La semana pasada, los concejales de Mas por Entre Ríos dieron a conocer un pedido de información enviada a la Cooperativa Eléctrica.

“Tenemos la información fidedigna de que en un control de los que habitualmente realiza la empresa que provee energía a la ciudad, se constató esta irregularidad en el domicilio del concejal oficialista Jorge Roko”, sostuvo Emiliano Zapata en diálogo con EL ARGENTINO.

Para el edil, la situación no puede quedar en el plano de lo privado: “Entendemos lo de preservar la identidad de las personas, pero esperamos que la Cooperativa Eléctrica nos responda porque se trata de un funcionario público que, en el caso de corroborarse esta situación, estaría cometiendo un delito como el robo de energía eléctrica”.

En tanto, desde la Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychú Ltda respondieron al bloque de concejales “Más para Entre Ríos”. En la misma, se advertía sobre un presunto hecho de conexión irregular de energía eléctrica en un domicilio particular de la ciudad.

En el escrito, firmado por el presidente Nahuel Otero, la cooperativa reconoció el aporte de los representantes comunitarios en la detección de maniobras que puedan afectar “los intereses de la entidad, el patrimonio de los usuarios y la seguridad de la red eléctrica”.

Asimismo, se remarcó que, de acuerdo con la normativa vigente, la institución cuenta con procedimientos técnicos y administrativos específicos para verificar, instruir y eventualmente sancionar situaciones que configuren irregularidades. También se recordó que estos procesos se realizan respetando el debido proceso administrativo y la confidencialidad de los datos personales, tal como lo establecen la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y la Ley 20.337 de Cooperativas.

“La información recibida será incorporada al circuito de control correspondiente, adoptándose, de corresponder, las medidas previstas en el marco normativo vigente”, señala la nota.

Con este texto, la Cooperativa Eléctrica da por finalizado el caso, amparándose en el principio de la confidencialidad.

Descontento de los concejales

Los ediles quisieron enviarle una nota a Jorge Roko pero no fue recibida por ninguno de los secretarios del bloque oficialista.

Por este motivo, desde el bloque del PJ se dirigieron directamente a la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante Dra. Julieta Carraza. “Por medio de la presente, solicitamos que por su intermedio se haga entrega de la nota que se encuentra adjunta a la presente, para ser entregada al Concejal Jorge Roko. Ante la negativa de ser recibida por los secretarios del bloque oficialistas”.

En la nota se solicita el consentimiento expreso al titular del medidor ubicado en Bolívar al 900, así como de otros medidores bajo la responsabilidad de Jorge Roko.

La finalidad es que la cooperativa pueda suministrar la información necesaria para avanzar en la investigación sobre la presunta conexión irregular.

En la presentación, los ediles recordaron que la protección de los datos personales impide el acceso a esa información sin autorización expresa del usuario involucrado. Por ello, apelaron a la colaboración del titular del medidor, en nombre de la transparencia y la confianza ciudadana.

El tema salió a la luz cuando los concejales del Justicialismo, presentaron un pedido de informe dirigido a la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú.

En la nota a la que accedió EL ARGENTINO, solicitaron que se confirme o desmienta la presunta irregularidad. “Estamos a la espera de ver qué medidas toma el presidente municipal, Mauricio Davico, porque se trata de un hecho grave, de un delito”, afirmó el concejal Emiliano Zapata en diálogo con EL ARGENTINO.

Zapata explicó que este martes a primera hora su bloque ingresó un escrito en el que se solicita información oficial. “Tenemos la información fidedigna de que en un control de los que habitualmente realiza la empresa que provee energía a la ciudad, se constató esta irregularidad en el domicilio del concejal oficialista Jorge Roko”, sostuvo.

Para el edil, la situación no puede quedar en el plano de lo privado: “Entendemos lo de preservar la identidad de las personas, pero esperamos que la Cooperativa Eléctrica nos responda porque se trata de un funcionario público que, en el caso de corroborarse esta situación, estaría cometiendo un delito como el robo de energía eléctrica”.

