Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense por la diputada del kirchnerismo Lucía Lorena Klug (Unión por la Patria), cercana a Juan Grabois, generó un escándalo en el sector agropecuario al proponer cobrar un "impuesto" al gas metano que emiten las vacas durante su proceso digestivo.

La iniciativa busca crear la "Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA)", que obligaría a los productores ganaderos a pagar en función de los kilogramos de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) emitidos, calculados en relación a la cantidad de cabezas de ganado.

Impuesto a los gases de las vacas

Al respecto, el director suplente del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Mariano Berisso, calificó como “disparatada” a la propuesta de la legisladora bonaerense e instó a “no darle demasiada importancia”.

“Hay que ir a sacarle el pie de encima al productor, quitarle impuestos para que sea rentable, para que haya más producción, para que la gente pueda acceder también a la carne a un precio más lógico y esto (por el proyecto para un nuevo gravamen) va en detrimento, además de que somos carbono negativo”, fundamentó al explicar que “las vacas emiten menos de lo que se contamina”

“Es lamentable que no estemos de acuerdo en temas que son claves simples y básicos para para la nación”, indicó Berisso.

Sobre la quinta de retenciones

Punto aparte, el productor ganadero calificó como “positivo” a la quita de retenciones al sector agropecuario y cárnico. “Entre Ríos es una provincia en agricultura más que nada marginal, no es como Córdoba y Santa Fe, porque hay menos rentabilidad, por lo tanto, una pequeña baja en las retenciones repercute muchísimo”, sostuvo en diálogo con el programa "Moviendo el Avispero" que se emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7.

Y agregó: “El gobierno nacional ha hecho un gran esfuerzo, primero, en ordenar las cuentas públicas, las cuentas fiscales, para después podernos levantar el pie a los productores y eso ha hecho que, por lo menos, el productor pueda subsistir, que tenga algo de rentabilidad”.

Para el ganadero y dirigente del Distrito Entre Ríos de SRA, los productores “valoran el esfuerzo del gobierno nacional, pero no alcanza”. “Hay que seguir hasta que se pueda tener las retenciones cero, como los países lógicos, como cualquier país, pero se va en ese camino y ojalá que el gobierno nacional pueda cumplir para que los productores podamos dedicarnos a lo que sabemos hacer que es producir”, cerró.

En medio de la polémica que generó en el agro la propuesta de la legisladora de Unión por la Patria (UxP) Lucía Lorena Klug de cobrar un “impuesto” al gas metano emitido por las vacas -en el proceso digestivo- en la provincia de Buenos Aires, la diputada provincial cercana a Juan Grabois apuntó contra quienes se “burlaron” de la iniciativa. “No es una joda”, advirtió.

Así, la legisladora de Unión por la Patria, cuyo mandato vence la próxima semana, aseguró que el proyecto en cuestión fue presentado meses atrás, pero recién ahora cobró notoriedad.

Además, dijo que la idea generó todo tipo de burlas porque en un principio se vinculó a las flatulencias de las vacas. Pero sobre ello aclaró: “Son los eructos y es el estiércol de la vaca el que produce gas metano y es un tema muy serio, no es una joda”, aclaró en diálogo con LN+.

Milei explicó que la renuncia de José Luis Espert a su candidatura por la provincia de Buenos Aires fue una decisión del propio diputado y no una medida impuesta por el Ejecutivo. “Yo no lo eché ni lo hubiera echado. Sé que está siendo víctima de una operación”, expresó durante una entrevista.

El mandatario señaló que la dimisión estuvo relacionada con las dificultades para sostener la campaña tras las denuncias que involucraban a Espert con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. “Se estaba discutiendo si estábamos manchados o no, y eso era una locura, más teniendo en cuenta de quién viene”, sostuvo Milei, aludiendo a las acusaciones iniciadas por Juan Grabois.

El Presidente defendió al dirigente liberal: “No dudo de su honorabilidad. El profe Espert es un gladiador. Antepuso los intereses de la Nación y del modelo de la libertad por sobre su persona”. La Nación

La saga de la candidatura de José Luis Espert llegó a su fin. El propio economista confirmó su renuncia a la postulación como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

En su mensaje, Espert no solo oficializó su salida, sino que denunció una "operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas".

"Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla", inició Espert en su publicación, confirmando así el adelanto presidencial.

POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO

Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla.

En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la…

— José Luis Espert (@jlespert) October 5, 2025

El comunicado de Espert, cargado de críticas hacia quienes lo vincularon con el empresario Fred Machado, calificó el escándalo como un "despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando".

El ex candidato libertario aseguró que no tiene "nada que ocultar" y prometió demostrar su inocencia "ante la Justicia, sin fueros ni privilegios". En un claro desafío, afirmó: "El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país".

El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo.

Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas. Garantizar el cambio… https://t.co/9mfwrWPont

— Javier Milei (@JMilei) October 5, 2025

Espert también dedicó un párrafo a los dirigentes y militantes de La Libertad Avanza, pidiéndoles que "no se dejen psicopatear".

"Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro", instó.

Finalmente, el economista, que días atrás había llorado en una entrevista televisiva responsabilizando a Juan Grabois por la denuncia en su contra, cerró su mensaje con un agradecimiento y una frase de optimismo: "El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo. Con afecto y agradecimiento, José Luis Espert".

En medio del escándalo del pago de 200 mil dólares que habría recibido de parte del presunto narco Fred Machado, José Luis Espert rompió el silencio y reconoció que el detenido con pedido de extradición a Estados Unidos lo llevó en su avión privado.

