y dice ser víctima de una “persecución política”.

Aunque inhabilitado políticamente, Bolsonaro mantiene su aspiración de volver a la presidencia en las elecciones de 2026, ante un Lula en caída de popularidad. También están imputados Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia; Almir Garnier, excomandante de la Marina; Anderson Torres, exministro de Justicia; Augusto Heleno, exministro de la Oficina de Seguridad Institucional; Mauro Cid, exayudante de campo de la Presidencia; Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; y Braga Netto, exministro de la Casa Civil de Bolsonaro.

Todos los acusados fueron denunciados por abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.

El plan golpista dirigido supuestamente por Bolsonaro contemplaba medidas como la elaboración de un decreto para justificar un “estado de defensa” e incluso el asesinato de Lula y del juez Alexandre de Moraes, según la fiscalía. El complot no se habría consumado por falta de apoyo de los altos mandos del Ejército.

La Corte Suprema de Brasil decidió juzgar al expresidente Jair Bolsonaro y siete presuntos cómplices por intento de golpe de Estado, un delito por el que podría llegar a ser condenado hasta 40 años de cárcel y mina sus aspiraciones políticas.

La fiscalía imputó al exmandatario ultraderechista, de 70 años, por liderar una organización criminal que buscó impedir la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones en 2022.

Los cinco jueces de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) -Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin- ,votaron por unanimidad a favor de aceptar la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República (PGR).

Este miércoles, Bolsonaro no compareció en la corte en Brasilia, contrariamente a la víspera, en el primer día de deliberaciones.

El líder de la oposición brasileña clama su inocencia y dice ser víctima de una “persecución política”.

Aunque inhabilitado políticamente, Bolsonaro mantiene su voluntad de aspirar volver a la presidencia en las elecciones de 2026, ante un Lula en caída de popularidad.

Los imputados por el intento de golpe de Estado de 2023 en Brasil son: Jair Bolsonaro, expresidente de la República; Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia; Almir Garnier, excomandante de la Marina; Anderson Torres, exministro de Justicia; Augusto Heleno, exministro de la Oficina de Seguridad Institucional; Mauro Cid, exayudante de campo de la Presidencia; Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; Braga Netto, exministro de la Casa Civil de Bolsonaro.

Todos los acusados fueron denunciados por abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.

Según la acusación, la conspiración desembocó en la invasión violenta las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia por miles de bolsonaristas pocos días después de la toma de posesión de Lula en 2023.

El plan golpista dirigido supuestamente por Bolsonaro contemplaba medidas como la elaboración de un decreto para justificar un “estado de defensa” e incluso el asesinato de Lula y del juez Alexandre de Moraes, según la fiscalía. El complot no se habría consumado por falta de apoyo de los altos mandos del Ejército.