Zapata insistió en que la denuncia es seria y se basa en datos certeros: “La información nos llega a través de un vecino; la información es fidedigna. No se puede decir que es un tema privado, porque Roko es un funcionario público. Lo que tendría que pasar acá es que si eso ocurrió, se informe y que después siga el camino que tenga que seguir, ya sea administrativo o judicial. Lo importante es que no haya encubrimientos; que la casta no le gane a la verdad”.

En tanto, EL ARGENTINO consultó al concejal Jorge Roko, quien prefirió no referirse al tema.

Las críticas y la “doble vara”

El concejal justicialista también cuestionó lo que considera una “doble vara” del oficialismo local a la hora de juzgar el accionar de sus propios dirigentes. “El Jefe de Gabinete, Luciano Garro, discrimina a las personas con tartamudez y no pasa nada. En este caso, esperemos que no pase lo mismo, porque se habla de transparencia pero existe doble vara en la gestión”, lanzó.

Zapata recordó además que, hace unos meses atrás, su bloque denunció que una persona realizaba tareas laborales en la casa del propio Roko mientras figuraba como contratada municipal. “La respuesta que obtuvimos de eso fue que era empleada de Desarrollo Social cuando ninguno de los trabajadores del área la reconoce como tal”, subrayó.

En ese contexto, comparó el caso con la situación del concejal radical Maximiliano Lesik, a quien el oficialismo le pidió la renuncia por haber protagonizado un episodio de alcoholemia positiva. “Desde el gobierno local pidieron la cabeza de Lesik, deberían comportarse en el mismo sentido con Roko, presidente del bloque que responde al intendente Davico. Esto no es una contravención, es un delito. Vamos a esperar a tener la respuesta, vamos a seguir pidiendo información”, remarcó.

La postura de la Cooperativa

Consultado por EL ARGENTINO, el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú, Nahuel Otero, evitó dar precisiones sobre el caso. En su respuesta, apeló al principio de confidencialidad que rige para la información de los usuarios.

“Hay una cuestión de confidencialidad de información sobre los usuarios que yo no puedo ni confirmar ni desmentir la información. Más allá de que la persona sea un funcionario público, para mí es un asociado más, un usuario más de la cooperativa. No puedo dar ese tipo de información porque es privado”, explicó Otero.

Asimismo, advirtió que una declaración sobre el tema podría derivar en consecuencias judiciales para él o para la institución. “Entiendo que la prensa busca una respuesta a esto, pero estas cuestiones me pueden meter a mí, a la institución, en una cuestión judicial, por divulgar información que no puedo hacerlo”, aclaró.

Expectativa y consecuencias políticas

La denuncia contra Jorge Roko reaviva la tensión en el Concejo Deliberante y en la propia coalición gobernante, ya que el edil acusado es presidente del bloque oficialista que responde directamente al intendente Davico.

Para el PJ, la eventual confirmación del hecho debería implicar un posicionamiento claro del gobierno local. “Si desde el Ejecutivo se levantaron banderas de ética y moral, ahora deberían actuar en consecuencia. No se trata de un error administrativo ni de una contravención, sino de un presunto delito”, insistió Zapata.

El futuro del caso dependerá de la respuesta que dé la Cooperativa al pedido de informes y de la decisión que adopte el propio Intendente. Por ahora, la institución eléctrica se ampara en la confidencialidad y el oficialismo guarda silencio.

Mientras tanto, el clima político en el Concejo se enrarece, con la oposición exigiendo explicaciones inmediatas. En tanto, Roko se mantiene como un hombre de confianza del gobierno local, y con un rol fundamental en el Concejo actual.

Con la participación de los ediles oficialistas María José Carro, Jorge Roko, Benito Bacigalupo, Juan Pablo Castillo y Vanina Basaldúa; los radicales Micaela Rodríguez y Maximiliano Lesik; los peronistas Delfina Herlax, Emiliano Zapata y Jorge Maradey; y el libertario Marcelo Rodríguez, se llevó a cabo el encuentro en el cual se dio ingreso a múltiples expedientes que serán analizados en las comisiones correspondientes.

Entre los proyectos sancionados, se aprobaron transferencias compensatorias y ampliaciones presupuestarias que aseguran el equilibrio financiero del Municipio, así como informes de estados contables que refuerzan la transparencia en la gestión pública.