Corrido de la campaña para las elecciones del 26 de octubre, Espert reapareció en una entrevista en TN y denunció una "campaña sucia" del kirchnerismo, aunque su nombre aparece en la justicia de Texas donde no hay evidencias de simpatías por Cristina Kirchner.

"Esta campaña sucia viene desde el 2021, no se renuevan siempre vuelven con lo mismo", dijo Espert, que a continuación reconoció que Fred Machado lo llevó en su avión privado a Viedma pero sin una explicación clara.

"En enero o febrero de 2019 yo agradecí a una persona que me habían presentado que quería presentar mi libro en Viedma, obviamente le agradecí si me llevó en su avión. Se imagina que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo a los cuatro vientos", argumentó.

El domingo, ElDiarioAR reveló que la justicia de Texas tiene documentos contables que dan cuenta de una transferencia de 200 mil dólares que Machado le habría realizado a Espert. El hallazgo de ese documento fue realizado por el equipo de abogados de Juan Grabois, que la semana pasada denunció a Espert en tribunales federales de San Isidro por lavado de activos.

El documento muestra que el giro se habría realizado el 1 de febrero de 2020, pero los investigadores creen que podría haber sido para la campaña de 2019. Espert no superó las PASO en 2019, pero incorporó a su patrimonio una casa de 250 metros cuadrados, con parque y piscina, en la exclusiva zona de Beccar, San Isidro. También un BMW de 90 mil dólares.

Semanas atrás, Grabois denunció que en marzo de 2019 Espert se reunió con Machado en San Fernando y sellaron un acuerdo para que le financie la campaña. Luego, Grabois sostiene que se reunieron en el departamento de Luis Rosales, que era su candidato a vicepresidente, y aparentemente la relación se rompió. Incluso, habla de incumplimientos y hasta de un ataque a balazos a la camioneta del ahora diputado.

Los abogados de Grabois ampliarán este lunes su presentación en la justicia federal de San Isidro y pedirán que se cite a declarar a Rosales y a Nazareno Etchepare, que era el jefe de campaña de Espert en 2019.Este escándalo hizo que Espert -que ya venía golpeado por su relación con Diego Spagnuolo- se ausentara de los actos de campaña previstos en los últimos tres días. "Hay que esconder a José Luis", reconoció un dirigente libertario. En la Casa Rosada empezaron a hablar de una "campaña sin candidatos", pero en el PRO dicen que es una pésima idea. "Esa idea se choca con la realidad del cuarto oscuro, donde en la boleta única sólo aparece la cara de Espert", afirman en el partido amarillo. (Fuente: La Politica Online)

El peronismo alcanzó un acuerdo para presentar listas de unidad de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Itai Hagman encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales, mientras que en la provincia de Buenos Aires el primer lugar será para el exministro de Defensa, Jorge Taiana.

Según fuentes consultadas por Infobae, el entendimiento se selló con el respaldo de la expresidenta Cristina Kirchner, el gobernador Axel Kicillof, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois.

En el caso de CABA, el consenso incluyó la participación de Juan Manuel Olmos, uno de los principales articuladores del peronismo porteño.

En la provincia de Buenos Aires, los nombres completos de los candidatos se darán a conocer y firmarán durante la jornada. Desde las 18, indicaron fuentes partidarias, en la sede del Partido Justicialista (PJ) ubicada en Matheu, se acercaron los candidatos a diputados nacionales de la agrupación Fuerza Patria para firmar sus candidaturas.

Otros nombres que sonaban con fuerza para completar la lista porteña de diputados eran los de la exministra de Trabajo, Kelly Olmos, el ex legislador porteño Santiago Roberto, cercano a Víctor Santamaría, titular del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y Lucía Cámpora, dirigente de la homónima agrupación kirchnerista.

El Partido Justicialista (PJ) había llegado al fin de semana de cierre de listas ante las próximas elecciones nacionales con una frágil unidad, y advertencias de una posible ruptura de parte del sector de Juan Grabois. El abogado se postulaba él mismo para encabezar la lista en la provincia de Buenos Aires, y aspiraba a quedarse con la principal candidatura porteña ante la Cámara baja para un referente del Frente Patria Grande. Finalmente, obtuvo el primer lugar para uno de los suyos en la lista porteña.

Por otro lado, la pulseada en el territorio bonarense continuó esta semana entre los otros máximos dirigentes de la coalición. En el kirchnerismo, se impulsó con fuerza el nombre del diputado Máximo Kirchner para renovar su mandato -que se vence recién en 2027-, mientras que había dudas sobre la estrategia que seguiría Sergio Massa ante el cierre; su nombre también resonó como una posibilidad.

La candidatura de Taiana habría sido una propuesta de Axel Kicillof. Pero no necesariamente el exministro puede ser contado como un “hombre del gobernador”. Taiana fue canciller del gobierno de Cristina Kirchner, y comparte ideas y vínculo con la exmandataria. (Fuente: Infobae)

El dirigente social y abogado publicó en redes que parte del dinero recuperado —unos 500 mil dólares— habría sido ocultado con la participación de Serrano mediante cuentas blockchain, y sugirió que esos fondos se usaron para pagos ilegales.

La causa, a cargo del fiscal Eduardo Taiano, investiga transacciones con criptomonedas, incluyendo Tether y Ethereum, que podrían estar vinculadas a cohecho y desvíos de dinero. Entre los imputados figuran Milei, su hermana Karina, exfuncionarios y empresarios extranjeros.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Julián Serrano ♎️?? (@julianserrano01)

Serrano, de 31 años y oriundo de Paraná, negó categóricamente cualquier participación. A través de X, aseguró que “no poseo, ni he poseído, vínculo alguno con el proyecto denominado ‘Libra’” y anunció que sus representantes legales evaluarán acciones judiciales contra quienes difundan afirmaciones falsas.

El debate sobre su implicación generó repercusión mediática, en medio de un caso que sigue sumando imputados y rastreando flujos de criptomonedas para determinar posibles responsabilidades penales.

Los consejeros Mariano Recalde y Vanesa Siley presentaron ante el Consejo de la Magistratura de la Nación una denuncia por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones contra la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

Los consejeros acusan a la magistrada de detener arbitrariamente a militantes peronistas, en su mayoría mujeres, mantenerlas incomunicadas y en una cárcel de máxima seguridad por un hecho que como máximo podría representar una contravención municipal.

Se trata de Alesia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes, quienes están sufriendo un acto de persecución por realizar acciones políticas simbólicas, sin que hubiera violencia ni afectara bienes de nadie.

Una de las detenidas, Mieri, es la presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria en Quilmes, y es una dirigente cercana a la intendenta Mayra Mendoza, mientras que Abaigar es una funcionaria del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires.

Los legisladores sostienen en su denuncia que se trata de militantes que “están sufriendo un acto de persecución por realizar acciones políticas simbólicas, sin que hubiera violencia ni afectara bienes de nadie”.

Un grupo de militantes k fue a la casa de Espert y tiró frente al domicilio bosta de caballo, además de arrojar volantes con el mensaje “Espert sos una mierda, con CFK no se jode”

Los abogados defensores de los inculpados por el escrache al diputado libertario (LLA) José Luis Espert, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y organizaciones políticas reclamaron “la liberación de las presas”, además de asegurar que esto es una “persecución política, judicial y mediática”.

El Dr. Diego Molea, uno de los defensores de Alesia Abaigar, Iván Díaz Sánchez, Aldana Sabrina Muzzio, Candelaria Monte Cató, Joaquina Santos y Eva Mieri, aseguró que el hecho que se les atribuye a los detenidos “a lo sumo constituye una contravención”.

“El Juzgado federal de San Isidro, liderado por Sandra Arroyo Salgado, toma y se siente competente en una causa de tirar caca en la vereda en vez de ocuparse, como corresponde, de tratar otros temas y otros delitos federales que tanto nos preocupan en este país, como el narcotráfico, por ejemplo”, manifestó.

Por su parte, abogados e integrantes de Peronismo por la Ciudad expresaron su “enérgico repudio”, calificaron a las detenciones de “arbitrarias” y exigieron la renuncia de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “responsable política de esta avanzada autoritaria”.

“Este accionar viola garantías constitucionales básicas, como la libertad de expresión, el debido proceso y la presunción de inocencia, llegando incluso hasta el Principio de Legalidad, ya que las compañeras son perseguidas y detenidas acusadas de conductas que, aún si fueran responsables, no constituyen delitos”, señalaron.

En la misma línea y en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, el CELS sostiene que Bullrich es “una de las principales promotoras” de utilizar todos los recursos punitivos del Estado “para perseguir a quienes protestan y a la disidencia política, junto con la SIDE”.

“Allanamientos violentos, personas detenidas y esposadas por un escrache. Un hecho que, como mucho, podría ser una contravención, hoy es tratado como un delito federal grave. La Justicia es instrumento del Gobierno en esta desproporción. La criminalización selectiva es persecución política. El Gobierno usa el aparato punitivo del Estado para amedrentar militantes. El sistema político entero empieza a estar condicionado por estas operaciones”, planteó el organismo.

Asimismo, el abogado y dirigente social, Juan Grabois, le respondió vía redes sociales a la ministra de Seguridad Nacional y la acusó de “poner el aparato del Estado para perseguir a gente por estas pelotudeces o por protestar”.

“El hombre duro de la provincia de Buenos Aires, el narcofriendly Espert, fue con lágrimas de facho a esconderse abajo de la pollera de mamá Estado que tanto odia para que lo defienda de unas chicas que supuestamente pusieron un pasacalle y ensuciaron la vereda de su mansión. Pusilánime”, concluyó.

El Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) también se manifestó en contra de las detenciones de las seis personas inculpadas, “a partir de la persecución impulsada por el diputado Espert, la ministra Bullrich y la justicia federal” y se hicieron presentes, en el día de ayer, en la conferencia de prensa de sus familiares y abogados.

“(El lunes) hicimos una conferencia de prensa en Tribunales para denunciar la detención en un penal federal de Abaigar, acusada de haber ‘puesto caca’ en la vereda de la casa de Espert. Los policías que hirieron gravemente a mi compañero Matías Aufieri, después de que Espert reclamara que nos dieran ‘cárcel o bala’, están totalmente impunes en la misma justicia federal”, concluyó la referente del FIT, Myriam Bregman.

Después de haber permanecido detenido por unas doce horas aproximadamente, el dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, fue liberado durante la madrugada del domingo. El dirigente había ocupado junto a un grupo de activistas y diputados el edificio del Instituto Juan Domingo Perón, un centro de investigaciones históricas y de divulgación que el Gobierno anunció su cierre esta semana.

“Le agradezco mucho a Patricia Bullrich la posibilidad de esta experiencia de lo que pasa en una alcaldía. La forma en la que trabaja el personal de seguridad es inhumana. Trabajan en oficinas vetustas, sin calefacción, llenas de ratas. Estoy hablando de personal policial, no de los internos, que no los vi. No tienen sistema, es todo manual, computadoras del año 84. Son algunas de las cosas que cuando sea presidente voy a poder cambiar. Ayudar a que el personal no esté en los lugares denigrantes", expresó el dirigente social a la salida.