“De esta manera, se reafirma el rol del Concejo Deliberante en la construcción de políticas públicas que promuevan el crecimiento ordenado y sostenible de Gualeguaychú”, aseguraron desde el oficialismo. Al tiempo que recordaron que las sesiones se pueden seguir a través del canal oficial de YouTube del Municipio.

El escenario político local sumó un nuevo capítulo de controversia luego de que concejales del bloque Más para Entre Ríos presentaran un pedido de acceso a la información pública en el que solicitan al presidente municipal Mauricio Germán Davico datos específicos sobre la situación contractual de S.B., presunta trabajadora del municipio que, según denuncian, estaría desarrollando tareas particulares en beneficio del concejal Jorge Roko, del oficialismo.

EL ARGENTINO accedió a la presentación formal, firmada por los concejales Delfina Herlax, Emiliano Zapata, María Sira Ghisi y Jorge Maradey. Allí se solicita conocer la fecha de contratación de la mujer, los motivos de su incorporación, copias de contratos, el registro de su asistencia, así como las tareas asignadas y la identidad de su superior jerárquico. Además, el pedido incluye una exhortación a que el Ejecutivo inicie una información sumaria para determinar si efectivamente se están desviando recursos municipales en beneficio de un funcionario.

La presentación se enmarca en la Ordenanza N.º 12752/2023, que regula el acceso a la información pública en el ámbito local, y en la Ley Nacional N.º 27.275, que garantiza el derecho ciudadano a requerir datos relacionados con la gestión de fondos públicos.

En los fundamentos del pedido, los concejales del PJ argumentan que fueron “anoticiados” de que S.B. no estaría cumpliendo funciones en las áreas municipales para las cuales habría sido contratada, sino que “desde un comienzo, se encuentra brindando un servicio particular y privado al concejal Jorge Roko”, lo que consideran una situación irregular que requiere una pronta aclaración.

La respuesta de Roko

EL ARGENTINO consultó al concejal Jorge Roko, quien brindó una extensa respuesta en la que negó rotundamente cualquier tipo de irregularidad. Admitió conocer a S.B. y confirmó que presta servicios de limpieza y mantenimiento en su domicilio, pero aseguró que esa relación es estrictamente privada y que no tiene ninguna injerencia ni conocimiento sobre el trabajo que pueda realizar en el municipio.

“Sí, la conozco, hace tareas de limpieza en mi casa. Tengo entendido que también trabaja para la Muni como monotributista, pero no sé qué hace ahí, ni me interesa”, explicó Roko a EL ARGENTINO.

Además calificó la presentación como parte de una maniobra política preelectoral: “Estoy acostumbrado a que, en épocas como esta, se busquen cosas para ensuciar. A veces me apuntan a mí porque soy presidente de bloque”.

Roko también manifestó su preocupación por la exposición pública de la trabajadora y el uso de su nombre en documentos oficiales. “Me parece de muy mal gusto que la involucren a ella de esta forma. Para la trabajadora debe ser muy incómodo verse envuelta en esto. Hay que tener responsabilidad con el daño que se genera”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de que el Ejecutivo municipal responda el pedido, Roko expresó: “Ojalá se conteste y se aclare todo. No tengo nada que ocultar. Me parece bien que la Municipalidad diga cuál es el rol que cumple esta persona si está contratada”.

Clima tenso en el HCD

La situación refleja un clima tenso en el Concejo Deliberante, con una creciente confrontación entre oficialismo y oposición. Mientras desde el bloque Más para Entre Ríos insisten en que el uso de recursos públicos debe ser transparente y auditado, desde el oficialismo denuncian una campaña para “ensuciar” figuras políticas y generar desgaste en la previa de un año electoral.

Más allá de la polémica, el pedido de información presentado deberá ser respondido por el Ejecutivo en los plazos establecidos por la normativa vigente. Sin embargo, como suele ocurrir en muchos casos, no hay certezas sobre si esa respuesta llegará en tiempo y forma, o si el tema se diluirá en medio de la coyuntura política.