Además, Grabois aclaró: “No tengo una imputación específica. Hay una imputación genérica que le hacen a un número indeterminado de personas por la intrusión de un lugar, que lo que sucedió fue la permanencia pacífica de un conjunto de manifestantes que estábamos reclamando el derecho a la memoria histórica y que se deje de avasallar con la actitud dictatorial del gobierno de Milei, particularmente Patricia Bullrich que es una mujer muy perversa".

Durante el tiempo que estuvo detenido el referente de Argentina Humana, una multitud se acumuló en la puerta de la sede de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en la calle Madariaga 6900, en Villa Riachuelo, para exigir su inmediata liberación.

El pasado 7 de mayo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno cerrará el Instituto Perón, junto con la Comisión Nacional de Homenaje al Teniente General Juan Perón durante una conferencia de prensa. Según explicó, la decisión fue tomada porque ambas instituciones representaban “una carga presupuestaria injustificada”.

Según Grabois, la idea de que existían muchos gastos “es totalmente falsa”. Por lo que planteó que “tenían la posibilidad de dárselo a la ONG que ellos quieran para que lo gestione. Hay un montón de gente que está dispuesta a sostener este lugar gratuitamente”.

A raíz de esto, el Partido Justicialista (PJ) denunció “persecución ideológica” por la medida, y le pidió al Gobierno que le transfieran el patrimonio, bienes y documentos que estén en la institución para hacerse cargo de su gestión, con el fin de asegurar la continuidad de sus funciones sin financiamiento estatal. Asimismo la cooperativa, que gestiona la concesión del local gastronómico “Un café con Perón”, expresó su preocupación por la continuidad de las fuentes de trabajo.

“Repudiamos el accionar del gobierno de Milei y de la ministra Bullrich, que ordenó una detención ilegal, sin orden judicial”, concluían en un comunicado el PJ.

Juan Grabois fue detenido este sábado tras protagonizar la ocupación del Instituto Juan Domingo Perón, cerrado días atrás por orden del gobierno nacional. El dirigente del Frente Patria Grande había anunciado en sus redes sociales la "recuperación" del emblemático edificio, asegurando que “la juventud del movimiento nacional” lo había tomado como gesto de resistencia frente al cierre dispuesto por Javier Milei. Además, se reportó la detención de al menos un militante.

El edificio en cuestión estuvo en el centro de la polémica en los últimos días luego de que la gestión libertaria anunciara la disolución de dicho Instituto y el desalojo del restaurante que funcionaba adentro, conocido como "Un café con Perón". Por estos hechos, Grabois denunció a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Aproximadamente 50 personas ingresaron al mediodía a la sede del edificio público. Junto a Grabois, se encontraban los diputados de Unión por la Patria, Victoria Montenegro, Itai Hagman y Natalia Zaracho, siendo los últimos dos miembros del Frente Patria Grande. Desde los balcones del lugar, los militantes desplegaron una bandera con los lemas “Si no podés elegir, no hay democracia” y “Defendamos nuestra historia”.

Meteme preso Milei, pero la bandera argentina no me la sacás. pic.twitter.com/O02sNBd8Vv

— Juan Grabois (@JuanGrabois) June 7, 2025 Horas más tarde, la Policía ingresó al edificio y detuvo a Grabois, en medio de escenas de fuerte tensión que fueron registradas por quienes estaban en el lugar. El dirigente fue trasladado posteriormente a una comisaría, y durante el trayecto envió un mensaje en sus redes sociales: "Meteme preso Milei, pero la bandera argentina no me la sacás", escribió en tono desafiante.

En su cuenta personal de X, el dirigente había comunicado que ingresó al mencionado edificio junto a un grupo de militantes. El lugar, ubicado en la calle Austria 2593, fue declarado patrimonio histórico debido a ser la residencia presidencial de Perón y donde además había fallecido Eva Duarte de Perón.

"Aquí los antecesores de este gobierno tiraron sus bombas asesinas hace 70 años y el gobierno estafador destruyó las estatuas de nuestros próceres hace 7 días" escribió Grabois y luego sentenció: "Seamos fieles a nuestra historia, defendamos nuestra herencia".

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Ámbito Financiero (@ambito_financiero)

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cuestionó hoy al dirigente de Patria Grande Juan Grabois por "irrumpir con violencia" en el Instituto Perón.

"El Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón contaba con 20 empleados y generaba un gasto anual de más de 400 millones de pesos. A pesar de ser un Instituto de Investigación, la totalidad de su presupuesto era destinado al pago de salarios y mantenimiento de servicios básicos, no habiendo realizado sus autoridades ninguna investigación a los fines de cumplir con el propósito del Instituto", indicaron en el escrito.

Asimismo, explicaron que, "a partir de la medida que dispuso su disolución, se tomaron las acciones pertinentes para resguardar el patrimonio histórico y cultural del Instituto, encontrándose todo inventariado y en proceso de selección para su destino a la Biblioteca Nacional y al Archivo General de la Nación".

"Afortunadamente estas medidas de salvaguarda del patrimonio evitaron que se produzca su daño, destrucción o desaparición por parte de quienes irrumpieron con violencia en el inmueble en la tarde de hoy", cerraron.

Absolvieron a Dolores Etchevehere por la usurpación de Casa Nueva. El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Gervasio Labriola, absolvió este lunes a Dolores Etchevehere y a su abogado, Facundo Taboada, en la causa por usurpación de la estancia Casa Nueva, ubicada en El Quebracho, Santa Elena. La resolución cierra un capítulo de una extensa disputa familiar que se arrastra desde hace más de una década.

La denuncia había sido impulsada por su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, y sus hermanos Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, socios de Las Margaritas SA. La acusación se centraba en los hechos ocurridos en octubre de 2020, cuando Dolores, junto a militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) liderado por Juan Grabois, ingresó al campo exigiendo las llaves de la casa principal.

Durante el juicio, el fiscal Facundo Barbosa y el querellante Rubén Pagliotto solicitaron una condena de un año de prisión condicional para Dolores Etchevehere, y la misma pena para Taboada por el delito de usurpación. Sin embargo, el magistrado entendió que no se configuró el delito y dictó la absolución.

La causa forma parte de un largo derrotero judicial que comenzó en 2013, cuando Dolores denunció presuntas irregularidades en el manejo de la herencia familiar tras la muerte de su padre, Luis Félix Etchevehere. Desde entonces, se sucedieron múltiples denuncias cruzadas, juicios civiles y causas penales, que profundizaron la fractura entre los hermanos.

En 2022, la Fiscalía había decidido avanzar con la elevación a juicio por los delitos de usurpación y desobediencia judicial, aunque Dolores fue sobreseída de esta última acusación bajo perspectiva de género, al considerarse que no se aplicó el mismo rigor a sus hermanos, quienes desobedecieron una orden de restricción vigente sobre la estancia.

El juez Labriola valoró los argumentos de la defensa y concluyó que no hubo violencia ni clandestinidad en la ocupación, requisitos necesarios para configurar el delito de usurpación. La resolución fue celebrada por el entorno de Dolores Etchevehere, mientras que los denunciantes evaluaban los pasos a seguir.

Con esta absolución, Dolores suma un fallo favorable en su prolongada batalla judicial, aunque persisten otras causas abiertas en el ámbito civil y penal que siguen enfrentándola con su familia.

Pese a los intentos de los imputados por evitar que haya damnificados que actúen como querellantes en la investigación de la cripto-estafa con $LIBRA, la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal habilitó la actuación de las víctimas en el expediente que tiene a Javier Milei en el centro de la escena por haber promocionado el token que perjudicó a la mayoría de los inversores.

El tribunal rechazó un pedido de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos traders cercanos al Presidente que oficiaron de nexo con Hayden Davis, el empresario estadounidense que creó el token, y que quieren sacar de juego a quienes perdieron desde cientos hasta miles de dólares.

Querellas claves

Hasta ahora hay cinco querellantes en la causa delegada por la jueza María Servini al fiscal Eduardo Taiano. En un comienzo fueron tres, representados por el equipo de abogados del dirigente Juan Grabois y tampoco es que fueron admitidos con facilidad (tuvo que intervenir la Cámara Federal). Luego el juzgado sumó a otros dos afectados que habían sido admitidos como parte en otra causa por el mismo tema que tramitaba en San Isidro la jueza Sandra Arroyo Salgado, pero que la Cámara de San Martín (con el voto de Juan Pablo Salas) le quitó para que quede todo en trámite en Comodoro Py. Uno de ellos es Martín Romeo, un especialista en cripto que perdió 2000 dólares.

Romeo compró $LIBRA el 14 de febrero después de ver que el propio Milei le había dicho a la conocida agencia Bloomberg (clave en asuntos financieros) que el tuit donde promocionaba el token no era un hackeo y que la demostración era que había adjuntado el contrato para invertir (que hasta entonces no era público). El traspié llevó a que algunos de sus clientes de distintos lugares del mundo, también compraran y perdieran, en ciertos casos, más de un millón de dólares. Hay 25 de ellos que tienen una mediación con el Presidente, su hermana y otros funcionarios convocada para el 15 de de mayo, que podría terminar en una demanda civil.

Quien actúa como querellante no solo pude acceder al expediente sino también impulsar medidas de prueba. El pedido de la defensa de Novelli y Terrones Godoy, como es evidente, apuntaba a impedirlo. Pero Casación, con los votos de Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, lo rechazó. "Surge la inadmisibilidad de la vía intentada, pues el recurrente limita la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes con el decisorio cuya impugnación postula, todo lo cual no alcanza para desvirtuar el razonamiento que sobre el particular realizó el a quo y cuyos fundamentos no logra rebatir adecuadamente", dice la resolución.

Servini no quiso aceptar como querellante Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), que planteó la existencia de un interés público y social en el tema, y también señala que más allá de que se investiguen estafa, cohecho, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, hay un delito que sería identificable solo con los tuits del Presidente, que es el de negociaciones incompatibles con la función pública. Habrá que ve si la Cámara, que revisará el rechazo, adopta el mismo criterio que tuvo con los damnificados directos, que compraron el token.

El CIPCE alertó, además, acerca de la intervención de la “Unidad Transitoria de Investigación” creada por el gobierno "con amplias facultades investigativas, dejada en cabeza de una funcionaria a cargo del mismo Presidente, generando fundados temores de parcialidad y riesgo de entorpecimiento de la investigación". Esa UTI, de hecho, hace de intermediaria en el envío de respuestas a la fiscalía y está dentro de la estructura del Ministerio de Justicia.

Novelli, Terrones Godoy, Sergio Morales (exasesor de la CNV) y Davis son hasta ahora quienes han presentado abogados en el expediente. Milei y su hermana Karina todavía no lo han hecho, a pesar de que están mencionados como imputados en varios tramos, e incluso hay una línea de investigación que supuestamente apunta a analizar la evolución de sus patrimonios, bajo la pregunta de si cobraron por no sólo por la difusión de $LIBRA sino por el acceso a reuniones y/o fotos con el mandatario, según han relatado empresarios del mundo cripto y surge de chats de Davis. Si bien hay un pedido de levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre los implicados, es difícil pensar que en sus cuentas "oficiales" se pueda detectar si es que existió algún movimiento sospechoso.

Mientras se espera este martes la interpelación en la Cámara de Diputados del jefe de Gabinete, Guillermo Francos (y se verá si asisten el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Comisión de Valores, Roberto Silva, en el expediente judicial), el expediente marcha a velocidad crucero, sin grandes resultados en los últimos días.

Asuntos recientes y pendientes

Hay muchos resultados pendientes en la causa penal. Uno clave, ordenado por el juzgado de Arroyo Salgado y heredado por el de Servini es el exhorto enviado a Estados Unidos para congelar cerca de una decena de las billeteras virtuales que podrían estar vinculadas a Davis, y adonde habrían ido a parar entre 90 y 100 millones de dólares ligados a $LIBRA. El Ministerio de Justicia informó al juzgado que el exhorto fue enviado el 10 de abril y aguarda respuesta.

Cien millone es la cifra que el empresario Davis dijo tener en su poder y estar dispuesto a devolver apenas estalló el escándalo. Lo que sucede es que después de hablar públicamente en los inicios, y hasta parecía que quería ser "arrepentido", no lo hizo más. Tampoco habla de él el gobierno. Todo indica que hay un diálogo y pacto de no agresión, como si hubiera cierta promesa desde Argentina para Davis de controlar su situación judicial aquí. En Estados Unidos por ahora tampoco está demasiado complicado pese a las causas y denuncias encaminadas.

El juzgado dispuso un nuevo pedido de información, esta vez dirigido a la compañía aérea Latam (si bien viajaron en la Compañía de Aviación Paraguaya tenía otra operadora), ya que hasta ahora no se logró establecer quién pagó los viajes de Novelli, Terrones y Morales a Paraguay entre el 18 y el 20 de noviembre de 2024, en una fecha que coincidió con un viaje allí de Davis en un avión privado. El 21 de ese mes se vieron todos en la Casa Rosada. (Irina Hauser / Página 12)

En un expediente iniciado con una denuncia del empresario Fabián De Sousa por presunta extorsión contra los dueños del Grupo Indalo, el fiscal federal Guillermo Marijuan apeló el sobreseimiento dictado por la jueza María Servini en favor de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien fuera asesor de Mauricio Macri durante el gobierno de Cambiemos. Para el fiscal, existen elementos en la causa para dictar el procesamiento por “amenazas coactivas” con prisión preventiva de Pepín, debido a los “riesgos procesales” generados por su “prologando estado en rebeldía” en Uruguay.

Rodríguez Simón había sido llamado a indagatoria acusado de “haber amedrentado mediante amenazas, en una fecha ocurrida entre los meses de julio y agosto de 2019, a Carlos Fabián de Sosa y Cristóbal Manuel López, por intermedio de Ricardo Benedicto, que si le daban impulso al expediente CCC n° 16.850/2019, caratulado ‘Macri Mauricio y otros/ s/Asociación Ilícita’, (...) les traería aparejadas consecuencias negativas a los negocios que, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenían quienes fueron socios de Cristóbal López en las empresas que explotaban el juego de azar“.

El ex asesor negó todos los hechos y la jueza María Servini dictó su sobreseimiento tras evaluar que las conductas reprochadas “certeramente ocurrieron” pero que no eran “típicas del delito de amenazas coactivas”.

Contra esa decisión, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 9 presentó un recurso de apelación para tratar el caso ante la Cámara Federal de Apelaciones porteña. En su escrito de 19 páginas, al que tuvo acceso Infobae, esgrimió: “Entiendo, en forma contraria a las conclusiones a las que arribó V.S, que los elementos recabados hasta el momento resultan de entidad suficiente como para considerar no solo que los hechos ocurrieron -como en forma coincidente sostuvo su Señoría-, sino que por las circunstancias probadas, conformaron el tipo penal enrostrado para el dictado de su procesamiento”.

A su vez, señaló: “Las evidencias desarrolladas conducen a sostener que Fabián Rodríguez Simón tuvo un comportamiento concreto -aquel referido y corroborado por los testigos- mediante el cual hizo uso de amenazas con el propósito de obligar a otros, en este caso a López y De Sousa, a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.

El fiscal destacó que Rodríguez Simón “es una persona con gran influencia en la temática de las empresas de juego de azar durante las gestiones de Mauricio Macri como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Presidente de la Nación, y que tal injerencia continuó incluso en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta como Jefe de Gobierno de la Ciudad”.

Luego agregó: “Frente al cuadro descripto, resulta difícil pensar que no tuvo relevancia la intervención de Fabián Rodríguez Simón en los hechos analizados”.

“La prueba reunida y analizada -expresó el representante del Ministerio Público- no permite descartar la hipótesis planteada, ni concluir fundadamente en sentido de desvincular a Fabián Rodríguez Simón de la investigación en autos, sino por el contrario, conforma el cuadro de convicción suficiente respecto de la responsabilidad de Fabián Rodríguez Simón en los hechos probados, máxime tomando en cuenta la función que el imputado desempeñaba para la época de los hechos”.

Pedido de presión preventiva

El fiscal destacó como un hecho importante a considerar que “existe un riesgo concreto en el caso de Rodríguez Simón, de entorpecimiento de la causa y elución del accionar de la justicia, evidenciados en concreto no solo con los medios con los que cuenta y sus contactos con diferentes estamentos del poder, sino con la conducta demostrada por el imputado en la causa a lo largo de la investigación y puntualmente su prolongado estado en rebeldía en el exterior del país, que llevara a la solicitud de su captura nacional e internacional y de su extradición a la República Oriental del Uruguay".

Finalmente, Marijuan concluyó que, de acuerdo a “todo lo precedentemente expuesto, entiendo que corresponde que la resolución de la situación procesal del imputado Fabián Rodríguez Simón por los sucesos endilgados en la causa sea mediante el dictado de su procesamiento con prisión preventiva, como autor penalmente responsable del delito de amenazas coactivas#, previstas en el artículo 149 bis del Código Penal. La discrepancia entre el sobreseimiento y el pedido de Marijuan deberá ser resuelto por la Cámara Federal porteña. (Infobae)

La Cámara Federal porteña habilitó que el dirigente social Juan Grabois y otros dos letrados se conviertan en abogados querellantes de tres presuntas víctimas en la causa por $LIBRA, la moneda virtual promocionada por el presidente Javier Milei que dejó pérdidas millonarias luego de que su cotización se desplomara.

La Cámara tomó esta decisión al revocar el fallo con el que la jueza María Servini rechazó el pedido para convertirse en querellantes de tres presuntas víctimas de la estafa. Con el patrocinio de Grabois, Nicolás Rechanik y Camila Palacin Roitbarg, apelaron la decisión de Servini y hoy el tribunal les dio la razón.

“La decisión debe ser revocada, haciendo lugar al pedido de los recurrentes de ser tenidos por querellantes y encomendado proceder con arreglo a todo lo apuntado”, señaló la Sala II del tribunal, conformada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Juan Grabois (@juangrabois)

Ahora, el dirigente social, desde su rol de querellante, no solo podrá tener acceso a la causa, sino también proponer medidas de prueba.

Servini sostuvo su decisión afirmando que no estaba claro si la pérdida de los tres implicados al apostar por la moneda virtual era producto de una estafa o el resultado natural de una actividad riesgosa.

Contra esto, la Cámara afirmó que para aceptar una querella no debe tenerse en cuenta la prueba de los hechos en investigación sino la hipótesis de los acusadores.

“El derecho a adquirir legitimación activa no puede depender ni de la demostración de la existencia de ciertos acontecimientos, ni de su probabilidad más o menos próxima. Debe partirse de la hipótesis de los acusadores, sea que a la postre resulte corroborada o no”, dice el escrito.

En su escrito de apelación, los ahora querellantes afirmaron: “No se requiere ser experto en materia de cripto activos para poder concluir inicialmente que los hechos ocurridos en torno a la cripto moneda $LIBRA son una verdadera estafa”.

La causa está en manos del fiscal Eduardo Taiano, que ya ordenó allanamientos y cruces de llamadas.

La Cámara resolvió aceptar a los damnificados como querellantes luego de escuchar los argumentos volcados por Grabois en una audiencia celebrada el martes, en la que se exhibieron como prueba capturas de pantallas, links y videos en los que los implicados explicaban cómo habían adquirido el activo digital antes de que se derrumbara.

Frente a los jueces, el dirigente de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular sostuvo: “Sería absolutamente ridículo que para tener este derecho [ser querellantes] tenga que estar demostrada la estafa porque sino no habría juicio, no habría querella, no habría defensa, no habría fiscales ni jueces. Tiene que ser un hecho plausible de ser un delito. Y lo que hizo Milei con sus cómplices es una estafa a cielo abierto”.

Aseguró que el fiscal Taiano mantiene un conflicto de intereses con la causa y que no estaba impulsando la investigación. “A gente experta en tecnología secuestrarle el celular [y] la computadora quince días después de que reciba el expediente es decirles: ‘muchachos borren las pruebas’”, justificó, en alusión al tiempo que se tomó el fiscal para ordenar las primeras medidas.

Además de la participación del presidente Milei, en la causa se investiga el rol de Mauricio Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy, la pata local de la presunta estafa, y a Hayden Mark Davis y Julian Peh, los responsables detrás del lanzamiento de $LIBRA. (fuente: La Nación /autor: Federico González del Solar)

La Cámara Federal porteña habilitó que el dirigente social Juan Grabois y otros dos letrados se conviertan en abogados querellantes de tres presuntas víctimas en la causa por $LIBRA, la moneda virtual promocionada por el presidente Javier Milei que dejó pérdidas millonarias luego de que su cotización se desplomara.

La Cámara tomó esta decisión al revocar el fallo con el que la jueza María Servini rechazó el pedido para convertirse en querellantes de tres presuntas víctimas de la estafa. Con el patrocinio de Grabois, Nicolás Rechanik y Camila Palacin Roitbarg, apelaron la decisión de Servini y hoy el tribunal les dio la razón.

“La decisión debe ser revocada, haciendo lugar al pedido de los recurrentes de ser tenidos por querellantes y encomendado proceder con arreglo a todo lo apuntado”, señaló la Sala II del tribunal, conformada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Juan Grabois (@juangrabois)

Ahora, el dirigente social, desde su rol de querellante, no solo podrá tener acceso a la causa, sino también proponer medidas de prueba.

Servini sostuvo su decisión afirmando que no estaba claro si la pérdida de los tres implicados al apostar por la moneda virtual era producto de una estafa o el resultado natural de una actividad riesgosa.

Contra esto, la Cámara afirmó que para aceptar una querella no debe tenerse en cuenta la prueba de los hechos en investigación sino la hipótesis de los acusadores.

“El derecho a adquirir legitimación activa no puede depender ni de la demostración de la existencia de ciertos acontecimientos, ni de su probabilidad más o menos próxima. Debe partirse de la hipótesis de los acusadores, sea que a la postre resulte corroborada o no”, dice el escrito.

En su escrito de apelación, los ahora querellantes afirmaron: “No se requiere ser experto en materia de cripto activos para poder concluir inicialmente que los hechos ocurridos en torno a la cripto moneda $LIBRA son una verdadera estafa”.

La causa está en manos del fiscal Eduardo Taiano, que ya ordenó allanamientos y cruces de llamadas.

La Cámara resolvió aceptar a los damnificados como querellantes luego de escuchar los argumentos volcados por Grabois en una audiencia celebrada el martes, en la que se exhibieron como prueba capturas de pantallas, links y videos en los que los implicados explicaban cómo habían adquirido el activo digital antes de que se derrumbara.

Frente a los jueces, el dirigente de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular sostuvo: “Sería absolutamente ridículo que para tener este derecho [ser querellantes] tenga que estar demostrada la estafa porque sino no habría juicio, no habría querella, no habría defensa, no habría fiscales ni jueces. Tiene que ser un hecho plausible de ser un delito. Y lo que hizo Milei con sus cómplices es una estafa a cielo abierto”.

Aseguró que el fiscal Taiano mantiene un conflicto de intereses con la causa y que no estaba impulsando la investigación. “A gente experta en tecnología secuestrarle el celular [y] la computadora quince días después de que reciba el expediente es decirles: ‘muchachos borren las pruebas’”, justificó, en alusión al tiempo que se tomó el fiscal para ordenar las primeras medidas.

Además de la participación del presidente Milei, en la causa se investiga el rol de Mauricio Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy, la pata local de la presunta estafa, y a Hayden Mark Davis y Julian Peh, los responsables detrás del lanzamiento de $LIBRA. (fuente: La Nación /autor: Federico González del Solar)

Grabois publicó imágenes y videos en su cuenta de X, donde se observan cajas con mochilas, útiles y alimentos en un depósito estatal. "Miren lo que está pasando en el mismo depósito donde Pettovello dejaba pudrir la comida de los hambreados al principio de su mandato", expresó en su publicación. Además, denunció que la situación no es un hecho aislado y que existen al menos trece depósitos en similares condiciones.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Juan Grabois (@juangrabois)

El dirigente destacó que la denuncia fue ampliada en la Justicia y recordó que Pettovello ya había sido señalada por la falta de distribución de más de 5.000 toneladas de comida almacenada en Villa Martelli y Tafí Viejo, Tucumán. “Nuestros compañeros lograron ingresar y filmar lo que estaba pasando. La gente humilde del barrio Las Flores vio todo: los útiles, la comida, las cosas que les niegan”, afirmó.

Antecedentes y denuncias previas

La ministra de Capital Humano ya enfrenta una causa judicial iniciada en agosto de 2024 por presunta malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario. La denuncia se relaciona con una transferencia de 14.000 millones de pesos a un organismo internacional para la compra de alimentos.

Según Grabois, aunque la Justicia falló a favor de los movimientos sociales y obligó a la ministra a repartir los alimentos almacenados, no se le impuso ninguna sanción. “El poder judicial es cobarde”, criticó, señalando que el Gobierno mantiene una postura de impunidad.

Además, vinculó la situación con otros funcionarios del Ejecutivo: “Lo mismo pasa con el estafador Javier Milei, su valijera Karina Milei, el mafioso Santiago Caputo que apreta opositores y la asesina Patricia Bullrich que deja pasar la droga por la frontera. Es la puerta giratoria del poder”, denunció.

Grabois y el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, formalizaron la nueva presentación judicial contra Pettovello, exigiendo que la Justicia actúe ante lo que consideran una falta grave en la gestión de recursos destinados a los sectores más vulnerables.

“El gobierno no solamente se ríe del pueblo argentino, se ríe principalmente de la justicia porque se consideran impunes. Pero nosotros, los que luchamos por la justicia en serio, seguimos unidos y sin miedo, porque el miedo se contagia, pero el coraje también”, concluyó Grabois.

La denuncia generó repercusiones en distintos sectores políticos y sociales, con pedidos de explicaciones por parte de la oposición y organizaciones de derechos humanos. Desde el Gobierno, hasta el momento, no han emitido declaraciones oficiales sobre el hallazgo de los alimentos y útiles escolares sin distribuir.

El dirigente social Juan Grabois cuestionó hoy el discurso "anti woke" del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, calificó al jefe de Estado como un "nazi hijo de puta", y dijo que los que lo "bancan" están "eligiendo el camino del diablo".

"Matemos putos, corramos zurdos, liberemos femicidas, linchemos a los negros de la calle, cerremos hospitales de fisuras, gaseemos pendejitas, cortemos pensiones a mogólicos y rengos, degollemos indios, quitemos medicamentos a viejos meados, quememos los Parques Nacionales, festejemos genocidas, abramos mercado libre de órganos, saquemos los Falcón verdes a la calle... lo demás es el virus woke, curro y casta", enumeró Grabois en referencia al discurso del presidente.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Juan Grabois (@juangrabois)

Y añadió: "Suficiente. No es joda flaco. Si bancas a este nazi hijo de puta estás eligiendo el camino del diablo. Es un camino que conduce a la destrucción y la violencia. El miedo se contagia, el coraje también", advirtió el referente de Patria Grande en redes sociales.

Durante su paso por Davos, Milei explicó lo que significa la "cultura woke", un término utilizado por la ultraderecha para referirse al progresismo, y se refirió en duros términos a la agenda política internacional que busca "equidad" o justicia social.

"Es el resultado de subversión cultural", enfatizó el jefe de Estado en Davos, y detalló: "El feminismo, la equidad, la ideología de género, el cambio climático, el aborto y la inmigración, son todas cabezas del mismo monstruo, cuyo fin es justificar el avance del Estado".